EFE/Gijón* : La Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes ha pedido hoy una "auditoría independiente" que investigue a la Concejalía de Urbanismo de Gijón, por considerar que existen "gravísimas sospechas" vinculadas con el "pelotazo" atribuido al ex arquitecto jefe municipal que obtuvo un beneficio de más de medio millón de euros con la venta de una finca.
La organización de vecinos rechaza las declaraciones del Consejero de Infraestructuras de Asturias, Francisco González Buendía, y del concejal de Urbanismo de Gijón, Pedro Sanjurjo, en el sentido de que la venta de la parcela por el ex jefe del servicio "es un asunto personal".
En un comunicado, la Plataforma asegura que "tal afirmación deja al margen el principio general de control de la actividad en las administraciones" y que "cada día parece más evidente que el Plan de Cabueñes no se planteo sino para ganar dinero ilegalmente".
El ex arquitecto jefe de urbanismo en el Ayuntamiento de Gijón Ovidio Blanco, que está en excedencia desde diciembre del 2003, supuestamente ha vendido una parcela de 2.500 metros cuadrados afectada por el Plan de Cabueñes en 600.000 euros después de comprarla por unos 20.000 euros.
"Reiteramos que quien respaldó y defendió a Ovidio Blanco como lo hizo Sanjurjo el pasado lunes no mantiene los mínimos exigibles para dirigir el urbanismo de Gijón mientras se investiga", expresa el texto de la asociación vecinal.
La Plataforma ha considerado como "contradicciones" las declaraciones formuladas esta mañana por el concejal Sanjurjo que admitió la posibilidad de abrir un expediente disciplinario al funcionario para evitar que pueda optar a recuperar el puesto.
"Respondiendo a las declaraciones realizadas por Sanjurjo y la alcaldesa acerca de que el Plan de Cabueñes continuará su tramite con normalidad, queremos subrayar la bochornosa contradicción que existe en esas afirmaciones porque normal ya no es un termino utilizable en el presente caso y es incompatible con el traslado del mismo a la Fiscalía", añade.
La Plataforma ha acusado además a la alcaldesa, Paz Fernández Felgueroso, de haber "faltado a la verdad" al declarar que este organismo no le había solicitado ninguna entrevista personal y le ha pedido "una rectificación pública al respecto".
"En reiteradas ocasiones se solicitó esa entrevista, verbalmente y por escrito, a través del registro municipal, siendo la misma rechazada, y no nos parece anecdótico que la alcaldesa oculte la verdad dejando por mentirosos a los vecinos", expresa el comunicado.
* La Nueva España - EFE - 19.03.09
Foto: Gijón, Cabueñes - fotolog.com
La Plataforma Cabueñes pide una auditoría independiente
El Partido del Ladrillo
ANXEL VENCE* : Día sí y casi día también los guardias detienen a algún alcalde en España bajo la acusación de haber ganado pasta gansa a cambio de favorecer ciertos negocios inmobiliarios. Es la resaca de la tremenda borrachera del ladrillo que se vivió en esta parte de la Península durante la última década. A partes más o menos proporcionales, los arrestos afectan a gobernantes del partido conservador, del socialdemócrata, de los nacionalistas y de casi cualquier otro con mando en plaza. Poco o nada pintan las ideologías cuando el olor del dinero trastorna a los políticos hasta llevarlos por la senda del mal común y del bien de su propia cuenta corriente. Cuando el vil parné anda de por medio, cualquier jerarca –sea de izquierdas o de derechas- puede caer bajo la tentación de ingresar en el monolítico Partido único del Ladrillo.
Es natural. Ya el agudísimo y malicioso Quevedo advirtió hace cuatrocientos años que el Poderoso Caballero Don Dinero obra prodigios del todo asombrosos pero no por ello menos ciertos.
Si los cuartos ejercían entonces la magia de recoser virgos, ahora siguen siendo condición indispensable para dotar de pecho a las mujeres despechadas por la a menudo ingrata genética. Y no sólo eso. Un buen fajo de billetes basta también para enderezar por narices los apéndices nasales de las princesas, además de permitir que algunos políticos hagan verdaderos milagros con su presupuesto doméstico. Casos se han visto en esta última y prodigiosa década de gobernantes que consiguieron amasar patrimonios multimillonarios con sueldos mensuales de apenas un millón. Producto sin duda de alguna herencia, contra lo que algunos pudieran malpensar.
Poderoso en verdad, el señor Don Dinero engrasaba cuatro siglos atrás las plumas de jueces y escribanos en opinión del maledicente Quevedo, que acaso no anduviera en buenos tratos con esos estamentos y magistraturas. En el “Sueño del juicio final” el ingenioso Don Francisco aseguraba haber visto a un juez que se lavaba una y otra vez las manos en un arroyo para limpiárselas de lo mucho que se las habían untado en vida.
Felizmente, esas prácticas irregulares han pasado ya a la Historia y sólo las gentes de colmillo retorcido podrían creer que sigan produciéndose a estas alturas del tercer milenio. Cuestión distinta y en modo alguno reprobable es que los narcotraficantes gallegos hayan recurrido ocasionalmente –en su legítimo derecho de defensa- a los servicios de bufetes vinculados a antiguos altos cargos del Supremo o de otros organismos del poder judicial. Pero no hay que confundir churras con merinas.
Paradójicamente, el escalón de poder más beneficiado por la seducción de Don Dinero fue en estos últimos años el municipal que, en apariencia, vendría a ser el más modesto de todos. O al menos, eso sugiere el constante goteo de detenciones de alcaldes, concejales y merodeadores de los consistorios que se viene produciendo durante las últimas semanas.
Todo tiene su explicación, naturalmente. Aunque ayuno de competencias de fuste como la economía o la política de asuntos exteriores, el poder municipal contaba –y cuenta- con una facultad que ha demostrado ser de lo más productiva en la Era del Ladrillo de Oro, cuando aquí se ataban los pisos con longanizas en forma de billetes de 500 euros. No ya un alcalde, sino un mero concejal de Urbanismo pasaba a ser entonces por razón de su cargo un mago dotado de la varita mágica capaz de convertir un monte sin valor en un terreno edificable donde los billetes crecían verdes como lechugas.
Algunos o tal vez muchos cayeron en la tentación de usar la varita y ahora pagan aquellas magias de orden urbanístico con la carga del procesamiento y a veces la del presidio. “Pues que da autoridad al gañán y al jornalero, Poderoso Caballero es Don Dinero”. La España de Quevedo no está tan lejana como parece indicar el calendario.
* Faro de Vigo - Opinión - 19.03.09
Denuncia al Fiscal General del Estado contra el Valencia SAD, Generalitat Valenciana y Ayuntamiento
Desde el año 2005, nuestra entidad cívica y socio-cultural CERCLE OBERT DE BENICALAP* – Iniciativas Sociales y Culturales de Futuro,ha presentado numerosas denuncias al Fiscal General del Estado, al Ministerio de Justicia, Congreso de los Diputados... sin que se activen los mecanismos normales y lógicos que procedan a investigar a los que especulan y se apropian de terrenos y bienes públicos.
Excepto el concejal socialista Rafael Rubio, nadie del PSOE se ha tomado en serio investigar y denunciar pública y oficialmente, la apropiación indebida de terrenos municipales por parte del propietario absoluto de la empresa privada, denominada Valencia, SAD, el Sr. Bautista Soler.
El antiguo club de fútbol valenciano, atraviesa una situación financiera gravísima, dado que no tiene liquidez para afrontar la terminación del Nuevo Mestalla.
La enorme pasividad, cuando no complacencia, de toda la sociedad y de las instituciones ante la enorme corrupción urbanística y financiera que padecemos en Valencia, permite y alimenta todo tipo de situaciones irregulares e ilegales como la que desarrollan los actuales gestores del Valencia, SAD.
El Nuevo Mestalla es un caso destacado de corrupción que no ha sido debidamente investigado por las autoridades judiciales, a pesar de las innumerables denuncias y documentos remitidos por diversas organizaciones, personas, colectivos...
A pesar del enorme silencio y de la manifiesta incapacidad para atender y canalizar las iniciativas cívicas de la que hacen gala los dos partidos políticos y el resto de instituciones, medios de comunicación…la entidad "Cercle Obert de Benicalap", promotora y pionera de las denuncias contra el ya famoso “Pelotazo del Mestalla”, vuelve a solicitar la intervención urgente del Fiscal General del Estado, del Congreso de los Diputados, del Ministro de Justicia y del Defensor del Pueblo... para que los derechos de los vecinos de Benicalap no se vulneren.
Conviene insistir en la inexistencia de la permuta de terrenos, tal y como se han comprometido formalmente el Ayuntamiento y el Valencia, SAD.
También volvemos a recordar la existencia de un Plan Director de Instalaciones Deportivas, aprobado por la actual alcaldesa de Valencia en el año 2000 que no se ha cumplido ni ejecutado nunca.
La zona donde actualmente se construye el Nuevo Mestalla, tiene enormes y preocupantes carencias de todo tipo, dada la elevada población residente.
A continuación, incorporamos algunos documentos de interés para dar apoyo a nuestra nueva petición de investigación judicial contra los abusos e irregularidades urbanísticas, administrativas y financieras cometidas por empresas privadas e instituciones valencianas contra el bienestar general de los ciudadanos de Valencia.
Para “Cercle Obert de Benicalap”, el ejercicio privado del deporte futbolístico, así como los negocios de un reducido grupo de especuladores urbanísticos y financieros, no pueden estar por encima de la ley y del derecho que tenemos todos los ciudadanos a vivir con dignidad.
Esperamos y deseamos que el Fiscal General del Estado, el Ministro de Justicia, el Defensor del Pueblo y el Congreso de los Diputados... procedan a iniciar, con la debida urgencia y rigor, las acciones y diligencias pertinentes, dado que la empresa denominada Valencia, SAD, construye un estadio privado en una zona municipal. El mencionado espacio, sito entre Doctor Nicasio Benlloch y Cortes Valencianas, fue expropiado a sus legítimos dueños con el objetivo exclusivo de crear equipamientos y servicios públicos, para uso y disfrute de los numerosos residentes de la zona de Benicalap, Campanar, Beniferri.
Los ciudadanos nos sentimos profundamente indefensos ante la falta de rigor que demuestran nuestros representantes e instituciones ante casos tan graves de corrupción urbanística.
