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EUROPAPRESS/Zaragoza* : La Plataforma Vecinal de La Muela entregó este jueves en Zaragoza, ante el registro del Gobierno de Aragón las más de 9.200 firmas ciudadanas recogidas desde el pasado mes de mayo para exigir al Ejecutivo autónomo que inicie las actuaciones del proceso de disolución del Ayuntamiento de La Muela. La plataforma consideró que hasta ahora, el Gobierno "ha mantenido una actitud un poco pasiva".
La finalidad última de esta recogida de firmas es pedir la dimisión de los siete concejales del Partido Aragonés (PAR) e instar al Gobierno de Aragón que solicite al Gobierno central la disolución del Ayuntamiento zaragozano de La Muela, así como la creación de una junta gestora que gobierne el municipio hasta la próximas elecciones municipales de 2011.
La alcaldesa de La Muela, María Victoria, imputada en la presunta trama de corrupción urbanística, permaneció en el Centro Penitenciario de Zuera durante cuatro meses. El pasado 21 de julio fue puesta en libertad tras pagar una fianza de 800.000 euros, y pocos días después volvió a tomar las riendas del consistorio.
El portavoz de la Plataforma Vecinal de La Muela, Adrián Tello, explicó que la entrega de estas firmas "es una forma de presionar al Gobierno de Aragón para que tome cartas en el asunto sobre la disolución del Ayuntamiento de La Muela". En su opinión, el Ejecutivo autónomo "habla de informes como el de la Comisión Jurídica Asesora (COJA) que no dice nada y pienso que no se le piden ahora gestos sino que se le piden acciones".
En declaraciones a los medios de comunicación, Tello indicó que han mantenido contactos con partidos políticos, sindicatos y todo tipo de colectivos. "Les hemos trasladado nuestras reivindicaciones y en septiembre habrá un debate en las Cortes de Aragón sobre la junta gestora y la disolución del Ayuntamiento de La Muela", en referencia a una iniciativa presentada por el grupo parlamentario de Chunta Aragonesista.
Tras la excarcelación el pasado 21 de julio de la alcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, "hemos considerado que este jueves era el momento idóneo para presentar las más de 9.200 firmas ante el registro del Gobierno de Aragón", de las que entre 1.500 y 2.000 firmas corresponden a vecinos de La Muela, ha precisado.
Así mismo, una copia de las firmas también la entregarán ante la Delegación del Gobierno en Aragón y al Ayuntamiento de La Muela para que "tengan constancia de que se han entregado las firmas".
CONCENTRACIÓN
Ante la concentración que la Plataforma Vecina ha convocado para mañana, Adrián Tello, se mostró confiado en que se desarrolle "sin problemas y con normalidad" y recordó que de todos los actos que han realizado hasta ahora "jamás nadie se ha cercado hasta nosotros o ha realizado una contramanifestación, ni nada por el estilo".
Después de la concentración de mañana la Plataforma se reunirá y adoptará nuevas decisiones con la intención de "seguir actuando hasta que se alcance nuestro objetivo de disolver el Consistorio muelano".
En opinión del portavoz de la Plataforma, la convivencia en La Muela es "bastante complicada, el pueblo está partido en dos y es el gran perdedor de esta historia porque aquí no hay vencedores ni vencidos, pero socialmente, políticamente y económicamente el pueblo está hundido y en estos momentos vive una calma tensa acentuada desde que el juez de La Almunia decidió la excarcelación de Pinilla".
Ante la hipótesis de que María Victoria Pinilla se volviera a presentar a las elecciones municipales de 2011 y resultara elegida, Tello indicó que "si vuelve a ganar será porque el pueblo lo ha decidido y ante eso no hay nada que decir".
No obstante, puntualizó que "los vecinos del pueblo, supuestamente, no votaron a gente que estaba acusada de corrupción, hay personas que no lo sabían y la situación ha cambiado totalmente desde las elecciones de 2007 porque entonces no había una presunta trama de corrupción, sino que se hablaba, se decía, había rumores, pero ahora hay una base sólida, que es fundamental".
* Europa Press - 6.08.09
Foto: La Muela (Zaragoza), ayuntamiento - fspugtaragon.org
La Muela: La Plataforma vecinal exige disolver el Ayuntamiento
El TSJA ordena la demolición de un hotel y 80 viviendas en Guadalmina
ELMUNDO/Málaga* : El PGOU de Marbella contempla la legalización de las construcciones. Si el Ayuntamiento de Marbella y la Junta pensaban que, con la aprobación provisional del PGOU se acababan los problemas judiciales con los edificios que legaliza esa norma, ha venido el TSJA a quitarle la razón y, además, con más contundencia que nunca.
Según una sentencia a la que ha tenido acceso EL MUNDO, la sala de lo contencioso administrativo de Málaga ordena la demolición de 80 viviendas y un hotel de cuatro estrellas construidos por Fadesa en la urbanización Guadalmina y da así la razón a la Asociación por la Defensa de Guadalmina, que agrupa a muchos vecinos de la zona.
El dictamen judicial es de junio, cuando los magistrados ya sabían que se aprobaba seguro un PGOU que legaliza los dos edificios. El establecimiento hotelero, de cuatro estrellas, está abierto y lo gestiona la cadena Barceló.
Pero la lógica de la Justicia no entiende de expectativas futuras, como dice en repetidas ocasiones la sentencia. «No puede otorgarse una licencia contemplando sólo un futuro planeamiento», dice en referencia al plan de 1998 que esgrimía el Ayuntamiento de Marbella gobernado por el GIL para otorgar esas licencias.
Pero lo llamativo de este fallo, según fuentes jurídicas consultadas, es que explícitamente se ordene la demolición de lo «indebidamente construido» cuando en otras sentencias se limitan a anular la licencia, lo que inevitablemente conlleva la demolición porque hay que restablecer la legalidad.
Además, también a diferencia de otras sentencias, se le condena en costas al Ayuntamiento y a la promotora, además se califica de temeraria la actitud procesal del consistorio ya que, en la época de la gestora, reconoció que la licencia era ilegal.
¿Qué pasará ahora? Según fuentes jurídicas consultadas, tienen un plazo de dos meses para llevar a cabo la demolición de la sentencia, pero el Ayuntamiento, como ya ha hecho en otras ocasiones, pedirá retrasar la medida en vista de que el PGOU legaliza los edificios a tirar.
Recurso del PGOU
Entonces, el representante de la Asociación para la Defensa de Guadalmina pondrá a su vez un recurso contra el PGOU al estimar que el fin de esta norma es legalizar.
En definitiva, se abrirá otro proceso judicial que tardará años en dirimirse y que pondrá en cuestión del planeamiento de Marbella. En otros casos, se ha evitado la demolición porque han llegado a un acuerdo el Ayuntamiento con la Junta, pero eso sólo puede ocurrir en los casos en los que en el proceso sólo estén ellos dos, lo que ocurre cuando ha sido sólo la Administración autonómica la que ha impugnado la licencia.
Otro aspecto curioso de esta sentencia es que deja clara la diferencia entre la acción popular, que podría esgrimir el buen urbanismo como de interés general, y los intereses particulares de unos vecinos que se ven afectados por estas edificaciones. Según el fallo, para que haya «eficacia retroactiva», o sea, que se pueda legalizar las edificaciones, se exige que «ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas» que, en este caso, son los demandantes.
Esta sentencia se viene a sumar a otras conocidas este año sobre edificios que legaliza el PGOU aprobado en el pleno del 29 de julio. Es el caso de 42 viviendas habitadas de la urbanización Lunamar, en la playa de Las Dunas de las Chapas, promovida por Ávila Rojas, con licencia de obra de 2001 en una zona que era comercial.
Otra sentencia hace referencia a unas viviendas que construyó Aifos en la tercera fase de la cañada de Guadalpín, con una licencia de 2002 contra el planeamiento vigente. Entonces, el Ayuntamiento anunció que enviaría un escrito al TSJA para pedir que no se ejecutara el fallo hasta la aprobación definitiva del PGOU.
* El Mundo - Berta González de Vega - 5-08.09
Foto: Hotel afectado por la decisión del TSJA. | Javier Martín, elmundo.es
El TSJ permite construir en un millón de metros en Dénia junto al Marjal de Pego
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INFORMACIÓN/Alicante* : La Conselleria de Urbanismo y el gobierno de Dénia (Partido Popular, Centre Unificat, Gent de Dénia, PSD y el tránsfuga socialista Juan Collado) se han salido con la suya. Los sectores 1 y 2 de la zona de Racons, que suman un millón de metros cuadrados junto al parque natural del Marjal de Pego-Oliva, podrán urbanizarse en cuanto expire la suspensión de licencias durante un año que rige actualmente en la zona.
