,++hotel+Princesa+Yaiza+-+google.com.jpg)
LAPROVINCIA* : La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dictado una sentencia en la que estima el recurso interpuesto por el Cabildo de Lanzarote contra las licencias que el alcalde de Yaiza concedió el 1 de junio de 1998 y 10 de enero de 2001 a la empresa "Hotelera de Yaiza S.A." para la construcción de un hotel de 660 plazas en la parcela "B" del Plan Parcial Costa Papagayo.
Según un comunicado de la corporación insular, el Alto Tribunal notificó dicha resolución el pasado 15 de septiembre de 2008, en el que estima el recurso formulado por el Cabildo de Lanzarote y declara nulas de pleno derecho las licencias que el alcalde de Yaiza concedió al Hotel Princesa Yaiza.
Agrega que dichos permisos fueron otorgados por el ayuntamiento aplicando únicamente un plan parcial aprobado en 1974, que no adaptado al Plan Insular, sin contar con el informe previo, preceptivo y vinculante del Cabildo de Lanzarote que para la autorización de obras en los planes inadaptados resulta requisito absolutamente necesario y exigido por Ley, al tratarse de un planeamiento jerárquicamente superior al municipal.
"Como en todas las licencias recurridas por el Cabildo, el informe ni siquiera se solicitó en este caso", asegura el Cabildo. Dicho informe fue emitido por la Oficina del Plan Insular durante la defensa del procedimiento judicial y en el mismo se advierte la incompatibilidad del proyecto de hotel autorizado en los dos actos municipales recurridos con el Plan Insular de 1991 y con las propias ordenanzas del Plan Parcial, aunque sobre el análisis de estas cuestiones materiales y sus consecuencias no se pronuncia la sentencia porque el Tribunal considera que habrán de ser consideradas en la fase de ejecución.
Al entender de la corporación insular, el TSJC "confirma, una vez más, la prevalencia y superioridad del Plan Insular de Lanzarote y su fuerza obligatoria y vinculante para todos los ayuntamientos".
NO SE EXCLUYE LA DEMOLICIÓN. Sobre las consecuencias del fallo también advierte en el Fundamento Octavo de su Sentencia, una vez declarada la nulidad de las licencias ello significa que "desaparecen del mundo jurídico dichos actos, lo que significa que cualquier obra amparada en dicha licencia queda sin cobertura jurídica, con las consecuencias materiales que de ello se deriven, entre las que no se excluye la demolición".
La resolución concluye "reconociendo expresamente el derecho del Cabildo de Lanzarote al restablecimiento del orden jurídico alterado --por los actos anulados-- que es la consecuencia de toda anulación de una licencia que autoriza un acto edificatorio".
Con esta nueva sentencia (la número 25 de las que se han dictado en los recursos formulados por el Cabildo), contra la que no cabe interponer recurso, han quedado anuladas todas las licencias que ampararon la construcción de dicho establecimiento hotelero y su actual anexo (inicialmente conocido como Aparthotel Son Bou), cuya licencia fue anulada en Sentencia de este mismo Tribunal el 31 de octubre de 2005 y confirmada por el Tribunal Supremo en reciente sentencia del 24 de abril del presente año.
* La Provincia - EUROPA PRESS - ARRECIFE/LANZAROTE - 17 de septiembre de 2008
Foto: Yaiza (Lanzarote), hotel Princesa Yaiza - google.com
El TSJC declara nulas las licencias del Hotel Princesa Yaiza en Lanzarote
Vitoria: El fiscal pide seis meses de cárcel para Ibarrondo por prevaricación urbanística
.jpg)
ELCORREO* : El proceso contra el ex concejal popular Jorge Ibarrondo por un presunto delito de prevaricación urbanística sigue adelante. El pasado mes de julio la jueza que lleva el caso, Ana Jesús Zulueta, emitió el auto en el que se admitía la apertura de juicio oral.
La defensa del ex edil no recurrió la resolución, según confirmaron fuentes jurídicas. Ahora la Fiscalía formula el escrito de acusación: pide una pena de seis meses de prisión para Ibarrondo, su inhabilitación para el cargo de concejal durante siete años y que pague el derribo del séptimo chalé que permitió construir, «contraviniendo la norma municipal», en una parcela que por sus dimensiones «sólo admitía seis», según las acusaciones personadas en el caso. Además, el Ministerio Público solicita que se abra un proceso para determinar «las responsabilidades pecuniarias del acusado» y que se le exija una fianza para hacerles frente.
En este punto, ya están sobre la mesa las cartas que decidirán la resolución del conocido como 'caso Ali'. La historia se remonta al año 2003. El 16 de septiembre Ibarrondo, siendo concejal delegado de Ordenación del Territorio y Vivienda de Vitoria, denegó una licencia de obra a la empresa Salgado Iglesias S.A. La constructora pretendía levantar siete chalés en una parcela de su propiedad situada en el número 24 de la calle Ali. El motivo de la negativa era que la finca tenía una superficie de 1.974,85 metros cuadrados, según el Catastro, y para construir siete casas la normativa municipal requiere 2.000 metros. La empresa recurrió, y el concejal volvió a reiterar su negativa el 4 de marzo de 2004.
Pese a todo, Salgado Iglesias S.A. volvió a presentar la misma solicitud el 15 de diciembre de 2004. El Servicio de Régimen Jurídico de Edificaciones del Ayuntamiento mantuvo el criterio municipal y emitió una propuesta de resolución negativa, pero Ibarrondo cambió de opinión. Dice la Fiscalía que no hubo ni informe técnico ni motivo alguno que justificase este comportamiento. De hecho, tanto el fiscal como la jueza -en el auto en el que admitía la apertura de juicio oral- mantienen que el concejal «ocultó» a los servicios jurídicos municipales su resolución favorable a que la constructora levantase siete chalés, que se produjo el 1 de junio de 2005.
Responsabilidad municipal
Para explicar este cambio de criterio y la concesión de la licencia de obra, Ibarrondo alegó que los antecedentes catastrales de 11 de mayo de 1988 «acreditan que la parcela disponía de una superficie de 2.160 metros cuadrados». Y añadía que la medición que le otorga 1.974,85 metros «no ha tenido en cuenta la pérdida de superficie por la regularización del lindero común con el PERI-2 de Ali».
En el Ayuntamiento supieron que las casas habían sido construidas cuando la empresa solicitó la licencia de primera ocupación, y entonces salió a la luz el escándalo. Según recuerda la Fiscalía en su escrito de acusación, seis de las casas ya fueron vendidas a terceras personas, y la séptima sigue siendo propiedad de Salgado Iglesias S.A. Ahora, aparte de las penas para Ibarrondo, el fiscal pide el derribo de este séptimo chalé, y que sea «a cargo del acusado». También apunta al Consistorio como responsable civil subsidiario.
* El Correo Digital - 17.09.08 -LUIS LÓPEZ
Foto: Vitoria-Gasteiz, ayuntamiento - Miguel A. Garcia (vitoria-gasteiz.org)
El fiscal superior de Andalucía defiende la demolición para combatir los delitos urbanísticos
,+derribo+hotel+Prasa+-+urbanismopatasarriba.jpg)
IDEAL* : El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, se mostró ayer partidario de aplicar la demolición «como regla general» cuando se produzca un delito urbanístico, de modo que la no aplicación de esta medida sea «una circunstancia excepcional». El fiscal hizo estas declaraciones con motivo del curso 'El Derecho a la vivienda en el marco de la legalidad urbanística' que organiza el Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada y el Consejo Consultivo de Andalucía, en Almuñécar.
García Calderón habló en su ponencia sobre 'La perspectiva de la protección penal de la ordenación del territorio y el urbanismo' y consideró asimismo que en este ámbito confluyen muchas cuestiones.
El fiscal superior centró la mayor parte de su intervención en explicar la filosofía y la penalidad que recoge el artículo 319 del Código Penal, que hace referencia a la situación de aquellos promotores o constructores o técnicos directores, que llevan a cabo una construcción no autorizada en suelo destinados viales, zonas verdes o lugares que tengan administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico o histórico cultural.
García Calderón, que reconoció que el sistema podría mejorarse para este sector del urbanismo y la parcelación ilegal, se ha referido a los problemas técnicos y jurídicos en esta materia, y ha considerado que la delincuencia urbanística «requiere una respuesta institucional coordinada». Al respecto, añadió que es un tipo de delincuencia que presenta un elenco de actividades delictivas muy diversas y heterogéneas. «Hay situaciones que afectan a particulares que se han visto abocados en esta situación por distintas circunstancias. También presenta caracteres de delincuencia organizada y por ello cada una tiene que ser examinada para los casos concretos», señaló.
