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TELEPRENSA/Almería* : La pasada semana Salvemos Mojácar y Salvemos Macenas ocuparon el hotel de playa Macenas, con el fin de exigir su paralización cautelar. Desplegaron una pancarta gigante de 25 metros con el lema STOP DESTRUCCIÓN en la misma fachada del hotel.
No se registraron incidentes con los guardias de seguridad del complejo.
Ambas asociaciones acaban de presentar un informe pericial junto con el escrito de prueba en el juzgado contencioso-administrativo nº 2 de Almeria, ante el magistrado Jesús Rivera, que recientemente ha declarado nula de pleno derecho la licencia del Algarrobico. Con este escrito piden la paralización cautelar del proyecto, en el marco de uno de los tres recursos que las asociaciones mantienen contra el mismo. Las asociaciones han recibido recientemente la comunicación de abogados representates de clientes de Med Group Paya Macenas que desean deshacer su contrato de compra por la presunta ilegalidad y el salvaje atentado ecológico que representa el proyecto. La asociación asesorará a dichos representantes legales en el proceso.
El informe pericial presentado demuestra taxtivamente que el proyecto se ubica ítegramente en el LIC de Sierra Cabrera y afecta a varios hábitats prioritarios protegidos. El proyecto no cuenta con el preceptivo informe medioambiental y ha incumplido diversos plazos en su tramitación por lo que las asociaciones consideran el macroproyecto completamente ilegal y apuntan a presuntos delitos de prevaricación de las administraciones implicadas.
El proyecto ha conducido a la exterminación de la especie endémica Limonium Estevei, que crecía únicamente en los terrenos del proyecto. La empresa, en un despreciable intento de lavar su imagen, realizó un estudio con la universidad de Almería, transplantando numerosos ejemplares de la planta que, según fuentes consultada han muerto en la práctica totalidad. Consideramos por ello que dicho estudio es una inaceptable maniobra propagadística, planteada como "medida complensatoria" intolerable ante una destrucción medioambiental sin precedentes. El proyecto tambien ha afectado gravemente a la Tortuga Mora y otras especies protegidas de la zona. Por todo ello se debería haber emitido un informe medioambiental negativo que hubiera conducido a la no realización del proyecto. Sin embargo este trámite preceptivo fue obviado por el Ayuntamiento de Mojácar y la Junta de Andalucía.
Playa Macenas es posiblemente la mayor aberración urbanística y medioambiental en curso en la provincia de Almeria, ya que se está desarrollando de forma conjunta la totalidad de un macroproyecto de 1.400 viviendas, varios hoteles y dos campos de golf ya construidos y regados de forma presuntamente ilegal desde hace tres años, todo ello en suelo protegido y destruyendo salvajemente uno de los enclaves más paradigmáticos y emblemáticos de la playas vñirgenes de Almería.
Las asociaciones exigen la paralización de las obras y tambien del riego y uso de los campos de golf, ya terminados, puesto que se ubican igualmente en suelo protegido, siendo ilegales y además se riegan ilegalmente con agua potable, como ha recoocido la propia empresa, no respetando el decreto de la Junta de Andalucía de riego de campos de golf, que obliga al riego con aguas de uso terciario, y derrochando el agua equivalente a una población de 16.000 personas, para unos campos sin uso que son un mero cartel publicitario para atraer la atención de los turistas.
* Teleprensa - 19.09.2008
Foto: Mojácar (Almería), golf Macenas (Archivo) - salvemosmojacar.org
Un informe pericial pone a Macenas en el camino de Algarrobico al demostrar que está, en su totalidad, en suelo protegido
Elda: El TSJ ratifica la suspensión del Sector 9 donde se construyen 1.000 viviendas
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INFORMACIÓN/Alicante* : El Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana (TSJ-CV) ha vuelto a rechazar las pretensiones del Ayuntamiento de Elda ratificando la suspensión del plan parcial del Sector 9, la principal zona de expansión de la ciudad con 150.000 metros cuadrados de terreno situados junto a la avenida de Ronda, donde se van a construir 1.000 viviendas de protección oficial muchas de las cuales se encuentran en fase muy avanzada al igual que ocurre con las obras de urbanización.
Un auto del TSJ, notificado a las partes el pasado jueves, desestima el recurso de súplica que el equipo de gobierno popular de Elda y la Agrupación de Interés Urbanístico interpusieron contra la resolución emitida en julio por el mismo órgano judicial suspendiendo la ejecución del Sector 9.
Los magistrados de la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo vuelven a dejar sin validez este controvertido plan parcial por dos aspectos fundamentales. De un lado la falta del "preceptivo informe" de la Confederación Hidrográfica del Júcar garantizando el suministro de agua a este nuevo distrito urbano y de otro la vulneración del Patricova, el Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial sobre Prevención de Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana, por la proximidad de las construcciones al cauce del río Vinalopó y el peligro de inundación en caso de lluvias torrenciales. En cualquier caso, la resolución no es firme y contra la misma el Ayuntamiento podrá recurrir en casación ante el Tribunal Supremo de Madrid en un plazo de diez días.
Como se sabe, fue la promotora Gydos la que solicitó al TSJ la suspensión del Sector 9, cuya homologación, plan parcial y modificación del PGOU fue aprobado por la Conselleria de Territorio y Vivienda en junio de 2005. Con anterioridad Gydos presentó un proyecto para urbanizar la zona pero finalmente el Ayuntamiento, gobernado entonces por un PSOE en minoría, decidió adjudicar la actuación a los propietarios del suelo constituidos en una Agrupación de Interés Urbanístico. Las obras de urbanización comenzaron en agosto de 2007 pero con este segundo pronunciamiento judicial vuelven a surgir las dudas entre constructores, promotores y propietarios de terrenos y pisos. En julio, con el primer auto del TSJ, el Ayuntamiento permitió que continuasen las obras con el fin de no estrangular el desarrollo urbanístico de la ciudad. En ese momento el equipo de gobierno y oposición cerraron filas en la defensa de la legalidad del Sector 9. Sin embargo el TSJ no parece verlo así.
AFECTADOS
El PP pidió tranquilidad
Este diario intentó ayer contactar en varias ocasiones con el concejal de Urbanismo para conocer la postura del Ayuntamiento tras este nuevo revés judicial. No fue posible, pero en julio pasado el edil Francisco Muñoz pidió tranquilidad a los afectados tras la primera resolución del TSJ suspendiendo el plan parcial. "En caso de que el auto sobre el Sector 9 fuera firme, algo que no sucede en estos momentos, no habría ningún problema en redefinir la zona y seguir adelante con la actuación", indicó entonces Muñoz que también aseguró que la ejecución del megaproyecto de la Nueva Elda tampoco corría ningún peligro "según los servicios jurídicos y los expertos consultados", dijo.
* Información - PÉREZ GIL - 20.09.2008
Foto: El Sector 9 de Elda, la principal zona de expansión de la ciudad donde está previsto construir un millar de pisos. JESÚS CRUCES, diarioinformacion.com
Menos coches, aire más sano
Ante el lema de la Semana Europea de la Movilidad, “Aire limpio para todos”, Ecologistas en Acción* quiere resaltar el tremendo efecto que tienen sobre nuestra salud las pautas de movilidad actuales, basadas en el uso creciente del automóvil. Efectivamente, como demuestran todos los estudios, la contaminación del aire en nuestras ciudades es causada sobre todo por los tubos de escape de los vehículos. Sus efectos son demoledores: hasta 16.000 muertes prematuras al año, según datos oficiales.
En un reciente estudio realizado por Ecologistas en Acción, se concluía que más de la mitad de la población española respira aire contaminado, esto es, aire que supera los niveles legales de contaminación o bien las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Esta situación, que origina fuertes daños a nuestra salud, tiene una causa clara: un modelo de transporte y de movilidad centrado prioritariamente en el automóvil. Y es que se calcula que cerca del 80% de la contaminación de las ciudades es debida al coche.
Los contaminantes más problemáticos en nuestras ciudades son las partículas en suspensión (PM10), que son las que más problemas de salud provocan, el dióxido de nitrógeno (NO2), y el ozono troposférico (O3). Todos ellos tienen como origen, en gran medida, los tubos de escape de los coches, en especial los diesel.
La única forma de conseguir reducciones en los niveles de contaminación pasa por la elaboración y puesta en práctica de planes de mejora de la calidad del aire, tal y como exige la ley. Estos planes, necesariamente, deben plantear restricciones al principal causante de la mala calidad del aire, el tráfico de automóviles. Una y otra vez se ha demostrado que es la única forma de garantizar el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a respirar un aire limpio.
Pero, como constantemente viene denunciando Ecologistas en Acción, existe una tremenda y llamativa pasividad de la mayor parte de nuestras administraciones ante este grave problema. Y eso que las cifras son demoledoras: más de 16.000 españoles mueren de forma prematura cada año a causa de la mala calidad del aire, una cifra que supone 5 veces más que los fallecidos en accidentes de tráfico.
Para Ecologistas en Acción, las políticas de movilidad más urgentes y necesarias deben ser simultáneamente de disuasión y estímulo. Disuasión del uso del coche mediante los múltiples mecanismos posibles (parquímetros, restricciones de acceso, peajes, no ampliación de carreteras, pacificación del tráfico…). Y, a la vez, estímulo de los medios más favorables (mejoras en el transporte público, con carriles exclusivos, itinerarios peatonales y ciclistas seguros, ampliación de aceras). Todo ello, en el marco de Planes de Movilidad Sostenible, que son una de las grandes carencias de nuestras ciudades, y la única forma de garantizar un aire limpio para todos.
