ECOLOGISTASENACCIÓN* : La Comunidad de Madrid, por medio de la Dirección General de Patrimonio, permite un nuevo expolio en este parque emblemático de la capital. La Puerta del Río corre el serio peligro de ser desmontada de forma vergonzosa,en clara complicidad y complacencia del Ayuntamiento de Madrid.
Un enorme bloque de hormigón de la M-30 es el causante del desaguisado, al tapar la vista de este símbolo histórico, que obliga- innecesariamente- a cambiar la Puerta de sitio. La supuesta solución genera nuevos problemas, además de burlar la ley. La prevaricación podría estar tras esta discutible actuación.
En la tarde de ayer, lunes 2, comenzó a desmontarse un lateral de la Puerta del Río, una de las tres habilitadas en el acceso principal a este Parque. Esta actuación se esconde tras las múltiples que se van a desarrollar a lo largo del llamado proyecto Madrid Río.
Ecologistas en Acción, una vez conocido el proyecto, no puede sino juzgarlo como una aberración y un desprecio a la historia y el patrimonio de nuestra ciudad. Se trata en esencia de una recreación caprichosa en la que se encadenan sucesivas violaciones de la legislación proteccionista vigente, hecho frecuente en la Comunidad de Madrid en los últimos años. Según lo conocido, se pretende:
* Cambiar de ubicación un bien inmueble de carácter histórico.
La puerta que se desmonta fue construida en 1812 por el arquitecto real Juan de Villanueva. Por aquí transitaba, de la Casa de Campo al Palacio Real, el impuesto rey francés José I, conocido, injustamente, como ‘Pepe Botella’.
* Desmontar, como un rompecabezas, un conjunto histórico. Se pretende reubicar los 6 pilares, de las 3 puertas del conjunto, a modo de menhires
A unos 30 metros hacia el Este. Se prescinde del resto de elementos ( farolas, herrajes, escudos, etc..) y desaparecen de aquel ámbito. La Puerta del Río desaparece como referente histórico y patrimonial para siempre, como ya lo fue el túnel de Bonaparte por gracia de la M-30 .
* Se sustrae, físicamente, un bien patrimonial del pueblo de Madrid al sacarlo de los límites físicos de la Casa de Campo.
En estas fechas en las que se perfilan los últimos rasgos legales, en la Asamblea de Madrid, para aprobar, definitivamente, que la Casa de Campo sea Bien de Interés Cultural, se procede a este robo ‘ legal’ de un bien tan emblemático. Tal aprobación, prohibiría- formalmente- este expolio realizado con toda impunidad.
Ecologistas en Acción considera esta desgraciada actuación como un serio atentado al que se debe responder, desde dentro de las mismas instituciones responsables del desastre, Ayuntamiento y Comunidad. Pero, esencialmente, la oposición tiene una fuerte responsabilidad en hacer oír, al menos, su voz ante este atropello.
Por otro lado desde los responsables de Madrid Río se esgrimen mentiras y argumentos falsos, afirman:
“la puerta no es la original”
Se dispone y se adjunta documentación gráfica irrefutable que lo desmiente. Una de estas fotografías corresponde a los años 1910s con el Palacete de los Vargas al fondo y una hilera de árboles, ahora desaparecidos. Asimismo otra segunda fotografía, entre años 1932 y 1934, que corresponde a la apertura de dos nuevas puertas en la época de la República.
“el limite de la Casa de Campo no es ese”
Ahora aparece un supuesto límite de la Casa de Campo de 1650, que desborda los bordes reconocidos, legalmente, de su cerca histórica. Todo un afán de crear la confusión para justificar este desastre. En ocasiones similares hemos tenido que oír estos falaces argumentos ( derribo de cerca histórica en el Club de Campo, jardines renacentistas anexos al Palacete de los Vargas…)
Ecologistas en Acción, junto con otras entidades y reconocidos paisajistas, historiadores y arquitectos especialistas y conocedores de la Casa de Campo, considera que la mejor opción es dejar la Puerta del Río en su ubicación actual. Ello supone la adecuada reposición de los daños causados a la puerta en estos años por las obras de la M-30 .
La causa aparente de este cambio de ubicación, un enorme bloque de hormigón armado de 10 x 15 metros debido a las obras de soterramiento de la M-30 , podría muy bien desaparecer y nunca anteponer una solución chapuza como es este traslado de la Puerta por un error no previsto en razón de...
* Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid - 3.03.09
Foto: madridiario.es
Expolio en la Casa de Campo
Procesan al ex alcalde de Coria del Río por prevaricación al recalificar su terreno
ABC/Sevilla* : Un juzgado de Sevilla ha dictado auto de procedimiento abreviado contra Tomás Alfaro (PA), ex alcalde de Coria del Río (Sevilla), por presunta prevaricación y cohecho al conseguir, siendo regidor, la recalificación de unas parcelas de su familia, lo que le reportó un beneficio de 753.737 euros.
El juzgado de instrucción 1 de Coria, en un auto dice que cuando Alfaro era alcalde "cedió dos parcelas de terreno de su propiedad al Ayuntamiento por él regido, obteniendo a su vez el cambio de calificación de otras dos parcelas de terreno, sin seguir el procedimiento urbanístico vigente".
Ello "generó para el imputado beneficios económicos", dice el juez, que por ello acuerda seguir la causa contra Alfaro por presuntos delitos de prevaricación y cohecho, para lo que da traslado de las actuaciones al fiscal y a la acusación particular para que presenten escrito de acusación o pidan el sobreseimiento de la causa.
Alfaro, que dejó la Alcaldía por una moción de censura en 2003, es actualmente diputado provincial por el PA y fue denunciado por la actual corporación municipal.
El abogado denunciante, Benjamín Muñoz, ha informado de que Alfaro está imputado por haber llevado a cabo, el 23 de enero de 2003, una cesión de terrenos por parte de su familia al Ayuntamiento, a cambio de una serie de actuaciones y recalificaciones que afectaban a terrenos de su propiedad.
El acuerdo, según la denuncia presentada en octubre de 2008 por la actual corporación, incluía la recalificación de un terreno que pasaría de deportivo a residencial, con lo que el ex alcalde y su familia obtenían "grandes beneficios por sobrevaloración de su parcela", cifrados por un informe pericial en 712.999,58 euros.
A cambio, la familia Alfaro cedió dos parcelas al municipio valoradas en 176.902,88 euros.
Parcela sin coste alguno
Además, consiguió supuestamente la recalificación de una parcela que constituía un viario, y por lo tanto debía ser cedida al Ayuntamiento sin coste alguno, para pasar a la categoría de urbana residencial, con un valor de 40.738,87 euros.
A cambio, Alfaro cedió al Ayuntamiento una parcela "que carece de valor alguno pues constituye una servidumbre de paso", según dicho peritaje.
Benjamín Muñoz sostiene que, de las actuaciones, se desprenden indicios de prevaricación en la conducta del ex alcalde, pues "llevó a cabo actuaciones en detrimento de los intereses del Ayuntamiento y en beneficio propio o de su familia".
Ello se hizo "sin las más mínimas comprobaciones o requisitos, como era la emisión de un informe previo de valoración antes de la recalificación o permuta de los terrenos, como reconoció la arquitecta municipal", añade el letrado de la acusación.
La resolución del juez no es firme y contra ella el ex alcalde puede interponer recurso, precisa el auto judicial.
* ABC - 3.03.09
Foto: Coria del Río - entrepueblos.com
Los vecinos de Corralejo denuncian ante Anticorrupción una supuesta trama urbanística
CANARIAS7/Fuerteventura* : Un centenar de vecinos de Corralejo, al norte de Fuerteventura, denunciarán ante la Fiscalía Anticorrupción una supuesta trama urbanística que amenaza con quitarles la propiedad de 115 viviendas del casco viejo de esa localidad, según anunciaron hoy sus representantes legales.
Después de cinco años de una larga batalla legal, los afectados presentarán al fiscal, en una visita que harán el viernes a Las Palmas de Gran Canaria, un abultado y complejo informe con el que tratan de demostrar un supuesto montaje mercantil en el que estarían unidas diferentes sociedades que en los últimos años han comprado y vendido sus casas aprovechando que no estaban registradas.
Según explicó hoy el representante del Comité de Afectados del Casco Viejo de Corralejo, Miguel Benítez, "tras una ardua labor de investigación llevada a cabo en torno a las diversas empresas que han intervenido en estas operaciones urbanísticas, se ha llegado a la conclusión de que se trata de sociedades fantasma, sin actividad mercantil y comercial de clase alguna".
Estas mismas investigaciones habrían descubierto conexiones incluso internacionales que concluyen en Costa Rica, señaló la misma fuente.
Hace unos meses, la Audiencia Provincial de Las Palmas ya remitió todas las sentencias falladas relacionadas con este caso a la Fiscalía Anticorrupción, tras apreciar indicios de un delito de estafa continuada.
Según explicación de Benítez, con el informe redactado ahora por una empresa de abogados a petición de los vecinos y que firman 169 afectados, "tan sólo pretendemos facilitar el trabajo de investigación a los fiscales".