Para García Calderón, es urgente buscar «la aplicación uniforme» de la Ley Penal para que tenga el desarrollo adecuado del Estado de la autonomía. El fiscal dijo que el verdadero efecto disuasorio en la delincuencia urbanística es un efecto de naturaleza económica y muy vinculado a la real y efectiva demolición de lo construido, ya que ha sido alterada contraviniendo la legislación urbanística.
Por otra parte, manifestó que aunque los instrumentos legislativos sean muy defectuosos y tengan que ser modificados, no impide el que sí se pueda combatir la delincuencia urbanística. García Calderón expresó que la delincuencia urbanística incide en la subida del precio de la vivienda. Además señaló la importancia de que los cuerpos policiales se especialicen en estos delitos al igual que lo han hecho los fiscales.
* Ideal - 17.09.08 - L. U.
Foto: Estepona (Málaga), derribo hotel Prasa - urbanismopatasarriba
Admitida a trámite la denuncia de Anticorrupción contra el ex alcalde de Seseña
,+pocerolandia+-+EFE.jpg)
EUROPAPRESS/Toledo* : El Juzgado de Instrucción número 4 de Illescas (Toledo) ha admitido a trámite la denuncia presentada a principios del mes de julio por la Fiscalía Anticorrupción contra el ex alcalde de Seseña (Toledo) durante los años 1999 a 2003, el socialista José Luis Martín, por las irregularidades cometidas durante la tramitación del Programa de Actuación Urbanizadora "El Quiñón".
Según informaron fuentes judiciales a Europa Press, la admisión a trámite de la denuncia por parte del Juzgado de Instrucción número 4, cuya titular es Carmen Martín, se produjo hace unos días, y con ella se inicia la fase de apertura de diligencias previas.
El Juzgado, que se ha hecho cargo del caso por el ser que el que estaba de guardia al presentarse la denuncia, tiene previsto comenzar la fase de citación de las personas que considere que deberán declarar la próxima semana, según las mismas fuentes.
En su denuncia, el Fiscal aprecia la existencia de los delitos de prevaricación, cohecho y delito contra la Hacienda Pública, en la tramitación del PAU que la empresa Onde 2000 SL presentó ante el Ayuntamiento el 19 de noviembre de 2002, y que incluía la recalificación de 1.833.147 metros cuadrados de suelo rústico para construir 13.508 viviendas que suponían una estimación poblacional de 40.500 habitantes.
Ese mismo año y coincidiendo con la presentación del PAU, el alcalde "sin que conste el origen del dinero", suscribió fondos de inversión y seguros por importe de 158.000 euros y 1.800 euros, respectivamente y adquirió un bien inmueble en la provincia de Málaga por 9.617 euros. Sus salarios, en las fechas comprendidas entre los años 2001 a 2005, ascendieron a la cantidad de 27.806 euros brutos, a excepción del año 2003, cuando tras abandonar su cargo percibió 17.074 euros brutos, de los que 12.667 procedían del Ayuntamiento.
En cuanto a la tramitación del PAU, la denuncia de la Fiscalía recoge que ese trámite requería una consulta previa a la Comisión Provincial de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas, que en diciembre de 2002 comunicó al Ayuntamiento la necesidad de tramitar un Plan Especial de Infraestructuras (PEI) previo, para determinar la viabilidad de la actuación propuesta.
El PEI, que fue redactado por Onde 2000 SL, fue sometido a aprobación inicial por el pleno del Ayuntamiento el 13 de marzo de 2003, siendo aprobado sólo con los votos de la mayoría socialista, después de que los grupos de la oposición pusieran de manifiesto la falta de informes preceptivos, circunstancias que el alcalde conocía.
El día 22 de abril de ese año, el alcalde convocó un nuevo pleno para aprobar definitivamente el PEI, tras las alegaciones formuladas y las rectificaciones realizadas por la Comisión de Urbanismo, aunque volvió a aprobarse sólo con los votos favorables del Grupo Socialista, pues la oposición insistía en sus argumentos contrarios.
Como la propuesta de Onde 2000 SL incluía un PAU que comprendía la reclasificación de terreno rústico mediante la modificación de las normas del Ayuntamiento, eran necesarios los informes preceptivos de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
Estos informes no constaban en el expediente, a pesar de lo cual, el alcalde volvió a celebrar el día 8 de mayo un nuevo pleno para aprobar el PAU, donde aseguró, ante las críticas de la oposición, que los informes sí constaban y que "eran favorables".
El alcalde sometió a la aprobación del pleno, tanto el PAU de Onde 2000 SL como su adjudicación como agente urbanizador a Onde 2000 SL y la propuesta de convenio urbanístico con Onde 2000 SL, votando en contra, por las mismas razones, los grupos de la oposición.
LOS INFORMES FUERON POSTERIORES.
Sin embargo, los documentos de la Comisión de Urbanismo entraron en el Ayuntamiento el día 21 de mayo, trece días después de su aprobación en el pleno, y no eran favorables. De hecho, el informe tenía 18 "reparos" de los cuales seis eran "suficientemente importantes y esenciales", relativos a abastecimiento de agua, ordenación del tráfico, la movilidad y el transporte, equipamientos locales, recalificación de terreno y coste de las obras del PEI.
Además, instaba a "suspender la aprobación definitiva del expediente hasta tanto no se subsanen las deficiencias observadas".
En cuanto al informe de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, tuvo su entrada en el Ayuntamiento de Seseña un día después del pleno, y en él se hacía constar la viabilidad el PAU, supeditado al cumplimiento de determinadas condiciones, fundamentalmente relacionadas con la red de agua y abastecimiento.
Por otro lado, cinco días después de esa última sesión plenaria, el día 13, el acusado suscribió tres fondos de inversión a favor de cada uno de sus hijos, por valor de 48.000 euros cada uno de ellos, lo que significa que dispuso de 144.000 euros. ESe mismo año, constan otras dos suscripciones de fondos de inversión por importe de 20.000 euros a dos de ellos, sin que las rentas declaradas por ellos sustentasen tales inversiones.
El día 9 de junio, cuando la situación del acusado era la de alcalde en funciones, realizó un desembolso en efectivo de 77.208,08 euros y se subrogó en dos préstamos hipotecarios por importe conjunto de 250.244 euros para la compra de dos viviendas a la mercantil Promociones del Saz 2000 SL, vinculada a Onde 2000 SL.
Tras las elecciones municipales celebradas tras la última semana de mayo, y tras conformarse el nuevo gobierno municipal, el Grupo Municipal de IU presentó un recurso de reposición que anulase los acuerdos adoptados en el último pleno, del día 8 de mayo, siendo aprobado el día 29 de septiembre de 2003 por todos los grupos municipales, por lo que se anuló la aprobación y adjudicación del PAU, aunque no la aprobación del Plan Parcial de Ordenación Urbana, que sí aprobó. El PEI sólo se aprobó, en diciembre, tras el cumplimiento de los requisitos exigidos.
Durante los años 2004 y 2005, las rentas declaradas por el acusado son inferiores a las anteriores, a pesar de lo cual adquirió nuevos fondos de inversión por valor de 60.000 euros. En 2005 le constan desembolsos de cantidades por importe de 71.334,63 euros no constando la razón de los mismos. El acusado justificó los incrementos patrimoniales en el cobro de un cupón de la ONCE de 144.000 euros, habiendo aportado fotocopia de cinco cupones de un sorteo del año 2000, afirmaciones que no resultan acreditadas según la Fiscalía.
DOS AÑOS DE INVESTIGACIÓN.
La denuncia culmina así dos años de investigación de la Fiscalía Anticorrupción, en los que ha encontrado unos incrementos patrimoniales injustificados por parte de Martín Jiménez que motivan, junto con otros indicios, la presentación ante el Juzgado de la Denuncia para que se inicie la investigación judicial que corresponda.
La denuncia, que tiene en su origen en la solicitud realizada por el actual alcalde de Seseña (Toledo), Manuel Fuentes, e Izquierda Unida, para que se investigaran las "presuntas tramas especulativas" en torno al PAU 'El Quiñón', se extiende no sólo al alcalde, sino a cualquier otra persona que resulte responsable de la causa, los delitos de prevaricación, cohecho y contra la hacienda pública.
