FARODEVIGO* : La recopilación de datos por parte de la Plataforma pola Retirada do Plan "Vigo Íntegra": "Gondomar vive" está en marcha, pero sus dirigentes ya disponen de números alarmantes. Sólo uno de los viales que "destroza" el rural gondomareño elimina al menos 83 casas y cientos de propiedades. La coordinadora continúa su trabajo de recogida de información y de asesoramiento.
Para ello, inicia hoy una ronda de asambleas por las parroquias rurales que servirán a los vecinos para exponer sus casos y elegir entre los diferentes tipos de alegaciones que el colectivo ha preparado.
La plataforma cuenta con distintos modelos de recursos al plan viario metropolitano que la Consellería de Política Territorial propone para vertebrar el entorno de Vigo. "O proxecto afecta a aspectos moi diferentes, desde o impacto ambiental ata o acústico, ademáis das propiedades e mesmo a forma de vida do Val Miñor", comenta Marta Dacosta, una de las directivas. Así, los encuentros en las zonas rurales de Gondomar estarán divididas en dos partes. Primero, los miembros de la plataforma expondrán las distintas alegaciones y, seguidamente, atenderán a cada vecino para recomendarle uno u otro modelo.
Las primeras reuniones se desarrollarán hoy a las 21.00 horas en los centros culturales de Peitieiros y Couso. Mañana jueves, los integrantes de la coordinadora acudirán a la misma hora a la escuela de Guillufe, en Morgadáns, y al centro cultural de Chaín. Por último, el viernes, los encuentros se celebrarán, también a las 21.00 horas, en el centro cultural de Vilaza y en la Casa da Cultura del centro urbano de Gondomar.
Afecciones
Los directivos de la Plataforma pola Retirada do plan "Vigo Íntegra": "Gondomar vive" se sorprenden cada día con los nuevos descubrimientos sobre el proyecto. A las 83 viviendas unifamiliares que arrasa el vial que uniría Couso con la autopista, se suma un edificio de viviendas recién construido en el centro urbano de la villa condal que eliminaría el acceso a la autopista desde el centro de Gondomar. Esta infraestructura acabaría con el atrio de San Benito, rozaría la galescola y el cuartel de la Guardia Civil, entre otras afecciones.
El plan viario metropolitano que la Xunta prevé para la zona se encuentra en Gondomar con numerosas voces discordantes. El gobierno municipal y otros grupos políticos se han manifestado en contra del proyecto, además de la gran mayoría de los colectivos vecinales. Muchos de ellos tramitan su integración en la plataforma, que supera ya el medio millar de integrantes.
La coordinadora incide en la necesidad de intercomunicar la comarca con enlaces desde la autopista AG-57, pero considera "innecesario" y "desorbitado" este plan, especialmente cuando algunas demandas podrían resolverse "con el impulso do transporte público e a liberalización da peaxe da Ag-57", recalca José María Matías, otro directivo.
* Faro de Vigo - N. PILLADO / GONDOMAR - 20.08.2008
Foto: Gondomar (Pontevedra) - lavozdegalicia.es
La plataforma contabiliza ya 83 casas que desaparecerán con el Vigo Íntegra
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Tema: NOTICIAS Galicia
Turisme Jove compró una finca en es Jondal a un precio seis veces superior a otros terrenos públicos
DIARIODEIBIZA* : Los terrenos adquiridos por el Govern en es Jondal para ampliar el campamento juvenil de la zona se pagaron a un precio que los nuevos responsables autonómicos consideran «desorbitado» y «sospechoso»: 18 euros el metro cuadrado, mucho más de los tres euros abonados este año por una inca rústica en Sant Joan o los 90 céntimos pagados hace tres años en Formentera en la compra de una finca de tres millones de metros cuadrados.
El consorcio Turisme Jove, cuyos principales dirigentes están imputados en un escándalo de corrupción tras las investigaciones de la Fiscalía de Balears, compró en el año 2006 un terreno de 40.000 metros cuadrados en es Jondal para ampliar las instalaciones del campamento juvenil que la conselleria de Joventut tiene en dicha zona, y que al año siguiente fue transferido al Consell Insular de Eivissa.
El precio de esta operación fue de 720.000 euros, lo que arroja un promedio de 18 euros el metro cuadrado, una valoración inusualmente elevada para un terreno rústico de esas características. Los nuevos responsables de la conselleria de Joventut del Govern están investigando los detalles de esta operación, que consideran «sospechosa» por lo «desorbitado» del precio pagado por los anteriores responsables del consorcio Turisme Jove.
Tanto la ex consellera de Deportes y Juventud del Consell Insular de Eivissa, Cati Palau, como el particular que vendió el terreno, Fernando Torres Almunia, confirmaron ayer a este periódico que se pagaron algo más de 720.000 euros por esas cuatro hectáreas de terreno. El acuerdo se cerró mediante negociaciones entre los responsables del Consell Insular, el propietario y también dirigentes de Turisme Jove llegados de Palma, entre los que se encontraría alguno de los ahora imputados por el juez. Los pagos se efectuaron desde el citado organismo autonómico, en tres plazos, según Cati Palau.
De los tres pagos, dos se efectuaron directamente desde la conselleria de Joventut del Govern y el tercero se habría realizado a través del Consell Insular, «pero mediante una transferencia desde el Govern», señaló Palau.
«Total normalidad»
La ex consellera del área señaló que las negociaciones y el posterior acuerdo se desarrollaron «con total normalidad» y dijo que el precio que se pactó «fue el que se consideró más conveniente para todos». Aseguró también que el Consell tenía gran interés en ese terreno, porque estaba colindante al campamento donde se desarrollan actividades juveniles todos los veranos. «Los coches ya aparcaban allí y nos venía muy bien ese solar», señaló.
El precio pagado por el Govern balear por este terreno de es Jondal supera de forma espectacular lo abonado por el mismo Ejecutivo autónomo en otras operaciones de adquisición de suelo. Sin ir más lejos, la finca de 220.000 metros cuadrados que la conselleria balear de Medio Ambiente ha comprado este mismo año en Sant Joan para dedicarla a terreno protegido costó 676.000 euros, es decir, 3,07 euros por metros cuadrado, que «es la cantidad que se suele manejar para este tipo de adquisiciones», señaló el conseller Miquel Àngel Grimalt.
Más económica aún salió la compra en 2005 de tres millones de metros cuadrados de terreno es Cap de Barbaria, por parte también de la conselleria balear de Medio Ambiente. En concreto, los 3.184.384 metros que se compraron en sa Tanca d´Allà Dins costaron 2.897.798 euros, esto es, 0,9 euros por metro cuadrado.
Fuentes de inmobiliarias de Eivissa indicaron que, aunque el precio de mercado del suelo rústico puede ser superior a estas cantidades, en ningún caso alcanza los 18 euros, que consideraron una cifra «excepcionalmente elevada».
* Diario de Ibiza - JOAN LLUÍS FERRER - 20.08.2008
Foto: Imagen del campamento de es Jondal, donde se adquirieron los terrenos por parte del Govern. Vicent Mar, diariodeibiza.es
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La prensa británica vincula el urbanismo en la C. Valenciana con la corrupción
LEVANTE* : Los británicos que compraron propiedades en la Comunitat están siendo víctimas de un "régimen urbanístico notoriamente corrupto y caprichoso", se leía en el artículo a cinco columnas del Daily Telegraph con el que el rotativo inglés abrió su sección de revista de fin de semana. El reportaje, un extenso informe sobre los efectos de la crisis crediticia en la construcción de la Costa Blanca, aparecía mencionado en primera página.
Bajo el titular de Sueños que se derrumban al sol, el periódico con mayor número de lectores en el Reino Unido -supera los 900.000 ejemplares diarios- exponía el drama de miles de sus conciudadanos, que han visto evaporarse la esperanza de un plácido retiro: "la corrupción y la crisis inmobiliaria les ha dejado sin sus ahorros y, en muchos casos, sin su casa".
Así, el Daily Telegraph relataba el caso del Albatera Golf & Country Club, una promoción de 1.500 viviendas bungalow que "nunca se construirán". Cerca de un millar de británicos desembolsaron en 2005 depósitos por valor de 100.300 euros, pero desde entonces no han podido visitar más que cuatro chalets piloto. "Como otras muchas urbanizaciones a lo largo de la Costa Blanca", se asegura en el artículo, "los terrenos yacen sin actividad, sin agua ni electricidad, y sin perspectivas de futuro".
La promotora de Albatera Club, San José Inversiones, presentó la quiebra en mayo al no haber conseguido ampliar su capital en 26 millones de euros para continuar con las obras. A juicio de Gwilym Rhys-Jones, investigador financiero afincado en Alicante, situaciones similares se dan "no sólo con pequeñas firmas sino incluso con constructoras de gran volumen, que han aceptado depósitos para viviendas a sabiendas de no disponer de financiación suficiente".
El diario conservador indicó que el desplome de los precios de la nueva vivienda, junto al recorte de los créditos a las constructoras por parte de los bancos, ha dejado al descubierto a "una gran cantidad de proyectos que no tenían ni siquiera permiso del gobierno [de la Generalitat], pero que han contado con el visto bueno de alcaldes corruptos: la costa está superpoblada de este tipo de urbanizaciones".
Fuentes del Colegio británico de Inspectores de la Propiedad han señalado a Levante-EMV que "con las cifras oficiales en la mano, se ha construído tanta vivienda que incluso con un mercado en condiciones normales hubieran originado una burbuja de precios".El autor del reportaje, Neil Tweedie, escribió en el Telegraph que la planificación de las autoridades autonómicas ha posibilitado "el nacimiento de un desarrollo que ya ha desfigurado, físicamente, las líneas de la costa mediterránea del país". Con el artículo Sueños que se derrumban al sol, el Daily Telegraph ha seguido la estela de otros periódicos nacionales publicados desde Londres, que han denunciado el aparente caos del sector inmobiliario valenciano. Apenas hace una semana, The Independent afirmó: "Lo que una vez fue el mercado más potente de la segunda vivienda en Europa, ha sufrido el mayor 'crash' del momento, por culpa de la corrupción y la sobreexplotación del territorio". The Independent, que tiene una circulación aproximada de 234.000 ejemplares, cree que "nadie está seguro de lo que pasará en el futuro".
"Las inmobiliarias te mienten"
Por su parte, el diario progresista y más cercano al gobierno, The Guardian con 380.000 ejemplares, ha publicado las historias de varios jubilados británicos que quisieran volver al Reino Unido pero no les llega con la venta de sus actuales propiedades en Torrevieja para costear el traslado: "El valor de nuestras viviendas es bastante inferior al que tuvimos que pagar por ellas", se duele Gavin Brown, uno de los afectados, "pero los agentes inmobiliarios aquí te mienten con tal de conseguir salirse con la suya".