Hasta el momento los vecinos han ganado todas las demandas presentadas para recuperar sus casas, construidas hace más de cien años por pescadores y que dieron origen a la actual localidad de Corralejo.
* Canarias 7 - efe - 3.03.09
Foto: corralejo.tv
Corrupción, corruptelas y comportamientos irregulares
BERNARDO DEL ROSAL* : Cuando se habla de corrupción en el lenguaje vulgar (esto es, el lenguaje que usa el vulgo, el pueblo llano), siempre se hace referencia, inequívocamente, a comportamientos delictivos de las autoridades o funcionarios, por más que, quien así se expresa, no sea capaz de acertar a calificar, en términos precisos, de qué delito de los tipificados en el Código penal se está hablando. No hace falta ser un jurista para comprender que si un ministro, un conseller o un alcalde o concejal acepta dinero por otorgar la concesión de un servicio público a una empresa privada, o por adjudicar una determinada obra pública, o el desarrollo, como agente urbanizador, de un determinado plan urbanístico, ese funcionario está cometiendo un delito, sin importar mucho si se está ante un cohecho o ante una prevaricación, o ante ambos.
Sin embargo, cuando el vulgo habla de corruptelas o de comportamientos irregulares, normalmente, hace referencia a comportamientos ilegales, aunque no necesariamente delictivos; o, incluso, a comportamientos que, siendo legales, implican un cierto abuso o, al menos, un uso discutible de posición dominante o un ejercicio arbitrario del poder. El pueblo llano entiende, perfectamente, que la Administración goza, en determinados ámbitos, de un margen discrecional de actuación y, en el ejercicio de ese poder discrecional, tiene un margen de arbitrio para tomar determinadas decisiones. Arbitrio, obviamente, no quiere decir arbitrariedad, y esto también lo entiende el más común de los mortales, pero también todo el mundo es consciente de que hay múltiples formas de amparar esas decisiones, aparentemente discrecionales pero sustancialmente arbitrarias, porque la propia ley utiliza, en ocasiones, conceptos (ejemplo clásico es el de "interés general") cuyo contenido, por su vaguedad o ambigüedad, no es fácil de precisar y sirven, más veces de lo deseable, para justificación esas decisiones arbitrarias.
Todo esto viene al caso porque cuando un ministro, un conseller o un alcalde es sorprendido habiendo favorecido a amigos o parientes, la automática respuesta, en los últimos tiempos, suele ser siempre la misma: "Mi conciencia está tranquila porque todo lo hecho es legal". Aceptando la conclusión, no la de que la conciencia de esa autoridad esté tranquila, cosa que al pueblo llano le suele importar poco, sino la de que todo lo hecho es legal, aún queda mucho trecho para poder decir, a su vez, que también es éticamente irreprochable. Porque la actuación de un servidor público no sólo está regida por la estricta legalidad, dentro de los márgenes de actuación de sus atribuciones discrecionales; sino, del mismo modo, por las reglas del buen gobierno, entre las que se incluye, generalmente, la necesidad de un comportamiento objetivo, íntegro, neutral, responsable, creíble, imparcial, transparente, ejemplar, austero, accesible, honrado, etcétera, según rezan los propios Códigos de Buen Gobierno que, en los últimos tiempos, han llegado a adquirir rango legal.
Un funcionario que acepta sobornos o que decide, de forma ilegalmente injusta y grosera, conceder una licencia de obra, es un sujeto que habrá cometido un delito y, por ello, afortunadamente, todo el mundo acepta, incluso los propios políticos, que debe ser castigado y apartado del cargo. Ese apartamiento del cargo también es sentido como necesario para el pueblo llano cuando se imputa (no ya se condena) a un funcionario por delito o, incluso, cuando detecta que ese funcionario ha cometido corruptelas o comportamientos que se deben de valorar como irregulares desde la ética del buen gobierno, y, sin embargo, los políticos que rigen los partidos, o los gobiernos, suele tener, en todos estos casos, una conciencia laxa. No tanto porque, si son sinceros con ellos mismos, sus convicciones éticas profundas no les dicte lo mismo que al pueblo llano, sino porque hay intereses prevalentes (fundamentalmente, de partido o de Gobierno) que les modela, de esa forma tan inaceptablemente tolerante, su conciencia, la cual, en algún punto de su carrera, termina por esfumarse.
En nuestra Comunidad Autónoma estamos viviendo, en los últimos días, un caso llamativo en el que un conseller ha sido sorprendido favoreciendo a amigos en el ámbito de determinadas concesiones administrativas y, automáticamente, su respuesta, aún admitiendo, básicamente, los hechos que le eran atribuidos, ha sido la previsible: todo es legal. Como ciudadanos, obviamente, damos eso por descontado; hasta ahí podríamos llegar, que un conseller no actúe sometido a la estricta legalidad. Pero el problema no reside en eso, o al menos no sólo en eso. Lo narrado por la prensa pone en evidencia, de una forma tan meridianamente clara, una falta absoluta de ética en el buen gobierno que es más que suficiente para que, si el interesado no dimite, sea fulminantemente cesado. Porque nos estamos jugando, especialmente en el caso de las generaciones jóvenes, un descrédito y un descreimiento en la política y en los políticos que, a medio o largo plazo, puede poner en riesgo el propio sistema democrático, porque ya está generando los argumentos, de naturaleza fascistoide, de que todos los políticos son iguales, de que la política no sirve para nada, y un largo etcétera argumental, del mismo tenor, que en Alemania, por ejemplo, y en una maltrecha y convulsa situación política, económica y social, echó por tierra la República de Weimar y dio paso, en el año 1933, al nazismo.
Quien no recuerde y tenga presente la Historia está condenado a repetirla y los ciudadanos nos merecemos que los políticos sean los primeros en recordar la Historia y asumir su responsabilidad para garantizarnos un futuro democrático y evitar que el ciclo del autoritarismo nos vuelva a visitar más pronto que tarde. Los tiempos que corren, con una crisis económica global que, seguramente, transformará nuestra realidad política, social y económica en los años venideros, exige una forma de hacer política y una ética gobernante mucho más exigente y no basta con que, repetidamente, como ocurre por estos lares, se nos venda humo, contándonos las bondades de la gestión pública y la honorabilidad de los gobernantes, bondades y honorabilidad que, sinceramente, a un ciudadano de a pie a veces le es difícil reconocer.
* Bernardo del Rosal es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Alicante y ex Síndic de Greuges.
* ELPAIS.com - Opinión - 23/02/2009
El referéndum de Almuñécar hace aguas al votar tan sólo el 32% de los vecinos
IDEAL/Granada* : El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) obtuvo ayer un respaldo del 77,8 por ciento de los votantes en el referéndum organizado por el Ayuntamiento, mientras que la abstención ha sido del 67,6 por ciento. Este referéndum, al que estaba convocados un total de 17.885 almuñequeros y 863 extranjeros residentes, supone la primera consulta que se produce en un municipio español en relación a un documento urbanístico y se ha desarrollado sin incidentes en un día gris, con ausencia de lluvia.
De las 6.083 personas que han votado, 4.734 han dado su visto bueno al documento -el 77,8 por ciento- mientras que 1.174 -el 19,3 por ciento- lo han rechazado, 112 -el 1,84- han votado en blanco y 63 -el 1,06- han sido votos nulos.
A pesar de la escasa participación -del 32,4 por ciento- el equipo de gobierno ha asegurado que es una cifra similar a las registradas en otros referéndum, como el del Estatuto de Autonomía de Andalucía.
La votación ha sido impulsada por el consistorio, que ha formulado a sus vecinos la pregunta "¿Respalda usted el acuerdo del Ayuntamiento pleno de fecha 17 de agosto de 2005, aprobando inicialmente el PGOU de Almuñécar?" después de recibir la resolución favorable del Tribunal Supremo para la realización del mismo.
* Ideal - EFE - 1.03.09
Foto: Vecinos de Almuñecar en el referéndum. /EFE
El Ayuntamiento de Arrecife investigado por corrupción urbanística
CANARIASALDÍA/Lanzarote* : El Juzgado nº8 de Arrecife investiga “un caso de corrupción municipal de gran importancia cuantitativa, tanto por el importe económico de los beneficios que se pudieran haber obtenido como del también importante número de personas involucradas”, según señala un escrito de la Fiscalía.
El ministerio fiscal, en unas diligencias terminadas en mayo de 2007, apreció la posibilidad de que se estuvieran cometiendo delitos continuados de estafa y falsedad en documento público, pero también de la posible comisión de cohecho o tráfico de influencias.
Los hechos se remontan al año 2002 aunque las diligencias de la Fiscalía se incoaron el 4 de septiembre de 2006 a raíz de una denuncia de la ex alcaldesa María Isabel Déniz (CC) sobre irregularidades en la gestión del catastro. La denuncia se basa en un informe encargado por la propia regidora a Cristina Fernández, responsable del departamento de rentas. A su vez el informe lo impulsó la denuncia pública del club de fútbol Altavista, ya que le disputaban la propiedad de un solar que le pertenecía.
