SOITU/Murcia* : El juez de instrucción nº6 de Murcia, que investiga el caso de presunta corrupción en el Ayuntamiento de Librilla, ha observado que "existen llamativas coincidencias" entre los principales imputados en este caso, entre los que se encuentra el alcalde de la localidad y un ex funcionario de la Comunidad autónoma.
En el auto, al que ha tenido acceso Efe, el juez informa que por ello acordó varias entradas y registros, entre otros, en el Ayuntamiento de la localidad y las sedes sociales y despachos profesionales de los imputados.
A raíz de este caso, ingresaron en prisión tres semanas el alcalde de Librilla, José Martínez García, del PP; su edil de Urbanismo, Pedro Martínez Muñoz, el gerente de la empresa municipal del suelo y de Iniciativas para el Desarrollo de Librilla (IDL) José Andrés Cortes, y el ex funcionario Jose Luis Cano.
El material que obra en las diligencias incluye el auto que ordena los registros y detecta las connivencias, un informe de la Unidad Central Operativa UCO de la Guardia Civil sobre esta supuesta trama, así como la denuncia de un particular sobre presuntas irregularidades en Librilla.
El juez observa la coincidencia de que varios de los imputados figuran como fundadores de las mismas empresas supuestamente implicadas, y que en varios casos coinciden los domicilios sociales.
El auto, de 13 de noviembre, recoge expresamente que uno de los principales imputados, el ex funcionario de la Comunidad Autónoma José Luis Cano fundó junto con su esposa la sociedad "Control & Gis S.L.", de la que "se presume el carácter esencialmente instrumental con el fin de recibir de manera opaca determinadas prebendas económicas a cambio de facilitar la concesión de contratos de obra pública".
Añade que en marzo de 2004 esta empresa adquirió el 50 por ciento de las participaciones de otra de las entidades investigadas, ACADI, administrada por el ingeniero e igualmente imputado Domingo Peñalver.
"Con esta adquisición, es evidente -afirma el juez- que las ganancias que en el ejercicio de su actividad profesional pudiera tener Acadi no eran indiferentes a Jose Luis Cano".
El auto señala también que las "relaciones entre Cano y Peñalver se hacen aun más claras si se aprecia que, a pesar de que supuestamente el primero 'no aterrizó' en la copropiedad de la empresa de Peñalver hasta marzo de 2004, en la cuenta a nombre de Acadi de una sucursal bancaria de Molina de Segura, el ex funcionario figuraba autorizado desde el 30 de julio de 2001, dos meses antes de la constitución de Acadi".
Señala el juez que presuntamente "la separación de domicilios de las dos mercantiles es simplemente ficticia, con el fin de no dejar señales a terceros acerca de la íntima conexión entre ambos".
El juez deduce que Control y Gis "no es si no una cobertura a fin de vehiculizar los pagos a Cano de cantidades a cambio de su actividad a favor de la concesión de contratos de obra pública, entre otras, a la empresa Acadi".
Concluye el instructor que "debe investigarse el que la empresa Acadi haya recibido adjudicaciones de contratos públicos por parte de IDL por importe de 417.600 euros en el año 2005, y de 2,3 millones de euros en 2006".
El auto se refiere también a otras sociedades "que presuntamente podrían ser parte del entramado societario tejido para enmascarar y conseguir contratos públicos", como Emusal S.L., constituida en mayo de 2004 al cincuenta por ciento por las sociedades Acadi y Urvitec Levante S.L., administrada por José Antonio Núñez.
Tambien ordena investigar si las trasferencias de capitales entre las empresas, tras atribuirse contrataciones públicas por parte de los organismos oficiales donde prestaban sus servicios Cano y Peñalver "obedecen a negocios jurídicos reales o a enmascaramientos de pago de prebendas".
* SOITU.es - EFE - 11.12.2008
Foto: Librilla - librilla.es
Librilla: El juez detecta connivencia entre las sociedades de los principales imputados
VdeVivienda inaugurará el lunes 15 de diciembre su oficina por el derecho a la vivienda
ROJOYNEGRO* : VdeVivienda prosigue con su campaña Alquiler Social Universal por el derecho al alojamiento. Un grupo de activistas de la asamblea de Madrid instalará un punto de información de grandes dimensiones sobre esta iniciativa para todas las personas interesadas el próximo día lunes 15 de diciembre, a las 11 horas, frente a la Oficina de Vivienda de la Comunidad de Madrid, en la Avenida de Asturias número 28 de la capital. Allí se montará un escenario que recreará simbólicamente la que será la primera Oficina VdeVivienda por el Alquiler Social Universal.
Asamblea VdeVivienda Madrid
Viernes 12 de diciembre de 2008
El Alquiler Social Universal recoge el conjunto de propuestas de la asamblea VdeVivienda Madrid para solucionar el problema del derecho a la vivienda. Es por tanto una solución que surge de la ciudadanía, de las personas que padecen las consecuencias de las nefastas políticas públicas de vivienda, netamente especulativas, desarrolladas por todas las administraciones, que son las verdaderas culpables de la situación actual por su vergonzosa colaboración con la corrupción urbanística. El Alquiler Social Universal presenta un plan de medidas cuyos puntos básicos son los siguientes:
Creación de un parque público de vivienda en alquiler, con un precio basado en el coste de mantenimiento del inmueble, usando para ello la gran cantidad de viviendas vacías que hay en este país, calculado en torno a las 4 millones y medio de viviendas vacías sin contar segundas residencias.
Cambio de la ley hipotecaria de forma que cualquiera que no pueda afrontar el pago al banco nunca tenga que responder más allá del precio de subasta de la casa ante el banco.
Ni un euro de dinero público para entidades privadas, rechazo frontal a los planes usar el ICO para donar 3.000 millones a los constructores ni a las billonarias inyecciones de dinero público por medio del Banco Central Europeo.
Despenalización del uso de viviendas vacías para vivir o crear espacios sociales.
Durante el acto también se informará de la próxima MANIFESTACIÓN POR UNA VIVIENDA DIGNA, cuya fecha han acordado las asambleas VdeVivienda para el 14 marzo de 2009.
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Existen soluciones para el problema de la vivienda, para alcanzarlas no se pueden seguir haciendo las mismas cosas que lo han causado. Desde VdeVivienda exigimos que se acabe con la vergüenza de las viviendas vacías, más de 4 millones en España, y que se les dé un uso social; Que se deje de dar dinero público a las constructoras, inmobiliarias, etc, ni con el ICO ni promocionando VPO; Que no se condene a los hipotecados a la miseria cuando el banco subaste su casa y les requise la nómina para pagar el resto de la deuda; Que no sea delito usar casas abandonadas para sobrevivir o para abrir espacios sociales.
Porque ya estés sin casa o en la de tus padres, o hipotecado con el agua al cuello, o conviviendo con alguien a la fuerza, vengas de otro país y no puedas ni trabajar ni vivir, nuestro problema es el mismo, en este país unos pocos se han enriquecido muchísimo a costa de hacer la vida imposible a los trabajadores, impidiéndonos acceso a la vivienda o endeudándonos de por vida para acceder a una.
Por eso te animamos a que te unas a la asamblea de vivienda.
VIVIENDAS VACÍAS PARA EL ALQUILER SOCIAL UNIVERSAL
¿Qué es una vivienda vacía?
Las viviendas no ocupadas que se encuentren en zonas en las que existe necesidad de vivienda a las que su propietario no da uso durante al menos un año. Por ello, proponemos elaborar un censo de personas con necesidad de vivienda para optar a habitar estos pisos desocupados con un alquiler social
¿Qué es el uso social de una vivienda?
Uso social es la puesta a disposición de una vivienda vacía a favor de la persona o familia que no tenga este derecho básico cubierto, que tendrá que pagar únicamente los gastos de mantenimiento y conservación del inmueble, gastos a los que se limitaba la renta del alquiler en su origen.
¿Qué es una expropiación por uso?
El uso social no es una expropiación de la propiedad de la vivienda, sino que se trata de una limitación del derecho de uso durante un periodo determinado de tiempo durante el cual la vivienda será habitada por una persona o familia que haya acreditado su necesidad de vivienda.
Transcurridos dicho periodo el propietario podrá recuperar el uso de la vivienda siempre que se comprometa a ocuparlo y lo acredite posteriormente.
¿Qué viviendas formarán el Parque Público?
El Parque Público lo formarán principalmente las viviendas en propiedad de los grandes especuladores: bancos, cajas de ahorro, inmobiliarias, constructoras, etc.
Estas empresas privadas son los mayores propietarios de viviendas vacías, que han fomentado durante los años la burbuja inmobiliaria y la circulación de grandes cantidades de ’dinero negro’ que habitualmente se "lavaba" con la compra especulativa de inmuebles.
¿Qué beneficios tiene el alquiler social universal?
El primero de ellos y más importante es que garantizará el acceso a una vivienda digna en condiciones justas a la población actualmente excluida. La vivienda pasará a ser un derecho y no un privilegio de los más favorecidos.
Disminuiría de manera notable el número de viviendas construidas por lo que acabaría con la destrucción ambiental que el crecimiento urbanístico ha ocasionado en los últimos años.
El alquiler no supone una carga para la administración pública, ya que el demandante de vivienda será quien sufrague los gastos mínimos para mantener la vivienda en buenas condiciones.
El alquiler social universal eliminaría el lucro de los banqueros que se han hecho ricos cobrando intereses abusivos a los millones de hipotecados, así como el endeudamiento de la población.
Por otro lado la eliminación de ayudas fiscales y subvenciones a la adquisición de vivienda y la financiación pública a su construcción, permitirá destinar este dinero a otros fines más justos que reviertan en beneficio de la sociedad y no en el de los especuladores, así como la inversión en servicios públicos.
Permite la elección del lugar de residencia evitando el traslado forzoso hacia barrios o poblaciones alejadas del entorno social o del centro de trabajo en busca de una vivienda asequible, al que en la actualidad obliga a presión especulativa.
Alquiler Social Universal frente a Vivienda Protegida
El sistema de vivienda protegida lleva funcionando décadas en España desde que fue implantado por el franquismo sin que haya solucionado el problema del acceso a la vivienda.
