EFE* : Más de 2.800 pueblos españoles están completamente deshabitados, según datos contenidos en el Nomenclátor de 2007 del Instituto Nacional de Estadística (INE), que muestran que dos tercios de esas poblaciones deshabitadas pertenecen a las comunidades de Galicia y Asturias.
En Galicia hay 1.261 entidades deshabitadas, más de un 44% de las 2.815 que existen en el conjunto de España, y la provincia gallega en la que se pueden encontrar más poblaciones de este tipo es Lugo, con 524. Por provincias, Asturias es la que más 'pueblos fantasmas' tiene, con 637 sobre un total de 6.939 poblaciones, lo que supone algo más de un nueve por ciento.
El más alto
No obstante, Madrid es la autonomía con un porcentaje más alto de entidades de población abandonadas, ya que un 22% de los núcleos madrileños está deshabitado, es decir, 186 de los 815 que existen en la Comunidad, mientras que Salamanca se acerca al 20%, con más de 180 'pueblos fantasmas' de los 929 totales.
Además de Ceuta y Melilla, donde sólo existen seis núcleos poblacionales en total -dos de los cuales son las islas Alhucemas y las islas Chafarinas, habitadas permanentemente por sendos contingentes militares, pero no por población civil-, tres provincias españolas no cuentan con ningún pueblo en situación de abandono: Granada, Málaga y Zamora.
* 20 Minutos - EFE - 09.08.2008
Foto: Pueblos abandonados en España - 20minutos.es
Más de 2.800 pueblos abandonados en España, la mayoría en Galicia y Asturias
Vigo: Cientos de amenazados de derribo confían en el indulto del Plan Xeral
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LAVOZDEGALICIA* : Cientos de afectados por sentencias de derribo de edificios ilegales en Vigo confían en salir del limbo jurídico en el que se encuentran y legalizar su situación a través del nuevo Plan Xeral, tal y como pretende el Ayuntamiento. La Voz ha testado la opinión de propietarios que viven bajo la amenaza de la piqueta, tras la última sentencia que insta a la demolición del edificio conocido popularmente como Piricoto.
Un vecino de la urbanización situada en la Colina de Castrelos dice rotundo: «Estamos hartos» de la polémica sobre los tribunales. Esto es lo menos ilegal que hay en Vigo. No han tirado los pisos ni los van a tirar. El Ayuntamiento no tiene dinero para pagar los 40 millones que costarían las indemnizaciones».
Otro vecino acota al problema a la tercera torre, la que aparece en los objetivos indiscretos que recogen el pazo de Castrelos.
Solo a unos cientos de metros, Alberto Méndez sale sonriente de su vivienda en A Pastora, junto enfrente de la Colina de Castrelos, sobre la que también pesan varios fallos judiciales. «Compramos sobre plano y no nos dieron licencia de primera ocupación», asegura.
Confía en el efecto legalizador del nuevo Plan Xeral. Lo mismo que le ocurre a José Carrera, que disfruta de su apartamento en Samil. Lo compró hace cuatro años «y tres meses después me enteré por la prensa que no tenía licencia», explica el vecino de los llamados apartoteles.
El documento urbanístico del Concello que entrará en vigor a finales de este mes es esperado como agua de mayo, como una especie de indulto para todos los afectados.
* La Voz de Galicia - Luis Carlos Llera - 10.08.2008
Foto: Vigo, cámara_municipal - João Méndez (wikipedia.org)
El Puerto: Plantean agilizar los permisos de luz y agua a las viviendas ilegales
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DIARIODECÁDIZ* : Equipo de Gobierno y entidades que representan a los diseminados ilegales mantienen sus amplias diferencias en torno a la concesión de permisos de suministros (luz y agua) a viviendas al margen del planeamiento.
El Área de Urbanismo insiste en una serie de condiciones que deben cumplir las edificaciones para que obtengan la autorización mientras que los diseminados reclaman que éstas no sean tan exigentes para que pueda beneficiarse a un mayor número.
El equipo de Gobierno ha presentado dos propuestas de protocolo donde se regula las condiciones en las que se podrán acceder a estos suministros que no difieren en lo básico: los requisitos que deberán tener las viviendas. Éstas se basan en un informe del asesor jurídico del Área de Urbanismo, Pedro García Retortillo, que realiza un análisis de toda la normativa que regula las edificiaciones al margen de la ley.
Resumiendo, el informe establece que el Ayuntamiento, para no incurrir en problemas legales, podrá conceder el suministro a viviendas cuya infracción urbanística haya prescrito (establecido en cuatro años), que no estén construidas en suelo protegido y ni haya que hacer obras de urbanización para el enganche. A estos condicionantes, el equipio de Gobierno le añadió una que no gusta especialmente en los colectivos vecinales. Ésta es que la unidad familiar deberá acreditar que ésta es su única vivienda mediante la acreditación por parte de un trabajador social. Asimismo en el protocolo se advierte de que todos los permisos deben tener "carácter excepcional" y "ponderarse de forma extremadamente cautelosa".
Durante estos días, se producirán nuevos encuentros tanto con Fevema como Coave, las dos entidades que representan a la casi totalidad de los diseminados ilegales del término municipal, para tratar de consensuar un documetno.
El protocolo presentado hace unas semanas difiere del propuesto hace unos meses en que pretende agilizar las solicitudes, según explicó la concejala de Urbanismo, Patricia Ybarra. Se plantea que todas las solicitudes se gestionen a través de las dos asociaciones de diseminados. Incluso se les propone que elaboren un estudio sobre las viviendas que podrán verse beneficiadas.
