LEVANTE/Valencia* : La Alquería de la Torre, una edificación del siglo XVIII sita en los terrenos de la futura ampliación del parque de Benicalap, se encuentra ocupada por unas 30 personas desde hace meses y la estructura se encuentra en muy mal estado. Esta es la situación de un inmueble incluido entre las parcelas que el Valencia C.F. se comprometió a entregar al ayuntamiento en compensación por la permuta del solar de Cortes Valencianas para el futuro estadio.
La permuta de los terrenos se acordó en julio de 2007 pero ya han pasado dos años sin llegar a formalizarse. El Ayuntamiento de Valencia, y en concreto su concejal de Grandes Proyectos, Alfonso Grau, no ha movido un dedo para exigir al club la entrega de los terrenos y los 17 millones de euros pactados por la permuta. Todo lo contrario. Grau ha confirmado que el equipo de fútbol está haciendo un estadio sobre unos terrenos de propiedad municipal.
Sin embargo, el compromiso del consistorio de habilitar la edificación rural para Centro de Actividades para Personas Mayores que se anunció en 2003 y se incluyó en el programa electoral del PP no se va a cumplir y los jubilados de Ciutat Fallera no tendrán un inmueble en condiciones.
Con todo ello el colectivo Cercle Obert, la Asociación de Vecinos de Ciutat Fallera y el grupo socialista han denunciado en reiteradas ocasiones las deficiencias y mala situación de la edificación mientras el equipo de gobierno del PP tiene previsto declararla Bien de Relevancia Local. Los socialistas han presentado una batería de preguntas para el próximo pleno a fin de intentar arrancar el compromiso de iniciar la ampliación de una zona verde paralizada desde hace 18 años.
* Levante-EMV - P. VAREA - 15.07.09
Foto: la Alquería de la Torre, ocupada y deteriorada - cercle obert, levante-emv.com
La Alquería de la Torre se arruina sin pasar del Valencia CF al ayuntamiento
El urbanismo ilegal suma 6 detenidos y 12 imputados más en Chiclana y Conil
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EUROPASUR/Cádiz* : Otras dos actuaciones contra el urbanismo ilegal en la provincia se han saldado con la detención de seis personas y la imputación de doce más. Efectivos de la Guardia Civil y la Policía Autonómica han intervenido en dos operaciones distintas en varias fincas de Chiclana y Conil, con la acusación de estas personas por presuntos delitos bien contra la ordenación del territorio, falsedad documental, estafa o conductas afines a la receptación, es decir, la compra o tenencia de objetos de procedencia ilícita.
Las detenciones se han producido por la intervención en tres parcelas del Pago del Humo y Huerta Chica, en Chiclana. Entre los implicados estaría un arquitecto imputado en otros casos anteriores de Obra Nueva, Joaquín Pallí, además de cinco personas más de entre 32 y 47 años de edad. Según ha podido saber este medio, la Guardia Civil comenzó la investigación hace meses y los arrestos se han producido desde el pasado día 7 de julio, hasta que ayer pasaron a disposición judicial.
Tres formas distintas de ilegalidad se produjeron en esta ocasión. En una de las fincas de Pago del Humo se trata de un delito de estafa por la venta de una vivienda ilegal. Para ello se emitió un informe de tasación falsa para conseguir un préstamo hipotecario para reformar una edificación, cuando en realidad era para la construcción de la misma. En la otra se trata del método de 'Obra nueva', con un certificado falso de antigüedad. En el caso de la parcela de Huerta Chica, también en Chiclana, las casas se ponían a nombre de testaferros -que son los dos imputados, no detenidos, en la operación-, que aparentaban ser los titulares de una propiedad en los distintos documentos.
Por otro lado, según informó la Junta de Andalucia, agentes del Área de Investigación de Delitos Urbanísticos de la Policía Nacional de Cádiz adscritos a la Comunidad Autónoma, han culminado la investigación sobre presuntos delitos sobre la ordenación del territorio y otras infracciones penales en Conil. La investigación fue encomendada por la Fiscalía de Medio Ambiente y de ella han resultado imputadas diez personas entre promotores y constructores de ocho viviendas de tipo unifamiliar.
Las investigaciones comenzaron en el pago conocido como Quinta de las Pamplinas, Camino de la Vigía, Carril de los Amarguillos, donde una finca había sido dividida en diez parcelas y separadas con muros de obra y mallas metálicas. En algunas de las parcelas existen viviendas aparentemente terminadas, otras en obras y otras sin ningún tipo de construcción. Estas edificaciones se han realizado en suelo clasificado como Suelo No Urbanizable de Especial Protección de Interés Agrícola, es decir, suelo rústico en el que se precisa licencia municipal de obras, con la particularidad de que ninguna de ellas la poseía.
Dado que los hechos suponían una infracción administrativa urbanística, los agentes recabaron los informes del Ayuntamiento y pudieron determinar que en todas se había incoado expediente sancionador, si bien ninguno había sido concluido.Del mismo modo, se concluyó que algunas de las divisiones fueron a su vez subdivididas y otras revendidas.
En este caso, como en otros anteriores, como elemento probatorio se han realizado el cotejo de las ortofotografías de los años 2004, 2005 y 2007, correspondientes a las parcelas investigadas.
* Europa Sur - A.R./F.R./ Cádiz - 15.07.09
Foto: Vista general de la zona del Pago del Humo, en Chiclana - diariodecadiz.es
Comienza el derribo de las 443 edificaciones del Club Méditerranée de Cadaqués
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ELPERIÓDICO/Girona* : Después de meses de trabajos preparatorios y negociaciones entre el Gobierno central y la Generalitat, finalmente hoy se ha derribado la primera de las 443 edificaciones que conforman el antiguo complejo de vacaciones del Club Méditerranée de Cadaqués (Alt Empordà).
A partir de ahora el derribo no se interrumpirá hasta que desaparezcan todos los bungalows y edificios de servicios que ocupan este espacio de 4,5 hectáreas y la zona "recupere prácticamente el aspecto que tenia a principios de los años 60", según ha indicado el subdelegado del Gobierno en Girona, Francesc Francisco-Busquets.
Los trabajos, que realizará la empresa Tragsa, durarán un año. Se harán de forma controlada para levantar el mínimo polvo posible y para no afectar al entorno, incluido el parque natural del cabo de Creus.
Escombros guardados hasta el final del verano
A pesar de que los operarios utilizarán maquinaria ligera, una parte importante del trabajo lo harán de forma manual. El derribo generará 38.659 metros cúbicos de escombros y una parte importante del material --como la terraza, que es originaria de esta zona-- se reutilizará para construir un aparcamiento en la entrada del complejo y para delimitar las rutas que podrán hacerse a pie por la zona.
El resto de escombros se triturará y se guardará en pequeños depósitos hasta que finalice el verano y se transporte fuera de la zona en camiones.
Francico-Busquets ha calificado de día "histórico" el inicio de las obras de derribo, a las que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino destinó 3.062.981 euros.
* El Periódico - E.P. - 13.07.09
Foto: Cadaqués (Girona), club mediterranée - 20minutos.es
Un palacio de ida y vuelta
ELPAÍS/Madrid* : Un juez obliga al Consistorio a devolver un edificio que expropió ilegalmente. El inmueble, abandonado durante una década, está valorado en 40 millones. A medio camino entre la plaza de Tirso de Molina y La Latina hay un palacio de los de toda la vida. Precioso, gigante, construido a mediados del siglo XVIII. Pero se cae a trozos. Está justo a mitad de la calle del Duque de Alba y hasta hoy era propiedad del Ayuntamiento.
Carmen Martín, una mujer de más de 80 años que vive sin luz ni agua y a quien el gobierno municipal considera una "okupa", es su único morador. Lleva ahí desde que nació. Pero, precisamente, el Consistorio dijo hace dos años que esperaba una orden del juez "inminente" para desalojarla. Ahora, en vez de eso, lo que ha dictado el magistrado es que la expropiación que se realizó en 1998 fue ilegal y debe revertir de nuevo en sus antiguos propietarios, una constructora que pensaba hacer un gran hotel. Un follón que puede costarle ahora al Ayuntamiento unos 40 millones si quiere recuperar el edificio.
En 1998, la corporación que entonces dirigía José María Álvarez del Manzano, expropió el inmueble, catalogado con máxima protección y con una superficie de 7.200 metros cuadrados, para darle un uso social. El edificio era de una constructora que pensaba instalar un gran hotel y que lo había comprado a sus antiguos dueños un año antes. Pero por unos cuatro millones de euros, la concejalía de Urbanismo, dirigida por Ignacio del Río, se lo arrebató.