El eje del sistema de vivienda protegida de promoción privada es la concesión de ayudas públicas para la financiación de la adquisición y subvenciones, a cambio de limitar el precio de venta de la vivienda durante unos años. Pero las ayudas acaban en el bolsillo del constructor o gestor, que ponen en práctica innumerables abusos para incrementar el precio de las viviendas muy por encima de su coste, e incluso del precio legal. Precisamente la subida del límite máximo del precio de venta de este tipo de vivienda en los últimos años la ha hecho inaccesible para buena parte de la población, por lo que mientras que en su origen la vivienda protegida estaba destinada a las rentas más bajas, ahora sólo pueden acceder a ella rentas medias-altas.
Tampoco la vivienda protegida de promoción pública es una solución al problema, puesto que además de haberse equiparado su precio a la de promoción privada, excluyendo por lo tanto a las rentas medias-bajas, no se adjudican a todos los demandantes de vivienda sino a una muy pequeña parte por sorteo.
Además la vivienda protegida pasa a al mercado libre en unos años, integrándose en la burbuja inmobiliaria.
Por lo tanto en el futuro la vivienda protegida de promoción privada debe desaparecer, mientras que la de promoción pública debe dar paso a un parque de viviendas de titularidad pública que serán destinadas en su integridad al alquiler social universal.
¿Hipoteca basura o hipoteca usura?
La legislación hipotecaria debe modificarse para que la subasta de la vivienda suponga la cancelación de la deuda pendiente de abonar al banco, de forma que sean las entidades prestamistas quienes asuman las consecuencias de la crisis que han generado concediendo préstamos basados en tasaciones fraudulentas y prácticas abusivas para obtener el máximo beneficio posible. La política de préstamos hipotecarios es pieza clave sin la cual no se hubiese producido la burbuja inmobiliaria y los hipotecados no deben pagar sus consecuencias.
¿Privatizar ganancias y socializar pérdidas?
Hace ya meses que venimos asistiendo a la inyección de dinero público a constructuras, promotoras, inmobiliarias y por supuesto, a los bancos, nuevas formas de dar dinero público a empresas empeorando el problema de acceso a la vivienda. Por eso exigimos que ni un euro público
¿Por qué hay que despenalizar la okupación?
La okupación de viviendas vacías no genera ningún daño a la sociedad, al revés, es la existencia de viviendas vacías la que ha provocado una enorme injusticia social, debiéndose en todo caso considerar delincuentes a los grandes acaparadores de vivienda vacía con fines especulativos.
La okupación de viviendas está considerada delito por nuestra legislación, criminalización que supone una excepción a la regla general puesto que en muchos países europeos se ampara como un obstáculo sano a la libre especulación. La okupación de viviendas vacías debe ser despenalizada.
* Diario Rojo y Negro - 12.12.2008
El urbanismo marchita
LAOPINIÓN/Málaga* : Probablemente no haga falta ninguna encuesta para llegar a la conclusión de que el urbanismo salvaje ha incidido en un deterioro de la calidad de vida de los andaluces. Los malagueños, de hecho, son quienes más han sufrido esta agresividad constructora y a los que más les duele la misma.
Lo que ya percibía el ciudadano de a pie lo ha confirmado el Ecobarómetro andaluz de 2008, un estudio efectuado por la Consejería de Medio Ambiente y el Instituto de Estudios Sociales de Andalucía (IESA).
Los malagueños son los ciudadanos que valoran en términos más negativos la influencia del desarrollo urbanístico en su entorno a lo largo de los últimos cinco años: un 54,8% de los habitantes de la provincia considera que la situación del medio ambiente se ha deteriorado algo o bastante, mientras que sólo el 26,1% ha visto algún punto positivo en la extensión de la actividad edificadora.
Jaén, por contra, es la provincia que refleja la tendencia opuesta: un 42,6% de los encuestados afirma que el urbanismo ha mejorado la situación medioambiental en sus localidades, frente al 19,5% que piensa que la ha empeorado.
Estas conclusiones no pueden sorprender si se tiene en cuenta que Málaga es una de las provincias más castigadas por las construcciones ilegales: sólo en Marbella existen 30.000 viviendas fuera de ordenación, y en Estepona hay unos 3.000 diseminados irregulares. A nadie se le escapa que Cártama o Mijas también soportan numerosas casas en suelos ajenos a la legalidad urbanística y, por otro lado, ésta es la provincia andaluza con mayor cantidad de fiscales Anticorrupción y de Medio Ambiente.
El urbanismo salvaje esconde, además de una agresividad inherente hacia el medio, un componente que lo relaciona con actividades delictivas: el elemento inmobiliario ofrece muchas posibilidades de lavar dinero a las mafias. Este problema evidentemente es puntual, pero los propios malagueños han concluido que la situación de la provincia es dramática en este aspecto.
Pero hay más. Cuatro de cada seis andaluces estiman que el fenómeno urbanístico ha empeorado su entorno más inmediato durante los últimos cinco años, una percepción que ha aumentado en cuatro puntos porcentuales en relación al Ecobarómetro de 2007. Sólo el 33% cree que la situación ha mejorado.
Otra tendencia interesante reside en que en 2007 la división de opiniones sobre la patología social que supone el urbanismo sin medida era mucho más evidente; hoy, la balanza se inclina por el lado de la mesura.
Tamaños. También queda patente en el estudio que los habitantes que viven en municipios inferiores a 20.000 habitantes atribuyen a la construcción un valor de calidad ambiental. En 2005, el 75% de los andaluces señalaba al urbanismo como el principal de los males ambientales y apoyaba que la Junta de Andalucía interviniera en los municipios que fueran necesario. Y así lo hizo. Todos recuerdan cuando la Administración autonómica dejó a Marbella sin sus competencias en disciplina urbanística (capacidad de dar licencias y sancionar), pocos meses antes del estallido de la operación ´Malaya´.
La Fiscalía de Málaga, por ejemplo, acusó al alcalde de Tolox, Juan Vera (CA), de 23 delitos urbanísticos por numerosas viviendas fuera de ordenación (uno o dos años de cárcel por cada ilícito, además de la pertinente inhabilitación).
Málaga también destaca en otros aspectos. Es la provincia que aglutina un mayor porcentaje de opiniones negativas en relación a la situación de la evolución ambiental: concretamente un 48,5% de los malagueños considera que el entorno andaluz ha empeorado algo o mucho en los últimos tres años.
En otro orden de cosas, mientras que el problema local que más preocupa a los andaluces es el ruido (sobre todo en municipios con más de 5.000 habitantes), en localidades con menos de 20.000 lo más destacado es la falta de zonas verdes. En las ciudades de mayor tamaño, la mayoría apunta a la suciedad de las calles.
En la región, son los incendios lo que más llama la atención. Cada verano el fuego devora inevitablemente numerosos bosques andaluces, y, a pesar de que el plan de extinción de incendios autonómico tiene gran calidad y eficacia, todo el mundo recuerda con amargura la amalgama de siniestros que asoló la comunidad hace dos veranos.
Mientras que es el fuego el problema ambiental más citado en la mayor parte de las provincias, Almería y Jaén muestran sus quejas en torno a la desertificación y la falta de agua que están sufriendo. La provincia del Poniente andaluz es sin duda la más castigada en este sentido y, por ello, la gestión del agua se ha revelado eficaz en la zona: el riego por goteo es allí todo un arte.
Saneamiento integral. En Málaga, sin embargo, se vuelve a incidir en una preocupación histórica: la contaminación de playas y mares. Este aspecto es fundamental para el sector turístico, cuyos representantes llevan décadas pidiendo por activa y por pasiva que se acometa de una vez el saneamiento integral de la Costa del Sol. Por ahora, se han dado pasos para completar la iniciativa, aunque resta mucho para culminar este proyecto histórico que ya se ha convertido en una reivindicación clásica como el embovedamiento del río Guadalmedina de la capital.
En Huelva preocupa también la contaminación del aire, mientras que el cambio climático es la realidad más señalada por los ciudadanos andaluces como la rémora medioambiental más importante del planeta.
* La Opinión de Málaga - JOSÉ ANTONIO SAU - 13.12.2008
Foto: Urbanismo. Imagen de la barriada de Nueva Andalucía, en Marbella, una de las zonas más urbanizadas de la provincia. L. O.
Urbanismo ¿para qué?
XERARDO ESTÉVEZ* : La ciudad, de nuevo global. Bajo este sugestivo lema se ha celebrado en Santiago el foro Ciudad, Territorio y Urbanismo, impulsado por la Consellería de Política territorial, Obras Públicas e Transportes y el Colegio de Arquitectos de Galicia. Tres jornadas en las que un grupo internacional de participantes transitó entre la gran escala americana y el pensamiento francés en torno al individuo y el colectivo, del detalle de la ciudad a la megalópolis. Ha sido un ejercicio para promover los pensamientos en zoom, flexibles, más que los holísticos que se demandaban antes.
Pese a la buena organización, el evento no tuvo apenas repercusión en los medios y el número de asistentes, unos 300, ha sido muy inferior al del foro de arquitectura que se alterna anualmente con el de urbanismo, con un gran eco mediático y éxito entre los alumnos de la Escuela de Arquitectura. Lo urbano, ante su complejidad y dificultad de comprensión, tiene menos audiencia. Por cierto, de mi generación éramos tres. El arquitecto se ha recluido en el proyecto, mientras muchos jóvenes se dejan obnubilar por el diseño efectista que pocos van a tener la oportunidad de realizar. Cabe preguntarse si se puede hacer arquitectura sin conocer el nuevo fenómeno urbano.
