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LEVANTE/Valencia* : La alcaldesa de Ontinyent, Lina Insa, del PP, ha aprobado la caducidad de los expedientes de 61 infracciones urbanísticas denunciadas durante la última etapa del anterior gobierno municipal, formado por PSOE, Bloc y EU. La mayoría de los casos están relacionados con la construcción de viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable.
La medida, que no ha sido avalada por ningún informe técnico, beneficia también a una promoción de nueve adosados que un constructor inició en una zona de especial protección y que el Seprona ordenó paralizar.
En el acuerdo plenario se requiere al registro de la propiedad para que "elimine" las anotaciones registrales en las propiedades afectadas. Paradójicamente, en el tercer punto del mismo acuerdo, votado en contra por PSOE y Bloc, se deja la puerta abierta a la reapertura de los expedientes -como recomienda en cada uno de los caducados la oficina técnica- toda vez que la infracción urbanística persiste y no se ha restituido la legalidad.
La persona que deberá "analizar caso por caso" la posible reapertura de los expedientes caducados, el concejal de Urbanismo, Filiberto Tortosa, proclamó en el pleno que la decisión se había tomado porque "en nuestro programa electoral prometíamos dar una solución definitiva a la problemática de las casitas", una de las banderas utilizadas por el PP en su oposición frontal al anterior gobierno municipal cuando decidió aplicar a LUV en el caso urbanístico del diseminado de Ontinyent. Tortosa acusó al anterior equipo de gobierno de haber aplicado la ley "de manera arbitraria" y declaró que "lo que queremos es cerrar una etapa y abrir otra", aunque no dio más detalles. El concejal de Urbanismo tampoco aclaró qué sucederá con los expedientes de paralización de obras en el diseminado abiertos durante los 15 meses que lleva gobernando, algunos de los cuales también podrían declararse como caducados.
En este punto, técnicos urbanistas consultados por este diario se han mostrado "perplejos" por la actuación del gobierno de Ontinyent, porque consideran que se ha lanzado a la ciudadanía un mensaje de "impunidad urbanística" que "no traerá nada bueno desde el punto de vista de la legalidad". Estas fuentes explicaron que, a partir de esta decisión, "cualquier vecino puede solicitar el mismo trato por parte del ayuntamiento". Y ponen como ejemplo a una persona que haga una pequeña obra en su casa: "para qué tiene que solicitar licencia, si el expediente de la infracción se lo pueden caducar", han insistido.
Estos mismos expertos han advertido de que la caducidad de un expediente "no supone la restitución de la legalidad", tal como apuntan los responsables de la oficina técnica de Ontinyent, por lo que consideran que el concejal de Urbanismo "debería ordenar la reapertura de los expedientes porque la infracción cometida persiste". "De lo contrario", estiman las mismas fuentes, "el concejal podría estar cometiendo una prevaricación al no ejercer sus funciones".
La regidora socialista, Rebeca Torró, que explicó el voto negativo de su grupo, expresó en el pleno su "incredulidad" porque el concejal de Urbanismo, Filiberto Tortosa, planteara la caducidad de unos expedientes en el pleno, ya que según explicó Torró, "este asunto es de su área (Urbanismo), es materia de despacho ordinario". La edil socialista preguntó a Tortosa porque lo llevaba al pleno, "a qué tiene miedo y por qué quiere que todos seamos corresponsables de esta decisión". Torró explicó que la caducidad de unos expedientes no es competencia del pleno y, por tanto, "este no puede asumir competencias que no le han sido atribuidas". La regidora pidió al equipo de gobierno del PP y a Tortosa que "no eludan su responsabilidad y tomen las decisiones que les tocan".
Por su parte, Joan Cambra, que durante la sesión no quiso explicar su sentido del voto negativo, respondió a las acusaciones lanzadas por parte del líder vecinal Víctor Márquez. Cambra, ex cocnejal del Diseminado, dijo que lo que se hizo "es cumplir la ley y ordenar el territorio", y que a los de Adecca "se les pidió paciencia para resolverlo y no la tuvieron, además todos tienen la casa terminada y no hay peligro de nada, ni de que se haga derruir y de nada", insistió Cambra.
* Levante-EMV - 1.11.2008
Foto: Ontinyent (Valencia), ayuntamiento - wikipedia.org
Insa da por caducados los expedientes de 61 infracciones urbanísticas en Ontinyent
Marbella: Afectados por el PGOU reclaman que se revisen las licencias ilegales y piden amparo al Parlamento Europeo
SUR* : Mientras algunos vecinos han visto el cielo abierto con el blindaje que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) hace a los compradores de viviendas ilegales para que no tengan que asumir el coste de las compensaciones para regularizar sus inmuebles, otro sector de la población sigue con la mosca tras la oreja y vive con temor el contenido del futuro planeamiento.
Son los otros afectados, a los que casas construidas durante el gilismo al margen del Plan General les usurparon equipamientos, zonas verdes o le privaron de intimidad. De nuevo, tras la aprobación provisional del documento, empiezan a moverse para hacer oir sus críticas y reclamar que se les resarza por los daños causados. Que no sea sólo pasar página.
Inmaculada Gálvez, abogada y candidata al Senado en las últimas elecciones por el partido Ciudadanos, representa a más de 3.500 vecinos que se encuentran en esta situación y que están buscando amparo incluso en el Parlamento Europeo. Según avanzó a este periódico, las gestiones para que una comisión parlamentaria se desplace a la ciudad están en marcha. «Instalarían una oficina parlamentaria varios días para recoger las quejas vecinales e investigar el urbanismo de la ciudad», apunta. La mirada está puesta en la intervención que el Parlamento Europeo hizo en Valencia con la publicación del informe Fourtou, que ponía en entredicho sus leyes urbanísticas.
«Pediremos amparo porque la Justicia española ni responde ni ha respondido, porque los hechos están consumados», recordó Gálvez al hilo de las sentencias firmes y de los edificios construidos y habitados pese a su ilegalidad. A su juicio, el Plan actual es de «difícil ejecución porque no se puede cobrar directamente al promotor por legalizar; no se puede hacer una ley para regular las ilegalidades urbanísticas».
Sentencias
Es una de las medidas que se pusieron sobre la mesa tras una reunión celebrada en la noche del jueves en un hotel de la ciudad entre representantes de varios colectivos. La otra, según explica Rafael Ávila, portavoz de la Plataforma 29 de marzo, que pide el cumplimiento de las sentencias, es instar al equipo de gobierno a que se revisen las licencias ilegales para garantizar que los promotores tengan que pagar las compensaciones.
«Si no se hace así no hay ningún arma para reclamar a los promotores y acabará pagando de nuevo el pueblo», sostiene. Igualmente, Inmaculada Gálvez advierte de que, de seguir así, impugnarán el documento tras su aprobación definitiva, al tiempo que advirtió de que presentarán reclamaciones patrimoniales al Ayuntamiento y la Junta. «Hay que negociar a tres bandas y no se está teniendo en cuenta a los realmente perjudicados», añadió.
* SUR - 01.11.08 -CRISTINA GONZÁLEZ
Foto: Marbella, Ayuntamiento - UrbanismoPatasArriba
El TSJ pone en jaque el urbanismo de Castellón
ELPAÍS* : El Tribunal Superior de Justicia ha declarado "nulo y contrario a derecho" el Programa de Actuación Integrada (PAI) Mestrets de Castellón. Se trata de un desarrollo urbanístico de un millón de metros cuadrados en el que el alcalde del PP, Alberto Fabra, depositó todas sus esperanzas para cumplir con sus compromisos electorales aun a costa de la legalidad, como ha apuntado la sala.
El Ayuntamiento, con el beneplácito del Consell, que aprobó definitivamente el proyecto, intentó repercutir en este PAI el suelo dotacional de otros aprovechamientos urbanos de la ciudad, de forma que "más del 50% del suelo de la zona" recibió esta carga urbanística en perjuicio de los propietarios, lo que ha llevado al tribunal a asegurar que el Ayuntamiento y la Generalitat "infringieron los artículos 9, 62 y 66 entre otros" de la LRAU por vulnerar el principio de distribución de beneficios y cargas urbanísticas.
