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ELPAÍS/Castellón* : La intención de la Generalitat valenciana de seguir con el desarrollo de la macrourbanización prevista en el entorno de Mundo Ilusión, el parque temático que se iba a construir en Castellón y que ahora se ha descartado, choca con el espíritu de las bases del planeamiento previsto.
Aunque el vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, dijo el jueves que la macrourbanización "no tiene nada que ver con Mundo Ilusión", lo cierto es que la Generalitat, la Diputación de Castellón y los ayuntamientos de Oropesa y Cabanes firmaron un convenio en el que sentaban las normas para la urbanización del entorno del parque en las que se exigía que el promotor del área cediera los 800.000 metros necesarios para levantar Mundo Ilusión. De esta manera se evitaban, de salida, los problemas con la expropiación del suelo surgidos en Terra Mítica.
Ayer, el consejo de administración de Mundo Ilusión dio carpetazo a esta sociedad, encargada de impulsar el parque, y aprobó su desactivación con una decisión "que se ha tomado en coherencia con la coyuntura económica existente y permitirá que la sociedad pública no incurra en gastos". El miércoles, el vicepresidente del Consell y presidente de la sociedad pública, Vicente Rambla, aseguró que el proyecto no era viable. En el comunicado difundido ayer tras la reunión, la Administración sostiene que la decisión adoptada "reafirma la viabilidad del proyecto con la confianza de que en un futuro sea una realidad", pero ninguno de los integrantes del consejo quiso aclarar esta afirmación. Además, el escrito sostiene que Mundo Ilusión "es un proyecto estratégico para la provincia de Castellón que quiere contar con la iniciativa privada". El caso es que, desde que se presentó el proyecto, el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, intentó que la administración autonómica lo financiara. Y cuando el Gobierno valenciano abrió la puerta a la inversión privada, nadie acudió a la llamada. El comunicado esgrime además que "el consejo de administración ha acordado solicitar que se tomen las medidas necesarias que permitan la ejecución del proyecto de ocio Mundo Ilusión", aunque no precisó qué medidas ni a quién las van a solicitar.
Aún así, la decisión del consejo de administración fue interpretada de otra manera por el alcalde de Cabanes, Artemio Ciurana, que, al finalizar, dijo que "todo sigue adelante".
Cuando en 1999 el presidente de la Diputación, Carlos Fabra, presentó su proyecto, éste se limitaba al propio parque y a un campo de golf. De hecho, en 2003, el Consell emitió un decreto por el que suspendió la concesión de licencias en varios millones de metros cuadrados "con el fin de preservar la viabilidad" de la nueva ordenación urbanística justificada, en todo momento, por la construcción del parque. Fue después cuando varios promotores se interesaron por el desarrollo del entorno hasta librar una batalla empresarial que finalizó con el grupo Marina d'Or como adjudicatario de un programa para urbanizar más de 18 millones de metros cuadrados, con el parque temático como núcleo de la propuesta.
Sin embargo, al margen de la obligación de ceder los terrenos, Marina d'Or siempre trató su propuesta al margen del parque, pese a que su programa se sostuvo, públicamente, por la necesidad de "vestir" el entorno de las instalaciones dedicadas a la magia y el circo.
En cualquier caso, el Gobierno valenciano tiene en su mano la aprobación definitiva de la mayor urbanización de la Comunidad Valenciana, aun habiendo desmontado el proyecto que sirvió de argumento para defender la magnitud de la misma.
* ELPAIS.com - MARÍA FABRA - Castellón - 03/04/2009
Foto: Oropesa (Castellón), zona proyecto Mundo Ilusión - lasprovincias.es
La reserva de Mundo Ilusión fue un requisito para la macrourbanización
Vigo: El Supremo rechaza el último intento del Concello para no demoler 180 viviendas
FARODEVIGO* : El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación presentado por el Concello, por lo que confirma la orden de ejecución de la sentencia de demolición del inmueble dictada hace ya diez años por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TXG) y que afecta a un total de 180 viviendas en el llamado Peri “Jacinto Benavente” situadas en las calles Coruña 76-78 y Chano Piñeiro 1,3,5,7 y 9.
Además, el alto tribunal condena al Concello a abonar las costas del citado recurso.
Con este recurso de casación, el gobierno local pretendía impugnar el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dictado en noviembre de 2006 por el que fue desestimado el recursos de súplica formulado por el propio Concello contra un auto anterior de la misma Sala de marzo de ese mismo año, dictado por inejecución de la sentencia de demolición en febrero de 1999.
Los servicios jurídicos del Concello esgrimieron tres motivos de impugnación. El primero se fundamentaba en que la sentencia era meramente declarativa y que era necesaria la tramitación de un procedimiento administrativo para restaurar la legalidad urbanística infringida.
Alegaban también la vulneración del principio de proporcionalidad así como la existencia de abuso del derecho en el ejercicio de la acción pública y la infracción en la indefensión producida a terceros afectados así como del principio de protección registral.
En su argumentación, la Sala del Supremo señala que “la demolición ordenada por el TSXG es la consecuencia impuesta legalmente en el caso de anulación de una licencia concedida con infracción de la normativa urbanística, aunque el derribo sea una medida gravosa y suponga en sí misma costes elevados”.
“Atentado a la Constitución”
En otro de los razonamientos se hace referencia a la “imperiosa obligación de cumplir las resoluciones judiciales y colaborar en la ejecución de lo resuelto, que establece la Constitución... La negativa expresa o implícita a cumplir una resolución judicial constituye un atentado a la Constitución frente al que no caben excusas”.
Desde hace tres años se suceden los Autos del TSXG ordenando la ejecución de la sentencia de demolición, siendo recurrido en distintas instancias cada uno de ellos.
* Faro de Vigo - JAVIER MOSQUERA - 4.04.09
Foto: Vista parcial de uno de los edificios amenazados de derribo por un nuevo fallo del Tribunal Supremo. Ricardo Grobas, farodevigo.es
Málaga reta a la Junta y aprueba 664 casas junto a la última playa virgen
ELPAÍS* : El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha hecho del proyecto urbanístico de Arraijanal, la última parcela con linde a la playa que permanece sin urbanizar en el término municipal, todo un reto, frente a los empeños de la Junta y del Ministerio de Medio Ambiente de preservarlo.
La Junta de Gobierno Local aprobó ayer inicialmente el plan de sectorización de Arraijanal, que contempla 664 viviendas, hoteles, comercios y equipamientos públicos. El equipo de gobierno insistió en que más de la mitad del suelo, 255.000 metros cuadrados, quedará libre, incluida la franja de 80.000 metros cuya expropiación tramita el Gobierno.
Este paso se produjo sólo un día después de que la comisión redactora aprobara el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (Potaum) que preserva Arraijanal como parque marítimo-terrestre, que De la Torre votó en contra.El Ayuntamiento de Málaga aprobó el pasado 21 de enero el convenio urbanístico con la promotora Vallehermoso, titular de los derechos urbanísticos de Arraijanal, cuando ya conocía el informe de impacto ambiental al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que declara inviable urbanizar la zona.
En el convenio, la promotora se comprometió a abonar una compensación de 28 millones de euros. Ayer, el equipo de Gobierno desveló que este pago será en especies, con una serie de obras de infraestructura en la zona que en realidad redundan en su propio beneficio, pues consisten en una mejora de los accesos a Arraijanal, desde la A-7 y su conexión con la carretera de Churriana y con la zona comercial y de ocio Bahía de Málaga.
Todo apunta a que el futuro de Arraijanal está abocado a un litigio en los tribunales de justicia. Los intentos de la Junta y del Gobierno por preservar la parcela, de 543.074 metros cuadrados (54 hectáreas), no tienen de momento eficacia jurídica. El Ministerio de Medio Ambiente tiene en trámite la expropiación de la franja de 80.000 metros cuadrados inmediata a la línea de protección.
El Potaum protegerá una línea de 500 metros desde le orilla, pero aún no está aprobado definitivamente, y el informe de impacto ambiental al nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) declara inviable su urbanización, pero aún está en tramitación.
Así que en este momento, el suelo tiene la calificación de urbanizable, aunque no sectorizado, de ahí la tramitación del plan aprobado ayer. En ello se escuda el equipo de Gobierno, que esgrime que el PSOE y la Junta aprobaron los planes anteriores. A este respecto, el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, dijo el jueves que "la singularidad del lugar y la carencia de otros espacios similares justifica sobradamente" que se preserve para uso público, "independientemente de que antes hubiera otros usos previstos, lo que hace 10 o 15 años valía, ahora a lo mejor ya no".