Urbanismo, ¿para qué? Cada ayuntamiento, y así lo promueve la legislación urbanística, tiene vocación de ser ciudad, con su núcleo urbano, su zona de expansión y su ámbito rural, máxime las poblaciones vecinas a las grandes ciudades y las del eje atlántico. Ahora, 30 años después de la "navallada", miramos de nuevo al conjunto de municipios del corredor Tui-Ferrol y del entorno de las ciudades y descubrimos un territorio densamente urbanizado que, de entrada, nos sorprende, luego nos horroriza e incluso incita a anatemizarlo. A esa expresión del territorio, presente de distintas maneras en todo el mundo, le hemos puesto cantidad de nombres: difuso, disperso, fragmentario, archipiélago... pero, para entendernos, le llamamos metrópoli. Es el resultado de la expansión y la conurbación de los municipios limítrofes producida por una sociedad y una economía que, rompiendo los cánones de concentración de la ciudad clásica, se ha desparramado por el territorio con sus servicios, sus empresas y la residencia. No siempre racionalmente, pero ¿a quién le interesa la racionalidad, si se sabe que detrás de esa fuerza de la dispersión viene la administración pública con una economía de la reparación que cose los fragmentos de tejido urbano y vuelve a abrir líneas de fuga con sus infraestructuras y sus planes sectoriales?
El urbanismo como disciplina de la ciudad se nos ha quedado pequeño para entender el fenómeno metropolitano. En un siglo ha pasado por diferentes enfoques -social, infraestructural, estético-formal, burocrático-jurídico- para convertirse en algo más político, pero no por ello ajeno. Hay que desacralizar la palabra política, alejarla del estricto marco partidario, ya que por ella hemos de entender la toma de decisiones claras y concisas en el momento oportuno, evaluando sus consecuencias sociales, económicas y territoriales. La política puede y debe tutear a la economía y la sociedad si está amparada por una buena base técnica, y ahí estamos los profesionales.
El territorio humanizado, la metrópoli, necesita análisis, describir ante todo cómo es, pero eso no quiere decir que el planeamiento haya muerto. Hay que seguir trabajando para que cada ayuntamiento tenga su plan general, contenido y bien articulado. Antes de meternos en la redacción de planes supralocales, como proponen las Directrices de Ordenación Territorial, los ayuntamientos metropolitanos tienen que reunirse con la autonomía en torno a una mesa de negociación y dedicar horas de reloj para llegar a acuerdos de cooperación en cuanto a servicios, transporte público, ubicación de la residencia, coordinación de los planes e incluso fiscalidad. Y, repito, con la presencia de la autonomía para sacar provecho de las inversiones y fomentar el esfuerzo territorial: yo invierto, juntos ordenamos.
Cuando se clausura un foro solemos preguntarnos para quién hablamos, si para los que asisten o si entre los ponentes aprovechamos la oportunidad para actualizar nuestro bagaje. El nuevo territorio metropolitano no necesita fórmulas mágicas; además, no las hay. Supongo que quienes iban tras ellas habrán salido algo decepcionados. Con el urbanismo o el nuevo término que acuñemos no se puede transformar la sociedad, como se pensaba antes, sino, sencillamente, mejorarla.
* XERARDO ESTÉVEZ es arquitecto
* ELPAIS.com - Opinión - 12/12/2008
Elda: Los vecinos piden un referéndum para opinar sobre el derribo de la plaza de toros
LAVERDAD/Alicante* : La Federación de Asociaciones de Vecinos de Elda (FAVE) solicitó ayer al Ayuntamiento que convoque un referéndum popular ante el proyecto de derribo de la plaza de toros y del estadio municipal de fútbol. La entidad vecinal acusó ayer al equipo de gobierno local (PP) de «atentar» al interés general de los eldenses y ha solicitado la construcción de un complejo comercial y un centro de salud.
Esta petición fue trasladada ayer formalmente al consistorio, después de presentar diez alegaciones a una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana que permite iniciar un proyecto que incluye un nuevo complejo deportivo, un auditorio y una nueva Plaza de Toros en el Sector 9 de la ciudad.
Asimismo, esta iniciativa urbanística contempla la construcción de 340 nuevas viviendas y jardines donde ahora se hallan los actuales campo de fútbol y coso taurino.
El vocal de la junta directiva de la FAVE, Amado Navalón, indicó que esta actuación que no está contemplada en ningún programa electoral, «por lo que es necesario arbitrar las oportunas medidas para conocer si el pueblo quiere este proyecto o no». «De no celebrarse el referéndum, se cometerá cuando menos un grave fraude electoral», agregó.
A su juicio, la modificación del Plan General de Ordenación Urbana aprobada por el PP «es de mucha envergadura y trascendencia, pues contempla el derribo de dos lugares emblemáticos de Elda».
No obstante, el vocal de la FAVE «duda» que la Alcaldía de Elda vaya a realizar la convocatoria electoral y ha acusado al PP de «hacer lo imposible por eliminar la participación ciudadana».
La FAVE, que es partidaria de la rehabilitación del actual coso taurino, solicita la construcción de un centro de salud en la zona 9 de la ciudad, así como de un centro comercial.
* La Verdad - EFE - 12.12.2008
Foto: Elda - ua.es
La Fiscalía estudiará por qué el Consistorio de Marbella no ejecuta varias sentencias
LAOPINIÓN/Málaga* : Ya lo advirtió. La plataforma 29-M, que reúne a los vecinos de Marbella que poseen viviendas legales y se consideran auténticos ´compradores de buena fe´ afectados por las irregularidades urbanísticas, denunció ayer ante la Fiscalía Superior de Andalucía la "amnistía anunciada" que plantea el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado provisionalmente y el órgano judicial ha abierto diligencias para estudiar el caso.
La abogada de la plataforma, Inmaculada Gálvez, cree que esta amnistía beneficiaría a los infractores urbanísticos, al considerar que el nuevo PGOU servirá para evitar que se ejecuten unas 50 sentencias firmes.
Varios miembros de la plataforma se reunieron ayer en Granada con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Augusto Méndez de Lugo, y el teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Andalucía, Guillermo Sena, para argumentar sus sospechas y manifestarles su preocupación por la "quiebra del Estado de Derecho" que suponen.
Los representantes del colectivo le dieron a Sena documentación sobre las sentencias firmes no ejecutadas por el Ayuntamiento de Marbella, la dilación indebida de los procedimientos y el proceso de restauración de la normalidad urbanística "acordado por los distintos partidos" para que "no se continúen investigando los delitos urbanísticos".
El fiscal aclaró que su departamento investigará los asuntos que le competan, ya que el estudio de la mayoría corresponden, desde su punto de vista, a la Fiscalía provincial. No obstante, el teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Andalucía se comprometió a reunirse con la plataforma en enero para acceder a mayor información, especialmente sobre el archivo de delitos urbanísticos por prescripción.
Los vecinos de la 29-M transmitieron a Méndez de Lugo la necesidad de reforzar los juzgados ante las impugnaciones que pueda recibir el documento urbanístico, con el fin de que el proceso no se prolongue durante años. "Los políticos están cogiendo el hábito de dejar pasar el tiempo y aprovecharse de una justicia lenta para que todo se tape y se calle", advirtió Gálvez, quien rechazó la postura del Consistorio marbellí que pretende "legalizar" la situación urbanística bajo la coartada de no tener que hacer frente a las posibles responsabilidades patrimoniales que puedan demandar los promotores en los tribunales por haber sido la propia Administración local la que otorgó licencias en la mayoría de los casos para permitir las obras.
Pero no es así. La abogada de la asociación asegura que los promotores no pueden exigir esa responsabilidad "al haber indicios de que han incurrido en dolo junto a los que les concedieron las licencias", lo que significa que conocían en muchos casos la situación de riesgo que suponía construir a pesar de contar con permiso.
"El Ayuntamiento sabe que un PGOU no puede legalizar una situación que tiene ya un título judicial que inhabilita esas licencias", argumentó Gálvez quien cree que tras este acuerdo entre partidos se puede esconder la posible financiación ilegal de los mismos.
Banderas. Por otra parte, el juzgado número 3 de Marbella ha archivado la causa por la concesión de la licencia de la casa propiedad del actor malagueño Antonio Banderas, al considerar que los delitos están prescritos.
* La Opinión de Málaga - P. SÁNCHEZ / AGENCIAS. MARBELLA - 12.12.2008
Foto: ayuntamiento - wikipedia.org
150 alcaldes imputados/ Forges
Viñeta de Forges - ELPAIS.com- 9.12.2008
Vandalismos públicos
EUGENIO S. PALOMARES* : De siempre las viñetas de Antonio Fraguas Forges han expresado en sus dibujos y frases lo que muchos sentimos. Da igual el problema que trate. Lo hace fácil porque en la mayoría de las ocasiones, cuando no en todas, nos identificamos con lo que pretende reflejar, y refleja. En la viñeta que ayer publicaba este diario, uno de sus protagonistas leía una noticia y decía en voz alta que 150 alcaldes estaban imputados en causas por corrupción urbanística. Esta noticia era asumida como real por otro ciudadano que, a su vez, preguntaba en qué provincia.
Lo cierto, que es como la verdad sin cinismo alguno, es que ya empiezan a parecernos pocos que pueda haber 150 alcaldes o personas próximas a la causa pública en procesos penales imputados por corrupción. Hagamos la prueba. Tomemos un periódico, cualquiera, y observaremos que entre sus noticias diarias siempre hay temas de corrupción urbanística; que alcaldes, concejales y funcionarios se encuentran imputados por todo el territorio nacional, siendo indiferente a estos efectos la comunidad autónoma o el municipio, como el grupo político que gobierne en la comunidad o en el ayuntamiento.