Primero el Ayuntamiento pensó en instalar ahí la sede de la concejalía de Medio Ambiente. Llegó incluso a decirse que se invertirían 12 millones de euros para rehabilitarlo y que el proyecto correría a cargo del arquitecto portugués Álvaro Siza. También se habló de una biblioteca pública. Pero tampoco.
Luego se cambió de idea, y la EMVS anunció que construiría pisos para jóvenes en el antiguo palacio. Concretamente, 88 apartamentos para estudiantes. Los requisitos que se anunciaron en su momento eran: ser menor de 35 años, residir aún en el domicilio familiar, no ser propietario ni arrendatario de otra vivienda... En fin, la cuestión es que el Ayuntamiento volvía a vender otro proyecto distinto para el edificio que había expropiado. Pero la realidad se empeñó en dejar en papel mojado esos anuncios.
Pasaron los años y la cosa no arrancaba. Y Carmen Martín, mientras la antigua propiedad pleiteaba con el Ayuntamiento de Madrid, seguía ahí metida, sin luz ni agua. Subsistiendo con la comida que le llevaban sus hijos cada semana. "Es que esto no lo pueden tirar, ¿sabe? Es monumento nacional y vale muchos millones", explica ella con cierto gracejo. Carmen, anuncia con decisión, no piensa moverse de ahí.El edificio aparecía en el plan general de 1997 como equipamiento social. Pero el juez ha considerado ahora, en sentencia firme, que los pisos protegidos no lo eran, según fuentes consultadas de Urbanismo. Y además, se ha tenido en cuenta que se estaba vulnerando el principio de urgencia por el que fue expropiado hace ya más de 10 años. Es decir, si en una década no se ha construido nada, quizá no era necesario expropiarlo. Varias de las muchas sentencias favorables al propietario que ha logrado el bufete de abogados de Javier Guisasola lo ordenan muy claro: "Que se inicie el proceso de reversión". El Ayuntamiento debe devolverlo a su dueño.
"La voluntad del propietario es llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento. Estamos en disposición de buscar fórmulas para que no le sea tan gravoso. Se le puede ceder a cambio de otra cosa, un arrendamiento, una permuta", explica Guisasola. "Si al Ayuntamiento no le interesa negociar, lo que haremos es un hotel de cuatro estrellas", añade.
"Hay una falta de información a los grupos de la oposición increíble. Hasta ahora no sabíamos que había una sentencia y el Ayuntamiento seguía anunciando los pisos para jóvenes. Y encima, después de tanta foto delante del palacio, el futuro del equipamiento no depende de ellos", critica el portavoz de IU en el Consistorio, Ángel Pérez.
El Ayuntamiento dice que acata la sentencia. Pero no quiere pronunciarse sobre el resultado ni hacer valoraciones. "Lo estudiaremos y veremos qué se puede hacer", explicó un portavoz del área de Hacienda. De momento tendrán que negociar con el antiguo propietario del palacio para tratar de comprarle el edificio, que hoy está tasado en unos 40 millones euros. Una cifra que se ha visto notablemente reducida con la crisis económica. Según la propiedad, el inmueble llegó a valer alrededor de 70 millones en los tiempos del boom.
En sus orígenes, en el siglo XVIII, el inmueble de la polémica sirvió de escuela para los hijos de los criados del rey Carlos III. En 1791, el arquitecto Antonio de Abajo lo convirtió en una residencia para la duquesa de Sueca, esposa del primer ministro de Carlos IV, Manuel Godoy. En 1837 se convirtió en el colegio de Humanidades de Francisco Serra, y a finales del siglo XIX se transformó en un cuartel de la Guardia Civil. Luego llegaron las viviendas donde nació Carmen. Y de ahí, al lío actual.
* ELPAIS.com - DANIEL VERDÚ - Madrid - 14/07/2009
Foto: Madrid, antiguo ayuntamiento - wikipedia.org
Grazalema: El Defensor del Pueblo apoya la elaboración de un informe sobre urbanismo en el Parque
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LAVOZ/Cádiz* : Ecologistas en Acción (EA) ha encontrado apoyo en el Defensor del Pueblo Andaluz en su solicitud de que la Junta Rectora del Parque Natural de la Sierra de Grazalema elabore un informe sobre la situación urbanística de los municipios de este espacio protegido.
Este apoyo se produce después de que la organización proteccionista presentara una queja por el «boicot que el presidente de esta Junta -Antonio Perales- y la delegada provincial de Medio Ambiente -Gema Araujo- han llevado a cabo», aseguran.
Esta propuesta fue aprobada en octubre de 2006, cuando la Junta Rectora acordó que la Comisión de Desarrollo Sostenible elaborara dicho informe. Desde entonces, el presidente «se ha negado a tratar este tema», entienden desde EA, tanto en la Comisión como en la propia Junta Rectora, lo que llevó a los representantes de Ecologistas en Acción a abandonar este órgano. Perales adujo que existían dos informes del gabinete jurídico de la Consejería que aseguraban que era ilegal constituir esta comisión de investigación, si bien se negó a facilitar dichos informes a los representantes de Ecologistas en Acción.
Esta queja se ha tramitado en el último año y finalmente Ecologistas en Acción ha recibido una resolución en la que el propio José Chamizo da la razón a esta organización. En concreto, apunta que la Junta Rectora tiene encomendadas funciones de control y vigilancia; debe velar por el cumplimiento de la normativa reguladora del Parque Natural; puede requerir información de las actuaciones y actividades que se desarrollen en el Parque Natural que estén relacionadas con la gestión y conservación del espacio, y, en general, puede realizar cuantas gestiones estimen positivas y necesarias para Parque Natural Sierra de Grazalema.
Además, en dicha resolución también se apoya la legalidad de la constitución de Comisiones o Grupos de Trabajo necesarios para el estudio y evaluación de temas especializados y considera que el presidente tenía que haber tratado en la Junta Rectora la propuesta de EA sobre los objetivos, contenido y metodología de la elaboración del informe urbanístico.
Desarrollo Sostenible
Por último, Ecologistas en Acción destaca, entre otras cuestiones, que esta resolución que han recibido «desenmascara las argucias esgrimidas en los supuestos informes jurídicos de la Consejería para justificar una supuesta ilegalidad del informe, entre ellas que EA pretendía que la Junta Rectora realizara funciones de policía». Chamizo deja claro que «no puede más que mostrar su desacuerdo» con esta afirmación recogida en el citado informe de Medio Ambiente.
* La Voz Digital - 14.07.09 -
A. ROMERO
Foto: Grazalema (Cádiz) - cadiz.org
Los ecologistas recuerdan que en ninguna ley el suelo rústico fue urbanizable
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ELPAÍS/Málaga* : El acuerdo unánime de los representantes políticos de los 31 ayuntamientos de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental Axarquía en el que instan a la Junta a modificar la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para que se permitan determinadas construcciones de viviendas en el suelo no urbanizable, ha provocado algunas reacciones de rechazo contundente.
Es el caso del Gabinete de Estudios de La Naturaleza de La Axarquía (GENA-Ecologistas en Acción), que considera "bochornoso y degradante" el pronunciamiento de los alcaldes, quienes precisamente "tienen que dar ejemplo en el acatamiento y cumplimiento de la ley".
GENA rechaza el argumento de los munícipes que atribuyen el caos en la comarca, con más de 10.000 viviendas en el suelo rústico, a la "dispersa y cambiante" legislación urbanística y recuerda que aunque es verdad que ha habido modificaciones, "la condición del suelo rústico como no urbanizable ha estado presente en todas las leyes y normas desde el comienzo de nuestra democracia".
La organización ecologista se muestra muy dura con los alcaldes de la comarca, a los que acusa de haber "ignorado impunemente" las leyes urbanísticas y medioambientales. GENA rechaza igualmente que se atribuya la proliferación de viviendas en el suelo rústico en La Axarquía a la singularidad del régimen minifundista de la comarca y a la tradición de hacer casas en el campo. "Argumentos tremendamente débiles, cuando no falsos, porque ninguno de ellos justifica la vulneración de las normas urbanísticas modernas".
Contra la Junta
GENA ha enviado un escrito al consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, en el que denuncia que los alcaldes pretenden hacer un "frente contra la Junta" en La Axarquía. Espadas se ha reunido en dos ocasiones con los alcaldes, a los que ha propuesto pactar con la Junta un plan de inspección sobre cada construcción en el suelo rústico y tratar las posibilidades de legalizarlas o dejarlas fuera de ordenación.
GENA se queja demás de haber sido excluida de la invitación a una mesa social por el urbanismo que La Mancomunidad convoca en el acuerdo adoptado el pasado día 8 y a la que si ha convocado a "sectores implicados en los negocios inmobiliarios y en algunos procedimientos administrativos y penales".