Sin embargo, no todas las voces son tan pesimistas. Derek Bliney, de Link Estates, confía en la renovación del éxito de la Costa Blanca: "Todos los buenos motivos por los que los europeos del norte han escogido esta área continuan siendo válidos. Tenemos un clima estupendo, las playas son bellísimas, y las conexiones vía aérea han mejorado".
Otros, como Inés Riz, de Direct Auctions, ven además un período de ocasiones para aprovechar. Según Riz, los bancos se están incorporando al mercado de subastas para "deshacerse de las pérdidas que les traen los impagos de las constructoras".
* Levante-EMV - Victorià Jiménez, Londres. - 19 de agosto de 2008
Foto: construcción. El estallido de la "burbuja" inmobiliaria llega al Reino Unido.
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Andalucía: Especulación inmobiliaria, construcciones y delitos urbanísticos, el pan nuestro de cada día (II)
GAS* : Como en noticias anteriores, recorremos el panorama andaluz en relación a la urbanización y nuevas construcciones. Así como a los delitos urbanísticos en las diversas provincias. En este caso, en Sevilla nos centraremos en cómo sigue ampliándose el Área Metropolitana de viviendas, provocando situaciones insostenibles.
Andalucía
Mientras la crisis en el sector del ladrillo continúa, se ve un cambio en el planteamiento urbanístico a nivel andaluz: este consiste en la apuesta de rehabilitación de viviendas para su venta o como forma de suplir la falta de nuevas viviendas. Sin embargo, la tónica sigue siendo abrir un mercado a las constructoras, como deja ver el “Plan Andaluz de Vivienda 2008-2012”. En él, la Junta se compromete a construir 300.000 nuevas viviendas protegidas (VPO), abiertas a las familias más desfavorecidas; el resto de familias que no lleguen al mínimo, tendrán que pedir más préstamos para pagar las viviendas, ya que los precios aún están muy altos. Además, en sí el proyecto sólo es viable para las empresas constructoras, ya que como venimos recordando, existen en Andalucía más de 550.000 casas vacías (dato extraido del censo del 2001), con lo que el hecho de seguir construyendo no tiene ningún sentido.
La clave del urbanismo en Andalucía es el Pacto por la Vivienda, suscrito en diciembre pasado por Junta, ayuntamientos, cajas de ahorros, patronal y sindicatos, y el decreto que un mes más tarde permitió agilizar la adaptación de los planeamientos municipales a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), aprobada en 2002. Esta norma exige a los ayuntamientos que reserven el 30% de sus suelos a la construcción de VPO, pero según la propia Junta algo menos de un 10% de los consistorios de la comunidad han adaptado sus planes urbanísticos conforme a dicho requisito.
Por su parte, Chaves sigue con su discurso contrario a la especulación urbanística, anunciando que va a tener tolerancia cero con dicha especulación, promesa que como se puede ver en esta noticia, no hace mucho efecto. En este sentido, se ha creado el Cuerpo de Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo, compuesta por 25 miembros, para vigilar por el cumplimiento de la legalidad y luchar contra los delitos urbanísticos.
Como comentamos, en el futuro del urbanismo andaluz se está ganando un terreno la reparación y aprovechamiento de edificios antiguos, aunque aún las construcciones serán lo prioritario al salir beneficiadas grandes capas empresariales e incluso institucionales. Con respecto a este debate interno que es posible que empiece a sonar con más fuerza, es de destacar la postura de la Junta, que prevé rehabilitar 135.000 pisos hasta el año 2012 debido al parón del sector de la construcción. Junto con estas cifras, el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio ha asegurado que la reparación de inmuebles genera el triple de mano de obra que la nueva construcción, con lo que socialmente es más sostenible y positivo.
En el estado existen un millón de viviendas construidas y sin vender. En Andalucía, las cifras no son claras, aunque gran parte de ese millón puede corresponder a la comunidad autónoma. Y, según la política del Plan de Vivienda (2008-2012), parece que los números de viviendas vacías y sin estrenar no van a bajar, ya que se siguen implantando planes para la construcción de miles de viviendas de protección oficial (VPO). De hecho, en Andalucía, más de 150 municipios se han acogido al decreto que les permitirá ofertar suelo para la construcción de viviendas protegidas sin adaptar los PGOU correspondientes. Así, se prevé la construcción de 132.000 viviendas protegidas en 4 años. Sin embargo, es posible que esta panacea en momentos de la crisis del ladrillo, empiece a ser poco útil, ya que se dan diversos casos en los que familias rechazan las VPO por ni poder pagarlas, a pesar de estar rebajadas. Así, en Fuengirola, han rechazado 100 viviendas de una promoción, y en otras poblaciones, el hecho es el mismo: tener que pagar 600 euros al mes es demasiado para multitud de familias en Andalucía.
Sevilla
En el Área metropolitana de Sevilla, la tendencia es al vacío de la capital y a la superpoblación en localidades que van creciendo como el caso de Dos Hermanas o el Aljarafe; así, los datos confirman esta tendencia: en el mercado de la vivienda nueva, Sevilla vende 8 pisos al día de media, mientras que en el Área Metropolitana, son 18. Esta tendencia, mayor que en el año 2007, se explica por la apuesta de los ayuntamientos y la Junta por las VPO, lo que hace que más gente se lance a la compra de pisos más baratos, lo que a su vez beneficia a las empresas ya que los negocios no se hunden y a los bancos, al pedir más préstamos para poder pagarlas.
Y en relación a que existe un gran escalón entre las personas que optan a las VPO y las que no por tener unos ingresos un poco mayores, es palpable el problema para el segundo grupo a la hora de conseguir una vivienda, ya que los precios en Sevilla y en el Área Metropolitana, en lugar de disminuir, está aumentando: 3.000 euros el metro cuadrado en el primer trimestre de 2008. Por su parte, la vivienda de segunda mano también ha subido en los últimos meses.
En Sevilla capital, Emvivesa (la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla) ha abierto el plazo para la contratación de los proyectos de 523 VPO, enmarcado dentro del Plan de Vivienda de Andalucía 2008-2012. Así, estas viviendas se repartirán en siete promociones, que servirán de inicio del Plan Municipal de la Vivienda de Sevilla 2008-2012. Las promociones, con un costo de dos millones de euros, se localizarán en distintos puntos de la ciudad: tres de ellas, con un total de 73 viviendas protegidas, se desarrollarán en Guadaíra Sur; dos, con 134 y 147 viviendas cada una, en el Polígono Aeropuerto; una promoción, de 103 viviendas, en Campo de los Mártires; y una última, de 66 casas, en la Avenida de Andalucía.
En Sevilla, el delegado de urbanismo ha anunciado que el Ayuntamiento y la Junta han alcanzado un acuerdo para demoler 750 viviendas de dos barrios de la ciudad: Los Pajaritos y Regiones Devastadas. Esta demolición, que se inserta dentro de de la operación de regeneración de viviendas en Andalucía, servirá para construir 900 viviendas de protección oficial para los vecinos de los barrios.
De este modo, pasamos de la rehabilitación y conservación de los bloques, a su derribo y posterior levantamiento en las ideas del Ayuntamiento en lo que respecta a dichas barriadas. Asimismo, el ayuntamiento ha anunciado que la superficie de los pisos se doblará, pasando de los 40-50 m2 actuales a los 70-120 que se han programado. Se cree que los derrumbes se iniciarán en el 2009.
El II Plan de Barrios se abre en Sevilla este verano, con el que se rehabilitarán viviendas con un presupuesto de 54 millones en ayudas hasta el 2011. Doce barrios podrán solicitar dichas ayudas tras el verano, teniendo que abonar los vecinos el 10% y siendo de 20.000 euros el presupuesto medio por piso. De este modo, se pretenden rehabilitar 5.000 viviendas de diferentes distritos: Cerro-Amate, Macarena Norte, Macarena, San Pablo-Santa Justa, Nervión y Sur.
En el Polígono Sur, la Junta ha sufragado el 75% del costo de la rehabilitación de 144 viviendas. Según ha declarado la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, dichas obras de adecuamiento y mejoras de equipamiento de los edificios costarán dos millones de euros. Lo restante, lo abonarán los vecinos de dichos bloques, de más de diez años de antigüedad, según se establece en el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007, aún en vigencia.
Alcalá de Guadaíra también se ha acomodado al Plan de la Vivienda, prometiendo el Ayuntamiento 2.000 viviendas de protección oficial, un tercio más baratas que las de renta libre. Estas viviendas se promocionan como destino de jóvenes con futuro, ya que la construcción del futuro parque empresarial es la gran baza del ayuntamiento, queriendo usarlo como polo de multinacionales para asegurar ofertas de trabajo en la población.
En la población sevillana de Huevar del Aljarafe el avance del PGOU que se ha planteado ha sido ya criticado por diversas asociaciones ecologistas. Entre ellas, está la Asociación para la Defensa del Territorio del Aljarafe (ADTA), quien ha presentado alegaciones al mismo ya que el crecimiento que él se plantea es enorme: de un 300% del suelo y del 500% de la población actual. Estas cifras serían incompatibles con el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), y además los suelos reservados como productivos carecen de justificación, entendiéndose que el PGOU sufre serias carencias en ese sentido.
Por último, la ADTA ha indicado que el Plan de Transporte Metropolitano de Sevilla se ha planteado para una población en Huevar muy inferior a la que el PGOU planifica, por lo que los problemas en cuestión de movilidad serían muy graves, como ocurre en el resto de poblaciones del Aljarafe por la mala planificación urbanística y el crecimiento desmesurado, así como la apuesta casi única del coche como medio de transporte.
En este sentido, es de destacar el hecho de que la Junta haga su gran apuesta por el AVE entre Huelva y Sevilla, cuando existen carencias a nivel regional, como la falta de un tren de cercanías entre Sevilla y la propia Huevar, hecho que ahorraría el uso del coche y el tiempo empleado para dicho trayecto. Este tema y la mala movilidad en Andalucía serán tratado en una noticia posterior en el tema de las infraestructuras.
En Dos Hermanas, en cuyo suelo se situará la urbanización de Entrenúcleos, las 20.000 nuevas viviendas que ya anunciábamos en una noticia anterior, harán que la población ascienda de los 120.000 a los 160.000 o incluso 180.000 habitantes. Este espectacular incremento, hará que Dos Hermanas se sitúa en la séptima mayor ciudad de la comunidad, hecho que podría costar un serio desajuste en cuanto a infraestructuras y servicios para tal cantidad de población. De estas 20.000 viviendas, una mitad será de protección oficial y la otra, de renta libre, según lo dispuesto en el Pacto por la Vivienda, y gracias a las áreas de oportunidad dejadas por el Potaus, que no ha hecho más que dar rienda suelta al urbanismo salvaje en el área metropolitana.