IU presentó un informe de 26 hojas y 500 documentos más un video informativo ante la Fiscalía Anticorrupción el 14 de julio de 2006, y la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias informativas para "conocer y determinar las irregularidades" en este caso el día 26 de ese mismo mes.
Tras la presentación del informe pidiendo la investigación en julio de 2006, comenzó un cruce de acusaciones entre el actual alcalde, Manuel Fuentes, y el constructor Francisco Hernando 'El Pocero' que se ha prolongado durante dos años y que ha provocado que el segundo haya llegado a presentar hasta seis querellas contra el primer edil por delitos de injurias, todas ellas sobreseídas.
* Europa Press - 16.09.2008
Foto: Seseña (Toledo), pocerolandia - EFE
Gaucín: Los ediles del PA se enfrentan a 18 meses de cárcel por delito urbanístico
+-+malagapueblos.com.jpg)
MÁLAGAHOY* : Los cuatro concejales del PA que han convertido a Francisco Ruiz (PP) en alcalde de Gaucín a través de una moción de censura que ha desbancado del sillón municipal a Teodoro de Molina (PSOE) están acusados de un delito continuado contra la ordenación del territorio por la Fiscalía, que solicita en su escrito de calificación inicial una pena de 18 meses de prisión para cada uno de ellos.
La causa, instruida en el juzgado número 3 de Ronda, está pendiente de ser enjuiciada en un juzgado de lo Penal de Málaga.
Los acusados que ahora forman parte del gobierno local de Gaucín son los ediles andalucistas Francisco Macías, Francisco Medina, Carmen Cantudo y Francisco Corbacho, que fue el cabeza de lista en las elecciones municipales de 2007. Corbacho, además, fue condenado hace unos meses por la Audiencia Provincial de Málaga a 21 meses de suspensión de empleo o cargo público y a siete años de inhabilitación especial por malversación de caudales públicos y prevaricación. La sentencia no es firme y está recurrida, y la acusación particular la ejerció el PP, que ha pactado con él.
En la causa por delito urbanístico, además de los cuatro ediles del PA, están imputados dos ex ediles que formaron parte del gobierno municipal en el mandato 1999-2003 y un arquitecto municipal. Para uno de los ex concejales y el técnico, el Ministerio Público reclama otros 18 meses de cárcel por el mismo delito, y para el otro ex edil, nueve meses de prisión por delito urbanístico.
La calificación de la Fiscalía alude a ocho presuntas irregularidades, distanciadas en el tiempo, por permitir la construcción o la reforma de edificaciones en suelo no urbanizable, casi siempre viviendas unifamiliares. La primera autorización que se pone en duda recibió luz verde en una comisión de gobierno celebrada el 12 de mayo de 2000, y la última, el 10 de octubre de 2003. La Fiscalía también considera irregulares dos decretos firmados el 16 de julio de 2003 por Corbacho, entonces alcalde de Gaucín, con los que concedió una licencia para rehabilitar y ampliar sendos inmuebles.
Para el Ministerio Público, las actuaciones adquirían apariencia de legalidad gracias a un informe emitido por el arquitecto imputado en la causa, obviando otros informes técnicos y jurídicos que desaconsejaban la concesión de la licencia en cuestión. En varios casos, además, los proyectos sobre los que opinaba el citado arquitecto habían sido redactados por su hija, según la Fiscalía.
La lista del PA, con Corbacho a la cabeza, fue la más votada en las últimas municipales, pero un pacto entre PSOE (3 concejales) y PP (dos concejales) evitó que el andalucista permaneciera otro mandato en el sillón municipal. En mayo pasado, el PP anunció que abandonaba el gobierno municipal, supuestamente, porque el alcalde los obviaba en la toma de decisiones y dejó a los socialistas en minoría. La moción de censura contra De Molina se presentó a finales de agosto y se votó el pasado jueves. Francisco Ruiz (PP) es el nuevo alcalde.
* Málaga Hoy - Esperanza Codina - 18.09.2008
Foto: Gaucín (Málaga) - malagapueblos.com
Centenares de empresas en Galicia se encuentran en situación irregular
,+naves+sin+licencia+-+lavozdegalicia.es.jpg)
LAVOZDEGALICIA* : La falta de empleo incrementó la tolerancia y contribuyó al desorden urbanístico, medioambiental y de seguridad. El incendio ocurrido la semana pasada en una nave industrial de Vigo dejó al descubierto una amarga y sorprendente realidad. De las once empresas que convivían en la misma nave y que resultaron afectadas por el siniestro, solo una de ellas tenía licencia, otras cuatro habían iniciado los trámites, y el resto, seis, ni siquiera la habían solicitado.
¿Se trata de un caso extraordinario? ¿Podría aplicarse esa proporción al conglomerado empresarial gallego? Probablemente la respuesta sería negativa para ambas preguntas. Ni se trata de un caso único, ni la proporción de empresas en situación irregular es tan demoledoramente amplia en el conjunto de Galicia. Sin embargo, los expertos aseguran que existe un notable desorden en el sector: irregularidades urbanísticas, inexistencia de planes de seguridad para empresas que lo requieren, escaso control administrativo, notables deficiencias medioambientales... La lista de irregularidades incluye a centenares de empresas y es tan amplia como escasas las sanciones.
«Casos como el de Vigo, en el que una nave alberga varias actividades y en la que ni siquiera hay una compartimentación de productos que nunca podrían estar juntos y donde no existe un plan de emergencia ni de actuación en caso de siniestro, son mucho más comunes de lo que nos creemos», asegura Carlos Bellas, responsable de salud laboral de UGT. El desastre de la Brenntag en el Umia hace dos años y medio, que dejó sin agua del grifo a toda la comarca de O Salnés, es otro triste ejemplo de esta situación: «Hemos heredado un país muy desordenado -reflexiona una fuente de Medio Ambiente- y se ha puesto en marcha una legislación más estricta y un mayor rigor en las sanciones. ¿Que tendríamos que hacer, levantar y reubicar la mitad de las empresas del país?».
Sin instrumentos
La legislación actual deriva la responsabilidad de tener en orden las licencias y los planes de seguridad al empresario, que para registrarse y conseguir las licencias debe certificar la adopción de las medidas específicas de su negocio por parte de profesionales. Ello no implica necesariamente una inspección por parte de la Administración para verificar la documentación aportada por la empresa.
De momento, y ante el desolador panorama, Industria pretende dotarse de un instrumento eficaz para desarrollar estrategias de inspección con personal adecuado, una carencia que explica en alguna medida el actual desorden. La consellería tramita un decreto para la creación de un cuerpo de inspectores, labor que en la actualidad desarrollan técnicos de las delegaciones provinciales con otros cometidos y que, circunstancialmente, efectúan comprobaciones aleatorias o constatan denuncias particulares.
En cualquier caso, la labor de inspección no corresponde únicamente a la Xunta, sino que es preceptivo disponer de una licencia municipal para el inicio de cualquier actividad. Carlos Fernández, presidente de la Fegamp, admite que hace años pudo darse una cierta tolerancia desde la Administración local en virtud de la creación de puestos de trabajo: «Pero eso ahora no ocurre. Los ayuntamientos tienen más técnicos y más capacidad para inspeccionar». Ante esa percepción, se vuelve a revelar el caso de Vigo, donde el Concello no tenía conocimiento alguno de lo que había tras los muros de la nave incendiada.
En Santiago, un convenio con la Xunta ha permitido al Concello censar la actividad empresarial municipal para acabar con las situaciones de ilegalidad. No se prevé sancionar, sino ordenar, aunque el concejal de Promoción Económica, Xosé Manuel Iglesias, explica que el proceso no es reubicar, sino adaptar la normativa urbanística a la realidad existente: «Non podemos ter polígonos tercermundistas, pero se cadra tampouco podemos ser Silicon Valley».
* La Voz de Galicia - Jorge Casanova - 16.09.2008
Foto: Las naves levantadas en la parroquia de Lamela (Silleda) sin licencia son un ejemplo de la falta de criterio con el que todavía se crean industrias en Galicia - lavozdegalicia.es
Ecologistas reclama cinco años de cárcel para el ex alcalde de El Puerto
.+viviendas+ilegales+del+Pinar+de+Coig+-+diariodecadiz.com.jpg)
DIARIODECÁDIZ* : Ecologistas en Acción solicitará una condena de cinco años de cárcel para el ex alcalde de El Puerto, Hernán Díaz, y para el que fuera concejal de Urbanismo entre 2003 y 2007, Juan Carlos Rodríguez, por facilitar autorizaciones de enganche de luz y no tomar medidas disciplinarias contra las viviendas del diseminado ilegal de Pinar de Coig.