Es el único que ha prosperado de los 13 cambios que, de manera unilateral, introdujo en 2007 la conselleria en el Plan General de la ciudad, y que fueron recurridos por el Ayuntamiento entonces, cuando gobernaban PSPV y Bloc. Las restantes 12 modificaciones, en atención a los recursos interpuestos por el ejecutivo de socialistas y nacionalistas, han sido anuladas por el TSJ. Y si esta no ha corrido la misma suerte no es porque el tribunal entienda que es legal, sino simplemente porque el recurrente se ha quitado de enmedio: el actual gobierno pentapartito de Dénia decidió, el pasado 3 de junio, desistir del recurso municipal.
Con esa decisión, fuertemente contestada por la oposición o por colectivos ecologistas como Agró, que ya ha emprendido acciones legales, poco margen de maniobra le quedaba al TSJ. Habiendo desistido el Ayuntamiento, que era el recurrente, sólo dos cuestiones podían evitar que el tribunal archivara el procedimiento: que el demandado -la conselleria- se hubiera opuesto a que se diera por cerrado el caso sin resolver, o que el propio tribunal entendiera que con el desistimiento se produjera daño al interés general. Y según dicta el auto del TSJ, la conselleria "ha presentado escrito manifestando no oponerse a que se declare acabado el procedimiento y se ordene su archivo". Y los tres magistrados entienden que dejando el caso sin resolver "no se aprecia daño para el interés general".
Los sectores de Racons, uno de los cuales (de 512.847 m2) era hasta 2006 propiedad del entonces presidente de los promotores de Dénia, Juan Sancho, actual concejal por el PSD, se ubican junto a la entrada de la macrourbanización Monte Pego, en las inmediaciones del Marjal, y junto al Lugar de Interés Comunitario (LIC) de Segària.
El gobierno de Dénia decidió el pasado 3 de junio desistir del recurso municipal por la recalificación de Racons y de otro presentado contra otros ocho cambios del Plan General efectuados por la conselleria. En este segundo caso, sin embargo, el tiro le ha salido por la culata al pentapartito: también ayer se conoció que el TSJ había dictado ya sentencia anulando la orden de la conselleria cuando le llegó la petición de desistir del consistorio. Con ello, quedan anuladas -como pedía el anterior gobierno local- las modificaciones por las que la conselleria reducía de 28.487 a 18.570 m2 la zona verde del sector UPO-IND; modificaba un vial en les Troies; suprimía la obligación de que el sector Racons 2 incorporara 102 VPO; permitía compensar con más alturas en primera línea la edificabilidad que se perdiera con el nuevo deslinde marítimo; suprimía un vial de acceso a la playa en les Marines para una urbanización; incrementaba la edificabilidad del sector Pedrera Azahar reduciendo la red primaria y eliminando las 25 VPO previstas; y suprimía otras dos zonas verdes (de 4.379 y 1.300 m2).
* Información - SERGI GARCÍA -6.08.09
Foto: La zona de Racons se ubica junto a la entrada de Monte Pego, en las inmediaciones del Marjal - ERNEST WEBER, diarioinformacion.com
Arenal 2.000 tendrá que dejar la sede que construyó en Colecor
ELDÍA/Córdoba* : El régimen de usos impide la venta en las naves o el uso terciario. Independientemente de que se tengan que derribar 10.000 metros cuadrados de naves (como opina el Ayuntamiento) o 20.000 (la mitad del complejo, como considera la Junta de Andalucía), la legalización de las naves de Colecor no se circunscribe a una mera cuestión de cantidad.
El plan especial de la carretera de Palma del Río, aprobado inicialmente con los votos de los concejales de IU, endurece sustancialmente las condiciones de uso de los edificios que queden en pie de forma que toda acción empresarial que se lleve a cabo en la zona estará sustancialmente acotada a unos usos prefijados con mayor severidad que los inicialmente fijados en el plan que acabó tumbado por una sentencia del TSJA.
Así, el texto del plan especial establece expresamente que los únicos usos permitidos dentro del edificio histórico de Colecor y de su ampliación (los 40.000 metros de naves o lo que quedara de ellas), sólo podrán servir para industria, almacenaje sin comercialización o actividades vinculadas al medio rural y ganadero. Punto y final. Dándole la vuelta al argumento, ello quiere decir que son usos prohibidos, por ejemplo, la venta al por mayor, que es el objetivo para el que se crearon las instalaciones, que iban a dar cobijo a la marca blanca Retier con artículos importados de China. Consecuencia dos: la aplicación del texto de la Gerencia obligaría al grupo de empresas de Rafael Gómez a trasladar su sede de la antigua fábrica de la cooperativa láctea. Las únicas oficinas permitidas en la zona serán las estrictamente necesarias para el funcionamiento de la actividad principal, es decir, el departamento de administración de una granja, un almacén o una fábrica. Las empresas de Rafael Gómez se trasladaron hace años a la antigua fábrica de Colecor gracias a una licencia provisional otorgada por Urbanismo hasta tanto existiese un planeamiento para la zona.
El plan apuesta por legalizar la factoría original de Colecor más la ampliación hasta la ocupación de un 25% de la parcela, incluyendo los llamados usos históricos (algo menos de 16.000 metros cuadrados, repartidos entre la planta principal y las naves que fueron demolidas). Las mediciones efectuadas sobre las fotografías aéreas asignan una superficie a la parcela unos 130.000 metros cuadrados, 30.000 más que el plan especial anulado por el TSJA. Se trata de los terrenos de la cooperativa láctea, los de Agrogás (prácticamente agregados a Colecor) y toda la zona de aparcamientos (hasta el canal), que no fue incluida en el primero de los intentos por legalizar el complejo pero que ha sido reconocida en este último texto.
La cuestión sobre quién debe fijar el porcentaje a legalizar es una de las claves de todo este proceso. Teóricamente, es una responsabilidad del Ayuntamiento, en la que la Junta de Andalucía debería contar con un papel de dictamen no vinculante. La realidad es distinta. En primer lugar, el PSOE, miembro del equipo de gobierno, secunda la postura de la Consejería de Vivienda, que aún no se ha expresado en informes oficiales (aunque sí en negociaciones). Además, el Gobierno andaluz siempre tiene la opción de intentar que sean los tribunales quienes diluciden qué parte sigue en pie y qué parte se queda en su sitio. Las negociaciones parece inevitables.
Existen otros detalles que deben ser tenidos en cuenta a la hora de la legalización de las naves, fuera ésta la que fuera. El plan propone que la altura máxima permitida sea de siete metros (una casa de dos plantas), salvo excepciones de 12 metros, siempre que se justifique por la necesidad de la actividad a desarrollar. Además se establecen una serie de medidas correctoras y de cuestiones urbanísticas, como que la actuación sobre Colecor y Agrogás se realizan de forma conjunta.
* El Día de Córdoba - Rafael Ruiz - 5.08.09
Foto: Totalidad del ámbito de las naves, la antigua factoría de Colecor y Agrogás, ala izquierda arriba. - eldiadecordoba.es
La Fiscalía pedirá al juez embargos a promotores para pagar los derribos
ELPAÍS/Galicia* : Las investigaciones de la Axencia Galega de Protección da Legalidade Urbanística desembocarán en los juzgados. La Fiscalía especializada en delitos urbanísticos y contra el medio ambiente ha solicitado a este organismo dependiente de la Xunta que le remita todos sus expedientes relacionados con las construcciones ilegales detectadas durante los últimos tres años para perseguir a sus promotores con el Código Penal en la mano.
Es un salto cualitativo evidente para superar la vía administrativa, puesto que el organismo dependiente de la Xunta -como cualquier otra institución o persona- tiene la obligación legal de comunicar cualquier sospecha delictiva de la que tenga conocimiento.
La agencia y la fiscalía ya han mantenido contactos para firmar un protocolo de colaboración que permita al ministerio público servirse de las amplias investigaciones urbanísticas que los técnicos adscritos a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras han instruido durante los últimos meses.
Se trata de un completo material que se sirve de fotografías aéreas, estudios de planes urbanísticos e informes jurídicos que los fiscales especializados de las cuatro provincias empezarán a analizar a la vuelta del verano. La investigación conjunta dará prioridad a las construcciones en zonas costeras, de dominio público hidráulico (orillas y cauces de los ríos) o en espacios protegidos como Red Natura y Lugares de Importancia Comunitaria.
Que las pesquisas se centren en las edificaciones de menos de tres años no es un requisito caprichoso. Ese plazo temporal viene marcado por la prescripción del delito de construcción ilegal que la Fiscalía pretende perseguir. El artículo 319 del Código Penal castiga este tipo delictivo con penas de seis meses a tres años de cárcel y multas de doce a 24 meses e inhabilitación especial para "promotores, o técnicos directores que lleven a cabo construcciones no autorizadas en suelos destinados a viales, zonas verdes, de dominio público o lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, o cultural".
Idéntico castigo recibirán quienes promuevan o faciliten edificaciones en suelos no urbanizables. Como el delito prescribe 36 meses después de que concluya la construcción ilegal, se ha delimitado el plazo máximo de tres años para los proyectos rematados. Sólo en obras en ejecución, la Axencia Galega de Protección da Legalidade Urbanística ya ha detectado más de medio centenar de infracciones presuntamente delictivas y la lista seguirá engordando a medida que avancen los trabajos de sus técnicos e inspectores.