Entre las bonanzas del plan de urbanización esgrimidas por el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, se incluye incluso un supuesto ahorro para las arcas del Estado, pues asegura que la promotora se compromete a dejar libre la franja de 83.000 metros cuadrados que Medio Ambiente tramita expropiar. Además, dijo que Vallehermoso cederá otros 64.000 metros cuadrados para trasladar los hoyos del campo de golf del Parador colindante que ahora ocupan zona de servidumbre.
Díaz insistió en defender la autonomía municipal para ordenar este espacio, mientras que el portavoz del PSOE, Rafael Fuentes, lamentó que el alcalde "está instalado e en la política de la confrontación institucional".
Arraijanal
- Arraijanal ocupa 543.074 metros cuadrados de suelo calificado ahora de urbanizable junto a la playa de Guadalmar.
El PGOU en tramitación cataloga el suelo de urbanizable, pero el informe de impacto ambiental considera inviable urbanizar
El Potaum en tramitación preserva 500 metros lineales desde la orilla.
El plan de sectorización prevé 162.922 metros cuadrados de techo edificable, un máximo de 664 casas, el 30% de VPO.
Quedan libres 83.000 metros cuadrados junto a la playa, 110.000 de zonas verdes y 64.000 cedidos al campo de golf colindante.
* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 04/04/2009
Foto: Málaga, arraijanal - diariosur.es
El TSJ anula el PAI de Llíria que proyecta un complejo turístico
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LEVANTE/Valencia* : El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana ha declarado nulo el acuerdo del Ayuntamiento de Llíria de adjudicación de un Programa de Actuación Integrada (PAI) donde iba a construirse un complejo turístico con campo de golf, centro comercial, hotel y más de 2.000 viviendas.
Según fuentes del Centro de Acuicultura Experimental (CAE), entidad que junto a la Agrupación de Interés Urbanístico Tos Pelat presentó el recurso contra el acuerdo municipal de 19 de enero de 2006, la sentencia supone un "claro frenazo a la intención del Ayuntamiento de iniciar urgentemente las obras".
La sentencia de la sección segunda de la sala de lo Contencioso Administrativo estima el recurso al considerar que la adjudicación del PAI "no estaba debidamente clasificada para contratar con la Administración".
El fallo señala que la clasificación del suelo afectado por el PAI fue modificada en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), a pesar de que desde 1985 tenía la máxima calificación de protección posible, la de suelo no urbanizable especialmente protegido, y que en la zona objeto del PAI existe una empresa pirotécnica.
Según la CAE, a esta zona de 760.000 metros cuadrados, hay que añadir otra de 1,5 millones de metros cuadrados de suelo de protección forestal con un "gran valor paisajístico", ya que se trata de una zona boscosa en estado virgen y que alberga especies en peligro de extinción.
Según el fallo, el ayuntamiento se opuso a la demanda alegando que había sido entablada "por un conjunto de propietarios de viviendas ilegales construidas al margen del planeamiento, que han pretendido la clasificación de su suelo como urbano".
Además, señalaba que en el estudio de impacto ambiental constaba que no existía riesgo de inundación en el sector, que la existencia de una pirotecnia no afectaba porque estaba "fuera del ámbito de influencia" y que la clasificación como suelo urbanizable de esta zona "no vulnera la legislación sobre suelo no urbanizable".
La mercantil Sector Residencia La Malmona S.L.U., promotora del proyecto, pidió que no fuera admitido el recurso al considerar que no se habían producido las infracciones que denuncian los recurrente.
También alegaba que la reclasificación del suelo no se producía por el PAI, sino por el PGOU, y porque se cumplía la distancia necesaria entre la pirotecnia y la actuación programada.
* Levante-EMV - 3.04.09
Foto: Llíria (Valencia), ayuntamiento - montserrat.es
Ecologistas en Acción se opondrá hoy en Sevilla a la aprobación del PGOU de Jerez
DIARIODEJEREZ* : El PGOU de Jerez se expone hoy en la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía (Cotua) para su aprobación definitiva y, aunque Urbanismo espera el informe favorable para que pueda entrar en vigor, Ecologistas en Acción anunció ayer que votará en contra de un documento que "promociona un modelo de ciudad ecológica, social y económicamente insostenible, basado en la construcción desmesurada de viviendas y la recalificación de grandes bolsas de suelo".
En este sentido, la organización aseguró que "el nuevo PGOU de Jerez tiene cinco señas de identidad muy claras: la construcción de un brutal parque de viviendas, próximo a las 35.000 nuevas casas; la recalificación de grandes bolsas de suelo urbanizable en la periferia con la consecuente destrucción de suelos de alto valor agronómico; la concentración de las actividades económicas en el extrarradio y el abandono del centro histórico; la regularización masiva de todas las viviendas ilegales construidas sobre vías pecuarias; y la urbanización de la fachada del Guadalete". "Todo lo demás es marketing verde y mucho humo", criticaron. Al tiempo, comentaron que "el PGOU abusa de la receta clásica ya fracasada: construcción desmesurada de viviendas y recalificación masiva de suelos en la periferia, obviando los objetivos de lucha contra las desigualdades sociales, incremento de la cohesión social, regeneración ecológica de la ciudad y lucha frente al cambio climático".
"Es incomprensible que en medio de la crisis financiera-inmobiliaria, provocada por la especulación urbanística y la construcción desaforada de viviendas, el nuevo PGOU siga apostando por la construcción de más y más inmuebles", censuraron, antes de proponer que se replantee el documento de planificación urbanística. "Entendemos -abundaron los ecologistas- que es necesario empezar a repensar el modelo de crecimiento urbano y hacer ciudad, primando la renovación, la rehabilitación, la reutilización y la gestión de la ciudad ya construida sobre los nuevos crecimientos". A todo esto, insistieron desde el colectivo conservacionista, es "preciso rescatar y regenerar los barrios como centros de la vida cotidiana, incorporando la perspectiva ecológica, la eficiencia energética y la plena participación ciudadana". Del mismo modo, "es necesario favorecer la mezcla de rentas, culturas, y segmentos de población en los barrios, rehusando crear espacios para rentas exclusivas y manteniendo los espacios de las rentas excluidas", apostillaron.
Por todo ello, ultimaron, desde Ecologistas en Acción afirmaron que el documento se debe reelaborar bajo premisas como, entre otras, el desarrollo de un auténtico proceso de participación social en donde las opiniones de los ciudadanos puedan influir en la toma de decisiones; la desclasificación de todas las propuestas de suelo urbanizable no sectorizado; la clasificación de los suelos para actividades económicas con la obligatoriedad de incluir actividades ligadas a la economía ecológica; y la reducción del consumo de recursos materiales, agua y energía, así como la generación de residuos, e implantar una edificación bioclimática como alternativa a la arquitectura actual".
* Diario de Jerez - R. D. / Jerez - 3.04.09
Foto: Jerez, antiguo Ayuntamiento - wikanda.cadizpedia.eu
Vercher cree que es "insensato" basar la economía española en la construcción
SOITU* : El fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, ha denunciado en Salamanca "la insensatez" de basar una parte de la economía española en la construcción. Así se ha manifestado en declaraciones a EFE con motivo de su participación, ayer por la tarde, en el Congreso de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, donde participó en la mesa redonda sobre 'La previsión de nuevos tipos penales relacionados con la corrupción'. Antonio Vercher ha sido crítico con la importancia que se ha dado a la construcción en la economía y ha asegurado que "es insensato basar el Producto Interior Bruto (PIB) en la construcción".
Es más, para el fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo "no tiene lógica" la fuerza de ese sector y mantiene, como metáfora, que lo importante es "que hay que repartir los huevos en distintas cestas".
Vercher ha llegado a estas conclusiones al analizar el informe aprobado en el Parlamento Europeo, elaborado por la militante en los Verdes de Dinamarca, Margrete Auken, que es devastador respecto al urbanismo en España, incluso se pide la congelación de fondos estructurales y de cohesión por el urbanismo "salvaje".
Antonio Vercher asegura que, aunque no es vinculante, tiene un contenido "basado en una investigación profunda y de enorme interés", frente a las opiniones de los dos principales partidos políticos españoles, que critican ese informe al asegurar que era "una aberración legal" y que se buscaba una "imposición indiscriminatoria de una moratoria".
El fiscal español asegura que el informe Auken "hay que tenerlo en cuenta" ya que "es un aporte intelectual de enorme importancia".
Mantiene que el urbanismo español ha llegado a esas conclusiones porque se "sigue pensando en un esquema económico erróneo", por lo que insiste en la importancia del informa Auken, que aplaude las gestiones realizadas en esta materia por los Defensores del Pueblo regionales y las fiscalías.
Respecto a las posibles consecuencias que puede tener para España ese informe, Vercher asegura que "hay procedimientos abiertos por parte de la Comisión", lo que implica que la perspectiva del Parlamento Europeo es "más amplia y previsiblemente el Tribunal intervendrá, por lo que el tema no quedará ahí".
El fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo se siente satisfecho con el resultado de esta Fiscalía, no sólo por el aumento en el número de investigaciones que se inician sino por el resultado, esto es, por un "incremento considerable de condena".
En su opinión, "no tiene sentido investigar sin un resultado palpable como puede ser una sentencia condenatoria", por lo que la Fiscalía ya se "da con un canto en los dientes".
Por otro lado, Antonio Vercher también se mostró satisfecho con la incorporación que se ha hecho en el Anteproyecto de Borrador del Código Penal respecto a la publicidad de las empresas condenadas por delitos medioambientales, tal y como propuso su Fiscalía en la Memoria del año 2007.
Así, ha asegurado que con ello se pretende que las empresas "espabilen", ya que si es condenada por un delito contra el Medio Ambiente y su nombre se publicita, "el ciudadano estará en condiciones de seguir siendo cliente de esa empresa, o, por el contrario, la abandona".
Antonio Vercher también hizo hincapié en que en los últimos años, desde que la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo está en funcionamiento, "ya se están tirando viviendas ilegales" y citó como ejemplo las demoliciones que se han hecho, en vía penal, en Almería, Sevilla, Córdoba o Asturias.
El fiscal de Medio Ambiente no pasó por alto el aumento de imputados por incendios forestales y aseguró que se está haciendo un "gran trabajo" para evitar estos fuegos.
Así, se refirió a las investigaciones que se han iniciado en los últimos años contra los vertederos ilegales cercanos a masas forestales, al control de barbacoas o la limpieza de las zonas de líneas de alta tensión y de forma metafórica dijo que "cuanto más azúcar, más dulce", insistiendo en que "cuanto más trabajo, mejores resultados contra los incendios forestales".
* SOITU - EFE - 2.04.09
La Fiscalía denuncia al alcalde de Atarfe y al arquitecto municipal
EUROPAPRESS/Granada* : La Fiscalía ha denunciado al alcalde de Atarfe (Granada), el socialista Víctor Sánchez, y al arquitecto municipal por la posible comisión de un delito de prevaricación en la redacción de un estudio detalle que modificó la edificabilidad y la densidad de unos terrenos que adquirieron cinco empresas en el denominado Paraje del Acequión.
La modificación del planeamiento supuso que se pasara de un techo edificable de 24.487 metros cuadrados con un límite máximo de 152 viviendas a un techo edificable de 43.483 metros cuadrados sin límite máximo de viviendas, "de forma absolutamente injustificada y groseramente ilegal", lo que, según el fiscal, "no sólo contradice lo dispuesto en el plan parcial y las propias normas subsidiarias, sino la propia Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA)".
En el decreto, facilitado a Europa Press, el Ministerio Público considera que la situación de origen de los terrenos, comprendidos en el subsector SR3, podría haber sido "ilícitamente alterada" en beneficio de los particulares relacionados con el proceso de urbanización y promoción "en una infracción flagrante de los parámetros urbanísticos aplicables y un futurible detrimento de los servicios de colectividad, que quedarían por debajo de los estándares legales".
En ese sentido, señala que la posible ilegalidad con relevancia penal viene determinada por la utilización del estudio detalle como un "instrumento de planeamiento inidóneo" que permitiría "sortear" los controles fijados por el ordenamiento urbanístico y un "irregular" proceso de modificación del cómputo de la edificabilidad "sin más finalidad posible que el favorecimiento de las promotoras beneficiadas en detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos".
Los hechos se remontan a 2005, cuando el Ayuntamiento suscribió con dos de las promotoras beneficiarias de los terrenos --que eran propiedad de una fundación benéfica-- sendos convenios que modificaban el plan parcial aprobado en 2001, que establecía una superficie total del subsector de 34.990 metros cuadrados, un coeficiente de edificabilidad del 0,70 y una densidad de viviendas de 43,44 por hectárea.
Estos convenios, por sí mismos, en nada afectaban a la ordenación urbanística vigente, sino que posteriormente fue la figura elegida para la innovación del planeamiento por el alcalde y el arquitecto, el estudio detalle, la que tuvo el único objetivo de la "omisión de todas las garantías y controles externos de legalidad que podían llegar a frustrar los acuerdos alcanzados con los promotores", llegando incluso para ello a la "privatización de los viales", incluyéndolos en la superficie sobre la que se calcula el cómputo de edificabilidad.
DÉFICIT EN EQUIPAMIENTOS
Así, el fiscal considera además que el aumento de la edificabilidad ha podido conllevar una futurible disminución de las dotaciones y equipamientos públicos, el incremento de 18.996 metros cuadrados supone un déficit equipamental de 2.795, a razón de 515 de espacios libres y 2.180 de equipamiento.
"El aumento de aprovechamiento urbanístico mediante estudio detalle defrauda todas las garantías aplicables, realizando un cambio tan trascendente y lucrativo económicamente para la inmobiliaria y la promotora beneficiarias de forma manifiestamente ilícita con la sola intervención del pleno municipal, guiado por la decisión adoptada por el alcalde firmante de los convenios y autor de la resolución y la cobertura --burda por otra parte-- dada por el arquitecto municipal", señala el Ministerio Público, que considera que, por tanto, "podemos estar ante la resolución arbitraria típica de la prevaricación".
Para el fiscal es "tal el absoluto desprecio" por la ordenación aplicable, que los hechos investigados revelan por parte del arquitecto y alcalde implicados "que ni siquiera tienen reparo en incluir en el estudio detalle suelos que pertenecen a otros sectores no desarrollados mediante plan parcial y que, por tanto, no pueden ser urbanizados".
Asimismo, no sólo advierte de que la ordenación urbanística haya sido alterada ilícitamente, sino que ésta se trata de una "clara manifestación de urbanismo descontrolado y privatizado", en perjuicio además de la calidad de vida de los ciudadanos, al reducir los equipamientos previstos en la zona.
VALORACIÓN POLÍTICA DEL PP
La denuncia que motivó la investigación de la Fiscalía fue presentada el pasado 21 de mayo de 2008 por el portavoz del PP en el municipio, José Manuel Aranda, que pidió hoy en rueda de prensa la dimisión del primer edil, que ha sido denunciado en varias ocasiones por diferentes asuntos por el Ministerio Público.
Por su parte el diputado provincial del PP Antonio Granados volvió a aludir a las "cacicadas permanentes" del alcalde de Atarfe y dijo no entender cómo el secretario general de los socialistas granadinos, Francisco Álvarez de la Chica, cuando lo que sucede en el municipio "es lo mismo que sucedió en Marbella cuando comenzó la Operación Malaya". "Las diferencias entre Marbella y Atarfe es que Marbella tiene mar y Atarfe tenía Vega", dijo.
Asimismo, como el fiscal ordena en el decreto que se le dé conocimiento del contenido del mismo a la Inspección Urbanística de la Consejería de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Granados confió en que la Administración Pública "se entere de una vez de las barbaridades que se cometen en Atarfe".
"Llevo esperando tres años y medio a que Álvarez de la Chica se quite la venda de los ojos y se lave la cara por higiene democrática y vea lo que está sucediendo en la provincia", señaló Granados, que pidió al PSOE el cese de Sánchez o que le pida que dimita.
* Europa Press - 3.04.09
Foto: Atarfe - ideal.es
El Gobierno rectifica y recurre ante el Supremo el complejo Gemelos de Benidorm
DIARIO CRÍTICO/Alicante* : El Gobierno ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra las dos torres de más de 20 alturas del complejo Gemelos de Benidorm. Pese a que este martes la intención del Ejecutivo era la de desistir en el proceso contra la edificación, este miércoles se confirmó un nuevo recurso.
El Gobierno ya recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat la edificación al considerar que está situada en las zonas de servidumbre que establece la Ley de Costas. Sin embargo aquel recurso fue rechazado.
Ahora, la ministra de Medio Ambiente y medio Rural y Marino, Elena Espinosa, explicó que el Gobierno ha interpuesto un recurso de casación con el fin de lograr la expropiación del complejo, con 22 alturas por edificio.
"El Gobierno mantiene que no se puede edificar" en primera línea de la costa en Benidorm, si bien ha hecho hincapié en que hab´ra que esperar a la decisión del Supremo.
Gemelos 28
Gemelos 28 sustituye a un edificio, construido en los años 70 y derribado por Ballester Inmobiliaria en 2006, "sólo cuando la promotora obtuvo todas las licencias pertinentes para levantar su nueva promoción". Tras "más de 20 años por los tribunales", que ahora se completa con la ratificación de la legalidad de las dos nuevas sentencias, Ballester Inmobiliaria inició las obras de Gemelos 28.