Es urgente y necesario que las instituciones judiciales, administrativas y políticas, tomen y apliquen medidas eficaces y reales, para acabar con la enorme cantidad de abusos e irregularidades urbanísticos y ambientales, procediendo a escuchar y canalizar las iniciativas y propuestas de los ciudadanos y colectivos que intentamos hacer de nuestro entorno urbano, espacios dignos y amables para la convivencia armónica.
http://www.annanoticies.com/
* Kaos en la Red - Antonio Marín Segovia | Cercle Obert de Benicalap | 18-3-2009
Foto: El Nuevo Mestalla es uno de los casos más graves de especulación - kaosenlared.net
El juez envía a juicio a seis imputados del ´caso eólico´ y pide fianzas millonarias
LAPROVINCIA/Las Palmas* : Seis imputados a juicio y fianzas que suman 1,4 millones de euros es el resultado del auto de apertura de juicio oral dictado ayer por el juez instructor del caso eólico. A ello hay que añadir que la Fiscalía Anticorrupción pide penas de hasta siete años de cárcel y que los acusados tendrán que verse las caras con un Tribunal del Jurado dentro de un año aproximadamente.
El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, Miguel Ángel Parramón, dio carpetazo ayer al caso eólico con un contundente auto que acuerda la apertura de juicio oral contra el que fue director general del Gobierno de Canarias, Celso Perdomo (Partido Popular), su compañera sentimental, Mónica Quintana, el funcionario de Industria Honorato López y los empresarios Alfredo Briganty, Enrique Guzmán y José Ignacio Esquível. El juez instructor se mostró contundente en el relato de hechos y ofrece a los imputados un plazo de 24 horas para presentar fianzas millonarias: 400.000 euros para Perdomo, 300.000 para Honorato López, 200.000 para los tres empresarios y 100.000 para Mónica Quintana.
Según el auto, el juez Parramón considera acreditado que Celso Perdomo, del Partido Popular, en la época en que ocupaba el cargo de director general de Industria del Gobierno de Canarias y ante la convocatoria del concurso para la adjudicación de parques eólicos en Canarias, "valiéndose de su cargo facilitó información que no debía ser divulgada a perso- nas que tenían interés en el mencionado concurso", lo que supuso que "el resto de empresas, que no obtuvieron esa información, quedaran en situación de clara desventaja en el referido concurso".
Además, siempre según el contenido del auto difundido ayer, Perdomo, "con la intención de obtener un beneficio económico, mantuvo contactos con personas que representaban a diversas sociedades para favorecerlas en la adjudica- ción de parques eólicos a cambio de determinadas cantidades de dinero".
De esta forma, el ex director general del PP contactó con los empresarios Enrique Guzmán (Grupo Hidrocantábrico), Alfredo Briganty y José Ignacio Esquível (Promotora de Recurso Eólicos) para pactar con ellos unas situaciones ventajosas en el concurso eólico a cambio de comisiones ilegales.
El juez explica que Perdomo contó en todo momento con la colaboración de su novia, Mónica Quintana, también afiliada al PP. Ambos abrieron una cuenta corriente en el Fortis Bank (Luxemburgo) en la que se documentan dos ingresos de Enrique Guzmán por valor de 14.052 y 9.400 euros.
También consta acreditado que Promotora de Recursos Eólicos pagó una reforma en la casa de Perdomo y Quintana por valor de 12.700 euros. Una vez que Perdomo fue destituido como director general de Industria, siempre según el auto judicial, se sirvió de la colaboración del funcionario Honorato López para conseguir información sobre el concurso eólico y pactar condiciones en las futuras adjudicaciones de potencia. El caso eólico pasa ahora a la Audiencia Provincial para su enjuiciamiento por un Tribunal del Jurado.
* La Provincia - 20.03.09
Foto: Gran Canaria, parque eólico - canarias7.es
Un litigio mantiene 50 pisos municipales vacíos en Vigo
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ELPAÍS* : Un litigio urbanístico mantiene en el centro de Vigo 50 viviendas de propiedad municipal vacías desde que se construyeron, hace 13 años. El alcalde, Abel Caballero, anunció el año pasado su inmediata puesta en alquiler. Pero sólo fue una optimista y ligera declaración de intenciones que choca con una realidad espesa.
La Xunta de Goberno local tuvo que nombrar hace mes y medio una comisión de expertos para desenmarañar las implicaciones de las diversas sentencias que pesan sobre esa actuación urbanística y buscarle una salida. Pero esta comisión también parece haberse atascado y aún no avanzó nada.
El conflicto se origina con el plan general de urbanismo de 1993, aprobado por unanimidad y vigente hasta el año pasado. En el centro de la ciudad, entre las calles Areal y García Barbón, había una bolsa de suelo de aspecto impresentable, con garajes, chabolos, muros y vegetación asilvestrada. En total, un polígono de 25.400 metros cuadrados que finalmente se clasificó como suelo urbano de ordenación directa y, para actuar en él, se adoptó el sistema de compensación. En un tramo del eje central de la ordenación, la calle Rosalía de Castro, se autorizó la construcción de un aparcamiento subterráneo, aún hoy el más grande de Vigo, de 700 plazas, para ser explotado por la junta de compensación, y ésta fue la primera bomba de relojería que colocó el programa.
Las obras fueron recepcionadas por el Ayuntamiento en junio de 1996. Cinco días después de esa formalidad, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anuló los acuerdos municipales que habían aprobado el estudio de detalle del ámbito y el proyecto de compensación, ya que se habían construido viviendas sobre una gasolinera, pese a estar prohibido.
La gasolinera sigue funcionando con las viviendas encima y, aunque esto podría encontrar salida en el nuevo plan general, que sitúa la estación de servicio fuera de ordenación (a extinguir), la ejecución de la sentencia contradiría otras leyes posteriores que prohíben aprobar cualquier nuevo proyecto de compensación en sustitución del anulado. Es uno de los aspectos jurídicos que tendrá que lidiar la comisión municipal de expertos, con un añadido extra de complicación: una junta de compensación actualizada tendrá que incluir a los centenares de compradores de viviendas como propietarios interesados en el asunto.
El TSXG anuló también, en enero de 1997, el proyecto de urbanización del ámbito por haber permutado el aprovechamiento municipal (10%) por "viviendas futuras" (las 50 que no han llegado a ocuparse); por la "inaceptable cesión [municipal] de la propiedad del subsuelo" para construir el aparcamiento y, finalmente, porque no podía obligarse a los miembros de la junta de compensación, como había sucedido, a costear la construcción de este aparcamiento y a explotarlo.
Otros procesos judiciales posteriores han instado la ejecución de esas sentencias, que son firmes, ratificadas por el Tribunal Supremo, pero el Ayuntamiento no ha ejecutado ninguna, salvo el cierre, por denuncia de un particular, de seis negocios en uno de los edificios del ámbito.
El aparcamiento, que sigue funcionando pese a que los tribunales han ordenado reiteradamente su cierre, parece predeterminado a pasar a titularidad municipal, con la complicación de que hay particulares que compraron y son propietarios de algunas plazas. También se ha instado el desalojo de las más de 500 familias que habitan las viviendas del ámbito hasta que se resuelvan los desafueros, ya que todas ellas, aunque hayan sido compradas con todas las de la ley, carecen de licencia de primera ocupación.
Las 50 viviendas vacías -de 80 a 100 metros de superficie- se encuentran en los edificios números 12-14 de República Argentina, de interior un tanto fantasmal. El Ayuntamiento paga por ellas 6.000 euros anuales en cuotas de comunidad, pero el deterioro, por falta de ocupación, va ganando progresivamente mayores espacios. No se pueden alquilar ni hacer nada con ellas hasta que no esté definitivamente sentada su titularidad, en la que Renfe también mantiene abierto otro litigio colateral: reclama al Ayuntamiento 10 de esas viviendas o 2,5 millones de euros por la edificabilidad que le correspondía en los solares que se urbanizaron.
La comisión de expertos nombrada por la Xunta de Goberno está formada por dos jurídicos, un técnico que combina los conocimientos urbanísticos con los económicos, el secretario de la Xerencia Municipal de Urbanismo y otro técnico de Planeamiento. Todos, funcionarios municipales que deberían conocer ya el asunto. Se les ha encomendado la elaboración de una memoria o propuesta final de resolución de todas las cuestiones, lo que no es precisamente sencillo. En el expediente -aun liberado de otros avatares judiciales históricos, como una ruidosa imputación de prevaricación a toda la corporación que aprobó el plan- concurren cuestiones de orden privado, patrimonial y urbanístico que lo convierten en un galimatías. Y a la comisión que debe resolverlo no se le impuso ningún plazo.
* ELPAIS.com - PRIMITIVO CARBAJO - Vigo - 20/03/2009
Foto: Vigo, cámara_municipal - João Méndez (wikipedia.org)
El juez imputa al subdirector de Urbanismo de la DGA en Zaragoza
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ELPERIÓDICO* : Agentes de la Policía Judicial entregaron ayer por la mañana una citación al subdirector provincial de Urbanismo del Gobierno de Aragón en Zaragoza, Carlos Martín Rafecas, para que comparezca hoy en la Jefatura Superior como imputado en la Operación molino. La citación le fue entregada con carácter particular, no como funcionario de la administración autonómica.
Algunas fuentes apuntaron a que podría tener relación con las propiedades de familiares suyos en La Muela o sus alrededores.
Martín Rafecas es uno de los miembros de la Comisión Provincial de Urbanismo, órgano que tramita las propuestas de recalificaciones y los desarrollos urbanísticos de los municipios de la provincia de Zaragoza. Su cometido en ella consiste en efectuar informes técnicos.
Rafecas, que ocupó varios cargos en la DGA en los años 90 con los gobiernos PP-PAR, ocupa un puesto de carácter administrativo equiparable al de un jefe de servicio.
LA SILLA DE PINILLA En la Comisión Provincial de Urbanismo de Zaragoza también se sienta, desde hace varias legislaturas, María Victoria Pinilla, alcaldesa de La Muela y detenida el miércoles por orden del juez de La Almunia, que le imputa nueve delitos presuntamente vinculados con una trama de corrupción urbanística por la que han sido detenidos dos familiares de la edil, un concejal, empleados del consistorio y empresarios de la construcción.