* ELPAIS.com - D. N. - Málaga - 13/07/2009
Foto: Axarquía (Málaga), vista diseminados - wikimedia.org
Calp reactiva el plan de apartamentos en el último tramo virgen de su litoral
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INFORMACIÓN/Alicante* : Fue el 14 de noviembre de 2008 cuando el pleno del Ayuntamiento de Calp dejó sobre la mesa la construcción en el último tramo virgen del litoral, una parcela en pendiente sobre la cala de la Manzanera, a escasos metros del acantilado. En aquel momento estaba bajo sospecha la vinculación del PSPV en dicho plan urbanístico -Manzanera II- que permitía la construcción de 139 apartamentos divididos en bloques, lo que llevó al alcalde, el nacionalista Ximo Tur, a crear una comisión de investigación.
Y todo ello porque el cuñado de Joan Morató (edil socialista) y socio de diferentes empresas, asesoraba al Ayuntamiento en este proyecto cuando gobernaba el PSOE.
El proceso urbanístico para acabar de finiquitar con los más de 6.000 metros cuadrados vírgenes sobre los acantilados de la Manzanera se "perpetró" en el año 1994, cuando gobernaba el PSOE, con Violeta Rivera como alcaldesa.
Años más tarde fue el alcalde del Partido Popular, Javier Morató, quien firmó un convenio con los dueños del entorno de l'Ermita -paraje de gran valor sentimental e histórico para los calpinos- mediante el cual se permutaban los terrenos del espacio religioso para su protección con los de la Manzanera, mirando al mar.
Ayer, el pleno de Calp cumplió con el proceso reglado después de que la promotora, que pretende construir siete bloques de apartamentos con cuatro alturas, presentase el estudio de detalle al Consistorio.
La aprobación del plan salió adelante con los votos del alcalde, Ximo Tur (Bloc), del PP y del PSD. Votaron en contra los ediles socialistas y se abstuvo la otra edil del Bloc -en la oposición- Antonia Avargues.
"Edificabilidad elevada"
El portavoz del PSOE, Luis Serna, criticó al actual equipo de gobierno (Bloc-PP-PSD) porque la propuesta de 7 bloques de viviendas con cuatro plantas es de "una edificabilidad elevada". Serna señaló que el tripartito hacía una "política urbanística de derechas, del pasado y sin evolucionar".
Una apreciación a la que respondió el concejal del PSD, Antonio Romera, con el recuerdo del pleno del 14 de junio de 1994 en el que toda la corporación y con gobierno socialista avaló el plan Manzanera II.
Luis Serna mostró los planos del solar y argumentó que cuando él era alcalde propuso a la promotora que eliminara el edificio más cercano al acantilado con la contraprestación de que los otros bloques ganaran una altura, pasando de cuatro a cinco plantas.
Tanto el Partido Popular como el PSD replicaron que la barrera que se crearía entonces taparía a los vecinos de las casas de detrás del acantilado, con lo que con una altura de más perderían vistas al mar. El edil de Urbanismo, José Perles (PP) se encaró a Serna para recordarle que esa propuesta el PSOE no la iba a votar "y no me haga decir nombres" advirtió.
Derechas e izquierdas
El alcalde llegó a decir que más del 80 por ciento de los edificios en altura del municipio de Calp los pondría en revisión e ironizó sobre la terminología de Urbanismo de derechas y de izquierdas introducida por Serna, al referirse al Partido Socialista como un partido que se definía republicano y defiende la monarquía, introdujo a España en la OTAN y llegó a tener de ministro de Economía a Miguel Boyer.
* Información - VICENT X. CONTRÍ - 14.07.09
Foto: Las panorámicas vistas en la Manzanera son un bien preciado para el turismo residencial - ERNEST WEBER, diarioinformacion.com
Medio Ambiente advirtió cuatro veces de la ilegalidad de los 200 chalés de Derio
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ELPAÍS/Vizcaya* : El Departamento de Medio Ambiente advirtió hasta en cuatro ocasiones entre junio de 2007 y mayo de 2008 a los promotores de casi 200 viviendas en Derio de que antes de ejecutar el proyecto debían delimitar las parcelas contaminadas existentes. Pero los constructores no cumplieron las exigencias de la consejería y más de un centenar de chalés están ahora en una fase avanzada de construcción y varias decenas casi concluidos.
El Ayuntamiento de Derio, que ha dado las licencias de obras, sostiene que la ley de Prevención de Contaminación del Suelo, en vigor desde mayo de 2005, no afecta a toda la promoción urbanística, sino sólo a las zonas presuntamente contaminadas, que limita a 20.000 de las 124.000 metros cuadrados del solar. Sin embargo, Medio Ambiente, el departamento que vela por el cumplimiento de esa normativa, es categórico y, entre otras medidas, obliga a delimitar la contaminación en el solar antes de cualquier intervención edificatoria.
El expediente sobre este caso, al que ha tenido acceso EL PAÍS, relata lo ocurrido en este proyecto urbanístico, que se remonta a 2005, cuando fue aprobado por la Diputación. Al existir una zona potencialmente contaminada, según refleja el inventario del Gobierno vasco, la promotora de la mayoría de las viviendas, Arco Atlántico, presentó en 2007 un plan de excavación, como exige la ley de prevención de la contaminación. La sociedad pública ambiental Ihobe, dependiente del Departamento de Medio Ambiente, lo rechazó en junio de 2007 por carencias en la información, la falta de un estudio sobre la afección en aguas subterráneas o el incompleto análisis de riesgos para la salud humana. "Además de las importantes carencias detectadas, hay que tener en cuenta que el proyecto constructivo pretende realizar parte de una promoción de viviendas unifamiliares con jardín sobre un vertedero en el que hay presencia de residuos peligrosos", señala, y añade la obligatoriedad de delimitar el área contaminada.
En diciembre de 2007, tras la respuesta de los promotores -que ya ha habían iniciado las obras en el solar sin la autorización del Gobierno-, es la Dirección de Calidad Ambiental del Gobierno la que vuelve a calificar de incompleta la petición de los constructores. "La documentación presentada no añade ninguna información que permita solventar las carencias o errores detectados [en el informe de Ihobe]". Calidad Ambiental reitera que se debe precisar con exactitud el área contaminada y realizar un plan de excavación y certificar la calidad del suelo, como exige la ley en áreas contaminadas.
Tras otra respuesta de los promotores, llega la tercera advertencia de Medio Ambiente, el 16 de enero de 2008, esta vez por el entonces viceconsejero Ibon Galarraga, quien insta a identificar la zona afectada por la contaminación. Galarraga vuelve a comunicar el 14 de mayo a los promotores de que parten de la premisa "errónea" de que el área de vertido ha sido ya delimitada, por lo que reitera que se determine "tanto en superficie como en profundidad la masa de vertido y del terreno afectado por el mismo". Agrega que cualquier retirada de los residuos requiere un sellado de la zona con su correspondiente proyecto, "que deberá presentarse" a Medio Ambiente.
Ninguna de estas exigencias se han cumplido hasta ahora, pero las obras prosiguen. El proyecto carece así del certificado de calidad del suelo que exige la ley de prevención de contaminación, que, en su defecto, considera "nulas de pleno derecho" las licencias concedidas. El alcalde de Derio, Lander Aiarza (PNV), y funcionarios municipales sostienen que "no hay riesgo para la salud" y que el suelo "no está declarado contaminado". El consistorio entregó a este diario un documento remitido en marzo pasado por el representante de los promotores de la urbanización donde señala que, tras la petición tramitada en 2007, no ha recibido la declaración de calidad del suelo y que, al no haber habido una resolución en seis meses, ha "continuado y finalizado las actuaciones de ejecución urbanística". El escrito no hace ninguna mención a las cuatro advertencias de Medio Ambiente de que no se puede seguir adelante con la promoción.
* ELPAIS.com - ALBERTO URIONA - Bilbao - 13/07/2009
Foto: Derio (Vizcaya) - todopueblos.com
La Fiscalía alerta de que dueños de casas ilegales 'dirigen' a los alcaldes
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ELCORREODEANDALUCÍA* : Aunque reconocen una mayor conciencia política y judicial contra el urbanismo salvaje, los fiscales de medioambiente aún ven escasas las órdenes de derribo y de paralización de obras. Y alertan de que los dueños de casas ilegales se están convirtiendo en lobbies de poder que logran imponer su línea en la política urbanística.