De manera resumida, y según el escrito de la Fiscalía, los hechos son los siguientes: Se trataría de una trama dedicada a hacerse con fincas urbanas en Arrecife, cambiar su propietario tanto en el catastro (otorgando referencias catastrales ficticias) como en el Registro de la propiedad, posteriormente hacer segregaciones ilegales, aplicar linderos que no coinciden con la realidad, solicitar la licencia municipal correspondiente y venderlas a un tercero.
Todo esto, con la colaboración necesaria de funcionarios del Ayuntamiento. Se da la circunstancia de que los compradores y los vendedores de los terrenos son siempre los mismos.
Alteración del catastro
Las fincas afectadas están en el barrio de Maneje, en la zona llamada Cercado Viejo. Se trata de terrenos sin construir que aparecen con propietario “desconocido” en la base del catastro, “lo que no quiere decir que no tengan dueño”, resalta la Fiscalía.
Además de los cambios de titularidad, se hacen múltiples segregaciones pero la finca matriz continúa siempre con las mismas dimensiones. Esas peticiones de segregación se solicitan siempre “a la misma persona del Ayuntamiento”, según el informe municipal, y están escritas a mano y sin firmar.
Notaría
Esas segregaciones serían la base para realizar las operaciones urbanísticas.
Las compraventas no sólo se hacen entre las mismas personas o sociedades sino que tanto las licencias de segregación como la constitución de esas sociedades se realizan en la notaría de Carmen Martínez Socias, de la que la Fiscalía señala que tiene una actitud “poco o nada rigurosa”.
En el escrito se analizan cuatro casos particulares, que han llegado a los tribunales reclamando su propiedad. Algunos han terminado y otros llegaron a un acuerdo extrajudicial. Se han detectado hasta 53 movimientos de fincas y la Fiscalía señala que estos casos “no son más que una mínima parte de todos los que han ocurrido o pueden estar todavía ocurriendo”.
Los mismos protagonistas
La parte vendedora siempre es la misma: Mercedes Cabrera Medina o herederos de Cabrera Sastre, mientras que la compradora siempre es Lucía Medina Tavío, que es quien solicita las segregaciones, o bien una constructora (Piconca, Volcán de la Lapa, Mayreb u otras). Entre los administradores de algunas de estas empresas están Segundo Martín Cibantos, Raquel Inmaculada Martín Rebolo o Teresa Tavío Robayna, madre de Lucía Medina.
El fiscal pide la imputación, al menos, de Lucía Medina y Mercedes Cabrera y señala que, dentro del Ayuntamiento, “los datos apuntan a la participación primordial de Dulce Carmona, el señor Morera, Martín Robayna, Jesús Morales y Miguel Bethencourt”, pero apuna que también existen indicios contra otros funcionarios “por cuanto los hechos investigados se conocen de largo y se consintió durante largo tiempo".
Se cita también en el escrito a la ex concejal de Urbanismo, Nuria Cabrera, expulsada del PSOE, que participó en una reunión entre afectados. Asimismo, se pide que se esclarezca la participación de la notario Carmen Martínez Socias, “cuya actuación resulta poco o nada rigurosa y habrá de aclararse al menos si pudiera haber incurrido en responsabilidad civil o disciplinaria, si no penal, por cuanto resulta coincidente que todo movimiento que lleva a cabo Lucía Medina es a través de ella [de Martínez Socias]".
La Fiscalía de Arrecife tomó declaración a la firmante del informe-denuncia, Cristina Fernández, sobrina del ex secretario del Ayuntamiento, Felipe Fernández Camero. Además solicitó información de las fincas y de las empresas implicadas, pidió datos al Ayuntamiento y a la Gerencia territorial del Catastro, que no aportó apenas nada y tomó declaración a cuatro de los perjudicados.
+ canarias al Día - ACN Press - 2.03.09
Foto: Vista aérea de Arrecife. / Canariasaldia.com
Urbanización a tierra
ELPAÍS/Girona* : La urbanización Sun Village, un complejo de apartamentos con piscina y jardines privados a pie de la sierra de la Albera, en Palau-saverdera (Alt Empordà) tendrá que echarse a tierra después de años de litigios por un proyecto urbanístico ilegal.
Los vecinos tienen seis meses para acatar una sentencia de 2006 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordena el derribo del complejo y anula licencia municipal, puesto que en esa zona sólo podía edificarse un hotel. El Ayuntamiento ha acatado el veredicto después que el TSJC desestimara todos los recursos presentados para evitar la demolición.
El caso se remonta a 2001, cuando el alcalde, Narcís Deusedas (CiU), aprobó una promoción de 40 pisos en unos terrenos calificados de equipamientos en el planeamiento urbanístico local. A finales de ese año, un vecino de la localidad presentó un recurso contencioso administrativo al ver que se construían viviendas y que los bloques superaban la altura permitida. Los vecinos, a su vez, comenzaron a presentar alegaciones. "Aquí podía ir un supermercado, o un hotel o un apartotel, pero en ningún caso viviendas", explica Carme Montenegro, portavoz de la asociación de vecinos del municipio.
Pero el proyecto tiró adelante e incluso se construyó una segunda fase sobre una riera. La urbanización era en principio de "lujo", pero hoy tiene ya grietas y un aspecto descuidado. Allí viven unos pocos vecinos, la mayoría holandeses, ingleses y franceses sin apenas relación con el pueblo. Sólo unas tres o cuatro familias residen todo el año.
"No sé qué va a ser de nosotros, con 62 años que tenemos, adónde vamos a ir", se lamentan Antonia Rodríguez y Juan Marqués. Su coqueto apartamento de 70 metros cuadrados con jardín está sentenciado. "Que lo echen abajo de una vez, pero que nos compensen", reclama Marqués. Los propietarios exigen al Consistorio una indemnización de 12 millones de euros, 310.000 euros por vivienda. "La culpa es del alcalde. Concedió la licencia y cuando empezaron los problemas nos prometió que se legalizaría la situación", dicen.
El alcalde asegura que ha iniciado el proceso administrativo que obliga a demoler los pisos para evitar que le acusen de "desacato a la autoridad". Sobre las indemnizaciones que reclaman los vecinos, Deusedas ya ha avanzado que no pueden pagar esa cantidad tan elevada y emplaza a sus abogados a buscar una solución pactada.
* ELPAIS.com - NATALIA IGLESIAS - Girona - 01/03/2009
Foto: Palau-saverdera - veinspalau.com
La Axarquía, el puzle del caos
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ELPAÍS/Málaga* : Los recientes años de boom de la construcción han supuesto un caos para el urbanismo de La Axarquía, comarca de importante tradición agraria al sureste de de la provincia de Málaga que ha visto en el desarrollo inmobiliario una oportunidad de superar su debilidad económica.
El resultado ha sido un desarrollo muy desordenado, una insoportable presión sobre el territorio y los recursos naturales que ha supuesto una pérdida de paisaje y de otros valores tradicionales de la comarca, con generalmente la aquiescencia y el beneplácito de los gobiernos municipales encantados con que sus vecinos obtuvieran importantes beneficios de tierras que creían no valían un duro, y de que los pueblos crecieran en habitantes y recursos económicos.
La mayoría de los 31 municipios de la comarca de La Axarquía carece de planes de ordenación urbanística y en el mejor de los casos cuentan con unas normas subsidiarias muy débiles para afrontar la presión de los últimos años. No había más suelo sobre el que construir que el no urbanizable, sin miramiento de sus valores ecológicos añadidos.
Muy cercana a la costa, con unos paisajes bellísimos y fuertes pendientes, La Axarquía comenzó a transformar en viviendas residenciales las viejas casas de aperos, que fueron ganando dimensión, plantas, piscinas y utilidades, pese a no disponer en muchos casos de servicios elementales de abastecimiento. Los alcaldes suelen escudarse en que en La Axarquía ha habido tradicionalmente una división del suelo en parcelas más pequeñas que hacía imposible de cumplir el listón puesto en 2003 por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) de no permitir ningún tipo de construcción en terrenos rurales con menos de a 25.000 metros cuadrados.
En torno a 10.000 viviendas ilegales se estima que existen en la comarca. En el caso concreto de Alcaucín, la Junta ha impugnado 28 licencias municipales, de las que 18 ya han sido sentenciadas y todas en contra del ayuntamiento anulando los permisos. Los técnicos de la consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio han emitido seis informes periciales a requerimiento de instancias judiciales. En la última década, el Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía, GENA-Ecologistas en Acción había presentado más de un centenar de denuncias por infracciones medioambientales. Las parcelas edificadas han pasado 1.025 en 1998, a 1.169 en 2002, y a 1.538 en 2007, según la Dirección General del Catastro.
El Plan de Ordenación del Territorio de la Axarquía aprobado en 2006 estableció una serie de requisitos para afrontar un proceso de legalización vinculando las viviendas a proyectos de reforestación, o conservación de cultivos tradicionales, pero siempre y cuando no superaran determinadas pendientes, ni se afectara suelo especialmente protegido, y dispusieran de todos los suministros básicos costeados por sus promotores. Poco se ha avanzado por el recelo de los alcaldes al documento, sea cual sea su color.