Pinilla, que gobierna el consistorio desde 1987 y milita en el PAR, está en ese organismo como parte de la cuota que le corresponde a los aragonesistas. La edila integra la comisión como representante de los municipios de menos de 5.000 habitantes, cifra de vecinos que el municipio de La Muela superó hace unas semanas.
Fuentes del Gobierno de Aragón hicieron ayer hincapié en que la comisión es un órgano de carácter técnico en el que las decisiones se adoptan por mayoría de sus miembros.
La alcaldesa de La Muela no asistía a muchas de las sesiones del organismo, explicaron otros de sus integrantes, que añadieron que sí solía estar presente cuando el orden del día incluía asuntos relativos a su municipio. No era infrecuente, apuntaron, que intentara reforzar la defensa de posturas opuestas a las de la DGA alegando que ella estaba allí para representar a los municipios de pequeño tamaño.
Por otro lado, en la administración comienza a extenderse la sospecha de que la operación iniciada en La Muela pueda destapar líneas de trabajo que dirijan las investigaciones hacia otros municipios del área metropolitana, la mayor parte de los cuales han experimentado grandes desarrollos urbanísticos en los últimos años.
Uno de los detenidos como presunto integrante de la trama corrupta, el arquitecto Francisco Núñez Castillo, lleva trabajando para el Ayuntamiento de La Muela desde principios de los años 90. Y también lo ha hecho en los últimos años para otros municipios zaragozanos como La Puebla de Alfindén, donde hace tres años diseñó el nuevo consistorio y el pasado la reforma del campo de fútbol, y Ricla, para quien elaboró en el 2006 el proyecto básico del Museo Paleontológico. Los aragonesistas llevan varias legislaturas gobernando en La Puebla y lo hicieron hasta mayo del 2007 en Ricla, localidad en la que fueron desplazados por CHA tras el episodio del empadronamiento masivo de inmigrantes.
* El Periódico de Aragón - 20/03/2009 E. B. D.
Foto: Parque eólico en La Muela (Zaragoza)- CRISTÓBAL MANUEL, elpais.com
El TSJA ordena un nuevo frenazo al plan del parque de Cabo de Gata
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ELPAÍS/Almería* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado otro revés a la Junta al tumbar de forma cautelar una nueva parte del nuevo plan de ordenación del parque natural Cabo de Gata-Níjar. Este plan fue aprobado en febrero de 2008 y el TSJA entiende que puede suponer la "legalización de obras ilegales", según el plan de 1994.
El tribunal también aprecia que la nueva norma amplía el suelo urbano que el plan de 1994 no contemplaba en los núcleos de San José, La isleta del moro y Agua Amarga. El auto judicial alerta de que se amplían los cultivos bajo plástico y la extracción de áridos.
La resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, dictada el pasado día 10, basa su decisión en las pruebas aportadas en un recurso presentado el pasado enero por las organizaciones ecologistas Grupo Cóndor, Salvemos Mojácar y Salvemos Macenas.
El citado auto considera que no paralizar estos puntos del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) ahora -hasta que dictamine si vulnera la ley- "podría causar perjuicios irreparables".El Cabo de Gata es un quebradero de cabeza para la Junta. Durante años defendió el hotel del Algarrobico era legal. Sin embargo, en 2008, un juez de Almería lo declaró ilegal y acusó a la comunidad de manipular "de forma burda" los planos oficiales del parque para legalizar el hotel.
La sentencia llegó después de que, el año pasado, la Junta presentase el plan de ordenación de los recursos naturales con el que, señaló, quería salvar el paraje del ladrillo. La entonces consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, afirmó que el cambio de clasificación del suelo del Algarrobico demostraba su "clara voluntad" por regenerar la zona. Coves destacó que los terrenos del hotel pasaban de urbanizables a "terrenos construidos que hay que recuperar".
En noviembre de 2008, el Tribunal Superior andaluz ya suspendió de manera cautelar la aplicación del nuevo plan para el sector sobre el que se alza el polémico hotel del Algarrobico, al considerar que el cambio de uso podría conllevar la reactivación del complejo, lo que podría suponer "gravísimos e irreparables" perjuicios para el medio ambiente. Ése fue el segundo varapalo.
El tercero es el auto que la asociación Salvemos Mojácar hizo público ayer. La sección primera de lo contenciosos dictó el pasado 10 de marzo una resolución de dos folios en la que paraliza el cambio de planeamiento en Níjar y Carboneras en las zonas que pasan a estar clasificadas como "de mayor intervención urbana", ya que ese cambio de suelo puede suponer "la legalización de obras ilegales".
El nuevo auto del TSJA se basa en las pruebas aportadas por las organizaciones ecologistas Cóndor, Salvemos Mojácar y Salvemos Macenas el pasado enero. Los conservacionistas adjuntaron un informe redactado por un equipo de topógrafos que comparaba el plan de 1994 con el actual así como planos de cómo está la zona en la actualidad.
Los ecologistas argumentaban en su recurso que el plan de ordenación legalizaba cerca de 1.000 viviendas existentes, recalificaba suelo para otras tantas y legalizaba más de 500 hectáreas de cultivos de invernadero. En el auto, el tribunal señala que el plan reconoce como suelos urbanos núcleos de San José, La Isleta del Moro y Agua Amarga que en 1994 no tenían tal consideración y en los que se han construido "viviendas y urbanizaciones ilegales". También constata que "se amplían los cultivos bajo plástico así como la cantera de extracción de áridos Argamasón".
El TSJA accede a la suspensión cautelar del plan en estas zonas al considerar que se abre la vía a autorizar edificaciones en suelos que, en principio, "no deberían albergarlas".
En el informe presentado, los conservacionistas ofrecen detalles por núcleos: Rodalquilar pretendía legalizar viviendas junto a la carretera; San José quería duplicar el casco urbano al hacer legales "cientos" de viviendas, circunstancia que también ocurría con La Isleta del Moro.
* ELPAIS.com - M. J. LÓPEZ DÍAZ / R. MÉNDEZ - Almería / Madrid - 20/03/2009
Foto: Cabo de Gata (Almería), parque - ideal.es
Hijos de la picaresca
ROSA MARÍA ARTAL* : Una conciencia laxa ante la corrupción, la creencia frente a la ciencia y un atraso educativo secular: tres pies para una mesa que cojea por su erróneo diseño. Alcaldes de todos los partidos son acusados de corrupción, ingresan en la cárcel entre llantos, vítores y aplausos, y, en el 71% de los casos, resultan reelegidos, aumentando incluso sus apoyos. ¿Concedemos los españoles mayor permisividad que otros pueblos a la trampa, el robo, la malversación, el cohecho y todas sus variantes delictivas?
Sin duda, somos hijos de la picaresca, un género literario asociado a las letras españolas que nos ha impregnado el alma. O viceversa. En su tiempo de esplendor -siglo XVII-, la picaresca supuso una auténtica creación porque abordó con crudo realismo la verdad, en contra de las idealizaciones del Renacimiento. La novela picaresca suprime artificios de lenguaje y refleja la sociedad en la que vive: la que distingue a los seres humanos según su cuna y arroja a los abismos al pobre, que sólo puede medrar con subterfugios superiores a los de aquellos a quienes se ve obligado a servir. España de falacia y pandereta, de filfa, patraña y estafa, lerda y falsa, clerical y oscurantista, que nunca concede al pícaro la gracia heroica del triunfo sobre el poder. Su astucia obligada sólo le ayuda a sobrevivir.
Pocos países en la historia han ostentado la hegemonía mundial. España tuvo ese dudoso privilegio durante varios siglos. Lo que otros imperios robaron -tributos y botines de guerra, si se prefiere usar eufemismos- puebla sus museos. Grecia y Egipto se contemplan en el British londinense, y, lo que resta, en el Louvre parisino o en el Vaticano. ¿Y qué fue de los tesoros incautados por España? A partir de esa primera interrogante, nos encontramos a los Austrias dominados por validos o, llegados los Borbones, a la regente María Cristina, que amasó una inmensa fortuna trapicheando, según se le atribuye, con la sal, los incipientes ferrocarriles e incluso la trata de esclavos.
La Segunda República no se libra de despilfarros, falta de organización y corruptelas. Alejandro Lerroux se vio obligado a dimitir de su breve mandato como presidente del Gobierno por los escándalos del estraperlo y el cobro de favores -uno de los pocos a quienes la corrupción le pasó factura-. En realidad, la trayectoria española del siglo XX está llena de casos con nombre propio. Inolvidables Matesa y Sofico en el franquismo; el aceite de colza, con la UCD, y todos los que ya apoya la memoria reciente.
España, pozo de dinero negro, ha hecho de la burbuja inmobiliaria el primer alimento para nuestra fama de corruptos. Extendida por todo el territorio español, prevarica, trafica con influencias, cobra comisiones y adjudica irregularmente. Se la está atajando con múltiples investigaciones y condenas, pero la basura no cesa de fluir. Una comisión del Parlamento Europeo dictaminó en 2007: "El urbanismo que está padeciendo España es un atentado contra derechos fundamentales, movido por intereses bastardos de constructores sin escrúpulos, conchabados con alcaldes de poca monta, enfeudados unos y otros en la codicia y la avaricia".
Si nos atenemos a los datos de la organización Transparency Internacional, ocupamos, sin embargo, el puesto 28 -entre 180- entre los más limpios, con una calificación de notable (6,8). La ciudadanía, en cambio, dice percibir alta corrupción, sobre todo política. Sólo que -y esto es básico- no le importa. Sólo un 2% de los ciudadanos la cita como problema en las encuestas del CIS.
Para los diccionarios de sinónimos, el pícaro es travieso, pilluelo, bribón, tunante, revoltoso o astuto. ¡Dulce benevolencia! Buena parte de los españoles admira a quien se enriquece, sin importarle los métodos.
El desmesurado peso de la Iglesia católica en el Estado español a lo largo de toda su existencia no es ajeno a la aceptación tácita de la corrupción. Influencia clara, cuando aún intenta impedir en España lo que acepta en otros lugares, como el estudio de Educación para la Ciudadanía o una ley del aborto europea. Partimos de dos premisas fundamentales que constituyen la razón de ser la religión: creencia frente a ciencia y juicio, y limpieza del pecado con una penitencia cómoda y solitaria. Los vecinos que vitorean alcaldes presuntamente corruptos no "creen" que lo sean, de nada les sirven las pruebas, les posee la fe. Muchos políticos también participan de esa actitud. Y sobre todo, demuestran pensar que la contrición privada exime de culpa, al margen de la justicia.