Alberto Fabra convirtió el suelo del Plan dels Mestrets en una especie de cajón de sastre, donde cabían el Centro de Convenciones de Santiago Calatrava, el rectorado de la VIU, la ronda de circunvalación o más de 3.000 viviendas protegidas. Ahora, con la anulación del PAI, todos estos proyectos carecen de suelo que los acoja.
Por otra parte, el Ayuntamiento y el Consell se comprometieron a "ejecutar las medidas correctoras establecidas en el estudio de inundabilidad" y "someter el plan director a la Confederación Hidrográfica del Júcar". En su sentencia, los magistrados recuerdan que ese informe "fue desfavorable". Por otra parte, el tribunal reprocha al Ayuntamiento de Castellón que no contestase "a ninguno de los argumentos de la demanda" en lo referente a las competencias locales "haciendo expresa dejación de sus derechos procesales".
El conflicto se inició en 2003, cuando el entonces concejal de Urbanismo y hoy alcalde, Alberto Fabra, anunció la urbanización de Els Mestrets, con la construcción de 6.300 viviendas, de las que la mitad serían de VPO. Los vecinos de Mestrets-Borriolenc denunciaron que el Ayuntamiento les dejaba literalmente en la calle, dadas las mínimas compensaciones y las cargas excesivas. El TSJ les ha dado la razón.
* ELPAIS.com - MIGUEL Á. CAMPOS - Castellón - 01/11/2008
Foto: protestas. Los afectados del PAI Mestrets han asistido con pancartas a los plenos municipales durante 4 años - vicent gamir, levante-emv.com
Cuando la palabra 'sostenible' da risa
SOITU* : El apelativo 'sostenible' se usa hasta el aburrimiento. Basurama, un colectivo cultural que nació de una iniciativa de estudiantes de la Escuela de Arquitectura de Madrid, ha querido incidir sobre el empleo que se hace de este ambiguo término con una serie de humor titulada "100% Sostenible" que ha lanzado hoy en internet.
Con una mezcla de ironía y humor, Basurama pretende con este corto titulado 'Murcia: lechugas, pelotas de golf y otros animales' hacernos ver que "lo que se nos ha vendido como desarrollo en el fondo no es más que crecimiento sin límites". La serie es una llamada de atención sobre el uso actual del concepto de sostenibilidad, "verdadero placebo para nuestras consumistas y a la vez preocupadas mentes".
El capítulo presentado es sólo el comienzo. Como explica Pablo Rey, uno de los integrantes de este colectivo cultural, "ahora estamos trabajando en el siguiente capítulo que trata sobre Nápoles (ver trailer) y también nos gustaría grabar otros cortometrajes sobre las autovías y la construcción del casino en los Monegros. "Queremos ser testigos de la ilimitada ambición humana y por eso nos hemos propuesto 'ir al lugar' y retratar todos estos fenómenos reales, pero de una manera divertida que refleje la levedad de nuestro paso por este mundo".
¿Cómo se gestó el concepto de 'desarrollo sostenible'? Como explica el economista José Manuel Naredo en su texto 'Sobre el origen, el uso y el contenido del término sostenible', "tras la aparición de Informe sobre Nuestro futuro común (1987-1988) coordinado por Gro Harlem Brundtland en el marco de las Naciones Unidas, se fue poniendo de moda el objetivo del 'desarrollo sostenible' entendiendo por tal aquel que permite 'satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas'. ¿Por qué tuvo tanto éxito? Pues, según este economista, la explicación está justamente en el halo de ambigüedad que acompaña esta terminología.
En la serie estrenada por Basurama, los protagonistas de este cortometraje que dura unos 20 minutos son tres científicos de élite (Dr. Heart, Dr.Metz y Dr. Artila) apoyados por un ordenador central llamado Hols. Todos se encargan de controlar la sostenibilidad del planeta frente a la acción destructiva del hombre. En concreto, este capítulo dedicado a Murcia retrata cómo la especulación inmobiliaria está influyendo en la transformación irreversible del litoral mediterráneo.
El documental puede verse también en www.100x100sostenible.com y 'Sostenible Youtube'.
* SOITU.es - 30.10.2008
La Justicia llega tarde al medio ambiente
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ADN/Madrid* : Sentencias inútiles. El soterramiento de la M-30, el desdoblamiento de la M-501 y el Recinto Ferial de la Isla de Colegio (Alcalá Henares). Tres proyectos con sentencias judiciales en contra por falta de respeto alas leyes que protegen el medio ambiente, los tres ejecutados y en funcionamiento cuando llegaron los fallos.
El acuerdo del Ayuntamiento para hacer los túneles de la M-30 junto al río Manzanares omitió una declaración de impacto ambiental previa. El magistrado anuló el proyecto el 16 de octubre. Pero los coches circulan desde hace más de un año.
Jaime Doreste, el abogado que llevó el recurso para Ecologistas en Acción, explica: "Si se hace firme la sentencia, pediremos alguna compensación a la hora de ejecutarla". La delegada de Urbanismo, Pilar Martínez, dio ayer el asunto "por finiquitado", ya que piensa que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) les dará la razón en su apelación.
Proceso lento
La lentitud resta fuerza a las sentencias que protegen los valores naturales. Los vehículos transitan por la M-501 convertida en autovía desde julio. El TSJM sentenció el 14 de febrero "la restitución al estado anterior [a las obras] de la zona". El recurso ante el Supremo de la Comunidad dejó en suspenso esta decisión. La carretera funciona desde hace cinco meses, a pesar de que no contempló la normativa europea sobre medio ambiente.
En Alcalá de Henares, el Ayuntamiento levantó un re cinto ferial y de ocio en la Isla de Colegio, un espacio de la Red Natura 2000 protegido por la Unión Europea. El TSJM anuló en mayo de 2007 el proyecto por no haberse sometido al estudio de impacto ambiental, del que fue eximido por la Consejería de Medio Ambiente. Mandó el fin de las obras cuando ya estaban realizadas.
De hecho, las fiestas patronales de 2007 se celebraron en este espacio a pesar de la sentencia, ya que "el tribunal no aludía a limitación de uso en el espacio ya construido", dijeron.
EL APUNTE
Estudios ambientales para evitar sanciones
La Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid hacen estudios de impacto ambiental 'a posteriori' para la M-501 y la M-30 respectivamente. Los expedientes abiertos por la Comisión Europea ante la falta de respeto a la normativa medio ambiental les llevó a tomar estas medidas para contentara la CE y evitar una proceso judicial en Luxemburgo.
* ADN - Raúl Rejón - 30.10.2008
Foto: Madrid obras_M-30 -L. Magán (El País)
Marbella: Más de 60 urbanizaciones demandan ayuda al Consistorio por la falta de infraestructuras básicas
SUR* : Suele decirse que a río revuelto, ganancia de pescadores. Eso debieron pensar durante años algunos promotores que, camuflados en la voraz política urbanística del GIL, que arrambló como una apisonadora con suelos de equipamientos y zonas verdes para armar paredes de ladrillo, dejaron flecos considerables en las infraestructuras necesarias para las urbanizaciones donde pusieron su firma.
Las consecuencias las pagan ahora miles de vecinos con problemas en el saneamiento, el asfaltado, el acerado, el alumbrado o la seguridad vial, entre otros aspectos básicos para garantizar la calidad de vida.
Muchos, algunos también para subsanar los achaques propios de la antigüedad de las construcciones, ya han llamado a la puerta del Ayuntamiento para pedir ayuda para solventar los déficit y para abaratar los costes de la obra con el asesoramiento técnico municipal. Según explicó Javier García, director del Área de Urbanizaciones y coordinador de Las Chapas, en total son más de 60 los núcleos residenciales que se han puesto en contacto con el departamento para acogerse a los convenios de colaboración con el fin de concluir sus equipamientos.