Asimismo se facilitaría la tramitación y la documentación que deben presentar los propietarios que lo soliciten. Así por ejemplo, para certificar la antigüedad de una vivienda bastará con presentar fotografías aéreas que se podrán consultar en el Área de Urbanismo. Y para certificar que no es necesario realizar obras de urbanización bastará con un escrito y fotografías que presente las federaciones de asociaciones. Por último, un trabajador social estará a disposición de los diseminados en la oficina técnica de emas que gestiona la empresa municipal Serecop.
No obstante, este documento está pendiente de cerrarse en próximas semanas antes de ser respaldado finalmente por el Pleno Municipal para su entrada en vigor. Asimismo está previsto que en los próximos días representantes de estas entidades mantengan un encuentro con Territorio y ciudad, la empresa que está elaborando el nuevo PGOU (Plan General de Ordenación Urbana).
* Diario de Cádiz - E. M. Cañas / El Puerto - 10.08.2008
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz). viviendas ilegales carretera Sanlúcar - diariodecadiz.com
Montserrat: Economía ve ilegal el contrato para dar agua a un PAI de 1.200 viviendas que avaló Urbanismo
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LEVANTE/Valencia* : La Conselleria de Economía considera "contrario al ordenamiento jurídico", porque "infringe manifiestamente la ley", el contrato entre el Ayuntamiento de Montserrat y la empresa Aquagest Levante SA para abastecer de agua a esta población y garantizar el suministro a un proyecto urbanístico de 1.200 viviendas con campo de golf.
En un demoledor informe, elaborado por la Junta de Superior de Contratación Administrativa de la Conselleria de Economía a petición del propio ayuntamiento, se considera que "el contrato de abastecimiento de agua potable" con Aquagest, modificado el 18 de agosto de 2007 y el acuerdo plenario de febrero de 2007 que lo impulsó, "son contrarias al ordenamiento jurídico al alterar elementos esenciales del contrato licitado y adjudicado; habiéndose por tanto vulnerado los principios de publicidad y libre concurrencia rectores de la contratación pública".
Se da la circunstancia que el PAI (programa de actuación integrada) Vertix XXI que pretende nutrirse de este nuevo contrato ya ha obtenido vía libre de la Comisión Territorial de Urbanismo aunque con varios condicionantes: "la efectiva disponibilidad legal" de los recursos hídricos suficientes, el cumplimiento de la declaración de impacto ambiental y del informe acústico. El PAI, que se tramita desde antes que entrara en vigor la Ley Urbanística Valenciana (LUV), prevé la reclasificación de 1 millón de metros cuadrados de suelo de tres términos municipales (Montserrat, Torrent y Picassent) para construir 1.200 viviendas y un campo de golf.
Los antecedentes de este rocambolesco contrato se remontan a 1997. El Ayuntamiento de Montserrat contrató ese año, mediante concurso, la concesión del servicio de agua potable de la población a la mercantil Aquagest Promoción Técnica y Financiera de Abastecimiento de Aguas SA. Diez años después, "por razones de interés público basadas en nuevas necesidades se plantea una modificación del contrato" con Aquagest "en el ámbito territorial y temporal, modificando el régimen económico-financiero de la concesión y las tarifas, con el objetivo de alcanzar una tarifa única y una única empresa concesionaria en todo el ámbito territorial del término municipal".
No obstante, esta nueva situación suscitaba dudas sobre si se debía acudir a un nuevo contrato por lo que el Ayuntamiento de Montserrat decidió consultar a la Junta Superior de Contratación Administrativa de la Conselleria de Economía. Al consistorio le interesaba, sobre todo, "las condiciones que se han de cumplir para no tener que realizar una nueva licitación, teniendo en cuenta que se dispone de acuerdo con la empresa concesionaria".
El primer comentario del informe de la Conselleria de Economía no tiene desperdicio. "La cuestión planteada por el Ayuntamiento de Montserrat no es baladí, pues viene siendo lamentablemente común, que por vía de modificación de contrato en aras al interés general y nuevas necesidades, se produzcan alteraciones sustanciales de lo inicialmente licitado y adjudicado, transgrediendo así los principios de publicidad y concurrencia informadores de la contratación pública". Entre las infracciones más flagrantes de la ley, se encuentra la duración del contrato entre el ayuntamiento y Aquagest. "El contrato se suscribe inicialmente por 4 años, con prórrogas iguales hasta los 75 años, máximo permitido por esta legislación aplicable en la fecha, y que la modificación pretendida establece que la duración del contrato será de 40 años desde la firma de la misma".
Se infringe manifiestamente la ley
Pero la Junta es taxativa. "El contrato inicialmente aprobado infringe manifiestamente la ley, puesto que rompe con el principio general de que las prórrogas no pueden superar el plazo inicial de ejecución", señala el informe de Economía. De esta manera, si el contrato inicial era de 4 años, la prórroga sólo podía establecerse por cuatro años más. Sin embargo, "el pliego de condiciones económico administrativas y técnicas establece prórrogas sucesivas de cuatro años hasta llegar a los 75 ".
Mireia Mollà, diputada de Compromís, ha dirigido una pregunta al conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García Antón, para verificar si al dar vía libre al PAI la Comisión de Urbanismo "ha tenido en cuenta el informe" de Economía.