Más información: ecologistasenaccion.org/sincoches
* Ecologistas en Acción - Transporte 17 de septiembre 2008
Foto: Semana Europea movilidad - ecologistasenaccion.org
La federación de colectivos vecinales se suma al rechazo del paso del trolebús por Ribalta
LEVANTE/Castelló* : La Federación de Asociaciones Ciudadanas de Consumidores y Usuarios ha manifestado su rechazo al paso del trolebús (Tram) por dentro del parque Ribalta -protegido como Bien de Interés Cultural- y cuestiona la "falta de transparencia e información a los ciudadanos" por parte del gobierno local (PP).
Así lo manifestó ayer el presidente del colectivo, Amalio Palacios, quien hizo hincapié en que tanto el ayuntamiento como la Generalitat Valenciana podrían y pueden estudiar trazados alternativos que respeten un parque tan emblemático para la ciudad. "Alternativas es evidente que hay y se podrían haber agotado las vías antes de meter las máquinas en Ribalta".
Asimismo, Palacios destaca que el gobierno local no ha contado con la opinión de los vecinos a la hora de diseñar este proyecto. "Deberían haber pedido opinión al Foro de Movilidad, a los vecinos y, además, haberlo expuesto al público para que los ciudadanos tuvieran la oportunidad de alegar y aportar también propuestas. Por el contrario, no ha habido transparencia y la información ha ido saliendo con cuentagotas".
La federación de colectivos vecinales (distintos a los que integran la Plataforma SOS Ribalta) también subrayó que, en el caso de que el trolebús atraviese finalmente el parque, exigirá al ayuntamiento que ejecute al mismo tiempo las mejoras requeridas por la Conselleria de Cultura a cambio del paso del Tram. "Si el trolebús atraviesa Ribalta, al mismo tiempo se tendrán que empezar las obras que pone como condición Cultura, porque es una obra para la ciudad y la ciudad tiene que sacar beneficios, no simplemente ver que se atraviesa el parque y que luego se incumplen durante años las mejoras del entorno, las peatonalizaciones de calles adyacentes, la reforestación de arbolado, etc.".
La resolución de la Conselleria de Cultura sobre el paso del bus guiado por Ribalta impone 15 condicionantes que todavía no se han cumplido por parte de la Generalitat Valenciana y explicita que previamente deberá aprobarse un plan especial de protección. "Es necesaria la redacción de un plan especial y, de conformidad con el mismo, desarrollar un proyecto conjunto de actuaciones, como las citadas anteriormente, destinadas a estudiar previamente la movilidad urbana, ordenar el tráfico y el aparcamiento de vehículos y a reforestar el Conjunto Histórico". Las medidas incluyen el derribo de la actual pérgola y la reconstrucción de la original, la restauración y peatonalización del paseo de Sant Vicent (actual calle Pérez Galdós), plantar arbolado en el entorno de la antigua estación (plaza de España, calle Llucena y avenida Barcelona), una restauración botánica del parque con el arbolado original del Paseo de Coches, la señalización vegetal de las entradas al parque, el arbolado del inicio del paseo Morella, eliminación y peatonalización de uno de los carriles del Paseo Ribalta Impares, reducción generalizada del tráfico en el conjunto histórico y la peatonalización de la calle Pintor Oliet para enlazar con la plaza Huerto Sogueros.
Por último, la autorización provisional de Patrimonio pone como condición la limitación de velocidad del trolebús dentro del parque a la de un coche de caballos y exige que se mejore la accesibilidad y la visualización de la plaza de toros (medida que en el propio informe de la comisión municipal incluye el derribo del actual muro del recinto taurino sin que exista un acuerdo previo con los propietarios).
* Levante-EMV - Nacho Martín - 20.09.2008
FOto: movilización vecinal. Los ciudadanos de Castelló recogen firmas para salvar el parque./ vicent gamir, levante-emv.com
Unos 300 ingleses claman en Cantoria por sus viviendas
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IDEAL/Almería* : Unas 300 personas, la mayoría ingleses, protagonizaron ayer una marcha por las calles de Cantoria, convocados por la Asociación Abusos Urbanísticos Almanzora No (AUAN) para expresar su rechazo a la actual política urbanística de la Junta en materia de viviendas ilegales construidas en el campo.
Al mediodía, los manifestantes recorrieron las principales calles del municipio para terminar concentrándose en la plaza de la Constitución, frente al Ayuntamiento. Marcharon con pancartas en las que exigían la legalización “¡ya!”de sus viviendas (en todo el valle del Almanzora se estima que hay unas 5.000 construidas en suelo no urbanizable), y se advertía de las repercusiones negativas para las economías locales si se producían nuevas demoliciones. «El inglés, el noruego, el irlandés, pero sobre todo los ingleses, que son mayoría, si no se resuelve este problema se irán a otros lugares con sol y buen vino, como Chipre y se gastarán su dinero allí y nunca más aquí, si no se le da la solución a sus viviendas que todos quieren», advertía, Bruce Hobdey, una de las voces de AUAN.
La marcha la presidió una gran pancarta en la que se leía «Un buen gobierno debe proteger a los inocentes»; en otras se se pedía al Plan General de Ordenación Urbana (en trámite) «que no nos castigue», y se advertía: «demolición igual a recesión», se desarrolló con toda normalidad y a la espera de noticias que tranquilicen a un colectivo preocupado, en gran medida, por la demolición de una vivienda en Vera y la amenaza sobre otras 23 en Cantoria a petición de la Fiscalía. Preocupaciones que las alimentan igualmente la escasa o nula infraestructura en algunas urbanizaciones, que hace que las viviendas dispongan de servicios tan básicos como la luz y el agua.
* Ideal - EMILIO PADILLA CHIRVECHES - 19.09.2008
Foto: PROTESTA. Un momento de la manifestación, ayer. E.P.C. - ideal.es
La rebelión del paisaje
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ELPAÍS/Reportaje* : Antes de la mirada, el paisaje era sólo territorio. La naturaleza en su estado más puro e ilimitado se convierte en paisaje a partir del momento en que es observada desde un determinado lugar y en la medida de lo visible. Por lo tanto, el paisaje es cultura y apreciación estética. Pero es también muchas cosas más. En las últimas décadas hemos asistido a un deterioro progresivo y a veces alarmante del paisaje, exacerbado por un crecimiento urbanístico descontrolado.
La preocupación ha llegado a rebasar los foros especializados -como la 5ª Bienal Europea del Paisaje que se celebra la próxima semana en Barcelona- hasta convertirse en una demanda social. Joan Nogué, director del Observatori del Paisatge y autor de libros como La construcción social del paisaje, piensa que se ha llegado a un límite. "Toda esa urbanización sin sentido ha causado una pérdida de identidad territorial. La gente se pregunta qué está pasando. Tanto localmente como en el contexto de la globalización. Todo eso causa en las personas desorientación, desasosiego, la sensación de que aquí hay algo que no funciona".
En esta situación es cuando aparece el Convenio Europeo del Paisaje, ratificado por España en noviembre de 2007. "La preocupación por el paisaje per se no se entiende si no es en este nuevo contexto del territorio. Se han removido las consciencias y se ha convertido en bandera de muchos sectores de la población y, finalmente, de la política también. Ha llovido cuando tenía que llover. Más que un debate estético, se ha convertido en una cuestión territorial y cultural. Sobre todo, el paisaje es un tema de debate cultural. Cuanto más culta es una sociedad, más respeta sus paisajes, conservando los elementos que le dan sentido y mejorándolo cuando es necesario", opina Nogué.
"El Convenio Europeo del Paisaje aporta una visión integral del paisaje y contribuye a su debate. De él se extrae que no sólo lo verde y lo natural es paisaje, sino que también lo es el paisaje metropolitano. También especifica que éste va más allá de lo estético y que su conservación implica una mejor calidad de vida, considerando el paisaje como objeto de derecho. Tenemos derecho a un paisaje bello y armonioso con el que nos sintamos identificados; no sólo el bucólico, sino también el creado por el hombre. En general, el convenio sienta algunas bases importantes y, sin ser los diez mandamientos, es un buen marco de actuación que ha sido ratificado por los Estados firmantes. Con ello se establece la necesidad de la participación de lo público y el establecimiento de unos instrumentos para la ordenación urbanística en respuesta al debate territorial", concluye Nogué.
Uno de los primeros pasos para pensar el paisaje en profundidad es conocerlo. A Rafael Mata Olmo y Concepción Sanz les llevó cinco años completar el Atlas de los paisajes de España, publicado en 2003 por el Ministerio de Medio Ambiente. Fue una de las primeras actuaciones a partir de la firma del Convenio Europeo. "Lo primero era hacer una valoración, una obra de síntesis", afirma Mata. "No partíamos de cero, contamos con experiencias y estudios de otros expertos, pero a ellos sumamos más de 250 jornadas de trabajo de campo con más de mil fotos realizadas por los autores en cada lugar. Las fotografías son un elemento importante de este libro", insiste. "Ahora, en las comunidades autónomas se ha disparado el interés por el tema y me parece muy buena idea. Hay que ir generando una cultura del paisaje".