La nueva consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio ha ofrecido a los ayuntamientos un plan de acción conjunta de normalización. Siete municipios ya lo han pedido, entre ellos Alcaucín, que en un pleno celebrado en octubre aceptó la condición de no volver a dar una licencia en suelo no urbanizable y actuar contra las construcciones que se levanten sin permiso. El primer paso ahora es elaborar un inventario para conocer la situación legal de cada una de las viviendas del término municipal.
* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 28/02/2009
Foto: Axarquía (Málaga), diseminados - laopiniondemalaga.es
El Consell adjudicó sin concurso una obra de 8 millones en Vila-real
ELPAÍS/Castellón* : La Generalitat Valenciana, a través de la sociedad pública Ciegsa, adjudicó sin concurso público la segunda fase de construcción de un centro de tecnificación deportiva por 8,2 millones de euros. El volumen de la adjudicación no sólo exigía que se convocara un concurso público al que pudieran acceder todas las empresas interesadas, sino que, además, exigía su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, donde tampoco se anunció el proyecto, tal como manda la ley.
La sociedad pública se limitó a pedir a tres empresas que aportaran presupuestos para, finalmente, adjudicar la II fase del centro de tecnificación deportiva de Vila-real a la UTE formada por Lubasa y Ocide. Esta UTE ya se había hecho, meses antes, con la construcción de la primera fase del centro que, por el contrario, sí fue adjudicada por concurso, por un importe de 11,4 millones de euros. La fórmula seguida para la II fase, la del procedimiento negociado sin publicidad, está permitida en los casos en los que las obras o servicios no exceden del millón de euros, cantidad que esta adjudicación sobrepasa con creces. Ocide ha salido en los últimos días a la palestra ya que fue adjudicataria, junto a José Luis Ulibarri, uno de los imputados en la presunta trama de corrupción que investiga el juez Garzón, del Hospital de Llíria.
La desmesura de la adjudicación irregular, dado el importe de la obra, llevó al Síndic de Comptes a incluir el contrato en su informe sobre las cuentas de 2008, en el que tan sólo se recoge una muestra de los contratos y formas de adjudicación, a partir de los datos facilitados por la propia Ciegsa, en el que la "importancia cuantitativa" y la "forma de adjudicación" son los criterios de selección.La adjudicación por procedimiento negociado y sin publicidad del centro de tecnificación deportiva de Vila-real no se limitó a la segunda fase de construcción. Ciegsa contrató también, de esta manera, la asistencia técnica del proyecto, es decir, la redacción de los proyectos básico y de ejecución de las obras de instalaciones, por un importe total de 605.000 euros. Esta adjudicación mereció también la atención del Síndic de Comptes que, en su informe de 2008 sobre las cuentas de la sociedad pública, revisó también el contrato de asistencia.
El informe de la sindicatura incide en las advertencias realizadas en años anteriores y que, sin embargo, continúan siendo desoídas por la administración autonómica. Así, expone cómo, pese a que la Ley de contratos así lo exige, la empresa pública Ciegsa no justifica, "debidamente", el porqué recurre a técnicos no funcionarios para la realización de este tipo de trabajos. El informe sostiene que, en los expedientes revisados, no se justifican "la insuficiencia, la falta de adecuación o la conveniencia de no ampliación de los medios personales y materiales con que cuenta la administración para cubrir las necesidades que trata de satisfacer a través del contrato".
Pero no es ésta la única cuestión que no justifica la sociedad pública sino que, además, el informe incide que, en el caso de los contratos por procedimiento negociado sin publicidad, como el caso de la asistencia técnica del centro de tecnificación deportiva de Vila-real, la previsión hubiera podido evitar este tipo de fórmulas. "Cabe señalar que no se considera justificada la utilización de dicho procedimiento porque el motivo alegado por la Consejería hubiera podido evitarse de realizarse a tiempo las debidas previsiones".
El proyecto de la segunda fase del centro deportivo de Vila-real consiste en la construcción de una residencia para 48 estudiantes de alto rendimiento y 12 monitores. Además, incluye una piscina climatizada de ocho calles. Estas instalaciones han de complementar el pabellón polideportivo cubierto que formaba parte de la primera fase del proyecto que se levanta sobre un suelo recalificado y cedido por el Ayuntamiento de Vil-real a favor de la Generalitat.
La adjudicación del centro de tecnificación es uno de los múltiples reparos que el informe de la Sindicatura de Comptes recoge sobre los contratos de Ciegsa, sociedad presidida por el Consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, que, por lo tanto, es el máximo responsable de la gestión de esta sociedad. La gestión de esta empresa pública no ha sido únicamente fiscalizada por la sindicatura, en lo referente no sólo a las adjudicaciones sino también a los precios que alcanzan las obras y a la selección de persona. La sindicatura, en su último informe, también destaca un problema contable detectado en Ciegsa, la sociedad constituida para construir colegios e institutos y otros centros públicos.
Por su parte, el PSPV, en múltiples ocasiones, ha denunciado en las Cortes la gestión ineficiente, los sobrecostes en las construcciones y la opacidad en la información.
* ELPAIS.com - MARÍA FABRA - Valencia - 01/03/2009
Foto: Obras del centro de tecnificación deportiva de Vila-real- ÀNGEL SÁNCHEZ, elpais.com
El principal empresario imputado por el juez Garzón construye 2.000 viviendas fuera de la ley
PÚBLICO/León* : El Ayuntamiento de Ponferrada, que gobierna el PP con mayoría absoluta, concedió en 2002 de forma irregular parcelas para construir 2.000 viviendas al empresario José Luis Ulibarri, imputado por el caso Gürtel, la presunta trama de corrupción que dirigía Francisco Correa y que operaba en feudos del PP. La concesión ha sido anulada por dos sentencias firmes por falta de publicidad y concurrencia, así como por recalificación improcedente del suelo, pero nunca se han ejecutado.
La empresa de Ulibarri amasó en el proceso opaco de principio a fin 185.000 metros cuadrados edificables, por los que pagó un precio hasta cinco veces por debajo de los que establecía el mercado en aquel momento.
Ponferrada es la base desde la que se expandió el Grupo Begar, el conglomerado que dirige Ulibarri con intereses en la construcción, servicios de limpieza y medios de comunicación. La empresa opera en toda España, pero sobre todo en Castilla y León, Madrid y Valencia y su facturación alcanzó los 614 millones de euros en 2006.
El Ayuntamiento de Ponferrada ha declinado responder a las preguntas de Público. Por su parte, un portavoz de Ulibarri dijo que su grupo empresarial no haría ningún comentario a la prensa hasta que el empresario declare ante el juez Baltasar Garzón, cita prevista en principio para el día 4.
Las casi 2.000 parcelas concedidas directa o indirectamente a Ulibarri de forma irregular en Ponferrada forman parte del proyecto La Rosaleda, en pleno centro de la ciudad. La iniciativa se gestó con el alcalde Ismael Álvarez Rodríguez, que en junio de 2002 se vio obligado a renunciar tras ser condenado por acoso sexual a la concejal Nevenka Fernández. Pero lo heredó su sucesor, Carlos López Riesco, que culminó las adjudicaciones en septiembre de 2002.
El proyecto está trufado de irregularidades desde sus orígenes y así lo han certificado los tribunales. Para diseñarlo, se modificó el Plan General de Ordenación Urbana, pero los cambios fueron anulados de forma firme, por ilegales, por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en 2007. Ya en 2005 había fallado en contra, pero la urbanización siguió construyéndose a todo tren, sin que la sentencia tuviera efectos prácticos.
La reforma del plan general recibió el visto bueno de la Junta de Castilla y León, que el PP también controla con mayoría absoluta, el 26 de julio de 2001. La sentencia del TSJ certifica que se aumentó la densidad para viviendas de forma desproporcionada de 30 a 70 por hectárea, se multiplicó por cuatro el terreno destinado a vivienda y además se suprimió el 10% previsto para equipamientos generales.
La segunda gran irregularidad puesta de manifiesto por otra sentencia distinta fue el pliego de condiciones de reparto de las parcelas establecido por la Sociedad Municipal Ponferrada Gestión Urbanística (Pongesur), una empresa municipal creada en 2000. Las concesiones han sido también anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad en otra sentencia firme del 11 de abril de 2008.
Falta de publicidad
El tribunal considera que no se respetó el principio de publicidad y de concurrencia. "Se anulan [las concesiones] por disconformidad con el ordenamiento jurídico", señala en el auto de 2008, que ratifica otro de 2007. Pero el Ayuntamiento no se ha dado por enterado.
Las polémicas concesiones tuvieron como máximo beneficiario a Ulibarri, aunque en distintos tiempos: en el primer acuerdo, de febrero de 2002, sus empresas aparecen camufladas en un mar de concesiones: se le asignaron 539 parcelas sobre un total de casi 5.000. Pero en otra acta de Pongesur, en septiembre del mismo año, Ulibarri acumula ya directamente 1.604 parcelas y la cifra se eleva hasta 2.016 si se incluyen las adjudicadas a Leocasa, de la que Ulibarri tiene el 50%.