Los delitos contra la ordenación del territorio y urbanísticos concentraron de nuevo el año pasado la mayoría de las diligencias incoadas por la red de fiscales de medio ambiente –1.436 de las que 679 terminaron en denuncia o querella–. Y en su memoria, el Ministerio Público reconoce que cada vez es mayor la colaboración de las administraciones públicas en la persecución de estos delitos, con un incremento en el número de denuncias presentadas por los propios ayuntamientos y delegaciones provinciales de la Junta.
Sin embargo, alerta de que “con ocasión de los denominados procesos de regularización de viviendas ilegales, aunque no sólo en tales casos, los autores de construcciones ilegales constituidos en asociaciones se convierten en auténticos lobbies o grupos de poder que tratan de imponer la línea a seguir a los ayuntamientos en el ejercicio de la disciplina urbanística”. En concreto, la Fiscalía de Cádiz –la que más procesos abrió por esos delitos el año pasado, con 628– denuncia que esos grupos “no sólo exigen la legalización de sus edificaciones, muchas de ellas incursas en procedimientos penales, sino que además tratan de que todo lo que supone la ejecución de infraestructuras, dotaciones y servicios públicos” se financie con “fondos públicos”. “Organizan manifestaciones en las que se reivindica la inobservancia de la legalidad urbanística, exigen su presencia en las juntas locales de seguridad y, ante la pasividad del resto de los ciudadanos, acaban en muchas ocasiones imponiendo sus planteamientos”, lamenta.
En cuanto a la persecución jurídica de los delitos urbanísticos, la Fiscalía ve aún escasas las paralizaciones cautelares de obras bajo sospechas y las condenas que implican el derribo de las construcciones ilegales, una condición sin la que a su juicio no se restituye la legalidad vigente ni las sentencias cumplen su objetivo disciplinario y ejemplarizante.
Así, la Fiscalía de Huelva señala haber optado por solicitar medidas cautelares y completar la investigación ya en vía judicial en vez de esperar a tramitar las diligencias de investigación porque “la experiencia dicta que se agota el plazo de seis meses” sin poder paralizar las obras “que avanzan con enorme rapidez”. La de Almería alerta de que cuando los juzgados de instrucción dictan la paralización “en algunos casos, al notificar la resolución, la edificación estaba prácticamente concluida”.
También critican los fiscales de Medio Ambiente que las condenas que incluyen derribos son aún minoritarias y en muchos casos o no son confirmadas en los recursos ante las Audiencias provinciales o se aplican excepciones contrarias al criterio fiscal.
los derribos se dilatan. El Ministerio Público en Cádiz rechaza que se exima de la demolición alegando que existe un núcleo de población porque puede dar pie a que éstos crezcan sin límite y porque quedan impunes los casos en los que conociendo la ilegalidad, la urbanización continuó.
La Fiscalía de Cádiz también señala que al ejecutar los derribos “son muchos los incidentes que se plantean”, ya que es “absolutamente excepcional” que los condenados procedan a ello y “con demasiada frecuencia los ayuntamientos a los que se les ordena en auxilio judicial la ejecución plantean problemas”. Por ello solicitan al fiscal de sala coordinador o a la Fiscalía General del Estado “criterios” que garanticen “la unidad de actuación en la ejecución de las demoliciones”. “Lo que había de ser una medida de rápida ejecución la práctica viene evidenciando que se dilata en exceso”.
* El Correo de Andalucía - Sevilla - Laura Blanco - 12.07.09
Foto: El Puerto (Cádiz), zona viviendas ilegales - diariodecadiz.es
La historia de España no se recalifica
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ELPAÍS/Madrid* : La Plataforma Ciudadana Escurialense, organización que agrupa a más de 200 residentes en San Lorenzo de El Escorial, profesionales liberales y cuadros técnicos en su mayoría, ha pedido a la dirección de la Unesco que inste la anulación del Plan General de Ordenación Urbana de la histórica localidad madrileña, donde se albergan el monasterio y un entorno declarados Patrimonio de la Humanidad en 1984. La sede parisiense de la Unesco ha sido la destinataria de la denuncia.
El plan municipal, cuyo avance acaba de publicar el Ayuntamiento, prevé entre otras medidas recalificar hasta 3.170.000 metros cuadrados de superficie antes no urbanizable; la construcción de 850 viviendas; un poblado nuevo con un polígono comercial, en un área hoy de dehesa, y bloques de viviendas y chalés de lujo en pleno casco histórico. Todas estas construcciones se ubicarán en el interior de una cerca histórica, que data de 1563 y que configura el entorno artístico y paisajístico del Real Sitio -Patrimonio de la Humanidad-, que la organización ciudadana ve en peligro.
En años anteriores, las actuaciones municipales, regidas por normas subsidiarias, sobrepasaron el paisaje sotomontano escurialense. El monte Abantos ardió 10 años atrás. Un paraje previamente urbanizable, La Era, tras el fuego, fue declarada protegida, si bien las 850 viviendas que iba a alojar son ahora las mismas en número que se planea construir en el nuevo desarrollo contiguo a aquél.
La Comunidad de Madrid, que en 1996 declaró Bien de Interés Cultural el entorno donde se proyecta esta actuación, dice que el plan "está en estudio".
Gonzalo Cuesta, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, explicó que los integrantes de la Plataforma Ciudadana Escurialense asumen posturas "influenciadas, radicales y politizadas", y justificó el plan en "la necesidad de construir viviendas de protección oficial [la mitad de las previstas]", aunque precisó que el número de 850 que se considera ahora "no basta siquiera para satisfacer el crecimiento vegetativo de la población". Cuesta añadió que el polígono contiguo a la autopista Madrid-A Coruña "incluirá oferta intelectual para satisfacer demandas de cultura y deportes", en referencia a una universidad y un polideportivo. El concejal admitió que "tan sólo se trata de un avance del futuro plan" y que "algunas de las proposiciones", como las referidas a la edificación de cuatro chalés en el casco histórico de San Lorenzo y otras edificaciones sobre parques y jardines históricos, "son suprimibles. En todo caso", apuntó, "las actuaciones previstas se aplican a la normativa urbanística vigente".
El entorno del monasterio escurialense, cercado por una valla mampostera de 55 kilómetros de perímetro, incluye vestigios arquitectónicos renacentistas, como el llamado Palacio Monesterio, que data de 1503, más puentes, ermitas, molinos y canteras de época, así como zonas de humedales y pastizales y otras de anidamiento de águilas imperiales, buitres reales y cigüeñas negras, que la plataforma cívica cree que hoy se hallan en peligro o han emigrado.
Tal ámbito fue considerado por la Unesco "parte inseparable" del conjunto monacal, como entorno natural e histórico de una misma unidad paisajística, que se extiende entre La Herrería, el monte Abantos, El Campillo y la zona del monasterio; se trata de una extensión de hasta 10.000 hectáreas.
La plataforma cívica pide a la Unesco que inste a las autoridades gubernamentales, regionales y locales a "anular la aplicación de este plan, cuyos prolegómenos han colmatado ya el paisaje y elevado la población de San Lorenzo y El Escorial de 18.000 a 31.000 habitantes en 12 años, sin mejorar los servicios locales de transportes y movilidad", según Antonio Ulled, arquitecto, coportavoz de Plataforma Ciudadana Escurialense. "Intentamos mantener un modo de vida basado en un urbanismo sostenible y humano, que proteja el paisaje y el patrimonio de un espacio único como el de San Lorenzo de El Escorial", asegura.
* ELPAIS.com - RAFAEL FRAGUAS - SAN LORENZO DE EL ESCORIAL - 13/07/2009
Foto: San Lorenzo del Escorial (Madrid) desde Abantos - educa.madrid.org
Tres cicatrices de asfalto más para la huerta del Segura
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INFORMACIÓN/Alicante* : La Vega Baja ve amenazada su huerta tradicional si salen adelante, tal y como están planteados, los tres proyectos del Ministerio de Fomento y de la Conselleria de Infraestructuras, una autopista (AP-37) y dos autovías (CV-95 y CV-91) que supondrían prácticamente duplicar las comunicaciones actuales por carretera.
La amenaza a la agricultura, a las viviendas sobre las que pasarían las vías y al crecimiento futuro de los núcleos urbanos, junto con las previsiones de peaje y de accesos insuficientes, han echado a la calle a los vecinos, que presionan a sus representantes políticos en cada aparición pública para dejar claro que la comarca "no necesita" más asfalto.