Málaga
En Estepona, seis imputados por la trama de corrupción urbanística, fueron puestos en libertad bajo fianza a finales de junio. Éstos son el arquitecto municipal, un abogado y empresario, así como tres concejalas y el ex gerente de urbanismo. Así, la lucha sin cuartel contra la especulación urbanística que promete el presidente de la Junta, queda de nuevo en saco roto. Es de destacar que en Málaga, desde el 2005, han sido detenidas más de 220 personas por corrupción urbanística. De estos, la mayoría pagan una fianza y quedan en libertad, como en esta trama Astapa.
En relación a Estepona, Ecologistas en Acción ha elaborado un interesante documento donde van desarrollando el urbanismo en la localidad malagueña: Aquí el enlace
Granada
En Almuñecar, en la costa granadina, de nuevo se demuestra que las licencias para urbanizar que dan los ayuntamientos u organismos competentes pueden ser, y con en muchos casos, ilegales. En esta población, Ecologistas en Acción denunció en el 2007 que la urbanización Arroyo Marinos estaba construyéndose en un barranco que la propia urbanización había acomodado como jardín, paseo y piscinas, con el consiguiente peligro en caso de lluvias torrenciales que podrían hacer reventar el cauce. Ante esta grave infracción de la ley, la Dirección General de inspección de Ordenación del Territorio, urbanismo y vivienda de la Junta de Andalucía por fin ha suspendido la licencia urbanística, casi un año después de la denuncia del colectivo y con el peligro de inundación tan usual en la costa mediterránea precisamente por el urbanismo desenfrenado sin conocer el terreno y los efectos del mismo en las viviendas.
Cádiz
En el Puerto de Santa María, donde el ayuntamiento lleva demostrando estos años su poco respeto a las leyes urbanísticas gracias a las denuncias del grupo local de ecologistas en Acción, vuelve a haber unas edificaciones ilegales. En este caso, como en otros anteriores, de nuevo en una finca con bosque, protegido por ser ya muy escaso en dicha localidad, donde el poco pinar costero que hay lo están haciendo desaparecer poco a poco. Se trata de la construcción de un gran edificio en la finca de Los Pinos, sin que exista licencia urbanística. Tras la denuncia del grupo ecologista, el ayuntamiento no ha paralizado las obras, lo que reitera su intento de urbanizarla, como demuestra el hecho de que declarar la finca de urbanizable en el último PGOU, a pesar de tener unos de los bosques mejor conservados del municipio. Para colmo, aprobaron en Pleno un convenio urbanístico para permitir la construcción de 326 viviendas, un hotel y un centro comercial.
Además, ni el ayuntamiento ni la empresa promotora (Construcciones Chiclana 2000) han sido multadas por este caso, como especifica la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Además, tampoco se ha revisado el expediente, con el fin de conseguir su prescripción, y burlar la ley una vez más. Esta actuación administrativa de no protección de la legalidad urbanística es un delito de prevaricación.
De nuevo en el Puerto de Santa María, un derrumbe de un acantilado ha hecho surgir protestas en los vecinos ya que consideran que se deriva de una serie de construcciones ilegales en dicho acantilado. Los vecinos han declarado que en el acantilado del Manantial, se han estado construyendo chales de más de tres pisos de altura, junto a la playa, con la consiguiente afectación sobre el acantilado y el derrumbe.
Jerez de la Frontera es otra población con un aumento impresionante en los últimos años, las cifras hablan por si solas: de las actuales 90.000 viviendas, el consistorio prevé construir 40.000 más, llegando a las 130.000 viviendas, pero con tan sólo una estimación de población de 220.000 habitantes: persona y media por vivienda. En medio de este panorama, se presenta para el negocio urbanístico un nuevo suelo virgen y en una zona excepcional: la fábrica de botellas, perteneciente a VICASA. Será la construcción de 800 viviendas el gran negocio de las constructoras, en pleno centro, junto a la Universidad y la estación y con excelentes comunicaciones. Ante este panorama, Ecologistas en Acción han vuelta a denunciar la falta de visión del Ayuntamiento y su pésima política urbanística, al destinar este suelo a la construcción de viviendas en vez de abrir un plazo para recoger ideas y aprovechar el suelo en equipamientos culturales, deportivos o sociales para la ciudad, en vez de seguir fomentando la creación de viviendas.
Esta recalificación de suelo en urbanizable es vista por el colectivo ecologista como claro ejemplo de la tendencia que toma la ciudad, escenificando el final de una etapa industrial en la ciudad, que en vez de cederle el testigo a nuevas actividades o usos con capacidad de dinamizar la pertrecha economía local e innovar en nuevas formas de aprovechar la ciudad consolidada, apuesta por inutilizar el espacio con la oferta residencial.
En Chiclana de la Frontera, la empresa propiedad del alcalde ha sido sancionada con una multa por la ejecución sin licencia de unas obras en una nave a finales del 2007. Este hecho recuerda a una concejala anterior, también sorprendida en un asunto de delito urbanístico. Por su parte, el alcalde, ya fue denunciado por el PSOE por la autoría de un enganche ilegal de electricidad y por tener actividad en la nueva nave sin contra con licencia para ello.
* Grupo de Acción Social - GAS - 16/08/2008
Foto: Mapa elaborado por GAS para la anterior noticia sobre las urbanizaciones en Sevilla, mostrando la incipiente conurbanización que se forma en el Área Metropolitana de Sevilla, con las respectivas nuevas construcciones en dicha Área - redasociativa.org
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Urbanismo aprueba un PAI de 1.785 pisos en Paterna con el informe en contra de la CHJ
LEVANTE/Valencia* : La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda aprobó definitivamente, a finales de 2007, la urbanización del sector Llano del Cura en Paterna, donde se prevén 1.785 viviendas en antiguo suelo militar, pese a contar con el voto desfavorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
El representante del Ministerio de Medio Ambiente en la Comisión Territorial de Urbanismo aportó un informe explicativo de su voto negativo, donde se concluye que "no resulta en absoluto acreditada la disponibilidad de los recursos hídricos suficientes para atender las nuevas demandas generadas por el instrumento de planeamiento que se somete a la Comisión".
El organismo de cuenca emitió un informe desfavorable porque el incremento de demanda de agua previsto de 518.026 metros cúbicos anuales, para los nuevos 5.677 habitantes que tendrá la urbanización, "no se asigna a ningún origen específico, por lo que se desconoce qué fuente de suministro de recurso hídrico deberá atenderlo ni cual sería el derecho que lo ampararía". La documentación remitida por la gestora del suelo, la empresa municipal Sumpa, detalla que serán los pozos municipales los que atenderán el suministro, pero la CHJ alega que los "únicos derechos reconocidos al Ayuntamiento de Paterna ascienden a 63.835 m3/año para 1.000 habitantes, a todas luces insuficientes".
El voto negativo de la CHJ también se justifica porque se comprueba que los terrenos del barranco Endolça "pretenden ser ocupados" y se produce "invasión" en varios puntos del dominio público hidráulico. "No se demuestra la no afección sobre el régimen de corrientes", añade la CHJ, que insiste en que el informe del organismo de cuenca es preceptivo y no puede ser sustituido por una "presunta entidad colaboradora autorizada para el suministro". Y es que la Sumpa presentó el informe de Aigües de Paterna que garantiza la "suficiencia de recursos hídricos" con un consumo diario de 444 m3 diarios para las 1.785 viviendas.
Fuentes municipales señalaron que la urbanización del Llano del Cura cuenta con la aprobación de la conselleria después de tener un informe "favorable" de la empresa de aguas local que garantiza que sí hay suficiencia de recursos hídricos: "de la estructura del acuífero que alimenta los pozos de Paterna se deduce que a medio plazo no se prevén problemas ni en cantidad ni en calidad del agua. El acuífero tiene capacidad suficiente para cubrir el incremento de demanda que con las previsiones actuales se calcula pueda generarse en los próximos 25 años".
* Levante-EMV - Cèsar Garcia, Paterna - 19.08.2008
Foto: Paterna (Valencia) - uv.es
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La trama corrupta balear dejó otro agujero de 1,8 millones
ELPAÍS* : La corrupción en el seno del Consorcio de Turismo Joven durante el anterior Gobierno balear de Jaume Matas (PP), destapada por la Fiscalía Anticorrupción, pasó una carísima factura en forma de deuda millonaria. Los investigadores definen la situación económica del consorcio como "de quiebra técnica", y los actuales gestores recuerdan que el departamento necesitó, en reiteradas ocasiones, la aprobación de partidas extraordinarias para sufragar los gastos.
El vaciado de las arcas públicas, supuestamente dirigido por el entonces jefe de Servicios y Mantenimiento, Juan Francisco Gosálbez, afectó de lleno a la gestión de los proyectos, programas e instalaciones que dependían directamente de la entidad. Entre ellos, la organización y financiación de viajes de estudios en el extranjero, las rutas internacionales y también el circuito de albergues.
Ayer, el máximo responsable de Cultura del Consell de Menorca, Joan Lluís Torres, cifró en 1,8 millones de euros el "agujero" provocado en la isla por la anterior cúpula directiva de Turismo Joven. Torres advirtió de que esta deuda se debe "a la mala gestión o al comportamiento delictivo" de los anteriores responsables del consorcio y reclamó la dimisión de la entonces consejera de Presidencia, Rosa Puig, hoy en la oposición del Consell de Mallorca. "Deben asumirse responsabilidades", pidió Torres, "ya sea por incompetencia, porque la consejera no tenía ni idea de lo que ocurría en su departamento, o, lo que es peor, por complicidad [con el entramado corrupto]
". Puig, por su parte, afirmó la semana pasada que no hizo nada malo, y que no veía "qué tipo de responsabilidad" podía tener ella.
Instalaciones juveniles
El dinero se debió haber destinado a la construcción del albergue juvenil de Ciutadella, Sa Vinyeta, presupuestado en 2,3 millones de euros, de los que únicamente se pagaron unos 500.000. El resto, 1,8 millones, se adeudan tanto al propio Consell de Menorca como a las empresas constructoras del edificio. Un caso similar afecta al albergue de La Victòria, en Alcudia (Mallorca), en el que se presupuestaron obras y reformas por cerca de 19.000 euros. Un dinero procedente de la Red Española de Albergues Juveniles (REAJ), que nunca llegó a invertirse: fue presuntamente desviado por Gosálbez y su esposa a través de una sociedad fantasma.
Gosálbez, el principal imputado en la trama, permanece en prisión incondicional, acusado de malversación continuada de caudales públicos, prevaricación, cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios y falsificación documental. Supuestamente se habría autoalquilado un local por 648.000 euros y habría cobrado comisiones de hasta 60.000 euros a cambio de adjudicar contratos. Se investiga también la implicación de los otros imputados, entre ellos el ex gerente de Turismo Joven, Damián Amengual, y el director de Juventud del Gobierno balear, Juan Francisco Gálvez. El pago de gastos personales -viajes, hoteles, restaurantes- con dinero público podría superar los 30.000 euros.