* Levante-EMV - L. BALLESTER BENEYTO - 10 de agosto de 2008
Foto: Montserrat (Valencia) - lasprovincias.es
De la reconversión industrial a la revolución urbanística
LNE/Oviedo* : «Con la industria que tenía San Claudio y el hambre que quitó... Ahora, lo que dan de comer son los pisos. Aquí ya no conoces a nadie». Es la radiografía que realiza de San Claudio Serafina Díaz, de 78 años, vecina de nacimiento de esta localidad ovetense. No le falta razón: si la evolución de San Claudio estuvo marcada a lo largo del siglo pasado por la industria, con la Fábrica de Loza como mayor exponente, el presente y el futuro de la localidad pasan por el urbanismo.
La localidad, con 2.500 vecinos censados -se calcula que en realidad residen casi 5.000- tendrá en cinco o seis años 16.000 habitantes, seis veces más que ahora, repartidos en 4.500 pisos, que atraviesan distintas fases de tramitación.
Hace una década que San Claudio, a cinco kilómetros del casco urbano de Oviedo, empezó a recibir nuevos pobladores, atraídos por el encanto natural de la localidad y por la cercanía con la ciudad. A diferencia de lo que ahora se avecina, las construcciones de los últimos años se centraron en la vivienda unifamiliar, exceptuando el centro del pueblo, donde sí se construyeron pisos, o a la entrada del núcleo, que alberga varias urbanizaciones de chalés adosados. Ahora, las excavadoras están a punto de tomar San Claudio.
La opinión de los vecinos sobre el «boom» urbanístico que se avecina está repartida entre los que ven en él una vía hacia el progreso y entre los que se fueron a vivir a San Claudio en busca de tranquilidad, que no creen que ésta pueda mantenerse. «Yo vine a vivir aquí porque hasta ahora era un pueblo y es lo que buscaba, tranquilidad», explica Marcelino Garrido, miembro de la Asociación de ecvinos «San Cloyo». Por el contrario, Carmen Soto, una joven vecina de 32 años, cree que «cuantos más seamos, más servicios tendremos, más fuerza tendremos para pedir las cosas y más cosas se harán». Sus opiniones son la cara y la cruz del futuro de San Claudio.
En lo que sí coinciden los vecinos es en que San Claudio no está preparado para asumir las toneladas de ladrillo que se le vienen encima. El alcalde pedáneo de la localidad, Santiago Menéndez, confía en que se tomen las medidas necesarias para dotar a la localidad de infraestructuras acordes a la población que tendrá, empezando por las comunicaciones. «Los ayuntamientos no pueden hacer autopistas. Si ahora ya tenemos problemas con el tráfico y con el acceso a Oviedo, cuando se hagan las nuevas urbanizaciones el problema será brutal. San Claudio y toda la zona oeste necesita un acceso a la autovía de Grado, la famosa Ronda Norte», resume. El Alcalde cree que otro de los problemas de la localidad está en el censo. «La gente sigue censada en sus municipios de origen y, a la hora de pedir cualquier servicio, lo miran por número de habitantes. En San Claudio viven 5.000 personas, pero sólo estamos censados la mitad».
Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos «San Cloyo», Andrés Lázaro, pone el dedo en la llaga del saneamiento. «Es el problema más importante de San Claudio. En la calle de La Estación, las aguas fecales suben por la ducha hasta los primeros», comenta. Su denuncia la certifica desde la ventana de una de las viviendas afectadas, en el número 19, el propietario: «Llevamos quince años así, desde que nos vinimos a vivir a San Claudio. Cuando llueve te pasas ocho horas achicando el agua».
Mientras culmina la tramitación urbanística para la construcción de las nuevas viviendas, lo único que puede verse, de momento, en la localidad son los cartelones anunciadores de las promociones que flanquean el camino desde fuente la Plata. Se espera que este año comience la construcción de las primeras promociones, aunque las llaves de los pisos, que ya se comercializan, no se entregarán hasta dentro de dos años.
Cuando los nuevos vecinos lleguen a San Claudio se encontrarán con una localidad pintoresca y solana que, fuera de las fronteras de Oviedo, es conocida por su Fábrica de Loza, una factoría centenaria -Senén María Ceñal la fundó en 1901- que no atraviesa su mejor momento. El año pasado la propiedad de Fábrica de Loza, el empresario Álvaro Ruiz de Alda, trazó un plan de viabilidad que culminó con el despido de un centenar de trabajadores, la mayoría de San Claudio. «Aunque no todos eran de San Claudio, la verdad es que se ha notado en la economía del pueblo», indica el alcalde pedáneo. También el año pasado la Consejería de Cultura del Principado inició un expediente para declarar la antigua locería bien de interés cultural. El Pleno del Ayuntamiento de Oviedo pidió que se tomase esta medida para evitar el cierre de la industria. En principio, el ámbito de protección marcado por el BIC afectaba prácticamente a todo el pueblo, lo que hizo saltar la alarma entre los vecinos y también en el Ayuntamiento, que temía que se desmoronase todo el plan de vivienda. Finalmente, Cultura accedió a reducir el ámbito de protección al recinto fabril y una franja de unos metros alrededor del mismo.
La serie «Oviedo siglo XXI» analizará mañana, una por una, todas las urbanizaciones previstas en el plan de vivienda de San Claudio y su estado de tramitación.