Esta nueva fórmula de colaboración que explora la fiscalía buscará además la sanción para los responsables políticos de tanto desmán inmobiliario. Así que, cuando en otoño empiecen a recibir esos expedientes -algunos de ellos están muy avanzados- irán en cascada a los tribunales en forma de denuncias contra quienes hayan concedido las licencias.
Con todo, el objetivo último es devolver a esos espacios naturales el aspecto que tenían antes de que irrumpiesen las excavadoras. Y de paso que las fotografías de las demoliciones que se pretenden llevar a cabo en los próximos años disuadan a quienes planeen edificar en zonas no permitidas.
Para lograrlo, el ministerio público ha solicitado también a la agencia de la Xunta que cada expediente se acompañe de una propuesta de derribo con el correspondiente presupuesto. Así, a cada denuncia en el juzgado le sucederá una petición de embargo por el importe que garantice la reposición de la legalidad y evitar de ese modo que los denunciados se declaren insolventes, una triquiñuela legal empleada hasta ahora por los promotores y que ha contribuido a mantener en pie decenas de aberraciones constructivas en la costa.
* ELPAIS.com - JOSÉ PRECEDO - Santiago - 05/08/2009
Detenidos el portavoz del PP en Cort y el ex director general de deportes del Govern
DIARIODEMALLORCA* : Al menos hay otras tres personas detenidas en una operación que continúa abierta. Agentes de la Policía Nacional coordinados por la Fiscalía Anticorrupción están efectuando a lo largo del día de hoy registros en empresas y detenciones en relación con el caso Palma Arena.
Hasta el momento han sido detenidas cinco personas: el actual portavoz del PP en el ayuntamiento de Palma y concejal de Deportes en la época en la que se construyó el velódromo, Rafael Durán; el medallista olímpico y director general de Deportes del Govern de Jaume Matas, José luis Ballester; Jorge Moisés, gerente del consorcio que construyó la instalación deportivo; Miguel Romero, director de la agencia de comunicación Nimbus; además del responsable de una de las UTE que participaron en el proyecto, I. A. S. Fuentes próximas a la investigación, que todavía permanece abierta, informan de que todos los detenidos son personas relacionadas con las empresas constructoras y con el consorcio del Palma Arena.
El caso Palma Arena está siendo investigado por el juez José Castro desde hace meses. Las indagaciones pretenden discernir por qué el velódromo duplicó el coste previsto, averiguar si las numerosas deficiencias que presenta tienen alguna consecuencia penal y descubrir si se han hecho favores a particulares con cargo al inflado presupuesto de la instalación deportiva.
Durante los meses que ha durado la investigación se ha interrogado a los arquitectos que desarrollaron el proyecto, los García Ruiz, sobre su elevada minuta de nueve millones de euros.
La operación policial sigue en marcha y se espera que haya nuevos registros y detenciones en relación con este asunto.
* Diario de Mallorca - 5.08.09
Foto: Palma, instalaciones del Palma-Arena - diariodemallorca.es
San Lorenzo de El Escorial pone en riesgo el futuro de los equipamientos públicos
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ECOLOGISTASENACCIÓN/Madrid* : El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y el arquitecto que heredó los proyectos del Ex-director General de Urbanismo, Alejandro Arca Naveiro, ponen en riesgo el futuro de los equipamientos públicos mediante una maniobra urbanística. Una modificación del planeamiento general del municipio pretende eliminar el uso característico de las parcelas destinadas a equipamientos públicos e introducir el uso residencial.
En pleno periodo estival, el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial tramita la modificación número 17 de las Normas Subsidiarias. El texto ha sido redactado por la consultora D+iZone (anteriormente denominada Plarquin Consultores) de Alejandro Arca Naveiro. Enrique Porto Rey, Exdirector General de Urbanismo, fue el administrador de Plarquin Consultores hasta que cedió su puesto a Arca Naveiro. Porto Rey dimitió de su cargo, en 2006, tras hacerse pública su presunta relación con esa consultora y con diversas irregularidades urbanísticas
Mediante esta nueva iniciativa urbanística, el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, pretende eliminar el uso característico de los equipamientos públicos y de las parcelas destinadas a ellos, ya existentes. Es decir si hubiera un equipamiento o una parcela destinada a un uso educativo y otra para un equipamiento deportivo, por ejemplo, la modificación pretende que desaparezcan las referencias al uso educativo y deportivo. De esa forma, tanto los equipamientos ya existentes como las parcelas reservadas para los mismos se calificarían sólo como equipamientos. Estos cambios sólo afectarían a los equipamientos públicos, los privados mantendrían el uso para el que fueron destinados.
La justificación para plantear esta modificación es permitir transformar unos equipamientos en otros dependiendo de las necesidades actuales. Sin embargo, a juicio de Ecologistas en Acción, esta modificación puede crear un importante desequilibrio de equipamientos públicos entre las diversas zonas del municipio. Además se podría crear una discriminación y diferencia de trato entre equipamientos públicos y privados, al no verse afectados, estos últimos, por esta modificación. De hecho la modificación plantea la desaparición de las parcelas previstas para uso educativo público en la calle Juan Esteban, al norte de la calle de Las Pozas y su derivación a las parcelas públicas existentes al este de Las Cebadillas.
Por otra parte la nueva modificación prevé permitir el uso residencial en las parcelas destinadas a equipamientos. En concreto se autoriza el uso de residencia comunitaria (residencias religiosas, para estudiantes, etc) permitiendo el uso lucrativo de las mismas (privadas). Este nuevo uso residencial no tiene límites de ocupación de parcela. Eso quiere decir que se podría construir una residencia privada que ocupara la totalidad de una parcela destinada a un equipamiento público. Incluso se podría eliminar un equipamiento público ya existente y construir una residencia privada en su lugar.
Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones y solicita que los posibles problemas puntuales de equipamientos se resuelvan pormenorizadamente y no afectando a la totalidad de los equipamientos del municipio. Igualmente ha pedido la retirada de la inclusión del uso residencial en las parcelas destinadas a equipamientos.
* Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid - 4.08.09
Foto: San Lorenzo del Escorial (Madrid) desde Abantos - educa.madrid.org
Por cada dos casas que se terminan en España vende sólo una vivienda nueva
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ELMUNDO* : De cada dos viviendas que se construyen en España sólo una acaba vendiéndose, un pobre balance para los promotores, pese al esfuerzo que están realizando para adaptar su producción a la caída de la demanda, como demuestra el recorte experimentado en los inmuebles terminados hasta mayo, del 33% respecto al mismo periodo de 2008.
Los datos oficiales así lo atestiguan. El número de certificados de fin de obra registrados en los cinco primeros meses del año se situó en 180.722 unidades, según las estadísticas del Ministerio de Fomento, lo que supone una caída del 33% respecto a los 269.954 visados a la misma fecha del año anterior. En el primer trimestre del año se habían terminado 107.000 viviendas, por lo que el ritmo el finalización de obras se mantiene alto.
Sin embargo, la demanda se ha frenado de manera más brusca. Los datos aportados por Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan que hasta mayo sólo se vendieron 92.731 viviendas nuevas, lo que supone prácticamente la mitad las finalizadas en el mismo periodo.
El resultado de este desfase es un progresivo aumento del 'stock' de viviendas vacías en manos de los promotores, mientras se multiplican los esfuerzos desde el Gobierno por promocionar el alquiler, de forma que las estimaciones del sector apuntan que el 'stock' alcanzará los 800.000 inmuebles este año.
Ajustar demanda y oferta
La supervivencia del sector pasa por completar este ajuste en demanda y producción de viviendas y facilitar así la absorción del 'stock'.
Por lo pronto, las distintas patronales inmobiliarias coinciden en señalar que en 2009 la construcción de nuevas viviendas no logrará alcanzar siquiera la cota de las 150.000, un mínimo histórico lejos de los récords registrados en años anteriores (con un máximo de casi un millón en 2006, según el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos).
Los visados se reducen a un tercio
Los visados de obra nueva de viviendas se han reducido a un tercio (-64,2%) hasta el mes de mayo, con 51.425 unidades, la cifra más baja desde, al menos, el año 2000, según datos del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España.
Estas cifras de certificaciones previas al inicio de las obras adelantan, por tanto, cual será el ritmo de actividad del sector residencial en los próximos años y ponen de manifiesto hasta qué punto los promotores están ajustando su producción a la caída de la demanda.
Así, estos 51.425 visados hacen pensar que la cifra al cierre del año se situará incluso por debajo de la demanda estructural estimada de entre 400.000 y 450.000 viviendas anuales, en previsión de dejar espacio en el mercado al 'stock' de viviendas aún sin vender.