Como catedrático de Geografía, Mata considera que la sociedad de hoy "reclama que se vele por el paisaje percibido, por una percepción del territorio como parte de su identidad". "El territorio sufre enfermedades que se perciben a través de los paisajes. Hasta ahora no hemos querido prestar atención a los grandes paisajes, sino sólo a los más próximos, a los pequeños. En España hay una gran diversidad: 1.262 tipos de paisajes. Lo que se busca es una armonía entre la historia y la naturaleza". Su diagnóstico, sin embargo, no es pesimista. "El nivel medio de conservación de los paisajes en España es aceptable. Se sitúa en el límite del desarrollo sostenible. Lo importante es que los cambios no hagan que los paisajes pierdan su carácter. El paisaje no se entiende sin la acción humana. Vivimos en una naturaleza humanizada".
La 5ª Bienal Europea del Paisaje, que empieza el jueves, ha invitado en esta ocasión a filósofos como Gilles Lipovetsky o analistas políticos como Josep Ramoneda, junto a arquitectos, teóricos, proyectistas y profesionales de otras disciplinas. Jordi Bellmunt, uno de los organizadores, lleva una década dedicado a este tema. "En los países nórdicos se avanzaba en estos asuntos, pero consideramos que el paisajismo mediterráneo tenía características muy distintas. Los problemas de agua, turismo, litoral o la recuperación de espacios públicos requerían otras respuestas. Ahora se ha convertido en un tema emergente", dice. "Ya en la pasada bienal empezamos a notar que la sociedad reclamaba soluciones a esta crisis del paisaje. Una crisis que parte de los cambios de uso de las ciudades, que han desembocado en una crisis social, urbanística, ambiental y también arquitectónica. De manera que en esta edición hemos convocado mesas redondas multidisciplinares para evaluar dónde se encuentra el paisaje contemporáneo".
Tres días de conferencias y mesas redondas, cinco exposiciones y el resultado del premio europeo Rosa Barba pretenden contribuir a buscar soluciones viables. Una iniciativa que parte de un colectivo, el de los arquitectos, al que se ha achacado parte de los problemas. "Parecía que en arquitectura sólo importaban el negocio y una construcción que repetía los modelos más conservadores. La crisis del sector que vivimos ahora tendrá un lado positivo. Será para el bien del paisaje y de la sociedad. Este parón permitirá planificar con calma los futuros crecimientos", sentencia Bellmunt.
No son los únicos en alimentar el intercambio de ideas. En octubre, del 16 al 19, se desarrollará en Alcalá de Henares otro encuentro internacional titulado Paisajes culturales: herencia y conservación, organizado por la Asociación Europea para el Estudio de la Literatura, Cultura y Medioambiente (EASLCE). Pero en España, el debate sobre el paisaje se desarrolla desde hace tiempo también en otros foros, como el de la estética. La Fundación César Manrique, en Lanzarote, lleva desarrollando una serie de actividades en torno a la relación del arte con el paisaje desde 1990. El artista canario, fallecido en 1992, fue un precursor en el compromiso con el entorno natural, y éste se ha mantenido a través de su legado y una política de actuaciones en defensa del entorno de las islas, así como el de exposiciones con artistas interesados o vinculados al paisaje y el territorio. En Vejer de la Frontera, Cádiz, la Fundación Montenmedio de Arte Contemporáneo (NMAC) sigue ese ejemplo y ha ido encargando esculturas a artistas como Marina Abramovic, Sol Lewitt, Maurizio Cattelan, Pilar Albarracín o Susana Solano instaladas en un parque protegido.
Por otro lado, el Centro de Arte y Naturaleza (CDAN) de Huesca desarrolla desde 2006 encuentros anuales bajo el lema Pensar el paisaje. También desarrolla un programa de invitación a artistas internacionales para que hagan intervenciones o esculturas situadas en la provincia de Huesca. Hasta ahora han desarrollado seis proyectos en distintos lugares elegidos por los propios artistas. En este momento, Per Kirkeby tiene en marcha el séptimo plan. El arte transforma, señala, interroga y enriquece la naturaleza. Según su directora, Teresa Luesma, "todo paisaje es una construcción cultural sobre el concepto de lugar". Y explica: "El portugués Alberto Carneiro, por ejemplo, ha hecho una pieza en Belsué, un lugar alejado de las rutas habituales. Allí ha construido un cuadrado, una especie de arquitectura poética, que queda rodeado por vegetación y montañas, creando una especie de mandala, un centro del mundo. Con eso quiero decir que al incorporar el patrimonio contemporáneo es posible atravesar diferentes paisajes. En total serán entre 10 y 12 obras. La idea no es llenar el territorio de obras de arte, sino estudiar el territorio y también la escultura contemporánea".
Quizá porque el arte, de alguna manera, ofreció un punto de partida para la definición y popularización del paisaje, son los artistas los que aportan visiones a veces críticas, a veces renovadoras, de esa visión sobre lo que nos rodea. Lara Almarcegui viene trabajando desde hace cinco años en series sobre solares abandonados. "Mi trabajo sobre los descampados está claramente en contra de la arquitectura", manifiesta esta artista zaragozana residente en Rotterdam. "Hay demasiadas construcciones, todo está racionalizado en las ciudades; por eso veo los descampados como lugares para respirar. Son lugares neutros, amorales, abiertos a cualquier cosa. Hay quien puede percibirlos como sitios de abandono y de peligro, pero no lo son. Son los espacios que la ciudad no quiere, los lugares que los políticos y constructores desechan. Llevo años haciendo guías por los descampados de diferentes ciudades, rutas que llevan de uno a otro desde 2003. También he puesto en marcha propuestas para que estos descampados se preserven como están. Acabamos de conseguirlo en Rotterdam, donde se conservarán tal como están durante 15 años".
También Xavier Ribas trabaja con lo que se oculta. Su serie Estructuras invisibles recoge lugares en la selva de Guatemala que ocultan las ruinas de antiguas construcciones precolombinas. La naturaleza vence al urbanismo. "En Estructuras invisibles quise poner énfasis en esta dimensión histórica del paisaje a partir de unas imágenes que parecen tener más que ver con una naturaleza inmemorial. Estructuras invisibles quiere cuestionar la contraposición de conceptos como naturaleza y cultura, ciudad y campo, centro y periferia. También es una especie de alegato en contra de la dictadura de la ruina y del monumento como expresión única de lo histórico", afirma Ribas. "Me interesa el paisaje, sobre todo como expresión de las relaciones sociales que lo han hecho posible. Diríamos que el aspecto geológico del paisaje me interesa poco, o casi nada, en comparación con su dimensión histórica o biográfica. Para mí, el paisaje es un contenedor de residuos de acciones y acontecimientos presentes y pasados que subsisten como ruinas visibles o como rastros imperceptibles. La fotografía se nos presenta como una herramienta idónea para reflexionar en torno al sentido político y social de estos residuos".
En un juego entre el pasado y el presente de la pintura, José Manuel Ballester ha despojado de personajes una serie de cuadros del Museo del Prado, quedándose sólo con los fondos. Expone sus fotos en la galería Distrito 4, de Madrid, bajo el título de Espacios ocultos. "Todo depende de la mirada, lo que antes quedaba detrás cobra una nueva dimensión. Lo narrativo ha dominado demasiado tiempo el espacio del cuadro. En el romanticismo había un diálogo con el paisaje que daba pistas sobre las emociones que producía. En cierta medida, eran también paisajes interiores con elementos traídos de la naturaleza", afirma. Al desnudar los clásicos, se encuentra Ballester con juegos estilísticos interesantes. "Los cuadros de Botticelli parecen pintados por El Aduanero Rousseau, los del Bosco parecen de Walt Disney. Lo que se ocultaba queda en evidencia".
Ballester ha trabajado temas en relación con el paisaje desde hace tiempo. "Los paisajes antiguos estaban llenos de códigos muy complejos. Parecían paisajes naturalistas, pero ocultaban una serie de símbolos de gran carga alegórica. Ofrecían una forma de ver el mundo con los ojos de la sociedad a la que pertenecían. Su forma de ver el paisaje es su forma de ver la realidad".
* ELPAIS.com - FIETTA JARQUE 20/09/2008
Foto: Andratx (Mallorca)- TOLO RAMÓN, elpais.com
Prado del Rey: apología de la especulación urbanística
JUAN CLAVERO/EcologistasEnAcción/Cádiz* : En pleno siglo XXI, y cuando en todos los ámbitos se apuesta por el desarrollo sostenible, el Ayuntamiento de Prado del Rey promueve un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que responde a una política urbanística y turística obsoleta, a imitación del urbanismo especulativo que se ha impuesto en muchos municipios, con su indeseable secuela de impactos ambientales, ilegalidades y corrupción. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado sentencia anulando el PGOU de Prado aprobado por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CPOTU) en julio de 2007.
Esta sentencia ha sido celosamente ocultada por el alcalde de Prado. ¿Por qué? Los ciudadanos tienen derecho a saber a qué intereses responde la actuación de sus representantes y si se atiene a la legalidad. No es cierto, como asegura el alcalde, que esta anulación sea sólo de una "aprobación parcial". La sentencia (que se puede consultar en www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article12136) falla contra la referida aprobación de la CPOTU, concluyendo que "debemos anularla y la anulamos".