* La Nueva España (LNE)- Marta PÉREZ - 10 de agosto de 2008
Foto: En algunas zonas, los residentes se quejan de falta de aceras. nacho orejas, lne.es
Portugal resiste con dificultad a la presión de la desaceleración del sector inmobiliario
ELMUNDO/Reportaje* : El mercado inmobiliario portugués no atraviesa por su mejor momento. Aún así, no es comparable a la crisis que enfrenta el sector español. Los expertos dicen que no se puede hablar de burbuja inmobiliaria en Portugal en estos momentos ya que el gran boom de la construcción en suelo portugués se produjo en las décadas de los 80 y 90.
Aunque la tasa de construcción de los últimos diez años se sitúa por encima de la de otros países de la Unión Europea, Portugal parece estar siendo capaz de resistir a la crisis internacional, ya que aquí no se han registrado excesos como los que se han producido en España.
Aún así, esto no significa que las cosas estén equilibradas. En estos momentos hay en Portugal alrededor de medio millón de casas vacías, lo que pone de manifiesto el desajuste que existe entre la oferta y la demanda, provocada, como en el caso español, por el exceso de construcción de los últimos años. Esta circunstancia se acentúa en las dos principales ciudades, Lisboa y Oporto. En la capital portuguesa, centro y alrededores, existen aproximadamente 117 mil casas para ser vendidas, a un precio medio de 1.789 euros por metro cuadrado, un valor todavía asequible comparado con otras capitales europeas; aunque el centro de Lisboa, donde la oferta ronda las 23 mil viviendas, puede alcanzar precios más elevados, en torno a los 2.500 euros por metro cuadrado.
Este encarecimiento de las casas lisboetas en comparación con otras zonas de las afueras ha hecho con que en los últimos años la capital lusa se haya quedado prácticamente desierta. Hay zonas en pleno centro, como el Chiado o la Baixa, en las que ya casi no vive nadie, mucho menos los jóvenes, quienes se han refugiado en los alrededores, en la zona de Oeiras o al sur del río Tajo, donde los precios son mucho más atractivos. La desertización de la capital ha provocado a su vez un deterioro notable de las casas, un fenómeno que se repite en otros puntos del país. En total se calcula que el 57% de las casas de primera residencia de Portugal sufre una fuerte degradación. Otro 30% está vacío y en estado de ruina. El norte del país es el más afectado por la degradación y en total existen en Portugal 190 mil casas en mal estado.
Los principales responsables del sector inmobiliario son conscientes de esta realidad y están apostando cada vez más en la rehabilitación de las viviendas, ya que la construcción de nuevas casas ya no resulta tan rentable como era. Algunas promotoras españolas instaladas en Portugal desde hace algunos años han empezado a ver este segmento como un negocio de futuro. El propio ayuntamiento lisboeta está apostando en la rehabilitación de las zonas históricas y uno de sus objetivos es devolver a los jóvenes a la ciudad.
Pero no es una tarea sencilla porque normalmente las casas rehabilitadas en el centro de Lisboa siguen teniendo precios superiores a los que se practican en las afueras. Y en estos momentos, debido a la crisis financiera internacional y la subida de los tipos de interés, los bancos portugueses se han hecho más cautelosos a la hora de conceder préstamos hipotecarios. Así que el Plan Estratégico del gobierno consiste en apostar en el alquiler. Pero los portugueses, como les sucede a los españoles, tienden por tradición a la compra antes que a alquilar una vivienda. En la mayoría de los casos es comprensible porque con las condiciones dadas por los bancos hasta ahora compensaba más pagar una hipoteca que un alquiler, ya que los valores resultaban similares.
Pero cada vez es más difícil comprar una casa en Portugal, sobre todo, para aquellos cuyos rendimientos no son demasiado altos –hay que recordar que el sueldo mínimo luso es de 408 euros-. Es de lo que más se quejan los mediadores inmobiliarios, de que cada vez es más difícil vender casas de término medio (150 y 300 mil euros) que antes se vendían con mucha más facilidad. Normalmente, los vendedores ponen sus casas a la venta un 15% por encima del valor a las que las consiguen vender. Lo que mejor se está vendiendo son los apartamentos de una habitación, debido a los divorcios.
El lujo no entiende de crisis
Los jóvenes son los que más complicado lo tienen porque cada vez cuentan con menos garantías laborales, además de que la media de sueldos se sitúa en los 500 ó 600 euros. Con una declaración de la Renta baja, con trabajos precarios o sin contrato es muy difícil que un banco les conceda un préstamo, por lo que, para poderse hipotecar y emanciparse siguen necesitando la ayuda de sus padres como avales. Aún así, los bancos han empezado a alargar los plazos de los préstamos para que los jóvenes puedan permitirse pagar una letra mensual. Lo habitual ahora es que jóvenes de 30 años firmen hipotecas a 40 y 50 años, lo que, aplicados los intereses, acaba siendo una cantidad mucho más elevada que la solicitada.
A pesar de todo, los especialistas dicen que es un buen momento para comprar una casa en Portugal, siempre y cuando se disponga de capital y no se necesite una financiación demasiado elevada, ya que los precios se han estabilizado en comparación con los últimos cinco años o incluso han bajado ligeramente.
Un sector que no se ha visto nada afectado por esta crisis inmobiliaria es el segmento de residencias de lujo. Portugal puede ser un paraíso para aquellos turistas o inversores que quieran adquirir una segunda residencia. Una de las zonas más procuradas, además de Lisboa y Cascais, es el Algarve, la región más cara del país, con valores que pueden rondar los 6 mil euros por metro cuadrado. En el sur de Portugal, junto a Andalucía, han proliferado una multitud de complejos turísticos de cinco estrellas, con instalaciones de lujo del ‘resort’ en el que el Real Madrid realizó parte de su pre-temporada, en la localidad algarvía de Vale do Lobo.