En este momento septiembre de 2002 ya no son 5.000 las parecelas adjudicadas a manos privadas, sino sólo 3.700 porque Pongesur se ha quedado 1.269. Por tanto, Ulibarri amasa al final casi el 60% del total de adjudicaciones privadas.
En el reparto inicial cuando Ulibarri aparece simplemente como uno más se beneficia a empresas que ni siquiera tienen en su objeto social nada relacionado con la construcción, como Pizarras Franvisa o Fernández de la Mata, dedicada a las instalaciones eléctricas. En el acta de septiembre, ambas empresas, así como Cymotsa, desaparecen del listado y sus parcelas pasan a constar directamente ya para Ulibarri.
Para esta operación Ulibarri utilizó a la promotora UFC, la misma que empleó para ganar en 2006 la concesión de Boadilla Park 169 viviendas en el municipio madrileño epicentro del caso Gürtel, en el punto de mira de Baltasar Garzón. El juez investiga si en la operación de Boadilla Ulibarri pagó tres millones de comisión a la trama. UFC era una empresa instrumental: pese al volumen de sus operaciones, en 2006 todavía no tenía empleados dados de alta en la Seguridad Social.
La operación de La Rosaleda supuso un negocio redondo para Ulibarri, que pagó por las parcelas un precio muy por debajo del precio de mercado: desembolsó 12,1 millones de euros para 185.045 metros cuadrados. Apenas 65 euros el metro cuadrado cuando en aquel momento en la localidad y en la provincia la media superaba los 300.
Las condiciones se estipulan en un documento notarial firmado el 27 de septiembre de 2002, tres días después de que el consejo de Administración de Pongesur limpiara las concesiones inciales y otorgara ya a UFC parcelas para 1.604 viviendas. El documento tiene aspectos extraños a las contrataciones de la Administración pública al establecer el monto total a pagar en 28,8 millones de euros y luego desmenuzarlo en tres partes de muy distinta naturaleza.
La primera incluye 3,025 millones, que la parte vendedora "confiesa haber recibido de la parte compradora con anterioridad a este acto". No se especifica ni cómo ni dónde se produjo el pago. Tampoco el momento, cuando la aprobación formal de las adjudicaciones había sido apenas tres días antes.
La segunda parte es el único desembolso real de dinero a la que se comprometía Ulibarri en el momento de la firma: los 12,1 millones de euros que le sirvieron para lograr los 185.045 metros cuadrados edificables. La última parte corresponde a 13,26 millones de euros "en especies" a cuenta de futuras obras de urbanización en La Rosaleda. Sin presupuesto concreto. Ni controles. Ni plazos. Además, se hace constar que obras por valor de 2,99 millones ya se han realizado en el momento de la firma.
Una vez en posesión de los terrenos, las empresas de Ulibarri no sólo han hecho negocio vendiendo sus pisos, sino también con la construcción de edificios en parcelas que ellos mismos vendieron a terceros, como la Torre de la Rosaleda, que con 28 plantas y 100 metros de altura es el edificio más alto de la comunidad.
En junio de 2004, UFC había revendido casi la mitad de las parcelas conseguidas en condiciones tan ventajosas y se reservaba para sí el espacio para construir 800 pisos.
* Público - PERE RUSIÑOL - MADRID - 01/03/2009
Foto: Zona de Ponferrada donde el empresario edificó viviendas gracias a una concesión irregular del Ayuntamiento. ANTONIO SÁNCHEZ, publico.es
La Guardia Civil halla 160.000 euros debajo de un colchón del alcalde de Alcaucín
ELPAÍS/Málaga* : La Guardia Civil ha hallado en el domicilio del alcalde de Alcaucin, detenido el pasado viernes por una supuesta trama de corrupción urbanística, 160.000 euros ocultos debajo de un colchón. De los 13 detenidos por la 'Operación Arcos', 11 continúan arrestados, entre los que se encuentran dos hijas del alcalde y varios empresario.
La última de los detenidas que ha sido puesta en libertad con cargos ha sido la hija de un empresario supuestamente implicado en esta trama. Ésta es la segunda detenida que queda en libertad después de que ayer lo hiciera la secretaria de un responsable del servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial de Málaga.
Los otros once arrestados el viernes continúan hoy detenidos a la espera de pasar a disposición judicial, lo que se prevé que ocurra mañana, cuando se agota el plazo que marca la ley, entre los que se encuentra el alcalde, José Manuel Martín (PSOE) y dos de sus hijas.
Entre los datos que han transcendido de la "operación Arcos" es que que la Guardia Civil ha encontrado en el domicilio de José Manuel Martín 160.000 euros en efectivo ocultos debajo de un colchón, informa Europa Press. El inmueble fue inspeccionado durante varias horas por los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) y del Seprona de la Guardia Civil. Cuando los agentes descubrieron el dinero, el alcalde manifestó que eran "los ahorros de toda una vida", según publica hoy el diario 'Sur'.
En total, los agentes se incautaron de más de 250.000 euros entre los 11 registros realizados en la operación. Aparte, de la suma hallada en la casa del regidor, los investigadores intervinieron más de 60.000 euros en Cartaya (Huelva), donde fue detenido un promotor por supuesta implicación en la trama.
La investigación ha permitido desarticular una importante trama organizada dedicada a la promoción, construcción y posterior comercialización de urbanizaciones y de viviendas aisladas, principalmente a extranjeros, sobre suelo no urbanizable en la comarca malagueña de la Axarquía, según informaron desde el Ministerio del Interior.
* ELPAIS.com - AGENCIAS - Málaga - 01/03/2009
Foto: Alcaucín - absoluteaxarquia.com
Tenerife: Ya van más de 500 derribos
LAOPINIÓN* : De las 1.497 "ocupaciones inadecuadas" que la Demarcación de Costas de la provincia tinerfeña ha identificado en el dominio público marítimo-terrestre y de la servidumbre de tránsito, ya han sido demolidos 496 en los últimos años, aunque a esta cifra hay que sumar los recientes derribos de Cho Vito.
Los datos facilitados han variado muy poco desde que fueron recogidos en un informe que data de los años 2006 y 2007. Así, en Tenerife se localizaron 696 ocupaciones, de las que 261 han sido demolidas. En La Palma también se derribaron 200, de las 766 que había. En cuanto a las islas de La Gomera (34 ocupaciones) y El Hierro (1), ya no tienen asentamientos "inadecuados" en sus costas.
La Demarcación de Costas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife recuerda que, una vez deslindado el litoral, se está ejecutando un programa de recuperación del dominio público, ya que se ha visto sometido a una "degradación y privatización por una ordenación urbanística deficiente en unos casos y, en otros, por construcciones relacionadas con segundas residencias, sin ninguna tradición histórica y con un déficit de salubridad e higiene". De los núcleos que todavía siguen en pie en el dominio público marítimo-terrestre de la isla de Tenerife destacan los de Finca El Apio (La Laguna), Hotel Médano (en El Médano), en Las Galletas (Arona), en Los Cristianos (Arona), en Santa Lucía (Güímar), en El Caletón (La Matanza de Acentejo) y Roque Bermejo (Santa Cruz de Tenerife), entre otros muchos.
En cuanto a la isla de La Palma, están los asentamientos de Caleta del Palo (Villa de Mazo), Playa de Punta Larga (Fuencaliente) y La Bombilla (Tazacorte), entre muchos más.
Para poder recuperar la parte de costa ocupada es necesario tramitar los denominados expedientes de recuperación posesoria, que requieren de la identificación de los ocupantes y la contestación de alegaciones. Actualmente hay varios de estos expedientes abiertos, entre los que se encuentran los referentes a La Sarnosa (Arico), Bajo Cuesta Las Tablas (Candelaria), Puerto Trigo-El Confital (Granadilla de Abona), Diego Hernández (Adeje), Rojas, Cangrejillo y El Puertito (El Sauzal) y El Prix (Tacoronte).
Los expedientes que afectan a la isla de La Palma son los de Puerto Trigo-Martín Luis-Puerto Paja (Puntallana), Las Maretas (Aeropuerto), Caleta de Palo (Villa de Mazo), La Zamora, El Faro y Punta Larga (Fuencaliente), El Remo (Los Llanos de Aridane), La Bombilla (Tazacorte yLlanos de Aridane) y Los Guirres (en el municipio de Tazacorte).
Hay que recordar que el deslinde de dominio público marítimo-terrestre es la línea que sirve para separar la parte pública de la privada en las costas. Con la aprobación del deslinde se define también la zona de servidumbre de protección, que recae sobre la parte privada del litoral, midiendo de 20 a 100 metros, en función de si los terrenos estaban clasificados como urbanos o no a la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988.
En la provincia tinerfeña ya se ha deslindado el 92,11 por ciento del litoral.