* ELPAIS.com - MANU MENÉNDEZ - Palma - 19/08/2008
Foto: Palma_de_Mallorca, vista - Lothar Velling (wikipedia.org)
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Tema: NOTICIAS Baleares
Castro: El Consistorio perdió entre 2004 y 2005 3,4 millones en permutas urbanísticas
ELDIARIOMONTAÑÉS* : El Tribunal de Cuentas ha llegado al Ayuntamiento de Castro Urdiales. El objetivo: fiscalizar la gestión del anterior equipo de gobierno ( PRC, PP e IU) con Fernando Muguruza al frente de la Alcaldía, durante la pasada legislatura, en concreto, durante los años 2004 y 2005.
Entre las anomalías que el Tribunal de Cuentas ha recogido en su informe previo, al que el Ayuntamiento podrá presentar alegaciones durante un plazo aproximado dos meses, destaca un desfase en la valoración de varias parcelas ubicadas en Cotolino (Área de Planeamiento Diferido, nº 2 del PGOU) y en El Chorrillo (SUP 3). Al parecer, en los convenios de permuta de estas dos áreas se acordaron valoraciones con importantes diferencias respecto a su valoración inicial, de forma que «en los terrenos aportados por el Ayuntamiento se redujo su valor y en los recibidos se incrementó. El importe de estas diferencias han podido suponer un perjuicio para el Consistorio de 3.444.652 euros».
Además, en el desarrollo urbanístico del área de Cotolino «se incumplió el Artículo 83 del Real Decreto Legislativo (RDL) 1/1992 en relación a las dotaciones para parques y jardines, zonas deportivas y recreo y expansión. No se produjo ninguna cesión de sistemas locales para estas dotaciones, y según el estándar mínimo establecido, se deberían haber cedido 32.802 metros cuadrados.
En relación con este mismo ámbito territorial, se produjo la compensación al Ayuntamiento por la inclusión de caminos y viales de dominio público en el área a urbanizar. Esta compensación, por importe de 593.670 euros, se fijó en el 100% del exceso de edificabilidad obtenido por la empresa propietaria de los terrenos, «vulnerando el Artículo 80.1 de la Ley de Base Reguladora del Régimen Local (LBRL) que establece la inalienabilidad de los bienes de dominio público». Además, se fijó la obligación de la empresa de ceder al Ayuntamiento 213.500 metros cuadrados de suelo no urbanizable y la empresa pagó 726.548 euros al Consistorio «sin que se haya obtenido información sobre la justificación de esta compensación económica».
Aprobación del gasto
En su amplio informe, el Tribunal de Cuentas ha detectado que durante el periodo que ha fiscalizado «se producía frecuentemente la aprobación del gasto sin asegurar la debida consignación de crédito y sin la contabilización de esta fase presupuestaria». Esta irregularidad derivó de la «existencia de facturas sin contabilizar por no contar con crédito presupuestario». El procedimiento habitual era su regularización en los años siguientes a través de la figura del reconocimiento extrajudicial de crédito. En 2004 la cuantía de obligación de ejercicios anteriores reconocidas mediante esta figura fue de 6.169.668 euros y en 2005 de 339.731 euros.
Por otro lado, el Consistorio castreño ha mantenido desde el ejercicio 2000 «un retraso continuado en la rendición de sus cuentas anuales y las de los ejercicios de 2000 a 2003 fueron rendidas sin aprobar por el pleno de la Corporación». Asimismo, la cuenta anual del 2004 se rindió al Tribunal de Cuentas «con retraso de dos meses respecto al plazo legal y de forma incompleta, y la de 2005 con retraso de cinco meses». En relación a la cuenta general de 2006, cuando se estaba elaborando este informe de fiscalización, el Tribunal «no había recibido esa cuenta anual, habiendo finalizado el plazo establecido de presentación el 15 de octubre de 2007».
Con todo esto, el Ayuntamiento tendrá un periodo de dos meses para presentar las alegaciones que considere a este anteproyecto del Tribunal de Cuentas. A partir de ahí, este organismo emitirá un informe definitivo que trasladará al fiscal, encargado de decidir si corresponde o no abrir diligencias en el caso de que hubiese indicios de delito.
* El Diario Montañés - ABEL VERANO - 19.08.2008
Foto: La zona de Cotolino (APD 2) ha sido una de las que más ha crecido en los últimos años. / SANE, eldiariomontanes.es
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Tema: NOTICIAS Cantabria
Motril: Buxus rechaza que la sede de los sindicatos se transforme en hotel
IDEAL/Granada* : Motril tiene disponibles once parcelas con más de 270.000 metros cuadrados clasificados como suelo hotelero, por lo que la asociación Buxus, que lucha por conservar el patrimonio natural e histórico de la Costa, no entiende por qué el Ayuntamiento motrileño está dispuesto a derribar el edificio de los sindicatos para convertirlo en su primer hotel de ciudad.
La Asociación ha anunciado la presentación de alegaciones contra esta operación urbanística, que obligaría a cambiar la clasificación del suelo y a modificar el PGOU. «Consideramos inaceptable la convivencia de las dos grandes fuerzas políticas de Motril en la desprotección del patrimonio histórico y arquitectónico y estamos seguros que al igual que ocurrió en el caso de la Casa de los Bates, esta iniciativa será paralizada», afirma el vicecoordinador de Buxus, Francisco Tarragona.
La Asociación advierte que el pacto «que han alcanzado las dos grandes fuerzas políticas de Motril (PP-PSOE) para desproteger el edificio de los sindicatos y promover su cambio de clasificación, pasando de equipamiento público a uso hotelero, triplicaría su edificabilidad».
Emblema motrileño
La asociación además defiende el valor histórico del edificio de los sindicatos para Motril. «No está justificada la pérdida de este edificio que representa un estilo arquitectónico singular y que socialmente es la muestra de una etapa política deplorable, pero cuyo mantenimiento permite que se sostenga viva la memoria sobre prácticas sociales y sindicales que no deben repetirse». Para ellos, perder el edificio de los sindicatos es perder parte de la memoria de Motril.
Los ecologistas argumentan además que no logran entender cómo el actual equipo de gobierno, «que promovió la paralización del proyecto de servicios en la Alcoholera argumentando su impacto paisajístico sobre el Santuario de la Virgen de la Cabeza apoya esta desclasificación y el aumento de edificabilidad». Aseguran que se permitirían construir cinco plantas más la baja. «Esto apantallaría la Iglesia de Capuchinos y desvirtuaría el espacio urbano donde está enclavada», apuntan.
También arremeten contra el el PSOE «pues fue quien redactó, aprobó y protegió este edificio, para poco después desandar lo andado, máxime cuando existe en Motril suelo hotelero en cantidades ingentes», dicen desde Buxus.
La asociación Buxus presentará alegaciones contra esta decisión y espera que sea la Comisión provincial de Urbanismo de la Junta de Andalucía la que ponga «cordura» en la actuación urbanística del Ayuntamiento de Motril.
* Ideal - 19.08.08 -M. N.
Foto: Motril (Granada) - juntadeandalucia.es
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Anticorrupción desvía hacia la Fiscalía el caso del plan de Benalúa
ELPAÍS/Alicante* : La Fiscalía de Alicante considera que el estudio de la documentación sobre las actuaciones de la concejal de Urbanismo del Ayuntamiento alicantino, Sonia Castedo (PP), relativas a la aprobación y ejecución del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de ejecución número 1 del Plan Parcial de Benalúa Sur, que contempla la construcción de 150 viviendas, "no es competencia de Anticorrupción" por lo que los documentos se trasladarán al fiscal que corresponda de la Audiencia para que los estudie.
No será Anticorrupción la que investigue la gestión de la edil del PP en Alicante, Sonia Castedo, en la tramitación del plan urbanístico Benalúa Sur, según informó ayer Europa Press.
De esta forma, será la Fiscalía de la Audiencia Provincial la que estudie y considere si la concejala de Urbanismo, Sonia Castedo, incurrió en los supuestos delitos de prevaricación, estafa, fraude y tráfico de influencias, tal y como apunta el PSPV que el pasado 6 de agosto entregó la documentación en la Fiscalía Anticorrupción.
Los socialistas estiman que las actuaciones de la edil, otros cargos de su departamento, como el gerente de Urbanismo, Enrique Sanus, y de la empresa urbanizadora, Prasa, son "contrarios a la legalidad y a los intereses públicos". El portavoz socialista Roque Moreno tildó de "valiente" el acto de acudir a denunciar ante la Fiscalía para "controlar que las decisiones que el equipo de gobierno toma en este Ayuntamiento, no vayan en detrimento y prejuicio de los alicantinos".
Los socialistas calificaron de "arbitrarias" varias resoluciones administrativas relativas al caso Benalúa Sur, y señalaron que estas actuaciones "utilizan el poder político y administrativo para obtener resultados mediante un comportamiento orientado a la consecución fraudulenta de objetivos prohibidos y dañinos para el interés público", según Moreno. El PSPV considera "injustos" algunos informes y resoluciones emitidas por la edil de Urbanismo dispuesta a asumir el pago del 50% de los costes de urbanización "lo que supone un detrimento de las arcas municipales". El supuesto tráfico de influencias, según los denunciantes, se halla en "la actitud del gerente y la edil a favor y en defensa de los intereses del urbanizador".
* ELPAIS.com - Alicante - 19/08/2008
Foto: Alicante, plan Benalúa Sur - laverdad.es
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Un tercio de los terrenos de Las Teresitas que compró Zerolo a ILT es propiedad de Costas
LAPROVINCIA/Tenerife* : La propuesta de deslinde de la playa de Las Teresitas que actualmente está siendo estudiada por la Dirección General de Costas en Madrid confirma que un tercio de las once parcelas adquiridas en su momento por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife era y sigue siendo propiedad del organismo estatal.
O lo que es lo mismo, casi 31.159 metros cuadrados de los 110.000 adquiridos nunca debían haberse vendido, ya que tal y como señalaba el anterior director general de Costas, José Fernández, "no tienen precio porque su valor es incalculable".
En dinero, esta cifra supondría que el Ayuntamiento regaló a Inversiones Las Teresitas (ILT) alrededor de 17 millones de euros de los 52,2 millones pagados en la operación urbanística que investiga la Fiscalía Anticorrupción, en la que están imputados el alcalde de Santa Cruz, el nacionalista Miguel Zerolo, varios ex concejales, funcionarios municipales y los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González Martín.
La propuesta de deslinde de Costas es prácticamente igual a la que salió a información pública en el año 2006 y luego se retiró ante la presentación de dos alegaciones, una por parte del Ayuntamiento y otra de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN).