En el Algarve, este tipo de segundas residencias dirigidas a la clase media alta son las que más rápido se venden, mientras que las viviendas más asequibles pueden llegar a estar cerca de un año a la venta sin ser vendidas o teniendo que bajar el precio. Aún así, los agentes inmobiliarios aseguran que los portugueses, a pesar de las dificultades, no han dejado de comprar.
* El Mundo - VIRGINIA LÓPEZ (Especial para elmundo.es) - 28/07/2008
Foto: Lisboa, barrio Alfama - elmundo.es
El TSJ anula el proyecto de 2.640 casas en Parque Ansaldo pese a haberse iniciado la construcción
INFORMACIÓN/Alicante* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJCV) ha anulado la reurbanización del sector de L'Alqueria de Sant Joan -antiguo Parque Ansaldo- y los tres sectores colindantes, que suman 2.640 viviendas y cuyas obras han comenzado ya en parte, por la ilegalidad de la adjudicación de la redacción del proyecto técnico.
La sentencia, firmada el pasado 11 de julio por la Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Segunda del TSJCV, se basa en un fallo anterior del 23-1-2002, que anulaba la adjudicación de la redacción del proyecto del Plan de Reforma Interior (PRI) por considerarse arbitraria la misma, lo cual invalida toda la posterior tramitación.
Esta decisión judicial se ha producido a raíz de la denuncia de un particular, que consideraba ilegal la tramitación de la reurbanización de esta zona por la falta de notificaciones a los afectados, información y exposición pública del proyecto. Como consecuencia del proceso salió a la luz la citada sentencia de 2002, que condenó entonces al Consistorio a indemnizar a una de las personas que optaban al mismo por la parcialidad de la mesa de contratación, que obvió la valoración del informe técnico.
Este concurso fue adjudicado por la comisión de gobierno del Ayuntamiento a Pérez Guerras Ingenieros y Arquitectos Asociados el 15-1-1997, y en 2002 el TSJ la anuló a instancias del recurrente, ya que "es de apreciar temeridad y mala fe en la administración demandada -el Ayuntamiento- que ante un asunto de tanta claridad debió allanarse a las pretensiones de la parte demandante -un particular- y proceder a valorar razonadamente el concurso". Según el fallo, el equipo de gobierno del PSOE obvió al mejor valorado en el concurso y "sin el menor rigor ni valoración" adjudicó la redacción del proyecto al que había quedado segundo, por lo que en 2002 el TSJ condenó al Ayuntamiento a indemnizar al recurrente con 9.859.000 pesetas y a pagar las costas, además de anular la adjudicación, aunque desestimó adjudicar el concurso al demandante.
Ahora, la sentencia del TSJ se basa en la anterior para anular la aprobación definitiva realizada el 15-6-2005 por parte de la Conselleria de Territorio del PRI y Homologación de los cuatro sectores de la zona de Parque Ansaldo, al considerar que el anterior fallo invalida toda la posterior tramitación.
En la sentencia, la Conselleria pide su desestimación mientras que el Ayuntamiento no quiso personarse en la causa, siendo también parte codemandada el Ivvsa. La Conselleria insiste en que la sentencia de 2002 se cumplió con el pago de la indemnización de daños y perjuicios, y que el plan se ha expuesto al público. El TSJ confirma que "no es cierto" que la sentencia de 2002 "delimitara el alcance de su fallo a la indemnización", pues señala que "una atenta lectura de la misma" conduce a la anulación de la adjudicación, señalando que no era posible la subsanación a posteriori de los defectos detectados en la adjudicación. También señala que cuando salió la sentencia en 2002 el proyecto estaba aún en trámites de subsanación de deficiencias, por lo que no se podía alegar que no se podía cumplir el fallo.
* Información - JOSE A. RICO - 09 de agosto de 2008
Foto: Obras de construcción de viviendas en el antiguo Parque Ansaldo, en una imagen captada ayer . JOSÉ NAVARRO, diarioinformacion.com
El juez que encarceló a Gil critica que su urbanismo aún no esté condenado
MÁLAGAHOY* : Cuando la justicia se imparte tarde resulta menos justa para las víctimas o damnificados de los delitos cometidos. Por esta razón, el hecho de que aún queden pendientes en los tribunales centenares de causas urbanísticas de la era GIL, fue ayer criticado con dureza por el magistrado Santiago Torres, que saltó a la palestra mediática cuando en 1999 envió a prisión al ex alcalde de Marbella, Jesús Gil, por el caso Camisetas, cuya instrucción se centró en el desvío de fondos del Ayuntamiento al Atlético de Madrid.
Torres, que clausuró el curso de verano La drogodependencia y el narcotráfico: presente y futuro de un grave problema social y jurídico que la Universidad de Málaga (UMA) ha impartido durante esta semana en el Palacio de Ferias y Congresos de Marbella, criticó que la administración de Justicia aún no haya resuelto todos los conflictos penales que surgieron a raíz de los convenios urbanísticos que permitieron la edificación de miles de construcciones ilegales. "Creo que ha habido un cierto fracaso de la administración de Justicia en la investigación y el enjuiciamiento de todos estos casos, ya que algunos se iniciaron hace más de 11 años y todavía no han sido resueltos", comentó el actual titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid. Estas circunstancias dan lugar, según Santiago Torres, a que los delincuentes piensen que es "rentable" cometer determinadas fechorías porque las condenas "a lo mejor no les llegan nunca o quizá muy tarde, cuando ya apenas les pueden alcanzar".