Ésta será la calificación que el colectivo presente en las diligencias previas abiertas en el juzgado número 2 de El Puerto contra ambos ex responsables municipales. La petición se suma a la conocida la semana pasada de la Fiscalía que reclama dos años de prisión y nueve de inhabilitación especial para cargo público por un supuesto delito continuado de prevaricación urbanística.
Ecologistas mostró ayer su satisfacción por la solicitud del Ministerio Fiscal ya que ratifica, a su juicio, las continuas denuncias que han realizado sobre una supuesta dejadez de funciones en materia de disciplina urbanística por parte del anterior gobierno municipal de Independientes Portuenses (IP) con este diseminado ilegal situado en las faldas de la Sierra de San Cristóbal. Sin embargo, la asociación entiende que las penas solicitadas por el fiscal son cortas. Por ello, en el escrito de calificación que la entidad presentará en unos días en el Juzgado se argumentará que la condena deberá ser de cinco años por una presunta comisión de los delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio y contra los recursos naturales, los mismos que ya se habían apuntado en la denuncia que hizo en 2005 ante la Fiscalía y que derivó en este proceso judicial. También se solicitará otros nueve años de inhabilitación para el desempeño de cargo público.
Para el letrado de la entidad, Enrique Bartolomé, se debe tener en cuenta una serie de "agravantes" a la hora de enjuiciar el caso. Así, explicó que hay que aplicar el "carácter público" de los denunciados, uno de los supuestos que recoge el Código Penal para aumentar las condenas. Bartolomé recordó que ambos tenían responsabilidades de gobierno, lo que les sirvió, por ejemplo, para enviar varios escritos a la empresa Endesa autorizando los enganches de luz a las viviendas ilegales.
Otro de los agravantes a los que se referirá Ecologistas en Acción será que Hernán Díaz está cumpliendo actualmente una condena de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación, lo que provocó su salida forzosa de la Alcaldía en 2006. Asimismo, el grupo conservacionista reclamará que se condene también a José Pinto Fuentes, el propietario originario de parte del Pinar de Coig que se parceló y en la que se construyeron posteriormente los chalés. Ecologistas propondrá que se le imponga una pena de dos años de cárcel .
El diseminado ilegal de Pinar de Coig está conformado por una treintena de viviendas construidas sobre un terreno calificado por el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como sistema general de espacios libres. Las diligencias previas se iniciaron a finales de 2005 tras unirse en un sola las denuncias que habían presentado por separado Ecologistas en Acción y un grupo de propietarios del Pinar de Coig. En próximos días deberán llegar al Juzgado los escritos de calificación de los denunciantes así como el de la defensa de Díaz y Rodríguez. Todo el expediente se remitirá finalmente al Juzgado de lo Penal de Cádiz para que se celebre el juicio en próximos meses.
* Diario de Cádiz - E. M. Cañas - 16.09.2008
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz). viviendas ilegales del Pinar de Coig - diariodecadiz.com
"Madrid es un ejemplo de lo que no hay que hacer en movilidad urbana"
SOITU/Entrevista* : Si uno quisiera hablar sobre movilidad urbana mientras se deja llevar por el bamboleo del autobús, el metro o el tranvía, nada mejor que tener sentado al lado a Pierre Laconte. A sus 74 años, este belga conoce las ciudades del mundo como un conductor de autobús que circulara por su ruta habitual y está dispuesto a charlar en voz alta sin preocuparle quién le pueda escuchar. Durante 15 años, estuvo al frente de la Unión Internacional de Transporte Público y hoy preside la Foundation for the Urban Environment.
-¿Qué haría para mejorar la movilidad en la ciudad?
-Lo primero que hay que conseguir es desligar la idea de desarrollo con la de consumo de energía o motorización. Hoy, el 'lobby' del automóvil afirma alto y fuerte que el aumento de la motorización resulta inevitable para incrementar los ingresos, pero no es así. Lo demuestran ciudades como Singapur o Shangai, en China, que tienen una fuerte política de limitación del parque automovilístico. ¿Cómo lo han conseguido? Alguien que quiera tener un coche en Shangai o Singapur (dos ciudades totalmente opuestas desde el punto de vista político), debe pedir una placa y esas placas están limitadas. La gente no puede tener dos coches. Puede alquilar, pero no comprar. Y además tiene que pagar una fuerte imposición en el precio de compra del vehículo o en el de aparcamiento.
Laconte interrumpe a menudo su explicación sobre el transporte para detenerse en alguna ciudad del mundo. De Copenhague (Dinamarca) destaca su planificación urbanística o su red para bicicletas ("un 30% de la población la usa a pesar de su climatología"), de Portland (EEUU) incide en sus restricciones de crecimiento y la reconversión de edificios vacíos en nuevos espacios urbanos más concentrados y plazas públicas; y de París su servicio de alquiler de bicicletas "Velib". "El de Barcelona no está mal, pero el mejor de lejos es el de París".
-¿Qué ejemplos tiene entre las ciudades españolas?
-Madrid es un ejemplo muy interesante de lo que no hay que hacer en movilidad urbana. El estilo de vida allí es igual que el de Singapur, pero tiene muchos más coches por habitante y más grandes. Madrid resulta muy interesante porque a golpe de fondos públicos ha conseguido multiplicar la movilidad con transporte público (con una gran red de metro) y a la vez con transporte privado. Se han realizado toda una serie de túneles gratuitos por toda la ciudad, que chocan a la imaginación por su carácter aberrante. Lo que se ha hecho en la M30, con un alto coste, es justo lo que no se debe hacer.
Mientras divaga por el transporte de ciudades de todo el mundo, el belga también incide en los problemas de financiación a la hora de invertir en transporte colectivo. "El dinero corre a chorros cuando se trata del coche, pero el grifo se cierra cuando se trata del transporte público", lamenta. "Es sólo una cuestión de elección política".
-¿Debe abaratarse el transporte público?
-Yo no lo creo. No pienso que el transporte público tenga que ser barato. Lo que sí debe gravarse es el uso del automóvil. La realidad es que se subvenciona enormemente el coche privado, porque no paga sus costes externos. El automóvil provoca un consumo de espacio, una contaminación, accidentes... Y todo ello es pagado por la colectividad. En cambio, al transporte público se le exige que sea rentable. Para mí el transporte colectivo puede tener un coste más alto, pero con fuertes reducciones luego para algunos segmentos de la población, como los jóvenes, los parados, las personas mayores....
* SOITU.es - CLEMENTE ÁLVAREZ - 16-09-2008
La Comunidad de Madrid también recurre el Texto Refundido de la Ley estatal de Suelo
EFE* : El Gobierno de la Comunidad de Madrid presentará un recurso de inconstitucionalidad también contra el Texto Refundido de la Ley estatal de Suelo. El Gobierno de Aguirre, que ya recurrió el documento inicial, considera que el nuevo vuelve a invadir competencias urbanísticas exclusivas del Ejecutivo regional y agrava la crisis del mercado de la vivienda.
Uno de los puntos que en su día no se 'denunció' por parte de la CAM y que ahora sí ha vetado es el referido al régimen de la valoración del suelo.
Según ha informado la Comunidad de Madrid, el Consejo de Gobierno regional ha acodado interponer este recurso contra la norma que refunde la Ley de Suelo estatal con los preceptos que aún quedaban vigentes de la antigua Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana.
El Gobierno regional entiende que esta norma "invade las competencias urbanísticas exclusivas de la Comunidad de Madrid" porque, "entre otras cosas, modifica el régimen de valoración del suelo". Ello, añade, "no sólo lesiona el derecho a la seguridad jurídica y económica de los propietarios del suelo, sino que conculca el derecho constitucional a la propiedad y a una indemnización justa en caso de expropiación".
En opinión del Gobierno regional, la norma estatal "ha distorsionado gravemente el mercado del suelo" y ha agravado la crisis del sector inmobiliario. Asegura que "rebaja la reserva obligatoria del suelo para vivienda protegida a un 30%, frente a la obligación del 50% de pisos de protección que fija la ley regional para los nuevos desarrollos urbanísticos", lo que califican de "intromisión" en las competencias de vivienda de la Comunidad.
'La ley impone un modelo de ciudad a los ayuntamientos y comunidades'
--------------------------------------------------------------------------------
"La ley impone un modelo de ciudad a los ayuntamientos y comunidades autónomas, cuando la administración central únicamente puede establecer los mecanismos de financiación para la vivienda protegida, pero nunca desarrollar una política de vivienda", asegura el Gobierno regional.