No obstante, se nota una mayor incidencia en la costa y las grandes ciudades. Ayer mismo, sin ir más lejos, podíamos leer que el Ayuntamiento de Estepona ha despedido a un auditor y lo va a denunciar a la fiscalía por desfalco, ya que cobrar dos o tres millones de euros por trabajar le parece excesivo. También siguen vivos, y con novedades a diario, los llamados casos Astapa, Hidalgo, Ballena Blanca, Camas..., mostrando que la corrupción no sólo no causa extrañeza, sino vive a nuestro lado y a diario. Lo peor es que no se observa una actuación política decidida a cortar por lo sano con este vandalismo y pillaje públicos. Hay una especie de excusa que se utiliza por uno u otro grupo político en función de quién o quiénes sean el autor o autores del desaguisado. No es algo, por lo demás, que quede limitado al ámbito municipal y urbanístico. No ya respecto a la comisión de delitos contra la ordenación del territorio, sino a otros desaguisados que, careciendo normalmente de relevancia penal, sí tienen relevancia pública. En unos y otros se muestra la ausencia de unidad en los grupos políticos para cortar por lo sano y hacer llegar a los ciudadanos un mensaje de coherencia. Así, esta semana hemos visto, como en los mejores tiempos del franquismo, que se puede decir públicamente y emplear la palabra muerte siempre que lo haga un nacionalista y la dirija al Borbón sin que tal empleo implica lo que dicen sus palabras y tenga una respuesta única por parte de todos los grupos políticos. Se ve, a las claras, que unos y otros exigen o justifican, en función de sus intereses, estos usos del lenguaje cuando cualquier individuo público que utilice la palabra muerte en un Estado que la ha abolido constitucionalmente no está capacitado para servir a este Estado. En fin, que en esto de la unidad frente a actos de salvajismo urbanístico o político todo sigue siendo del color que cada uno mira, y si no que se lo pregunte también a Fabra que no sabe qué hacer con el dinero que le toca a la lotería. En cualquier caso, hablemos de corrupción urbanística o de disparates públicos, soy de los que piensan que es necesario que los políticos conozcan sus límites; que sepan que la pertenencia a un grupo no les autoriza a expoliar el sector público y que sus compañeros de grupo no les van a proteger cuando se vean inmersos en una causa penal por temor a que se identifique a unos con otros, como tampoco que van a quedar sin respuesta sus excesos verbales. Y pienso de esta forma porque no es posible, salvo que la hipocresía sea la que rija la forma de hacer política, que los grupos políticos no pueden comprometerse a seguir un patrón de honestidad personal y política y, al mismo tiempo, amparar a quién o quiénes se sirven de lo público o hablan de la muerte con una frivolidad que pone los pelos de punta.
* ELPAIS.com - Opinión - 10.12.2008
Una plataforma asegura que el plan Rabassa vulneró la ley de contratos
ELPAÍS/Alicante* : El rechazo cívico al plan Rabassa (el mayor programa urbanístico de Alicante, con 13.503 casas, de las que 8.047 serán protegidas) no cesa. Justo cinco días después de que la iniciativa superara el último escollo municipal, la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) denunció ayer que el Ayuntamiento ha vulnerado la ley de contratos públicos al negar la libre concurrencia empresarial.
Manuel Alcaraz, presidente de la entidad, incidió en que el gobierno local del PP sigue sin aclarar el "porqué" del proyecto. "Quizás la urgencia no sea la ejecución de las viviendas sociales, sino el desarrollo de la zona comercial", puntualizó.
El presidente de la PIC reiteró el anuncio de la plataforma de acudir a los tribunales, si finalmente el Consell da el visto bueno al plan Rabassa. A jucio de Alcaraz, existe jurisprudencia para defender por la vía del contencioso-administrativo la nulidad jurídica del programa. El también profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante señaló que los acuerdos de adjudicación y aprobación provisional del programa por parte del pleno del Ayuntamiento vulneraron la ley estatal de contratos públicos y la legislación europea en esa materia.
Entre esos dos actos administrativos, es decir, el pleno de abril de 2005 y el de junio de 2006, cuando se adjudicó y se aprobó el PAI (Programa de Actuación Integrada), se produjo una modificación sustancial de las condiciones del plan. "En el apartado del presupuesto del programa, el coste pasó de 149 millones de euros a 187, es decir, un 28% más", explicó Alcaraz. Para el catedrático, esta modificación implica que el programa tenía que haber vuelto al principio para facilitar la libre concurrencia. "No se hizo así y se mantuvo la adjudicación al contratista Enrique Ortiz", precisó. "Por esta cuestión, el Tribunal Superior de Justicia ha anulado ya el PAI de Patraix. Creemos que la doctrina sentada por esa sentencia es plenamente aplicable al plan Rabasa", añadió.
Otro elemento que esgrimirá la plataforma en su hipotético recurso a los tribunales es que la iniciativa se ha autorizado con el informe negativo de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre la disponibilidad de recursos hídricos. "Este informe, de acuerdo con la legislación vigente, también es preceptivo", dijo. Alcaraz aseguró, no obstante, que en su recurso no solicitarán la suspensión cautelar de su ejecución. "Pretendemos demostrar su ilegalidad, no que se nos acuse de que vamos contra la creación de empleo", explicó.
El líder del movimiento social contra el plan Rabassa abundó en su crítica al PP (esta formación se ha quedado sola en la ciudad en defensa del Plan Rabassa) porque, en su opinión, no ha explicado "el porqué ni para qué" se aprueba el proyecto, "sólo sabemos el para quién, el promotor Ortiz". Alcaraz señaló que la defensa de las viviendas protegidas contenidas en el plan no se sostiene con la actual coyuntura de crisis inmobiliaria. El presidente de la PIC resaltó el suelo finalmente destinado a zona terciaria: 143.500 metros cuadrados del total de 1.458.361 metros de techo edificable. "Tampoco tenemos claro si esta cifra coincide con la inicial", apuntó.
Alcaraz destacó que el trámite del plan al margen del planeamiento de la ciudad desvirtúa el debate sobre el nuevo PGOU: "Resta credibilidad al PGOU. El documento recoge que el plan Rabasa está en ejecución, otra falsedad, porque ni siquiera ha sido aprobado definitivamente".
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 11/12/2008
Foto: Ayuntamiento Alicante - wikipedia.org
La asociación de abogados urbanistas a favor de la consulta popular para aprobar los Planes Generales
DIARIODIRECTO* : Así lo ha manifestado el Presidente de la Asociación D.José Maria García Gutiérrez tras la sentencia dictada por el Tribunal Supremo. Sentencia de 23 de septiembre 2008. La Asociación muestra su conformidad con el criterio seguido por el Tribunal Supremo que ha declarado nulo el acuerdo del Consejo de de Ministros de fecha 1 de septiembre del 2006 por el que se le denegó al Ayuntamiento de Almuñecar (Granada) la autorización para la celebración de una consulta popular sobre la aprobación inicial del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) del Municipio.
El Supremo contrario a la anterior prohibición, en sentencia de 23 de septiembre del 2008, ha reconocido al Ayuntamiento el derecho a convocar ese referéndum.
La Sentencia da conformidad a la normativa Urbanística, ya que en materia de Planeamiento como es el caso de un PGOU, sobre su formulación y aprobación inicial, es el Ayuntamiento, el que tiene atribuida la competencia.
Igualmente el Supremo apela a la doctrina del Tribunal Constitucional por lo que la interpretación que realiza éste respecto al art. 71 de la Ley de las Haciendas Locales es acertada. La Planificación urbanística, reiteramos es competencia de los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas se limitan al control de la legalidad y a las decisiones en el ámbito supramunicipal.
La Asociación, por boca de su Presidente, es partidaria de que los ciudadanos decidan sobre cuál es el modelo de ciudad en la desean vivir, y por tanto hay que contar con éstos.
Los Planes Urbanísticos nacen para resolver los problemas que existen en las ciudades. Estas tienen que crecer, pero el desarrollo de la ciudad afectará inevitablemente a las condiciones de vida de la población destinataria y los redactores deben tratar de mejorarla. Pero el ciudadano tiene derecho a participación y decidir sobre su futuro.
Este criterio no es nuevo y está recogido en la propia Ley del Suelo ( tanto en la anterior Ley 8/2007 de 28 de mayo, como en el reciente Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio que aprueba el Texto Refundido de la nueva Ley, que en su art. 4, anima a los ciudadanos a participar efectivamente en los procedimientos de elaboración y aprobación de cualesquiera instrumento de ordenación del territorio y en la ejecución urbanística, e igualmente en su evaluación ambiental.
Desde esta Asociación entendemos que este será el futuro, que los Planeamientos Urbanísticos tendrán que ser consultados por los ciudadanos antes de ser aprobados y la sentencia de 23 de septiembre del 2008, no será la única, sino que habrá otras en el mismo sentido, pronunciándose a favor de la consulta popular.
* Diario Directo - 10.12.2008
La Fiscalía Anticorrupción imputa a 5 ediles de Arenys
ELPERIÓDICO/Barcelona* : La Fiscalía Anticorrupción del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha imputado al alcalde de Arenys de Mar, Ramon Vinyes (PSC), al exalcalde y ahora concejal de CiU en la oposición, Miquel Rubirola, y a los ediles Joaquim Ponsarnau (ERC), actual regidor de Urbanismo, Agustí Massuet (CiU), exconcejal, y Lluís Blanchar (Veïns Independents), que abandonó CiU por discrepancias con Rubirola.
El fiscal ha actuado tras no recibir respuesta sobre varios expedientes urbanísticos requeridos y que, al parecer, nadie encuentra. Por ello les imputa un delito de desobediencia y otro de infidelidad en la custodia de documentos públicos. El primero en declarar fue el alcalde Vinyes y, luego, Lluís Blanchar.
La denuncia motivo de la imputación se gestó en el año 2003 cuando un constructor local, Massimo Gala, cometió una presunta irregularidad en una finca de su propiedad que el entonces alcalde, Miquel Rubirola, sancionó tras llevarlo a juicio, obligándole a derribar la construcción. Gala, a cambio, exigió información sobre propiedades colindantes y los expedientes han desaparecido.
Vinyes se mostró sorprendido por la imputación y aseguró no haber hallado los expedientes. Admitió, no obstante, que los archivos se encuentran en un estado lamentable.
* El Periódico - Fede Cedó - 9.12.2008
Foto: Arenys de Mar - flickr
La invasión urbanística alcanza el Alto Segura y el río Mundo
VEGAMEDIA* : La plaga de la especulación y el pelotazo urbanístico no sólo arrasa toda la costa y los secarrales y regadíos del campo de Cartagena, y las vegas del Guadalentín y del Segura y valle de Ricote hasta alcanzar el noroeste murciano, sino que ha osado con su inmundicia traspasar la raya fronteriza de la vecina provincia de Albacete hasta inocular su enfermedad en el norte de la Cuenca del Segura y río Mundo, su principal afluente, a escasos quinientos metros de Camarillas. Se trata de una operación macro urbanística promovida por un murciano.