Defender los criterios de la Ley de Costas choca en muchas ocasiones con los intereses particulares, como ocurrió en el caso de Cho Vito, en el municipio de Candelaria. También hay que destacar las concesiones que Costas otorga para "el emplazamiento de servicios públicos bajo el criterio de su especial interés" y cuya vigencia ha finalizado, como es el caso del Hotel El Médano, sobre el que ya se ha abierto un expediente de caducidad, ya que se prevé liberar de construcciones el espacio público.
* LA oPINIÓN DE TENERIFE - SOL RINCÓN BOROBIA - 1.03.09
Foto: Imagen de una pala derribando una casa de Cho Vito. Santiago Ferrero (Reuters)
En Granadilla no hay puerto sino tufo y chanchullo
SANTI PEÑA* : Ante el comienzo de las obras del puerto de Granadilla el viernes 13 de febrero la ciudadanía y las organizaciones políticas y sociales que están en contra de este proyecto han reaccionado de manera rotunda pero serena cosa que, sin lugar a dudas, ha debido dejar descolocados a los que, usurpando las instituciones, han tratado estos años de impulsar el proyecto a toda costa aunque esto supusiera vulnerar las leyes para dejar claro que el primer delincuente en Canarias son las mismas instituciones ya que ni son capaces de respetar la legislación que ellas mismas hacen.
No es de recibo que haya sido el propio Vicepresidente autonómico José Manuel Soria el que haya acusado al PSOE de detener indiscriminadamente a ciudadanos en Canarias relacionados con los casos Góndola y Faycán cuando lo que muchos vemos en estas actuaciones es que por lo menos la separación de poderes del estado ha estado funcionando aunque sea bajo mínimos y que ha habido investigaciones judiciales y policiales que han llevado a estas actuaciones. No es casualidad que Soria haya estado defendiendo de manera vehemente a estos presuntos delincuentes que parecía que cobraban comisiones para financiar al PP en Telde, aunque luego se arrepintiera y se quedaban el dinero para ellos mismos, o que eran favorecidos por el poder a la hora de saltarse la moratoria turística y construir instalaciones de super lujo hotelero en Gran Canaria. El PP es capaz de esto y de mucho más como se ha estado desvelando con la trama de Francisco Correa investigada por el Juez Garzón, hasta factura a su salud le ha pasado estos días, no sólo porque a Francisco Camps le guste vestir muy bien, los 30 mil euros en trajes pagados por El Bigotes son una metáfora del tren de vida en el que se han instalado, sino porque ahora lo que toca es acusar que esté funcionando la separación de poderes y el Estado de Derecho para tratar de apartar a estos miserables de la caja en la que se encuentra el dinero público que debería de ser sagrado y no las encíclicas de la Santa Sede que parece que son las que dictan las formas del PP. En fin, qué íbamos a pensar si no de un partido en el que no se fían entre ellos mismos y son capaces de espiarse con todas sus consecuencias.
Mientras contra este puerto están en marcha las vías penales, la Fiscalía de Medio Ambiente ha llamado a declarar a los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente para investigar la posible falsedad en documento público con la descatalogación de los sebadales de las costas de Granadilla, la Comisión Europea abre un expediente al Reino de España porque desde hace más de un año las instituciones canarias no han sido capaces de designar 174 Zonas de Especial Conservación como LIC, Lugares de Interés Comunitario, incluido el sebadal del Sur de Tenerife y desde las instituciones comunitarias se denuncia el urbanismo salvaje que se ha dado en España pero sobre todo en las islas, Paulino Rivero no sólo no ha destituido al Consejero Domingo Berriel, o éste ha dimitido por dignidad, sino que le ha dado una palmadita en el hombro. Es más, ha atacando a los opositores del puerto no sólo ninguneándolos y llamándolos minoría sino que demostrando que el Presidente, que debería ser de todos los canarios, no tiene ni puta idea de lo que es la democracia y qué significa ejercerla. Mientras ha pasado un año completo en el que la Consejería de Medio Ambiente no ha ejercido su función de designar como LIC 174 lugares de especial conservación de Canarias la obsesión de Berriel ha estado más dirigida, como si su puesto fuera el de Consejero de Fomento, principalmente hacia dos cosas. Por un lado tumbar la ILP de Ben Magec Ecologistas en Acción, respaldada con más de 40 mil firmas, para establecer una verdadera moratoria en el archipiélago con una Ley de Medidas Urgentes que no es más que una carta blanca a los constructores pues si se llega a aprobar hará susceptible de construir en cualquier lugar de nuestro archipiélago y por otro allanar el camino de la Autoridad Portuaria y a los especuladores con la rebaja en la catalogación de la especie Cymodocea nodosa que dificultada las obras del puerto de Granadilla llegando, como parece que ha sido, a la falsedad documental. Mientras estos 174 expedientes de lugares a proteger estaban dormidos en los archivos de esta consejería, uno que ya sabe cómo funciona esta gente se atreve a decir que los altos cargos ni se habían enterado de su existencia o les importaba un bledo, la pasmosa agilidad en resolver las centenares de alegaciones contra la descatalogación del sebadal, pasó poco más de una semana, no deja de ser sorprendente. Entre otras denuncias, por supuesto ahí están los trabajos jurídico de Ben Magec y Pedro Arcila de ATAN, la fiscalía ha admitido a trámite una contra el Consejero Berriel por supuesto tráfico de influencias y prevaricación contra su persona de la que sólo espero que la justicia actúe como debe hacerlo y si algún día se demuestra que esto ha habido delitos que pague con su patrimonio, su libertad y que sea alejado de cualquier cargo público para que se demuestre, de una vez por todas, que los delitos de corrupción no salen gratis en Canarias y que el que la hace debe pagarla.
En las islas la alta delincuencia de guante blanco ha salido siempre gratis: nadie ha ido a parar a la cárcel por la mala expropiación del Parlamento, por los fraudes multimillonarios del Icfem, por el caso Tindaya o por la Montaña de Tebeto a pesar de que son casos escandalosos y que todos ellos van a dejar hipotecadas las cuentas canarias por muchas décadas. Durante años los ciudadanos canarios han sido pasivos y al pelo nos venía el epíteto de aplatanados. Las cosas están cambiando y como si de un espíritu conjunto de Vilaflor se tratara la ciudadanía se está dando cuenta que la mejor manera de solucionar sus cosas no es esperar a que los políticos, que sólo cada cuatro años se acuerda de nosotros para pedirnos el voto, las resuelvan a su manera sino que de manera natural han venido a tomar la democracia debido a la baja calidad de ésta que hay en las instituciones. Y es que esta vez el chanchullo de Domingo Berriel, Paulino Rivero y Pedro Rodríguez Zaragoza han llegado tan lejos que los verdaderos medios antisistema y antisociales como es el grupo de comunicación El Día no les ha quedado otro remedio que hacerse eco de las quejas de los ciudadanos. Atrás quedaron los tiempos en que una manifestación contra el puerto de Granadilla de más de 100 mil personas era ninguneada por la prensa, por los políticos y manejada a su antojo por el propio Presidente del Gobierno Adán Martín Menís con la famosa manipulación de las fotos de la avioneta de Grafcan. Este 14 de marzo el gobierno y la camarilla de indeseables que lo rodean no les va a quedar otro remedio que estar pendientes a la que puede ser la mayor manifestación de la historia de Canarias promovida por la Comunidad Científica de Tenerife para protestar por la rebaja en la catalogación de las praderas de sebadales en el entorno de las Costas de Granadilla. De su parte están los intereses oscuros que esconde y a los que favorecen con sus decisiones impuestas y antidemocráticas, de las nuestras la búsqueda de la verdad y la preocupación por nuestro entorno y nuestro futuro económico y político. Sin la oposición ciudadana las costas de Granadilla estarían destruidas hace década y contarían con un puerto inútil. Con la oposición ciudadana este puerto se va a parar.
* Canarias 24 Horas - Opinión - 22 de febrero de 2009
La Cornisa de San Francisco el Grande se transformará a pesar de los vecinos
MADRIDIARIO* : El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado definitivamente este viernes en Pleno el Plan Parcial para remodelar el ámbito de San Francisco el Grande. Una vecina del distrito de Centro irrumpió en la sala de Plenos al grito de "No queremos cemento en la Cornisa".
La corporación municipal aprobó con los votos del PP esta operación, gestada en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana, que contempla la construcción de cinco edificios propiedad del Arzobispado, varios equipamientos y más zonas verdes, a la espera del recurso contencioso-administrativo interpuesto por el movimiento vecinal.
La delegada de Urbanismo, Pilar Martínez, defendió que el equipo de Ruiz-Gallardón no estaba al frente del Gobierno de Madrid cuando se iniciaron las negociaciones del plan de reforma de la Cornisa, cuyas bases, aseguró, vienen de 1997. Martínez argumentó que el actual Gobierno municipal no ha conferido derechos al Arzobispado que no tuviera adquiridos ya y que sólo ha podido establecer limitaciones y condiciones en beneficio de los madrileños.