* El Mundo - EUROPA PRESS - 3.08.09
Foto: Calle desierta en Seseña. | D. Sinova, elmundo.es
El puerto de Granadilla, una mentira sin consenso
PLATAFORMA DE DEFENSA DEL PUERTO DE SANTA CRUZ* : Siempre han existido grupos que tratan con determinados mensajes mover a la opinión pública hacia posiciones que favorezcan sus intereses. Un artículo de opinión aparecido bajo el título: Puerto de Granadilla, la oportunidad contra la crisis, intenta con su mensaje controlar el pensamiento de las gentes y fabricar un consenso basado en que la solución a todos los problemas de Canarias pasan por la construcción del puerto de Granadilla. Se nos presentan unos hechos que no tienen la más mínima relación con la realidad y que tratan de enterrarla bajo la mentira.
Se busca hacer culpables de los males –crisis y paro–, a quienes mantienen una posición contraria a la construcción del puerto. Los eslóganes –titulares estudiados–, buscan hacer posible lo que pretende un grupo empresarial proclive a su construcción. La oligarquía empresarial del SI a Granadilla ha tenido en sus manos herramientas para cambiar el modelo económico de Canarias. El REF, RIC, REA, ZEC y Zona Franca y un mundo de subvenciones y prebendas que eran más que suficientes para que Canarias hubiese salido del dúo cultivo de turismo y construcción. Engrosaron sus arcas con la burbuja fácil de la construcción e ignoraron que tarde o temprano tenía que explotar. La crisis, como siempre, ha afectado a la clase más débil, los trabajadores de la economía real. El empresariado, en cambio, se ven favorecido por las medidas que tanto el gobierno autónomo como el central vienen aplicando para paliar los efectos de la crisis. Los ERE se multiplican en la autonomía con la renta salarial más baja de la nación española y esa minúscula oligarquía pretende con la manipulación informativa favorecer, una vez más, sus intereses convenciéndonos de que la construcción del puerto de Granadilla resolverá todos nuestros problemas y que debemos abogar por ello.
Se lavan la cara explicando y justificando que es justo y legal, no ético, que la especulación que rodea el puerto de Granadilla es un hecho beneficioso para la sociedad en que vivimos y nos tratan de convencer que todos seremos los primeros beneficiarios por la revalorización urbanística generada por el puerto. Se remata con que ese recurso maravilloso, solución a todos los problemas, podría aligerar el número de parados de Tenerife. El artículo de opinión repite una y otra vez el eslogan de que afrontar la construcción del puerto reducirá nuestros altísimos niveles de paro y, ellos, como benefactores, no son responsables de la situación actual sino la crisis nacional o mundial. Ellos que promocionaron la invasión de inmigrantes para rebajar el estado del bienestar con la competencia salarial, trabajadores de primera y de segunda, pretenden convertirnos en personajes del cuento de Alicia en el país de las maravillas.
El ejemplo más claro de que el proyecto de Granadilla está basado en una gran mentira y es consecuencia de una propaganda desmedida en contra del puerto de Santa Cruz de Tenerife, lo tenemos en que la ampliación de las terminales de contenedores del este "era" posible. El puerto de Santa Cruz de Tenerife "ni" estaba colmatado, "ni" agotado. A esa ampliación se llega por presión y se derrumba una de las mentiras más defendida por los gestores de la Autoridad Portuaria y por esa "mini" oligarquía empresarial que ahora pretende convencernos de que su construcción será la solución a todos nuestros males. Siguen pensando que somos un rebaño que se contenta con sentarse frente al televisor para ver los partidos de fútbol o la película del "oeste", con la que la televisión de "todos", nos regala día a día. Somos algo más que eso y nuestro sino es defender esta tierra nuestra de los atentados que esos mismos "salvadores" quieran hacer contra su riqueza natural. La Dársena Norte es posible.
La visión simplista –sólo afectará al 2% (cuando a demás es falso)–, que tiene el grupo empresarial Avante Canarias de los sebadales no se parece en nada con la que las gentes de Baleares tiene de sus praderas de posidonia cuya importancia ecológica les ha permitido ser declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Las praderas de posidonia, al igual que los sebadales de cymodocea, beneficia la conservación de las poblaciones de peces y otros organismos marinos; oxigena las aguas, las mantiene limpias y transparentes; resguarda las playas del efecto erosivo del oleaje y salvaguarda la dinámica natural de los sistemas dunares. Las praderas de posidonia forman parte del Parque Natural de Ses Salines de Ibiza y Fomentera. ¿Y los sebadales ? No importa, se cambian de lugar. Así de simple lo cree esa oligarquía con la que nos toca convivir. Han metido un zorro llamado Fundación junto a las gallinas para así tratar de justificar la injustificable descatalogación de los sebadales.
Gascan, otra obra emblemática del pensamiento de esa oligarquía caciquil canaria (no más de diez son los elegidos), que sorprendida por las corporaciones de Santa Lucía y Agüimes, ha tenido que paralizar su presencia y desmantelar su estructura en Gran Canaria. Ahora, como no, traslada sus huestes a Tenerife para aquí dar la batalla de la instalación de su planta regasificadora. Esa bendición de Dios que se atreven a llamar combustible limpio, seguro, eficiente y respetuoso con el medio ambiente (www.gascan.es), siendo fósil y un "poquito" menos contaminante que el fuel oil y el resto de los combustibles fósiles. Una fuente de energía con una vida limitada a 63 años a consumo de 2005, y que la integración de China e India junto a USA en la reducción de gases efecto invernadero hará que esa vida útil se vea aún más reducida y que sus precios vayan al alza por crecimiento de la demanda mundial. Nos crecen los enanos y los "nichos" de negocio de nuestros emprendedores se reducen. ¿Justifica esa terminal gasística la construcción de un puerto que conlleva la destrucción de un litoral natural? Miguel Becerra, la mano derecha de Adán, aparecerá en escena como el Cid para librar nuevas batallas en pro de Granadilla y del milagro de los panes y los peces al grito de: ¡No más paro!
Seguiremos vigilantes con las actuaciones y recomendaciones del grupo Avante Canaria que parece sustituir a aquel Foro Empresarial por la defensa de las infraestructuras de Tenerife que hace unos años montó su comedia en el Recinto Ferial y, por cierto, con muy pocos espectadores.
* La Opinión de Tenerife - PLATAFORMA DE DEFENSA DEL PUERTO DE SANTA CRUZ - 5.08.09
Las correcciones al PGOU de Málaga afectan a más de 28.000 viviendas
ELPAÍS/Málaga* : Obras Públicas ya comunicó su descontento con las modificaciones municipales. Las subsanaciones que la Comisión de Ordenación del Territorio de Andalucía (Cotua) exige para poder aprobar el nuevo planeamiento urbanístico de Málaga no parecen tan sencillas como el Ayuntamiento de Málaga ha dado a entender.
El procedimiento administrativo a seguir para superar el examen no es complicado, y los plazos permiten hacerlo en este año, que es la obsesión del alcalde, Francisco de la Torre, pero el fondo de la cuestión es complejo, pues a tenor de la resolución de la Cotua el plan necesita un buen meneo. Ahora mismo están en el aire, por ejemplo, más de 28.000 viviendas, el 79% del total de las nuevas proyectadas.
Son 28.773 casas contempladas en nuevos suelos urbanos que la comisión ha rechazado expresamente. La mayoría de ellas, más de 15.000, podrían autorizarse pues están condicionadas a determinadas subsanaciones, pero el resto se localizan en suelos que están preservados en normas de rango superior al PGOU y que, por tanto, son imposibles.
El alcance de las correcciones necesarias es lo que llevó a la asesoría jurídica de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio a proponer la suspensión completa del plan en lugar de una aprobación parcial que dejara pendiente sólo las partes cuestionadas, como se preveía.
En el caso de estas viviendas, hay 8.124 que son inviables, porque así las declaró el informe de impacto ambiental que tiene carácter vinculante pero al que el Consistorio hizo caso omiso. Se trata de 4.202 casas dibujadas en suelo inundable en la vega del río Campanillas, 2.157 en Maqueda a menos de kilómetro y medio de la nueva central térmica; y 664 en Arraijanal, 499 en Limonar norte, y 601 en el Camino Bajo y la sierra de Churriana en suelos no urbanizables protegidos.
Las viviendas de Campanillas si podrían prosperar si se corrige el riesgo de inundaciones. Por este mismo motivo, la Cotua ha dejado también en suspenso otras 1.505 viviendas en Los Martínez y 1.101 en San Ginés, también en Campanillas, la zona en la que gravita el grueso de la expansión de la ciudad. Por no cumplir las limitaciones del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) sobre núcleos aislados, se ha rechazado la urbanización de 1.612 viviendas en San Cayetano. Igualmente, la construcción de las 1.332 viviendas en la torre de Repsol, que será el edificio más alto de la ciudad, está condicionada a una serie de correcciones de deficiencias técnicas y afectada, además, por cauces fluviales, y todo ello de forma independiente a lo que Aviación Civil determine finalmente sobre la altura del rascacielos que en su anterior informe exigió reducir.