Las protestas se iniciaron con la apertura por parte de Fomento del periodo de información pública de la autopista de peaje AP-37, conocida como "del Reugerón", que recorre 24 kilómetros de la Vega Baja desde Murcia hasta Catral, para unirse a la AP-7 en dirección a Alicante. Fomento proponía ocho trazados diferentes y se decantaba por uno, el "Norte-4", una recomendación recibida con asombro en la comarca por ser la más dañina, según numerosas y diversas voces. Por eso, las alegaciones de grupos políticos y asociaciones han reunido casi 9.000 suscripciones individuales y la asociación Vega Baja Viva, creada para la ocasión, ha logrado 14.000 firmas.
En este punto todos los ayuntamientos, vecinos, plataformas ecologistas, la Cámara de Comercio, los juzgados de aguas o sindicatos agrarios se han posicionado en contra de la autopista. Unos subrayan que afectará a un millar de conducciones de agua para riego o a 1.200 tahúllas de huerta fértil y otros reclaman que rompe el sistema de carreteras secundarias, mientras casi todos recuerdan las inundaciones de 1987 y se preguntan cómo afrontar una situación similar si se construyen los viaductos y terraplenes de más de 15 metros de altura previstos para sortear por arriba, por ejemplo, los tubos del trasvase.
En el rechazo a la autopista están de acuerdo, pero no en cómo contestar a Fomento para que cambie de idea. Callosa de Segura, Almoradí o La Vega Baja No Se Vende rechazan de plano la carretera. Los ayuntamientos de Orihuela, Bigastro o el Juzgado de Aguas de Orihuela e incluso la Diputación de Alicante no la quieren, pero aceptarán que vaya por el sur, entre Bigastro y Jacarilla si se solapa en algunos tramos con otras vías que van paralelas.
Rechazo con firmas
En este punto reaparece, además, el proyecto de la CV-91 (la autovía "eje del Segura"), rechazada en 2006 con miles de firmas. La Generalitat plantea ahora un nuevo proyecto básico que discurre paralelo hasta en siete kilómetros al dibujo que ha hecho Fomento para la AP-37, evidencia de descoordinación entre administraciones. El antiguo tramo entre Jacarilla y Benejúzar desaparece y la autovía pasa, en esta propuesta, entre Correntías y Molins, donde cruza dos veces el Segura. "Un extraño viraje" para la portavoz socialista en Orihuela, Antonia Moreno, que ha acusado al equipo de gobierno (PP) de no avisar ni informar sobre esta vía (de la Generalitat), que supone perjuicios al mismo nivel que la AP-37. La alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, ha prometido a sus vecinos que les librará de esta carretera, pero periódicamente reaparece la sospecha de que los políticos de la comarca "llegan tarde", como con el Ave, con sus alegaciones, según subrayaron desde Vega Baja Viva.
Mientras tanto, los socialistas reclaman al Consell que desdoble y convierta en autovía la CV-95 (de Orihuela a la costa), una vía con mucho tráfico y siniestros, prometida para 2010 y licitada hace ya dos años, pero sin comenzar porque la adjudicataria no tiene financiación o porque no encuentra rentable la explotación del peaje en sombra, según las fuentes.
En unos años, cuando se construyan estos polémicos proyectos, la Vega Baja contará con cinco autovías y autopistas en todas las direcciones, aunque no se sabe con cuántas parcelas de huerta.
* Información - ELISA G. BROTONS - 12.07.09
Foto: E. D. G. / LOINO
Parque de Mendicouague, Santander - Una llamada a la coherencia
KAOSENLARED* : Felisa, Camila, Dulia y Albina son cuatro amigas que superaron ya hace tiempo los 80 años. Todas las mañanas y todas las tardes se juntan en el Parque Mendicouague en Santander. Allí hablan, se cuentan sus cosas, se ríen y disfrutan con ello cada día que pasa. Ahora están temerosas de que todo se pueda acabar porque el ayuntamiento de Santander tiene pensado construir un aparcamiento subterráneo en los terrenos donde se encuentran los bancos en los que ellas se sientan desde hace muchos años.
Este Parque público, logro de antiguas reivindicaciones vecinales, se encuentra amenazado por la posible construcción de un aparcamiento subterraneo con varias plantas en su interior..
Este vídeo es un pequeño reflejo de la inquietud y el malestar, de unas personas octogenarias, que ven peligrar su entorno y su merecida tranquilidad, en definitiva su calidad de vida.
Un faraónico y caciquíl proyecto de carácter mercantilista, encabezado por un alcalde y su equipo de gobierno, que no tiene otro fín que la especulación de un suelo público.
Para ver el vídeo:
http://www.youtube.com/watch?v=MM38qROpW1s
* Gabriel Escribano - Asociación Cívico Vecinal Parque Mendicouague
* Kaos en la Red - Gabriel Escribano | Asociación Cívico Vecinal Parque Mendicouague - 7.07.09
Foto: Santander, parque Mendicouague - kaosenlared.net
Almuñécar: Benavides tiene pendientes 65 contenciosos
LAOPINIÓN/Granada* : El alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, acaba de ser condenado a 28 meses de cárcel y a otros 28 de inhabilitación especial por un delito de coacciones cometido contra la empresa adjudicataria de la televisión municipal en 2004. No deja de resultar curioso que esta última sentencia judicial, que el regidor ha recurrido, se centre en un asunto que nada tiene que ver con el urbanismo, cuando es precisamente la ordenación urbanística la que lo ha llevado más veces a los tribunales.
En la actualidad, Benavides tiene pendientes más de 65 contenciosos administrativos interpuestos por la Junta contra acuerdos adoptados por el Ayuntamiento sexitano, lo que convierte a Almuñécar en el municipio granadino con mayor número de expedientes en materia de disciplina urbanística. Según fuentes judiciales, la mayoría de los casos (alrededor de medio centenar) se refiere a acuerdos municipales relativos a órdenes de ejecución, proyectos de urbanización o declaraciones de innecesariedad de licencia que infringen el ordenamiento territorial.
Durante la tramitación de estos procedimientos judiciales se ha dictado una quincena de medidas de suspensión cautelar, con la intención de obligar al Ayuntamiento a paralizar sus actuaciones para garantizar la finalidad del proceso legal y el interés general. Desde el año 2004, además, se han solicitado al gobierno municipal unas 35 revisiones de oficio de acuerdos municipales que la Junta consideraba contrarios a derecho.
Más enemigos. De todos es conocido el enfrentamiento abierto que Benavides mantiene con la Junta de Andalucía, a la que ha acusado en más de una ocasión de impulsar un "complot" contra su persona. Pero el alcalde sexitano tiene otros muchos frentes abiertos. De hecho, según fuentes cercanas al Ayuntamiento, desde el año 2004 se han presentado más de 220 denuncias contra acuerdos urbanísticos del gobierno local de Almuñécar, y la mayoría tenía detrás a colectivos o particulares, no a la Junta. Lo que sí ha hecho en este tiempo la Consejería de Obras Públicas es realizar más de cien visitas de inspección en el municipio para comprobar la veracidad de esas denuncias interpuestas por terceros, una comprobación que, en algunos casos, ha dado lugar a nuevos trámites judiciales abiertos de oficio por los técnicos de la propia Consejería.
Durante su ´aventura´ como alcalde, la gestión de Benavides también ha sido seguida de cerca por otras administraciones o autoridades, que se han interesado por actuaciones urbanísticas concretas realizadas por el gobierno local sexitano. De hecho, según ha podido saber La Opinión, en los últimos cinco años la Junta ha tenido que emitir más de 15 informes a petición del ministerio fiscal, de los órganos jurisdiccionales o de la Guardia Civil.
A pesar del rosario de contenciosos que arrastra, Benavides continúa en su línea de defender su inocencia y recurrir, unas tras otra, todas las sentencias que se le imponen. Almuñécar, mientras tanto, sigue teniendo el ´honor´ de ser el pueblo granadino con más juicios abiertos por presuntos delitos urbanísticos.
* La Opinión de Granada - M.A.R. - 12-07.09
Foto: almuñecar - motrildigital
Edificaciones rurales en peligro de muerte
LEVANTE/Valencia* : La ciudad tiene más de 300 edificaciones rurales en condiciones deficientes que están abandonadas por sus propietarios y desde la administración no se arbitran planes para recuperarlas y dotarlas de uso público ni tampoco se obliga a los dueños a mantenerlas en debidas condiciones.
Más de 300 edificaciones características de la arquitectura rural, como alquerías, barracas y casas rurales, existentes en el termino municipal de Valencia en suelo urbanizable se encuentran en unas condiciones deficientes.
Los motivos han sido la ausencia de interés de las administraciones para exigir a sus propietarios a mantenerlas en condiciones y en el caso de las destinadas a equipamiento público pocas son donde se han acometido obras desde las instituciones para mantenerlas. La mayoría de los inmuebles se encuentran en un estado de abandono y en riesgo de desaparición si no se interviene.