Las seis primeras
La iniciativa, puesta en marcha por el equipo de gobierno a principios de año, ya ha cuajado en obras en seis urbanizaciones: en calle Cártama (Nagüeles), Las Lomas de Marbella Club, la calle Nerja (Rocío de Nagüeles), Marbesa, Carlina Norte y Carib Playa (Las Chapas). En estos casos la Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno a los acuerdos de colaboración, por los que el Ayuntamiento se encarga de la redacción de los proyectos y exime a los vecinos de pagar la licencia de obras, con el consiguiente abaratamiento de la actuación, que, no obstante, corre a cargo de la urbanización al estar fuera del ámbito de su competencia.
«El notable aumento de peticiones evidencia las ventajas que comporta el acuerdo ofertado, puesto que disponen de asesoramiento técnico municipal y además se benefician de un considerable abaratamiento de los costes», valoró García, al tiempo que resaltó que con estos convenios se pone fin «a los problemas acumulados durante muchos años fundamentalmente por obras que no fueron ejecutadas en su momento por los promotores y en otros muchos por la antigüedad, de varias décadas». Los tramites municipales se prolongan unos dos meses, según apuntó.
Informes técnicos
A las primeras seis actuaciones, le seguirán muchas más. A día de hoy están en tramitación, a la espera de recibir el informe técnico, otros seis proyectos relativos para las urbanizaciones Los Pinos, Los Molineros, El Mirador, Marqués del Duero, Las Torres de Marbella Club y La Virginia. Igualmente el Ayuntamiento está a la espera de recibir las solicitudes formales de Las Flores, Marbellamar, Panorama, Supermanzana F, Coto Real, Lomas de Río Real, Sol Lido y Grace Paradise.
Sobre el terreno, las obras se traducirán en la construcción de aceras, la instalación de tuberías y de colectores para el saneamiento o la colocación de alumbrados, en los casos de abandono más flagrante. En otros casos puntuales, las peticiones obedecen al interés vecinal de mejorar su calidad de vida con la implantación, por ejemplo, de puntos limpios para depositar los residuos.
MÁS INFORMACIÓN I Delegación de Urbanizaciones. C/ Pinsapo. Las Chapas. 952 838 410/11. urbanizaciones@marbella.es.
* SUR - 30.10.08 -CRISTINA GONZÁLEZ
Foto: MARBESA. Una de las urbanizaciones más antiguas cuyos vecinos han solicitado firmar el convenio con el Ayuntamiento. / JOSELE-LANZA, diariosur.es
Contra el automóvil
ORIOL BOHIGAS* : En el libro Dues hores de lucidesa, Noam Chomsky dice: "Durante los años 50, el gobierno de los Estados Unidos lanzó uno de los programas de ingeniería social más vastos de todos los tiempos. Se trataba de desmantelar la red de transporte público (el ferrocarril) en beneficio de la carretera y los aviones (...). Fue comprada por tres compañías: General Motors, Firetone y Standard Oil. La desmantelaron para privilegiar el transporte por carretera, con lo cual podían ganar mucho dinero.
Fueron acusadas de connivencia ilícita y condenadas a pagar una cantidad ridícula, del orden de cinco mil dólares. Después, el gobierno americano, pretextando intereses de defensa nacional, construyó una red de autopistas (...). Simultáneamente, destruyó las vías de tren y construyó aeropuertos. El resultado fue la creación de un sistema de transporte basado en la lógica industrial en vez de una lógica de servicio público". Y al preguntarle sobre las consecuencias de esta operación, Chomsky contesta: "Consecuencias inmensas, empezando por la decadencia de los centros de las ciudades y el desplazamiento de los habitantes hacia la periferia. Las ciudades ya no tienen centro, la gente vive en los alrededores, donde hay los grandes centros comerciales (...). Este programa gigantesco de ingeniería social, pensado para enriquecer a los constructores de coches, los fabricantes de neumáticos y las compañías petrolíferas, tuvo un impacto terrible en la sociedad, los esquemas de consumo y las relaciones individuales". Sólo añadiendo algunos datos seguramente más radicales, las afirmaciones de Chomsky explican los orígenes mafiosos y las graves consecuencias de la invasión abusiva de automóviles en las ciudades y en los paisajes interurbanos.
Un ejemplo escandaloso puede ser Caracas, víctima de los sucesivos populismos gubernamentales. Una enmarañada red de monstruosas autopistas a tres niveles anula cualquier vialidad peatonal, sin ni siquiera aceras donde refugiarse, y soporta los permanentes embotellamientos de coches que no tienen escapatoria hacia una red menos especializada. Y mientras tanto, el Gobierno promueve con incentivos alocados la compra de automóviles y ofrece gasolina prácticamente gratis. Del transporte público de gran alcance se habla sólo como una lejana utopía. Una ciudad dividida en dos especies antiurbanas: los terribles tugurios y unos pretendidos centros sepultados bajo unas autopistas que sustentan el perpetuo colapso. Una ciudad en la que no se puede andar, no sólo por temor a la delincuencia, sino porque ya no quedan calles utilizables.
Las ciudades europeas funcionan mejor, pero, a pesar de ello, se ven presionadas por los ciudadanos, que reclaman soluciones de urgencia, casi siempre tan ingenuas como la simple ampliación de espacios vehiculares sin prever las congestiones que puedan producir. En Barcelona se resiste discretamente el envite del populismo. Hay que reconocer que el municipio se ha esforzado en reducir o controlar los espacios vehiculares exclusivos, aumentando aceras y eliminando carriles en algunos puntos significativos con resultados plausibles. La oferta y demanda de espacio vehicular funciona de manera especial. Si en un punto de tráfico demasiado denso se aumenta el espacio, acudirán más coches y la densidad será la misma. Si se quiere reducir esa acumulación, hay que poner dificultades disuasorias a los vehículos y, sobre todo, darles menos espacio, civilizarlos para que convivan y no destruyan la ciudad. En la década de 1980 ya se derribaron en Barcelona dos autopistas elevadas y ahora veo otros programas en este mismo sentido. Los cinturones se construyeron con dimensiones mínimas para reducir la entrada de coches en la ciudad. Un cinturón con más carriles habría colapsado algunos barrios. Hay que conformarse: en una ciudad grande y densa -dos cualidades específicamente urbanas- hay que contener en el tráfico -hacerlo incómodo, pero todavía útil para el coche- si no se quiere colapsarla.
Esta actitud es difícil de mantener con radicalidad ante las contradicciones habituales entre las urgencias y la planificación. Los aparcamientos pueden ser un buen ejemplo. En zonas densas facilitan el uso del coche y, por tanto, favorecen su excesiva acumulación. Pero, en cambio, bien dimensionados y bien situados, son indispensables para una mínima supervivencia, indispensable en muchos casos. Por tanto, hay que cifrar correctamente esos mínimos y no dejarse llevar por el optimismo funcional inmediato.
En la nueva terminal del aeropuerto de El Prat parece que se construye un aparcamiento inmenso de no sé cuántos miles de plazas y que, en cambio, todavía se discute -con augurios no muy esperanzadores- sobre la interconexión directa con el metro, el tren y la alta velocidad. Es decir, se prevé una prioridad del transporte privado sobre el público que puede tener un impacto negativo en los esquemas de consumo de la ciudad, como decía Chomsky. Un mal ejemplo y una mala lección. Nadie se preocupará en cambiar esa prioridad porque, según parece, los ingresos más cuantiosos de AENA provienen de la explotación del centro comercial y de los aparcamientos. También aquí se está creando un sistema "basado en una lógica industrial en vez de una lógica de servicio público".
Pero la mayor contradicción está en que cualquiera de estas decisiones para reducir o civilizar el tráfico exige otra decisión previa: la mejora y la eficacia responsable de un sistema de transporte público de gran alcance, especialmente el metro y sus variantes con autonomía de trazado. Y eso es lo difícil, especialmente en Barcelona, donde los déficit son evidentes. Pero es indispensable porque hemos llegado al límite. Ya no se puede seguir civilizando el coche si no se ofrece una alternativa que acoja a los que se habrán declarado no usuarios por respeto al orden y el bienestar de la colectividad.
