Vitoria: El fiscal pide seis meses de cárcel para Ibarrondo por prevaricación urbanística

ELCORREO* : El proceso contra el ex concejal popular Jorge Ibarrondo por un presunto delito de prevaricación urbanística sigue adelante. El pasado mes de julio la jueza que lleva el caso, Ana Jesús Zulueta, emitió el auto en el que se admitía la apertura de juicio oral.

La defensa del ex edil no recurrió la resolución, según confirmaron fuentes jurídicas. Ahora la Fiscalía formula el escrito de acusación: pide una pena de seis meses de prisión para Ibarrondo, su inhabilitación para el cargo de concejal durante siete años y que pague el derribo del séptimo chalé que permitió construir, «contraviniendo la norma municipal», en una parcela que por sus dimensiones «sólo admitía seis», según las acusaciones personadas en el caso. Además, el Ministerio Público solicita que se abra un proceso para determinar «las responsabilidades pecuniarias del acusado» y que se le exija una fianza para hacerles frente.

En este punto, ya están sobre la mesa las cartas que decidirán la resolución del conocido como 'caso Ali'. La historia se remonta al año 2003. El 16 de septiembre Ibarrondo, siendo concejal delegado de Ordenación del Territorio y Vivienda de Vitoria, denegó una licencia de obra a la empresa Salgado Iglesias S.A. La constructora pretendía levantar siete chalés en una parcela de su propiedad situada en el número 24 de la calle Ali. El motivo de la negativa era que la finca tenía una superficie de 1.974,85 metros cuadrados, según el Catastro, y para construir siete casas la normativa municipal requiere 2.000 metros. La empresa recurrió, y el concejal volvió a reiterar su negativa el 4 de marzo de 2004.
Pese a todo, Salgado Iglesias S.A. volvió a presentar la misma solicitud el 15 de diciembre de 2004. El Servicio de Régimen Jurídico de Edificaciones del Ayuntamiento mantuvo el criterio municipal y emitió una propuesta de resolución negativa, pero Ibarrondo cambió de opinión. Dice la Fiscalía que no hubo ni informe técnico ni motivo alguno que justificase este comportamiento. De hecho, tanto el fiscal como la jueza -en el auto en el que admitía la apertura de juicio oral- mantienen que el concejal «ocultó» a los servicios jurídicos municipales su resolución favorable a que la constructora levantase siete chalés, que se produjo el 1 de junio de 2005.
Responsabilidad municipal
Para explicar este cambio de criterio y la concesión de la licencia de obra, Ibarrondo alegó que los antecedentes catastrales de 11 de mayo de 1988 «acreditan que la parcela disponía de una superficie de 2.160 metros cuadrados». Y añadía que la medición que le otorga 1.974,85 metros «no ha tenido en cuenta la pérdida de superficie por la regularización del lindero común con el PERI-2 de Ali».
En el Ayuntamiento supieron que las casas habían sido construidas cuando la empresa solicitó la licencia de primera ocupación, y entonces salió a la luz el escándalo. Según recuerda la Fiscalía en su escrito de acusación, seis de las casas ya fueron vendidas a terceras personas, y la séptima sigue siendo propiedad de Salgado Iglesias S.A. Ahora, aparte de las penas para Ibarrondo, el fiscal pide el derribo de este séptimo chalé, y que sea «a cargo del acusado». También apunta al Consistorio como responsable civil subsidiario.





* El Correo Digital - 17.09.08 -LUIS LÓPEZ
Foto: Vitoria-Gasteiz, ayuntamiento - Miguel A. Garcia (vitoria-gasteiz.org)