Causa y consecuencia, la educación sigue siendo asignatura pendiente de los españoles porque, a pesar del indudable y vertiginoso crecimiento económico, partir del subdesarrollo y la dictadura lastra. Aún presentamos un notable fracaso de instrucción infantil... y evidentes carencias en los adultos. Desde la inocua falta de uso de expresiones corteses y el escaso dominio de lenguas extranjeras, a no pensar en los otros -elemento básico de una formación adecuada-. País bipolar, de excesos y carencias, generador de caspa que no tapa el progreso.
Una llave para el cambio: la búsqueda del bien común. Y con ella, franquear la entrada a una nave que aguarda durante siglos partir hacia una nueva España. Por la borda y con una pesada ancla, habremos de arrojar la picaresca y todo lo que implica. Para enderezar la Historia.
*Rosa María Artal es periodista y escritora. Su último libro es España ombligo del mundo.
* ELPAIS.com- Tribuna - 17/03/2009
Detienen al director insular de Carreteras por corrupción
DIARIODEMALLORCA* : Tres funcionarios policiales del Grupo de Delitos Económicos de la Policía Nacional arrestaron ayer, a las nueve menos diez de la mañana y en su despacho oficial, a Gonzalo Aguiar González, director insular de Carreteras del Consell de Mallorca desde octubre del 2001 hasta la actualidad.
Tras pasar once horas arrestado en los calabozos policiales, el director de Carreteras quedó en libertad después de prestar declaración.
Aguiar, defendido por Josep Zaforteza, ha sido el primer arrestado que forma parte del escalafón político dentro de la supuesta trama de corrupción investigada en la operación Peaje. El detenido está acusado de emplear medios e infraestructuras de una UTE pagada con fondos públicos para usos particulares y otros presuntos delitos. Declaraciones de otros encausados y facturas intervenidas por los investigadores acreditarían que dichas empresas regalaron materiales de construcción y plantas a altos cargos de Carreteras, a los que también hicieron trabajos de construcción.
Aguiar acudió ayer puntualmente a su despacho oficial situado en el antiguo Llar de la Infancia de la calle General Riera. El ingeniero de profesión y responsable de las carreteras insulares llegó al edificio oficial hacia las 8.30 horas. Apenas veinte minutos después, un coche camuflado de la Policía Judicial aparcó frente a la puerta del antiguo hogar de menores.
Tres agentes de paisano entraron en el edificio del Consell y apenas dos minutos después, y tras leerle sus derechos, salieron acompañados del alto cargo.
Aguiar sonrió a los periodistas y salió sin esposar. Al entrar en el coche camuflado el semblante del cargo de confianza de UM cambió. El ingeniero se fue camino de Comisaría con un semblante pálido y de gran preocupación.
Causa secreta
El sumario del caso peaje está siendo instruido, bajo secreto, por la magistrada Ana María San José, titular del juzgado de instrucción 5 de Palma.
Los cargos concretos que pesan sobre Gonzalo Aguiar no se conocen al estar el caso bajo secreto sumarial.
Sin embargo, sí se sabe que los investigadores del Cuerpo Nacional de Policía y la fiscalía Anticorrupción sospechan que altos cargos y algunos funcionarios del departamento de Carreteras del Consell pudieron lucrarse a título particular con medios, materiales e infraestructuras de la UTE Desdoblamiento C-715. Dicha unión temporal de empresas fue creada para participar en el concurso público organizado por el Consell en 2004 para ampliar y modernizar la peligrosa y colapsada carretera de Palma a Manacor.
Las pesquisas tratan de comprobar las sospechas respecto a que un gran número de empresarios y otros proveedores participantes en el proyecto hicieron de forma gratuita importantes trabajos de construcción o similares a los imputados políticos o a funcionarios clave del departamento de Carreteras.
Anticorrupción dispone de facturas que acreditarían que algunas de esas obras particulares fueron luego cargadas a la UTE y abonadas en último extremo con caudales públicos.
Aguiar y el propio máximo responsable de su departamento, el dirigente de UM y vicepresidente del Consell de Mallorca, Antoni Pascual Ribot, aparecen como querellados en la causa secreta.
Poco después de las siete de la tarde y tras dos horas de declaración, Aguiar abandonó el edificio policial. No quiso explicar el contenido de su comparecencia, aunque se sabe que negó todos los cargos. La Policía cree que los obreros que trabajaban en las obras de la carretera descargaron camiones de tierra en la finca de Aguiar sin pagar éste nada a cambio.
* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.MESTRE. PALMA. - 19.03.09
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El director insular de Carreteras fue detenido ayer por la mañana en su despacho oficial. De allí fue llevado directamente al calabozo. Foto: B. Ramon, diariodemallorca.es
La Marbella aragonesa
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ELPERIÓDICO/Zaragoza* : 'Operación Molino', el despegue de un pueblo. La Muela basa su desarrollo en una desorbitada expansión urbanística a base de recalificaciones de terrenos. Las pretensiones municipales quieren convertir el municipio en la segunda o tercera ciudad de Aragón.
La riqueza generada por los parques eólicos, por el polígono industrial Centrovía, con más de 500 empresas instaladas, y, sobre todo, por la desorbitada expansión urbanística a base de recalificar terrenos en los últimos años ha dado tantas alas a este municipio zaragozano que ya aspiraba a convertirse en la tercera, o incluso la segunda, ciudad de Aragón. De unos 800 vecinos ha pasado a los 5.000 empadronados actuales en un par de décadas. Aunque solo si se desarrollara el PGOU tendría 10.000 habitantes Y con los proyectos previstos por el ayuntamiento serían unos 55.000. El pilar económico de todo este desarrollo ha sido la transformación, por parte del ayuntamiento, de suelo rústico, en manos privadas, en residencial. Y en la permuta de una serie de parcelas municipales.
UN MODELO IMPORTADO DE LA COSTA DEL SOL
Gracias a este modelo de crecimiento, La Muela cuenta con tres museos (del viento, del aceite y de la vida), una moderna plaza de toros que tiene en estudio su cubrimiento; un auditorio; un parque temático de aves o aviapark; un gran centro deportivo con piscinas cubiertas climatizadas, jacuzzi, sauna, solarium y zonas deportivas, o un campo de fútbol de césped artificial.
Si el fútbol fue referencia obligada en la Marbella de Jesús Gil, en La Muela no lo es menos. Ya querrían algunos clubs las gestas que protagoniza el equipo local. En tres años ha ascendido dos veces de categoría. Comenzó en Primera Regional, pasó a Regional Preferente y ahora se encuentra el tercero en la tabla de Tercera División, en puesto de play off de ascenso a Segunda B. La plantilla no solo se nutre de canteranos y aragoneses, también tiran de talonario para fichar jugadores de fuera.
A esto se suman eventos culturales y conciertos con figuras de alto nivel como Julio Iglesias, Joaquín Sabina o Isabel Pantoja, por no hablar de los carteles taurinos que programa su flamante plaza o las ofertas de viajes gratuitos que paga el consistorio todos los años para los empadronados, con destinos tan exóticos como la República Dominicana, Brasil o la Riviera Maya en México. Estos viajes también son utilizados para hacer negocios con autoridades locales. Para viajar a Zaragoza hay conexión directa con el autobús La Muela/Exprés
Pero las propuestas de este ayuntamiento no se agotan. Baraja dos campos de golf, un tranvía que incluso uniría el municipio con Zaragoza, un puente colgante sobre la autovía o una circunvalación que permitiría recalificar todo un anillo de terrenos en donde construir 2.500 viviendas.Porque cualquier proyecto de La Muela pasa por las plusvalías de la compraventa de suelo.
UNA NUEVA CIUDAD DE 30.000
VECINOS JUNTO A LA A-2
Hasta 9.500 viviendas en tres fases se pretenden levantar en la urbanización denominada Ciudad Zaragoza Golf, vinculada a una gran superficie comercial, y ubicada frente al polígono industrial Centrovía. La primera parte, con unos 2.500 pisos, ya está en marcha. Aunque las otras dos se encuentran, de momento, paralizadas ante el rechazo del Gobierno de Aragón.
La urbanización con campo golf está proyectada por la inmobiliaria Wilcox a través de Promociones Santa Rosa, en La Muela, frente al polígono Centrovía. Esta empresa, propiedad de Telesforo Llorente, tiene en la promoción de Zaragoza Ciudad Golf o la creación de miles de viviendas parte de su cartera de negocios en la localidad aunque no por eso está en el punto de mira de las investigaciones policiales. Por lo menos así lo indicaron fuentes oficiales de la empresa a este diario. "No se ha puesto en contacto nadie con nosotros ni con el señor Llorente, por supuesto no se ha producido ningún registro y no existe relación alguna con la trama que están investigando en La Muela", afirmaron. Aunque en el proyecto también participan otras promotoras. Tiene una capacidad para 30.000 habitantes. La COTA (Comisión de Ordenación del Territorio de Aragón) dio luz verde a la primera fase, pero ha informado desfavorablemente de los otros dos desde el año 2005.
La primera pastilla está urbanizada, mientras que el Gobierno de Aragón interpuso un recurso contencioso en junio de 2006 por la aprobación de la segunda por parte del propio ayuntamiento. Finalmente, la tercera parte del complejo tiene un informe desfavorable.
UNO DE LOS MAYORES CENTROS COMERCIALES Y DE OCIO
La nueva urbanización con campo de golf estaba vinculada a uno de los centros comerciales más grandes de todo Aragón. La solicitud del proyecto se inició en julio del 2005 por parte de la promotora Guadalajara Plaza, SA, dos meses antes de que se aprobara el Plan de Ordenación de los Equipos Comerciales en Gran Superficie, que regula este tipo de comercios en Aragón. Pero finalmente ha sido sustituido por un híper de 1.428 metros cuadrados que se completará con otro de hasta 5.818 metros de venta especializada. La intención inicial era una instalación para el consumo y el ocio de nueve hectáreas, de las que tres se dedicaban al centro comercial, y el resto, equivalente a seis campos de fútbol, a viales, accesos, aparcamientos y zonas verdes.