* Oriol Bohigas es arquitecto.
* ELPAIS.com - OPinión - 29/10/2008
Aguirre y Gallardón excluyen a la Cañada Real de su plan 'antichabolismo'
ELMUNDO/Madrid* : La presidenta regional, Esperanza Aguirre, y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, han dejado fuera del protocolo que han firmado esta mañana para la erradicación del chabolismo a la Cañada Real Galiana, situado cerca de la localidad de Rivas-Vaciamadrid.
La Cañada está considerada como la mayor concentración de viviendas ilegales levantadas sobre terreno público de España y probablemente de Europa. A lo largo de 20 kilómetros de una antigua vía pecuaria se asientan más de 4.000 chamizos y casas, algunos chalés de lujo. Muchos de ellos son ilegales. En total, viven allí más de 40.000 personas.
En el acto en el que han participado los dos políticos 'populares' no se ha permitido hacer preguntas de los periodistas. El que sí ha justificado la decisión ha sido el gerente del IRIS (Instituto de Realojamiento e Integración social), Javier Ramírez, que ha asegurado que la Cañada Real Galiana "no es un núcleo chabolista, es un asentamiento ilegal".
Dentro del plan presentado se contemplan desmantelar los núcleos chabolistas de El Cañaveral (Vicálvaro), Las Mimbreras II (Latina), Santa Catalina (Puente de Vallecas) y Ventorro (Villaverde).
El pasado 14 de octubre, el Ayuntamiento de Madrid derribó cinco infraviviendas ilegales de la Cañada Real Galiana. Desde el pasado mes de mayo, el Consistorio de Gallardón ha demolido en el ámbito de la Cañada al menos 81 construcciones, 13 infraviviendas, 1 puente y 1 nave industrial.
De todos los derribos, el que más eco tuvo fue el que se produjo a mediados de octubre de 2007. Vecinos y policía se enfrentaron en una auténtica batalla campal que se saldó con 23 policías y cuatro civiles heridos y nueve personas detenidas.
* El Mundo - JAIME G. TRECEÑO - 30.10.2008
Foto: Varias personas contemplan sus viviendas derruidas en la Cañada Real. - EFE
Andratx: El perito judicial niega que el terreno sea urbano
DIARIODEMALLORCA* : El perito judicial ha declarado que el argumento de los expertos de la defensa para demostrar que el ex director general de Ordenación del Territorio Jaume Massot no cambió ilegalmente un terreno de rústico a urbano es "capcioso" e intenta "hacer pasar por verdad lo que es falso (que el suelo es urbano)".
Así lo ha dicho durante su testimonio junto a los dos peritos de la defensa en la última jornada del segundo juicio del "caso Andratx", en el que se analiza la construcción de un restaurante en zona protegida por parte de Juan Carlos Hidalgo, hermano del ex alcalde del PP Eugenio Hidalgo, gracias a la presunta falsificación de Massot.
El ex director general argumentó ayer, durante su declaración en la Audiencia Provincial, que cometió un error al haber certificado en 1998 y 1999 -años en los que Juan Carlos Hidalgo compró la casa- que el terreno era Área Natural de Especial Interés (ANEI), tal y como consta en diversas normas urbanísticas del Ayuntamiento.
Massot sostuvo que cambió la clasificación a urbano en 2001 porque la zona tenía todos los servicios, un extremo que han intentado demostrar los peritos de la defensa y ha negado el perito judicial y arquitecto Rafael Balaguer, director de la Oficina de Información Deontológica del Colegio de Arquitectos de Baleares.
El arquitecto ha asegurado que, aparte de red de baja tensión, "no se ha acreditado existencia alguna de otro servicio, ni uno más" anteriormente a 1981, año de aprobación de un real decreto que permitiría su clasificación como urbano, de reunir los citados servicios y de acuerdo con la Ley de Espacios Naturales.
"Por tanto, intentar desvirtuar la condición de ANEI a través de un supuesto fáctico que queda desmontado es lo que me ha parecido un auténtico sofisma", ha añadido.
Además, ha dicho que intentar demostrar lo contrario se basa en "argumentos capciosos", en los que "para hacer pasar por verdad lo que es falso, se parte de premisas válidas para desembocar en una conclusión inadmisible".
El perito ha afirmado asimismo que la Ley de Espacios Naturales de 1991 cataloga la zona como ANEI y "con la más alta clasificación", porque es un espacio húmedo y está a menos de cien metros del mar. "Entiendo que no es urbano en absoluto", ha concluido.
Previamente, los peritos de la defensa han argumentado que la citada ley excluye de ANEI los terrenos que parezcan urbanos de acuerdo con la realidad del terreno, en alusión a la supuesta dotación de servicios de esta zona propiedad de Juan Carlos Hidalgo.
Massot, Eugenio Hidalgo y su hermano Juan Carlos Hidalgo se enfrentan a penas de entre seis y medio y ocho años por los delitos de falsedad documental y prevaricación urbanística. Juan Carlos Hidalgo se enfrenta además a un delito contra la ordenación del territorio.
* Diario de Mallorca - EFE - 30.10.2008
Foto: andratx - guides
NOTICIA RELACIONADA: Massot dice que legalizó el restaurante ya que la zona era ´más urbana que una catedral´ - Diario de Mallorca - 30.10.2008
El alcalde de Zarra permitía a su hijo construir chalés con jacuzzi bajo licencia de casitas de aperos
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LEVANTE/Valencia* : Los datos con los que trabaja la Unidad de delitos Urbanísticos de la Guardia Civil apuntan a que el alcalde de Zarra, el independiente Juan José Rubio, pudo otorgar 87 licencias de obra a la empresa constructora de su hijo, Sergio Rubio, para construir casitas de aperos -permitidas por la ley- en terrenos no urbanizables que al final acabaron convertidas en chalés que superaban el límite legal de construcción y que, además, contaban con piscina independiente y jacuzzi.
La llamada a declarar como testigos a varios propietarios ingleses de chalés en Zarra en la causa abierta contra el alcalde del municipio, Juan José Rubio, y su hijo -detenidos desde el martes por un delito contra la ordenación del territorio y otro de malversación-, ha hecho saltar todas las alarmas entre la colonia inglesa de El Valle.
Los titulares de ayer sobre la detención del alcalde y sobre la construcción de sus chalés en suelo rústico sentó como un jarro de agua fría entre los propietarios de estos inmuebles, la mayoría ingleses, que los habían adquirido a través de inmobiliarias también inglesas que llevan operando desde 2002 en la comarca.
Las reacciones no se hicieron esperar y a primera hora de la mañana algunos propietarios acudieron a Ayora histéricos para pedir explicaciones a las inmobiliarias y defender que compraron los chalés "pensando que todo estaba ok".
En Zarra, y dado que la mayoría de británicos sólo siguen la prensa internacional o las publicaciones propias que edita en la comarca la colonia inglesa, muchos se enteraron ayer a primera hora de los ocurrido cuando algunos vecinos de la población les enseñaron los titulares de los periódicos con las palabras "ilegal", "chalé" y Zarra.
Robert y su familia compraron hace cuatro años una de las villas que construyó en medio de la huerta la empresa del hijo del alcalde de Zarra y hoy no sabía nada de lo ocurrido hasta que alguno de sus vecinos los han avisado. "No teníamos ni idea, pagamos todo y tenemos todo en regla, nadie nos dijo nada cuando nos pusieron la luz, el teléfono o el agua", comentó este propietario.
Como el de Robert, los casos se repiten en los cinco sectores en los que se han construido estas villas que responden a un mismo modelo de vivienda. Unos 120 metros cuadrados de casa principal, un garaje independiente y una pequeña piscina junto a una zona verde.