Sin embargo, la decisión del Consejo de Ministros de declarar de utilidad pública la parcela donde se ubica Gemelos 28, tomada el 15 de junio de 2007, cuando las obras ya estaban en marcha, echaba por tierra la labor de todos los Tribunales de Justicia.
Además, la empresa no fue informada de esta decisión hasta un mes después, el 12 de julio de 2007. Por este motivo, Ballester Inmobiliaria ha continuado su ritmo habitual de trabajo en la zona, manteniendo así los compromisos adquiridos con proveedores, subcontratas y propietarios.
La decisión del Consejo de Ministros de declarar de utilidad pública la parcela donde se ubica Gemelos 28 se tomó el 15 de junio de 2007, cuando las obras del nuevo edificio ya se habían iniciado. Se informó a la empresa un mes después, el 12 de julio de 2007, y desde entonces no se ha recibido ningún documento que obligue a la paralización de las obras.
* Diario Crítico - 1.04.09
Foto: Las dos torres en construcción en Benidorm- ROSA FUSTER, elpais.com
La familia del alcalde de La Nucia urbanizó 44.000 metros cuadrados
ELPAÍS/Alicante* : La familia del alcalde de La Nucia, el popular Bernabé Cano, tiene experiencia en la gestión de proyectos urbanísticos. El Ayuntamiento de La Nucia acordó el 7 de octubre de 2002 adjudicar la condición de agente urbanizador del sector La Favara, de 44.241 metros cuadrados, a Ángeles y Gabriel García Saiz, madre y tío del alcalde, Bernabé Cano.
La corporación aprobó el PAI, el proyecto de urbanización, el estudio de detalle y el proyecto de reparcelación que presentaron los familiares de Cano. Y lo hizo bajo el régimen de adjudicación preferente y con la abstención plenaria del alcalde, dado que la familia era la propietaria de la totalidad del suelo del sector.
Tan solo dos meses después, la familia del alcalde cedió la condición de agente urbanizador a la empresa Saga Bonperal, SL, que pagó a los parientes del primer edil más de tres millones de euros por tres parcelas del PAI que sumaban 10.551 metros cuadrados. Según los datos de Registro de la Propiedad, estas parcelas tenían unas cargas de urbanización de 275.000 euros, lo que le otorgaba una valoración al suelo ya urbanizado de 312 euros el metro.
Además de esta venta, la familia del alcalde se quedó con otras siete parcelas edificables con una superficie total de 10.397 metros, por las que tuvieron que afrontar unas cargas de urbanización de 267.000 euros. Finalmente, Saga Bonperal también edificó estos solares. La urbanización cuenta con casi 400 viviendas, otros tantos garajes y docenas de locales comerciales.Saga Bonperal, SL, la promotora que se encargó de urbanizar y construir las parcelas de la familia del alcalde, Bernabé Cano, es propiedad de Antonio Rocamora y Gerardo Martínez Riquelme. Ambos, tras desarrollar el PAI La Favara de la familia del alcalde continuaron su excelente relación con el alcalde en La Nucia y se han adjudicado la urbanización de los PAI de la Serreta y Pie de Monte.
Antonio Rocamora y Gerardo Martínez Riquelme son vicepresidente y consejero delegado, respectivamente, de la empresa Cases del Pinar, SL, que recibió la condición de agente urbanizador del PAI de la Serreta en junio de 2005, una actuación de 2,8 millones de metros en los que se prevén construir 3.884 viviendas y un campo de golf, aunque el Ayuntamiento todavía debe aprobar el proyecto de reparcelación que tiene en estudio. En Cases del Pinar, SL aparece como socio mayoritario el grupo Ballester.
Los dos promotores también son administradores de Montemar La Nucia, SL, agente urbanizador del PAI Pie de Monte, que lidera otro conocido constructor de Benidorm, Francisco Murcia Puchades.
Según publicó EL PAÍS el pasado 7 de febrero, una de las grabaciones obtenidas que sirvió de base para desmantelar la trama de empresas corruptas vinculada al PP que dirigía Francisco Correa desvela que éste manifestó que el alcalde tenía unos amigos constructores con los que iba a hacer negocios.
"Tengo un tema gordo en Valencia, con un PAI prácticamente cerrado, el tío pide 1.000 kilos de más. Compramos a 10.000 y vendemos a 20.000. Ganamos 12.000 kilos. Un empresario pone el 50% y yo otro 50%. De mi 50% yo reparto con Ramón Blanco, con Álvaro (Pérez), con Pablo y con el alcalde... Hay un tema medioambiental que lo desbloqueo yo", afirmaba Correa en la conversación grabada.
Correa visitó, al menos dos veces, Benidorm para cerrar la compra de un porcentaje del PAI Pie de Monte con los responsables de la empresa urbanizadora y, finalmente, consiguió el compromiso de obtener un tercio del suelo en una opción de compra que no llegó a ejecutarse. También participó en la negociación Pablo Crespo, administrador único de Orange Market y señalado por el sastre de Forever Young, José Tomás, como autor de los pagos con fajos de billetes de 500 euros de los trajes que, supuestamente, eran para el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros altos cargos valencianos, además del mismo Álvaro Pérez. No obstante, quien cerró la opción sobre el PAI Pie de Monte fue Jacobo Gordon, amigo de infancia de Alejandro Agag, yerno del ex presidente José María Aznar. El negocio debía reportarle a la trama 72 millones de euros de beneficios, según dijo Correa.
El PAI Pie de Monte fue aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de La Nucia en septiembre de 2004, pero tiene un informe de impacto ambiental con 22 reparos y no dispone del informe de suficiencia hídrica de la Confederación Hidrográfica del Júcar, por lo que la Comisión Territorial de Urbanismo, que lo llegó a estudiar, lo rechazó a finales de 2007. Precisamente "el tema ambiental" era el trámite que debía sortear Correa utilizando su supuesta influencia en la Administración valenciana. Una gran parte del millón de metros que comprende se quemó en un incendio provocado por un temporal.
* ELPAIS.com - ARTUR BALAGUER - Benidorm - 02/04/2009
Foto: La Nucia - flickr.com
Vergüenza inmobiliaria nacional
JOSÉ MANUEL NAREDO* : España ha recibido un tercer informe del Parlamento Europeo condenando los excesos urbanísticos cometidos en su territorio y es una gran vergüenza nacional apreciar que el grueso de nuestros políticos sigue mirando para otro lado. Los resultados de los partidos así lo atestiguan. Ni los parlamentarios del PP ni los del PSOE se sumaron a este informe, masivamente apoyado por la Cámara. Pese al estallido de la crisis inmobiliaria que sacude al país, ni el Gobierno ni el partido mayoritario de la oposición han reconocido las lamentables consecuencias del modelo inmobiliario español, ni han tomado medidas para reconducirlo, ya que la ausencia de autocrítica arrastra la falta de diagnósticos y de medidas acertadas.
El aquelarre inmobiliario ha destruido sin ningún escrúpulo la variedad y la belleza características de nuestros paisajes naturales y culturales, dando la razón a la maqueta de cemento representativa del territorio hispano que han colgado en el Parlamento Europeo. No en vano, España se ha erigido en líder europeo del consumo de cemento, con cerca de 60 millones de toneladas anuales: más de una tonelada por persona y por hectárea.
En otro tiempo, se criticó el destrozo de nuestras costas ocasionado por los años del desarrollo franquista, cuando los estropicios actuales dejan ese pasado en un juego de niños. El magnífico y catalogado Peñón de Ifach queda hoy ridiculizado por la enorme masa de edificaciones que lo ahogan. El sky-line madrileño es una feria de los horrores urbanísticos que, por mero afán de lucro, fueron introduciendo enormes volúmenes de edificación a golpe de operaciones y recalificaciones. Lo mismo ocurre, o va camino de ocurrir, con ciudades tan sensibles como Santiago de Compostela o Sevilla. No, no es el amor a España, sino el amor al lucro el que preside todas estas actuaciones, pese al españolismo del que suelen hacer gala los políticos que las consienten.
La situación ha ido tan lejos que, aun habiendo creado normativas que legalizan el trapicheo de las recalificaciones de suelo, los casos de corrupción afloran a diario en los tribunales. El sinnúmero de procesos en curso, y el de esqueletos y despojos de construcciones y demoliciones que aparecen con la crisis por todo el territorio señalan a gritos que ya es el momento de parar y de cambiar el modelo inmobiliario que tanto daño ha hecho. El tercer aviso del Parlamento Europeo debería inducir a ello sin necesidad de buscar ejemplos lejanos, sino simplemente mirando lo que ocurre más allá de los Pirineos.