A grandes rasgos, el deslinde comienza en el vértice inferior del anterior campo de fútbol y se desplaza durante 700 metros siguiendo el actual muro. Con ello se gana una bolsa de unos 20 metros de ancho de arena a lo largo de casi 500 metros, que se incorpora ahora también al dominio público.
QUERELLA. Si prospera este nuevo deslinde avalará la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción, pues entre sus argumentos señala que la Corporación local compró terrenos que ya eran públicos y que no se interesó por las consecuencias que tendría en esta adquisición el nuevo deslinde.
Otro dato llamativo es que el conocido como Mamotreto, o gran aparcamiento situado al inicio de la playa, no invadiría el dominio público tal y como se recoge en otra querella interpuesta por la Fiscalía de la Audiencia Provincial, sino que entraría tan sólo en unos pocos metros en la parte de la zona de servidumbre de protección, que pertenece al Gobierno de Canarias. Por lo tanto sería esta última administración la que tendría la última palabra a la hora de permitir o no la continuación de los trabajos.
El deslinde tiene gran importancia no sólo para la causa penal por la presunta comisión de los delitos de prevaricación y cohecho en la compra de los terrenos, sino también en la causa administrativa. Y es que el Tribunal Supremo anuló la operación de compraventa a través de una sentencia que se deberá ejecutar llevando a cabo una nueva tasación. Momento en el que será decisivo saber qué terrenos son de Costas y cuáles del Ayuntamiento.
+ La Provincia - NOÉ RAMÓN - SANTA CRUZ DE TENERIFE - 19.08.2008
Foto: Santa Cruz deTenerife, Las Teresitas - laprovincia.es
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Los vecinos de L'Alfàs se movilizan para evitar 10.000 nuevas viviendas
ELPAÍS/Alicante* : Vecinos de l'Alfàs del Pi, en La Marina Baixa, plantearon ayer una auténtica demostración de fuerza frente al hormigón indiscriminado al celebrar la primera Conferencia Europea sobre Abusos Urbanísticos, que propuso fórmulas para defender a los propietarios de los excesos de los planes parciales y de las implacables previsiones de crecimiento de esta población, donde hay planificadas 10.000 nuevas viviendas sobre 4 millones de metros cuadrados.
La conferencia, organizada por la Asociación de Vecinos de l'Alfàs, reunió a representantes de las embajadas de Reino Unido, Noruega y Holanda, ya que muchos de los afectados por estos nuevos planes urbanísticos son residentes extranjeros. También acudió la cúpula del colectivo Abusos Urbanísticos No, con una fuerte implantación en La Marina Alta y La Vega Baja, así como asociaciones vecinales de La Nucia y Altea, Ecologistas en Acción y profesores de la Universidad de Alicante.
Ante centenares de personas, los conferenciantes abogaron por seguir los postulados de la denominada doctrina Parcent. Allí la asociación de vecinos logró hace un año frenar tres planes parciales con más de 2.000 nuevas viviendas impulsadas por el anterior gobierno local del PP a través de dos mecanismos: denuncias ante las principales instituciones europeas y una fuerte movilización social.
La doctrina Parcent se hizo famosa en toda Europa y ahora los vecinos de l'Alfàs pretenden seguir el mismo camino para evitar que en poco tiempo este municipio duplique su población, al pasar de sus actuales 29.000 habitantes a casi 70.000. El presidente del colectivo, Marco Perotti, aseveró que la nueva ley urbanística valenciana (LUV) "no ha frenado los abusos y atropellos a los propietarios y permite además la violación de la actual legislación de la UE". Y añadió que "residentes europeos que llevan aquí viviendo treinta años se ven obligados a ceder el 40% de sus propiedades y a pagar por ello por culpa de planes parciales como el del PAI de la Serra (que prevé 2.000 nuevas casas) sin que reciban ningún auxilio por parte de la Administración". Para poner fin a esta situación, preparan denuncias contra el gobierno local de l'Alfàs ante los juzgados españoles y ante los principales organismos de Bruselas y Estrasburgo. También ha recogido 887 firmas contra los abusos urbanísticos y han iniciado, con la celebración de la conferencia de ayer, un amplio programa de movilizaciones sociales en defensa del desarrollo sostenible.
* ELPAIS.com - ARTURO RUIZ - Dénia - 19/08/2008
Foto: Alfaz del Pi (Alicante) - mma.es
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
La cúpula de Turisme Jove se enfrenta a penas de hasta 23 años
DIARIODEMALLORCA* : El ministerio fiscal asegura que Damià Amengual y Juan Francisco Gosálbez "idearon, planificaron y desarrollaron" una estrategia para "apoderarse de ingentes cantidades de dinero procedentes de los fondos públicos". Para ello, estos dirigentes del Consorcio Turisme Jove durante la última legislatura de Matas se aprovecharon "de la falta total y absoluta de controles administrativos sobre su gestión".
La querella criminal presentada por Anticorrupción considera que las actividades ilícitas llevadas a cabo por las once personas que hasta ahora se han visto envueltas en la trama son constitutivas de hasta seis delitos diferentes, por los que pueden llegar a ser condenados a 23 años de prisión.
El ´autoalquiler´ de unos locales de Gosálbez -que pagaba la hipoteca de los mismos con el dinero que cobraba a la administración-, el cobro generalizado de comisiones a los proveedores de servicios y el cargo a las cuentas del consorcio de toda suerte de gastos privados son sólo el punto de partida denunciado por la Fiscalía, que no desestima la aparición de nuevos datos relevantes para la demanda.
Malversación continuada
La malversación continuada de caudales públicos conlleva penas que alcanzan los 8 años de prisión y la inhabilitación absoluta durante 20 años; por falsificación documental pueden recibir 6 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación especial; el mismo tiempo de privación de libertad puede conllevar el delito continuado de cohecho, al que se añade una inhabilitación especial de 12 años. Y la Ley prevé penas de tres años -e inhabilitación especial por diez años- para quienes cometen fraude contra la administración.
A estos actos ilícitos se añaden, además, las negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y la prevaricación continuada, castigada con la inhabilitación para empleo o cargo público por tiempo de diez años.
Amengual -ex gerente del Consorcio- y Gosálbez -ex jefe de servicios- son los principales querellados en este estadio inicial de las actuaciones legales, aunque la querella de Fiscalía también alcanza a la gestión del ex director general de Juventud, Juan Francisco Gálvez, y a otras ocho personas.
Entre ellas destacan diversos constructores, publicistas y otros empresarios, que han admitido haber pagado suculentas comisiones a Gosálbez y Amengual para no perder como cliente a una entidad que generaba numerosos encargos, aunque estos comportaran un peaje de hasta un tercio de su importe.
Pero también se denuncia a la ex compañera de Gosálbez, quien ha reconocido su firma en el alquiler fraudulento de locales que despertó este caso tras la investigación llevada a cabo por DIARIO de MALLORCA.
Las acciones llevadas a cabo por los ex dirigentes del Consorcio Turisme Jove han acreditado indicios de malversación de una cantidad que "supera" los 800.000 euros, "de momento". Para cubrir las responsabilidades pecuniarias derivadas de este delito, Anticorrupción cree necesaria una fianza superior al millón de euros.
Considera el fiscal Pedro Horrach que Gosálbez "utilizó en su propio y exclusivo beneficio" los fondos públicos a los que tenía acceso, destinándolos a viajes, restaurantes y otros pagos suntuarios por nunca menos de 21.000 euros. Idéntica acusación pesa sobre Damià Amengual, por 10.000 euros.
Pero sobre todo, Gosàlbez urdió con ayuda de su ex pareja, María Auxiliadora Pérez de Algaba, la manera de comprar un local con cargo a la administración, blindando el contrato de manera que en aún en caso de rescisión se pagara la hipoteca de 648.000 euros de Algaba. Además, "se apoderaron de 18.957,25 euros" del Consorcio para el alberguismo juvenil, mediante facturas falsas.
Los servicios ficticios, los alquileres fraudulentos y el cobro de comisiones completan la radiografía tomada por Anticorrupción.
* Diario de Mallorca - C. CANALS / B. PALAU. PALMA - 18.08.2008
Foto: Palma, Consell Insular - wikipedia.org
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Centenares de rianxeiros piden que se conserven las casas de O Portiño
LAVOZDEGALICIA* : Varios cientos de vecinos y foráneos decidieron ayer cambiar el paseo dominical para concentrarse en la céntrica plaza de Castelao de Rianxo y dar su apoyo a los propietarios de las tres viviendas que Portos de Galicia tiene planeado expropiar y derribar en la zona conocida como O Portiño, dentro del proyecto de ampliación del vial de acceso a la dársena rianxeira.
Al grito unánime de «recheo si, derrubo non», los manifestantes recorrieron las calles de la villa portando pancartas en las que reivindicaban que los afectados mantengan sus casas porque «todo o mundo ten dereito a unha vivenda digna». Los pitidos y las protestas continuaron cuando la comitiva llegó a la plaza de Castelao, donde decenas de personas aguardaban para unirse a la concentración.
«Falso progreso»
«No nome do falso progreso van amputar unha zona histórica como O Portiño, quizais tan antiga como a vila mesma». Así de contundentes se mostraban los afectados por la ampliación del vial del puerto rianxeiro, quienes, además, quisieron hacer un llamamiento a Portos de Galicia «en nome da sensibilidade e do pobo de Rianxo». Los vecinos pidieron que salvasen O Portiño mientras aún quede tiempo.
«Xentes alleas á vila tentan trocar a nosa historia por unhas toneladas de cemento, rompendo todo o que nos une aos nosos devanceiros». Los propietarios de los inmuebles no aciertan a entender por qué Portos de Galicia no puede comenzar el relleno más allá de sus casas, un proyecto que para ellos sería la mejor opción. «Din que entón habería que facer unha curva, pero nos entendemos que todas as estradas teñen curvas», ironiza Eva Lesende, una de las afectadas.
«Hai outras solucións ademais de tirar as nosas casas centenarias, onde naceron, viviron e morreron os nosos avós, os nosos pais e nós, e onde pensabamos que iamos morrer». La plaza de Castelao prorrumpió en una intensa ovación cuando se escucharon estas palabras, uno de los momentos más emotivos de la concentración.
Mientras, al otro lado de la calle, los rianxeiros comentaban la importancia histórica de la zona donde se ubican las casas y la injusticia que supone esta actuación de la Xunta.
Firmas
Eva Lesende también se sintió indignada con unas declaraciones que el presidente de Portos de Galicia, Jacinto Parga, hizo a los medios de comunicación. «Está dicindo que nas casas non vive ninguén. ¿Como se pode ter tal grao de cinismo?», se pregunta la afectada, que también quiso agradecer como les arropan los rianxeiros en su lucha. «Sei que moitos non puideron acudir á manifestación porque á mesma hora había outra concentración en Vilagarcía», comenta. Sin embargo, los afectados se sienten muy satisfechos del apoyo que les ha brindado el pueblo.