Los británicos pagaron entre 120.000 y 150.000 euros y ahora descubren que quizá sus casas son ilegales y no saben muy bien qué va pasar a medida que avance la investigación.
"No estoy preocupada porque no tengo casa aquí, yo la tengo en Casas de Madrona,-decía otra súbdita inglesa- pero mis amigos sí y hoy se han enterado de todo".
Según ha podido averiguar Levante-EMV, un grupo de propietarios de estas promociones ya estaba al tanto de la situación y también han denunciado la situación ante los tribunales. "Querían construir otra casita en el jardín y entonces no les dieron licencia de obras porque no se podía", explicaron ayer algunos vecinos.
Desde las inmobiliarias inglesas que operan en el Valle, sus responsables -que también tuvieron que acudir a declarar como testigos- insistieron ayer en que todos los propietarios que han adquirido viviendas en Zarra "cumplen con sus obligaciones y pagan todo lo que se les ha pedido, como el catastro, y todos los impuestos".
A última hora de ayer, los agentes seguían realizando las entradas y registros, especialmente en el ayuntamiento. Mientras tanto, el juez tomaba declaración a algunos de los denunciados, a la espera de localizar a todos los propietarios, la mayoría residentes británicos y que en algunos casos siguen viviendo en Alicante porque todavía no estaba acabada su casa en Zarra.
Irregularidad previas
Un matrimonio de residentes británicos explica en la página web de una inmobiliaria cómo decidieron comprar una casa y establecerse en Zarra. En la primavera de 2003, contactaron con Ann y Alison, de la inmobiliaria "Hills and Valley". Compraron un terreno y, al día siguiente, ya tenían una casa diseñada "con la ayuda de Sergio, de Telyzán SL, un constructor local recomendado por Ann y Alison".
Al febrero siguiente regresaron y sufrieron un "shock" al ver que su casa aún estaba a medias. Una mañana llegó un coche de la policía con el arquitecto municipal de Teresa y la Guardia Civil para informarles de que debían parar las obras porque estaban en el cauce de un río y podía inundarse. Les faltaba la licencia municipal.
* Levante-EMV - Íñigo Roy/Regina Laguna - 30.10.2008
Foto: una tras otra. Vista general de varios de los chalés que la empresa del hijo del alcalde construyó en las huertas de Zarra. - josé ferrer, levante-emv.com
Imputado el presidente del Consell de Ibiza por el caso Eivissa Centre
EFE* : El magistrado del juzgado de instrucción nº2 de Ibiza, José Espinosa, ha emitido hoy un auto imputando al presidente del Consell de Ibiza, Xico Tarrés en el marco de la investigación de un presunto cobro de comisiones en la remodelación del centro de la ciudad, en el caso Eivissa Centre.
Tarrés, que ha atendido a los medios después de conocer la noticia, ha explicado que el juez le imputa "porque no tiene más remedio" ya que, según el presidente insular, no puede ser testigo en la causa.
El presidente del Consell, diputado autonómico y ex alcalde de Vila (Ibiza), que deberá declarar ante el juez el próximo día 2 de febrero, ha declarado su intención de "ir lo antes posible ya que esperar hasta esa fecha es casi cruel".
Tarrés ha insistido en que el juez no le "acusa de nada" y ha afirmado: "Simplemente tengo que ir a explicar lo que sé".
El presidente del Consell no se ha mostrado sorprendido por la imputación ya que ha asegurado que "es normal que el juez quiera escuchar a uno de los acusados y que en aquel momento era el alcalde de la ciudad".
Tarrés era alcalde de Ibiza en el momento que en el ex secretario general de PSOE de las Pitiüses, Roque López, grabó las cintas en las que presuntamente se demuestra el cobro de comisiones por parte de altos cargo del partido socialista de Vila.
El ahora presidente del Consell ibicenco ha manifestado que no tiene intención de dimitir y ha insistido en que "según el auto el juez no cree que haya indicios de criminalidad".
"Ir imputado quiere decir simplemente que tengo que ir con mi abogado", ha insistido.
Tarrés ha afirmado que su imputación no tiene nada que ver con otros casos de presunta corrupción política que se investigan en estos momentos en Baleares, como el llamado caso Ordinas, acerca de supuestos cobros de comisiones ilegales en el Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) la pasada legislatura.
El presidente ibicenco ha asegurado en relación a dicha causa que él no tiene "ninguna lata de Cola-cao en el jardín", como la hallada por la Fiscalía Anticorrupción en la vivienda de la ex gerente del CDEIB Antónia Ordinas, por indicaciones de la propia acusada.
"Puedo decir con orgullo que nadie me ha dado un duro nunca", ha concluido Tarrés.
El caso Eivissa Centre comenzó tras la denuncia realizada hace veinte meses por el ex secretario general de los socialistas de Ibiza y Formentera y ex concejal, Roque López, quien en los pasados días anunció que solicitaría "una nueva ampliación de la querella por falsedad documental contra Xico Tarrés".
López interpuso una querella contra el equipo de gobierno de Vila, encabezado entonces por Tarrés, por presunta corrupción urbanística, para lo que presentó varias grabaciones de conversaciones telefónicas.
Según López, tras el inicio del edificio Joan XXII se llevó a cabo una declaración de obra nueva certificada ante un notario, que no se correspondería con la realidad y en la que Tarrés declaró ante notario que se habían construido 36 viviendas en un inmueble de cinco plantas más el sótano, cuando ya se habían construido 160 viviendas.
* Soitu.es- EFE - 29.10.2008
Foto: Ibiza, eivissa centre - flickr.com
Adeje: Lucha contra la construcción de un supuesto Centro Comercial
CANARIAS24H* : La Asociación de Vecinos de Playa Paraíso en el Municipio de Adeje lleva luchando mucho tiempo contra la intolerable construcción de un supuesto Centro Comercial, en el extremo de la punta más bonita y simbólica que linda al mar en esta Zona.
Este proyecto recibió las bendiciones de las distintas Administraciones, a pesar de que no sólo destrozó el paisaje al edificarse en pleno dominio marítimo terrestre levantando un muro de protección para el edificio cuyos escombros estuvieron años, sino que acabó impidiendo acceso al mar y el tránsito por el litoral a todos los vecinos.
En realidad, este proyecto de Centro Comercial no era tal, sino que se trataba, y actualmente lo sigue siendo, de un edificio en el que la mayor parte de sus apartamentos son viviendas de lujo actualmente vendidas en su mayor parte a extranjeros.
Además se construyó una planta más sobre el proyecto presentado, y todo ello sin cumplir la Ley de Costas que impide edificar residencias en esta franja del Litoral.
Los vecinos hemos presentado numerosas quejas no solo por el atropello urbanístico, sino porque también interrumpió el acceso a una punta costera donde nuestros niños jugaban en los charcos y muchos de nosotros íbamos a pescar.
Lo único que conseguimos es que la Demarcación de Costas autorizara una pequeña escalera portátil para acceder al mar, ya que teníamos que pasar por una tortuosa vereda al estar herméticamente cerrado el paso por un muro que defiende del mar el edificio.
El supuesto "Centro", que permaneció un tiempo precintado por incumplir manifiestamente la Ley, fue legalizado.
La Asociación de Vecinos ante tal injusticia y el constante silencio de las Autoridades no ha tenido más remedio que llevar este asunto a los Tribunales encomendándoselo a la Letrada, Sra. Palliser.
El Informe del Perito Judicial designado por el Tribunal Superior de Justicia es contundente y advierte que el edificio invade totalmente la servidumbre de protección marítimo-terrestre.
Por ello queremos salir a la opinión pública y manifestar que deseamos que las Autoridades apliquen con el mismo rigor y contundencia la Ley de Costas contra este tipo de inversiones especulativas que infringen la Ley, dado que la misma es igual para todos y parece ser que nuestras Autoridades no tienen la misma vara de medir y son mucho más condescendientes con este tipo de construcciones que verdaderamente constituyen un atentado al medio ambiente y a nuestro modo de vida.