El embalse de Camarillas regula los caudales del río Mundo a su paso por Almadenes y, aunque había empezado a construirse entre 1932 y 1935, fue inaugurado por el dictador Francisco Franco en 1963, el mismo día en el que inauguró el pantano del Cenajo, construido por 7.747 obreros (presos políticos que redimían así parte de las condenas impuestas por los jueces del régimen) y que el socialista Indalecio Prieto había proyectado ya en 1933.
Pero sobre Camarillas, la propia web de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), con sede en la capital murciana, informa que está incluido en el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) de ‘Sierra de Alcaraz y Segura y Cañones de Segura y del Mundo’, en aplicación de las directivas europeas de aves y de hábitats, que contribuyen de manera apreciable a mantener el entorno natural en un estado de conservación favorable dentro de la región biogeográfica a la que pertenece. Los LIC están integrados en la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha, atestigua la CHS, que añade que el LIC de Camarillas tiene una superficie de 1.750 kilómetros cuadrados e integra alineaciones montañosas que conforman un paisaje de singular belleza. Entre las numerosas actuaciones de repoblación de las márgenes del embalse promovidas por la CHS desde decenios se encuentra, entre otros, el paraje de Las Higuericas, en la falda de la Sierra de Los Donceles, que lo fue por el ingeniero de la CHS Luis Aycart Benzo.
Pues, precisamente, en una vasta extensión, entre sesenta y setenta hectáreas, del paraje de Las Higuericas pusieron sus garras los “depredadores” y para ello convinieron la “colaboración” del Ayuntamiento de Hellín, al frente del cual había una recién elegida corporación socialista, al frente de la cual sigue Diego García Caro.
La misma demagogia suicida de progreso sin importar los medios de quienes hinchaban la burbuja inmobiliaria en la comunidad murciana, las mismas maneras de comprar las voluntades de la vecindad con pan, circo e ideología del Partido Popular de Ramón Luis Valcárcel y su banda, se contemplan con meridiana claridad al otro lado de la administrativa raya fronteriza, en Hellín (Albacete), en la misma Cuenca del Segura y del río Mundo, por quienes en este caso del Partido Socialista han tomado sus sayos. Y en uno y en otro, y en todos, la misma sociedad civil enfrentada a quienes hacen pingües negocios destruyendo el patrimonio natural protegido: Ecologistas en Acción y, por extensión, quienes no toleran las ilegalidades e injusticias manifiestas. La misma basura huele aquí, en Murcia, que allí, en Castilla – La Mancha. El mismo “plan” en La Zerrichera del PP de Valcárcel y en Las Higuericas en la Castilla – La Mancha del PSOE de Bono antes y de Barreda ahora.
Ahora, cuando ha estallado la “burbuja inmobiliaria” y la crisis de las hipotecas basura hace estragos y después de que la sociedad haya quedado aborregada con el enriquecimiento de unos pocos, el apalancamiento del dinero negro, la corrupción política manifiesta y el destrozo de los valiosos entornos naturales –España, Irlanda y Estados Unidos son los que, precisamente, más paro están registrando-, ahora, un juez de lo contencioso-administrativo de Albacete dicta la primera sentencia con la que anula el acuerdo del Ayuntamiento de Hellín, de 15 de marzo de 2007, por el que concedió la licencia urbanística para la primera fase (105 viviendas, chalets o villas o hasta “cortijos” como venden los promotores a sus ignorantes compradores del “mercado” inglés), de la macro urbanización de las Higuericas, en una zona que las propias leyes de Castilla – La Mancha tienen especialmente protegidas. Los mismos políticos que hacen la ley son los mismos que la incumplen por espurios intereses en connivencia con extraños promotores.
Veamos este ejemplar espécimen de la historia de la infamia del mapa de la corrupción. La alarma la dio el Grupo Naturalista ‘El Abejaruco’, en diciembre de 2003, cuando su coordinador, David Flores, emitió un comunicado en el que daba cuenta de que el Ayuntamiento de Hellín, al sur de la provincia de Albacete, acababa de publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del 24 de noviembre una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) por la que recalificaba en urbano una extensa superficie de más de cincuenta hectáreas del Paraje ‘La Herrada de las Higuericas’, entre las pedanías de Agramón (750 habitantes) y Las Minas (340 habitantes), dos de las trece de las que se compone este municipio de 30.000 habitantes, y a escasos kilómetros de la autovía A30 (antigua N-301), en la linde fronteriza con los municipios de Cieza y Calasparra, al norte de la comunidad murciana.
Sin embargo, esos terrenos están especialmente protegidos, precisamente, por la ley de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha promulgada cuatro años antes, en 1999. Es una zona sensible de alto valor ecológico, propuesta por la propia Junta de Comunidades como Lugar de Interés Comunitario (L.I.C.) y Zona de Especial Protección de las Aves (Z.E.P.A.), integrada en la red europea de zonas especiales de conservación Red Natura 2000. La macro urbanización quedaría así como una isla rodeada de parajes naturales protegidos, en una zona de campeo de avifauna en peligro de extinción, vulnerable y amenazada, como el águila perdicera, el águila real, el águila culebrera, el aguilucho lagunero, el halcón peregrino y el búho real, así como la nutria, y lugar de paso de especies como la cabra montés, la comadreja, el gato montés, la gineta, la ardilla y el jabalí, entre otras.
Tal modificación se lleva a cabo para la construcción de una macro urbanización de 820 viviendas de lujo con sus correspondientes 820 piscinas dirigidas al mercado inglés a través de un convenio urbanístico entre el ayuntamiento y la promotora murciana Cleyton-Ges, de fecha cuatro de noviembre de 2003, lo que conllevará no sólo la destrucción irreversible de hábitats de alta importancia sino que repercutirá en toda una gran área de influencia por sus negativos efectos ambientales.
Ecologistas en Acción, el Grupo Naturalista ‘El Abejaruco’ y la Sociedad Albacetense de Ornitología (S.A.O.), presentarán alegaciones ha dicho plan de recalificación, reparcelación y al estudio preliminar de impacto ambiental, y criticarán la pretensión de “llevar la ciudad al campo”, sólo que aquí será “el colmo de los despropósitos”, porque “las zonas protegidas están sirviendo para que promotores sin escrúpulos sepan donde encontrar atractivos lugares”. Apuestan los ecologistas por que las nuevas construcciones se hagan junto a los núcleos de población, evitando así la invasión de zonas naturales que obligan al trazado de conducciones eléctricas, agua, alcantarillado y viales que suponen otro impacto ambiental añadido.
Las alegaciones de Ecologistas son desestimadas sin respuesta administrativa alguna, a pesar de que acuden a la Defensora del Pueblo regional, que instó a las autoridades locales y autonómicas a contestarlas en cumplimiento de la Constitución Española.
La tramitación y ejecución de la actuación en Las Higuericas serán posteriormente detalladas en el convenio urbanístico que Cleyton-Ges entrega al ayuntamiento el 19 de noviembre de 2004 y cuya redacción definitiva la aprueba el pleno municipal diez días después, el 29 de noviembre de 2004.
En mayo de 2006, se inician las obras con el chalet piloto y Ecologistas en Acción piden a las autoridades de la Junta en Albacete la paralización cautelar de unas obras que carecen de licencias. Pero el plan sigue en marcha, y un mes después, el delegado provincial de Medio Ambiente del gobierno castellano-manchego, Antonio Mompó, publica una resolución en el Diario Oficial en la que afirma no ser necesario someter a evaluación de impacto ambiental este proyecto de construcción de una macro urbanización en una zona de alto valor ecológico. El recurso administrativo de Ecologistas a esta resolución tampoco será atendido.
En septiembre de ese año 2006 aparecerá de nuevo en la escena pública Antonio José Veas Arteseros, el socio único de la promotora Cleyton-Ges, para convocar a los periodistas en Hellín y leerles un extenso comunicado con el que arremete contra el concejal del PP, Antonio Callejas Gallar, que días antes había denunciado que Cleyton-Gesr había llegado al pueblo “repartiendo dinero con maletines, un hecho que todo el pueblo conoce”. Veas Arteseros convocó a la prensa para decir que lo denunciado por el concejal de la oposición era una provocación de “escándalo social” y para amenazarle con llevarle a los tribunales si no rectificaba y se disculpaba en menos de 24 horas.
Veas Arteseros, sin embargo, confirma en esta su visita a Hellín que, en virtud del primer convenio, el del cuatro de noviembre de 2003, Cleyton-Ges había repartido en el pueblo cheques que sumaban 150.000 euros. El hecho de que la oposición lo hubiera ventilado a través de la prensa no sólo era “un insulto” para el promotor inmobiliario, sino que también lo era “para todas aquellas asociaciones beneficiarias de las ayudas y para la propia corporación local, en su extensión más institucional” [sic]. Atreviéndose a exigir Veas Arteseros, incluso, “la condena institucional” [sic] para el concejal de la oposición.
Cuando el caso llega a las Cortes regionales, para el consejero de Medio Ambiente de Castilla- La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, hombre “clave” del proyecto de Francisco Hernando ‘El Pocero’, en Seseña (Toledo), “lo ideal es que no se hubiera construido nada en ese lugar… Pero eso sería una utopía”. Sin embargo, para José Julio del Olmo, de Ecologistas en Acción, “se especula y se buscan ganancias con unos terrenos rústicos que un ciudadano corriente no tiene capacidad de modificar a urbanizable por ley y esto es un delito”.
A finales de octubre de 2006, Ecologistas en Acción presentarán denuncia contra el Ayuntamiento, la Junta de Castilla – La Mancha y el promotor por daños ambientales y presunta prevaricación, cohecho y malversación ante la Fiscalía de Medio Ambiente del TSJ de Castilla-La Mancha y ante la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional, que son admitidas a trámite. Para Ecologistas se está frente a una “trama empresarial y política”, siendo lo más sustancial el hecho de que el Delegado de Medio Ambiente de Albacete , Antonio Mompó, resolviera contra la evaluación de impacto ambiental, “cuando se le exige, aunque sea simplificado, a cualquier obra o promoción menor”.