Éstas son las situaciones más complicadas, muchas de ellas insalvables, como las rechazadas por el impacto ambiental. El resto son susceptibles de subsanación. El nuevo PGOU de Málaga programa 70.293 viviendas, cifra que cumple los parámetros del POTA, aunque la Junta considera algo sobredimensionada porque con las actuales previsiones de crecimiento de población no se llegaría a agotar hasta 2.026. De este número de viviendas, 33.844 ya estaban contempladas en el plan vigente.
Además de haber ignorado determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (Potaum) y del informe de impacto ambiental, que son vinculantes, la resolución de la Cotua pone de manifiesto numerosas deficiencias y contradicciones en los contenidos del PGOU. Entre ellos, la falta de una programación de las actuaciones, edificabilidades en determinados sectores superiores a las que contempla la ley, incorrecciones en las clasificaciones de suelo y contradicciones, como recoger para uso residencial terrenos que son dotacionales, o la definición de sistemas generales sin consultar a las administraciones competentes o propietarias de los suelos. El PGOU ha omitido también un censo de las edificaciones irregulares en suelo no urbanizable, y carece de justificación suficiente para la exención en algunos sectores de la obligatoriedad de cesión de suelo para VPO y de cesiones de terrenos en concepto de aprovechamiento. La Cotua también emplaza a realizar 17 modificaciones en la normativa urbanística del plan municipal.
En junio, antes de someterse a examen de la Cotua, el Ayuntamiento aprobó un paquete de subsanaciones y correcciones al plan, 164 en total, muchas de ellas sugeridas en los informes sectoriales de las distintas administraciones. La Cotua recuerda que se debe ahora esperar el pronunciamiento de esas administraciones sobre si las correcciones introducidas son satisfactorias, como los casos de la Dirección General de Aviación Civil, Defensa, Adif, los departamentos de carreteras de Fomento y de la Junta o la Dirección General de Bienes Culturales. La Consejería de Obras Públicas ya informó de su insatisfacción con las modificaciones y emplaza a que recoja un informe económico financiero sobre las actuaciones de infraestructuras.
* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 04/08/2009
Foto: Málaga desde Gibralfaro - malagaweb.com
Portugal: Medio millón de casas vacías y más de la mitad del parque inmobiliario en mal estado
LAVOZDEGALICIA* : A diferencia de lo ocurrido en España, el gran bum de la construcción en Portugal tuvo lugar en los años noventa, y el sector comenzó su desplome con el deterioro económico de principios de esta década. Con todo, en el país hay medio millón de casas vacías, localizadas sobre todo en las dos grandes urbes, Oporto y Lisboa.
El gran problema residencial en Portugal es, no obstante, el mal estado en el que se encuentran muchas viviendas. El 60% de los inmuebles deberían de ser rehabilitados, según un informe realizado por el colegio de arquitectos. La recuperación de los centros urbanos será, según estas fuentes, el gran nicho de negocio del sector durante los próximos años, del que también podrán participar las constructoras españolas.
Competencia fiscal
Lo que no ha fructificado aún es el intento del Gobierno portugués de atraer pequeñas y medianas empresas mediante incentivos fiscales. En octubre del año pasado, el Ejecutivo de Sócrates aprobó una rebaja del impuesto de sociedades que situaba en el 12,5% el tipo impositivo para las empresas que obtuvieran unos beneficios de hasta 12.500 euros, y en el 25% para el resto. En España, el impuesto es del 25% para las pymes y del 30% para el resto.
El nuevo ministro de Economía, Fernando Teixeira, explicó recientemente que no existen «datos concluyentes» que permitan asegurar que la rebaja fiscal haya generado un aumento de la captación de empresas españolas. «En los últimos años se ha producido una mayor interconexión entre las economías, sobre todo en las zonas fronterizas, pero esto no ha ido a más en los últimos meses», afirmó.
* La Voz de Galicia - Tomás G. Morán | Enviado especial - 4/8/2009
Foto: Lisboa, barrio Alfama - elmundo.es
El TSJ suspende un plan de 9.168 viviendas en la Nucia por la falta de agua
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LEVANTE/Alicante* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) sostiene en una sentencia que no queda garantizada la suficiencia de recursos hídricos en el plan parcial del sector Algar de La Nucia, en Alicante, donde se prevé la construcción de 9.168 viviendas, según informó ayer la institución.
El fallo, que estima un recurso presentado por el Estado, declara nulo el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo (CTU) de Alicante del 20 de noviembre de 2006, por el que se daban por subsanadas las deficiencias en relación a la homologación y plan parcial del sector Algar, que incluye los Planes de Acción Integrada (PAI) de Serreta, Algar y Pie Monte.
El alto tribunal entiende que, a la vista de la documentación aportada, la disponibilidad de los recursos hídricos "está tan poco clara que el recurso debe estimarse", dado que el informe presentado por el Consorcio de Abastecimiento de Aguas "resulta insuficiente desde el momento que debe abastecer no sólo a La Nucia sino además a otros muchos municipios valencianos".
La sentencia añade que "incluso los recursos actuales son insuficientes" para los metros cúbicos actualmente demandados, sin contar en todo ello el agua destinada a las zonas verdes y de golf previstas, en su mayor parte en el PAI Serreta.
Los magistrados no han tenido en cuenta el informe presentado por la Confederación Hidrográfica del Júcar porque es, según afirman, "muy genérico", se refiere "sólo a los caudales concedidos" y además, "fue emitido extemporáneamente".
No obstante, el tribunal ha destacado "la necesidad en todo caso" de este último informe, pues "se deduce claramente que no hay recursos hídricos suficientes" y, además, sostiene que "lo que está en juego no sólo son las competencias estatales sino además los intereses generales".
Con todo,la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV da la razón a la parte demandante, la Administración del Estado, quien había alegado falta de recursos hídricos en el recurso, y declara nulo el acuerdo de la CTU de Alicante por el que se daban por subsanadas las deficiencias al plan parcial del sector Algar.
Recursos hídricos para cinco poblaciones
El informe presentado por el Consorcio de Abastecimiento de Aguas resulta insuficiente desde el momento en que debe abastecer no sólo a La Nucia, sino además a otros municipios. Entre éstos, se encuentran las localidades valencianas de Altea, Polop de la Marina, Benidorm y Finestrat Costa, por lo que, según la sentencia, un desmesurado crecimiento urbanístico de La Nucia impediría el crecimiento de los restantes municipios consorciados debido ala escasez de agua disponible.
Tras analizar el tribunal los informes presentados por el consorcio y por la firma Aqualia, los magistrados entienden que, de ejecutar el PAI Algar y los otros dos planes, con los recueros actuales, el déficit de agua sería de 2.297.469 metros cúbicos anuales, una cantidad prácticamente igual a la ahora consumida en La Nucia para uso urbano y terciario, como es el caso de las zonas verdes o campos de golf, entre otras.
De esta forma, esta insuficiencia de recurso hídricos en el plan parcial del sector Algar de La Nucia, se debe aún más a la previsible construcción de las más de 9.000 viviendas. Es por esto, por lo que se ha declarado nulo el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo.
* Levante-EMV - EFE - 4.08.09
Foto: La Nucia (Alicante), el Algar - levante-emv.com
Cabra: El PGOU deja fuera de ordenación más de 800 viviendas en situación irregular
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ELDÍADECÓRDOBA* : Más de 800 viviendas del término municipal de Cabra que se encuentran en situación irregular han quedado fuera de cualquier posibilidad inmediata de ordenación en el Plan General de Ordenación Urbana aprobado recientemente y que ayer presentó el Ayuntamiento de la ciudad de la Subbética.
El concejal de Urbanismo, Manuel Carnerero (IU), explicó que la mayorías de estas casas están situadas en las zonas de El Pedroso, Arroyo de Santa María y la Higueruela, entre otras, que se excluyen como espacios urbanizables en el documento. Carnerero explicó que el PGOU está ya aprobado definitivamente "a falta de la subsanación de pequeñas deficiencias que no necesitan su posterior traslado a la Comisión Provincial de Urbanismo" .
Respecto a las zonas que se encuentran dentro de los suelos no sectorizados, el responsable de Urbanismo matizó "que se estudiará la posibilidad en un futuro de que para su sectorización no compute ni el aumento de superficie urbanizable ni el aumento de población", como se acordó en una reunión de alcaldes y ediles de Urbanismo de la zona Sur.
Un dato que destacó Carnerero es que el PGOU contempla para dotación de suelo industrial 1,22 millones de metros cuadrados de suelo, lo que supone un aumento del 75% respecto al existente en la aprobación provisional del documento, que era de 698.500 metros cuadrados. Para Carnerero, "todo este proceso ha sido un camino más largo de lo normal, pero que se ha resuelto de la manera más beneficiosa posible para Cabra porque supone un importante instrumento para el desarrollo social de la ciudad".