Asociación de vecinos de Playa Paraíso
* Canarias 24H - 27.10.2008
Foto: Adeje, urbanismo insostenible - canarias.indymedia.org
M-30: 18 meses después, un pozo sin fondo
REBELIÓN/Madrid* : Los ciudadanos madrileños tendrán que pagar 864.000 euros al día, hasta 2040, por una obra que no ha resuelto ningún problema estructural relacionado con la movilidad, la contaminación atmosférica o la articulación urbana de la ciudad. Gallardón intenta aprovechar la confusión de la crisis general para evadir responsabilidades.
La Plataforma M-30 No Más Coches y el Foro por la Movilidad Sostenible de la Comunidad de Madrid, a las que pertenece Ecologistas en Acción, denuncian que a pesar de los reiterados intentos del Ayuntamiento para ocultar la verdadera magnitud del coste de la ampliación de la M-30 y de la deliberada desinformación a la que nos ha venido sometiendo al respecto desde que se iniciaron las obras, poco a poco los ciudadanos vamos conociendo la verdad y el verdadero alcance de la hipoteca económica y social que nos va a suponer durante más de treinta años a todos los madrileños.
Diez mil cuatrocientos millones
Según un informe de la Comisión de Vigilancia y Seguimiento de la Gestión Integral de la vía del 26 de marzo de 2007 – y que sólo hemos podido conocer más de un año después -, “el coste final de la M-30 será de diez mil cuatrocientos millones de euros”. En este documento, la Comisión desmiente rotundamente todas las informaciones interesadas que al respecto han venido proporcionando el alcalde y su equipo, quienes, incluso con posterioridad al mismo, han seguido minimizando la importancia de la deuda contraída con las compañías constructoras y los bancos, llegando a falsear descaradamente las informaciones públicas sobre las cifras comprometidas (nunca han admitido un coste superior a los 4.800 millones de euros).
El acta de la Comisión avala las previsiones que desde el primer momento formulamos en la Plataforma M-30 No Más Coches, que siempre ciframos el coste total por encima de los 10.000 millones, mientras que un chequeo pormenorizado del estado de la autovía avala la pertinencia y seriedad de nuestras denuncias sobre el despropósito de esta obra faraónica.
Atascos y contaminación en aumento
Un año y medio después de su inauguración, se puede comprobar que la ampliación de la M-30 no ha resuelto ningún problema estructural de movilidad en Madrid (tanto en la ciudad como en la propia autovía persisten –con tendencia al alza– los mismos atascos en hora punta que en 2004), mientras la contaminación atmosférica se mantiene un mes tras otro superando los límites legales.
Por su parte, los túneles presentan deficiencias que pudieran resultar gravemente peligrosas (contaminación muy elevada, ventilación insuficiente, inundaciones periódicas, señalizaciones confusas, etc.), mientras que el proyecto “Madrid Río” está estancado y los terrenos “recuperados” en superficie se han convertido en un erial inhóspito e insalubre.
La madre de todas las deudas
La agencia de calificación financiera Standard and Poor’s ya ha rebajado de “estable” a “negativa” la solvencia financiera del Ayuntamiento a causa de “el fuerte incremento de la deuda en el periodo 2003-2007” por causa de la ampliación de la M-30, advirtiendo que existe “un 30% de posibilidades” de que la solvencia ahora calificada, y la nota que le otorga la agencia, se vean rebajadas aún más “en los próximos dos años”.
La crisis general ha destapado con mayor antelación de la que seguramente preveían los gestores municipales la verdadera dimensión del disparate económico que supone esta obra y las gravísimas hipotecas con las que tendremos que pechar durante los próximos 35 años. En estas circunstancias, al Sr. Gallardón no se le ocurre otra cosa que intentar eludir sus responsabilidades, como pésimo gestor que es, culpando al gobierno central del déficit municipal y ordenar una subida generalizada de los impuestos.
Falta de fiabilidad y transparencia municipales
Una conclusión que, en cualquier caso, debiéramos extraer de todo lo anterior es la cada vez más ineludible necesidad de saber la verdad completa sobre todos los aspectos económico-financieros de la M-30, así como sobre su seguridad, lo que exige ordenar sin demora que se hagan las auditorías necesarias bajo los criterios de máxima publicidad y transparencia, contando con la supervisión directa de todos los grupos municipales y huyendo de los informes conocidos hasta el momento los cuales, en tanto que han sido realizados a petición de parte interesada, carecen de la necesaria fiabilidad.
Se trata de que, si ya es imposible eludir la deuda de la M-30, al menos se eviten más engaños a la ciudadanía y de que, si al final las deudas municipales nos van a ahogar a todos, como mínimo sepamos por qué.
* Rebelión - 28.10.2008
Detenida la alcaldesa de San Fulgencio y 4 ediles por una trama urbanística
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LEVANTE/Alicante* : Agentes de la Unidad de Delitos Económicos del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron esta mañana a la alcaldesa de San Fulgencio, la socialista Trinidad Martínez, a cuatro ediles del Consistorio y al abogado municipal.
Por esta presunta trama también fueron detenidos hace unos días el teniente de alcalde, Manuel Barrera, así como el jefe de Policía Local y el concejal de Seguridad, Juan Antonio Gamuz, que hoy ha vuelto a ser arrestado, según señalaron a Europa Press fuentes cercanas al caso.
Las detenciones se produjeron a media mañana, cuando agentes de la Policía Nacional acudieron al Ayuntamiento de San Fulgencio, leyeron sus derechos a la alcaldesa, los ediles socialistas Juan Antonio Gamuz y Juan Antonio González Palanco, y los concejales de la Agrupación Popular San Fulgencio y Urbanizaciones (Apsfyu), Mariano Martí y Fina Reme, así como al abogado del ayuntamiento de San Fulgencio.
A continuación, los agentes clausuraron las dependencias del equipo de Gobierno, de modo que nadie pudo ni entrar ni salir durante la operación, y realizaron un registro que pasadas las 14.00 horas aún continuaba en curso, de los despachos de los detenidos.
Apsfyu gobierna en coalición con PSOE y con la Agrupación Independiente del Mediterráneo (AIM), cuyo presidente Manuel Barrera fue detenido por un delito de cohecho en la misma operación el pasado 20 de octubre.
La noticia de la detención de la alcaldesa y de parte de su equipo de gobierno se extendió rápidamente entre los vecinos de San Fulgencio, que acudieron a las puertas del Consistorio para presenciar la operación. Aunque no ha trascendido aún el motivo de las detenciones, un juzgado de Orihuela investiga un supuesto cobro ilegal de comisiones para favorecer un plan urbanístico en San Fulgencio, caso por el que ya fueron apresados y luego puestos en libertad el concejal de Seguridad, Juan Antonio Gamuz (PSOE); el ex edil de Hacienda, el independiente Manuel Barrera, y el jefe de la Policía Local. Los miembros de la corporación municipal de San Fulgencio detenidos esta mañana por orden judicial pasarán el próximo viernes a disposición de la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Orihuela, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
* Levante-EMV - AGENCIAS - 29.10.2008
Foto: San Fulgencio (Alicante) - inem.es
El Ayuntamiento de Arrecife derriba diez viviendas construidas ilegalmente
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LAPROVINCIA/Lanzarote* : Era el sonido de la Justicia llevada a su extremo último. El ruido quebrado y caótico de la demolición se adueñó ayer a partir de las nueve y media de la mañana del barrio de Argana Alta, en Arrecife, mezclándose de paso con el olor putrefacto procedente del vertedero que los vecinos soportan desde hace años sin que nadie le ponga remedio.
El Ayuntamiento, amparado en una orden de demolición de noviembre de 2007 y en una resolución judicial, inició el derribo de diez viviendas adosadas construidas en la calle Balayo, sin licencia, en suelo no edificable.