Y como muestra, un botón. Justo después de la concentración de ayer, alrededor de 200 personas decidieron firmar en contra del derrumbe de los inmuebles, unas rúbricas que hay que añadir a las que cada día se recogen en los bares y tiendas de Rianxo y que, hasta el momento, suman cerca del millar.
* La Voz de Galicia - Tamara Montero - 18.08.2008
Foto: Los manifestantes se trasladaron con sus pancartas desde el puerto hasta la plaza de Castelao - SIMÓN BALVÍS, lavozdegalicia.es
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Castelló: Los tribunales y la fiscalía siguen 14 causas por agresiones ambientales en la provincia
LEVANTE* : El repertorio de presuntas acciones de la mano del ser humano contra la madre tierra en Castelló es amplio y engloba edificaciones ilegales en zonas húmedas, supuestas prevaricaciones urbanísticas, aterramientos, negligencias en incendio forestal, carreteras con presuntas afecciones a espacios naturales protegidos y amenazas a especies en peligro de extinción.
Al margen de consideraciones sobre la conciencia ciudadana, los casos investigados evidencian que en buena parte de las denuncias por supuestas agresiones ambientales son protagonistas, directas o indirectas, las propias administraciones que en teoría deben velar por la protección del entorno (Generalitat Valenciana y ayuntamientos).
Un denominador común es la presencia activa del Grupo para el Estudio y la Conservación de los Espacios Naturales (Gecen) como denunciante en la práctica totalidad de las 14 causas abiertas.
En algunos casos, el colectivo ecologista ha sido el primer denunciante de los hechos. En otros, se ha personado como parte interesada en una causa ya abierta por el juzgado o la Fiscalía.
El listado de investigaciones en los juzgados o en la Fiscalía engloba entre otras la denuncia por edificaciones ilegales en el Marjal de Nules, la desecación por parte de Iberdrola de un humedal con ejemplares de Samaruc en el Grau o el impacto del vial Castelló-Benicàssim, ejecutado por la Generalitat Valenciana, sobre el parque del Molí la Font. En este último caso, la investigación se está llevando a cabo en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Castelló.
Este cóctel de política, urbanismo y espacios naturales cobra especial protagonismo en el municipio de Orpesa. A raíz de una denuncia de Gecen ignorada por el anterior fiscal, la actual Fiscalía ha presentado acusación contra los dos últimos alcaldes, Rafael Albert y Francisco Garrido, y un mínimo de 9 concejales, por prevaricación urbanística y "unas ilegalidades por valor de más de 40 millones de euros" en la venta de 200.000 metros cuadrados del paraje de la Renegà.
Tampoco queda exenta de polémica la causa que sigue el Juzgado de Instrucción Número 4 por el impacto ambiental y las supuestas irregularidades cometidas en Santa Bárbara debido a la construcción del Aeropuerto Costa Azahar, un proyecto impulsado personalmente por el presidente de la diputación, Carlos Fabra, y por la Generalitat Valenciana. La investigación del aeropuerto ha estado marcada por diversas paralizaciones judiciales de la obra a causa de su afección al aguilucho cenizo y, actualmente, el juez espera el informe del ecotoxicólogo forense sobre los daños provocados en la zona de Santa Bárbara.
Del interior a la costa
No demasiado lejos de la Plana Alta, en la comarca de l'Alcalatén, la balanza de la Justicia también investiga una posible negligencia en el incendio que arrasó 9.000 hectáreas en seis municipios el 27 de agosto de 2007.
Otro de las polémicas judiciales que marcan la actualidad del interior castellonense se escenifica en los efectos del Plan Eólico impulsado por la Generalitat Valenciana.
Actualmente, siguen abiertas las diligencias de investigación penal por el impacto paisajístico y sobre la fauna de los parques de aerogeneradores, especialmente por la mortandad de aves y la construcción de infraestructuras en espacios protegidos como Lugar de Interés Comunitario (LIC).
Asimismo, la Fiscalía ha ordenado diligencias por la posible ubicación irregular de un huerto solar en Azuébar dentro del paraje de la Serra d'Espadà. Más próximos a la costa, el trabajo de la Justicia también aborda supuestas construcciones ilegales en el Millars, la afección a una especie vegetal en riesgo (Limonium) en saladares de Torrenostra, el impacto de la urbanización de Sant Gregori (Burriana) sobre la población de galápago europeo, supuestos aterramientos en el paraje natural del Prat de Cabanes-Torreblanca, las edificaciones ilegales en la Marjaleria de Castelló y, por último, el impacto de la contaminación del polígono industrial del Serrallo por el incumplimiento de la distancia legal de 2 kilómetros respecto a la población más cercana.
* Levante-EMV - Europa Press - 18.08.2008
Foto: Nules-Burriana (Castellón), obras marjal - accioecologista-agro.org
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El único castillo medieval de Madrid está en ruinas y cerrado al público
ELPAÍS* : -Disculpe, ¿cómo se llega al castillo de Barajas? -¿Un castillo? ¿Por aquí? -Sí, bueno, unas ruinas. -Ah, sí, tiene que subir por esta calle...
No hay un solo cartel, ni una mínima indicación que permita al visitante orientarse para llegar al castillo de Barajas, también llamado De Alameda, el único de la época medieval (siglo XV) que tiene la ciudad de Madrid.
Muchos vecinos de Alameda de Osuna ni siquiera saben que tienen en su barrio este testimonio del pasado medieval de la ciudad. Una valla de dos metros y medio de alto, azul y blanca, esconde a la vista buena parte del castillo, encaramado en un promontorio polvoriento. Alrededor, filas de adosados y bloques de un máximo de cinco pisos. El acceso, un camino de tierra. Sólo al llegar frente a la valla, un cartel permite identificar las ruinas que asoman: "Excavación arqueológica en el castillo de Barajas. Fase 2006. Presupuesto: 522.821,13 euros".
El monumento no se puede visitar, se encarga de recordar un vigilante de seguridad a través de una rendija. Y eso que, hace exactamente un año, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, prometió que el castillo de Barajas estaría abierto al público en mayo de 2008. El edil anunció, foto incluida, que su intención era "hacer de este conjunto una dotación cultural a disposición de toda la ciudad, convirtiéndolo en espacio visitable en el que los ciudadanos puedan comprender y conocer un ámbito que abarca 35 siglos de historia". El Ayuntamiento y la Comunidad, explicó, preparaban un plan estratégico para hacer compatibles las investigaciones arqueológicas con las visitas guiadas a los ciudadanos.
De momento, el castillo sigue cerrado, y la maleza, creciendo a su albedrío. Hay matojos tan altos como una persona. Y todavía quedan trozos de botellas vacías en el foso, restos de los botellones que los chavales de la zona organizaban antes de que el recinto se vallara y se contratara a dos vigilantes de seguridad, uno para el día y otro para la noche.
El PSOE denuncia el "abandono" del único castillo medieval de la ciudad. "A pesar de las promesas del alcalde, no existe ningún plan estratégico para mejorar la situación del castillo de Barajas", asegura el portavoz socialista del área de Las Artes, Daniel Viondi. El pleno aprobó en febrero pasado una propuesta del grupo municipal socialista que identifica como Eje Histórico-cultural de la Alameda de Osuna el castillo de Barajas y otros elementos patrimoniales, como el parque del Capricho, el palacio de los Duques de Osuna (siglo XVIII), el panteón de Fernán Núñez (siglo XIX) o el búnker de la Guerra Civil. "Seis meses después no se ha hecho nada. No se ha puesto ni un mísero cartel", se queja Viondi, que cree que con la publicidad adecuada la Alameda de Osuna dejaría de ser una desconocida y se convertiría en una zona turística más de la ciudad.
El Ayuntamiento admite que no ha podido cumplir la promesa de Gallardón, pero rechaza que el castillo esté abandonado. "Los tiempos de la arqueología no son previsibles. Sabes cuándo empiezas pero no cuándo acabas", asegura la directora general de Infraestructuras Culturales, Carmen Rojas. "Ya hemos licitado unas obras sencillas para construir una pasarela y un pequeño centro de acogida de visitantes".
"Cuando el alcalde visitó el castillo, las excavaciones todavía no habían terminado", explica Rojas. Cuando acabaron, a finales del año pasado, "los arqueólogos de la Comunidad de Madrid aconsejaron tapar los restos encontrados para protegerlos. Los inviernos son fatales para elementos que se acaban de descubrir", prosigue. Entre los hallazgos estaba parte de la escarpa y la contraescarpa (muros del foso) del castillo. No hay fecha prevista, admite, para retomar las excavaciones. "No será hasta que tengamos estimación y disponibilidad económica para abordar la siguiente etapa".
Lo que sí está en marcha ya, según la directora de Infraestructuras Culturales, es la construcción de una "preinstalación" o "precentro" que permitirá por fin a los ciudadanos visitar el castillo mientras se llevan a cabo los trabajos de excavación. Las obras, "sencillas", ya están licitadas, asegura. El proyecto consiste en construir una pasarela y una "pequeña edificación en la que acoger a los visitantes". Eso sí, será "de carácter provisional". Varios paneles informativos ayudarán a entender y a valorar esta "zona riquísima en arqueología medieval".
El Ayuntamiento piensa presentar el proyecto en octubre. La finalización de las obras, y la apertura del castillo a las visitas, se prevé para dentro de "tres meses o tres meses y medio", promete Rojas, que todavía no puede precisar si abrirá sólo a determinadas horas o en fin de semana, como el vecino parque del Capricho, un jardín histórico artístico del siglo XVIII.
El castillo de Barajas, del siglo XV, presidía una aldea medieval que más tarde se convirtió en una zona aristocrática destinada a villas de recreo. A mediados del siglo XVIII ya estaba abandonado. A principios del XIX se emplearon sus materiales para construir el panteón de los Fernán Núñez. Por su cercanía al frente del Jarama, se convirtió en un importante enclave militar durante la Guerra Civil. Las primeras campañas de excavación se llevaron a cabo hace 20 años. Fue entonces cuando se descubrieron muestras de diferentes etapas históricas, desde 1.500 años antes de Cristo hasta la época romana.
Lleva desde entonces cerrado, a la espera de convertirlo en un yacimiento arqueológico que puedan conocer y visitar madrileños y turistas. "Una vez hecho el lamento, hay que mirar hacia adelante. Es inútil pensar que lleva así 20 años; lo importante es que ahora lo estamos haciendo", asegura Rojas. El grupo municipal socialista critica que Gallardón ya prometiera en su campaña electoral de 2003 abrir el castillo, una vez rehabilitado, a los ciudadanos. También que no haya pedido a la Comunidad de Madrid que lo declare Bien de Interés Cultural (BIC). Rojas contesta que la petición está implícita, ya que Ayuntamiento y Comunidad trabajan juntos en el plan de actuaciones.