Afirma también que "se impide que las comunidades pongan en marcha medidas liberalizadoras" de urbanismo, "se imponen idearios sectarios cercanos al socialismo radical, se perjudica a los pequeños propietarios, se aumentan los trámites burocráticos" y "las expropiaciones se convierten en expolios".
El Gobierno madrileño acordó el 26 de julio de 2007 interponer recurso de inconstitucionalidad frente a diversos preceptos de la anterior Ley de Suelo, recurso que fue admitido a trámite por el Tribunal Constitucional en septiembre del mismo año. La Rioja y la Comunidad Valenciana, otras de las regiones que recurrieron la normativa.
* El Mundo - EFE - 11.09.2008
Foto: sede Comunidad Madrid - guiarte.com
La rotonda de la discordia
ELPAÍS/Valencia* : Son las 8.15 y el tráfico es muy intenso. Como siempre en las horas punta, las entradas a Valencia engullen miles de coches. También en la rotonda que enlaza con la autovía V-21 en dirección a Barcelona y la ronda norte, aunque con mayores dificultades. En ese punto, hacia el final de la avenida de Cataluña, los conductores pueden leer dos grandes carteles.
En uno, el Ayuntamiento da las gracias por la visita, y en el otro, el Ministerio de Fomento pide disculpas "por las molestias" y recomienda "precaución". Vallas, máquinas y obreros conforman la estampa de una gran obra que dura ya años y que ha vuelto a enfrentar estos días a las dos administraciones.
El pasado viernes, la mañana discurrió relativamente tranquila, y los policías locales apostados en todas las esquinas para animar la fluidez del tráfico apenas usaron el silbato. A principios de mes, sin embargo, hubo días de embotellamiento extremo, con colas kilométricas para pasar por la rotonda. "Yo tardé 20 minutos más en llegar a casa", recuerda Jesús Ordaz, de 41 años, uno de los muchos conductores a los que pilló el atasco. La obra obligó a cortar tres de los seis carriles disponibles, y la medida coincidió con el regreso de las vacaciones. "Esto siempre está atascado. No se entiende cómo se hacen en poco tiempo obras faraónicas para divertir a cuatro y las públicas que sirven a todos se atrasan", se queja Vicent Pons, de 56 años.
De "vergüenza" ha calificado la alcaldesa, Rita Barberá, del PP, el hecho de que la obra lleve cuatro años en marcha. La primera piedra se colocó en febrero de 2004, meses antes de que el Gobierno del PSOE asumiera el poder. "Estaba todo listo para comenzar, pero la obra se retrasó dos años sin justificación", asegura el concejal de Circulación, Alfonso Novo. La demolición del paso elevado de entrada y salida a Valencia para sustituirlo por un túnel no comenzó hasta el verano de 2006, justo después de la visita del Papa Benedicto XVI. Podría haberse iniciado meses antes, pero el Ayuntamiento pidió que se aplazara a después del evento, aduce el Gobierno, que rechaza retrasos en la obra.
El Ministerio de Fomento argumenta que cuando se puso la primera piedra, el proyecto ya tenía siete años, estaba obsoleto en sus cálculos de tráfico, en el diseño y en la normativa de seguridad. Hubo que rehacer el proyecto, incluso en aspectos elementales, como en el caso de la torre mirador que presidirá la rotonda, de más de 40 metros de altura y que tenía prevista una barandilla al aire incompatible con la seguridad de los visitantes. La necesidad de mantener la zona abierta al tráfico, con una intensidad media diaria de 90.000 vehículos, también ha complicado el proyecto, alega el Gobierno. También ha sido necesario que la Generalitat desviara el tranvía y recolocara después las vías en mitad de la rotonda, otra actuación que ha sumado retrasos. Y la Unión Europea cambió las normas de seguridad en túneles en 2006. Excusas, según Alfonso Novo, que no ve "justificación" para que la obra dure tantos años. Desde 2006, asegura el concejal, la regulación del tráfico ha supuesto un coste de 800.000 euros. El Gobierno prevé que no tardará en abrir el túnel lateral de salida a la V-21 desde la calle del Clariano. La obra está avanzada, pero no hay fecha para su conclusión.
* ELPAIS.com - SARA VELERT - Valencia - 15/09/2008
Foto: La rotonda de salida a Barcelona- MÒNICA TORRES, elpais.com
UE investigará ayudas concedidas a construcción de hoteles
EFE/Lanzarote* : La Comisión Europea (CE) investigará sobre los Fondos Estructurales que se hayan podido emplear de forma irregular en la construcción de hoteles en la isla canaria de Lanzarote, según informó al partido de Los Verdes, que denunció la presunta irregularidad.
Así lo explicó hoy en un comunicado el portavoz de Los Verdes, Rafael Rodríguez, quien recordó que su partido presentó una pregunta a través del eurodiputado de la formación David Hammerstein para "destapar ante las autoridades comunitarias el escándalo de las ayudas europeas a la construcción de hoteles en Lanzarote", que ascienden a unos 30 millones de euros.
Según informó a Los Verdes la comisaria europea de Política Regional, Danuta Hübner, la CE no tenía conocimiento de la acusación de utilización ilegal o inadecuada de fondos comunitarios en cuanto a las disposiciones nacionales de uso del suelo en Lanzarote, ya que hasta ahora el Estado miembro no había procedido a presentar esa información.
La comisaria agregó que, si queda claro el uso de fondos europeos para proyectos ilegales, se pedirá a España que recupere cualquier cantidad de los Fondos Estructurales que se haya utilizado de forma irregular, "cancelando total o parcialmente la contribución de la Comunidad".
Advirtió de que, si el Estado miembro no cumple esta obligación, la Comisión estará en posición de comenzar un proceso de corrección financiera en las condiciones previstas en el reglamento relativo a los proyectos en cuestión.
Las ayudas europeas fueron concedidas entre 1998 y 2002, se encuadran en las destinadas a zonas deprimidas (Regiones Ultra Periféricas) y coincidieron en el tiempo con la moratoria urbanística puesta en marcha en las islas en 2000, lo que "hace pensar en un mal uso de dichos fondos confirmado por las sentencias anulatorias dictadas por los tribunales de Justicia", según Los Verdes.
Estas ayudas ascienden a más de 30 millones de euros y, en algunos casos, la subvención europea cubre el 25% del coste total de ejecución de obra.
* Invertia - EFE - 14.09.2008
Foto: Lanzarote - lanzarote-web
20 años de bendiciones para un hotel ilegal
ELPAÍS/Almería* : ¿Cómo puede levantarse un hotel de 20 plantas a 28 metros del mar y en terreno protegido? ¿Cómo pudo la promotora Azata del Sol erigir su mole en el parque natural del Cabo de Gata, en Almería, con todos los permisos y que, 20 años después del primer trámite, el juez falle que la licencia es ilegal? Sólo el apoyo continuado del Ayuntamiento de Carboneras y la Junta de Andalucía, del PSOE, explica que el hotel del Algarrobico, símbolo de la destrucción del litoral, haya llegado tan lejos.
Esta es la historia de la tramitación del proyecto y de cómo la Junta modificó sus propios planos -"de forma burda", según el juez- para legalizarlo.
Hace 20 años, el suelo de Almería casi se regalaba. Desde 1983 ya era alcalde de Carboneras Cristóbal Fernández, del PSOE. El 26 de mayo de 1988 la Junta aprobó el plan del hotel, 411 habitaciones pegadas al mar. El acuerdo no llegó al boletín oficial hasta el 8 de agosto. Las fechas son relevantes porque entre medias, el 4 de agosto, se aprobó la Ley de Costas, que fijaba una franja de 100 metros de protección de la costa. Cualquier plan urbanístico posterior al 1 de enero de 2008 debía adecuarse a la ley. El juez de lo contencioso-administrativo número 2 de Almería, Jesús Rivera, consideró la semana pasada que ya entonces la Junta y el ayuntamiento debieron anular el plan. El Ministerio de Obras Públicas, a través de Costas, alertó al ayuntamiento el 15 de febrero de 1988 de que debía respetar los 100 metros.