UN ANILLO DE CASAS DENTRO DE LA FUTURA CIRCUNVALACIÓN
Otro de los proyectos amparados estos últimos años por el consistorio, pero que ha recibido el rechazo de la DGA, ha sido la construcción de 2.000 viviendas en unos terrenos situados al norte del caso urbano de La Muela, y que se colocarían en el interior de un nuevo anillo residencial previsto por la alcaldesa.
La intención es construir una circunvalación de unos cuatro kilómetros de longitud, que costará unos quince millones de euros, cuyo proyecto está redactado por el arquitecto municipal. La ronda partirá y finalizará en la antigua carretera de Madrid. En cuanto a la financiación, se obtendría de ayudas y subvenciones del Instituto Aragonés del Agua, así como de plusvalías por la recalificación de suelo rústico para levantar hasta 2.500 viviendas.
EL SEGUNDO CAMPO DE GOLF
A finales 2006 se llevó al pleno la permuta de un solar municipal de 97 hectáreas, clasificadas como urbanizables no delimitadas y catalogadas de monte público, por 229 hectáreas de la empresa vasca Construcciones Sagain SL., ubicadas en la zona industrial junto a Centrovía. Esta propuesta, que se tramitó durante una atípica excedencia como alcaldesa de María Victoria Pinilla, decayó finalmente y la constructora inició los trámites para el polígono Centrovía. En febrero de este mismo año, Sagain acaba de conseguir el permiso de la DGA para el desarrollo de esta pastilla que convertirá a Centrovía en uno de los mayores polígonos de Aragón, con un total de 600 hectáreas desarrolladas.
FASTOS Y OBRAS A COSTA DE LAS PLUSVALÍAS
En octubre del 2004 se inauguró la nueva casa consistorial con una inversión de 2,5 millones de euros. Se trata de un palacete del siglo XV, reconstruido y ampliado según la propuesta del arquitecto Joaquín Sicilia. Y el antiguo ayuntamiento se reconvirtió en policlínica y se amplió en el 2006 la residencia de mayores a cargo de la permuta de parte del 10% del suelo que corresponde al consistorio por la urbanización de Promociones Santa Rosa. En total, se obtuvieron unos 16 millones de euros. También se inauguraron las nuevas instalaciones de la escuela infantil, el comedor escolar, la biblioteca municipal y las aulas de enseñanza para adultos.
En octubre del 2005, el consistorio y el grupo hospitalario Quirón firman un acuerdo para la puesta en marcha de un centro asistencial de día. El ayuntamiento pone un edificio adaptado para las consultas y Quirón se encargaría de la dotación tecnológica, el equipamiento y el mobiliario
Un año antes, el ayuntamiento y la Fundación San Valero pusieron en marcha un centro de formación para el empleo, con capacidad para 210 alumnos diarios, que estaría dirigido a cubrir las necesidades de las empresas de Centrovía. Las instalaciones se encontrarían en el propio polígono. El centro, con una superficie de 1.100 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, con aulas de informática y de automatización industrial, y un taller para impartir formación para soldadores, fresadores, etc.
Entre las últimas inversiones destaca la inauguración, en febrero del año 2008, de la Casa de Juventud, tras invertir 232.000 euros.
* El Periódico - 19/03/2009 M. NAVARCORENA
Foto: La Muela (Zaragoza), ayuntamiento - fspugtaragon.org
La Relatora de la ONU afirma que la vivienda en España “ha dejado de ser un derecho” al impulsar políticas especulativas
REBELIóN* : Raquel Rolnik, Relatora Especial sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada de Naciones Unidas, presentó el domingo en rueda de prensa en Barcelona el informe anual sobre la situación del derecho a la vivienda que hoy llegará a manos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Rolnik, que visitó Barcelona invitada por el Observatorio DESC, ha centralizado su informe en el impacto que determinadas políticas de vivienda han tenido en la generación de la actual crisis económica, destacando la falta de límites sobre el mercado inmobiliario como una de las principales.
“El tema de la crisis está muy presente en los medios de comunicación, pero a pesar de que su origen está muy relacionado con las políticas de vivienda en Estados Unidos y la generación de las hipotecas subprime, no vemos discusiones sobre el tema”, ha denunciado Rolnik. Por eso, ha dedicado su informe a poner en evidencia cómo algunas políticas en la gestión de la vivienda han colaborado a que se desarrolle el contexto económico actual.
Viviendas mercantilizadas
“La causa de la crisis es un cambio mundial en las políticas de vivienda”, denunció ayer Rolnik. La relatora resalta que la vivienda “ha dejado de ser un derecho” y cita en repetidas ocasiones a España como uno de los países que más ha impulsado políticas especulativas. “Se podrían hacer políticas de promoción del alquiler, dar subsidios a los locatarios...pero todo eso se deshizo a favor del mercado y el estado construyó una serie de herramientas para que esto pueda pasar”, detalló Rolnik.
“La política de vivienda está basada en la propiedad privada, que se confunde con el derecho a tener una vivienda adecuada. Esto en el caso de España es absolutamente claro y va ligado al concepto de la vivienda como inversión inmobiliaria, que entiende los inmuebles cada vez más como inversión financiera. Eso implica una mercantilización del derecho a la vivienda”, explicó.
La relatora también ha constatado que en el estado español (así como en EUA) se han “inventado créditos y formas de préstamo para que aquellos que no tienen la posibilidad de comprar nada” lo hagan, en una práctica “artificial con respecto a los ingresos de las familias”.
“Los créditos fueron casi impuestos a la gente y el mecanismo de comprar y endeudarse siguió bien en tanto los precios subían y había disponibilidad financiera internacional”, explicó Rolnik. Como con todo producto, cuando aumenta su demanda los precios también lo hacen. Pero esto “ha provocado la burbuja inmobiliaria, los precios llegaron a un punto en el que ya no podían subir más y ahí comenzó la crisis”, argumenta.
Por eso ahora es, para la relatora, el momento de implementar nuevas políticas de inversión financiera que no se basen en el ladrillo y, sobre todo, que “no sean importantes para la banca sino buenas para las familias”.
“No es posible que todo el mundo sea propietario”
El mismo día Rolnik se reunió con miembros de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas para conocer de cerca la situación de las familias afectadas. De hecho, su informe se nutre en gran parte de los testimonios en primera persona de los ciudadanos de distintas partes del mundo que comparten un mismo problema: el habitacional. La relatora defiende, en este sentido, el derecho a la vivienda y no el derecho a al propiedad. “No es posible que todo el mundo sea propietario, hay que mirar otras alternativas”, explicó, más partidaria de que la gente que no tiene los recursos necesarios alquile con ayudas del gobierno y regímenes de tenencia seguros (que garanticen el alquiler a largo plazo) a que se meta en deudas imposibles de pagar. Rolnik critica las ayudas que los gobiernos están otorgando a los bancos porque “tendrían que ir a parar a los afectados”.
“En Manhattan, donde tienen el metro cuadrado más caro del mundo, un tercio del parque de vivienda es público”, lo que explica porqué todavía pueden subsistir en el barrio los sectores con menos recursos sin ser expulsados. “Pero tienen un organismo público que regula este derecho”, ejemplificó Rolnik. Otra de las recomendaciones de la relatora es desarrollar ayudas efectivas al alquiler, una medida “infinitamente más barata” que “construir vivienda nueva”.
“En España no hay déficit de vivienda, eso es mentira. Lo que hay es una cantidad increíble de viviendas vacías, más de 3 millones, que nadie puede pagar”, rebatió Rolnik.
La relatora hizo ayer un llamamiento público a los estados para reformar las políticas de vivienda “aprovechando la crisis”, como un buen momento para plantear reformas a un sistema que, según constata, ha hecho aguas.
* Rebelión - Mariana Cantero
eldebat.cat - 10.03.09
El urbanismo valenciano empieza a pagar los excesos
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CINCODÍAS* : Entre 1995 y 2006, en la Comunidad Valenciana se podía comprar una extensión de naranjos y venderla al cabo de unos meses con una plusvalía de más del 5.000%. Especular con el suelo daba unos beneficios que dejaba como aficionados a los más osados inversores.
El urbanismo que permitió la ya derogada LRAU (Ley Reguladora de la Actividad Urbanística) logró uno de los objetivos que se proponía, liberar suelo. Pero esa mayor oferta, lejos de abaratarlo, provocó una burbuja que, al estallar, ha dejado un panorama grotesco en muchas zonas de esta Comunidad, con estructuras de hormigón abandonadas a medio hacer, zonas urbanizadas con calles asfaltadas pero sin edificios en los solares o viviendas en las que no vive nadie.
Los famosos PAI (Planes de Actuación Integrada) permitían, a grandes rasgos, promover la urbanización de una zona aunque no se fuera el propietario del terreno. Lo importante era lograr el permiso del ayuntamiento y de la Generalitat para cambiar la calificación. Llegó el momento en que el mero rumor de que se planeaba un PAI sobre una zona disparaba el suelo a precios que hoy aún se están pagando caros. Fueron auténticos pelotazos.
Enrique Bañuelos, por entonces presidente de Astroc, cerró una de las operaciones más beneficiosas que el sector inmobiliario recuerda en Xilxes (Castellón), una localidad cercana a Canet, donde levantó su fortuna a golpe de PAI. En octubre de 2004 la sociedad Costa Malvarrosa, del grupo Astroc, solicitó al Ayuntamiento de Xilxes, propuesta de 'programa de actuación integrada' cuyo ámbito de actuación comprendía el desarrollo de suelo urbanizable en la localidad castellonense, en el sector Golf Costa Malvarrosa. Pocos meses después la calificación de Costa Malvarrosa pasó a ser urbanizable y en enero de 2006 Astroc la vendió por 6,7 millones de euros. Según el folleto de salida a Bolsa de 2006 presentado por la compañía ante la CNMV, la operación le supuso a la empresa una plusvalía de 6,5 millones, nada más y nada menos que un 5.600%.
En el folleto, Astroc no especifica quién lo compró. Pero según fuentes cercanas al empresario valenciano y de acuerdo a los cargos que a partir de 2006 aparecen en la contabilidad de dicha sociedad, los compradores fueron las firmas PKL Bykes y Urbana Segorbe. Estas dos empresas son propiedad de Andrés Selma y José Luis Boix, quienes a través de Zonario y Cartinmuebles controlan Xilxes Golf Resort, la urbanización aneja al suelo que les vendió Bañuelos. Xilxes Golf Resort, cuyo desarrollo está paralizado, se ha hecho popular en los últimos días por el caso de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón, ya que el constructor José Luis Ulibarri, imputado por presuntos delitos urbanísticos, es socio.