Los dos grupos de la oposición acusaron al Ejecutivo de Alberto Ruiz-Gallardón de "complicidad" con el Arzobispado de Madrid, a quien "han autorizado a destruir" la Cornisa de San Francisco el Grande "al otorgarle 25.500 metros cuadrados de edificabilidad para levantar cinco edificios en un talud asociado históricamente a la imagen de la capital".
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, David Lucas, subrayó que una vez aprobada esta "fechoría urbanística y atropello histórico" Alberto Ruiz-Gallardón será recordado como "el alcalde que tapó la Cornisa de Madrid". Lucas espetó al alcalde si es que "no se da cuenta de que está destruyendo un espacio histórico y unas zonas verdes a cuya alteración se oponen tajantemente los vecinos, como están demostrando hoy en la Plaza de la Villa".
Tropelía
En nombre de IU, el concejal Ángel Lara, acusó al Gobierno de "destruir la configuración de una zona emblemática" y de no tener en cuenta "jamás" la opinión de los vecinos y de los grupos de la oposición, "que llevan diez años oponiéndose con pasión y sin desmayo a esta tropelía", agregó. Lara calificó el Plan Parcial de "atentado irremediable" contra la Cornisa y dijo que el Gobierno municipal no ha dudado en ceder "a la voracidad insaciable del Arzobispado, a pesar del expolio de zonas verdes que supone para los vecinos".
En la votación final, una vecina comenzó a gritar contra la decisión, una protesta que viene a sumarse a la de decenas de vecinos que se manifestaban desde primera hora de la mañana en la Plaza de la Villa. Medio centenar de vecinos del distrito Centro se concentraban, mientras tanto, en la Plaza de la Villa para reclamar que el Plan Parcial no siguiera adelante.
'Clero y Gallardón roban un montón', 'Vaticano dos en Madrid no', 'Las calles y los parques son nuestros, ¿por qué no nos preguntan?' fueron algunos de los lemas que se podían leer en las pancartas que portaban.
* Madridiario - 27-02-2009 - Enrique Villalba / Agencias
Foto: Juan Luis Jaén / Enrique Villalba, madridiario.es
El juez ve indicios de criminalidad por un caso urbanístico en la líder del PP jerezano
LAVOZDIGITAL* : El Juzgado de Instrucción nº2 de Jerez ha dictado un auto por el que determina que han surgido «indicios racionales de criminalidad» en el caso de los huertos de ocio contra la popular y por entonces alcaldesa de Jerez María José García Pelayo. En el escrito fechado el 25 de febrero se alude a un presunto delito de prevaricación administrativa relativo a ella y a «otras personas», al tiempo que se recuerda la condición de parlamentaria andaluza de la imputada, por lo que el procedimiento a partir de ahora tendrá que ser remitido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
El auto apunta a que tanto el 7 de agosto de 2003 como el 18 de noviembre del mismo año García Pelayo no sólo ostentaba el cargo de alcaldesa de la ciudad, sino también el de presidenta del Consejo de Gestión de la Gerencia Municipal de Urbanismo, lo que la relaciona directa e inexorablemente con los hechos juzgados. Las fechas citadas anteriormente corresponden a los días en los que se adoptaron resoluciones presuntamente prevaricadoras en relación al desalojo de las parcelas de los huertos de ocio.
En concreto, el 7 de agosto de 2003 se dictó un acuerdo para proceder a la expropiación de unos terrenos de los que los afectados disponían por contrato de cesión, prescindiendo de la tramitación del correspondiente expediente de resolución de estos contratos, como consta en el dictamen judicial. La intención de esta operación no era otra que la transmisión en el mes de octubre del mismo año de dicha finca a la empresa Xera Promociones mediante una permuta, con el fin de destinar este suelo a la construcción de viviendas.
El 18 de noviembre de 2003 el Consejo de Gestión de la GMU dictó un nuevo acuerdo desestimando el escrito de alegaciones de los perjudicados y aprobando definitivamente el expediente anterior. De esta forma, según el auto se resolvieron anticipadamente los contratos administrativos y de cesión del uso de las parcelas y se requirió el desalojo en 20 días, aún cuando la Gerencia «no era propietaria del suelo y por tanto no tenía potestad para dictar el acuerdo». De hecho, una sentencia del 14 de julio de 2008 del Juzgado Contencioso-Administrativo de Jerez decretó la nulidad del desalojo, algo que luego fue ratificado por el TSJA en enero del presente año.
En el auto del Juzgado de Instrucción número 2 se incide en que todas estas operaciones contaron necesariamente con el beneplácito en forma de firma de la entonces alcaldesa, «con la intención última de favorecer a la empresa privada Xera Promociones con la disponibilidad inmediata de dicha parcela». Dada su condición de aforada al pertenecer al Parlamento de Andalucía, las diligencias tendrán que ser remitidas al TSJA en el plazo más breve posible, «que en ningún caso podrá exceder de tres días».
Así, el órgano jerezano no podrá continuar la instrucción de la causa no sólo en lo que respecta a la aforada sino también al resto de imputados, ante el riesgo de que los trámites que se pudieran practicar de ahora en adelante resultaran nulos de pleno derecho. El documento concluye con la puntualización de que contra esa resolución no cabe recurso alguno, pues ya será la Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJA la que deberá fijar su propia competencia, como órgano superior jerárquico del de Instrucción.
El abogado de los 35 parcelistas afectados, Francisco Pérez Vera, mostró ayer su satisfacción por que el procedimiento se desarrolla según lo previsto, confiando en que el futuro a nivel judicial siga siendo favorable para sus representados. «Yo creo que estamos por el buen camino», sentenció. No obstante, el letrado quiso aclarar que la inculpación de Pelayo no exime de responsabilidad al resto de los imputados, cuyo número supera la veintena. «El auto se refiere exclusivamente a ella por su condición de aforada, para justificar por qué el procedimiento será remitido al TSJA, pero todo se hará extensivo a los demás e incluso habrá algunos casos en los el delito estará mucho más claro».
Imputados de renombre
Entre los nombres, Pérez Vera volvió a recordar la especial implicación de Pedro Pacheco, que por aquel entonces era el delegado de Urbanismo y fue quien negoció las permutas con Xera Promociones, sin olvidar a personas del actual equipo de Gobierno como el delegado de Fomento, Francisco Lebrero, o la propia alcaldesa, Pilar Sánchez. «Ellos estaban en la oposición, pero habrá que analizar las actas que se dictaron desde órganos colegiados de los que ellos formaban parte y donde de hecho todos votaron a favor, excepto el concejal de Izquierda Unida, Joaquín del Valle».
El abogado destacó que Pilar Sánchez «ocultó siempre el expediente y la escritura de la operación, porque se opuso desde un principio a esta demanda». No obstante, pretendió tirarle el guante a la regidora jerezana cuando se refirió a que en la actualidad puede tener una segunda oportunidad si facilita los trámites para obtener la nulidad de la permuta.
«Ahora puede demostrar de qué lado está en términos de legalidad, si quiere que se hagan las cosas bien o si prefiere cerrar los ojos. Nosotros tenemos ya los expedientes, pero pediremos que sea el Ayuntamiento el órgano que inicie el procedimiento de nulidad de la permuta. De no ser así, lo solicitaremos por la vía judicial».
* La Voz Digital - 28.02.09 -ALMUDENA DOÑA
Foto: INICIATIVA. Protesta de los parcelistas afectados. / LA VOZ
La trama de Alcaucín vendía viviendas en suelo no urbanizable a extranjeros
ELCONFIDENCIAL/Málaga* : La operación de la Guardia Civil en la que han sido detenidas trece personas, entre ellas el alcalde de Alcaucín, el socialista José Manuel Martín Alba, ha destapado una trama organizada que se dedicaba presuntamente a construir urbanizaciones y viviendas aisladas sobre suelo no urbanizable en la sierra malagueña de Axarquía. La trama supuestamente promocionaba, construía y luego comercializaba las viviendas, principalmente a extranjeros.
Eso es lo que constatan las investigaciones de la Guardia Civil, que además del alcalde de Alcaucín ha arrestado en la denominada 'operación Arcos' a otras doce personas por diversos delitos de corrupción relacionados con el urbanismo, según informa el instituto armado.
Entre los arrestados se encuentran varios miembros de la familia del alcalde (fuentes de la investigación han indicado que son dos hijas), dos arquitectos, empresarios dedicados a la promoción y construcción de viviendas y un intermediario. Doce de las detenciones se han practicado en la provincia de Málaga y una, la de un constructor, en la de Huelva, según han informado a Efe las fuentes consultadas.
Las pesquisas de los agentes apuntan a que los empresarios dedicados a esta actividad pagaban presuntamente diversas cantidades de dinero y en especie a los cargos públicos que supuestamente consentían, encubrían e incluso impulsaban tales irregularidades. Posteriormente, trataban de legalizarlas mediante informes y certificados falsos expedidos por arquitectos titulados, a través de los cuales se conseguía alterar las correspondientes inscripciones catastrales y registrales de las fincas.