Año y medio antes de que la Comisión Provincial de Urbanismo aprobara la recalificación, la propia Cleyton-Ges ya había admitido, el 16 de abril 2004, la entrega de los talones que sumaban 150.000 euros en concepto de “licencias municipales o impuestos que no existen y que nunca han sido devengados, destinados a comprar el apoyo de la corporación”, según los opositores al proyecto.
“Cuando les interesa lo llaman atentado al medio ambiente, como sucede en Ávila. Pero cuando son otros los que lo hacen es desarrollo sostenible o un proyecto compatible con el medio ambiente”, evidencian con meridiana claridad Ecologistas en Acción, que exigen al fiscal la paralización preventiva de la macro urbanización.
Evidencian también que el senador socialista y alcalde de Hellín, Diego García Caro, “habla de Murcia como del diablo, pero a la hora de firmar convenios urbanísticos lo hace con empresas de allí y copiando el mismo modelo que critica”, es decir, la creación de una isla urbanística similar al modelo que se practica en la costa, una macro urbanización para extranjeros, que viven al margen del resto de la población.
A finales de 2006, los trabajos previos de urbanización y reparcelación se paralizan momentáneamente, por problemas financieros de la empresa promotora, dice Antonio Beas, que aparece como abogado de Clyeton-Ges, y a la espera de que la Oficina Técnica Municipal dé la licencia para el suministro eléctrico y el alcantarillado (conducción, depuración y vertidos de aguas), a través de la red de abastecimiento urbano de Hellín, a 19 kilómetros de distancia, servicios nada coyunturales sino básicos, que habían sido obviados en el proyecto para un complejo de segundas residencias para más de 2.300 personas y de mayores proporciones que muchísimos municipios albaceteños.
En enero de 2007, el fiscal jefe del TSJ aprecia supuestos penales y remite diligencias informativas al juzgado de Instrucción de Hellín. Ecologistas en Acción se personan en el procedimiento judicial, a la vez que continúan la vía que abrieron en la jurisdicción contencioso-administrativa. Pero muestran su desilusión por el hecho de que el fiscal-jefe no hubiera entrado a fondo en las cuestiones ambientales y urbanísticas, y haberse centrado sólo en los 150.000 euros graciosamente donados por la promotora. Los chalets se encuentran ya en estos momentos en plena construcción y el daño se considera ya difícilmente reparable. En abril de 2007 el Juzgado número 1 de Hellín archivará “provisionalmente” el caso.
En mayo de 2008, el nuevo concejal de Urbanismo, Ramón García Rodríguez, anuncia la aprobación definitiva para las necesarias expropiaciones forzosas de terrenos para las obras de abastecimiento de agua a la Urbanización Las Higuericas y para contar “con un caudal de apoyo en caso necesario”para abastecer a las pedanías de Agramón y Las Minas. También en este mes una resolución de la Delegación Provincial de Industria otorga a Repsol la autorización para el suministro de gas propano canalizado para usos domésticos de la macrourbanización.
A finales de noviembre pasado quedará anulado judicialmente el acuerdo, de marzo de 2007, por el que el Ayuntamiento de Hellín concede la licencia de las obras de la primera fase de La Higuericas por “no ajustarse a derecho”. El titular del Juzgado número 2 de lo Contencioso-Administrativo de Albacete, Guillermo Palenciano Osma, señala que durante la tramitación de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) “no podrán realizarse actos que supongan una transformación sensible de la realidad física y biológica que pueda llegar a hacer imposible o dificultar de forma importante la consecución de los objetivos” del PORN. Ante la difusión de esta resolución judicial por la agencia EFE, no se le ocurre otra cosa al alcalde de Hellín y senador por Albacete, Diego García Caro, que anunciar que presentará una queja formal ante la dirección nacional de dicha agencia estatal de noticias.
Para el PP de Hellín y Albacete este “es un primer paso que viene a confirmar que Las Higuericas huelen que apestan como ejemplo de urbanismo salvaje al modo de Seseña”, en el que son utilizados los trabajadores y se compra a un pueblo.
* VegaMedia Press - F.M.M- 10.12.2008
Foto: vegamediapress.es
Trece autonomías desoyen el plan de contratos públicos
EXPANSIÓN* : Sólo cuatro comunidades autónomas contemplan de forma clara la posibilidad de adjudicar mediante licitación pública las obras de urbanización. La Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla-La Mancha y Canarias. Es decir, hay 13 regiones que no lo consideran o que lo hacen de forma subsidiaria.
La Unión Europea considera, de forma general, que la adjudicación de las edificación urbanística de las parcelas urbanizables debe someterse a concurso público con las características fundamentales de la propia publicidad y la libre concurrencia comunitaria. Y no a la posible discrecionalidad de la adjudicación a cargo de una junta de compensación compuesta de propietarios.
De hecho, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), de Luxemburgo, precisó, en su sentencia de 12 de julio de 2001, cuál debe ser el ámbito de actuación normativo del urbanismo, «incluyéndola en parte dentro de la actividad sometida al régimen de contratos de las Administraciones Públicas», según señaló Marta Lora-Tamayo, directora del departamento de Derecho Administrativo de la UNED, en un estudio sobre este famoso fallo del TJCE, conocido como La sentencia del Teatro la Escala.
Ésta provocó «el efecto de obligar a la celebración de concurso público para la adjudicación de las obras de urbanización y edificación», añadió Lora-Tamayo.
El Derecho Comunitario determina «la sumisión de toda la contratación pública, cuando menos, a los principios de publicidad y concurrencia», según hace constar la propia Ley española de Contratos del Sector Público.
Pero cabe recordar lo obvio: el TJCE sólo actúa en caso de denuncia, y son contados los casos en los que los contribuyentes se enfrentan a las leyes regionales por la vía europea.
El caso más sonado ocurrió en Valencia, precisamente la comunidad con la normativa más avanzada en este aspecto: la Ley de Urbanismo de Valencia (LUV). Ésta contempla de forma más explícita que las 16 autonomías restantes el carácter público de determinadas obras.
Pero ello se combina con grandes aristas sin pulir, por lo que la Comisión europea ha «denunciado» irregularidades de la norma. Entre otras, dar preferencia a los propietarios en licitaciones que debieran ser totalmente de libre concurrencia, como se estipula en la Directiva 93/37/CEE, piedra angular del plan contra la discrecionalidad de Bruselas. Más allá de esto, tampoco han sido baladíes los excesos de los agentes urbanizadores en dicha comunidad.
Madrid se acercó a las pautas de la UE en 2001, pero luego dejó sin efecto la normativa
Pero, en cuanto a la concepción concurrencial del urbanismo, la LUV «es la punta de lanza de todo el urbanismo de España», según señala Lucio Rivas, socio del bufete Urbe Asesores y técnico urbanista.
A esta región le han seguido Castilla-La Mancha, que «se ha quedado a medias» en la adaptación de estas pautas europeas, Extremadura (un ejemplo similar) y Canarias, que se ajusta parcialmente. Madrid legisló la figura del agente urbanizador a este efecto en 2001, pero una modificación posterior dejó sin efecto.
El resto de legislaciones urbanísticas parten de los principios que marcaba el Texto Refundido de la Ley de Suelo estatal de 1992, que establecía como principio base que las obras de urbanización constituían una actividad en la que participaban los particulares en iniciativa privada.
La Ley estatal de Contratos Públicos abre la vía a la licitación ‘a dedo’ Mientras las empresas continúan asistiendo a cursos para aprender a adaptarse a la nueva Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público (LCSP), los juristas han puesto la lupa sobre las innovaciones más conflictivas. La más criticada se refiere a la adjudicación de los contratos y a una nueva figura denominada «diálogo competitivo», para contratos complejos.
Éste es un procedimiento en el que «el órgano de contratación dirige un diálogo con los candidatos seleccionados, previa solicitud de los mismos, a fin de desarrollar una o varias soluciones susceptibles de satisfacer sus necesidades y que servirán de base para que los candidatos elegidos presenten una oferta», señala el artículo 163 de la LCSP (ver EXPANSIÓN del 8 de julio).
Es decir, que las prestaciones no se encuentran completamente definidas desde el comienzo, sino que son progresivamente precisadas a través de un intercambio de información con los operadores económicos. «Esto, en la práctica, puede provocar una clara discrecionalidad por parte del órgano de contratación para la adjudicación», señala Lucio Rivas, socio del bufete Urbe Asesores Jurídicos y técnico urbanista. La norma establece, además, que «los órganos de contratación podrán establecer primas o compensaciones para los participantes en el diálogo».
Acto seguido, la LCSP hace un llamamiento a la objetividad: «El órgano de contratación dará un trato igual a todos los licitadores. En el día a día, esto es muy difícil de evitar, según los expertos.
* Expansión - J. M. Lamet - 10.12.2008
Foto: Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas - europa.eu
El urbanismo choca con la muralla
ELPAÍS/A Coruña* : La antigua fortificación que protegía A Coruña ha puesto en jaque la modernización del corazón de la ciudad. En la explanada del Parrote, a los pies de la dársena que acoge pequeños pesqueros, yates de recreo y grandes cruceros, y en un lateral de las galerías de la Marina que conforman la postal típica de A Coruña, yacen desde hace meses al aire libre enormes socavones.
Son las obras ahora paralizadas para la construcción de un aparcamiento subterráneo. Las excavadoras pusieron al descubierto parte de la antigua muralla de la ciudad, unos vestigios de alto valor histórico cuya conservación amenaza con invalidar, por no resultar rentable, el proyecto de la Autoridad Portuaria.
Pero no es el único. El resurgimiento de la vieja fortificación enterrada afecta también a los planes del ayuntamiento para remodelar la zona más noble de la ciudad, la Marina, y recuperar para el paseo y el ocio, con otro gran aparcamiento subterráneo, una avenida ahora completamente asfixiada por el tráfico. La Autoridad Portuaria tiene previsto reunirse esta semana con la empresa concesionaria del aparcamiento, Copasa, para decidir si continúa el proyecto, situado entre la dársena de la Marina y el castillo de San Antón. Los técnicos del puerto elaborarán distintas alternativas para someterlas a la decisión de la Xunta y del Ayuntamiento.