Pensando que tener clara conciencia de nuestros males es el primer paso para poder curarlos, hay que tomar conciencia de que el actual modelo inmobiliario ha agotado su lamentable andadura. Ha conseguido succionar la mayor parte del ahorro e hipotecar a medio país para obtener un stock inmobiliario sobredimensinado y de mala calidad. Ahora el principal problema heredado es aligerar la deuda contraída y dar un uso razonable a ese stock infrautilizado, haciéndolo habitable y promoviendo el alquiler y la vivienda social mediante un marco institucional adecuado.
*José Manuel Naredo es economista y estadístico
* Público - Opinión - 1.04.09
¿Nuevo escándalo en Marbella?
ELCONFIDENCIAL* : En lo alto de la Vega del Jaque, entre Marbella y Benahavis, se alza altiva la Casa Rosada, una ostentosa mansión de 2.700 metros cuadrados, dos plantas, cinco dormitorios, tres almacenes, sala de billar, gimnasio, bodega, sala de cine, de juegos, dos piscinas, una exterior y otra climatizada, garaje para aparcar el Ferrari, y tres sótanos, en la que vive la regidora de Marbella, Ángeles Muñoz.
Esta es la famosa vivienda construida en tierra de nadie que ha desatado la guerra entra la Junta de Andalucía y el consistorio marbellí. El Ayuntamiento aprobó en un pleno celebrado en diciembre que estos terrenos, pertenecientes a Marbella, los cedía a Benhavis. La semana pasada la Junta de Andalucía le hizo saber a la regidora municipal que desautoriza esta medida del deslinde de terrenos revocando su legalidad.
En la ciudad se la conoce como la Casa Rosada porque es un calco a la que habitan los Kirchner en Buenos Aires. Fachada, paredes, estanterías… Casi toda ella está pintada de rosa, el color preferido de la alcaldesa. La población marbellí que, tal y como se puede leer en los foros de Internet, siempre ha recelado de la mansión de su regidora, ignora el grado de ostentación de la misma. Hoy, El Confidencial la pone al descubierto con estas fotos exclusivas.
El escándalo está servido. Ángeles Muñoz, quien sucedió en el cargo de regidora a Julián Muñoz y Jesús Gil (ambos manchados por delitos de corrupción) y prometió transparencia en su gestión para acabar con todas las irregularidades de sus predecesores, vive a todo lujo en una de las mejores mansiones de Marbella. Para más inri, la vivienda podría haber incurrido en varias irregularidades, tal y como denuncian expertos y oposición a este diario.
Ángeles Muñoz es diputada regional y en la declaración patrimonial que registró en el Parlamento no aparece este inmueble. Según el abogado José Cosín, uno de los marbellíes que lucha por los derechos del municipio y se hace eco de las irregularidades que se producen en localidad desde La Voz de Marbella, Ángeles Muñoz podría perder todos sus derechos como parlamentaria si ha omitido bienes en su declaración patrimonial.
Propietaria del 50% de la casa
Según destaca el letrado, “la declaración de bienes presentada por Ángeles Muñoz en el Parlamento de Andalucía no coincide con la respuesta que la alcaldesa dio a El Confidencial, en la que aseguraba que era titular del 50% de la sociedad propietaria de la mansión donde reside, participación que no figura en su declaración patrimonial”. El otro 50% pertenecería a su marido, el constructor Lars Broberg.
En el documento adjunto que incluimos, Ángeles Muñoz declara poseer una vivienda en Suecia, con un valor catastral de 600.000 euros, una en Madrid, con un valor catastral de 150.253 euros, y dos en Málaga, la primera con un valor catastral de 62.112 euros y la segunda con un valor de 176.685. Ninguna coincide con la Casa Rosada.
No todo acaba ahí. Según el abogado José Cosín, existen irregularidades en la licencia de obras de la mansión de la regidora. “El permiso de obras, concedido por el Ayuntamiento de Benahavis cuando los terrenos pertenecían a Marbella, no incluía permiso para las tres plantas de sótano, de los que disfruta hoy la vivienda”.
Vinculaciones con Gibraltar
Estas declaraciones coinciden con las fotografías que hoy publica El Confidencial. En cada sótano de la Casa Rosada se ha construido una zona de ocio: sala de cine, spa con saunas, baños turcos, gimnasio, piscina climatizada y sala de juegos con billares y futbolines.
El diputado de Izquierda Unida, José Antonio Castro ha puesto en entredicho la legalidad de la Casa Rosada. Según Castro, hay documentos que apuntan que la sociedad propietaria de la vivienda de la alcaldesa y empresas de su entorno están relacionadas con Gibraltar, uno de los paraísos fiscales preferidos por los españoles.
* El Confidencial - Amparo de la Gama (Marbella) .- 31/03/2009
Foto: El Confidencial
Castilla y León también benefició a la trama
PÚBLICO* : Castilla y León ha pasado a engrosar la nómina de gobiernos autonómicos del PP que supuestamente beneficiaron a la trama corrupta de Francisco Correa. Hasta ayer, en esa lista sólo figuraban Madrid y Valencia. Ahora, en un demoledor relato, el juez Baltasar Garzón expone en su último auto cómo la Consejería de Fomento de Castilla y León habría efectuado, a finales de 2002, la "adjudicación amañada" de una carretera la variante de Olleros de Alba de forma que acabase en manos de Teconsa, empresa de cuyos órganos de administración forma parte el imputado Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de Repsol.
Teconsa se alzó con el encargo público por 2,8 millones de euros a cambio de pagar un soborno de 73.650 euros. Por primera vez, aparecen comisiones ilegales cuantificadas mediante la aplicación de un porcentaje el 3% sobre el precio de la adjudicación sin IVA.
El auto sostiene que ese 3% fue "una parte" de lo que Teconsa abonó a Correa para su posterior distribución entre las personas que, "al parecer, hicieron posible la adjudicación". El tesorero del PP, Luis Bárcenas, aparece de nuevo aquí como uno de los beneficiarios directos del soborno.
Un fax acusador
Traducida a euros y a millones de pesetas, esa cifra del 3% figura "manuscrita" en un "fax de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León", cuya televisión autonómica está bajo control del también imputado José Luis Ulibarri. Como adelantó Público, en el municipio leonés de Ponferrada, Ulibarri obtuvo del PP permiso para construir 2.000 viviendas fuera de la ley.
Incautado en el domicilio de José Luis Izquierdo, considerado el contable de la trama, el fax lleva fecha de recepción del 5 de diciembre de 2002. Su contenido da cuenta de la adjudicación definitiva, y su importe exacto, de la variante de Olleros de Alba a la Magdalena. La misiva llegó a su destino un mes antes de que la citada Consejería emitiera, el 10 de enero de 2003, la resolución oficial por la que se adjudicaba la obra de manera definitiva.
Participación activa
En esta adjudicación amañada, razona Garzón, "hubo una participación activa de la organización de Francisco Correa, así como de algún político que pudo influir en la decisión por parte de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León de adjudicar la obra a Teconsa".
En total, esa operación generó presuntos pagos ilegales por 120.100 euros. De ellos, 24.000 como mínimo fueron a un tal T.O., cuya identidad es un misterio. Otras dos nuevas iniciales irrumpen en la vertiente castellano-leonesa de la trama: G., que percibió 16.400 euros, y J., que se embolsó 18.600. El auto concluye que Bárcenas cobró lo mismo: 18.600 euros.
No fue Teconsa la única empresa que pagó comisiones. De nuevo, como hizo en su auto del 5 de marzo, Garzón señala a Constructora Hispánica entre las empresas que practicaban el cohecho a cambio de lograr un trato ventajoso de las administraciones públicas del PP. Y, con la recurrencia que pone de manifiesto el auto, Bárcenas fue uno de los que, supuestamente, cobró a cambio de sus gestiones. Garzón narra cómo en la denominada cuenta "Caja X PC [iniciales de Francisco Correa] Caja Madrid" figura un apunte contable del 23 de diciembre de 2003 con una cantidad de 600.000 euros. ¿Su procedencia? "Visita Alfonso García Pozuelo", o sea,el presidente de Constructora Hispánica.
* Público - ALICIA GUTIÉRREZ - MADRID - 30/03/2009
Foto: Parlamento autonómico - wikipedia.org
Resolución del Parlamento Europeo sobre los abusos urbanísticos
ECOLOGISTASENACCIÓN* : El Parlamento Europeo acaba de dar un severo tirón de orejas al modelo urbanístico español. Ecologistas en Acción lleva años denunciando el crecimiento urbanístico de los últimos tiempos, denunciando que este ha sido un proceso especulativo de esferas empresariales y políticas que ha supuesto un encarecimiento artificial de la vivienda y la pérdida de zonas de alto valor medio ambiental.