Las casas, de dos plantas, están lejos de ser un proyecto a medias. Los exteriores de la hilera de viviendas eran un conjunto bien rematado, debidamente pintado en tonos ocres y pastel en uno de los bordes al norte de la barriada. Además, el ataque de la picareta dejó al descubierto las intimidades del interior, donde se veían baños alicatados hasta el techo, los calentadores de agua e incluso puertas de madera que los operarios de la promotora intentaron rescatar a primera hora, aunque los agentes de la Policía Local les impidieron el acceso. Incluso entre la espiral de polvo y destrucción emerge la anécdota, como esa cerveza que uno de los obreros de la empresa, Construcciones Míguez Lanzarote SL, dejó en el interior de uno de los bloques de la pared. En los llanos, algunos curiosos aprovecharon para hacer fotos del espectáculo.
El concejal de Urbanismo, Ubaldo Becerra, comentó a este diario que esta promoción no tenía otro destino que acabar en el piso. Recordó, entre otros detalles, que la licencia fue denegada a principios de 2006 y que, a pesar de eso, la promotora continuó con las obras vulnerando los precintos al menos en dos ocasiones. Según apuntó el edil, incluso existen actas policiales de denuncias vecinales por el desarrollo de los trabajos en plena noche, con los focos de los vehículos de la empresa y de los trabajadores alumbrando el trajín nocturno.
Becerra precisó que los derribos supondrán un coste aproximado de 30.000 euros que la corporación local derivará a la promotora, al igual que hará con las costas procesales. Subrayó asimismo que la firma deberá hacer frente también a la correspondiente sanción municipal.
* La Provincia - GREGORIO CABRERA - 29.10.2008
Foto: Un momento de la demolición iniciada ayer por la mañana en Argana Alta. ADRIEL PERDOMO, laprovincia.es
El Ayuntamiento de Bigastro ha entregado a la Guardia Civil documentación de «permuta de terrenos»
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INFORMACIÓN/Alicante* : El Ayuntamiento de Bigastro ha entregado numerosa documentación a la Guardia Civil relacionada con "la permuta de unos terrenos", según ha explicado hoy el edil de Urbanismo, Raúl Valerio, un día después de la detención del alcalde, José Joaquín Moya, a raíz de una investigación por un presunto delito urbanístico.
En rueda de prensa, Valerio, acompañado por la primera teniente alcalde, Inmaculada Martínez, ha informado de que desde hace ocho meses el instituto armado ha ido solicitando con cierta periodicidad al consistorio diversa documentación.
Aunque ha eludido concretar la temática de la misma, Valerio ha apuntado que se trata de "la permuta de unos terrenos, al parecer, de un suelo industrial por un local comercial" realizada entre 2004 y 2005.
"Si este es el caso por el que se produjo la actuación de ayer -en alusión a la detención del alcalde, José Joaquín Moya-, manifestamos nuestra absoluta sorpresa, pues desde febrero, y cada quince o veinte días, se nos ha solicitado documentación y la hemos entregado", ha manifestado el concejal de Urbanismo.
No obstante, ha precisado que el equipo de Gobierno local no tiene conocimiento "exacto" del hecho investigado ni de los posibles delitos que se le imputan tanto al alcalde como al secretario municipal, este último también detenido en la operación de ayer.
En opinión de Martínez, la detención del alcalde tiene su origen "en la avalancha de querellas que el PP ha presentado en los Juzgados desde la última campaña electoral y que sucesivamente se han ido desestimando por falta de pruebas y argumentos".
Ante estas declaraciones, el secretario local del PP de Bigastro, José Antonio Ricart, ha afirmado que la investigación abierta a Moya se enmarca en el objetivo popular de "esclarecer la gestión municipal".
En este sentido, Ricart, que ha ofrecido una rueda de prensa junto a sus compañeros del grupo popular, ha manifestado que la detención del alcalde se ha producido a raíz de una de las denuncias que ha interpuesto el PP por posible delito urbanístico.
Aunque no ha precisado cuál de esta denuncias ha dado origen a la investigación y, por ende, al arresto del alcalde, el edil del PP ha afirmado que sus votante "exigen que hagamos una política de rigor, control y fiscalización de lo que hace el equipo de Gobierno".
En su opinión, "mucha otra gente puede verse afectada" por la investigación iniciada "y, desde luego, no hay marcha atrás".
"Todos aquellos que han votado en las Juntas de Gobierno y en los plenos podrían también verse afectados", ha añadido Ricart en alusión a los concejales socialistas que han respaldado determinadas actuaciones urbanísticas.
La Guardia Civil detuvo ayer al alcalde de esta localidad, al secretario municipal y a dos empresarios por un posible delito urbanístico ante el cual el PSPV-PSOE ha decidido suspender cautelarmente de militancia a Moya.
* Información - EFE - 29.10.2008
Foto: Bigastro (Alicante) - laverdad.es
Andratx: Carlos Hidalgo alega que no sabía que su restaurante estaba en ANEI por su incultura
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DIARIODEMALLORCA* : Carlos Hidalgo, hermano del ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, dijo ayer desconocer que el terreno sobre el que edificó ilegalmente un restaurante en 2001 fuera suelo rústico protegido con la categoría de Área Natural de Especial Interés (ANEI) y basó su ignorancia en su "incultura".
Estas declaraciones se produjeron ayer al inicio del juicio por la segunda pieza de las 68 que contiene el denominado caso Andratx en la que se juzga a los dos hermanos Hidalgo y al ex director de Ordenación del Territorio y ex jefe de Urbanismo de Andratx, Jaume Massot, de los delitos de falsedad y prevaricación urbanística por la edificación de un restaurante en una zona protegida. Los fiscales Anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach piden ocho años de prisión para Eugenio Hidalgo y Jaume Massot y seis años y seis meses de prisión para Carlos Hidalgo.
De la misma manera, Eugenio Hidalgo, interrogado por Juan Carrau, dijo también desconocer que en los terrenos donde su hermano reformó una edificación ya existente para convertirla en un restaurante no se podía construir nada pese a ser concejal de Urbanismo en el momento de las autorizaciones del ayuntamiento y más tarde máxima autoridad municipal del consistorio de Ponent.
El ex alcalde alegó para justificar este desconocimiento que el urbanismo en Andratx, como en muchos otros municipios, lo llevan los técnicos y que el primer edil está para atender a la gente, para llevar a cabo una labor mucho más cercana a los ciudadanos. Además, señaló que en los terrenos ya existían otra casa y "un negocio pegadito a ella" por lo que pensó que no se trataba de una zona protegida.
Carlos Hidalgo dijo desconocer absolutamente que la casa que compró en 1999 estaba en un terreno protegido ya que "soy un poco corto en cultura" y que actuó en todo momento asesorado por su arquitecto Francisco Muñoz -ya fallecido- y su abogado Santiago Rodríguez Miranda.
El hermano del ex alcalde de Andratx reveló que formalizó una opción de compra sobre la vivienda edificada en el número 13 de la Avenida Gabriel Roca del Port d´Andratx con la intención de convertirla en su domicilio familiar.
No obstante, más tarde cambió de parecer y decidió reformar la edificación para montar un restaurante aprovechando la experiencia que su mujer tenía en el sector de la restauración.
Enemistad
Tras conocer las intenciones de su hermano de montar un restaurante, Eugenio Hidalgo le pidió entrar en el negocio pero Carlos se negó, como reconoció ante el tribunal, "porque mi mujer no quería asociarse con mi hermano".
Este hecho abrió un periodo de enemistad entre ambos hermanos que se prolongó entre julio de 1999 y 2003, como admitió Carlos a preguntas del abogado defensor de Eugenio Hidalgo, Rafael Perera.
El ex alcalde de Andratx no asistió a la inauguración del restaurante en junio de 2001 ni su hermano a su toma de posesión como primer edil en abril del año 2002. Eugenio Hidalgo admitió que la negativa de su hermano a su entrada en el negocio del restaurante le molestó habida cuenta de que antes ya habían participado en sociedades como EUCAR de venta de coches.