El alcalde intenta obviar la gravedad de haber aprobado un PGOU que ha sido declarado ilegal y asegura que con posterioridad, en abril de este año, han aprobado otro que es legal y está en vigor. Pues bien, si este Plan es "nuevo", le es de aplicación toda la nueva normativa urbanística aprobada por la Junta y el Parlamento de Andalucía, como la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), el Decreto 43/2008, de 12 de febrero, regulador de los campos de golf, o la Agenda 21 de Andalucía. Este PGOU trasnochado no cumple ninguna. Si estas normas estipulan que los desarrollos urbanísticos deben realizase en el entorno de los núcleos urbanos existentes, que deben optimizar y reducir al mínimo el consumo de recursos naturales (suelo, agua, paisaje…), que el turismo debe potenciarse en base a equipamientos de alojamientos y no de promociones residenciales… ¿cómo se entiende que el Ayuntamiento de Prado vaya en la dirección contraria? Ecologistas en Acción presentó alegaciones -al negarlo, el alcalde miente- contra el PGOU de Prado en base a los mismos argumentos que han llevado a su anulación. El Ayuntamiento las rechazó sin justificación de ningún tipo. El PGOU contempla la recalificación de dos millones de metros cuadrados para construir 2.151 nuevas viviendas, cuando el crecimiento demográfico de Prado, que actualmente tiene 6.000 habitantes, se estima en menos de 500 nuevos habitantes hasta el 2015. Mientras que el POTA no permite incrementos de suelo urbanizable superiores al 40%, ni de población superiores al 30% en ocho años, el PGOU triplica los suelos urbanizables y prevé duplicar la población. ¿Esta es la legalidad que defiende el alcalde? Lo curioso es que cuando Ecologistas en Acción ha presentado una demanda ante el TSJA solicitando la anulación del PGOU, el abogado de la Junta ha contestado al Tribunal que ya está anulado, por lo que pide que no se admita nuestra demanda. ¿En qué quedamos?
Hay dos actuaciones en el PGOU que sólo se explican por la sumisión a los intereses especulativos privados. El Plan Parcial "Los Castillejos", con una superficie de 798.212 m2, incluye un campo de golf y 400 viviendas. La propia CPOTU estimó que este modelo urbanístico incumple la LOUA y el POTA, que prescriben "un modelo de ciudad compacta, evitando procesos de expansión indiscriminada". Poco antes de que el Ayuntamiento aprobara el campo de golf, la empresa promotora le "donó" 300.000 euros. Sospechoso, ¿no? Y, ¿de dónde van a sacar el agua si Prado padece restricciones? De la depuradora no, porque Prado ni tiene. Especial gravedad reviste la recalificación de una amplia zona del Parque Natural Los Alcornocales, nada menos que 581.064 m2. El Ayuntamiento lo justifica para regularizar el medio centenar de viviendas ilegales existentes (construidas con su complacencia, claro), pero se pretenden construir, además, casi un centenar más, un hotel, un geriátrico…, y todo en un espacio protegido por leyes andaluzas y europeas. Un auténtico escándalo.
Si el alcalde no tiene paciencia para asimilar las fundadas denuncias contra las ilegalidades urbanísticas, o que entidades como Ecologistas en Acción informen verazmente a los ciudadanos, le quedan dos opciones: o dimitir o hacerse adicto a la tila. Sabe de sobra que de nada le van a servir sus amenazas ni sus ataques personales. No nos va a callar. Otros correligionarios suyos lo intentaron antes, y fracasaron.
La única opción de futuro para Prado del Rey es priorizar las viviendas de protección oficial, las sociales y las destinadas a jóvenes, y promocionar un turismo de alojamientos; y todo ello en el interior y en el entorno del actual núcleo urbano, potenciando la ciudad existente, garantizando el desarrollo sostenible y la conservación de su valioso patrimonio natural, paisajístico, arquitectónico y etnológico.
* Diario de Cádiz - Opinión - 18.09.2008
Castro Urdiales: El juez acusa de prevaricación a Muguruza y a otros seis ediles del anterior equipo de gobierno
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ELDIARIOMONTAÑÉS* : El Juzgado de Instrucción nº2 de Castro Urdiales ha acusado al alcalde, Fernando Muguruza, y a seis ediles del anterior equipo de gobierno de dos delitos de prevaricación por presuntas irregularidades en la adjudicación de las obras del túnel de Mioño y del mercado de la ciudad.
En un auto dado a conocer hoy, el titular de este juzgado amplía la imputación por este delito al secretario municipal cuando se ejecutaron esas obras, en 2004, al interventor y a un técnico del Ayuntamiento.
Además, el juez acusa al entonces concejal de Obras y actual portavoz de IU, Salvador Hierro, y al ex edil del PRC Jaime Díez Muro de sendos delitos de tráfico de influencias en la adjudicación de dichas obras.
* El Diario Montañés - EFE - 19.09.08
Foto: Castro Urdiales (Cantabria) - eldiariomontanes.es
Investigan a la alcaldesa de Barbens por delito urbanístico
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LAMAÑANA/Lleida* : El Ministerio Fiscal ha abierto diligencias informativas relativas a una presunta irregularidad urbanística cometida en el municipio de Barbens y atribuible, siempre supuestamente, a la alcaldesa del pueblo la convergente Maria Dolors Gabarra y a la secretaria municipal.
El origen de la investigación de Fiscalía proviene de una denuncia interpuesta por una veintena de vecinos acompañados de dos ex alcaldes de Barbens y un ex regidor del Partido Popular. Joan López, alcalde entre 1979 y 1983, y Ramon Solé, que también fue edil desde 1983 a 1999, junto al ex regidor del PP Rogelio Riverola denunciaron a finales del mes de julio de este año ante la dirección general de Urbanismo a la alcaldesa y a la secretaria municipal.
Según los citados ex políticos y la veintena de vecinos de Barbens, Gabarra y la secretaria municipal favorecieron, supuestamente, a sus respectivas familias en el nuevo plan de ordenación urbanística. La denuncia presentada asegura que más del 50% de las nuevas zonas urbanizables previstas en el Plan de Ordenació Urbanística Municipal corresponden, supuestamente, a las familias de la alcaldesa y la secretaria.
Fiscalía también investiga otra supuesta alteración urbanística que hicieron pública los mismos denunciantes al cuestionar una licencia de obras otorgadas por el ayuntamiento por una instalación eléctrica presuntamente ilegal. Al parecer, el citado equipamiento evacua la energía de una planta solar fotovoltaica instalada en el tejado de un almacén cercano. La obra, situada en la orilla de la carretera de Ivars d’Urgell, está situada, según la denuncia, a menos de cuatro metros de la carretera cuando la normativa municipal establece una distancia mínima de 15 metros.
Los denunciantes aseguran que la citada instalación se ejecutó sin el informe técnico preceptivo y sin ningún informe de la comisión territorial de urbanismo. Además aseguran que en el citado inmueble se esconde una vivienda ilegal donde pueden llegar a dormir más de 20 personas.
LEste rotativo se puso en contacto ayer con Gabarra la cual aseguro no haber recibido ninguna noticia de la investigación y por tanto declinó hacer declaraciones.
Alcarràs y Vilaller
Ayer este rotativo aseguraba que los agentes de la Unidad Especial de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil de la Comandancia de Lleida acusaron a otras dos personas por presunto delito urbanístico en el municipio de Alcarràs, dentro de la investigación que está llevando a cabo la Guardia Civil en el municipio, conjuntamente con la Fiscalía.
En el diario de ayer LA MAÑANA publicaba en exclusiva que Fiscalía ha imputado a los seis concejales del ayuntamiento de Vilaller que votaron a favor de la polémica licencia urbanística en la que se aprobó la permuta y segregación de los terrenos de la nave de Monthidro de propiedad municipal y lindante a los bloques de Mercè y Lavaix de Vilaller. La citada nave es una zona de equipamientos del consistorio y gracias a la licencia se pretendía, supuestamente, no sólo ampliar la zona de equipamientos, sino aprovechar para construir una promoción de pisos encima de los bajos sin que se hubiera recalificado antes el terreno.
Fuentes vecinales aseguran que la licencia urbanística no contaba con el beneplácito ni de la asesoría jurídica del ayuntamiento ni del técnico municipal. Aún así, se decidió seguir adelante con la licencia, pese a no haber aprobado el correspondiente Plan de Ordenación Urbanístico Municipal. Según fuentes cercanas al caso la licencia se adjudicó, con múltiples presuntas irregularidades. Entre otras apuntan a que no se segregó el terreno, no se realizó exposición pública, no se publicó en ningún boletín y además se realizó una adjudicación directa a un constructor que trabajaba con el concejal de cultura del Ayuntamiento de Vilaller. El alcalde y cinco concejales podrían sentarse en el banquillo.
* La Mañana - A.L.C. 2008-09-19
Foto: Barbens (Lleida) - pueblosespana.net
El Coronil: El fiscal ve indicios de prevaricación en la adjudicación de 287 VPO por el ex alcalde
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DIARIODESEVILLA* : La Fiscalía de Sevilla ha apreciado indicios de un presunto delito de prevaricación administrativa en la adjudicación de un contrato por valor de 430.500 euros que José Antonio Núñez (IU), ex alcalde de El Coronil, realizó como presidente de la sociedad municipal Sodecor en vísperas de las elecciones municipales de 2007 sin que mediara concurso público.
El objetivo del contrato era la ejecución y dirección de obras para la construcción 287 viviendas protegidas en la urbanización Los Barros.