En 1990, las normas subsidiarias del municipio pasaron otra vez por la comisión autonómica de urbanismo. El hotel no suscitó debate, pero la crisis de principios de los 90 durmió el proyecto. En 1994, la comunidad amplió el parque del Cabo de Gata y calificó la zona del hotel C1, "incompatible con el uso urbanístico", según la sentencia que acaba de declarar ilegal el hotel. Pero la comunidad modificó la planimetría para decir que el hotel estaba en una zona urbanizable (D2). Con un bolígrafo, una mano anónima convirtió la C en D sobre un plano. Los siguientes cambios fueron más sofisticados. El 11 de marzo pasado, en un escrito el jefe de gabinete de planificación de la Junta, Antonio Garzás, explicó que la calificación como no urbanizable fue "un error", ya que era urbanizable antes de la llegada del parque, y que rectificaron "por vía de hecho", cambiando los planos sin hacerlo público. El juez considera que ese cambio dio "apariencia de legalidad a lo que es manifiestamente ilegal" y ha pedido al fiscal que investigue "la burda maniobra" por si ve delito. En 1997 ya era dueña del terreno la promotora Azata del Sol; sus directivos cuentan que fue muy barato. Entre 1997 y 2003 el proyecto recibió los parabienes de cuatro consejerías de la Junta. El Ministerio de Medio Ambiente seguía sin concluir el deslinde que delimita la zona pública y privada de playa. Las obras comenzaron en 2003 y sólo el recurso de 2005 de la Asociación Salvemos Mojácar logró en 2006 paralizarlas cautelarmente.
Juan José Luque y Cristóbal Fernández han participado en todo el proyecto. El primero fue delegado de Medio Ambiente de la Junta en Almería entre 1998 y marzo de 2008. Siempre insistió en que el hotel era legal y que no había habido ningún cambio de planos. Ocurría, decía, que el publicado en el boletín oficial era pequeño y no quedaba claro, pero que el hotel estaba en zona urbanizable. Luque es ahora director de la empresa pública Acuamed, del Ministerio de Medio Ambiente, en Almería. El otro es el alcalde, que ha insistido en que "el hotel está y estaba fuera del parque natural" y ha anunciado que recurrirá la sentencia. En los últimos 25 años Fernández sólo ha dejado el cargo seis meses al ser condenado por delito electoral. Con su renuncia dio tiempo al Gobierno socialista a indultarle; se volvió a presentar y ganó con mayoría absoluta. El juez critica que las dos administraciones actuaron con "abulia y desidia" y no defendieron el interés general.
A estos hay que sumar a Fuensanta Coves, consejera de Medio Ambiente entre 2000 y marzo de 2008, que defendió que el hotel era feo pero legal. Desde marzo preside el Parlamento Andaluz. En 2007, cuando el hotel era ya un quebradero de cabeza para la Junta, cambió del discurso. Entonces se sumó al recurso de Salvemos Mojácar contra la obra, pidió la demolición y comenzó a negociar con la empresa la expropiación. La Junta sostenía que la distancia legal para edificar era 50 metros del mar, criterio contrario al del juez, la Audiencia Nacional y el Ministerio de Medio Ambiente. Aun así, la administración de Manuel Chaves afirma que la sentencia le da razón y resalta que en 2007, con el nuevo plan del Cabo de Gata, aumentó al protección de los terrenos, "que pasaron de D2, urbanizables, a C3", terrenos construidos que hay que recuperar. Sin embargo, si, como dice el juez, el terreno era desde 1994 de máxima protección el nuevo plan rebaja la protección de la playa. Fuentes del actual equipo de Medio Ambiente, dirigido por Cinta Castillo, afirman que la Junta está determinada a demoler el hotel. Castillo ha calificado como "opiniones personales del juez" partes de la sentencia que le son contrarias. La ex ministra Cristina Narbona, siempre muy crítica con la obra, señaló que era legal y estaba dispuesta a pagar una indemnización pública.
El portavoz de la promotora en la zona, Antonio Baena, no entiende que la administración diga que es ilegal, ya que el ayuntamiento le eximió de los impuestos municipales para desarrollar el pueblo y, si la obra se hubiese terminado, la Junta habría ayudado con más de 2,5 millones de euros, el 10% de la inversión, a través de una subvención del Ministerio de Economía.
Aunque el hotel es ilegal (a falta del recurso), aún quedan pleitos pendientes en el Algarrobico. La promotora tiene dos recursos contra el deslinde de 100 metros que en 2006 concluyó el ministerio, y los ecologistas han recurrido el plan del Cabo de Gata. La Junta ha presentado otro recurso porque dice que la empresa no le informó cuando compró el terreno y quiere ejercer el derecho preferente sobre el suelo del parque.
Azata es dueña de terrenos junto al hotel que siguen siendo urbanizables. Es decir, que aunque la justicia tire el hotel (falta mucho para decidir quién paga eso y cómo), la empresa puede llegar a construir justo al lado. El Algarrobico puede que no vuelva a ser virgen nunca.
Fuensanta Coves
El hotel se construyó mientras era consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Esta legislatura es presidenta del Parlamento Andaluz
Antonio Baena
Portavoz de la empresa Azata del Sol, la promotora del hotel. Azata es dueña de otros terrenos en la playa que siguen siendo urbanizables
Cristóbal Fernández
Alcalde de Carboneras desde 1983. Defiende el proyecto argumentando que la zona de servidumbre marítimo-terrestre es de 20 metros en el Algarrobico
* ELPAIS.com- M. J. LÓPEZ DÍAZ - Almería - 14/09/2008
Foto: El hotel del Algarrobico- JULIÁN ROJAS, epais.com
El TSJ anula el PGOU de Guadalest y ordena proteger el conjunto histórico
INFORMACIÓN/Alicante* : El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha anulado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del Castell de Guadalest y obliga al Ayuntamiento a proteger el conjunto histórico y paisajístico del municipio en una sentencia que vecinos y Ayuntamiento califican de "ejemplar" y hace que "creamos en la Justicia con mayúsculas", en palabras de la alcaldesa, del PSPV-PSOE, Trinidad Amorós.
El Tribunal ha revocado así el PGOU que se aprobó definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante el pasado 29 de junio de 2004. Esa ordenación no contemplaba la protección del entorno histórico ni del paisaje y preveía la creación de varias macrourbanizaciones en una población de 220 habitantes, que se habría multiplicada por diez hasta alcanzar los 2.000 residentes.
La Asociación Cultural Ventpluig, colectivo vecinal de la localidad en defensa del patrimonio, presentó un recurso contencioso en contra la aprobación de dicho Plan General que ahora se ha resuelto de forma favorable, con el apoyo del propio Ayuntamiento, que, tras cambiar de color político (del PP al PSOE) en las últimas elecciones municipales, se posicionó a favor de las reivindicaciones de vecinos y ecologistas y en contra del planeamiento aprobado por el gobierno anterior, retirándose del contencioso -lo que en términos jurídicos se denomina allanarse-.
Así, el TSJ recuerda en su sentencia que "en el pleno del Ayuntamiento de 14 de septiembre de 2007 se acordó el allanamiento a las pretensiones planteadas por la Asociación Cultural Ventpluig", así como "la suspensión preventiva del otorgamiento de licencias y acuerdos de programación, e iniciar el expediente de redacción, tramitación y aprobación del Plan Especial de Protección del BIC (Conjunto Histórico y Monumentos-Castillo de Sant Josep y de la Alcoçaiba) y su entorno, e iniciar el expediente de contratación del equipo redactor". Una retirada que "ha sido aceptada por la administración autonómica", por lo que el Tribunal resuelve "estimar el recurso" declarando la aprobación del PGOU "contraria a derecho, anulándolo y dejándolo sin efecto" y añade que el Ayuntamiento "debe tramitar y aprobar el Plan Especial de Protección del BIC y su entorno".
"Esto es un triunfo de toda la gente anónima que lucha en defensa del patrimonio y ha sido posible gracias a la concienciación del nuevo Ayuntamiento", declararon desde la Asociación Cultural Ventpluig.
La resolución judicial pone fin a una lucha de años y vuelve a situar a Guadalest en el punto de partida para redactar un nuevo Plan General.
La alcaldesa felicitó ayer a los vecinos que "han demostrado como la iniciativa ciudadana ha sido capaz de luchar por proteger su pueblo cuando en el gobierno de Guadalest no había oposición". Asimismo, destacó que la prioridad de su equipo "es el cuidado del patrimonio y del paisaje", razón por la que trabajan, desde que alcanzaron el gobierno, en que el conjunto histórico de Guadalest sea declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Amorós esbozó las líneas del futuro PGOU, que ahora comienza a tramitarse y que prevé estar redactado en un año. "Los dos criterios fundamentales son el respeto al paisaje y al patrimonio" por lo que "está garantizado que no se construirá nada en el límite entre Guadalest y Benimantell". Asimismo, plantea un crecimiento de población no superior al diez por ciento.