“Pepe, te queremos”
El alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, salió a las 12.10 de su casa del pueblo entre gritos de apoyo de una treintena de vecinos: “Pepe, te queremos”. Efectivos de la Guardia Civil han trasladado a Martín Alba al Ayuntamiento, donde desde las ocho de la mañana se registra diversa documentación.
En Málaga, tres vehículos del Instituto Armado continúan en la puerta de la sede de la Diputación Provincial, mientras se investigan ordenadores del Servicio de Arquitectura.
El portavoz del PP en la Diputación, Francisco Salado, ha resaltado que la corrupción de la Costa del Sol se ha trasladado al interior de la provincia. El presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, ha llegado más lejos y dice que resulta “un escándalo” que la Diputación pueda estar “implicada” en el caso Arcos.
La consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Rosa Torres, en Málaga en un acto institucional con motivo de la celebración mañana del Día de Andalucía, ha expresado su “sosegada preocupación” ante la operación contra la corrupción urbanística en Alcaucín.
El PSOE expulsa del partido al alcalde
El PSOE ha iniciado los trámites de expulsión para el alcalde de Alcaucín, José Martín Alba, según confirmó a El Confidencial un portavoz del PSOE de Málaga. "Es un asunto privado del alcalde y no afecta a la Diputación Provincial", destacó el portavoz a este diario.
La Operación ha sido ordenada por el titular del Juzgado número 3 de Instrucción de Velez (Málaga), informaron en fuentes de la investigación. En la misma participan también la fiscalía especial contra la corrupción y la fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo. Según las fuentes citadas, entre otros asuntos, se investiga la promoción, construcción y posterior comercialización de una urbanización de viviendas en la comarca malagueña de la Axarquía.
* El Confidencial - A. Rivera.- .- 27/02/2009
Foto: Agentes de la Guardia Civil durante el registro de la Diputación Provincial de Málaga en el marco de la "operación Arcos" (Efe)
Barcelona: Vecinos de Ciutat Vella denuncian la "devastación" de sus barrios
ELPERIÓDICO* : El incremento del precio de los pisos en los últimos años, la marcha de vecinos con rentas más bajas, muchos de ellos jóvenes, la especialización de algunas zonas en actividades de ocio, lo que conlleva molestias nocturnas, y la concentración de turismo. Son algunos de los problemas que entidades de Ciutat Vella denuncian que están "devastando" sus barrios y ante los cuales, consideran, el distrito no ha priorizado a los residentes.
Por eso, ayer, durante la presentación en sociedad de la Xarxa Veïnal de Ciutat Vella, la plataforma anunció que prepara acciones contra diversos planes, como la construcción de un hotel junto al Palau de la Música, y enumeró una serie de peticiones al distrito que consideran claves para los próximos años.
Y entre estas, requirieron el compromiso de prohibir la ejecución de desahucios por motivos económicos e incrementar las ayudas sociales al alquiler, la elaboración de un censo público de viviendas vacías de Ciutat Vella, la derogación de la ordenanza de civismo y el aumento de recursos para medidas sociales, como becas de comedores o apoyo domiciliario a los mayores.
Asimismo, los integrantes de esta red ciudadana, participada por entidades como la asociación de vecinos de Ciutat Vella, del Gòtic, del Casc Antic y de la Òstia (Barceloneta), el Taller contra la Violència y la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), exigieron en la jornada que se celebró en la Universitat de Barcelona que el distrito no conceda licencias para nuevos hoteles, apartamentos turísticos ni pisos, así como revise las ya existentes y retire las actividades que causan molestias. También solicitaron la anulación de los permisos de los vehículos turísticos que consideran "invasivos", como los go-cars y los triciclos.
La plataforma, que presentó su web (www.xarxaciutatvella.cat), recordó que se creó el pasado 11 de octubre para "dar la vuelta a la situación actual y poner en la agenda política las prioridades que consideramos clave", por lo que no permanecerá inactiva. De hecho, anunciaron que preparan movilizaciones contra proyectos de la zona.
* El Periódico - ROSA MARI SANZ - 25.02.09
Foto: Ciutat Vella - bcn.es
El juez abre 3 investigaciones en Baena por irregularidades
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ELPAÍS/Córdoba* : El juez de Baena encargado de la investigación de presuntas irregularidades urbanísticas relacionadas con posibles facturas falsas ha abierto un nuevo frente al encausar a cuatro concejales y ex ediles socialistas del Ayuntamiento -gobernado por el alcalde y senador socialista Luis Moreno- por un presunto delito de uso de información privilegiada, informaron fuentes del TSJA.
A ninguno se le ha tomado todavía declaración.
Estas personas ya se encuentran imputadas en una causa anterior por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación. Su implicación es consecuencia de las denuncias que presentaron en la Guardia Civil en junio de 2007 el constructor Carlos Arenas, que fue alcalde del PTA entre 1979 y 1983. Su esposa, María Jesús Muñoz, concejal de IU en Baena, y Manuel Luque, guarda del consistorio, también presentaron sendos escritos de denuncia por posibles tejemanejes inmobiliarios. Además, hay tres empresarios y el presidente de una sociedad de cazadores imputados.
Poco menos de un mes después de que se presentaran estas denuncias, un hermano de María Jesús Muñoz que es cabo de la Guardia Civil tuvo conocimiento de que un empresario de carpintería metálica podía estar pagando facturas falsas a funcionarios del consistorio. Tras la denuncia del empresario -que presentó 12 facturas falsas por valor de unos 40.000 euros- y, a pesar de su posterior retractación por escrito, se llevó a cabo una investigación, por la que se intervinieron los teléfonos de los dos trabajadores presuntamente implicados: Rafael Santano, jefe del Área de Comunicación, y de Juan Díaz, trabajador municipal.
* ELPAIS.com - M. J. A - Córdoba - 27/02/2009
Foto: Baena (Córdoba) - baena.es
'V de Vivienda' tapiará con ladrillos la entrada del Ministerio de Vivienda
ELMUNDO/Madrid* : Un grupo de activistas del colectivo VdeVivienda tapiará con ladrillos la entrada del Ministerio de Vivienda el martes, 3 de marzo, a las 11.00 horas, para protestar contra las políticas del Ejecutivo de apoyo a los constructores y promotores. En el mismo acto, se informará a los asistentes de la gran manifestación 'Por la vivienda digna', que tendrá lugar el 14 de marzo, a las 18.00 horas en la Puerta del Sol, en la que se exigirá que "los que se han beneficiado de la especulación paguen la crisis y que el derecho de todos se imponga al beneficio de unos pocos".
El colectivo asegura que no existe el Ministerio de Vivienda sino el "Ministerio de la Especulación". "A la ministra Beatriz Corredor parece que le pagaran el sueldo no los ciudadanos de este país, sino los señores del ladrillo, que son los constructores y promotores que se han enriquecido a costa del saqueo de la clase trabajadora", denunciaron.
Así, VdeVivienda plantea un nuevo modelo de política de vivienda, el "Alquiler Social Universal (ASU) que garantice el derecho al alojamiento". "Tenemos más de 25 millones para tan sólo 45 millones de personas, un ratio de viviendas por habitantes excesivo, de ahí que tengamos el mayor número de casas vacías de la Unión Europea, con más de cuatro millones, y un stock de viviendas nuevas sin vender que supera con creces el millón", criticaron.
La principal medida que propone el colectivo es la expropiación de uso de las viviendas vacías que se encuentran "en manos de los grandes acaparadores de propiedades inmobiliarias de este país: los bancos, las promotoras, las inmobiliarias y las grandes fortunas". Estas viviendas se destinarían a la constitución de un parque público de viviendas en alquiler social universal por las que habrá que pagar una renta mínima que simplemente garantice la conservación del inmueble.
* El Mundo - Europa Press - 26.02.09
Detienen al alcalde de Alcaucín y a otras doce personas en una operación contra la corrupción urbanística
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SUR/Málaga* : La Guardia Civil ha detenido hoy a trece personas en una operación contra la corrupción urbanística que se está desarrollando en la localidad malagueña de Alcaucín, cuyo alcalde, el socialista José Manuel Martín Alba, se encuentra entre los arrestados, según han informado a Efe fuentes de la investigación.
Además entre los detenidos están, según las mismas fuentes, dos hijas del alcalde, el jefe del servicio de arquitectura de la Diputación Provincial de Málaga, arquitectos, empresarios y personas relacionadas con la promoción y construcción de viviendas.
Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil están practicando desde primera hora de la mañana registros en el Ayuntamiento de Alcaucín y en el servicio de arquitectura de la Diputación Provincial de Málaga, en el marco de esta operación.
La operación, que también se extiende a la provincia de Huelva, ha sido ordenada por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Velez-Málaga (Málaga), según apuntaron a Europa Press fuentes de la investigación.
En la misma participan también la Fiscalía especial contra la corrupción y la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo. Según las fuentes citadas, entre otros asuntos, se investiga la promoción, construcción y posterior comercialización de una urbanización de viviendas en la comarca malagueña de la Axarquía.
* SUR - JUAN CANO - 27.02.09
Foto: Alcaucín (Málaga) - E. GUZMÁN (Sur)
