Castelló: Los tribunales y la fiscalía siguen 14 causas por agresiones ambientales en la provincia

LEVANTE* : El repertorio de presuntas acciones de la mano del ser humano contra la madre tierra en Castelló es amplio y engloba edificaciones ilegales en zonas húmedas, supuestas prevaricaciones urbanísticas, aterramientos, negligencias en incendio forestal, carreteras con presuntas afecciones a espacios naturales protegidos y amenazas a especies en peligro de extinción.

Al margen de consideraciones sobre la conciencia ciudadana, los casos investigados evidencian que en buena parte de las denuncias por supuestas agresiones ambientales son protagonistas, directas o indirectas, las propias administraciones que en teoría deben velar por la protección del entorno (Generalitat Valenciana y ayuntamientos).
Un denominador común es la presencia activa del Grupo para el Estudio y la Conservación de los Espacios Naturales (Gecen) como denunciante en la práctica totalidad de las 14 causas abiertas.
En algunos casos, el colectivo ecologista ha sido el primer denunciante de los hechos. En otros, se ha personado como parte interesada en una causa ya abierta por el juzgado o la Fiscalía.
El listado de investigaciones en los juzgados o en la Fiscalía engloba entre otras la denuncia por edificaciones ilegales en el Marjal de Nules, la desecación por parte de Iberdrola de un humedal con ejemplares de Samaruc en el Grau o el impacto del vial Castelló-Benicàssim, ejecutado por la Generalitat Valenciana, sobre el parque del Molí la Font. En este último caso, la investigación se está llevando a cabo en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Castelló.
Este cóctel de política, urbanismo y espacios naturales cobra especial protagonismo en el municipio de Orpesa. A raíz de una denuncia de Gecen ignorada por el anterior fiscal, la actual Fiscalía ha presentado acusación contra los dos últimos alcaldes, Rafael Albert y Francisco Garrido, y un mínimo de 9 concejales, por prevaricación urbanística y "unas ilegalidades por valor de más de 40 millones de euros" en la venta de 200.000 metros cuadrados del paraje de la Renegà.
Tampoco queda exenta de polémica la causa que sigue el Juzgado de Instrucción Número 4 por el impacto ambiental y las supuestas irregularidades cometidas en Santa Bárbara debido a la construcción del Aeropuerto Costa Azahar, un proyecto impulsado personalmente por el presidente de la diputación, Carlos Fabra, y por la Generalitat Valenciana. La investigación del aeropuerto ha estado marcada por diversas paralizaciones judiciales de la obra a causa de su afección al aguilucho cenizo y, actualmente, el juez espera el informe del ecotoxicólogo forense sobre los daños provocados en la zona de Santa Bárbara.
Del interior a la costa
No demasiado lejos de la Plana Alta, en la comarca de l'Alcalatén, la balanza de la Justicia también investiga una posible negligencia en el incendio que arrasó 9.000 hectáreas en seis municipios el 27 de agosto de 2007.
Otro de las polémicas judiciales que marcan la actualidad del interior castellonense se escenifica en los efectos del Plan Eólico impulsado por la Generalitat Valenciana.
Actualmente, siguen abiertas las diligencias de investigación penal por el impacto paisajístico y sobre la fauna de los parques de aerogeneradores, especialmente por la mortandad de aves y la construcción de infraestructuras en espacios protegidos como Lugar de Interés Comunitario (LIC).
Asimismo, la Fiscalía ha ordenado diligencias por la posible ubicación irregular de un huerto solar en Azuébar dentro del paraje de la Serra d'Espadà. Más próximos a la costa, el trabajo de la Justicia también aborda supuestas construcciones ilegales en el Millars, la afección a una especie vegetal en riesgo (Limonium) en saladares de Torrenostra, el impacto de la urbanización de Sant Gregori (Burriana) sobre la población de galápago europeo, supuestos aterramientos en el paraje natural del Prat de Cabanes-Torreblanca, las edificaciones ilegales en la Marjaleria de Castelló y, por último, el impacto de la contaminación del polígono industrial del Serrallo por el incumplimiento de la distancia legal de 2 kilómetros respecto a la población más cercana.





* Levante-EMV - Europa Press - 18.08.2008
Foto: Nules-Burriana (Castellón), obras marjal - accioecologista-agro.org