La operación de Bañuelos en Xilxes es muy llamativa, pero en esos años hubo muchas. Sonada fue la promovida por Juan Bautista Soler. Como presidente del Valencia CF compró, en secreto, 1.651.650 metros cuadrados de suelo agrícola. Con la connivencia de la Generalitat este suelo fue recalificado y vendido a Nozar. El precio de compra fue de 36 millones. El de venta, 168 millones. 'Un pelotazo', dijo sin rubor Soler.
Pero lo fue sólo para el Valencia, aunque después prácticamente tirara el dinero que había de sanearlo. Nozar, sin embargo, no ha desarrollado ningún proyecto allí y, de hecho, ha acabado por permutarlo por deuda con el BBVA. Se quedó atrapado en la burbuja, como le ocurrió a Llanera en no menos de cinco proyectos en los que compró o dio señales por terrenos forestales y que nunca logró recalificar para hacer urbanizaciones con campo de golf. Algunos de aquellos terrenos que se compraron a precio de oro vuelven hoy a preparase para plantar naranjos ante su improbable urbanización.
Las cifras
323 viviendas al día se visaban en la Comunidad Valenciana en 2007. La cifra llegó a 118.000 en todo ese año.
70% fue el porcentaje de caída del número de visados durante 2008.
50 proyectos de urbanización con campo de golf llegaron a presentarse en unos meses. Pocos se han desarrollado.
Bañuelos declara ante el juez
Enrique Bañuelos, ex presidente de Astroc, ha sido llamado hoy a declarar en Barcelona acusado por la Fiscalía Anticorrupción de emplear información privilegiada cuando presidía la inmobiliaria. La Fiscalía acusa a Bañuelos, y también a Carmen Godia, vicepresidenta de Abertis y ex socia de Bañuelos en Astroc, de haber obtenido un beneficio ilícito de 3,5 millones de euros al comprar acciones de Fadesa justo un día antes de que Martinsa lanzara una opa sobre ella. Bañuelos se habría valido de la información privilegiada para enriquecerse ilegalmente.
Bañuelos abandonó la presidencia de Astroc a mediados de 2007, tras el derrumbe en Bolsa sufrido por la inmobiliaria. Hoy tiene menos del 5% del capital de la compañía, denominada Afirma tras su fusión con empresas del grupo Rayet.
Al margen del caso de la información privilegiada en la opa de Martinsa sobre Fadesa, Bañuelos también tiene pendiente un asunto en la Audiencia Nacional.
Se trata de una denuncia por maquinación para alterar el precio de las acciones de Astroc. Varios pequeños accionistas sostienen que el ex presidente de la compañía ocultó datos esenciales, como el volumen real de negocio que afectaron a la cotización de la empresa.
* Cinco Días - A. Ortín Madrid / J. Clemente - Valencia - 18/03/2009
Foto: Terrenos entre Moncofa y Xilxes (Castellón). Al fondo, uno de los desarrollos urbanísticos que no han sido finalizados. - SANTIAGO CARREGUÍ, cincodias.com
Cartagena: Vecinos de una urbanización de Mar de Cristal denuncian que la gestora gastó 330.000 euros en cenas y regalos a ediles
LAVERDAD* : Vecinos de Mar de Cristal llevan varios años denunciando una supuesta malversación de fondos públicos en la contabilidad del los años 2001 al 2005 por parte de la Entidad de Conservación que gestora de su urbanización. Hasta el momento nunca, la Asociación de Vecinos Ribalta no había recabado pruebas de estas presuntas irregularidades en una zona de la ribera del Mar Menor donde residen 1.200 familias.
Ahora, aseguran que ya las tienen y que, gracias a un permiso judicial, han accedido a las cuentas de la entidad y han comprobado que los gestores gastaron más de 330.000 euros en cenas y regalos a concejales.
Así lo afirmó ayer el presidente de la asociación vecinal, José Castellano Blaya, durante una rueda de prensa en la sede del PSOE de Cartagena, en calle Salitre. Las cuentas, según los vecinos, reflejan que en cinco años la entidad ingresó 797.000 euros y que los gastos no superaron los 465.000. Los residentes de Ribalta no entienden en qué se ha gastado el dinero, puesto que no se han realizado mejoras significativas en la urbanización.
«En realidad, los gastos sí los tienen justificados. Pero en recibos de comidas y cenas carísimas, regalos a la Policía Local, a la patrona y a concejales, facturas repetidas, e incluso en viajes», dijo Castellano.
Con las iniciales
El dirigente vecinal volvió a pedir la disolución de la entidad urbanística de conservación del polígono I, y que la gestión de la urbanización quede en sus manos.
«No entendemos por qué no quieren que se dé de baja, y porqué se ha impedido, por parte de sus responsables, que salgan a la luz todas las irregularidades que hemos encontrados en las cuentas. Supongo que será para encubrir a alguien», manifestó Castellano.
Los vecinos solicitaron hace tres años en los tribunales la disolución de la entidad por problemas de doble fiscalidad. Pagan al Ayuntamiento de Cartagena por la limpieza y el mantenimiento de la urbanización, y también a la sociedad que gestiona el residencial.
Quieren que la alcaldesa, Pilar Barreiro, dé la orden de asumir ya toda las competencias en servicios tras casi quince años de funcionamiento de la gestora. Piden que haga lo mismo que en Cala Flores y Playa Honda.
Entregarán las cuentas en los juzgados como complemento a la documentación de la causa abierta desde el 2005. Esos papeles «demuestran a las claras todas las irregularidades económicas realizadas por la entidad de conservación durante esos años».
Castellano, acompañado de varios representantes vecinales, mostró varios recibos de comidas en restaurantes (uno en Murcia) en las que habrían participado miembros del equipo de gobierno. Sólo citaron al edil de Servicios y Seguridad Ciudadana y ex edil de Barrios y Diputaciones Enrique Pérez Abellán, que habría ido a una cena el 30 de abril del 2002 que costó 174 euros. En cuanto a los regalos, indicaron que había varios con las iniciales de Pérez Abellán: «E. P. A.»
«Es algo perseguible, punible y denunciable», criticó el presidente vecinal, que amenazó con llegar «hasta donde sea necesario».
* La Verdad - ANTONIO LÓPEZ - 18.03.09
Foto: Vecinos de Mar de Cristal, en una asamblea de este verano en la urbanización. / M. GARCÍA / AGM
Operación policial en el consistorio zaragozano de La Muela
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ELPAÍS* : La alcaldesa de La Muela (Zaragoza), María Victoria Pinilla, del Partido Aragonés (PAR), y otras 17 personas, entre las que se encuentra su marido, han sido detenidas por su presunta implicación en un delito de corrupción urbanística. La operación policial ha sido llevada a cabo por orden del juzgado de instrucción de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), que abrió este caso a raíz de una denuncia particular, han indicado fuentes conocedoras de la investigación policial.
Además de la alcaldesa, que gobierna esta localidad desde hace varias legislaturas, se encuentran arrestados su marido, otro concejal y otras 15 personas, cuya vinculación con el Consistorio se desconoce. Según informa la Cadena SER, la operación, bajo el nombre de Molino, ha sido llevada a cabo por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF). Los delitos que les imputa el juez, que ha decretado el secreto de sumario, son corrupción, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de dinero y tendrían que ver con la construcción en terrenos pertenecientes a un parque eólico.
La localidad de La Muela (4.400 habitantes), ubicada a 23 kilómetros de Zaragoza, ha construido en los últimos años miles de viviendas, uno de los principales parques eólicos de la Comunidad, con medio millar de molinos, y un gran polígono industrial en el que se han ubicado más de 500 empresas.
La actividad política de la alcaldesa de La Muela, que permanece al frente del Consistorio desde 1987, ha sido muy controvertida en los últimos tiempos al apoyar e impulsar grandes proyectos urbanísticos, y subvencionar viajes turísticos para cientos de vecinos a destinos internacionales.
* ELPAIS.com - EFE - Zaragoza - 18/03/2009
Foto: La Muela (Zaragoza) - turismodezaragoza.es
La Fiscalía denuncia al alcalde de La Viñuela por 5 delitos urbanísticos
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LAOPINIÓN/Málaga* : La Fiscalía sigue engullendo alcaldes con la misma facilidad con la que éstos cometen delitos urbanísticos. Ahora le ha tocado el turno al regidor socialista de La Viñuela, Juan Millán, contra quien la Sección de Medio Ambiente del ministerio público ha presentado cinco denuncias por otros tantos delitos contra la ordenación del territorio, uno de ellos con carácter continuado.
La tormenta que comenzó a caer hace tres semanas sobre Alcaucín aún no ha amainado y parece que el ojo de la Fiscalía se dirige ahora hacia otra pequeña y bella localidad axárquica. En concreto, el ministerio público ha remitido al Juzgado Decano de Vélez Málaga cinco denuncias en las que relata la concesión por decreto de otras tantas licencias de obra que legalizaban la construcción de hasta seis viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable, según la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
En la primera de ellas, el permiso de obras no podía concederse "al ser una decisión totalmente arbitraria e injusta". Destaca la inexistencia del informe jurídico y del técnico y tan sólo consta el estudio de la Secretaría del Consistorio, fechado en enero de 2004, "siendo éste genérico respecto de la normativa aplicable". En el proyecto técnico, "el demandante reconoce que el expediente no se ajusta a la normativa urbanística aplicable.
El segundo caso trata de dos permisos de obra concedidos también por decreto para levantar un par de casas unifamiliares en suelo no urbanizable. No existen informes técnicos o jurídicos, y el estudio de la Secretaría es igualmente genérico. En todos los casos, se hace constar que las normas vigentes nacen de la LOUA, dado que las normas subsidiarias de planeamiento aprobadas por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en 1996 no fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Junta. En este caso, el delito es continuado.
La tercera causa es idéntica a las anteriores, aunque en esta ocasión sí hay informe jurídico que establece la tramitación a seguir para conseguir la licencia, lo que no se cumple. No consta el informe técnico.
El cuarto asunto relata la dación de un permiso para levantar una casa unifamiliar en suelo no urbanizable. No hay informe técnico, aunque el jurídico establece las condiciones de tramitación, un itinerario que no siguió el promotor. El quinto es muy similar a los ya relatados.