Las consecuencias directas de esa situación han sido el expolio de materiales en los edificios abandonados; los incendios se han sucedido y las alteraciones en su estructura se han hecho sin control patrimonial alguno. En los últimos meses han tenido lugar incendios en varios edificios históricos sitos en Benicalap y en Sant Isidre sin que desde el ayuntamiento se haya anunciado medida alguna para impedirlos.
El concejal socialista Juan Soto ha sido el último que ha dado la voz de alarma sobre la situación de las edificaciones rurales. Su planteamiento ha caído en saco roto debido a que la respuesta del equipo de gobierno ha sido que "mientras ellos piden planes nosotros rehabilitamos".
La realidad es bien diferente porque los altos costes de las obras han dado lugar a aparcar esos proyectos a la espera de que los privados lo ejecuten o que los dueños lo hagan, como ha sucedido con una en la zona del Camí de Montcada. De las actuaciones directas del consistorio sólo hay una en marcha en unas edificaciones en la calle Santa Rosa rehabilitadas por escuelas taller y sin un obrero en meses y meses hasta hace unos días.
El concejal de Urbanismo, Jorque Bellver, explicaba que "en los últimos años hemos recuperado 20 y otras se declararan Bien de Relevancia Local en la revisión del PGOU con lo cual se darán mayores garantías para su conservación e incrementar el nivel de protección".
Y lo último que se aprobó fue en noviembre de 2008 cuando se encargo a Aumsa la elaboración de un estudio de paisaje que incluya el catálogo rural del término municipal.
La revisión del plan al que hace referencia Bellver incluye las siguientes alquerías como Bien de Relevancia Local (BRL). Estas son la del Rey, en el Parque de Cabecera; la de Fonda, en Poble Nou; la del PI, en Casas de Bárcena; la de San José y el Pino Hermoso, en el Camino Viejo de Godella, la de La Torre, en la ampliación el Parque de Benicalap; la de Ferrer, en el Camino Molino de Campaneta y la de Rocatí en el camino del mismo nombre.
El Consell Valencià de Cultura ha urgido al ayuntamiento a poner en marcha un plan para recuperar el patrimonio que desde la oposición han reclamado y denunciado en diversas ocasiones. Así han puesto sobre la mesa las malas condiciones de más de 60 edificios. Entre ellos figuran la Alquería del Moro y la de Julià, el conjunto de edificaciones de Benicalap Norte o la de Falcó de Torrefiel.
Un ejemplo de la falta de control sobre las edificaciones es la Alquería de Volante de propiedad municipal situada junto al bulevar sur. A principios de 2000 ocurrió un incendio y quedó abandonada pero el equipo de gobierno del consistorio la incluyó como edificio relevante en una oposición.
De las ocho camino de BRL cinco están abandonadas
Ocupadas, incendiadas, puertas destrozadas y tejados en malas condiciones con peligro de hundimiento. Ese es el panorama con el que el ciudadano se encuentra cuando se acerca a cinco de las alquerías camino de la más alta protección. La del Rei, que se encuentra junto al Bioparc, esta abandonada y ha sido ocupada en distintas ocasiones; la de La Torre está junto al parque de Benicalap y está ocupada por familias rumanas y forma parte de la permuta que el Valencia C.F. debe formalizar desde hace años con el ayuntamiento. La tercera edificación es la de Ferrer sita en el Camino de la Campaneta y completamente abandonada. La cuarta es la de Rocatí, en Faitanar, que ya ha tenido varios incendios y la del Pi, en Casas de Bárcena que se ha apuntalado para evitar que se derrumbe. Hasta el momento no existe un plan de recuperación ni tampoco intenciones a corto plazo para rehabilitarlas.
* Levante-EMV - PACO VAREA - 12.07.09
Foto: Edificaciones rurales en peligro de muerte - levante-emv.com
La tensión urbanística en Val Miñor ha provocado asaltos y palizas a concejales
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ELPAÍS/Pontevedra* : Las tensiones urbanísticas, singularmente en Nigrán y Gondomar, han provocado palizas a concejales, quema de coches, la toma por asalto del Ayuntamiento de Nigrán para impedir la aprobación de un planeamiento... ¿Es el Val Miñor sitio distinto?
El clima más soleado, que anima a tomar la calle, y la tradición "guerrera" de Vigo, que germina en el tardofranquismo como un rasgo de talante y se difunde por su área de influencia, convergen para estimular las movilizaciones vecinales de protesta frente a decisiones urbanísticas, en el Val Miñor como en O Morrazo, y podría admitirse como un rasgo sociológico diferenciador. Pero que en ningún caso agota las explicaciones de la realidad.
El Val Miñor, apunta la urbanista Ana Fuentes, se integra en el área desarrollada de Galicia que agrupa al 80% de la población y de la economía autonómicas, vertebrada por la autopista AP-9, que ha introducido cambios muy rápidos en los procesos económicos y sociales. Todas las Rías Baixas están bajo esa impronta, con Sanxenxo como referente alternativo de conflictividad urbanística. "Clasificar esos municipios como rurales marca una disociación con la realidad social y económica que viven y protagonizan. No reconocer el desfase implica que no le vamos a dar solución", afirma Fuentes.
En ese marco general ha incidido en las últimas décadas la especulación salvaje del suelo, que ha movido cantidades ingentes de dinero a la vista de todo el mundo, también de los propietarios del suelo, estimulados así a pedir siempre más, y, cómo no, para pagar la corrupción intachable que menudea, de manera comprobada, entre políticos, funcionarios, asesores y técnicos de la comarca.
El frecuente choque del interés general con los particulares ha levantado chispas y crispaciones como las que se citan, expresiones puntuales que son de una realidad más pesarosa y permanente: las ronchas de feísmo y caos en un territorio de natural bello y armonioso.
* ELPAIS.com - P. C. - Vigo - 12/07/2009
Foto: Val Miñor (Pontevedra) - flickr.com
Proyecto urbanístico del “Nou Mil.leni”, bajo la huerta está el negocio
REBELIÓN* : El urbanismo postmoderno llega a la localidad valenciana de Catarroja, en plena comarca de l’Horta, con el proyecto denominado “Nou Mil.leni”, que prevé la construcción de una ciudad nueva, de 13.446 habitantes, sobre la única zona de huerta que queda en el municipio. Con la ejecución de este proyecto urbanístico, ejemplo de ocupación del territorio en el País Valenciano durante los últimos años, Catarroja pasaría de los 28.000 habitantes con que cuenta actualmente, a cerca de 50.000. La polémica ha acompañado a este plan urbanístico desde su alumbramiento. Y no sólo por estar plagado de “irregularidades urbanísticas”, según denuncia el colectivo Salvem Catarroja, sino por la trayectoria de sus protagonistas: el alcalde de Catarroja, Francisco Chirivella, la constructora Llanera y el Instituto Valenciano de la Vivienda de la Generalitat valenciana (IVVSA).
El “Nou Mil.leni” es el proyecto con el que el municipio de Catarroja identificará a quien ha sido su alcalde durante una década, Francisco Chirivella, del Partido Popular. El primer edil ha llegado hasta el punto de convocar un pleno extraordinario, en el que se votaban dos recursos de particulares contra el “Nou Mil.leni”, a las ocho y media de la mañana; o hacer coincidir el mes de exposición pública para presentar alegaciones, con el periodo vacacional.
A pesar de estas casualidades, el hecho más grave, según las denuncias de Salvem Catarroja, es la utilización “arbitraria” de la policía local contra todo aquél que se oponga al alcalde. De hecho, una orden directa de Chirivella obligó a desmontar una falla que satirizaba su proyecto. El máximo responsable del Ayuntamiento, que ha utilizado las televisiones locales para denigrar a sus críticos, controla con mano de hierro esta institución. Un control que se pone de manifiesto con los listados de personas que la policía local tenía para “cachear” antes de la entrada a los plenos.
La otra pata del negocio es la empresa Llanera, que en octubre del año pasado reconocía ante el juez una deuda de más de 700 millones de euros. La compañía tenía en proyecto 24 urbanizaciones con campo de golf en el litoral mediterráneo, con un sistema bien definido: adquisición de grandes bolsas de suelo rústico –a precio muy barato- para una posterior reclasificación a “residencial”, con el visto bueno de los ayuntamientos y gobiernos autonómicos). El objetivo final, un modelo de vivienda turística asequible, pensada en buena medida para el mercado británico.