En su aprobación inicial en octubre de 2008, la Junta de Andalucía informó entonces de que el nuevo Plan de General de Ordenación Urbanística de la ciudad de Cabra contempla una superficie de 355.280 metros cuadrados de suelo residencial en el que se podrán levantar 1.737 viviendas. Las mismas fuentes de la Administración autonómica confirmaron que el nuevo plan de ordenación permitirá la integración de los arcos urbanos del municipio con la variante de la carretera A-318, "configurando un sistema de rondas urbanas y la estructuración de la red de comunicaciones intermedia". "De este modo, se culminarán los procesos de integración urbana de la ciudad consolidada con la incorporación de las huertas y se mejorará la unión de las nuevas extensiones urbanas con el río y los cerros, mediante la generación de un sistema de parques de borde que favorezca la transición entre ciudad y espacio rural", apostillaron las fuentes. Además, el documento contempla la generación de nuevos suelos para actividades productivas, completando así el modelo de planeamiento vigente sobre el eje de las carreteras de Monturque y la nueva variante.
En cuanto a las propuestas presentadas por el Ayuntamiento egabrense para su incorporación en el Plan de Ordenación del Territorio del Sur de Córdoba (POT), Carnerero destacó ayer "el logro alcanzado con el consenso de todos los grupos políticos" y dijo que pedirán la ejecución de un trazado alternativo desde la carretera A-339, que permita un nuevo acceso al núcleo urbano y evite la peligrosidad que supone el cruce de vehículos entre el paraje de la Fuente del Río y el Parque Deportivo, el acondicionamiento de la CO-6213 desde Gaena con la A-331 dirección Rute o la reserva de espacio para la instalación de un área de servicio en la A-318.
En lo relativo al sistema comarcal de espacios libres, las propuestas tratan sobre la inclusión como camino recreativo el Camino Viejo de la Sierra de Cabra o la introducción en la red de miradores tanto el Picacho de la Ermita de la Virgen de la Sierra como el escarpe de la Fuente del Río.
* El Día de Córdoba - Antonio Fernández - 4.08.09
Foto: Una de las zonas de viviendas irregulares en el término municipal de Cabra. - eldiadecordoba.es
El patrimonio de Benidorm, descatalogado desde 1994
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ELPAÍS/Alicante* : El patrimonio municipal de Benidorm, gobernado por el PP desde 1991, es un caos. El Ayuntamiento tiene graves dificultades a la hora de ofrecer un inventario riguroso de sus propiedades e incluso para localizarlas. El origen de este desorden se remonta a 1994, cuando un problema informático hizo desaparecer de un disco duro la base de datos que registraba todo el patrimonio de Benidorm.
Desde entonces, el consistorio tiene descatalogado y desubicado su patrimonio municipal. Según la edil Maite Iraola, del Grupo Socialista, hay locales de propiedad municipal sin escriturar, terrenos del consistorio ocupados, se desconoce la ubicación de algunos libros históricos y nadie sabe qué se ha hecho de unas litografías taurinas de Alberti y Picasso, por poner algunos ejemplos. Desde 2007 trabajan técnicos municipales catalogando de nuevo todo ese patrimonio, que el regidor del gobierno local en la materia, Manuel Agüera, ha prometido tener acabado antes de final de año. Con todo, la concejal socialista Iraola resalta el "desconcierto e incapacidad" del gobierno actual para resolver la situación
Entre los bienes de titularidad municipal en litigio están unos locales en la zona de Montbenidorm, ahora reclamados a través del juzgado por una mercantil de Madrid, que acusa al Ayuntamiento de haber ocupado indebidamente durante años unos bajos de su propiedad. Allí, llegó a plantearse la ubicación del Museo Arqueológico de la ciudad, aunque ahora ese espacio es usado por los vecinos para sus reuniones.
Iraola también se refirió a cinco viviendas y un local de 115 metros en el edificio Karola que el Ayuntamiento recibió en 2001 a cambio de legalizar la situación urbanística de una discoteca de la zona. Según la munícipe, las viviendas siguen habitadas y nunca han sido escrituradas. No obstante, el edil Agüera reaccionó anunciando una reunión este mismo lunes con los propietarios de la discoteca.
Otro ejemplo que revela el desconcierto del patrimonio municipal de Benidorm es el siguiente. En 1997 se cedió una parcela municipal junto al antiguo cementerio a una multinacional de comida rápida para 10 años. Ya han pasado 12 y allí sigue la hamburguesería. Aquí el concejal Agüera asegura que existen dos informes contradictorios sobre la conclusión del plazo de explotación, uno de urbanismo y otro de aperturas, que discrepan del inicio de la fecha de la concesión.
* ELPAIS.com - A. BALAGUER - Benidorm - 03/08/2009
Foto: Benidorm - Morell (EFE)
Intelectuales se unen contra el cierre de La Casa Invisible
PÚBLICO/Málaga* : El edificio de la calle Nosquera nº11, en Málaga, se enfrenta a una orden de desalojo que amenaza con finiquitar una experiencia vanguardista de autogestión cultural y revitalización de espacios públicos abandonados. El Ayuntamiento de Málaga (PP) pretende recuperar el inmueble, de titularidad municipal y ocupado sin permiso por los colectivos sociales del centro cultural La Casa Invisible, para lo que ya cuenta con una orden judicial que se hará efectiva en un plazo de tres meses.
Contra esta pretensión no sólo está la oposición municipal y la Diputación Provincial, sino decenas de artistas e intelectuales firmantes de un manifiesto que reivindica "el reconocimiento del inmueble como espacio de uso social y cultural" frente al "modelo de exhibición y consumo". El dramaturgo Darío Fo, la escritora y periodista Naomi Klein (autora de No logo, libro de cabecera del movimiento anti-globalización), el filósofo Santiago López Petit, el urbanista Jordi Borja, el ensayista Amador Fernández Savater y los músicos Kiko Veneno, Amparanoia y Albert Pla son algunos de los firmantes.
Más que un centro social o cultural al uso, La Casa Invisible es desde hace dos años un lugar de convivencia y participación que disfruta de una superficie de unos 2.000 metros cuadrados. En sus cuatro plantas hay talleres de danza, una tetería con sala de proyecciones, sala de conciertos y espacios para conferencias o seminarios. Estos se canalizan en ocasiones a través de la Universidad Libre Experimental, definida como "una agencia de producción de saberes-arma (...) capaces de morder la realidad".
Los sociólogos Carlos Taibo y Antonio Negri, y el director del Museo Reina Sofía, Manuel Borja-Villel declarado admirador del centro, han colaborado esporádicamente con La Casa Invisible, que ha contado en sus actividades divulgativas con presencias tan significativas como la de Richard Stallman, el influyente gurú del software libre.
"Se trata de otro modelo, alejado del tutelaje de instituciones públicas o privadas, en el que la ciudadanía puede autoorganizar y canalizar los flujos creativos como quiere", explica Santiago Fernández, responsable de comunicación de La Casa Invisible. Lo social está también en la esencia del proyecto. Una asesoría jurídica gratuita se ocupa de aquellos que son víctimas de "abusos y carencias de protección".
Preservar la independencia
El pleno municipal rechazó el jueves, gracias a la mayoría absoluta del PP, una moción contraria al desahucio. Público ha intentado sin éxito recabar la postura del Gobierno local. No obstante, sus argumentos al respecto han sido reiterados públicamente. La causa de falta de acuerdo, según su versión, es que los colectivos de La Casa Invisible "no quieren que el proyecto sea eminentemente cultural, ni constituirse en fundación, ni que la Junta ni la Diputación participen", según Javier Ferrer, coordinador gerente municipal.
"El inmueble ha sido ocupado de forma ilegal y este Ayuntamiento debe proceder a su desalojo", dijo el alcalde, Francisco de la Torre, en una entrevista a un medio local. Santiago Fernández, portavoz del centro, afirma que, aunque el movimiento okupa está "en el ADN" de la iniciativa, esta ha conseguido ampliar horizontes e implicar a la ciudadanía. "Entendemos la cultura como algo participativo y colaborativo", explica.
El modelo que afirma defender el Gobierno local es el de la antigua fábrica rehabilitada del Hangar, en Barcelona, un espacio donde participan el Ministerio de Cultura, la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento.
* Público - PABLO FRAILE - MÁLAGA - 03/08/2009
Foto: Málaga, la Casa Invisible - estrecho.indymedia.org
Valencia: La trastienda de la Fórmula 1
LEVANTE* : Vecinos del Marítimo denuncian el abandono, la falta de zonas verdes y la degradación de sus barrios frente al derroche y la estética cuidada en el recinto del circuito urbano. Ni el «glamour», ni el derroche, ni siquiera los grandes maceteros de quita y pon que decoran el circuito urbano. Nada de eso ha llegado a los barrios de la antesala de los grandes eventos donde predomina un paisaje urbano de solares degradados, colchones viejos tirados en mitad de la calle, zanjas que se eternizan, fachadas ruinosas y hasta gasolineras abandonadas.