El conferenciante, que abandonó Marbella hace ocho años para continuar su carrera en los Juzgados de la Plaza Castilla de Madrid, explicó que durante todo este tiempo ha seguido "muy atentamente" lo acontecido en el municipio con la operación Malaya y la disolución del Consistorio. A ese respecto, señaló que "me hubiese gustado que todo eso se hubiese producido en mucho menos tiempo", porque considera que aquí también se "ralentizó" mucho el procedimiento judicial, al tiempo que reconoció que en Marbella "se quedó un trocito de mi corazón". Nada más lejos de la realidad. Sus esfuerzos titánicos por combatir judicialmente las tropelías del gilismo durante la época más dura de este fenómeno político, terminaron provocándole problemas cardiacos.
Para reconocerle toda esta labor en su lucha contra la corrupción, la alcaldesa, Ángeles Muñoz (PP), acudió ayer a la sede de los cursos de verano para compartir unos minutos con este magistrado al que no le tembló el pulso a la hora de mandar a prisión a Gil.
Por otra parte, Santiago Torres aprovechó ayer su estancia en Marbella para exigirle al Gobierno que destine "más medios económicos" a los órganos judiciales, debido a que España tan sólo consigna a Justicia el 1,1% de su Producto Interior Bruto (PIB), a pesar de que las Naciones Unidas recomiendan que se reserve entre el 2,2 y el 2,5% para asegurar "una justicia de calidad".
En otro orden de cosas, apuntó que el narcotráfico, al igual que el terrorismo, debe ser perseguido a nivel "global", por lo que consideró "fundamental" que todos los países regulen de la misma forma la investigación y persecución de estos delitos. Con este tipo de tratamiento policial, se evitaría que haya espacios de "impunidad" donde los delincuentes puedan "burlar" la acción de la justicia, apuntó Torres.
* Málaga Hoy - Adolfo Valenzuela / Marbella - 09.08.2008
Foto: Marbella Ayuntamiento - UrbanismoPatasArriba
Los terrenos del pelotazo del ´caso Las Teresitas´ presentan doble inscripción notarial
LAPROVINCIA/Tenerife* : El informe elaborado por el equipo de abogados Machado por encargo de la Comunidad de Propietarios de Montaña Morera determina que estos solares "efectivamente" han sido objeto de una doble inscripción notarial, ya que por un lado aparecen como propiedad de sus dueños originales y por otro, de la empresa de Ignacio González Martín y Antonio Plasencia, denominada Inversiones Las Teresitas (ILT).
Ambos empresarios, junto al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, y varios ex concejales y funcionarios de ese Ayuntamiento están imputados en el denominado caso Las Teresitas.
Se trata de una superficie de casi 13.000 metros cuadrados y que tal y como ha podido confirmar "plenamente" este equipo de abogados, coincide con toda exactitud con la parcela B-9 inscrita a nombre de ILT y con los solares que ocupan 24 fincas de la Comunidad de Propietarios, "de ahí resulta la existencia de una doble inscripción", se ratifica.
El título de propiedad de la empresa tiene fecha del 14 de diciembre de 2005 y corresponde a la adjudicación del proyecto de reparcelación. Además se da la circunstancia de que ILT pidió una hipoteca de dos millones sobre estos terrenos. Para complicar aún más la situación, una propietaria sí ha conseguido poner una parcela de 712 metros cuadrados a su nombre, aunque al parecer en ello podría haber ayudado ser familia de uno de los imputados del caso Las Teresitas.
Según la actual Ley Hipotecaria, la empresa ILT podría acogerse ya al principio de tercero de buena fe, o lo que es lo mismo, vender estos terrenos a otra empresa o particular que no tendría que dar cuenta a los propietarios originales. Una situación que ya ha sido planteada ante la Concejalía de Urbanismo por uno de los afectados sin tener hasta ahora ningún tipo de contestación.
Estas parcelas se excluyeron de la Junta en el año 1993, momento en el que volvieron a sus propietarios originales. "El origen del problema es que quien hizo el proyecto de reparcelación ignoró la existencia de la escritura de 1993", indica el informe de los abogados, quienes recuerdan que este mismo problema afecta a otros propietarios de Las Huertas. Por todo ello se recomienda a la Comunidad de Propietarios que tome las medidas legales oportunas.
ENTRAMADO. Por su parte, el concejal socialista Ramiro Cuende se mostró ayer muy pesimista sobre la posibilidad de que finalmente se pueda resolver todo el entramado jurídico de Las Teresitas. "Este asunto está mal desde raíz y no creo que al final pueda resolverse bien. Lo que empieza mal, acaba mal", dijo. Más contundente se mostró sobre la posibilidad de que Costas acabe pagando los 30.000 euros mensuales que cuesta mantener paradas las obras.
"Puedo asegurar que hasta el último duro tendrá que pagarlo el Ayuntamiento", indicó Cuende, quien repitió que todo lo referente a la rehabilitación de la playa "se ha llevado a cabo rematadamente mal y por lo tanto no puede acabar bien".
* La Provincia - NOÉ RAMÓN - SANTA CRUZ DE TENERIFE - 9.08.2008
Foto: Santa Cruz de Tenerife, playa Las Teresitas - laprovincia.es
Polémica en Sant Vicent por el uso de los terrenos de la cementera
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ELPAÍS/Alicante* : El uso residencial de los terrenos liberados tras el cierre de la fábrica de cementos de Sant Vicent del Raspeig enfrenta al Ayuntamiento, gobernado por el PP, y el colectivo Ecologistas en Acción del País Valenciano. Los conservacionistas cuestionan la iniciativa del Consistorio de construir en el enclave 500 casas porque el suelo está contaminado tras ocho décadas de actividad de la industria.