* Diario de Mallorca - I.OLAIZOLA. PALMA - 29.10.2008
Foto: Andratx (Mallorca) - mallorcaconfidencial
El TSJ anula el PAI La Foya de Vilafamés por carecer del informe de suficiencia hídrica
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LEVANTE/Castelló* : Tras la paralización cautelar de las obras del Programa de Actuación Integrada (PAI) La Foya de Vilafamés, finalmente el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anulado el PAI. Según se detalla en la sentencia -con fecha del 8 de octubre y que fue notificada el viernes- el proyecto no cuenta con el informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre la suficiencia de los recursos hídricos.
Los magistrados de la sala argumentan que, según la ley de las aguas, antes de que las administraciones autonómicas aprueben un plan urbanístico las confederaciones hidrográficas deben emitir un informe previo. En el caso de que los proyectos comporten nuevas demandas de recursos hídricos, dicho informe deberá pronunciarse sobre la existencia o no de recursos suficientes para satisfacer la demanda. Si el informe no se emite en el plazo establecido, se entenderá que es negativo, se añade en la sentencia.
Un informe obligatorio
Además, el tribunal señala que el informe es obligatorio y en caso de omitirse conllevaría la anulación del proyecto con retroacción de actuaciones. En el caso del PAI La Foya de Vilafamés la omisión del informe es "clara", por lo que el ayuntamiento "tendrá que rehacer, de nuevo, todo el programa", asegura la abogada de los denunciantes. Por su parte, el consistorio alega que el informe de la CHJ ya se emitió para aprobar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del año 2003 pero la sala considera que no es suficiente.
El segundo motivo por el que el TSJ ha fallado anular el PAI es por vulnerar la normativa estatal y comunitaria en materia de contratación, en aras del respeto a los principios de libre concurrencia, igualdad, no discriminación, proporcionalidad y transparencia. Según la sentencia, no se ha cumplido con el principio de publicidad.
La alcaldesa de Vilafamés, Luisa Oliver, señaló ayer a Levante de Castelló que se acatará la sentencia y que el programa urbanístico se volverá a hacer desde cero. No obstante, Oliver quiso reseñar que, pese a que el PAI ha sido anulado, las parcelas de los denunciantes se siguen considerando como suelo no consolidado. De esta manera, "estos vecinos no podrán evitar el pago de las cuotas de urbanización, como pretendían con la denuncia", dijo la munícipe.
La decisión del tribunal se emite a raíz de la denuncia de la Asociación de Afectados La Foya. Este colectivo siempre se ha mostrado contrario a la ejecución del PAI con el que el consistorio pretende regular urbanísticamente la zona de la Foya en donde, a pesar de estar calificada como suelo rústico, se han levantado decenas de casas a lo largo de 30 años.
* Levante-EMV - Nerea Soriano - 28.10.2008
Foto: suelo rústico. Durante 30 años se han construido decenas de casas en La Foya. Con el PAI el ayuntamiento quiere legalizarlas. - levante-emv
Ayuntamiento y Junta facilitan la construcción de macro urbanizaciones en Macenas
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GAS/Almería* : Las asociaciones Salvemos Mojácar y Salvemos Macenas han denunciado en los juzgados que tanto el Ayuntamiento de Mojácar como la Junta de Andalucía «obviaron el trámite preceptivo» de emisión de un informe medioambiental negativo que hubiera impedido la ejecución de la macrourbanización de Macenas.
Estos colectivos, que han exigido al juez la paralización cautelar de las obras del hotel, han elaborado un informe pericial en el que se demuestra que el lugar elegido para ubicar el hotel, cerca de la playa, «se encuentra íntegramente en el Lugar de Interés Comunitario de Sierra Cabrera y afecta a varios hábitats prioritarios protegidos». Denuncian que, además de no contar con el preceptivo informe medioambiental, los promotores han incumplido diversos plazos en su tramitación.
Por este motivo, consideran que el macroproyecto «es completamente ilegal» y apuntan a la posible comisión por parte de los responsables políticos de ambas administraciones de presuntos delitos de prevaricación, esto es, tomar decisiones injustas a sabiendas de que lo son.
La ejecución de esta macrourbanización ha provocado, según estos colectivos, la exterminación de una planta endémica, que sólo se encuentra en este lugar, la 'Limoniun Estevei'. Además, también se han visto gravemente perjudicadas las tortugas mora y otras especies protegidas. Los denunciantes aseguran que la macrourbanización de Playa Macenas, con 1.400 viviendas, varios hoteles y dos campos de golf, «regados de forma presuntamente ilegal desde hace tres años, es la mayor aberración urbanística y medioambiental en curso en la provincia de Almería».
Culpan a las administraciones y a sus responsables políticos de permitir que se destruya «salvajemente uno de los enclaves más paradigmáticos y emblemáticos de las playas vírgenes de Almería». Por ello, exigen también la paralización del riego y el uso de los campos de golf, ya que se ubican en suelo protegido «y se riegan ilegalmente con agua potable, derrochando el agua equivalente a una población de 16.000 personas».
* Grupo de Acción Social (GAS) - 25.10.2008
Foto: Mojácar (Almería), stop montañas cemento - salvemosmojacar.org
ARCA pide la retirada del nuevo PGOU de Santander
EFE* : ARCA ha presentado un extenso documento de alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander para que sea desestimado y se inicie la redacción de uno nuevo que "responda prioritariamente al interés general" de los ciudadanos.
La asociación ecologista asegura en un comunicado que Santander es un "modelo de ciudad caótica e insostenible", sometida desde hace décadas a un permanente proceso de "especulación urbanística" que ha perjudicado gravemente la calidad de vida de sus habitantes, lo que, a su juicio, se demuestra con la pérdida de población que ha sufrido en los últimos años.
ARCA señala que, sin embargo, la revisión del PGOU no pretende rectificar y compensar los errores cometidos en el pasado, sino que ante el agotamiento de los suelos urbanos y urbanizables clasificados en 1997, su objetivo es poner en el mercado casi la totalidad de territorio municipal restante, a excepción del que está protegido por el Plan de Ordenación del Litoral (POL)
La asociación ecologista rechaza "muy especialmente" que esta "desmesurada creación de suelo edificable" se justifique por la previsible demanda de segundas residencias que provocará la finalización de las obras de la Autovía de la Meseta, tal y como dice la memoria del PGOU, y considera que esta idea marco es una excusa para favorecer a los promotores urbanísticos.
Según ARCA, impulsar la construcción de un 40 por ciento más de las viviendas existentes en Santander es "un error histórico".
Bajo su punto de vista, "nadie en su sano juicio puede seguir defendiendo el modelo de liberalizar al máximo el suelo, porque sus consecuencias inseparables son la devastación del territorio, la pérdida en calidad de vida y la escalada de precios y del endeudamiento familiar".
ARCA propone que la superficie de suelo designada como "nuevos crecimientos" al norte de la S-20 sea suprimida, manteniendo como suelos urbanos o urbanizables tan sólo los que ya recogía el anterior plan de 1997.
Además, la asociación sugiere que en lugar de extensos distritos-dormitorio en los que predomina el uso exclusivo de bloques de viviendas y viales de tráfico, se creen espacios urbanos en los que las viviendas sigan la pauta de disponerse en torno a amplios espacios verdes peatonales y parques como elemento central integrador, con zonas comerciales y de equipamiento y encuentro social.
Otra propuesta de ARCA es que la coordinación con los ayuntamientos colindantes no se haga sólo para dar continuidad a zonas construidas o a viales, sino que se creen grandes cinturones verdes o sistemas de parques periféricos, que comuniquen paisajística, ambiental y peatonalmente a los municipios.
ARCA defiende, además, la modalidad de viviendas de alquiler municipal, de propiedad pública en suelo de propiedad pública, diversificar la economía de la ciudad "más allá del ladrillo y la hostelería" y la permanencia del puerto en el interior de la bahía sin realizar nuevos rellenos.
* Soitu.es - EFE - 28.10.2008
Foto: Vista general de la ciudad de Santander. - EFE