El informe del Parlamento europeo viene a dar la razón a las tesis defendidas por Ecologistas en Acción y las diversas plataformas ciudadanas en que participa, al considerar insostenible un modelo que genera indiscutibles impactos ambientales, aumentando las presiones sobre recursos como el agua, generando fragmentación de los espacios naturales, provocando nuevos focos de vertidos y contaminación, contribuyendo a la desertificación por sellado de suelos, etc.
De los 4 millones de nuevas edificaciones construidos en Europa en los últimos 10 años, la mitad se construyeran en suelo Español. En la UE con un incremento de la población de la población del 3,5%, el crecimiento de la superficie urbanizada ha sido del 13,8%, en el Estado Español, con un crecimiento de la población del 4,3%, el aumento de la superficie urbanizada ha llegado hasta el 25,4%, casi del doble del crecimiento europeo. Nunca en la historia europea se ha realizado un uso tan extremo y devastador del territorio. El constante auge inmobiliario español ha favorecido que el urbanismo pierda su finalidad social, subordinada al interés general, para convertirse en un negocio. Ha dejado de ser una herramienta de regulación del uso del suelo de acuerdo a las necesidades colectivas, para convertirse en la clave de la financiación municipal, en unos casos, y del enriquecimiento rápido e ilícito en otros.
Además este modelo va de la mano de la construcción de nuevas infraestructuras de transporte que serán necesarias para acceder a estos nuevos desarrollos, que no hacen sino abundar en un modelo de movilidad también insostenible, siendo ya nuestro país el estado de la UE con un mayor número de kilómetros de autovía por habitante.
Ecologistas en Acción critica la posición de la mayoría de los europarlamentarios españoles, que han dado la espalda con su actitud al medio ambiente y los ciudadanos. Este tirón de orejas debería servir a las administraciones españolas para replantearse cual debe ser el camino hacia la sostenibilidad. Hasta ahora, las recetas del gobierno y los ayuntamientos han sido, sin embargo, ayudas públicas para más ladrillo, reforma de la Ley de Costas para legalizar las edificaciones ilegales, flexibilización de las evaluaciones de impacto ambiental, etc. Ecologistas en Acción exige un cambio radical en estas políticas.
* Área de Urbanismo de Ecologistas en Acción
Sanlúcar de Guadiana: El alcalde y su antecesor, citados como imputados por un caso urbanístico
HUELVAINFORMACIÓN* : El alcalde Sanlúcar de Guadiana, José Manuel Ponce, y el teniente de alcalde de Urbanismo y ex regidor, Cándido Saldaña, están hoy citados a declarar en calidad de imputados ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ayamonte por la construcción de tres edificaciones a los pies del río, que podría ir en contra de la normativa urbanística.
La autoridad judicial, que inicialmente advirtió que los hechos podían ser constitutivos de una infracción penal, archivó las diligencias en octubre de 2008 pero la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, ante la que recurrieron los denunciantes -con la adhesión de la Fiscalía-, revocó dicha resolución y declaró la nulidad parcial de la misma, devolviendo la causa al juzgado, que ahora los ha llamado a declarar.
La denuncia inicial, presentada por una familia del municipio, apuntaba a un delito consumado contra la ordenación del territorio, en su modalidad de prevaricación funcionaria urbanística y señala como presuntos responsables a José Manuel Ponce y a Cándido Saldaña, que fue el que en su día otorgó la licencia.
Los propietarios de la vivienda recurrieron a la Justicia después de varios intentos fallidos de que el Ayuntamiento revisara el expediente de las nuevas construcciones y tomara medidas.
En una de las reuniones con el ex alcalde y el arquitecto municipal, el responsable municipal garantizó a los denunciantes que las edificaciones que se estaban levantando no afectarían en nada a su casa ya que en modo alguno rebasarían las dos plantas de altura.
Sin embargo, las obras continuaron y en agosto de 2008 la familia regresó de nuevo al Consistorio, obteniendo únicamente -afirman los propietarios- "evasivas y explicaciones poco técnicas".
La familia propietaria de la casa presentó un escrito en el Ayuntamiento solicitando la paralización de las obras y, poco después, el actual alcalde volvía a darle evasivas, emplazando a la familia y a su representación legal a una reunión "para llegar a un acuerdo".
Aunque el encuentro entre las partes llegó a producirse, en la denuncia de los propietarios se señala que cuando la familia afectada llegó a la reunión, los responsables municipales se encontraban ya reunidos con los representantes de la promotora que estaba construyendo las nuevas edificaciones y que tanto el Ayuntamiento como la promotora esgrimieron los mismos argumentos para avalar la legalidad de la construcción.
Ponce y Saldaña volvieron a poner sobre la mesa, indica el texto, que lo mejor era llegar a un acuerdo con la empresa ya que, en caso contrario, "la construcción seguirá y será cuando tenga que dar el final de obras cuando se decida si la edificación tiene irregularidades o no", propuesta a la que la familia se negó.
Los propietarios consideran que se infringe la normativa vigentes en materia urbanística y la Fiscalía remitió el caso al juzgado, que ha retomado la causa de nuevo.
* Huelva Información - M. Rosa Font / HUELVA - 1.04.09
Foto: Vista de la localidad de Sanlúcar de Guadiana. - huelvainformacion.es
Aprueban la 'Operación Campamento' con 'bronca' contra los planes de Alcorcón
20MINUTOS/Madrid* : El Plan Parcial de Campamento y el convenio urbanístico entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento salieron adelante en el Pleno presidido por el vicealcalde, Manuel Cobo, con el voto favorable de todos los grupos municipales, pero con bronca contra Alcorcón.
La aprobación del plan se ha producido junto con el anuncio de que el municipio madrileño ha presentado un recurso contencioso administrativo contra la aprobación del desarrollo urbanístico Distrito Norte de Alcorcón, pues considera que los 90.000 futuros vecinos de ese barrio colapsarán la carretera de Extremadura a su paso por la capital.
Alcorcón pide que, en la segunda fase de la Operación Campamento, la Comunidad de Madrid prolongue la M-45 hacia la A-5 por suelo de la capital. El Ayuntamiento de Madrid estima que eso es "inviable" y supondrá "graves afecciones medioambientales" en los términos municipales de la capital y de Pozuelo.
Sin Plan de Movilidad
La delegada madrileña de Urbanismo, Pilar Martínez, ha informado de que el recurso fue presentado por el Ayuntamiento el pasado 27 de febrero, a la vista de que Alcorcón no presentó ningún Plan de Movilidad ni al aprobarse el proyecto ni al recibir el visto bueno por la Comunidad.
El Ayuntamiento de la capital teme que el peso de las 28.000 nuevas viviendas de Alcorcón recaiga en la A-5 y que la colapse.
"No voy a tolerarlo"
El alcalde de Alcorcón, Enrique Cascallana, ha contestado que "no va a tolerar" que el Ayuntamiento de Madrid "ponga en peligro la política de vivienda y de empleo" del nuevo desarrollo urbanístico del Distrito Norte.
Ese desarrollo tiene 12 millones de metros cuadrados, casi la misma superficie urbanizada que posee en la actualidad, y se levantarán 18.000 viviendas públicas y 10.000 libres.
favorables".
Según Cascallana, es "falso" que Distrito Norte carezca de Plan de Movilidad y explicó que contará con conexiones a la M-40, M-50, M-45, M-511, M-501 y A-5, con un carril de autobuses, tranvía y comunicaciones con Cercanías y Metro.
"Oportunidad perdida"
Por su parte, la Asociación de Vecinos de Campamento consideró que Operación Campamento es una "oportunidad perdida de hacer un urbanismo diferente", que no respeta el espíritu con el que se ideó hace 15 años de una "macro intervención pública de difusión de la centralidad hacia el sur".
Las 10.700 viviendas de la primera fase, sumadas a las más de 11.000 de la segunda y añadidas las 28.000 de Alcorcón "convertirá a la zona en una de las más densamente pobladas de todo el país con una preocupante falta de dotaciones sociales", lamenta el presidente de la Asociación, Antonio Abueitah.
"El punto de partida era un concepto de ciudad que buscaba mejorar el equilibrio entre el centro y el sur, pero la realidad es que con el tiempo ese objetivo inicial ha sido olvidado para convertirse en una operación urbanística como tantas otras que se han desarrollado en la ciudad de Madrid en los últimos años, donde lo importante es construir el mayor número de viviendas posible", señala la Asociación de Vecinos de Aluche.