La recalificación del terreno de la cementera (unas 11 hectáreas), ubicada a escasos metros del casco urbano de la localidad, se incluye en la propuesta de convenio entre el Consistorio y la empresa Cemex para el cese de la actividad de la fábrica a partir del 1 de agosto de 2009. El documento se encuentra en fase de exposición al público.
En el apartado de la ordenación urbanística, el convenio recoge que el Ayuntamiento promoverá una modificación urbanística y cambios de usos en el entorno ocupado mayoritariamente por los terrenos propiedad de Cemex para acoger un parque comercial, otro de oficinas, una zona de ocio y un enclave residencial de 500 nuevas viviendas, de las cuales el 30% serán de protección oficial.
El primer colectivo que ha presentado alegaciones ha sido el grupo Ecologistas en Acción del País Valenciano. La entidad expone cuatro razonamientos básicos para rechazar la recalificación de suelo propuesta para el cierre de la factoría. Una de ellas alude directamente a la contaminación del suelo ocupado por la cementera. En este sentido, los ecologistas sostienen que "el convenio no justifica la posibilidad del cambio del uso de los terrenos ocupados por la factoría cementera, dado que existe la posibilidad de que esos suelos estuvieran contaminados y no fueran aptos para su uso residencial", precisa el texto de alegaciones de los ecologistas. "En varios apartados de la cláusula 5ª del convenio se menciona la posibilidad o certeza de que los suelos ocupados por la factoría de Cemex estén contaminados", añade. De ahí, que Ecologistas en Acción inste al Ayuntamiento a verificar si esos suelos contaminados pueden cambiar de usos "antes de firmar el convenio". Otro apartado de las alegaciones de los ecologistas destaca que el convenio no justifica el "interés general ni es coherente" con el modelo y estrategia territorial de Sant Vicent del Raspeig. "Además, el convenio no es neutro, pues solamente comporta obligaciones para el Ayuntamiento y ninguna por parte de Cemex España", recoge otra de las alegaciones.
Ecologistas en Acción plantea que en aras "de la deuda ecológica" que Cemex ha contraído con los vecinos de Sant Vicent "los terrenos ocupados por Cemex tengan un uso prioritario de zona verde, para compensar las emisiones históricas de gases efecto invernadero y contaminantes atmosféricos emitidos durante decenas de años".
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 09/08/2008
Foto: Sant Vicent del Raspeig (Alicante), ayuntamiento - accv.es
El derribo de un edificio provocaría la quiebra del Ayuntamiento de Vigo
LAVOZDEGALICIA* : Las indemnizaciones a las cien familias afectadas supondría 40 millones para las arcas municipales. La confirmación del Tribunal Supremo de la demolición de la Colina de Castrelos, uno de los edificios más poblados de Vigo con cerca de cien familias, ha hecho saltar la alarma de la Administración local.
Ayer el alcalde reconoció que la sentencia, en la que se desestima un recurso de casación interpuesto por los propietarios, «supone una grave amenaza financiera y, en caso de proceder a su demolición, el Ayuntamiento entraría en quiebra». El inmueble está valorado en 40 millones de euros, la misma cifra que tendría que desembolsar el Concello para indemnizar a los propietarios.
Abel Caballero acata la sentencia, pese a no haber entrado todavía en el registro municipal. Deja la solución en manos de los técnicos y exige responsabilidades políticas, tanto en este caso como en otros que afectan a otras formaciones políticas, como sucede con la construcción de Finca do Conde, cuya licencia fue otorgada por el PP.
Licencia
Se da la circunstancia de que la licencia de la Colina de Castrelos, también conocida como Piricoto, fue concedida en 1991 por un alcalde del mismo color político, el entonces socialista Manoel Soto. Su anulación por los tribunales se justificó por no adaptarse a los entornos de las zonas protegidas por Patrimonio Histórico, ya que se encuentra situado en las inmediaciones del parque de Castrelos y del pazo Quiñones de León.
Ahora, en los fundamentos de derecho, el Supremo explica que la única forma de ejecutar la sentencia dictada por el tribunal en 1994 y que se hizo firme con posterioridad es «proceder a la demolición total o parcial del inmueble, para lo que la Administración municipal deberá redactar en el plazo de un mes un proyecto de demolición».
Los denunciantes, agrupados en su día en la asociación de vecinos de Castrelos, exigen que se ejecute la sentencia y no están dispuestos a escatimar esfuerzos para conseguir la recuperación de la legalidad urbanística.
Si bien este no es el único caso de sentencia de derribo de un edificio en Vigo, sí es el más complicado de resolver. Mientras que otros como las torres de Ifer o la Finca do Conde podrían quedar legalizados con el nuevo Plan Xeral que entra en vigor el día 25, este correría el peligro de repetir el problema con una nueva licencia.
El gobierno municipal anterior de Corina Porro intentó buscar una solución y envió a la Consellería de Cultura y al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia un proyecto básico de restauración de la legalidad urbanística. Sin embargo, no obtuvo respuesta.
Ayer el portavoz del grupo municipal del PP, José Manuel Figueroa, no ocultó la «situación delicada, que podría significar la bancarrota del Concello». Pidió al alcalde que dé a conocer qué alcance jurídico tiene la decisión, así como el estado en el que se encuentra la tramitación del expediente y las decisiones que piensa adoptar el gobierno local.