La resolución de la Fiscalía, que tiene fecha del 8 de septiembre, se produce después de la denuncia que el nuevo equipo de gobierno , del PSOE, interpuso en el mes mayo de 2007, en la que informaba de la operación supuestamente irregular. Las obras se adjudicaron a la empresa B&C Gabinete de Ingeniería Agroindustrial. El regidor socialista, Jerónimo Guerrero, explicó que tomó la decisión de acudir a los tribunales después de que el entonces secretario de Sodecor y del Ayuntamiento le certificara que no tenía conocimiento de la operación.
Entonces, el ex alcalde de IU defendió que se trataba de una promoción de viviendas de la Junta y que todo se resolvió mediante un proceso negociado sin publicidad, perfectamente legal. Incluso, anunció que se iba a querellar contra el PSOE por imputarle públicamente supuestas anomalías urbanísticas.
De momento y tras las indagaciones realizadas, la Fiscalía ha remitido la documentación al Juzgado de instrucción decano de Utrera "para la incoación de las correspondientes diligencias en depuración de responsabilidades de orden penal a que hubiere lugar".
Todo ello, "al entender que tras las actuaciones practicadas -señala la Fiscalía- resultan indicios sobre la comisión de un presunto delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal". La denuncia del actual alcalde sostiene que pocos días antes de las últimas elecciones municipales, en las que IU perdió la Alcaldía en favor del PSOE, se adjudicó el contrato a la citada empresa en un Pleno y gracias a la mayoría absoluta de IU.
El contrato se adjudicó "a dedo" y sin pasar por ningún tipo de concurso, según el PSOE. Guerrero indica que la sociedades municipales están sometidas a la misma ley que los ayuntamientos a la hora de adjudicar contratos administrativos, que tienen que someterse a concurso público siempre que superen los 12.000 euros.
* Diario de Sevilla - R.P. - 19 de septiembre de 2008
Foto: El Coronil (Sevilla) , ayuntamiento - uvitelonline.es
La CE amenaza con llevar las irregularidades del IVVSA a los tribunales
ELPAÍS/Valencia* : La falta de transparencia de algunas actividades del Instituto Valenciano de la Vivienda, S A (IVVSA), y de Actuaciones Urbanas de Valencia, SA (AUMSA), lleva camino de acabar en el banquillo del Tribunal de la Unión Europea. En cuestión se hallan las tareas de ordenación urbanística encomendadas por esas dos empresas públicas a otras mixtas creadas por ellas a mediados de la década.
Bruselas ha enviado una nueva solicitud de información a las autoridades españolas, que si no es respondida a satisfacción, acabará ante el tribunal de Luxemburgo.
Bruselas lleva desde 2006 analizando el proceso de selección de accionistas y adjudicación de contratos públicos por parte de ambas sociedades, con capital controlado al 100% por la Generalitat y por el Ayuntamiento de Valencia, a la sociedad Cabanyal 2010, creada con empresas privadas para ejecutar el plan de la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez. Fuentes comunitarias no quisieron ayer confirmar si el nuevo apercibimiento se refería sólo a Cabanyal 2010 o se extendía a otras sociedades, en el que se encuentra también el IVVSA, como indicaba el comunicado en que se daba cuenta del envío de un dictamen motivado a España sobre el caso. Las empresas que entraron en la sociedad mixta del Cabanyal decidieron hace unos meses vender su participación por la crisis inmobiliaria.
En la jerga comunitaria, un dictamen motivado es el segundo paso en un procedimiento de infracción, una vez que el primero (carta de emplazamiento) no ha recibido respuesta satisfactoria. Las autoridades españolas tienen ahora dos meses para replicar a la información recabada. Ese plazo oficial suele ser más amplio en la práctica. El análisis por parte de los servicios de la Comisión de la respuesta recibida lleva también un tiempo, lo que permite vaticinar que hasta bien entrado 2009 Bruselas no decidirá sobre si definitivamente sentar a España en el banquillo de Luxemburgo.
Alega el comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, que el IVVSA y AUMSA crearon con accionistas privados sociedades mixtas a las que asignaron tareas de ordenación urbanística con cargo al erario público en violación de las directivas europeas sobre contratación pública, en particular materia de publicidad, y del principio de igualdad. Fuentes del Consell aseguraron ayer no tener "noticia formal" del dictamen.
* ELPAIS.com - R. M. DE RITUERTO - Bruselas - 19/09/2008
Foto: parlamento-europeo - provincia cremona it
Los vecinos de Les Corts quieren equipamientos y no pisos en los terrenos del Miniestadi
LAVANGUARDIA/Barcelona* : La recalificación de los terrenos del Miniestadi sigue generando polémica. La contrapropuesta realizada por el Ayuntamiento al Barça no acaba de agradar a los vecinos que piden que este espacio se destine a equipamientos. "La legislación marca esta zona como equipamiento y queremos que se construyan de forma exclusiva equipamientos", sentencia Adela Agelet, secretaria de la Asociación de Vecinos de Les Corts.
Según el documento de trabajo del consistorio en los terrenos del Miniesadi se propone crear un parque que divida la zona residencial de la deportiva y que permitirá la construcción de unas 1.000 viviendas libres y más de 600 protegidas junto a una gran zona verde, tal como informa La Vanguardia.
La propuesta también prevé la construcción de un CAP, una guardería y un CEIP, equipamientos insuficientes para el déficit de servicios del barrio, según manifiestan los residentes.
Falta de transparencia
Otra queja de los vecinos es la falta de transparencia del Ayuntamiento durante todo el proceso.El próximo 30 de septiembre tienen prevista una reunión con el consistorio para tratar este asunto pero a día de hoy todavía no habían recibido la documentación necesaria pese haberla pedido en varias ocasiones.
"El Distrito no ha tenido una actitud próxima y ha patinado. Nos hemos tenido que enterar a través de una filtración de la prensa cuando siempre nos comentaban que no había nada oficial. Estamos decepcionados", explica Agelet.
Por su parte, el Ayuntamiento ha destacado que el proyecto todavía no está cerrado y que tratará de buscar el consenso con los vecinos y el resto de los grupos municipales. Las principales diferencias entre el consistorio y el Barça se centran en aspectos cuantitativos referidos al número de metros cuadrados destinados a viviendas, equipamientos y zonas verdes.
En concreto, el plan municipal, tal como se recoge en La Vanguardia, cifra en 80.000 metros cuadros destinados a vivienda libre, 50.000 metros cuadrados de vivienda protegida, 15.000 metros cuadrados de hoteles o terciario, 36.413 metros cuadrados de zonas verdes, y 7.464 metros cuadrados de equipamientos sociales.
* La Vanguardia - J. Sancho | 18/09/2008
Foto: Barcelona, el Camp Nou desde el aire - Domenec Umbert, elmundo.es
El tranvía por la Diagonal
ORIOL BOHIGAS* : No he sido un entusiasta de los nuevos tranvías en Barcelona. Pero tampoco estoy en contra. Simplemente, creo que la solución radical del tráfico urbano es el metro, o sea, el incremento y la mejora de la red subterránea. Pero ahora que ya existen dos líneas de tranvía instaladas, comprendo que el ayuntamiento se plantee la forma de optimizarlas.
Un primer paso es la unión de las dos líneas con un nuevo tramo Macià-Glòries. La operación es complicada y muy comprometida porque puede suponer un cambio radical de unas formas urbanas que hasta ahora han sido la identificación de casi dos siglos de historia de Barcelona, a pesar de todos los cambios sociales y estructurales.
Apunto a continuación cuatro observaciones, no referidas al proyecto preciso, que no conozco en detalle, sino a la envergadura global de la operación urbanística.
PRIMERA: el itinerario del nuevo enlace. Supongo que se han realizado estudios serios sobre los itinerarios posibles y seguramente la Diagonal sea una solución menos complicada que las que exigen interferencias demasiado forzadas en el tejido del Eixample. Sin embargo, es la más comprometida puesto que va a cambiar radicalmente uno de los ejes más importantes de la vida ciudadana, en el que se mezclan aspectos funcionales, sociales y simbólicos. Es decir, esta solución implica modificar toda la sección transversal de la Diagonal, el eje esencial de la Barcelona moderna.
Segunda: la transformación de la avenida. Habrá pues que imaginar otra Diagonal y, por tanto, a la operación del tranvía se sumarán las discusiones sobre la viabilidad en sí misma. ¿Qué Diagonal queremos? ¿Cómo podemos recuperar la vitalidad sumando nuevos escenarios para el tráfico mecánico y los viandantes? Porque, evidentemente, hay muchos aspectos que ahora no funcionan bien: la poca operatividad de los carriles laterales, la ausencia de viandantes en los paseos centrales, las interferencias torpes con las vías para bicicletas, las aceras insuficientes o distantes que no permiten un gran eje comercial, la excesiva densidad de coches, la disminución de usos residenciales, las contradicciones funcionales por falta de definición de prioridades, etcétera. Son problemas que por sí solos --al margen de la incorporación del tranvía-- exigirán soluciones. Es conveniente por lo tanto estudiarlos no solo atendiendo a la suma de los diversos --y contradictorios-- intereses de los usuarios particulares, sino a las necesidades de toda la colectividad ciudadana. Quiero decir que todo lo que puedan pedir los directamente afectados --vecinos, comerciantes, asentamientos terciarios, hoteles, instituciones-- debe filtrarse a través de una visión más general con larga perspectiva. Pensemos que con estas modificaciones, marcaremos un nuevo esquema general de la ciudad, por lo menos para todo un siglo.