Al reaparecer el pasado verano al aire libre vestigios de la antigua defensa militar de A Coruña, un baluarte del siglo XVIII, las obras, ya muy retrasadas, fueron paralizadas. Finalmente, la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta ordenó la conservación en su lugar de origen de esos restos de la antigua muralla, por considerar que es de gran valor arqueológico e histórico, al explicar la evolución de la ciudad marítima que nació y creció en torno al puerto.
La decisión obliga a reducir a la mitad las 548 plazas subterráneas previstas, por lo que la construcción del aparcamiento, con un coste de 6,6 millones de euros, ya no resultaría rentable, según admitió el presidente de la Autoridad Portuaria, Macario Fernández. "Habría que seguir adelante porque es una necesidad municipal, pero tenemos que valorar si es viable económicamente", dijo.
Copasa, adjudicataria tanto de la construcción como de la explotación del futuro subterráneo, no cree poder conseguir, al reducirse considerablemente, suficientes ingresos con la venta y alquiler de plazas para sufragar el sobrecoste que implica redimensionar el proyecto. Y la constructora estudia pedir una indemnización por el perjuicio.
Se trata de una obra difícil al pie de la ría de A Coruña que pareció gafada desde su licitación, hace seis años. Distintas vicisitudes, entre ellas una reclamación judicial de los vecinos, finalmente, desestimada, retrasaron hasta marzo de 2007 el inicio de las excavaciones para ese aparcamiento de dos plantas. La aparición de balsas de agua y filtraciones que anegaban las obras al ritmo de la marea complicó los trabajos, que tenían que estar terminados el pasado mes de abril. Pero el descubrimiento de la muralla dio el jaque.
El alcalde de A Coruña, Javier Losada, anunció que está también amenazada la remodelación de la emblemática dársena de la Marina, la estampa de la ciudad. En los presupuestos municipales de 2009, sigue sin figurar un euro para un proyecto que, bajo la dirección del arquitecto José González-Cebrián, ganador del concurso de ideas, el ayuntamiento y el puerto pretendían iniciar ya. En enero, los técnicos municipales se reunirán con el arquitecto y el puerto para evaluar la viabilidad de este proyecto. A la vista de lo ocurrido con el aparcamiento y "de las decisiones que unas personas han tomado bajo la denominación de arqueólogos", aseveró el alcalde, "la ciudad tiene que replantearse sus actuaciones". "A nadie se le escapa que pueden aparecer durante la excavación otras murallas, que los ciudadanos tengamos otra vez que soportar un agujero y no podamos seguir adelante", apuntó.
Y es que nadie duda que bajo la Marina está la antigua muralla. El propio González-Cebrián planteaba que el futuro aparcamiento incorpore en la acera lucernarios que, mediante un sistema de espejos y pantallas, reflejasen la imagen de la secular muralla hoy escondida. Pero ahora, todo está en el alero.
* ELPAIS.com - PAOLA OBELLEIRO - A Coruña - 10/12/2008
Foto: Dársena la Marina - molineli, panoramio.com
El Ayuntamiento de Alcorcón miente: la Comunidad aún no ha aprobado el Distrito Norte
Ecologistas en Acción del Suroeste de Madrid* advierte a los ciudadanos que el Ayuntamiento de Alcorcón miente cuando en el pleno del pasado viernes 28 de noviembre afirmó que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid había aprobado el jueves 27 de noviembre el planeamiento urbanístico que permitiría la construcción del Distrito Norte, ya que según la página oficial de la Comunidad de Madrid en la que se publican los Acuerdos de Gobierno, aún no se ha aprobado la Rectificación para la aprobación definitiva de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Alcorcón de 1987.
Para los ecologistas esta es una lamentable muestra más del interés del Ayuntamiento por recalificar los terrenos del norte de Alcorcón a toda costa con el fin de financiar el Ayuntamiento, sin importar los costes sociales y ambientales que supondría la urbanización de todo el municipio. En este sentido señalan que “apostar por basar nuestro crecimiento económico en la construcción supone seguir defendiendo el uso de la vivienda como inversión y no como un derecho y supone fomentar la destrucción del territorio y un elevado consumo energético como ha denunciado el Observatorio de la Sostenibilidad en España”.
Ecologistas en Acción cree que las prisas y el nerviosismo que denota la afirmación de que el Distrito Norte ya se ha aprobado sólo se explican por el ansia del Ayuntamiento de vender el proyecto de instalación de RTVE en estos terrenos, que el Plan General de Ordenación Urbana de 1987 aún vigente en la zona califica en su mayoría como protegidos (por afección de cauces, interés ecológico, valores forestales,…).
Para los ecologistas, esta actitud del Ayuntamiento de Alcorcón recuerda las prisas con las que el PP intentó aprobar el Ensanche Norte durante su gobierno municipal. Además, el grupo local ecologista recuerda cómo entonces el PSOE en la oposición, que tenía a José Miguel de la Torre como portavoz (que dimitió en 2004), pedía la “paralización del proyecto del Ensanche Norte por los enormes problemas de tráfico que conllevaría y que convertiría nuestra ciudad en una ciudad colapsada”, problema que a juicio de los ecologistas el proyecto de Distrito Norte del PSOE no ha resuelto. Y concluyen “Entonces el PSOE denunciaba que “el Alcalde de Alcorcón nuevamente intenta engañar a la población cuando manifiesta que el Ensanche Norte va a ponerse en marcha brevemente”, ahora se podría afirmar lo mismo, pero no existe oposición política en el Ayuntamiento que abra un debate al respecto”.
* Ecologistas en Acción Suroeste de Madrid - 9.12.2008
Celorio denuncia irregularidades urbanísticas en 90 viviendas aprobadas desde 2002
ELCOMERCIO/Asturias* : La Asociación de Vecinos de Celorio 'La Hoguera' calcula que en los últimos seis años el Ayuntamiento de Llanes ha autorizado la construcción de un total de 90 viviendas en la localidad llanisca que «a nuestro juicio infringen e infringirán la ley» por ser, presuntamente, «casos constitutivos de infracciones administrativas y otras situaciones ilegales».
Además, entienden que el Ayuntamiento de Llanes tenía conocimiento de estas irregularidades por lo que, opinan, «han incurrido en un delito del código penal» que podría castigarse incluso con pena de cárcel. Según los cálculos de la agrupación vecinal, las infracciones urbanísticas desarrolladas en los últimos años en Celorio suponen unos ingresos por precio de venta «en torno a 21 millones de euros».
La agrupación que preside Alberto Álvarez detalla que de esas 90 viviendas 57 «ya están construidas o en construcción» y repartidas en seis promociones diferentes. Algunas de ellas, como la Urbanización Los Castros levantada por la empresa Balsan, con «un exceso de 32 viviendas sobre las 146 proyectadas al ocupar como ático retranqueado la última planta de los tres edificios» que conforman la urbanización, en contra de lo que permite la normativa urbanística de Llanes y pese a que la asociación notificó esta irregularidad al equipo de gobierno.
En general, explican desde la asociación, estas 57 viviendas incumplen presuntamente varias normas de ordenación del territorio en vigor «pudiendo ser constitutivas de distintas infracciones administrativas». Sólo con las «viviendas irregulares construidas o en construcción» calculan infracciones por valor de 14,5 millones de euros, según el precio de venta de estas viviendas
A esta cifra, la asociación vecinal añade otras supuestas irregularidades como la «ejecución de un aparcamiento de 42 plazas por parte de la empresa constructora de los edificios de Los Castros, que ocupa un tercio aproximadamente de una parcela de Celorio que consta en el PGOU como dotación deportiva»; así como la «concesión» por parte del Ayuntamiento de Llanes para que algunas construcciones «no se deslinden como marca el PGOU o no realicen presuntamente las cesiones y retranqueos obligatorios».
Otras, en camino
La asociación vecinal denuncia públicamente estos casos con la intención también de frenar otros que vienen en camino. Y es que, advierten, pronto deberá añadirse a esta lista negra otros «26 de los 30 apartamentos de la promoción turística Playas de Llanes» y siete más «de exceso» en el Palacio de Celorio que se pretenden realizar próximamente «pero que aún no tienen licencia». No obstante, los portavoces del colectivo vecinal saben que estas actuaciones han salido a información pública desde el Ayuntamiento y en el Boletín Oficial del Principado de Asturias «por lo que presuntamente se harán». Si se añaden estas últimas, Celorio habrá sido testigo de la construcción de un total de 90 viviendas ejecutadas «de forma irregular» ya que «infringen el PGOU de Llanes, la Ley del Suelo, y las directrices subregionales de Ordenación del Territorio para la franja Costera de Asturias y el Plan de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA)», consideran.
Desde la agrupación vecinal no sólo denuncian públicamente estos diez casos, sino que en la mayoría de las situaciones ya han presentado sus quejas ante el Ayuntamiento de Llanes. En algunas promociones, lamentan, el equipo de gobierno continuó entregando licencias de obra pese a la presión vecinal. Por ello, entienden que también se está «incurriendo presuntamente en un delito del Código Penal», concretamente en el artículo 320 por el que se advierte que la autoridad que, ha sabiendas de su injusticia, informe favorablemente del proyecto de edificación o concesión de licencias contrarias a las normas urbanísticas vigente podrá ser castigado con prisión.
* El Comercio Digital - 10.12.08 -ANA MORIYÓN
Foto: elcomerciodigital.com
Protesta ecologista en el Puerto contra los excesos del cemento
ELPAÍS/Valencia* : "Menos para vivir mejor", propusieron ayer unos 40 activistas de Ecologistas en Acción, que bloquearon, en una acción pacífica, el canal de acceso al puerto deportivo de Valencia para reivindicar un urbanismo más comedido y racional en la capital valenciana.