Los vecinos molestos con esta situación invitan a los responsables políticos a «pasarse, papel y lápiz en mano,» por las calles Francisco Eiximenis, José Aguirre, Ernesto Anastasio, Virgen del Puig, Francisco Cubells, Consuelo y Atarazanas para ver la otra cara de la F1, la del «urbanismo cutre». Denuncian, entre otras cosas, las deficiencias del servicio de limpieza y la práctica inexistencia de zonas verdes y el estado lamentable de las pocas que hay. El presidente de la Asociación de Vecinos Grau-Port, Jesus Vicente Andrés, corrobora las quejas. «La falta de limpieza ha sido una denuncia constante». Con las obras del Fondo de Inversión Local se ha hecho un «lavado de cara» en la parte del barrio comprendida entre la avenida del Puerto y el circuito, pero en la frontera del Grao con el Cabanyal «está todo muy abandonado».
En Mariano Cuber, una calle del Cabanyal no afectada por la prolongación de Blasco Ibáñez, proliferan los solares vacíos y degradados, algunos propiedad de Cabanyal 2010, la empresa pública encargada de ejecutar el controvertido plan especial del Cabanyal. El ayuntamiento derribó los edificios ruinosos fuera de ordenación pero la reurbanización de la calle lleva años pendiente. Los vecinos, asegura el vicepresidente de la Asociación de Vecinos del Cabanyal Vicente Gallar, lo han denunciado «mil veces» en la junta de distrito. «De aquí a cuatro días empezarán a poner jardineras para tapar la degradación», apuntó Gallart, quien lamenta que los grandes eventos «se repiten año tras año y no traen mejoras reales para los barrios del Marítimo».
La situación en Natzaret, quizás el barrio que más sufre las molestias de ruido y tráfico de la F1, tampoco ha mejorado mucho con los grandes eventos. Los vecinos denunciaron esta semana ante la Sindicatura de Greuges el incumplimiento por parte de la Conselleria de Infraestructuras del Plan de Actuaciones Urbanísticas del Marítimo que se puso en marcha en 1993 con objeto de acabar con la marginalidad y el tráfico de drogas y que no ha llegado a culminarse. Como tampoco la recuperación para uso vecinal del viejo cuartel de la Guardia Civil.
Encuesta ¿Esperan obtener beneficios de las carreras?
«El boom ha pasado»
«El año pasado fue el primer año y el primer año siempre tiene el boom», explica el encargado del famoso restaurante La Pepica, en el paseo de Neptuno de Valencia. «Aun no sabemos lo que va a pasar este año». «Nos preocupa más el lío de obras que hay ahí fuera y la crisis que la Fórmula 1, que indudablemente trae gente pero las carreras son durante el horario de restaurante». «El año pasado tuvimos la suerte de que Alonso rompió a los 30 minutos, la gente dejó de ver la carrera y se vino a comer.«Alonso tiene mucho tirón».
«A mí me beneficiará»
«Espero que sea un fin de semana importante y que venga mucho dinero a mi restaurante», comenta el encargado del restaurante Neptuno. Dice que el año pasado fue bien y cree que «aunque este año no se llene el circuito a mí me irá bien porque estoy muy cerca y me sigue llegando gente, aunque el nivel adquisitivo no sea tan alto». «El año pasado en estas fechas teníamos casi todo reservado». Hemos notado que en cuanto a reservas esta vez hay menos y si no viene Alonso pues peor, aunque yo espero que venga.
«Llenamos igual»
Los responsables de una arrocería del paseo de Neptuno afirman que «este año nos beneficiará menos porque vendrá menos gente». «No se han vendido todas las entradas y además la mayoría de los españoles venía a ver a Alonso», cuya presencia no está asegurada este año. Los hosteleros creen que la F1 no tuvo tanto «boom» como la Copa del América. «No fue lo que nos esperábamos». «Nosotros llenamos igual sin Fórmula 1». Aquí los días de las carreras no viene nadie hasta las 4 de la tarde y muchos se compran un bocadillo.
«La crisis sí preocupa»
«Yo no tengo ninguna preocupación por la F1. Venga o no, me da igual. La crisis no me la quitan los grandes eventos», comenta el encargado de un restaurante de la playa del Cabanyal. «A mí personalmente no me resuelve nada. Con la Copa del América sí porque trabajamos todos pero esto no». «Me da igual que venga Alonso, es sensacional que lo tenga Valencia pero eso no resuelve los problemas». «De momento sólo hay un gasto», añade. «Los que sí se benefician son los que están dentro del circuito que pegan unos sablazos...»
* Levante-EMV - H.GARCÍA- 2.08.09
Foto: Valencia, circuito F1 (archivo) - levante-emv.com
Sanción de casi medio millón de euros para el desarrollo urbanístico del AHN en Torrelodones
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DIARIODELASIERRA/Madrid* : El Consejo de Ministros ha impuesto a la Junta de Compensación del Área Homogénea Sur de Torrelodones una sanción de 402.237,68 euros por la realización de obras sin autorización administrativa. Según ha informado el Gobierno al término del Consejo, las obras fueron realizadas “en zonas de servidumbre y policía del barranco afluente del arroyo de la Torre o Piojo”. Además de la sanción económica, se impone a la Junta de Compensación del Área Homogénea Sur de Torrelodones la obligación de “reponer las cosas a su estado anterior”.
La sanción proviene del proyecto de conexión de la red de saneamiento del AHS al que el Ayuntamiento de Torrelodones dio licencia, desoyendo las denuncias de los vecinos de la zona y de la asociación Torrenat, y para cuya ejecución se sepultaron una ladera protegida y cientos de encinas, enebros y pinos, todo ello en zona de servidumbre y policía del barranco afluente del arroyo de la Torre o Piojo.
“Vecinos por Torrelodones ha conminado en repetidas ocasiones al Equipo de Gobierno a cumplir la legalidad, ya que el Ayuntamiento incumple sistemáticamente la obligación legal de recabar para sus planes de urbanización los informes preceptivos de la Administración Hidrológica”, ha informado la organización.
Concretamente el Secretario del Ayuntamiento ha certificado que ni la modificación de las normas subsidiarias ni varios planeamientos de desarrollo y detalle (sector 10 y UE 15) cuentan con los obligados informes de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
“Estas deficiencias alcanzan también al Punto Limpio, recientemente inaugurado por la Consejera de Medio Ambiente, Doña. Ana Isabel Mariño Ortega, a la que el Alcalde ha hecho un flaco favor dejándola en evidencia, ya que el Punto Limpio se ha construido igualmente en zonas de servidumbre y policía del barranco afluente del arroyo de la Torre o Piojo, sin contar siquiera con red de saneamiento por lo que el Punto Limpio vierte directamente al arroyo, y ya ha sido sancionado por la Confederación Hidrográfica del Tajo”, manifiestan.
“A pesar de las sanciones, el PP de Torrelodones, dirigido por Gador Ongil, Vicesecretaria general del Partido Popular de Madrid y senadora, parece más cómodo apoyando planes especulativos, que cumpliendo la legislación nacional, e incluso las recomendaciones del Parlamento Europeo. Así, al Alcalde no le tembló el pulso cuando hizo votar a su equipo en contra del Informe del Parlamento Europeo sobre el “IMPACTO DE LA URBANIZACIÓN EXTENSIVA EN ESPAÑA” en el que se criticaban los excesos de la construcción en España en general, y en concreto en nuestro municipio, al considerar que se ha “generado una forma endémica de corrupción” y responsabiliza a todos los niveles de la administración de un modelo de “desarrollo insostenible, que ha tenido gravísimas consecuencias, por supuesto medioambientales, pero además sociales y económicas”, enfatizan.
El siguiente párrafo del informe comunitario refleja perfectamente lo ocurrido en el caso del AHS: “muchas autoridades locales y regionales malinterpretan gravemente los objetivos a la hora de proponer o acordar programas urbanísticos extensos” que “conllevan la reclasificación de suelo rural a suelo urbanizable, para el provecho económico considerable del promotor”, habiendo muchos “terrenos protegidos, o terrenos que deberían protegerse en vista de su vulnerable biodiversidad, que se desclasifican y reclasifican, o no se clasifican en absoluto, precisamente para permitir la urbanización de la zona en cuestión”.
En palabras de los representantes de Vecinos por Torrelodones “estamos se-riamente preocupados por si es este el destino que le espera a la zona protegida del AHN, actualmente pendiente de la decisión de la Comunidad de Madrid para mantener su protección o urbanizarlo y hacer un campo de golf”.
“Desde Vecinos por Torrelodones continuaremos trabajando por resolver esta grave situación, de momento ignorada por los comunicados oficiales municipales, y seguiremos informando a los vecinos de la evolución de estos hechos”, concluyen.
* Diario de la Sierra - EFE - 1.08.09
Foto: Torrelodones (Madrid), red saneamiento - diariodelasierra.es
La difícil digestión del PGOU para los primeros denunciantes del GIL
ELMUNDO/Málaga* : Son los sacrificados por «el interés general» a los que ha hecho referencia la alcaldesa de Marbella, María Ángeles Muñoz, al aprobar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), son esas comunidades de vecinos que han pleiteado durante años contra las viviendas ilegales de la época del GIL y que ahora el documento legaliza, sin que nadie les haya dado las gracias por haberse gastado su dinero y su tiempo luchando contra promociones que, ahora, reciben la bendición oficial del Ayuntamiento y, más que previsiblemente, de la Junta.