* Información -B.G.- 14 de septiembre de 2008
Foto: Imagen panorámica tomada ayer del Castell de Guadalest DAVID REVENGA, diarioinformacion.com
El ex alcalde de Gondomar y 5 de sus ediles serán juzgados en noviembre por prevaricación urbanística
+-+valminor.info.jpg)
FARODEVIGO* : Un gobierno municipal en el banquillo acusado de prevaricación urbanística. El ex alcalde de Gondomar, Carlos Silva, y los cinco concejales de su junta de gobierno se sentarán a mediados de noviembre en el banquillo de los acusados por la supuesta concesión ilegal de 300 licencias urbanísticas.
El Juzgado de lo Penal número 2 de Vigo ha fijado para el lunes día 17 de noviembre el inicio de la celebración del juicio. La vista se prolongará al menos otras dos jornadas, e incluso en función del tiempo que requiera el análisis de las pruebas documentales en que se basa la acusación, podría durar toda la semana.
La fiscal solicitó un año y medio de prisión para Carlos Silva y los ediles Ángel Grégores (concejal de Vías y Obras), Jaime Rial (concejal de Alumbrado y Servicios), Abelardo Meneses (concejal de Medio Ambiente), José Misa (concejal de Deportes) y José Luis Mosquera (concejal de Cultura). Éste último también ha sido imputado en otro caso de supuesto cohecho por corrupción urbanística en el mismo municipio que se sigue en causa aparte.
Delito
El ministerio público considera que todos ellos son responsables de un delito contra la ordenación del territorio, concretamente en su modalidad de prevaricación urbanística. Además de la pena de cárcel, solicita también un castigo de 10 años de inhabilitación especial para ser elegidos miembros de corporación local.
Carlos Silva, al frente de la Alcaldía, y los cinco concejales formaban la junta de gobierno de Gondomar entre febrero de 2005 y enero de 2006, período en que se concedieron las 300 licencias urbanísticas de forma supuestamente ilegal, ya que los permisos fueron otorgados al amparo de un Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) anulado y con informes jurídicos desfavorables por parte de los técnicos municipales.
La anulación del PXOM de Gondomar se produjo en febrero de 2005 tras un largo proceso judicial. El documento había sido aprobado en pleno en 1997, pero el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia lo dejó sin efecto en una sentencia de 2001. El Tribunal Supremo lo anuló de forma definitiva cuatro años después por tener defectos de forma.
Los seis imputados por presunta prevaricación urbanística pertenecían al grupo popular que en aquellos momentos gobernaba el municipio gondomareño. En la actualidad Carlos Silva y Ángel Gregores siguen siendo concejales, aunque ahora tras las últimas elecciones municipalesestán en la oposición.
En caso de ser condenados por prevaricación urbanística, tendrían que abandonar la corporación municipal.
* Faro de ViGo - UJUÉ FOCES - 12.09.2008
Foto: Gondomar (Pontevedra) - valminor.info
La Guardia Civil registra la casa de un ex concejal de Arona por supuesta corrupción urbanística
,+ayuntamiento+-+coralia,+picasaweb.google.com.jpg)
EFE/Tenerife* : La Guardia Civil está registrando desde las ocho de la mañana el domicilio de Félix Sierra, ex concejal del PP en la localidad tinerfeña de Arona, por su supuesta relación en un caso de corrupción urbanística en el municipio.
Sierra es ahora consejero del Grupo Popular en el Cabildo de Tenerife. El registro podría extenderse en las próximas horas a otras de sus propiedades, según fuentes de la investigación.
Desde el año pasado, un juzgado de Arona instruye un caso por el supuesto cobro de comisiones a cambio de la concesión de licencias para construir, en el que están imputados el alcalde del municipio, José Alberto González Reverón, de Coalición Canaria (CC), y otros siete ediles de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento en el pasado mandato, formada por CC, PP y Centro de Arona.
El registro de la casa de Sierra podría estar relacionado con este caso, según fuentes de la investigación. La operación, abierta en 2007, derivó también en la detención de cuatro personas más.
* ELPAIS.com- EFE - Santa Cruz de Tenerife - 12/09/2008
Foto: Arona (Tenerife), ayuntamiento - coralia, picasaweb.google.com
La Fiscalía pide dos años de cárcel para Hernán Díaz y para el ex edil de Urbanismo de El Puerto
+-+juntadeandalucia.es.jpg)
TERRA/Cádiz* : La Fiscalía pide dos años de prisión y nueve de inhabilitación especial para empleo o cargo para el ex alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz) Hernán Díaz y para el ex concejal de Urbanismo Juan Carlos Rodríguez, ambos de Independientes Portuenses (IP), por la causa conocida como 'caso Pinar de Coig'.
Además, el fiscal ha solicitado ya la apertura de juicio oral, según publica en su edición de hoy el Grupo Joly, que indica que el la Fiscalía pide el sobreseimiento provisional para el propietario de los terrenos, del ex edil de Urbanismo anterior a Rodríguez, del ingeniero que elaboró el proyecto de electrificación para las viviendas y de la persona que vendió la viviendas.
El origen del caso se remonta a 2005 cuando Ecologistas en Acción denunció ante la Fiscalía y supuesto delito de prevaricación y contra la ordenación del territorio. Así, el fiscal indica en su escrito de acusación que los acusados omitieron las medidas necesarias para restaurar la legalidad urbanística vulnerada en la zona del Pinar de Coig, que el PGOU vigente catalogaba como sistema general de espacios libres y se estaban llevando a cabo obras de edificación de viviendas.
Además, el fiscal añade que la omisión de medidas concretas se vio reforzada por actuaciones de los acusados tales como la solicitud de suministros básicos para la zona. Además, en abril de 2005 se llegó a remitir a la compañía Sevillana de Electricidad un proyecto de red subterránea de baja tensión para dar suministro eléctrica a las 30 parcelas de la zona.
*
Terra Actualidad - Europa Press - 12.09.2008
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz) - juntadeandalucia.es
"Quizá la M-30 se hizo muy rápido"
.jpg)
ELPAÍS/Madrid* : Sólo han pasado 15 meses desde su inauguración. Pero ya van ocho colapsos por inundación. La M-30, la obra de soterramiento urbano más cara jamás realizada por el Ayuntamiento (costará a los madrileños unos 4.800 millones de euros) ha fallado demasiado. Esta es la conclusión unánime a la que llegan los expertos consultados por este periódico.
Eso, y que quizá hubo demasiada prisa por terminarla (se construyó en dos años). A la inundación del miércoles hay que añadir un nuevo incendio en una subestación eléctrica que se produjo ayer en Madrid. ¿Están las infraestructuras de la capital preparadas para la adversidad?
"Las infraestructuras se calculan para que en ciertos momentos se saturen y puedan colapsarse. Las autopistas, por ejemplo, están pensadas para que se saturen en un 5% de las ocasiones. No se hace una autopista de 20 carriles para que esté vacía todo el año. Es más útil cuatro carriles y que se colapse una vez al año", explica Pedro Ortiz, arquitecto y ex director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid.
"Lo mismo sucede con las demás infraestructuras. A veces, el cálculo desprende que es preferible reparar los desperfectos de una tromba de agua que se produce una vez por siglo, que gastar mucho dinero en una estructura más resistente. En Madrid hay infraestructuras hechas en diferentes momentos, y quizá no siempre se tuvo en cuenta la periodicidad de las adversidades".
En el caso de la M-30, desde luego, no es por dinero ni por modernidad. "Esa vía tiene unos depósitos de descarga inmensos que absorben el agua excedentaria del río para homogeneizar el flujo y poder tragar poco a poco. El agua queda un tiempo ahí remansada y luego va tragando. Pero parece que no están en el sitio adecuado o que no tienen suficiente volumen", insiste Ortiz.
Una tesis parecida esgrime un técnico de bomberos que conoce la obra. "Se ha advertido al Consistorio de que el sistema de evacuación está infradimensionado. No hay capacidad. Y ha sido un problema de dinero", explica pidiendo guardar el anonimato.
El arquitecto y premio Nacional de Urbanismo José María Ezquiaga apunta también al factor tiempo. "En parte se puede explicar porque la obra se realiza con mucha celeridad. Quizá demasiado. Si se hubiera hecho más despacio, además de diversificar el gasto en otras infraestructuras que se necesitan, se podrían haber corregido errores. En este caso no se ha podido hacer".