Tercera: el respeto a los elementos que a lo largo del tiempo han dado una significación a la avenida y que han marcado una relación formal y funcional con el entorno del Eixample. Sería conveniente no perder algunos elementos que han sido permanentes a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el rol de entrada significativa --y monumental-- a la ciudad desde poniente, gracias a una sección longitudinal que establece una continuidad urbana fácilmente legible, reforzada por la puntualización de unas cuantas plazas que, al mismo tiempo, resuelven la coordinación con la ortogonalidad del Eixample: Macià, Joan Carles I, Verdaguer y Glòries.
Sería un error que estos escenarios perdiesen sus valores --los que tienen y los que pueden todavía asimilar-- con el nuevo trazado del tranvía. Y también podría ser un error la eliminación de una parte del arbolado existente, problema que veo difícil de resolver si no se dulcifica con una nueva cualidad paisajística de gran envergadura. Los árboles alineados de la Diagonal se plantaron alternando especies de hoja persistente de vida lenta y especies de hoja caduca de vida más rápida, de modo que en todas las etapas de crecimiento la masa arbórea tuviese presencia formal prioritaria.
Ahora que todo ha crecido, es un paisaje de palmeras y plátanos muy característico que quizá habría que defender. Por último, el problema más importante: siempre ha sido conflictiva la relación espacial y circulatoria entre la diagonalidad y la ortogonalidad de las manzanas. No sería bueno que el nuevo trazado afectase a la actual independencia relativa de los dos sistemas, en perjuicio de la calidad contundente y ejemplar del Eixample.
CUARTA: la imposición de una autoría creativa, personalizada y responsable. Hay que tener en cuenta que la Diagonal central es --y será, pase lo que pase-- el mayor y más significativo espacio público del centro de Barcelona. Y, por tanto, debe ser cuidadosamente diseñado no solo desde el punto de vista funcional, sino también como paisaje urbano.
Sería un error que el proyecto fuese solo una simple consecuencia lineal de diversos estudios de funcionamiento y rentabilidad o de la necesidad de empujar las cuentas de explotación de la sociedad concesionaria del tranvía. Pueden ser bases informativas para el proyecto, pero este tiene que ser una obra científica y una obra de arte. Es preciso encontrar a los científicos y a los artistas que lo creen y lo firmen. Hace unos años, el Ayuntamiento de Barcelona se acreditó internacionalmente por confiar sus obras de urbanismo a profesionales de reconocida solvencia.
Ahora es el momento de volver a aquello. Hay que encargarlo a un buen equipo de arquitectos, paisajistas, artistas, geógrafos, analistas sociales --con los apoyos especiales de las ingenierías--, de exigir resultados rentables pero indicadores del retorno a una cultura innovadora en el proyecto del espacio urbano. Tenemos que lograr que la nueva Diagonal sea un paso revolucionario en la historia de los espacios públicos, como en su tiempo lo fueron la plaza de Els Països Catalans, el Moll de la Fusta, el Escorxador, la Espanya Industrial, la Creueta del Coll, la avenida Icària, el parque del Clot, la Vía Júlia...
* Arquitecto
* El Periódico - Opinión - 18/9/2008
Valladolid: El ex concejal de Urbanismo García de Coca declara como imputado por las manipulaciones del PGOU
ELNORTE* : El magistrado de Instrucción nº1 de Valladolid ha citado a declarar mañana, viernes, al ex concejal del Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid, José Antonio García de Coca, en relación con la investigación que lleva a cabo por las manipulaciones en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el año 2003, que han supuesto incrementos de edificabilidades y cambios de uso del suelo en algunas áreas de la capital vallisoletana.
El que fuera edil de Urbanismo entre los años 2003 y 2007, y hoy profesor de Derecho de la Universidad de Valladolid, ha sido citado como único imputado hasta el momento por este caso, que fue denunciado por el Grupo Municipal Socialista ante la Fiscalía de Valladolid a comienzos de este año. Según el PSOE, varios de los planos que se entregaron a la Consejería de Fomento para su revisión después de que el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid hubiese acordado una nueva redacción del Plan General, habían sido alterados, lo que ha supuesto un beneficio para algunos de los propietario y promotoras dueños de dichos solares.
Uno de los ejemplos corresponde al plano 54-07 de la avenida de Madrid donde una alteración permitió un posterior estudio de detalle, que significó las edificación de 124 pisos donde sólo se preveían nueve casas. La supresión de la condición de parcela mínima de 2.000 metros cuadrados, llevada a cabo entre el Pleno de la capital y la aprobación definitiva por parte de la Junta de Castilla y León, conllevó, según la denuncia socialista, una edificabilidad de 18.704 metros cuadrados.
Las modificaciones también afectaron a un edificio de la plaza de la Rinconada, en la esquina con Correos, y al solar de Cáritas en la calle Simón Aranda.
A comienzos de este mes, el magistrado exigió al Grupo Socialista una fianza de 45.000 euros para permitir la personación como acción popular. El PSOE ha recurrido este auto judicial por considerar elevada la cantidad reclamada para estar presente en esta investigación en la que se espera que declaren también funcionarios.
* El Norte de Castilla - 18.09.08 - J. MORENO
Foto: Valladolid, ayuntamiento plaza mayor - wikipedia.org
Seis de los siete ediles de Vilaller, imputados por delito urbanístico
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LAMAÑANA/Lleida* : Fiscalía ha imputado a los seis concejales del ayuntamiento de Vilaller que votaron a favor de la polémica licencia urbanística en la que se aprobó la permuta y segregación de los terrenos de la nave de Monthidro de propiedad municipal y lindante a los bloques de Mercè y Lavaix de Vilaller.
La citada nave es una zona de equipamientos del consistorio y gracias a la licencia se pretendía, supuestamente, no sólo ampliar la zona de equipamientos, sino aprovechar para construir una promoción de pisos encima de los bajos sin que se hubiera recalificado antes el terreno.
Fuentes vecinales aseguran que la licencia urbanística no contaba con el beneplácito ni de la asesoría jurídica del ayuntamiento ni del técnico municipal. Aún así, se decidió seguir adelante con la licencia, pese a no haber aprobado el correspondiente Plan de Ordenación Urbanístico Municipal. Según fuentes cercanas al caso la licencia se adjudicó, con múltiples presuntas irregularidades. Entre otras apuntan a que no se segregó el terreno, no se realizó exposición pública, no se publicó en ningún boletín y además se realizó una adjudicación directa a un constructor que trabajaba con el concejal de cultura del Ayuntamiento de Vilaller.
El Ministerio Fiscal acusó en abril de 2007 de delitos de urbanismo y tráfico de influencias, al alcalde Jaume Monsó y al concejal de Cultura, Marc Moreno, pero sus investigaciones han llevado a considerar, supuestamente, que todos aquellos regidores que participaron en el pleno de mayo de 2006 que dio luz verde a la polémica licencia. Se da la circunstancia que el pleno lo conforman siete regidores y seis serán los imputados en la causa. El único que no participó en la votación porque, por causas que se desconocen, no se presentó al pleno fue el concejal de Urbanismo, Pere Palacín, del equipo de gobierno y que milita en el partido Independents per Vilaller. Con la excepción de Palacín, el resto de concejales han sido imputados por la Fiscalía. Los acusado son del equipo que entonces gobernaba, Independents per Vilaller, el alcalde Jaume Monsó y los concejales Marc Moreno, Manuel Roque y Joaquín Ginés. La acusación pública también ha imputado a los dos concejales de la oposición los cuales también votaron a favor de la citada licencia. Los imputados son el concejal por CiU, Josep Torrobella, y el socialista Manuel Rodríguez. En total, el Ministerio Fiscal acusa a seis concejales por participar en una, presunta, votación ilegal y por delitos urbanísticos y de tráfico de influencias.
Todos prestaron declaración en el Juzgado de Tremp y se limitaron a exculparse del presunto pelotazo urbanístico. Incluso alguno llegó a asegurar que cuando “menos fue curioso que el concejal de urbanismo no estuviera presente” en el pleno donde se aprobó el irregular Plan de Ordenación Urbanística.
Además, la presunta obra ilegal fue adjudicada , presuntamente, a una empresa que, a su vez, subcontrató a otra empresa, propiedad del concejal de cultura, Marc Moreno.
En agosto de 2006, en un pleno, el ayuntamiento comunicó la intención de expropiar el vial que une la nave y los bloques de Mercè y Lavaix y los vecinos acordaron presentar una denuncia a Fiscalía.
Tras la imputación efectuada por Fiscalía el alcalde, Jaume Monsó , aseguró, en su días, estar muy tranquilo porque “al parecer no hice bien lo de dar la licencia, pero yo sólo quise dar unos equipamientos al municipio como es un centro de día”. En cuanto a la acusación delictiva, Monsó aseguró estar sumamente tranquilo, “yo sólo soy un cabeza de turco y no tengo conciencia de haber hecho nada mal para mi municipio”.
El Ministerio Fiscal también investigó la construcción de unos pisos que presuntamente superan la altura permitida.
Presuntamente, el ayuntamiento de Vilaller otorgó la licencia para la construcción de un bloque de pisos de cuatro plantas en la avenida Catalunya del municipio. Fuentes cercanas al caso aseguraron que la altura del inmueble contraviene la normativa urbanística municipal.