El columnista Raúl del Pozo los llamaba el martes «nihilistas enternecedores» y uno de los vecinos de Los Jardines del Príncipe pensaba hacerse una camiseta con la leyenda. Con ella o sin ella, muchos piensan seguir pleiteando.
Saben que es una batalla de años, pero están curtidos, aunque decepcionados porque el Ayuntamiento, en muchos casos, ni ha contestado a sus alegaciones. Otros de los perjudicados, según los abogados, son los jueces que durante años han dictado sentencias contra licencias impugnadas por la Junta de Andalucía. Licencias, casi 800, que ahora tienen su aprobación, a pesar de que en Derecho sea difícil justificar el ir contra los propios actos.
Y no están solos en sus percepciones, hasta la alcaldesa ha reconocido a los técnicos que este plan es de «difícil gestión». Y, para nuestros protagonistas, de difícil digestión. Las promociones que simbolizan su lucha son las siguientes:
Jardines del Príncipe
Esta promoción de lujo construyó más de lo permitido por el PGOU vigente. Los vecinos consiguieron, a través de los tribunales, que no se vendieran los apartamentos por lo que, en la actualidad, estos bloques están vacíos. A pesar de este logro, han visto impotentes cómo, además, las compensaciones de los promotores han ido bajando en las fases de la tramitación del PGOU. En un principio, había que derribar el 40% de lo edificado, lo suficiente para que los vecinos volvieran a ver Sierra Blanca. Luego, tenían que ceder tres mil metros de los bajos al Ayuntamiento que, finalmente, se han quedado en mil. Las Asociación de Vecinos Guadalpín, nombre del arroyo que por allí pasa, está dispuesta a seguir luchando en los tribunales.
Los Monteros
Esta asociación de vecinos, representada por Inmaculada Gálvez, ha conseguido sentencias, incluso algunas en el Constitucional, contra la casa de Antonio Banderas, que en parte invade una zona de equipamiento, y contra los bloques de Los Monteros Park, construidos en unas parcelas donde, según la legalidad urbanística vigente, sólo podían hacerse unifamiliares. La abogada anuncia que seguirá pidiendo la demolición en la ejecución de la sentencia que anula la licencia o una indemnización sustitoria. Sus clientes no descartan llegar a Estrasburgo a reclamar el cumplimiento de las sentencias, aunque su postura no fue así de dogmática durante la tramitación del plan, ya que estaban dispuestos a sentarse con los promotores y que se les resarciera de alguna manera, asfaltando la urbanización, por ejemplo, pero ni siquiera se contempló la posibilidad.
Vecinos Casablanca
Estos propietarios son los que denunciaron el exceso de edificabilidad del hotel Gualdalpín de Marbella, de la promotora Aifos, hoy en serios apuros económicos. Por la vía contenciosa, tienen ya la anulación de la licencia de obras del TSJA pero continúan abiertas las diligencias por la vía penal. Curiosamente, la investigación de este convenio fue el que dio origen a la Operación Malaya. También están dispuestos a seguir pleiteando, incluso impugnar el PGOU.
Hotel Senator
Tampoco está ocupado, por lo que no hay terceros de buena fe. Al igual que en otras promociones, el Ayuntamiento ha ido bajando las exigencias de compensación. En este caso, es el Meliá Don Pepe y comunidades de vecinos los que quieren seguir pleiteando contra la legalización de un hotel que considera competencia desleal.
Hotel Guadalpín Banús
En este caso hay varias asociaciones de vecinos afectados, algunas representadas por el despacho de abogados de Cremades y Calvo Sotelo. Fuentes de este despacho aseguraron que por supuesto que van a seguir luchando para que se restablezca la legalidad urbanística vigente en el momento en el que se construyó. Este hotel, también de Aifos, se legaliza por completo en el PGOU. En la vía penal, han declarado muchos de los ediles del GIL.
Promopinar
Esta promoción de 211 viviendas al lado del hotel San Miguel fue paralizada porque la Junta impugnó la licencia. Los promotores siguieron y finalmente se consiguió que desistieran, por lo que existe en la actualidad sólo las estructuras. Tampoco hay terceros de buena fe. Las casas se construían en 14.000 metros cuadrados que tenían una edificabilidad del 0,30 por ciento para tres unifamiliares. Una de las vecinas anuncia que se personarán en la ejecución de sentencia y que, en último término, impugnarán el PGOU, que, en un principio, obligaba a ceder la mitad del suelo, compensación que se ha quedado en 4.000 metros y el mismo número de viviendas.
* EL Mundo - Berta González de Vega - 2.08.09
Foto: MARBELLA. - JOSELE LANZA - SUR
Las tramas urbanísticas de El Verger llegan al juez
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ELPAÍS/Alicante* : Son tiempos de venganza en La Marina Alta. Pasada la época de gloria del urbanismo, en numerosos municipios las fuerzas políticas intercambian ahora broncas, acusaciones recíprocas de haber favorecido a las promotoras que antaño depredaron sus territorios y crearon graves problemas de planificación urbanística. Muchas de esas denuncias han sido admitidas a trámite por los juzgados.
En Dénia, con seis procesos judiciales contra la actual alcaldesa, la popular Ana Kringe, y su antecesora, la socialista Paqui Viciano, hace unos días el pleno aprobó un plan para construir casi 500 casas a las faldas del parque natural del Montgó, en la partida del Bisserot. La oposición llevará el acuerdo a los tribunales.
Este clima de tensión se extiende más allá de los enclaves turísticos del litoral. En El Verger, un pueblo de "segunda línea" que carece de playa pero está muy cerca de la de Dénia, desde 2001 se construyeron miles de viviendas en urbanizaciones diseminadas adquiridas en su mayoría por residentes ingleses y alemanes. Los dos últimos alcaldes de El Verger, el actual, Miguel González (PP) y el anterior, Manuel Martínez (BNV) afilan espadas y se culpan de tan complicada herencia. En 2004, Martínez llegó a la alcaldía tras una moción de censura con el PSPV que derrocó al PP del poder. Ahora, González, que recuperó la vara de mando tras las últimas elecciones, asegura que en 2005 Martínez urdió una trama junto al gobierno de Dénia -también ocupado entonces por socialistas y nacionalistas- para dar trato de favor a una promotora y permitirle la edificación de 60 apartamentos de lujo en primera línea de la costa de Dénia. El juez ha admitido a trámite la denuncia de González. Lo curioso es que se trata de la misma urbanización por la que ya está imputada la ex alcaldesa socialista de Dénia, Paqui Viciano, a la que se le acusa de un presunto delito de prevaricación por vender un camino catastral para hacer factible la urbanización en su término municipal. Y además, es la misma promotora del reciente plan del Bisserot en el Montgó. Así, el PP mata dos pájaros de un tiro y, con la misma empresa en el punto de mira, ataca a sus rivales políticos en ambas poblaciones.
El BNV también ha llevado a la fiscalía un depósito de desguace de vehículos que pertenece al alcalde popular de El Verger y que funciona en pleno suelo rústico.
* ELPAIS.com - A. RUIZ - Dénia - 02/08/2009
Foto: El Verger (Alicante) - wikipedia.org
Miniestadi, maxipisos
JULI CAPELLA* : El ciudadano debe saberlo. La calificación de un terreno como equipamiento imposibilita su uso para construir pisos. Así es la ley, que protege escuelas, zonas deportivas y jardines de la insaciable voracidad edilicia. Una ley rotunda, pero que puede cambiar quien gobierna bajo el eufemismo de recalificación, vulgarmente conocido como especulación, un término franquista que, desgraciadamente, hemos seguido escuchando durante la democracia. Y no solo en Marbella, sino también en ciudades aparentemente progres.
Adjudicar por la cara 1.500 pisos a los terrenos del Miniestadi del FC Barcelona, actualmente calificados como equipamiento, es una sinrazón. Por un lado, porque es ilegal y porque Les Corts es un barrio altamente denso que no necesita más viviendas, sino bibliotecas, guarderías, salas culturales y zonas verdes y deportivas, pero abiertas al barrio, no valladas. El sentido común descarta la conveniencia de construir allí 1.500 pisos, pero hay una razón clara para que el
Barça lo pida: poder pagar la ampliación megalómana del estadio. El ayuntamiento debería velar por todos. No ha sido así, y se ha plegado a los intereses privados; encima, lo hará con agosticidad y recochineo, pues para compensarlo le ha pedido al club que compre 7,5 hectáreas de verde en Montcada i Reixac. Es una buena idea, que podríamos extender a toda la ciudad: edifiquemos viviendas sobre los equipamientos, parques y plazas, que da mucho beneficio, y compremos un gran parque en el Montseny, y así podremos ir allí todos a pasear. Porcioles no se atrevió a tanto, y tampoco Maragall, ni Clos, cuando Núñez y Gaspart intentaron una jugarreta similar.
* Juli Capella, arquitecto
* El Periódico - Opinión - 29.07.09