La Fiscalía de Medio Ambiente pide que se oficie un mandamiento al Ayuntamiento de La Viñuela para que se elaboren los informes técnicos pertinentes, y solicita lo mismo en el caso de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
Reclama el ministerio público asimismo la declaración como imputado del regidor, y que se oiga como testigos a los cinco promotores que pidieron la ejecución de las diversas obras.
En todos los casos se propone además la aportación de la hoja histórico-procesal del alcalde. Todos los permisos objeto de investigación fueron concedidos entre 2004 y 2006.
* La Opinión de Málaga - JOSÉ ANTONIO SAU - 18.03.09
Foto: La Viñuela (Málaga) - vinuela.es
El fiscal se querella por corrupción contra el vicepresidente del Consell
DIARIODEMALLORCA* : La fiscalía anticorrupción ha interpuesto una querella por varios presuntos delitos relacionados con la corrupción de funcionarios públicos contra Antoni Pascual Ribot, actual vicepresidente del Consell de Mallorca por Unió Mallorquina (UM) y responsable del área de Carreteras de dicha institución desde 1999 hasta hoy.
De forma paralela, anticorrupción y la Policía desataron ayer la operación Peaje, contra una supuesta trama de corrupción relacionada con el desdoblamiento de la carretera de Palma a Manacor, que se saldó con siete registros en sedes de empresas, ocho detenidos y varios imputados más. Entre los arrestados destaca Francisco Orejudo, ingeniero jefe del proyecto de las obras de la autovía y alto cargo del Consell Insular de Mallorca. También fue arrestado otro funcionario, Gabriel Mestre, encargado de la vigilancia. Son los únicos que han pasado la noche en los calabozos policiales.
Secreto de sumario
La querella contra Antoni Pascual fue interpuesta la semana pasada y correspondió, por reparto, al juzgado de instrucción 5. La magistrada Ana María San José decretó el secreto de sumario y ayer su juzgado se encargó de varios de los registros en sedes palmesanas de sociedades relacionadas con la UTE adjudicataria de la "autovía" de Palma a Manacor.
Anticorrupción investiga si con ocasión de las obras de construcción del desdoblamiento de la carretera de Manacor, que tuvo un coste de unos 140 millones de euros y fue impulsado por el anterior Consell de Mallorca, gobernado por UM con el apoyo del Partido Popular, pudieron producirse desvíos millonarios de fondos; pago de sobornos (cohechos) en metálico o mediante favores, como la realización de obras particulares; falsedades documentales; malversación de caudales y otras corruptelas.
La operación Peaje se desarrolló ayer de forma coordinada entre los juzgados de Manacor, Palma e Inca. Varias comisiones judiciales practicaron siete registros en los domicilios y sedes de empresas relacionadas con la carretera de Manacor.
Las pesquisas se centran, de momento, sobre la UTE adjudicataria del desdoblamiento, una ampliación de la antigua carretera que se hizo para canalizar el intenso tráfico entre las dos ciudades, acabar con puntos negros y no tener que construir un nuevo trazado.
La unión de empresas sospechosa se llama UTE Desdoblamiento C-715 (antiguo nombre de la vía). Tiene su sede social en la calle Ter, 12 de Palma, un inmueble que fue registrado por una de las comisiones judiciales.
Unión de empresas
Las adjudicatarias del concurso convocado por el Consell para el desdoblamiento fueron: Electro-Hidráulica; Obras y Pavimentos Man (Mansa); Aglomsa-Sacyr; Melchor Mascaró; e Itinere Infraestructura S.A. En las obras trabajaron otras muchas sociedades en calidad de subcontratistas o colaboradoras de las adjudicatarias.
El secreto de sumario impidió ayer conocer detalles sobre las pesquisas en marcha. Sí que se pudo saber que una de las líneas de investigación pasa por esclarecer si algunas de las numerosas sociedades intervinientes en la obra pública realizaron trabajos particulares para políticos, altos funcionarios o técnicos del Consell o terceras personas ajenas al desdoblamiento.
También se sospecha que se pudieron pagar sobornos en metálico o desviar partidas importantes a fines ajenos al proyecto. Anticorrupción y Policía buscaron ayer facturas en soporte papel y otros documentos en soporte digital para tratar de aclarar si se perpetraron los delitos investigados. Al igual que en otros casos de presunta corrupción con fondos públicos investigados por los fiscales Carrau y Pedro Horrach en el caso Peaje también se están manejando numerosas facturas presuntamente falsas.
Los investigadores sospechan que algunas facturas pagadas con fondos públicos a empresas participantes en las obras no correspondían a la contraprestación real de servicios o trabajos. Algunos detenidos confesaron anoche estas irregularidades e implicaron directamente a Orejudo.
* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.M. PALMA - 17.03.09
Foto: Palma, Consell Insular - wikipedia.org
El juez para el polígono de Soria por daños 'irreversibles' a Numancia
ELMUNDO* : El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Soria ha acordado una segunda suspensión cautelar de la expropiación de las 117 hectáreas de terreno, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Soria del 1 de agosto para la construcción del polígono industrial Soria 2, que promueve la empresa pública Gesturcal, para evitar vulnerar el "interés general".
La medida de suspensión cautelar se mantendrá "en vigor hasta que recaiga sentencia firme que ponga fin al procedimiento principal". Es decir, y tal y como explicó el abogado de la familia Marichalar, José Joaquín Díaz de Aguilar, hasta que haya un pronunciamiento firme del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sobre el fondo de la cuestión.
A este respecto, hay que recordar interpuso ante este tribunal, en noviembre del año 2007, un recurso cotencioso administativo argumentado que existían "múltiples y gravísimas irregularidades" en los acuerdos para modificar el PGOU, con el que se autorizaba la edificación del polígono industrial Soria II y cuya construcción afectaría a 117 hectáreas del paraje El Cabezo.
El TSJ de Castilla y León rechazó en ese momento la suspensión de la modificación del PGOU del polígono industrial Soria II al considerar que prevalecía el interés público de la actuación urbanística.
Protección de Numancia
La principal novedad en el auto dictado ahora por el magistrado del Contencioso de Soria, Norberto Freire Santos, es que afirma que "es indudable que existe un interés general en proteger todo el entorno de Numancia que podría quedar irreversiblemente dañado con la ejecución inminente de las obras del futuro polígono industrial".
El auto añade que en este sentido "se han pronunciado instituciones tan ilustres como la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y la Real Academia de la Historia".
A este respecto, desde el bufete Díaz de Aguilar también se recuerda que el pasado mes de enero el Procurador del Común de Castilla y León solicitó que se defienda el paisaje de Numancia y su entorno y que se respetara el Convenio Europeo del Paisaje.
De esta manera, el auto del Contencioso Administrativo atiende la solicitud de Ignacio Javier Marichalar y Sáenz de Tejada, al entender que con la inmediata ejecución de la expropiación podría producirse "si no una situación irreversible, sí podrìa causarle al recurrente perjuicios irreparables o difíciles de reparar".
Según explicó el abogado de la familia Marichalar, este auto atiende la petición de "medidas cautelares", puesto que "si se construye el polígono industrial Soria 2" antes de que haya sentencia firme que ponga fin al procedimiento principal "no se produciría la tutela judicial".
En otro punto del auto, el magistrado explica en sus razonamientos jurídicos que "el posible perjuicio al interés público o no existe o es mínimo porque en primer lugar no se está ante un procedimiento de expropiación urgente". De lo expuesto, reitera, "no se atisba una perturbación grave de los intereses generales si se adoptara una medida temporal de suspensión del procedimiento expropiatorio".
Este es el segundo auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo decretando una suspensión cautelar del procedimiento expropiatorio de los terrenos.
* El Mundo - Isabel Rodríguez - 16.03.09
Foto: Vista Numancia - elmundo.es
Chiclana: Justicia o agravio comparativo
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LAVOZ/Cádiz* : El Ayuntamiento y los sucesivos Gobiernos municipales; el equipo redactor del Plan General de Ordenación Urbana; los técnicos o los escasos medios con los que cuentan para controlar la edificación ilegal; los propietarios; los promotores que hicieron negocio durante años; o la tendencia habitual en todo el litoral español. La respuesta a la pregunta de quién es el responsable de que en Chiclana haya actualmente más de 15.000 casas edificadas sin permiso y fuera de control urbanístico alguno, seguramente, sea una mezcla de todas estas opciones.
Y es que el derribo, ejecutado el pasado jueves, de la primera vivienda ilegal en la historia de la localidad, ha reabierto el debate sobre quién tiene la culpa de una situación que «no tiene parangón en toda Europa» según el ex-delegado de Urbanismo chiclanero, José Pedro Butrón.
Esta demolición, que no tuvo tintes dramáticos por la buena actitud de la familia y por tratarse de una segunda residencia levantada hace relativamente poco tiempo en suelo no sectorizado (no legalizable a medio plazo) en Majada de los Chivos, no será la última. Desde Urbanismo se avisa de que hay abiertos expedientes similares que podrían tener el mismo final una vez se resuelvan.
Opiniones hay para todos los gustos. Hay quien piensa que «pagarán justos por pecadores», y que en pie quedarán muchas viviendas que han servido a sus propietarios para eludir impuestos y especular. En el otro lado de la balanza están fundamentalmente los propietarios y las AAVV que los amparan y aglutinan, que defienden la autoconstrucción casi como «una tradición antigua, que pasó de padres a hijos en ésta y otras ciudades del entorno».
Llama la atención que en estos últimos días que no se hayan pronunciado sobre el derribo de la vivienda de la familia Utrera cerca del Pinar de los Franceses ningún partido de la oposición.
Indudablemente el asunto es espinoso y susceptible de restar votos y popularidad entre la ciudadanía a los políticos, aunque lo sensato sea pensar que la legalidad debe imperar siempre.
Algunas voces alertan ya de que las responsabilidades deberían caer también «sobre quienes se han enriquecido durante todo este tiempo», promotores y constructores fundamentalmente, que han vendido parcelas e inmuebles sin control durante años.