Pero ese es otro caso que todavía estudia la el Ministerio Fiscal.
* La Mañana - Lleida - Alfonso L. Congostrina / Begoña Ruiz 2008-09-18
Foto: Vilaller (Lleida) - vilaller.ddl.net
La Fundación César Manrique llevará al Gobierno a los tribunales si legaliza hoteles y apartamentos sin licencia
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LAPROVINCIA/Lanzarote* : La Fundación César Manrique (FCM) anunció este jueves su intención de impugnar una hipotética ley del Gobierno de Canarias en la que dé cabida a disposiciones para legalizar los hoteles y apartamentos con licencias anuladas por los tribunales. La institución rechaza un instrumento de "punto final" que autorice actuaciones con sentencias judiciales en contra.
La FCM se basa en el anuncio de la Consejería del Política Territorial del Gobierno de Canarias de impulsar la aprobación de la Ley de Medidas Urgentes, en la que podrían incluirse disposiciones para legalizar los hoteles y apartamentos declarados ilegales por los tribunales", precisa esta institución lanzaroteña sin ánimo de lucro.
En este contexto, la Fundación recuerda que las sentencias emitidas por los tribunales que anulan las licencias "han venido a demostrar que los pleitos interpuestos por la FCM y el Cabildo de Lanzarote acertaron al denunciar una operación masiva y sistemática de fraude en la concesión de licencias turísticas y residenciales en Yaiza y Teguise".
Desde la institución se han interpuesto 23 recursos contencioso-administrativos, de los que 14 tienen sentencia firme favorable, anulando unas 6.000 camas. "Del resto de recursos", subraya la FCM, "se cuenta ya con un fallo en primera instancia sobre el Plan Parcial Playa Blanca, que anuló otras 4.500 camas".
Según este órgano, ese escenario "está creando una inestabilidad política, social y económica poco deseable que, sin duda, es necesario solventar en el marco de la ley y depurándose las responsabilidades que se deriven de la gravísima situación urbanística que se ha generado".
EXIGENCIAS. Por ello, la FCM entiende que la Ley de Medidas Urgentes "supondría un cambio radical de rumbo" en cuanto al modelo turístico y conllevaría un retroceso en la política de protección del territorio y contención del crecimiento turístico, "que acarrearía graves consecuencias".
Además, la FCM cree que se trataría de "una decisión guiada por el cortoplacismo", ya que "se pretende crear una norma para unos pocos privilegiados, demostrando claramente que no se legisla de la misma manera para todos los ciudadanos".
En tercer lugar, la Fundación considera que se generaría "una política injusta y, por otro, acrecentar desgraciadamente la desconfianza" hacia las instituciones públicas y sus gestores, al margen de "una burla al principio de igualdad y legalidad y al amparo que ofrece el ordenamiento jurídico a todos los ciudadanos".
Además de rechazar las declaraciones del consejero Domingo Berriel en ese sentido, la FCM declara "completamente inaceptable" un fundamento legal que "deja desamparadas a las administraciones públicas e instituciones que han
interpuesto los recursos, pero sobre todo a los ciudadanos y empresarios que han
cumplido la ley".
* La Provincia - ACN PRESS - 18.09.2008
Foto: Yaiza (Lanzarote), hotel licencia anulada playa Blanca - laprovincia.es
Estafa, tráfico de información y cohecho en torno a Son Oms
DIARIODEMALLORCA/Palma* : La fiscalía anticorrupción abrió el 22 de octubre del 2007 unas diligencias informativas por presunta estafa y tráfico de información privilegiada en torno a la gestación y explotación del polígono industrial de Son Oms, una iniciativa que desde los años 90 fue promovida por dirigentes de Unió Mallorquina (UM).
Once meses después, ya hay nueve personas imputadas en el sumario y los presuntos delitos objeto de investigación se han ampliado al posible blanqueo de dinero, cobro de sobornos (cohecho), emisión de documentos mercantiles falsos y fraude fiscal.
La nómina de sospechosos está encabeza por el hoy portavoz de UM en el Parlament, Bartomeu Vicens, y el ex president de dicha cámara autonómica por el mismo partido Maximilià Morales. Ambos ya declararon en calidad de imputados ante la fiscalía superior y rechazaron cualquier tipo de conducta corrupta en torno a este polígono, cuya génesis se prolongó por más de diez años.
Morales y Vicens sostienen que, a principios de los 90, participaron en el impulso para crear el polígono, pero en calidad, respectivamente de asesor fiscal y abogado y al margen de su rol político, por entonces de baja intensidad.
La sombra de la corrupción también ha salpicado a los empresarios Bernat Febrer, Miquel Munar y Jaime Montis, éste último abogado de profesión. Los tres, que también declararon en fiscalía, aparecen relacionados con la junta de compensación del plan parcial que dio pie a Son Oms.
Dos mujeres
La querella también se ha dirigido contra dos mujeres: Antònia Martorell, la esposa de Bartomeu Vicens; y Elisabet Diéguez, amiga y supuesta testaferro del matrimonio.
Ayer, a la lista de imputados se unieron un empresario y un profesional liberal, al parecer un asesor de Vicens que hizo de intermediario para facilitarle a éste la presunta trama facturera.
La querella trata de esclarecer si hubo un reparto de 1,2 millones de euros procedentes de sobornos y si este dinero se camufló a través de facturas falsas emitidas con la intervención del bufete Montis y de la empresa tapadera Metalumba. Los investigadores manejan decenas de facturas y otros documentos y están tratando de reconstruir el rastro del dinero negro y desentrañar el alcance real del supuesto entramado.
* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.M. PALMA - 19-09.2008
Foto: Aspecto del polígono industrial de Son Oms ayer. / Lorenzo, diariodemallorca.es
Los valencianos piden a Camps criterios más sostenibles en urbanismo y modelo turístico
LEVANTE* : Los valencianos que han participado en la elaboración de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana apoyan mayoritariamente un cambio en el modelo turístico y en el urbanístico. De entre los 25 "objetivos estratégicos" y "criterios" que se recogen en la estrategia, cuyo proceso de elaboración comenzó hace meses, solo unas pocas superan el 84% de respuestas que se muestran "muy de acuerdo o bastante de acuerdo" con las propuestas.
Entre estas se encuentran la de "definir unas pautas racionales y sostenibles de ocupación de suelo", con el 85,10%; la de "proteger el paisaje como activo cultural, económico e identitario" (85,90%) y "reorientar el modelo turístico hacia pautas territoriales mas sostenibles" (84,58%).
Se trata, aparentemente, de propuestas divergentes con el urbanismo que se ha impuesto en los últimos años en la Comunitat dinamitando los modelos territoriales surgidos de la legislación valenciana, aunque el discurso oficial mantiene que las políticas de la Generalitat son "sostenibles" y respetuosas con el entorno.
En la actualidad, el documento inicial está siendo sometido a la consideración de expertos en ordenación del territorio, que se concretarán en cinco jornadas técnicas al tiempo que se consulta también la opinión de los ayuntamientos en los municipios que son cabecera de comarca.
Fuentes de la conselleria de Medio Ambiente confirmaron ayer que la posible redefinición del modelo urbanístico valenciano pasa por las conclusiones que se obtengan del proceso participativo abierto en la definición de la Estrategia Territorial, por la "reforma" de la legislación urbanística cuestionada por Europa y por un posible "gran pacto" entre las fuerzas políticas valencianas que el conseller José Ramón García Antón y también el presidente de la Generalitat Francisco Camps vienes propugnando desde hace semanas.
En este sentido no se descarta que el presidente de la Generalitat aproveche el debate de política general que se celebrará el próximo 23 de septiembre en las Corts Valencianes para reiterar formalmente su propuesta de pacto.
Antes - el próximo lunes finaliza el plazo para recurrir- la Generalitat podría hacer público el contenido del recurso contra la decisión de la Comisión Europea de denunciar la Ley Urbanística Valenciana (LUV) ante los tribunales europeos. Fuentes de la conselleria destacaron la "sintonía" que ha existido entre la administración estatal y la autonómica a la hora de elaborar este recurso.
Dificultades
Por su parte, el diputado y portavoz de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda del PSPV en las Corts, Francesc Signes, aseguró ayer que la estrategia territorial que elabora el Consell con la participación de especialistas es solo un "punto de partida" y objetó que su exposición pública se hubiera realizado en pleno mes de agosto.
Signes subrayó que pese a que la Generalitat "escondió" el debate inicial "y no preguntó" por la valoración de sus políticas, "las respuestas parecen indicar que los valencianos van en dirección contraria a la elegida por el gobierno valenciano y reclaman un modelo más sostenible y menos agresivo con el territorio".
* Levante-EMV - José Sierra, Valencia - 18.09.2008
Foto: Valencia, obras circuito urbano F1 - F.Montenegro, levante-emv.com
La policía reabre el 'caso Estepona' y llama a declarar a otros 17 implicados
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ELPAÍS* : Estepona (Málaga, 60.300 habitantes) era ayer un hervidero de rumores y quinielas judiciales después de conocerse que la Policía ha reabierto el caso Astapa, la trama de corrupción destapada el pasado 17 de junio y por la que permanecen en prisión el ex alcalde socialista Antonio Barrientos, su jefe de gabinete y dos de sus antiguos socios de Gobierno, pertenecientes a un partido posgilista.