Llanera no era una empresa desconocida para el gran público. Sus campañas de marketing agresivo se reflejaban en el patrocinio (por sumas exorbitantes) del Valencia Club de Fútbol, el Charlton (equipo de la liga de fútbol inglés), la orquesta sinfónica de Xàtiva o los grandes anuncios “monoposte”. Funcionaba como una fábrica del “boom” inmobiliario (a finales de 2006, 736 trabajadores estaban empleados en Llanera sin que existiera en la compañía comité de empresa).
Según fuentes consultadas, el crecimiento de la empresa se acelera vertiginosamente a partir de 1995, cuando Eduardo Zaplana accede a la presidencia de la Generalitat valenciana. El declive de Llanera coincide, asimismo, con el ocaso del político de Cartagena. Las aspiraciones frustradas a la construcción del nuevo estadio de Mestalla, que finalmente Juan Bausita Soler, a la sazón presidente del Valencia; el presidente del Gobierno Valenciano, Francisco Camps; y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, adjudicaron a las Koplowitz y a Construcciones Bertolín, marcaron el final del imperio Llanera.
El Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) es una empresa pública de la Generalitat, que tiene como objetivo teórico “facilitar el acceso a una vivienda digna, de calidad y en un entorno habitable a los ciudadanos”. A pesar de esta declaración de principios, el que fuera consejero de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, impulsó en 2005 ocho “empresas mixtas” (en la que el IVVSA participa con empresas privadas) para fomentar, según la declaración de principios, la construcción de VPO. Uno de estos consorcios es IMPROVA, formado por el IVVSA y Llanera con el fin de desarrollar Nou Mil.leni.
La excusa es la vivienda social. Pero, en la práctica, el instituto público se aleja de su finalidad y se embarca en todo tipo de proyectos descabellados. Con el constructor alicantino Enrique Ortiz, el IVVSA forma otra “empresa mixta” para ejecutar el proyecto “Gran Manises”, que consiste en la reclasificación de 1,4 millones de metros cuadrados y la construcción de 9.400 viviendas. O se lanza a la aventura del Plan de la Vega de Cullera (conocido como el Maniatan), que prevé 33 torres de hasta 25 alturas y cinco mil nuevas viviendas.
Otras veces el IVVSA colabora con empresas públicas, como AUMSA (propiedad del Ayuntamiento de Valencia). Las dos entidades controlan el 55% de Cabanyal 2010 SA, encargada de ejecutar la “prolongación” de la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar.
Todas estas actuaciones han estado envueltas por una gran polémica. Además de la oposición de colectivos ciudadanos y movimientos sociales, la Comisión Europea impugnó el año pasado las “empresas mixtas” y pidió su disolución por no respetar las directivas en materia de contratación pública. Lo mismo hizo el Síndic de Comptes, al determinar que había quedado “sin contenido” el objeto social de las empresas.
Dos personajes –principal y subalterno- sobresalen en este panorama de desmanes urbanísticos. El consejero Rafael Blasco, que pasó del FRAP en tiempos de la dictadura franquista, a responsable de las políticas urbanísticas con el PSOE y, más tarde, con el PP; y su mano derecha, el ex gerente del IVVSA, José Fermín Doménech, premiado por su gestión al frente del instituto público con el cargo de director general de la Fundación de la Comunidad Valenciana para el Medio Ambiente, y después como responsable de la empresa municipal Nuevos Espacios de Torrent.
Un programa urbanístico bajo sospecha
En mayo de 2009 el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana suspendió de manera cautelar el programa “Nou Mil.leni”, al considerar que no se acreditaba la suficiencia de agua para las nuevas edificaciones. Un mes después, otro auto del (TSJ) confirmó la paralización, esta vez, por incompatibilidad entre ocupación de suelo prevista y criterios de sostenibilidad ambiental.
Pero los autos judiciales son sólo algunos de los elementos que hacen del “Nou Mil.leni” un programa urbanístico bajo sospecha. En diciembre del año pasado, el alcalde de Catarroja convocó -en día y hora que no invitaban demasiado a la participación- un pleno extraordinario en el que se aprobó un aumento de las cesiones por parte de los propietarios de terrenos a las empresas promotoras, Llanera y el IVVSA. Desde algunos sectores se ha interpretado esta medida como un intento de dar respiración asistida a una empresa como Llanera, actualmente en suspensión de pagos.
Si de algo no cabe duda es que este proyecto implica una ciudad nueva y un nuevo modelo urbanístico para Catarroja. Por esta razón resulta inexplicable la aprobación del “Nou Mil.leni” por parte del Ayuntamiento y la Consejeria de Medio Ambiente sin que antes se revisara el Plan General del municipio, como han denunciado Salvem Catarroja y la oposición municipal.
* L'Accent
* Rebelión - L'Accent - 7.07.09
Benalmádena: La Audiencia ratifica los ocho años de inhabilitación para Bolín por delito urbanístico
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SUR/Málaga* : Si, tal y como ha anunciado en varias ocasiones, Enrique Bolín tiene intención de volver a la política e incluso presentarse a las municipales de 2011, de momento va a tener que ir aparcando esta idea. La Audiencia Provincial de Málaga ha desestimado el recurso presentado por el ex alcalde de Benalmádena contra la condena de ocho años de inhabilitación como cargo público y una multa diaria de 20 euros durante un año por un delito contra la ordenación del territorio en la concesión de una licencia en una parcela de La Leala Norte en diciembre de 2004.
De esta forma, la sentencia dictada en noviembre de 2008 por el Juzgado de lo Penal número 7 de Málaga es firme, si bien Bolín ha vuelto a recurrir, esta vez ante el Tribunal Constitucional, alegando que se han vulnerado sus derechos.
El motivo de la denuncia contra el ex regidor independiente por parte de la Junta de Andalucía tiene su origen en la autorización de dos licencias de obras a una entidad mercantil para la construcción de 46 viviendas y aparcamientos en esta zona de Arroyo de la Miel. El proyecto contemplaba la creación de un edificio en una parcela anexa al colegio La Leala donde el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sólo permite viviendas unifamiliares. Todo ello, pese a los informes desfavorables del arquitecto y del aparejador municipales, que recogían la necesidad de aportar al expediente la modificación del PGOU para el aumento de la edificabilidad y el estudio de detalle para estar dentro de la legalidad.
Las obras, finalizadas
Sin embargo, no fue hasta febrero de 2006 cuando el Ejecutivo autonómico denunció los hechos ante la Fiscalía, después de haberlo puesto en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Para entonces, el edificio ya estaba construido.
Este periódico contactó ayer con Bolín -se encontraba fuera del país-, quien se limitó a reconocer la desestimación del recurso. Pese a ello, insiste en defender su inocencia.
Durante el juicio celebrado en octubre de 2008, el Ministerio Fiscal acusó al ex alcalde por un delito contra la ordenación del territorio al autorizar la licencia «a sabiendas de la ilegalidad, transmitida por los técnicos, e incumpliendo la normativa urbanística». Además, recalcó que la modificación de elementos necesaria se hizo tras conceder la licencia, descartando «la buena fe» del acusado. Por su parte, la defensa ha mantenido que la operación fue «amparada por el Pleno y los informes técnicos», por lo que aseguraron que, en todo caso, pudo haber «un desfase procedimental administrativo», pero no un delito.
* SUR - 11.07.09 -
FRANCISCO JIMÉNEZ
Foto: Benalmádena Costa, may07 - J.Rojas (El País)
Callosa: El TSJ anula la adjudicación de un PAI para construir 2.000 viviendas y un campo de golf
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INFORMACIÓN/Alicante* : El Tribunal de Justicia de la C.Valenciana ha anulado el acuerdo plenario del 24 de enero de 2006, en el cual se adjudicaba a la empresa "Miragolf" el PAI Anibits-Margequivir, que contempla la urbanización de dos millones de metros cuadrados en el linde con el término municipal de Altea, en la Sierra de Bernia. El fallo del TSJ considera que el PAI fue adjudicado antes de estar aprobado el Plan General de Ordenación Urbana, instrumento en el que debe basarse el desarrollo urbanístico.
La demanda fue interpuesta por Juan Bautista Sellés contra el acuerdo del pleno al considerar que el Ayuntamiento incurrió en una irregularidad ya que, considera, "no se puede condicionar el acuerdo para adjudicar el PAI, a la futura aprobación del PGOU", así como que con este acuerdo plenario se pretendía "huir de la aplicación de la Ley Urbanística Valenciana", normativa que fue aprobada a los pocos días de la adjudicación, según indica la sentencia.
Por su parte, el alcalde del municipio, Bautista Saval, señaló que está preparando una propuesta para el pleno municipal sobre la aceptación de la sentencia que anuló el acuerdo plenario, y una vez hecho este trámite volverá a pasar por el pleno la aprobación y adjudicación del citado plan urbanístico.