El Consistorio lleva gastados en la rehabilitación del castillo casi un millón de euros, según Rojas. La partida de este año es de algo menos de 200.000 euros. Según datos aportados por el concejal Viondi, Madrid invierte en Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural la "irrisoria" cifra de 474.761 euros, que supone un "ridículo" 0,31% del presupuesto municipal. Y lo compara con los casi 1,4 millones de euros que destina Toledo a conservar y mantener su patrimonio monumental. En su opinión, el mantenimiento del patrimonio madrileño "queda relegado en la agenda del alcalde".
* ELPAIS.com - ELENA G. SEVILLANO - Madrid - 18/08/2008
Foto: Una valla rodea el perímetro del castillo de Barajas- LUIS SEVILLANO, elpais.com
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Marbella ejecuta el plan urbano sin aprobarlo
PÚBLICO/Málaga* : El ayuntamiento de Marbella, gobernado por el PP, comenzará en breve a conceder licencias provisionales de ocupación de edificios promovidos en la era del GIL y ya construidos, cuya legalidad está impugnada en los tribunales. Lo hará antes de que el nuevo plan urbano (PGOU ) esté en vigor, es decir, antes de que esos edificios sean presumiblemente legalizados.
Y lo hará en virtud de un acuerdo, que fue cocinado junto a la Junta de Andalucía (PSOE), aprobado en el último pleno de julio sólo con los votos del PP: el PSOE se abstuvo e IU votó en contra. La moción adelanta la ejecución del futuro plan urbano (PGOU) que legalizará la herencia de los gobiernos gilistas: 18.000 viviendas ilegales pasarán a ser legales si la ciudad recibe suelos de promotores de edificios ilegales para equipamientos públicos.
El PP sostiene que no hay problema con la ocupación de viviendas que podrían ser declaradas ilegales por un tribunal, porque una vez legalizado el edificio por el nuevo PGOU, el problema habrá desaparecido. La previsión es que el plan urbano se apruebe provisionalmente en septiembre y que la Junta le dé el visto bueno definitivo a principios de 2009.
¿Por qué no esperar hasta entonces, hasta que esté todo legalizado? El PP y la alcaldesa Ángeles Muñoz defienden que es mejor adelantarse, que ayudará a las familias, que reactivará la economía local, afectada por la operación Malaya, y que le dará un marco normativo de actuación.
La Junta de Andalucía, que consensuó el documento con el ayuntamiento, y que ahora, tras la aprobación por el Pleno ha solicitado un informe jurídico, considera también que había que darle solución a la parálisis que sufre la ciudad desde la operación Malaya.
Vigilancia de la Junta
El consejero de Vivienda, Juan Espadas, aseguró en una entrevista reciente al diario Sur de Málaga que vigilará cómo desarrolla el ayuntamiento la concesión de licencias para que no se convierta en un coladero. Cada una de ellas deberá ir acompañada de un informe jurídico y otro económico y deberá contar con la renuncia expresa del promotor a cualquier indemnización si su edificio queda fuera finalmente de lo legalizable por el PGOU. El demandante de la licencia también deberá garantizar la compensación en suelo al ayuntamiento para equipamientos públicos, como prevé el plan urbano para regularizar el edificio. El ayuntamiento ha recibido 975 peticiones de licencias de ocupación y 32 de comercios. No ha especificado quién las ha presentado.
El acuerdo del Pleno, que no cuenta con un informe de legalidad municipal (el PP sostiene que no hacía falta), suscita serias dudas en el PSOE marbellí, en IU. Ecologistas en Acción ya han anunciado que lo van a impugnar. La Juntacree que el acuerdo es correcto. La oposición argumenta que conceder las licencias es darle un arma de presión a los promotores.
El acuerdo tiene otras dos patas. Además de la concesión de licencias, se prevén también derribos y la revisión de licencias de obras de la época Gil para evitar que se consolide la ilegalidad.
Hasta ahora la demolición no entraba en los planes cercanos del consistorio. Con el acuerdo, se prevé que el derribo de las estructuras construidas ilegalmente y que no afecten a terceros se lleve a cabo después de que se otorguen las licencias. La Junta ya ha instado a que se inicien derribos.
El acuerdo incluye la revisión de licencias ilegales en cuanto se apruebe provisionalmente el plan, en septiembre. Hasta ahora, Muñoz se había negado a las peticiones de la Junta de revisar las 995 licencias ilegales de la era Gil con el argumento de que causarían perjuicios a terceros de buena fe, los compradores de los pisos ilegales. Ahora, la Junta ha asumido esperar a que se apruebe provisionalmente el PGOU. El artículo 190 de la ley urbanística andaluza establece que las licencias ilegales “deberán” revisarse. El ayuntamiento ya ha sido condenado a revisar licencias.
* Público - RAÚL BOCANEGRA - Sevilla - 17/08/2008
Foto: Marbella - elpais.com
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Los expropiados por planes urbanísticos tendrán derecho a pisos sociales
ELPAÍS/Barcelona* : La Generalitat ultima los detalles de un nuevo tipo de pisos sociales para vecinos afectados por planes urbanísticos. Se llamarán HAUS, las siglas en catalán de Vivienda para Afectados Urbanísticos. El objetivo es compensar a los propietarios o inquilinos que se vean obligados a irse de casa porque viven en una urbanización declarada ilegal, están afectados por un plan urbanístico o residen donde pasará una nueva infraestructura.
La principal diferencia entre estos futuros pisos y el resto de modalidades de vivienda social es que se podrán descalificar antes para venderlos al mercado libre. El borrador del decreto establece que los pisos estarán sujetos al régimen de protección pública entre 20 y 30 años. Excepcionalmente, se podrá rebajar a 15 años. Si el piso donde vivía la familia ya era de protección, dependerá de la calificación del suelo.
El borrador del decreto ha pasado el trámite de información pública, tiene el visto bueno de las dos entidades municipalistas, la Federación de Municipios y la Asociación de Municipios y está en manos de los servicios jurídicos de la Generalitat. Sólo falta que lo apruebe el Gobierno.
HAUS se suma a la ensalada de modalidades de vivienda social existente: la de protección oficial de régimen especial y general, la de precio concertado y el nuevo convenio catalán. "¿Me lo dices o me lo cuentas?", responde un alto cargo de la Generalitat a la pregunta de si con los regímenes existentes, con el Pacto y la Ley por la Vivienda sobre la mesa, las futuras 100 nuevas áreas residenciales urbanísticas en trámite y, encima, con feroz la crisis inmobiliaria apretando, otro decreto no es añadir más leña al fuego.
Sea como fuere, quienes ven con buenos ojos los pisos para afectados urbanísticos son los ayuntamientos, que tienen que lidiar con los vecinos expropiados y los procesos de realojo. La jefa de Servicios Jurídicos de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Sílvia Requena, celebra la creación de los HAUS: "A un afectado urbanístico no es justo que le des una indemnización menor al valor de su vivienda expropiada ni un piso de mayor valor, porque le estaríamos haciendo rico. El objetivo, es pues, que la compensación sea la justa".
El responsable de Urbanismo de la Federación Catalana de Municipios y alcalde de Cerdanyola del Vallès, Antoni Morral, opina que los pisos para afectados son "garantistas, porque cubren un vacío que de una u otra manera ya gestionábamos los ayuntamientos".
El decreto ha sido elaborado entre dos departamentos: el de Política Territorial y Obras Públicas (PTOP), que dirige el urbanismo, y el de Medio Ambiente y Vivienda, aunque fuentes de ambos departamentos confirman que la comunicación no ha sido especialmente fluida. Fuentes de PTOP explican que los HAUS vienen a "reconocer los derechos de las personas expropiadas, pero no inventan nada, simplemente regulan las condiciones". Además, agregan que los HAUS surgirán de las bolsas habituales de vivienda social, "en las que los afectados tendrán preferencia".
Sin embargo, el subdirector general de Coordinación y Seguimiento de Programas de Vivienda de Medio Ambiente y Vivienda, Jaume Clèries, explica que los pisos para afectados "se construirán sobre suelo libre o de precio concertado". De hecho, el último borrador del decreto, que fija unos precios por metro cuadrado de los HAUS exactos a los del concertado catalán, de valor medio entre los sociales y los de mercado libre. El decreto también tiene en cuenta a los inquilinos, que tendrán derecho a una vivienda de realojo en régimen de alquiler con la misma duración que la que tenían en el piso donde residían.
El caso de Can Zam
En Santa Coloma de Gramenet esperan los HAUS como agua de mayo. Hasta tal punto que su teniente de alcalde, Carme Moraira, lo da por hecho cuando explica el futuro de los vecinos afectados por la ampliación del parque de Can Zam, los del barrio del Pilar y la avenida de Francesc Macià, en Singuerlín.
"Se trata de que la gente no quede tan perjudicada por procesos expropiatorios; los ayuntamientos tenemos que gestionar los planes urbanísticos, pero al final el suelo consolidado es el que es y no tenemos capacidad para cambiarlo", argumenta. "La idea es facilitar condiciones de realojo más favorables para todos los afectados, que hasta la fecha tenían las mismas que cualquier solicitante voluntario de vivienda social, cuando ellos ya tenían un patrimonio", asegura.
* ELPAIS.com - CLARA BLANCHAR - Barcelona - 18/08/2008
Foto: Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) - serramena.info
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Tema: NOTICIAS Cataluña
El respland'Or
ELCORREO* : La 'ciudad de vacaciones' Marina D'Or es el símbolo de una época de fulgor del consumo, e ideal para rodar una versión del filme de terror de Kubrick, pero en verano y con gente. El viajero fuma un pitillo en el décimo piso del hotel-balneario de cinco estrellas de Marina D'Or. Y eso que no fuma. Pero se lo pide el cuerpo, este sitio es uno de esos lugares donde uno piensa que el mundo va mal. El viajero repasa la jornada para ordenar sus funestas sensaciones.
Pasó con el descapotable azul por Benicarló. Feote, tranquilo, pero aún le quedan afueras y andurriales. Al acercarse a Peñíscola, ya notó que los constructores habían dado rienda suelta a sus instintos. Aparecían los primeros capiteles corintios. Pero Peñíscola no estaba mal, con su castillo y su playa impoluta con carril-bici.