Varios buzos de la organización verde formaron -junto al edificio Veles e Vents- una barrera humana en el agua, desplegando varias pancartas flotantes, donde denunciaron las sucesivas ampliaciones portuarias, la construcción del circuito urbano de Fórmula 1, las infraestructuras levantadas a propósito de la Copa del América o la desaparición de la huerta. Para Ecologistas en Acción, que ha celebrado este fin de semana su décimo aniversario, estos excesos del cemento "están convirtiendo Valencia en una ciudad insostenible, donde sus habitantes ocupan un papel secundario". Con el lema Menos para vivir mejor reivindican un crecimiento más sosegado, una ciudad más compacta, donde se prime la defensa del medio ambiente, las necesidades de sus habitantes y se respete la idiosincrasia de los barrios.
* ELPAIS.com - 9.12.2008
Foto: Protesta de Ecologistas en Acción contra el urbanismo sin control- SANTIAGO CARREGUÍ, elpais.com
Los políticos acusados de corrupción exigían comisiones de hasta el 66%
DIARIODEMALLORCA* : Lo que comunmente se conoce como comisión o soborno, y en términos legales se denomina cohecho, era llamado "bocadillo" por algunos ´iniciados´ en los tejemanejes de Andratx. Y es que en el municipio que gobernó el hoy recluso Eugenio Hidalgo (PP) estaban tan extendidas las supuestas prácticas del alcalde y su entorno, aún pendientes de demostración judicial, que se había acuñado un argot propio.
Pero no sólo en el ámbito andritxol se han producido cobros de comisiones por parte de responsables políticos. La actuación de los fiscales anticorrupción baleares desde finales de 2006 ha puesto de manifiesto presuntos cobros de comisiones por parte de gerentes de empresas públicas y otros altos responsables autonómicos durante la pasada legislatura.
Según han revelado las pesquisas policiales y judiciales, estas dádivas, ineludibles para lograr determinados contratos públicos o licencias administrativas, llegaban a alcanzar el 66% del total del presupuesto del servicio o proyecto de edificación impulsado por el sobornador, aunque la práctica ´rutinaria´ de las tramas investigadas se situaba entre el 10 y el 40%.
Cuando en diciembre de 2006 la Guardia Civil detuvo al Eugenio Hidalgo, al celador de obras Jaume Gibert y al entonces director general de Ordenación del Territorio, Jaume Massot, la fiscalía anticorrupción ya tenía pruebas que, supuestamente, demostrarían que los tres dirigían un entramado que facilitaba licencias de edificación o certificaba la legalidad de obras irregulares a cambio de comisiones que, en general, se situaban en torno al 10% del coste de los proyectos.
El siguiente entramado presuntamente corrupto puesto de manifiesto por la fiscalía fue el protagonizado por Damiá Vidal, que cuando fue gerente de la empresa pública de informática Bitel exigía comisiones en torno al 20% a las empresas a las que contrataba en nombre de la entidad. Ante el juez que le interrogó y le impuso una fianza de 200.000 euros el ex alto cargo se excusó con el argumento de que no sabía cómo frenar el elevado tren de vida que llevaba.
Otra empresa pública, en este caso el consorcio Turisme Jove, fue de 2003 a 2007 el ´nido´ de un grupo de altos cargos políticos presuntamente dedicados al enriquecimiento propio a costa de las arcas públicas. La fiscalía considera que el jefe de Servicios y Mantenimiento del organismo, Juan Francisco Gosálbez, en connivencia con su gerente, Damiá Amengual, y, según ha declarado él mismo, con la participación del entonces director general de Juventud, Juan Francisco Gálvez, exigía comisiones en torno al 20%. No obstante, empresarios imputados admitieron haber pagado hasta el 66% por servicios que cobraron pero no hicieron.
El último de los grupos presuntamente corruptos desarticulado tenía al frente a la que fuera directora del Consorcio para el Desarrollo Económico (CDEIB), Antònia Ordinas, en libertad bajo fianza junto a su pareja, la soprano Isabel Rosselló, por exigir y cobrar comisiones del 40% de los contratos que autorizaba. Ordinas acusa de quedarse parte del ´pastel´ al ex director general, Kurt Viaene, y al ex conseller de Industria Josep Juan Cardona.
Aunque en el caso Son Oms también se investigan comisiones, el hoy diputado Tomeu Vicens habría pactado estas contrapartidas antes de acceder a cargos públicos.
* Diario de Mallorca - TOMÁS ANDÚJAR. PALMA - 9.12.2008
Foto: andratx.net
Marbella garantiza inmunidad por escrito a los dueños de casas ilegales
ELPAIS* : El último gesto de la alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, para ganarse la confianza de los propietarios de las 18.000 viviendas ilegales ha sido garantizarles por escrito que no serán ellos quienes paguen para legalizarlas. Esta inmunidad no aparece expresamente recogida en el artículo que el equipo de gobierno del PP ha incluido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y que tampoco garantiza la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, la ley del Suelo.
La alcaldesa ha firmado una carta, que se entrega en la exposición pública del PGOU y puede leerse en la página de internet del Ayuntamiento. En ella informa a los vecinos de lo siguiente: "Entre las modificaciones que hemos incorporado al documento en esta nueva fase de tramitación, destaca la inclusión de nuevas garantías jurídicas necesarias para eximir a los compradores que, como usted, adquirieron su inmueble de buena fe, de hacer frente a cualquier tipo de compensación para regularizar la situación urbanística de su vivienda y/o negocio, toda vez que los deberes y cargas se impondrán al titular de la finca y/o promotor de la actuación urbanística".
Entre las modificaciones que el Ayuntamiento ha hecho al PGOU, redactado por la Junta de Andalucía, hay un artículo que incide en que el "promotor originario" de las viviendas ilegales "no queda sustraído de las obligaciones y deberes establecidos por la legislación urbanística". La fórmula jurídica antepone a los constructores a la hora de pedir responsabilidades, pero en ningún momento recoge que los dueños de las viviendas no tendrán que pagar por regularizarlas en caso de que no se les localice o no quieran asumir las cargas.
El edil socialista Javier de Luis asegura que el escrito de Muñoz es una "medida populista" que no garantiza la protección de los dueños de las viviendas ilegales. "Una cosa es lo que el alcalde prometa y otra muy distinta lo que recoge la ley o el contenido del Plan General", explica De Luis. "En el añadido hecho al PGOU no se hace mención de los compradores de buena fe. Además, la Administración de Justicia no entiende de buena o mala fe, sino de leyes, y no se puede garantizar algo que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía no contempla."
En charlas con colectivos vecinales, el redactor del plan, Manuel González Fustegueras, se ha esforzado en dejar claro que la responsabilidad última de una vivienda ilegal siempre se encuentra en la propiedad.
Los socialistas inciden en que el añadido con el que la alcaldesa publicita la inmunidad de los propietarios de las casas ilegales tiene una "redacción farragosa" y "cae por su propio peso" tras una consulta con un abogado. "Cualquier vecino que se informe comprobará que siempre quedará como garantía, que nadie le ha liberado", añaden.
Ésta es la segunda vez que el plan urbanístico, redactado cuando Marbella tenía retiradas las competencias urbanísticas, sale a exposición pública. La primera vez recibió 8.532 alegaciones. De ellas, unas 5.000 hacían referencia al proceso de regularización viviendas a cambio de terrenos para equipamientos y zonas verdes. En su carta, la alcaldesa agradece a los vecinos su participación en el debate social creado en torno al PGOU y "propiciado para alcanzar las soluciones que mejor garanticen tanto el interés público como los legítimos derechos de los particulares". El documento permanecerá en exposición pública hasta el 5 de enero.
Viviendas en orden
- El PGOU de Marbella tiene previsto regularizar más de 18.000 viviendas ilegales mediante un sistema por el que se deben aportar a la ciudad los equipamientos y zonas verdes esquilmados.
- Unas 500 viviendas, auténticos pecados mortales urbanísticos, quedan fuera de ordenación, aunque Muñoz se ha comprometido a luchar para que sean finalmente legalizadas.
- La plataforma de vecinos 29-M, creada para defender la legalidad, impugnará el documento porque cree que los pagos para regularizar las viviendas no son proporcionales al daño causado.
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Marbella - 09/12/2008
Foto: Marbella - malagapueblos.com
Los vecinos del Cabanyal atribuyen las zonas degradas al abandono municipal
LEVANTE/Valencia* : La Asociación de Vecinos del Cabanyal-Cabanyal ha señalado que el hecho de que cuatro de los 12 asentamientos, declarados como tales por el Ayuntamiento de Valencia, se encuentren en la zona, y más cuando tres de los cuatro están en el área por donde se debe ejecutar la prolongación, no es casual y se debe a la política del caos de estrategia urbanística que tiene su ejemplo más claro en la zona de la calle San Pedro.
La organización vecinal culpa de está situación al ayuntamiento y se pregunta qué responsabilidad tiene en esta situación la política desarrollada en estos últimos años por parte de la empresa Cabanyal 2010, que ha alquilado casas inhabitables a diferentes familias y cuál el de la justicia por consentir éste tipo de prácticas de acoso inmobiliario.
Para la organización vecinal el caso más claro es el que se puede ver en la calle San Pedro. En esa zona varias familias se han visto obligadas a aceptar el realojo en lugares como la avenida de los Naranjos. "Y todo porque la encrucijada que les presenta el ayuntamiento es muy clara, y ya dura años. Los vecinos deben elegir entre la degradación y la prolongación porque nadie les ha enseñado que la rehabilitación es posible", comenta la organización vecinal.
Los focos de asentamientos se encuentran en la calle San Pedro y la de los Ángeles; en la calle Progreso y Padre Luis Navarro y en unos terrenos de los llamados Bloques de Astilleros. Las tres se encuentran en el ámbito de la prolongación lineal de Blasco Ibáñez prevista en el planeamiento, mientras el cuarto está en la calle Rosario y Progreso, de la zona conocida como Canyamelar.
La entidad lamenta que aún muchos vecinos les culpen a los hoy directivos de la asociación de ser los causantes de está situación en vez de hacerlo directamente a la alcaldesa, Rita Barberá, que es quien defiende el plan de prolongación de la avenida y la apertura del bulevar de San Pedro, como figura en el plan aún recurrido en el Supremo y pendiente de sentencia.
* Levante-EMV - 9.12.2008
Foto: Cabanyal - elpais.com