Este PAI es el más importante de los que se contemplan en el PGOU de Callosa, ya que prevé la urbanización de dos millones de metros cuadrados de suelo en la zona de la Sierra de Bernia, en la partida de Margequivir, con una inversión superior a los mil millones de euros. Esta inversión obedece a que el plan urbanístico contempla la construcción de un campo de golf de 18 hoyos, un hotel de gran lujo y unas dos mil viviendas, según precisó el primer edil.
Saval destacó que el plan urbanístico cuenta con todos los informes favorables y está a la expensa únicamente de que el pleno proceda a su aprobación y vuelva a adjudicarlo.
* Información - V. ZARAGOZA - 10.07.09
Foto: Callosa d'En Sarrià (Alicante), ayuntamiento - turiscam.gva.es
Los 31 alcaldes de La Axarquía exigen cambiar la ley urbanística
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ELPAÍS/Málaga* : La solución a las más de 10.000 viviendas construidas en suelo no urbanizable en La Axarquía puede resultar tan sencilla como cambiar la ley. Es decir, en lugar de sancionar o modificar lo que es ilegal, variar la norma para que deje de serlo. Así lo piensan los 31 alcaldes de la comarca, sin distinción de color político, que el pasado miércoles aprobaron por unanimidad una moción en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental en la que se insta a la Junta a la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
Los alcaldes quieren un reglamento que contemple la particularidad de la zona y permita en ciertos casos viviendas diseminadas en el suelo no urbanizable y modificar también el Plan de Ordenación del Territorio.
Es la misma batalla que los alcaldes de la zona ya plantearon durante la elaboración de la LOUA, que entró en vigor en enero de 2003. Los alcaldes justifican su petición ahora en dar "garantía jurídica a los ciudadanos propietarios de las viviendas ahora fuera de ordenación y para establecer un marco jurídico unitario de aplicación por parte de los responsables municipales".
Y es que los alcaldes axárquicos se quejan de que ha habido un marco normativo "disperso y cambiante", que reprochan a la Junta, y que ha obstaculizado la planificación urbanística del los municipios, cuando no ha habido directrices contradictorias.
El portavoz del PSOE en la Mancomunidad, Francisco Muñoz, explica que con la propuesta "no se trata de querer eludir ninguna responsabilidad", sino de paliar una situación de "desconcierto social" por la incertidumbre de muchos ciudadanos sobre el futuro de sus viviendas y la parálisis total de la actividad de la construcción en la comarca. Para propiciar el reimpulso, la mancomunidad ha instado a instituciones públicas y agentes sociales a firmar un pacto social por el urbanismo en la Axarquía.Los alcaldes de La Axarquía buscan casi a la desesperada soluciones al embrollo jurídico por la proliferación de viviendas en el suelo rústico no urbanizable. Una de sus pretensiones es que la cuestión de la legalidad de las licencias de obras para este tipo de construcciones se sustancien exclusivamente en el ámbito de lo contencioso-administrativo, y no en la vía penal, es decir, que se anulen en todo caso las licencias pero que no se consideren una prevaricación, como tipifica el Código Penal.
Al menos 19 munícipes de la comarca están implicados en procedimientos penales por concesión de permisos para construir en suelo no urbanizable o por no haber actuado para impedirlo. Otra cosa son los casos de corrupción en los que un responsable municipal haya podido incurrir en cohecho. En el escrito que los alcaldes del PSOE entregaron hace dos meses al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, con esta petición de no aplicar la acción penal se excluía explícitamente el caso de Alcaucín, donde la Guardia Civil ha destapado una trama de cobro de comisiones y favores urbanísticos presuntamente tejida por José Manuel Martín Alba, que dimitió como alcalde tras ser detenido el 27 de febrero y fue expulsado del PSOE.
En el acuerdo adoptado por la Mancomunidad de la Costa del Sol Oriental se propone la creación de una mesa de diálogo entre ayuntamientos, Junta y Diputación para "buscar soluciones factibles y aplicables con el objeto de solucionar esta situación de desajuste urbanístico, normativo y legal". Lo curioso del asunto es que esta mesa ya se creó en junio de 2008, justamente pocos días después de que los alcaldes firmaran otro acuerdo rechazando la actuación penal y pidiendo el mismo diálogo.
El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, se ha reunido dos veces con los alcaldes, en junio y noviembre de 2008 para abordar el asunto y en ambas dejó claro que no habrá una legalización masiva ni una amnistía. La Junta ha ofrecido a los ayuntamientos un plan de inspección y normalización para identificar caso a caso cada una de las viviendas en suelo no urbanizable y su situación jurídica y urbanística; y abordar las que sean posibles de normalizar y en qué condiciones dentro de los planes de ordenación urbanística que se han de elaborar -ningún municipio del interior tiene plan general-. En principio sólo quedarían fuera de ordenación las que ocupen suelo especialmente protegido. Apenas una decena de municipios ha pedido pedido acogerse a este plan.
Acuerdo unánime
- "Para garantía jurídica de los ciudadanos propietarios de las viviendas ahora fuera de ordenación y para establecer un marco jurídico unitario de aplicación por parte de los responsables municipales, solicitamos a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio la adopción de las medidas oportunas que permitan la modificación de la LOUA y su correspondiente desarrollo reglamentario tal y como prevé la propia norma andaluza aprobada hace siete años. Así como acometer las modificaciones pertinentes que se establezcan en la mesa de trabajo propuesta del Plan de Ordenación Territorial de La Axarquía".
* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 11/07/2009
Foto: Axarquía (Málaga), diseminados - laopiniondemalaga.es
El Consell impulsó el PAI de Ulibarri en Xilxes con 4 informes en contra
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LEVANTE/Castelló* : La Generalitat Valenciana impulsó la aprobación condicionada del PAI Xilxes Golf, promovido por un empresario imputado en la trama Gürtel junto al presidente del Consell, Francisco Camps, a pesar de que existían 4 informes desfavorables de distintas Administraciones y decenas de objeciones motivadas por el impacto ambiental y patrimonial del proyecto, según los expedientes de la Conselleria de Medio Ambiente.
Xilxes Golf emergió como una inversión millonaria presentada al Consell por la firma UFC que preside de José Luis Ulibarri, hombre de negocios imputado por el juez Garzón en la presunta trama de corrupción que implica a varios empresarios y altos cargos del PP entre los que sobresalen el presidente Camps, el diputado Ricardo Costa y el ex vicepresidente del Consell y antigua mano derecha de Carlos Fabra, Víctor Campos.
Los trámites para proponer la aprobación definitiva "condicionada" de este PAI de 1,8 millones de m2 en zona de marjal habían sido aprobados por el ayuntamiento en 2005 y fueron respaldados en mayo de 2008 por la Comisión Territorial de Urbanismo, que ofreció un apoyo a medida con decenas de requisitos previos y escenificó incluso una discrepancia con el vocal del Ministerio de Medio Ambiente.
El organismo de la Generalitat utilizó la mayoría del PP para dar luz verde al proyecto con más de 30 condiciones pese a la existencia de informes negativos del Servicio de Carreteras de la Diputación de Castelló, la Oficina del Plan de Carreteras de la Conselleria de Infraestructuras , la Unidad de Carreteras del Ministerio de Fomento y la Confederación Hidrográfica del Júcar. En este último caso, el organismo de Cuenca rechazaba el proyecto urbanístico porque no quedaban garantizados los recursos hídricos que exige la legislación ambiental. Las cuatro resoluciones mencionadas se completan con un informe de la Dirección del Paisaje que advierte sobre "un impacto visual y paisajístico sobre el ámbito de la marjal" y "un efecto barrera", la presión urbanística sobre el humedal y las conexiones del ecosistema con el municipio.
Condicionantes a medida
Las trabas técnicas y ambientales al proyecto eran tales que el Consell tuvo que imponer un listado de 18 condicionantes ambientales para salvar el trámite preceptivo de la Declaración de Impacto Ambiental, aprobada por la conselleria el 20 de mayo de 2008.
Sólo 4 días antes, la Diputación de Castelló que lidera Carlos Fabra había facilitado la tramitación del PAI al rectificar el informe desfavorable de los técnicos alegando la falta de competencias para informar sobre el proyecto "dado que ya no afecta a ninguna propiedad o derecho de esta diputación".
A fecha de hoy, el PAI Xilxes Golf no se ha materializado y duerme sumido en un limbo marcado por el escándalo de la trama Gürtel y un procedimiento judicial que ha tocado el corazón del PP.
* Levante-EMV - NACHO MARTÍN - 10.07.09
Foto: Xilxes (Castellón), playa - mma.es