Desde comienzos de esta semana, la Policía ha comenzado a citar a 17 nuevos implicados entre los que hay empresarios, abogados, antiguos cargos de confianza municipales y concejales. Varias fuentes consultadas por este periódico señalaron que la mayoría de los llamados acudirán en calidad de imputados y sólo unos pocos lo harán como testigos.
La notificación policial se hace mediante una llamada telefónica en la que se le indica al citado que se le va a enviar un fax con la hora y el día en el que se le tomará declaración. Los llamados deben acusar el recibo enviando otro fax de vuelta.
La nueva remesa de implicados en la trama de corrupción tendrá que declarar primero ante los investigadores, bien en la comisaría de Estepona o en Madrid, ya que la investigación ha estado centralizada en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial. Después, comparecerán ante la juez Isabel Conejo, instructora del caso y titular del juzgado número 1 de Estepona, que todavía está de vacaciones.
En los últimos dos meses el nuevo alcalde de la ciudad, el socialista David Valadez, trata de recomponer el maltrecho consistorio esteponero. El regidor, al que diversas fuentes apuntan como el denunciante de la trama corrupta, hace equilibrios para sacar adelante los proyectos. Aparte de los obstáculos naturales que le pone la oposición, Valadez sufre las trabas, más o menos soterradas, de algunos miembros de su propio equipo de gobierno. Seis de los 25 ediles de la corporación están imputados en la trama. Cuatro de ellos han pasado del grupo municipal socialista al de ediles no adscritos. Los otros dos, los posgilistas José Ignacio Crespo y Manuel Reina, están en prisión preventiva y se niegan a abandonar sus actas.
Este nuevo capítulo de la instrucción ha desanimado enormemente a los cuatro implicados en prisión preventiva. "Tenían la ilusión de salir para septiembre, pero con la nueva ronda de declaraciones ven que les queda todavía una temporada", señaló ayer uno de sus abogados.
La última vez que la juez denegó la libertad a uno de ellos alegó que quedaban "pendientes de practicarse en breve una serie de diligencias de gran importancia". En un auto en el que rechaza la libertad del ex alcalde Barrientos la instructora cree que el secreto sumarial no es suficiente para impedir que el ex regidor destruya pruebas o influya sobre "otros imputados, testigos o peritos".
La instructora considera a Barrientos "máximo responsable" de una red dedicada a "obtener fondos de promotores y empresarios" para financiar "actividades tanto públicas como privadas" y para "enriquecerse personalmente". El regidor expulsado del PSOE está acusado de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.
Durante el verano, el nuevo regidor de Estepona ha visitado a la instructora al menos en una ocasión. Lo hizo, según sus propias palabras, para "aportar documentación sobre irregularidades de varias áreas del consistorio". Una de ellas está relacionada con la construcción del aparcamiento público Zapallito, en funcionamiento desde 2005 a pesar de no tener licencia de actividad. El alcalde también entregó una gran cantidad de facturas de contratos irregulares.
El caso Astapa suma por ahora 41 imputados, entre los que hay empresarios de la construcción, concejales de varias corporaciones, técnicos y empleados del Ayuntamiento malagueño. La fianza más alta, impuesta al ex consejero delegado de la promotora Valle Romano, llegó a los 500.000 euros.
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ / F. J. PÉREZ - Málaga - 18/09/2008
Foto: Estepona (Málaga), ayuntamiento - wikipedia.org
Crisis del sistema, no de las inmobiliarias
MIGUEL ÁNGEL LLANA* : Esta es una historia equívoca porque, en primer lugar, se abusa de los efectos de la crisis y se eluden, una y otra vez, las causas que ni siquiera se mencionan y sobre las que no se están tomando medidas, sino al contrario, intentan resolverlo con la mismas políticas que han causado el actual problema y, en segundo lugar, porque la crisis lo es sobre todo para los millones de ciudadanos a los que realmente les toca padecerla y, además, pagarla. La pregunta es: ¿Quién está, realmente, en crisis, desde cuando, porqué y cuál es la causa?. Ni Gobierno, ni oposición ni los medios responden a nada de todo esto.
Resulta que unas promotoras inmobiliarias, que durante años han amasado fortunas, diseñaron a su medida la ley del suelo y un sistema crediticio que ahora entra en problemas cuando no en quiebra. Con toda la Administración a su servicio, acapararon y recalificaron más de 20.000 hectáreas de suelo urbanizable cada año para terminar imponiendo su ley, pero no en el teórico terreno de un "libre mercado" inexistente, sino ante unos compradores atados de pies y manos a un salario que, de un modo o de otro, es condicionado por las propias promotoras y entidades financieras como parte que son del poder político-económico.
Pero, ahora resulta que son las promotoras las que están en crisis, es decir, ya no pueden seguir hinchando su negocio por la sencilla razón de que la acumulación de recursos y de dinero ha vaciado los bolsillos y las posibilidades de los ciudadanos, incluyendo la de hipotecarse de por vida. Estas promotoras han entrado en crisis porque ya no hay clase media a quien vender y porque tanto han apretado a lo que ellos denominan "libre mercado" que lo han asfixiado.
Mientras, millones de españoles de a pie no pueden ni siquiera pensar en comprar o alquilar una vivienda aunque, en cambio, millones también de viviendas permanecen vacías y así continuarán. Semejante despilfarro de recursos no es mayor que la tozudez neoliberal de los políticos del Gobierno. Pero, así las cosas, resulta que la crisis es para el promotor que tiene las viviendas en barbecho y, en cambio, no hay crisis ni problema para quien no tiene vivienda y ni siquiera puede iniciar o mantener su vida familiar.
Sigue siendo crisis para el promotor que no sabe qué hacer con tanto piso vacío que ahora no tiene modo de vender pero, su drama aumenta porque no puede seguir construyendo más y más viviendas, desocupadas, aunque en cambio, para los dos millones y medio de parados -¿Quién se acuerda de ellos?- no hay crisis ni problema porque ni siquiera existen, de hecho, o sólo como pura estadística que España encabeza, y casi duplica, la tasa de paro de la UE, sin mencionar el liderazgo en la precariedad del empleo, los contratos basura, accidentes laborales y un largo etc.
Los promotores inmobiliarios están en crisis de oferta, de abundancia, es decir, han construido a destajo, tienen demasiado y no pueden venderlo; han apilado una fortuna. Pero, sería mejor decir que más bien es una crisis de demanda porque la gente no puede comprar, sin olvidar, además, que están con problemas económicos, o en paro, por causas directas y debidas, precisamente, a esta nefasta política neoliberal.
Así las cosas, al Gobierno, para resolver el problema, opta por subvencionar y solidarizarse con los promotores y abre una línea de crédito de 3.000 millones de euros. Es decir, salvemos a los promotores y ayudemos a las inmobiliarias en su crack de ahora para que puedan seguir construyendo más pisos vacíos que nadie puede comprar. Y, ¿Qué pasa con la crisis social derivada de la inflación, la precariedad, el empleo y los servicios sociales cada vez más escasos y más privatizados?
Siguiendo con el lenguaje neoliberal del Gobierno, si hay saturación de la oferta, si sobran pisos a este precio y en estas condiciones ¿Porqué y para qué subvencionar más a los promotores que nunca han repartido beneficios?. ¿No sería más lógico subvencionar a la demanda que no puede comprar lo que además sobra y está ocioso? Ni siquiera, el gobierno y patronal, se comportan conforme a las leyes de su mercado al que dicen atenerse. Porque, sucede que no hay "libre mercado", ni más falso, ni más artificial que el existente que sobrevive gracias a la coacción y al apoyo de los recursos públicos. Bien sea directamente o mediante una política urbanística, fiscal o económica en perjuicio, y a costa claramente, de los ciudadanos.
Desde los años noventa, el valor astronómico de los terrenos recalificados sumaba, cada año, más del 20% del PIB y más de un tercio de la masa salarial bruta de los españoles. Estas recalificaciones a favor de los promotores las hacía, y las continua haciendo, la Administración (Local, Autonómica o del Estado) de modo que un terreno que no vale nada o casi nada, su valor se multiplica por decenas o centenas por el hecho de poner una firma o "programar" una actuación urbanística que crea una plusvalía absolutamente artificial, ficticia, que es la esencia de la especulación en estado puro. Y, al lado, la corrupción sistemática.
El gravísimo problema es el social, precisamente del que menos se habla, y que es consecuencia directa de esta política económica y fiscal que favoreció el "libre mercado" de la especulación y del dinero fácil. Pero, ahora, la situación se agrava al suprimir el Impuesto sobre el Patrimonio porque va a contribuir de inmediato a un mayor fraude fiscal que, como fácilmente se adivina, va de la mano de la especulación. Conviene recordar que, aunque la recaudación del impuesto sobre el patrimonio fuera especialmente ridícula, servía al menos, para conocer el patrimonio y su evolución. Ahora ya ni esto.
Pretenden y esperan activar el sector pero, con las medidas que no se toman por ningún lado, continuarán sin resolver nada, salvo el ajuste por quiebra y ruina de los ciudadanos que han de pagar el parón inmobiliario a cambio de nada. A estos precios y en estas condiciones ¿Más pisos para qué, si los que hay no son asequibles y los que se construyan tampoco lo serán?
Nada ha cambiado. La crisis es del sistema y de los políticos del gobierno neoliberal de turno.
* Rebelión - 18.09.2008