* 20 Minutos - AGENCIAS. 31.03.2009
Foto: Campamento - madridiario.es
Un documento contra la presión urbanística
ELPAÍS* : La Carta del riu Girona, firmada por científicos y asociaciones vecinales, vincula por primera vez las inundaciones con la presión urbanística y advierte de que las administraciones carecen de recursos para prevenirlas. Cuando en octubre de 2007 el desbordamiento del río Girona provocó las inundaciones que causaron la muerte de una persona y asolaron numerosas poblaciones de la Marina Alta, tanto la Generalitat como los ayuntamientos afectados aludieron a dos motivos para explicar los dramáticos efectos de la catástrofe: torrenciales lluvias de más de 200 litros/m2 que no volverían a repetirse durante décadas y un cauce sucio, repleto de cañas y obturado por los puentes.
Más de un año después, el análisis ha cambiado de forma radical: fueron la presión urbanística y los cambios producidos por el cambio climático los que agravaron las consecuencias de aquellas precipitaciones y demostraron que en la actualidad las administraciones carecen de los recursos necesarios para contrarrestarlas.
Así lo recoge la Carta del riu Girona, un documento histórico: porque es la primera vez que vecinos y colectivos científicos se unen para firmarla -es de esperar que también lo hagan las instituciones- y porque vincula este tipo de catástrofes a la "alteración de los ecosistemas, la reducción de la biodiversidad y las transformaciones del territorio, originadas por el cambio del paisaje y de los usos tradicionales del suelo, y de la atmósfera, debido al cambio climático". El documento advierte de que ambos elementos combinados "constituyen un riesgo para la población" que seguirá aumentado en el futuro, pese a que en la última década en España han muerto por culpa de las inundaciones unas 250 personas.
La carta hace así más caso a los científicos que a los responsables políticos. Hace caso, por ejemplo, al catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante Jorge Olcina, que durante la celebración de la jornada técnica previa a su redacción ya esgrimió unas fotos áreas sobre la evolución de la geografía del Girona entre 1956 y 2000 que demostraban como en los últimos años han aumentado las urbanizaciones junto al río tanto en su interior: Beniarbeig, Ondara y El Verger; como en el litoral: Dénia y Els Poblets.
En cambio, insta a las administraciones a encontrar nuevos elementos para prever riadas en una zona como la provincia de Alicante considerada por la Red de Observatorios de la Planificación Espacial Europea (ESPON) de "elevado riesgo de inundaciones desde 2006". En este sentido, alude a una directiva de la Unión Europea promulgada sólo 11 días después de la catástrofe del Girona que obliga a delimitar los mapas de peligrosidad de cada unidad hidrográfica en función de su urbanización y de su concentración demográfica. Estos conceptos superan al actual Plan de Inundaciones de la Generalitat que se limitaba a establecer aquellas zonas más proclives a las riadas sólo por sus características naturales.
En sus conclusiones, la carta, que ya contó con el apoyo verbal del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, y que será también presentada a la Generalitat y a los consistorios, pide que se fomente la investigación sobre las consecuencias e implicaciones sociales del cambio climático y de la transformación del territorio, solicita mecanismos de vigilancia para que se cumpla la legislación vigente e insta a incrementar la coordinación para evitar víctimas personales y pérdidas de bienes materiales.
* ELPAIS.com - ARTURO RUIZ - Dénia - 30/03/2009
El TSJM se queda con el 'caso Gürtel' al ver indicios de delito en tres diputados del PP
MADRIDIARIO* : Baltasar Garzón deja de investigar la 'operación Gürtel', que pasa a manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El Alto Tribunal decidió este martes hacerse cargo de las pesquisas de la supuesta trama de adjudicaciones a cambio de favores o sobornos a las empresas de Francisco Correa, hoy en prisión preventiva.
El TSJM ve indicios suficientes por delitos de cohecho y tráfico de influencias en tres diputados del PP en la Asamblea de Madrid: el ex consejero de Deportes, Alberto López Viejo, que dimitió al verse imputado en la trama; el que fuera por unos días presidente de la 'comisión de los espías', Benjamín Martín Vasco; y Alfonso Bosch Tejedor, secretario de movilización del PP de Madrid y que compatibiliza su escaño con el puesto de gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Boadilla del Monte (EMSV), ayuntamiento cuyo alcalde hasta hace un mes era el también imputado Arturo González Panero.
Los alcaldes de Pozuelo y Arganda, Jesús Sepúlveda y Ginés López respectivamente, también han dimitido después de que hayan sido señalados por el juez.
De López Viejo, Martín Vasco y Bosch Tejedor, el PSOE ha exigido reiteradamente a Esperanza Aguirre que les haga entregar su acta de diputados, cosa que hasta el momento no se ha producido. El PSOE también ha demandado por escrito a la Asamblea que los consejeros de su Gobierno expliquen en la Cámara las adjudicaciones que prácticamente todas las áreas hicieron a las empresas de Francisco Correa entre 2004 y 2009, pero ninguno de ellos lo hará por ese tema ya que la mesa de la Asamblea rechazó este mismo martes las peticiones. Maru Menéndez, portavoz socialista, asegura que "si continúan las trabas, tendrá que ser la propia presidenta Esperanza Aguirre la que tenga que dar las explicaciones pertinentes, porque ha habido contrataciones con las empresas de Correa desde todas las consejerías, no sólo la de Deportes".
¿Quién investiga a Bárcenas?
Según el auto dictado este martes por el Alto Tribunal, el "entramado societario constituido por algunos de los imputados estaba dirigido a obtener irregularmente beneficios a través contratos logrados con distintas Administraciones Públicas".
A partir de ahora se hace cargo de la investigación el juez Antonio Pedreira, aunque queda por decidir si el TSJM recibe también los informes policiales que implicarían en la trama corrupta al senador por Cantabria y tesorero del Partido Popular nacional Luis Bárcenas. El juez Garzón ha pedido opinión a la Fiscalía para que el caso pase al Tribunal Supremo (estaría implicados aforados de varias comunidades autónomas, como Francisco Camps en el caso de Valencia), pero el Ministerio Público le ha respondido que debe ser el TSJM quien decida. De Bárcenas el propio Correa aseguraba en conversaciones intervenidas por la Policía que presionaba para conseguir determinado contratos públicos.
* Madridiario - 31-03-2009 - Ángel Calleja
Foto: madridiario.es
El TSJA declara nula la Revisión de las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Rute
EUROPAPRESS/Córdoba* : La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado nula mediante una sentencia la Revisión de las Normas Subsidiarias (NNSS) del Ayuntamiento de Rute. La sentencia reconoce así el recurso presentado por la Asociación de Amigos del Camino de las Pozas contra el acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba, de fecha 24 de mayo de 2005, que aprobó definitivamente la Revisión de las NNSS de Planeamiento de Rute.
Esta asociación viene defendiendo desde hace años que los terrenos de la zona de Las Pozas no sean declarados industriales, como aparecen en las normas ahora anuladas, ya que esta zona se encuentra colindante con el casco urbano y en ella se asientan una treintena de viviendas, según ha reiterado en numerosas ocasiones este colectivo.
La resolución manifiesta que "el presente proceso ha perdido su objeto, ya que esta misma Sala, en el recurso 452/06, en el que se combatía la subsanación de deficiencias y aprobación del Texto Refundido de la Revisión de las NNSS, ya dictó sentencia dando la razón a la parte actora y examinando los mismos motivos que en éste se aducen para combatir la actuación administrativa".
De este modo, se remite a esa sentencia y reitera lo entonces dicho, tanto en cuanto estima que no se han respetado "los trámites legalmente previstos", por lo que determina su nulidad por "falta de legitimidad formal". Más adelante, la sentencia expone que "la simple relación de trámites pone en evidencia el desorden y las gravísimas irregularidades que se suceden en la tramitación de la revisión de las Normas Subsidiarias", tramitación que alcanza tal grado de "desbarajuste", que incluso se llega a "desconocer realmente qué texto es el que se saca a información pública, e incluso cuál es el que se va aprobando".
Es tal el cúmulo de "despropósitos", como explica la sentencia, que primero se aprueban inicialmente en el Pleno, pero sin mayoría absoluta, por lo que no tiene validez, posteriormente el Pleno pasa a respaldar estas normas de forma provisional, que es el segundo paso, pero sale adelante provisionalmente un texto que no había sido aprobado inicialmente. Especifica además que el 18 de diciembre de 2003, el Pleno municipal, por unanimidad, procede a una segunda aprobación inicial de las normas de urbanismo, pero el texto que sale adelante no había pasado por un periodo de información pública, como fija la ley. Pero es que además, indica, en esa fecha estaba ya en vigor una nueva ley urbanística, la LOUA, que no se aplicó.
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA añade en la sentencia que "ha de reputar temeraria, a los efectos de la imposición de las costas, la postura procesal adoptada por la parte demandada, haciendo una lectura artificial y forzada de los trámites seguidos para la elaboración del instrumento que ocupa, cuando resulta de los propios términos de los informes obrantes, firmados por el propio alcalde, que en definitiva se buscaba un subterfugio imposible, un fraude legal, como se desprende de lo visto, para no tenerse que someter a la LOUA en la tramitación e incorporar las exigencias materiales previstas".