Luego emergieron en el horizonte oscuras moles de negros presagios, como en las tierras de Mordor (Mord'Or). El viajero empezó a sentirse mal ante una sucesión de edificios descomunales y al ver tras ellos una tramoya bestial, millones de ladrillos y grúas tirados en el campo. Tras pasar bajo una especie de zurullo plateado a lo Mariscal de bienvenida, el viajero comenzó a vagar atónito por Marina D'Or. En estado catatónico entró en la avenida del hotel, llena de luces al estilo de la feria de abril. Terminó de deslumbrarse en la recepción: una apoteosis de mármoles y materiales nobles. En Marina D'Or hay varios hoteles, pero el del viajero es el no va más. Vienen en peregrinación de los otros hoteles y de los bloques de apartamentos para verlo. Entran familias en bermudas, abrumadas por la atmósfera importante, y alzan la vista a los frescos del techo. Quién sabe si en su memoria se encenderá una lucecita, allá lejos en la educación general básica, y reconocerán la copia de la Capilla Sixtina. En el mostrador, el viajero tiene sobre sí nada menos que la Creación de Miguel Ángel. Marina D'Or es el clímax de un frenesí ibérico de la última década. Quedará como un monumento en el desierto, y desde luego merece visitarse.
Estatuas y pomelos
Pese al lujo, se intuye que los amos de la criatura no se hacen ilusiones sobre sus clientes. Conocen bien a esos individuos que roban caramelos a puñados cuando entran a preguntar los precios. Es la plebe, que también quiere hacer las cosas de los ricos. Por eso hay varias advertencias para prevenir robos y desmanes. O puertas que impiden el acceso a las instalaciones sin tarjeta magnética. O un cartel del balneario que advierte que, «para una estancia agradable para todos, es mejor respetar los procesos digestivos». El viajero, por supuesto, no se perdió el balneario, que es científico y el más grande de Europa de agua marina. Son modestos, pues se podrían añadir otros superlativos al ver las columnas doradas y las rocas de mentira.
Unas falsas estatuas clásicas daban paso al baño romano. En la piscina de pomelos (se rogaba no robarlos, pues son de adorno), una pareja se sobaba en remojo, muy acaramelada. Había otras de mandarinas o limones, y otras parejas que saltaban de la mano. Eran jóvenes, de ésas que se dicen 'cari'. Algunos quizá estaban de luna de miel, en su acepción más pegajosa. Se ocultaban en rincones para meterse un poquito de mano. Por primera vez en su ruta, el viajero sintió vergüenza ajena y, de repente, miedo de encontrarse con algún conocido. No tanto por él, que tenía excusa, sino por el otro. Fue escondiéndose por las columnas. Fumando en la terraza, el viajero piensa que sí, eso fue lo peor del día. Había zona VIP con un cartel que amenazaba la expulsión si se entraba sin permiso. Al viajero le hubiera gustado ver los jacuzzis privados con pétalos de rosa, champán y fresas, aunque le daba un poco de repelús la piscina de leche.
Pero hubo más. En la recepción informaron al viajero de que, como huésped, tenía derecho a una analítica gratis. El viajero intuyó que era una distorsión, como tener una problemática en vez de un problema, pero preguntó por si acaso, debido a la incoherencia del contexto:
-Sí, una analítica, unos análisis.
-¿Pero de qué?
-De sangre.
Sí, aquello fue peor todavía, concluye el viajero dando una calada. Pero peor aún fue cuando él accedió a hacérselos. Es que eso había que verlo. Tiene cita para las ocho de la mañana en los laboratorios del hotel. El viajero fantasea con un sótano de doctores locos que obtienen el ADN de los clientes y clonan turistas para los meses de invierno y hacer bulto en los vídeos promocionales. O para utilizarlos en experimentos de resistencia al absurdo con nuevas ideas turísticas. Para ahuyentar sus pensamientos, baja a cenar.
Neopaganismo
Marina D'Or es una ciudad de vacaciones. No hay nada más que hacer. Es una fila de edificios ante la playa, con una segunda hilera detrás, con hoteles, pistas deportivas, restaurantes y alguna tienda. No hay cines, ni correos, ni iglesia, claro, esto es el neopaganismo turístico. El viajero piensa que no sería mala idea para la Conferencia Episcopal enviar misioneros a Marina D'Or, porque se ve que esta gente necesita creer en algo. Los veraneantes vagan en busca de cosas que hacer. El viajero piensa que otra idea fantástica sería rodar aquí una versión de 'El resplandor': 'El respland'Or'. En vez de un hotel en invierno y vacío, sería en verano y lleno de gente. El efecto terrorífico, la soledad existencial, superaría al original. El fulgor que obnubila las nóminas, el mito del piso en la playa, la onírica llamada de millones de anuncios... Es el mayor resplandor sobrenatural de España.
Pero se conoce que para mucha gente, que no entra en mayores consideraciones, Marina D'Or está muy bien. El viajero habla con algunos y sólo ven las ventajas de casas nuevas y de tener la playa, con césped, al ladito. Pagan 1.400 euros de alquiler por un mes. Se ven cartelitos de 'se vende' y 'se alquila', como en toda la costa. El restaurante bueno de pescado o el italiano caro están vacíos, la gente se tira al chiringuito. El viajero entra a cenar en uno de los más populares. El camarero es muy simpático y enseguida hacen migas. Le cuenta cosas de Marina D'Or. «Con la crisis ya han parado todo. Aquí había 2.000 obreros trabajando y sólo quedan 200», afirma. El viajero piensa en los edificios a medio hacer que ha visto al llegar. «Y en Castellón hay 45.000 rumanos con papeles, ¿eh?, así que son 100.000, a ver qué hacen ahora... Vendían los apartamentos a 190.000 y ahora a 130.000. Si bajan diez millones de pesetas es que ya han ganado mucho dinero», razona el camarero.
Dice que en invierno no hay nadie y se lo pasa jugando a las cartas. Según calcula, el 80% de los que van a Marina D'Or son madrileños, luego vascos y gente del norte. El viajero, que ha pasado por el quiosco y ha visto la prensa, piensa que deberá moderarse al escribir, pues habrá por allí lectores de su diario. También había ejemplares de 'Gara'. Hay que ver, trabajar todo el año por la independencia de Euskadi para acabar de vacaciones en Marina D'Or. Aunque a lo mejor lo hacen para reafirmarse en momentos de bajón. El viajero lo comprende: él daría sin dudar la independencia a Marina D'Or. Este camarero, al igual que todos los empleados con los que habla el viajero, de varios países, son muy buena gente. Es lo malo de estos sitios monstruosos: dan de comer a gente normal. Después de cenar, el viajero pasa por locales vacíos. Las familias se aglomeran en una verbena, que es gratis: «Explota explota que expló, explota explota mi corazooón...». El viajero se va a dormir. Tiene que madrugar para que le saquen sangre. Por cierto, la habitación le ha salido por 187 euros, con aparcamiento.
Al día siguiente, el viajero baja al centro médico-estético. En el ascensor ve las ofertas. El blanqueamiento dental le recupera a uno hasta ocho tonos en una hora por 200 euros. El viajero no sabía que tenía tantos tonos, y no es lo único que aprende. Hay tratamiento facial antienvejecimiento y otro de luminosidad, ambos instantáneos. Se siente aludido por la corrección de cejas, pues el viajero es unicejo, como Blas, el de Epi y Blas. En este lugar la imperfección se combate a fondo. Hay todo tipo de depilaciones e higienes, tratamientos holísticos de belleza. Bañeras galvánicas y juaneteras. Relajación coreana y mirra regenerante. La salud es la última frontera del consumo. Con el dinero, claro, aumenta el miedo a morirse, un imprevisto que lo estropea todo. 'Vivir más y mejor' es el lema de las instalaciones. Por eso tienen botox y cirugía estética en un bloque quirúrgico. Y de ahí los análisis de sangre. Al viajero le sacan dos tubitos. Es una pena que sólo esté un día, le dicen, porque el equipo médico no va a poder darle los resultados y aconsejarle terapias. Se los enviarán a casa.
«Lo que será»
Antes de irse, el viajero entra en una oficina de ventas. Una señorita le va a explicar todo, aunque se queja de que necesitaría 45 minutos. Se sabe la presentación de memoria y se le rompen los esquemas al resumirla. Intenta colocarle unos apartamentos. Valen 276.000 en primera línea. Le asegura que en invierno aquello está muy animado, porque organizan «eventos»: concursos de culturismo, competiciones de dardos, concentraciones de Ferraris o el certamen de Miss España. El viajero duda si no sería mejor rodar 'El respland'Or' en invierno. Luego se lanza con el próximo proyecto: «Es que es como lo que digo yo, que Marina D'Or no es lo que es, es lo que será». Tras esta enigmática frase bíblica, empieza a describirle lo indescriptible, Marina D'Or Golf, un complejo que planean perpetrar detrás del actual, en pleno monte, pero que será cien veces más grande. Están obsesionados con los números elefantiásicos. «Son 19 millones de metros cuadrados, más que Valladolid o Valencia», dice para impresionar al viajero. Lo consigue.
Esta cosa tendrá tres campos de golf diseñados por Sergio García y Greg Norman, un balneario para 7.000 personas, un lago artificial con dos kilómetros de playas caribeñas y arrecifes del Pacífico para bucear... La chica no para de pasar páginas del catálogo con fotomontajes delirantes de hoteles y restaurantes temáticos. Reproducción a escala de la plaza de San Marcos de Venecia y canales con góndolas, reproducción del Arco del Triunfo de París y la torre Eiffel, reproducción de la torre de Pisa, bolera prehistórica, restaurante en una reproducción de la prisión de Alcatraz... Al viajero están a punto de estallarle las neuronas. Pero de repente la señorita pasa una página y ve a unos tíos esquiando. El viajero sólo puede balbucear:
-¿Pe-pe-pero esto qué es?
-Un hotel alpino con un kilómetro de pistas de esquí.
-Pe-pe-pero es imposible, estamos en Castellón, en la playa.
-Es posible, en Marina D'Or es posible.
El viajero sólo acierta a preguntar si ya están construyendo eso. «Los terrenos están comprados y tenemos ya las licencias de lo que son las autoridades, sólo nos falta un papelito», explica. «Bendita crisis inmobiliaria», dice para sus adentros el viajero. «Si ahora esto es bonito, imagínese cuando terminen, dentro de seis u ocho años». El viajero sale tambaleándose con el catálogo y el DVD bajo el brazo, que deberían ser de lectura y visión obligadas para los hombres de bien. ¿Cómo se ha llegado a esto? ¿De dónde ha salido esta gente, autores y clientes, a la que ha sido extirpada la más mínima noción de lo hermoso? ¿Cómo se han subvertido valores como belleza, salud y tiempo libre? Al final del catálogo aparecen fotos de famosos con el logo de Marina D'Or: Luis Aragonés, Luis del Olmo, Ana Obregón, Naomi Campbell, Carmen Sevilla,... En el libro 'Enjoy Castellón' del hotel también aparece la autoridad competente, el presidente de la Diputación provincial, un tipo de aspecto siniestro, Carlos Fabra Carrera. «Mejor, ni lo sueñe», resume el lema de Marina D'Or. El viajero corre a su descapotable azul y sale de allí pitando. Antes de que les den el papelito que les falta.
* El Correo Digital - 16.08.08 -POR ÍÑIGO DOMÍNGUEZ
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