Actualmente el departamento de Disciplina Urbanística de la GMU cuenta con 3 inspectores, que pasarán a ser 5 en breve. Con un PGOU recurrido al Tribunal Supremo y un proceso de regularización que afecta a 18 millones de metros cuadrados en 9 Áreas de Gestión Básica aún pendiente, nadie se atreve a aventurar cuántas casas más se derribarán ni cuándo podrán tener quienes viven en el extrarradio unos servicios dignos del siglo XXI.
chiclana@lavozdigital.es Construirse una casita en el campo fue el sueño de miles de familias gaditanas en la pasada década de los años 90. La mayoría de ellos, ahora, pagan el precio de tener un chalet tipo de 500 metros cuadrados, con jardín y piscina en muchos casos. Y es que en algunas zonas de Chiclana ni siquiera llega el cableado de telefonía y no es posible, por ejemplo, tener una conexión a internet. A ese hándicap se suma el problema de la conexión eléctrica, irregular mediante enganches al cableado o poste de red por regla general, así como al esfuerzo económico que supone mantener una fosa séptica y un pozo de agua subterráneo con una bomba de extracción eléctrica.
Zonas como Batería Colorada, El Sotillo o Pago del Humo soportan una densidad de población muy superior a la capacidad que tienen sus carriles y caminos, la mayoría sin asfaltar. Otra de las problemáticas es la falta de equipamientos. Ir al supermercado, al médico o al estanco supone tener que usar el coche y recorrer varios kilómetros. Los núcleos del diseminado se cuentan por docenas y todos tienen el mismo perfil. Casas aisladas, parcelación ilegal y desorden.
LOS DATOS
15.000 viviendas ilegales: Es la única estimación oficial, de hace varios años, que existe. Algunas voces hablan de que la cifra podría superar las 30.000 casas sin permiso.
Regularización y PGOU: El proceso iniciado hace varios años sigue en suspenso. La nulidad del PGOU, que sigue vigente pero que está recurrido ante el Tribunal Supremo tras su anulación, es un hándicap en contra de un proceso que será muy costoso para los propietarios.
Derribos: Urbanismo acometió el primer derribo de una casa ilegal el pasado jueves. En los próximos meses se producirán más demoliciones similares de viviendas.
* La Voz Digital - JESÚS M. ARAGÓN J. M. A - 17.03.09
Foto: DEMOLICIÓN. Primera vivienda ilegal derribada en Chiclana. / ROMÁN RÍOS. lavozdigital.es
El Supremo sostiene que el cambiazo en el plan de Ourense "no fue un error"
ELPAÍS* : El Ayuntamiento de Ourense puede quedarse en unos meses sin planeamiento urbanístico. Ocho sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) han declarado ilegal el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) por diversas causas. El Gobierno local ha presentado recursos con la única intención de demorar su anulación y ganar así tiempo para redactar uno nuevo. Pero uno de los recursos no prospera.
El Tribunal Supremo remitió hace unos días al Ayuntamiento una providencia que hace temer lo peor a los técnicos municipales.
El alto tribunal cifra en al menos dos las causas para rechazar el recurso de casación contra la sentencia del TSXG, que anula el plan basándose en que los planos expuestos al público no eran los que se habían aprobado inicialmente en el Ayuntamiento, ya que variaba la edificabilidad. En la providencia se da un plazo, que acabó ayer, para presentar "otra crítica razonada". El Gobierno local ya ha enviado las nuevas argumentaciones, aunque duda que prosperen, ya que el auto del Supremo deja claro que el cambio de los planos "no puede considerarse un error".
"Es un mal presagio", destacó ayer el alcalde, el socialista Francisco Rodríguez, que responsabiliza al futuro presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, por haber autorizado el PXOM cuando era conselleiro de Política Territorial, "a sabiendas de que era ilegal". "Tendrá que responder de ello", advirtió el regidor. El líder del PP gallego autorizó en 2003, como responsable de Ordenación del Territorio, el PXOM de Ourense pese a tener constancia documental, según Rodríguez, de que había un cambiazo en los planos expuestos al público respecto a los aprobados inicialmente. El alcalde orensano responsabiliza al PP y a Núñez Feijóo de la "adjudicación ilegal" del plan de ordenación urbanística. Su anulación dejará a Ourense con el planeamiento de 1986, lo que sitúa en el limbo urbanístico el desarrollo de la ciudad desde aquel año e impide el crecimiento previsto.
El regidor orensano transmitió la inquietud del gabinete jurídico municipal "y de otro exterior" que su equipo ha consultado. Todos coinciden en que Ourense está "en situación de emergencia". Por ello, reclama al presidente in péctore de la Xunta un "inmediato pronunciamiento" sobre su disposición a mantener la hoja de ruta garantizada por el presidente en funciones, Emilio Pérez Touriño "para evitar que Ourense se paralice". "Feijóo aparece continuamente en los medios de comunicación con propuestas de gobierno, pero no dice nada sobre el futuro de esta ciudad", reprocha el alcalde socialista. El mandatario orensano lo emplazó ayer públicamente a que garantice "la salida responsable, mesurada y jurídicamente segura a la que se había comprometido Touriño".
La hoja de ruta que reclama el alcalde para solventar "esta herencia envenenada que dejó el PP" pasa por la colaboración entre Xunta y Ayuntamiento. El alcalde reclama el apoyo del Gobierno gallego en la tramitación "del nuevo planeamiento que se está redactando y que, mientras tanto, no se perjudique a los orensanos". Exige que la Xunta garantice el desarrollo urbano de la ciudad hasta que no se redacte el nuevo PXOM. Y solicita también a Feijóo un "compromiso público" que garantice la tramitación urgente de los proyectos estratégicos aprobados para la ciudad. Entre ellos destaca los de la Ronda Bulevar, el Plan de Termalismo, el Plan Especial de la Universidad y la integración del AVE en la ciudad. Además, solicita la redacción de medidas especiales para los proyectos comerciales previstos (la instalación de El Corte Inglés y de Eroski) en la finca Santa Marina y en A Farixa.
El regidor reclama prudencia a su antecesor, el actual portavoz del PP en la Corporación, Enrique Nóvoa. "Sigue diciendo frivolidades como que es suficiente con hacer unos retoques en el PXOM", reprueba Rodríguez. "Feijóo debe hacerle entender que cuando un planeamiento se anula por ilegal hay que redactar otro nuevo".
* ELPAIS.com - CRISTINA HUETE - Ourense - 17/03/2009
Foto: Ourense, praza maior - ourense.es
Vecinos de la Costa regresan a sus países de origen por la falta de servicios básicos
INFORMACIÓN/Alicante* : Vecinos de la urbanización Triana I de la costa oriolana no pudieron reprimir ayer el llanto al explicar a los medios de comunicación que no tienen luz desde el jueves y que algunos residentes de otras zonas con el mismo problema se han visto forzados a volver a su lugar de origen, en el Reino Unido.
Estos residentes, la mayoría británicos, pero, remarcaron, "ciudadanos oriolanos" que viven todo el año en Orihuela, fueron acompañados por la concejal del PSOE, Rosa Martínez, en su comparecencia para explicar su situación. Muy afectada, Mandy Tipling, presidenta de la comunidad de propietarios, explicaba que en el residencial viven una docena de familias; entre ellas, una española con un niño pequeño que han tenido que dejar su casa.
Estos residentes adquirieron su vivienda en 2002 a la empresa promotora y urbanizadora Tecnología Urbanística. Tienen escrituras de sus casas, pero no cédula de habitabilidad y viven con luz y agua de obra desde entonces porque la urbanización no ha sido recepcionada por el Ayuntamiento al no estar concluida, algo que sucede en numerosos puntos de la costa. En el caso de Tecnología Urbanística el problema tiene difícil solución porque, según fuentes municipales, la empresa, que ha construido miles en la comarca, no está en condiciones ni de abonar más facturas de luz y agua de obra ni mucho menos de concluir lo que empezó debido a la crisis.
Los residentes especificaron que no tienen deuda con Iberdrola porque en 2008 ya se encargaron de pagar los recibos. Tipling dijo que explicaron su problema en el Ayuntamiento de Orihuela Costa sin obtener respuesta y se preguntaba por qué han cortado la luz si abonan las facturas. La presidenta de esta comunidad afirma que ellos "no son culpables de los problemas de Iberdrola con la promotora". En casos similares, con la misma empresa implicada, el problema es que Iberdrola no puede formalizar el suministro para pasar del de "obra" al individual porque en la urbanización aparecen más casas de las que se proyectaron en su día y por lo tanto hay que ofrecer más potencia de la prevista, según fuentes del PSOE.
Finca
Rosa Martínez explicó que los residentes "no han encontrado respuesta ni de la constructora, ni de la administración de la finca y tampoco del Ayuntamiento que mira para otro lado mientras que decenas de residentes de Orihuela costa tienen que abandonar sus casas y volver a su país. Muchos de ellos sin casa en su lugar de origen porque las vendieron para poder venir a Orihuela", aseguró. Para la edil, la situación es fruto de un "urbanismo salvaje y desmesurado, sin ordenamiento previo y en ocasiones ilegal" que provoca "verdaderos dramas humanos y este caos".
Martínez advirtió de las "ciudades fantasma" que se están creando por los abandonos "masivos" de residentes y recordó que la alcaldesa, Mónica Lorente, "vende" el turismo residencial "como algo consolidado" pero la situación real "es cada día más insostenible y dura, tanto para el turismo de futuro, como para los residentes que se en despojados de sus casas y de sus derechos".
Una solución temporal
José Antonio Aniorte, edil de Infraestructuras en la Costa, aseguró que Iberdrola ha cortado el suministro "de obra" en esta urbanización por un problema de inseguridad en el tablero de instalación, y no por impago de la constructora o de los vecinos, como ha ocurrido en otras ocasiones. En este sentido aseguró que ayer mismo la cuadrilla de mantenimiento del Ayuntamiento se iba a poner en marcha para solventar el problema de forma provisional. Aniorte admitió que se han dado una docena de casos en los últimos meses de impago y corte de luz de obra en comunidades de propietarios que se han solventado con la domiciliación directa de la factura a los vecinos.
En este caso el tablero eléctrico presenta unos problemas de inseguridad que Iberdrola no está dispuesta a asumir porque "cualquiera que lo tocara podía sufrir un accidente grave". El problema de fondo sigue siendo el mismo en todos los casos: Años después de ocuparse las urbanizaciones no están terminadas y los servicios básicos son de "obra".
* Información - D. PAMIES - 17.03.09
Foto: orihuela costa - loquo