* Europa Press - CÓRDOBA, 31 Mar 2009
Foto: Rute - participaenandalucia.net
Santa Eulària: Un ayuntamiento en el banquillo
ÚLTIMAHORA/Ibiza* : El ex alcalde de Santa Eulària dijo ayer que siempre se fio de los informes jurídicos y técnicos para aprobar la urbanización de ses Torres. Según Guasch, esos terrenos eran urbanos según el Plan de Delimitación de Suelo Urbano (PDSU), la herramienta urbanística vigente en ese momento, que sin embargo había sido considerado nulo en los fundamentos jurídicos de una sentencia el Tribunal Superior de Justicia.
Pese a esta consideración del tribunal, Vicent Guasch remarcó que el PDSU no era nulo. «Mis técnicos me decían que la sentencia no lo anulaba», explicó Guasch, que sostiene que sus asesores jurídicos siempre le dijeron que no podían parar de trabajar con el PDSU (que habían usado durante 12 años) porque de lo contrario se enfrentarían a importantes peticiones de indemnizaciones de personas que habían construido con permisos otorgados en base a esa normativa.
El ex primer edil reconoció ante la juez que no tenía conocimientos de urbanismo y por eso siempre se fiaba de lo que decían los técnicos. De hecho, a preguntas del abogado de la acusación particular, que ejerce Esquerra Unida, sobre si sabía lo que era un plan parcial Vicent Guasch respondió que no. El letrado le recordó que cuando aprobó ses Torres llevaba 23 años siendo alcalde y probablemente habría aprobado muchos planes parciales. «Siempre aprobaba lo que me decían los técnicos», reiteró el ex alcalde.
El alcalde sostuvo también ante la juez que el PDSU servía para delimitar los suelos urbanos y ampliarlos si procedía. De todas formas, defendió que aprobaron esta herramienta porque el Plan General era expansivo y el PDSU en cambio era más restrictivo y sólo dejaba hacer cuatro plantas en vez de ocho. Sin embargo, el abogado de la acusación particular le recordó que la figura del PDSU no permite la creación de nuevos suelos urbanos.
Respecto a los requerimientos que hizo el Consell para que dejara de aplicar el PDSU por ser considerado nulo en una sentencia, Guasch indicó que estos avisos llegaron directamente a los servicios jurídicos y no a él y que además fueron posteriores a la aprobación de ses Torres. También recordó que ellos no podían anular este plan y que en todo caso tenía que ser el Consell el que lo hiciera. «No lo hicieron porque no querían tener que pagar las responsabilidades patrimoniales, pienso yo», remarcó Guasch.
Tanto la fiscal como el abogado de EU le preguntaron también sobre las reuniones mantenidas con el promotor de ses Torres, Germán Vázquez, consejero delegado de la empresa Lloma Talamanca. Guasch explicó que las reuniones que mantuvo con él siempre fueron en el Ayuntamiento para concretar la cesión que habían hecho los anteriores propietarios de 13.000 m2 en cumplimiento del plan parcial. El ex alcalde asegura que nunca hubo un pacto para calificar parte del terreno, que era rústico, como urbano. En la escritura de los terrenos que donó Vázquez entregó unos metros más de lo que le correspondía. Asimismo, el ex primer edil aseguró que no conocía de nada al promotor.
El ex alcalde paró de responder a las preguntas de la acusación particular cuando el abogado comenzó a preguntarle por otro dictamen jurídico que habría solicitado el alcalde y que era desfavorable a la tesis del Ayuntamiento.
El ex teniente de alcalde de Santa Eulària, Vicent Riera, aseguró ayer que nunca fue concejal de urbanismo y que sólo era teniente de alcalde y presidía la comisión preparatoria de los plenos, en la que se trataban todo tipo de temas y no sólo permisos urbanísticos. Riera eludió cualquier responsabilidad en el tema de ses Torres y aseguró que no conocía la sentencia del TSJ que consideraba nulo el PDSU. El concejal aseguró que en la comisión preparatoria de la aprobación del proyecto de ses Torres la oposición no puso ninguna objeción y acudió la entonces arquitecta municipal, Raquel García Palerm, para explicar su informe. «Dos días después leí el informe literalmente de la arquitecta en el pleno», añadió Riera.
Tanto Vicent Guasch como Vicent Riera aseguraron que nunca influyeron a los técnicos en su trabajo.
El aparejador del Ayuntamiento de Santa Eulària, Vicent Marí, aseguró que estuvo presente en alguna reunión con el promotor de ses Torres. Pese a que éste tenía la aspiración de que en el futuro una parte de suelo rústico se convirtiera en urbano, Marí asegura que «no hubo compromiso» por parte del Ayuntamiento con el promotor.
Respecto al PDSU, Marí defendió que el suelo de ses Torres pasó de ser parte rústico y parte urbanizable en el antiguo PGOU a urbano en el PDSU porque pese a que ses Torres en sí no tenía consolidación suficiente sí que formaba parte de un sector mucho más amplio que sí lo estaba. Marí emitió un informe favorable al proyecto de urbanización de ses Torres.
El ex alcalde también reconoció en su declaración que la zona de la urbanización ses Torres no tenía ni luz ni agua cuando se tramitó el permiso.
* Última Hora Digital - C. ROIG - 31.03.09
Foto: El ex alcalde de Santa Eulària llegó acompañado de su hijo, el conseller del PP Diego Guasch. - GERMÁN G. LAMA, ultimahora.es
Múgica achaca a la "mala planificación urbanística" que miles de ciudadanos sufran contaminación acústica
EUROPAPRESS* : El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, en un escrito enviado a la Asociación Nacional de Afectados por el Impacto del Tráfico Aéreo de la que forma parte Zaragoza, resalta que "la mala planificación urbanística y aeroportuaria ha provocado que miles de ciudadanos sufran de contaminación acústica y ambiental".
Desde la Asociación Nacional de Afectados por el Impacto del Tráfico Aéreo señalan que en el ecrito de Múgica se recoge el esfuerzo de la Institución que preside como consecuencia de "las injusticias derivadas de una planificación, urbanística y aeroportuaria, deficiente y alejada de una visión completa de las cuestiones atinentes a la implantación, mejora, conservación, reforma y explotación ordinaria y extraordinario de los aeropuertos".
El pasado mes de enero la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Afectados por el Impacto del Tráfico Aéreo fue recibida por el Defensor del Pueblo. En dicha reunión se le informó de los objetivos de la misma y se le hizo partícipe de la situación de los afectados por la contaminación acústica y química producida por el tráfico aéreo.
Esta institución reconoce que el problema ·es de tal magnitud que no es ilógico pensar, en ocasiones, que deviene prácticamente en insoluble sin que se realicen importantes y costosas acciones de reparación de daños y perjuicios", sostiene la Asociación en un comunicado.
El nacimiento de esta Asociación es considerado por el Defensor del Pueblo "un síntoma de la magnitud del problema". La oficina del Defensor confía en que "la instauración de un canal de comunicación más estable contribuya a simplificar y, simultáneamente, fortalecer los esfuerzos en procura del bienestar de quienes padecen las consecuencias de la actividad aeroportuaria" y considera a la Asociación Nacional de Afectados por el Impacto del Tráfico Aéreo como "canal privilegiado de exposición y solicitud de medidas correctoras de los impactos".
La Asociación Nacional, desde que surgió a finales de 2008, ha mantenido encuentros con las principales instituciones de nuestro país, como el Defensor del Pueblo, la presidenta de AENA, el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, Ministerio de Sanidad, el Partido Popular, el Partido Socialista , alcaldes de los municipios afectados, entre otros colectivos.
En todos los encuentros, el presidente de la Asociación, Luis Ramírez Vera, ha hecho entrega del Manifiesto fundacional, donde se recogen los objetivos y reivindicaciones que los afectados tienen, como es la solicitud de que los ciudadanos tengan una mayor participación en los organismos de toma de decisiones en los procesos de cambios de rutas o creación de otras nuevas por la ampliación de los aeropuertos. La Asociación considera que el modelo actual de gestión aeroportuaria "no se ajusta a los requisitos de transparencia que rigen en Europa a la hora de planificar y decidir las rutas áreas y su impacto ambiental, primando, en ciertos casos, intereses urbanísticos antes que los de la población afectada".
La Asociación Nacional de Afectados por el Impacto del Tráfico Aéreo cuenta con asociaciones que representan a más de 150.000 afectados en los municipios del entorno de los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Zaragoza y Alicante.
* Europa Press - ZARAGOZA, 30 Mar 2009