"Los cálculos de inundabilidad se hacen a 500 años. Técnicamente eso es sencillo", señala el catedrático de Construcción Salvador Pérez Arroyo. "En este caso, o es un problema de coordinación de administraciones, de mantenimiento o un error de diseño. Yo tengo una gran fe en el ingeniero que lo hizo (Manuel Melis). Pero en una guerra hasta los generales se equivocan", apunta Pérez Arroyo.
La M-30, en algunos tramos, discurre por debajo del nivel freático. Este podría ser otro problema añadido en caso de lluvia intensa. "No es normal que se inunde tanto. Las lluvias afectan a todas las infraestructuras. Pero siempre le toca a la M-30 entre San Pol de Mar y Legazpi", analiza Luis Suárez, presidente del Colegio de Geólogos de Madrid."Cuando llueve, el terreno de Madrid no atrapa nada porque carece de vegetación. Y las bombas de achique se inundan porque quizá no tienen capacidad. Debería estudiarse un sistema de drenaje que permita que esto no ocurra.Pero es complicado, porque en algunos tramos discurre por debajo del nivel del río", insiste Suárez.
* ELPAIS.com - DANIEL VERDÚ - Madrid - 12/09/2008
Foto: madrid M30 - A.Ferreras (El País)
Un plan revisará 5.000 casas ilegales en Almería
ELPAÍS* : La Junta de Andalucía ha incluido la comarca almeriense del Almanzora en el Plan General de Inspección de Andalucía diseñado para luchar contra el urbanismo ilegal. Alcaldes de municipios como Zurgena, Albox o Cantoria, asistieron ayer a una reunión en la Delegación de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía en Almería para buscar una salida a las más de 5.000 viviendas ilegales ubicadas en suelo no urbanizable en sus municipios.
El delegado de Vivienda y Ordenación, Luis Caparrós, aseguró que la mayoría de estas viviendas pertenecen a ciudadanos británicos. "Este plan va a tener un reglamento que antes de diciembre va a estar aprobado y es lo que nos va a permitir llegar a un acuerdo de colaboración con los Ayuntamientos para que a su vez redacten y aprueben el plan municipal de inspección. Este plan municipal verá el territorio y reflejará vivienda a vivienda", dijo el delegado.
Caparrós anunció que se elaborará una ficha tipo de cada vivienda para conocer en qué situación se encuentra. Algunas de ellas podrán ser reguladas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de cada municipio pero otras que se encuentran en suelo no urbanizable quedarán fuera de ordenación.
Al término de la reunión con los regidores implicados y portavoces de la asociación Abusos Urbanísticos Almanzora No (AUAN), Caparrós avanzó que el trabajo se realizará de forma paralela a la redacción de los PGOU.
* ELPAIS.com - M. J. L. D. - Almería - 12/09/2008
Foto: Albox viviendas ilegales - teleprensa.net
La corrupción sin castigo
FRANCISCO JAVIER CERUTI GARCÍA DE LAGO* : Una de las mejores definiciones de la corrupción política la describe como aquella situación en la que el gobernante antepone intereses particulares al interés general. No hay que ser muy listo para darse cuenta de que cuando el que administra nuestro patrimonio no lo hace pensando en el beneficio de los contribuyentes sino en el de algún amigo, socio o cómplice, nos está robando a todos: robando dinero, robando derechos, robando ilusiones y robando pasado y futuro. Todo eso nos han robado, por ejemplo, aquellos alcaldes que no planificaron el urbanismo de sus municipios a partir de los exigibles criterios de sostenibilidad, los únicos que habrían beneficiado a la generalidad de los ciudadanos.
Así, hoy, la gran mayoría somos mucho más pobres porque aquéllos a quienes confiamos lo nuestro prefirieron enriquecer rápidamente a unos pocos, en ocasiones a ellos mismos, olvidando cuáles eran sus obligaciones de servicio público.
Desgraciadamente nuestro sistema legal es tan imperfecto que ninguno de estos defraudadores públicos ha sido, que se sepa, castigado. Al parecer da igual que algunos de nuestros mejores paisajes costeros hayan sido machacados para enriquecer a alcaldes, constructores y, en el colmo del desparpajo, alcaldes constructores. Da igual que se tiren a la mar los residuos de más de setenta mil personas "saneados" por depuradoras diseñadas para poblaciones con un máximo de quince mil habitantes. Da igual que las excavadoras se coman un monte en las narices de todos o que se permita edificar en espacios protegidos. Da igual. Y da asco. Y nos hace un daño enorme. Sólo si por fin se redactaran leyes que responsabilizaran objetivamente de las consecuencias de sus actos a estos personajes, podríamos dejar de temer que sus atropellos continuasen.
Pongamos un ejemplo a futuro: si el Código Penal garantizara efectivamente nuestro derecho a disfrutar de un entorno bien conservado castigando a quien fuera responsable de su deterioro, el Alcalde de Noja no pretendería construir un puerto deportivo en uno de los últimos reductos naturales de su municipio. Siendo notorio que él conoce el enorme valor medioambiental del espacio costero que se vería afectado (basta con ver cómo lo describe la página web del propio Ayuntamiento, para mayor guasa llamada www.nojaatodacosta.com), si su destrucción acarreara consecuencias jurídicas nunca promovería semejante desatino. Pero este gran responsable del desastre urbanístico de Noja sabe perfectamente que no le pasaría nada ni siquiera, por imaginar la mayor de las desvergüenzas, aunque se demostrara que el principal beneficiario económico de la operación fuera él mismo.
La tristísima conclusión es que en nuestro actual marco jurídico hay muchas formas de corrupción que resultan impunes. Y nada cambiará hasta que los legisladores decidan, ellos también, que por encima del interés de sus partidos políticos está el interés general, y que es imprescindible cambiar las leyes para impedir estos atropellos. Hasta entonces seguirá el despojo.
* El Diario Montañés - Opinión - 10.09.2008
Carboneras: Varios colectivos ciudadanos solicitan la paralización del POTLA
CAMPOMAR*: Las asociaciones de la Red Almeriense en Defensa del Territorio están dispuestas a acudir a los tribunales para paralizar el Plan de Ordenación del Levante Almeriense-POTLA si el Gobierno regional no tiene en cuenta sus alegaciones y permite que se construya en suelo protegido y se masifique la comarca.
Varios colectivos ciudadanos integrados en dicha red están dispuestos a recurrir en la vía contencioso-administrativa dicho plan, al igual que han hecho con los planes de ordenación y uso y gestión del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.
Los afectados aseguran que en el proceso de elaboración del Plan de Ordenación del Levante Almeriense no se les convocó a participar, algo que consideran antidemocrático, «teniendo en cuenta que hemos presentado numerosas alegaciones y ni siquiera han sido contestadas».
Los ecologistas y otros ciudadanos que luchan por la defensa medioambiental del Levante aseguran que el plan de ordenación de esta comarca «es un plan de desorden territorial y un instrumento para la especulación masiva al servicio de las promotoras inmobiliarias y sus intereses y que atenta contra los intereses básicos de los ciudadanos».
Aseguran que dicho plan «supone una barbarie medioambiental y urbanística sin precedentes que integra varias irregularidades de extrema gravedad, como la pretensión de construir en suelo protegido» y el desarrollo de un plan urbanístico en Carboneras «en los terrenos protegidos de Torre del Rayo y la construcción de una macrociudad de 5.300 hectáreas que abarca siete municipios, que podría albergar 400.000 personas; así como tres campos de golf nuevos».
Denuncian que «no se pone freno alguno a las pretensiones de urbanizar todo el territorio de municipios como Vera y se ignoran o niegan deliberadamente las necesidades urgentes de renovación total de infraestructuras de saneamiento en toda la comarca».
Peor calidad de vida
Dicen que si el Gobierno regional permite que este plan se lleve adelante tal y como está, sin incluir las alegaciones de los ecologistas, «los ciudadanos se exponen a que su calidad de vida se encarezca y se vea disminuida, al tiempo que se masifica el último espacio alternativo a la masificación del litoral español y se destruye de forma irreversible su medioambiente». Critican que el delegado de Vivienda y Ordenación del Territorio, Luís Caparrós, «no haya mencionado ninguna de nuestras alegaciones» y que su reciente intervención pública «se halla centrado en satisfacer los intereses de unos ayuntamientos que sólo defienden un desarrollo especulativo insostenible y destructivo, que dejará devastado nuestro litoral».
* Campomar - Sep 2008
Foto: Carboneras, protesta POTLA- campomar.info