Figueroa exige a Abel Caballero el mismo trato que cuando las sentencias afectan a gobiernos de otro color, así como la petición de responsabilidades a los que concedieron la licencia, en este caso de su mismo partido.
En opinión del representante del BNG y teniente de alcalde de Vigo, Santiago Domínguez, habría que tratar de hacerle un hueco dentro de la legalidad porque la ciudadanía no tiene por qué pagar los errores políticos. Cree que el Concello no puede asumir las indemnizaciones millonarias, pese tener claro que hay que cumplir la legalidad y esperar las conclusiones de los técnicos.
* La Voz de Galicia - María Jesús Fuente - 8.8.2008
Foto: La Colina de Castrelos (llamada Piricoto) fue denunciada por una asociación de vecinos por no ajustarse el edificio al entorno - ÓSCAR VÁZQUEZ, lavozdegalicia.es
Alicante: Llaman cobarde a Alperi por autorizar en agosto los primeros 'megasilos'
LASPROVINCIAS* : La Plataforma en Defensa del Puerto (PDP) calificó ayer al alcalde de Alicante, el popular Luis Díaz Alperi, de "cobarde, mudo y ciego" por autorizar en agosto los dos primeros "megasilos" de cemento en la zona de ampliación portuaria.
El portavoz de la plataforma, Elíseo Fernández, ha afirmado que el alcalde ha dado en pleno agosto las primeras concesiones a la mercantil Cimsa para los dos primeros silos, de 40 metros de altura en el muelle 21, porque ahora "la gente está de vacaciones y la reacción de la ciudadanía es menor".
A pesar de ello, ha adelantado que, en septiembre, la plataforma interpondrá una reclamación, vía administrativa, una vez que la concesión esté publicada oficialmente ya que creen que puede no ajustarse a la legalidad, mientras que también promoverán diversas movilizaciones ciudadanas. Ha recordado que la Fiscalía de Medio Ambiente ya abrió diligencias el pasado marzo en relación con la denuncia presentada por la PDP contra el proyecto. Según Fernández, Díaz Alperi apuesta por primar "el interés particular de las empresas frente al de los ciudadanos" y ha lamentado que no haya escuchado las movilizaciones de los colectivos sociales y políticos.
El portavoz vecinal ha asegurado que la construcción de estos silos "destroza parte del litoral sur de Alicante" y generará un daño "que alcanzará a futuras generaciones". Fernández ha abundado que la decisión del alcalde es "incomprensible" ya que existen "otras alternativas" de emplazamiento, como trasladar estos silos al polígono que construye la Generalitat a tres kilómetros de Alicante.
Por su parte, la concejal socialista del Ayuntamiento Aurora Gómez ha recordado que la altura de los silos se ha reducido, de los 55 metros previstos a los actuales 40, gracias a la oposición vecinal. La socialista ha subrayado que los alicantinos "sufren esta situación por la falta de previsión, de planificación del Ayuntamiento", al carecer del suficiente suelo industrial para que las empresas se instalen y desarrollen oportunamente sus actividades.
Para Gómez, las repercusiones que producirá esta industria son todavía desconocidas porque no se ha realizado ningún estudio integral de impacto ambiental que evalúe los efectos acumulativos de las actividades portuarias.
* Las Provincias - 08.08.08 -M. M.
Foto: Recreación virtual de la línea litoral del puerto con los futuro silos de cemento que se construirán en el puerto de alicante - lasprovincias.es
L'Aleixar: Unas 400 casas ilegales comienzan a derribarse a pesar de pagar el IBI
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EFE/Tarragona* : El Ayuntamiento de L'Aleixar ha empezado a demoler casas ilegales construidas en suelo rústico, si bien los vecinos afectados estudian la posibilidad de adoptar medidas de respuesta, ya que pagan su correspondiente recibo del IBI, en el que consta que es suelo urbano.
Sin embargo, el Ayuntamiento mantiene que continuará el derribo de las fincas y advierte, en un comunicado, que "el objetivo es la mejora de la calidad de vida del pueblo".
También alerta de que las 400 viviendas ilegales "comprometen el futuro del territorio y se construyen en terrenos rústicos no urbanizables, sin ningún criterio arquitectónico ni ningún tipo de planificación urbanística", por lo que se han visto obligados a "ponerle freno".
Lo que más ha irritado a los vecinos es que, además, se les obliga a pagar la retirada de los escombros, algo que consideran injusto.
Sin embargo, el proceso administrativo aplicado así lo regula, según recuerda el Consistorio, donde se reconoce que se trata de "situaciones traumáticas" y muy desagradables, especialmente para los afectados, pero también para los responsables públicos que se ven obligados a tomar este tipo de medidas.
* El Mundo - EFE - 08/08/2008
Foto: L'Aleixar (Tarragona) - flickr.com
Alcalá instala una incineradora en una zona con protección ambiental
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ELPAÍS/Madrid* : Alcalá de Henares gestionará la basura de 26 pueblos, y lo hará en un emplazamiento polémico. El alcalde de la ciudad complutense, Bartolomé González (PP), está dispuesto a que se levante, a un par de kilómetros de los barrios del norte de la ciudad, una planta de gestión de residuos que incluye una incineradora de gasificación por plasma.
Una tecnología "pionera y limpia" para el alcalde y "experimental y engañosa" para oposición y ecologistas. Además, la instalación se ubicará en una zona con protección medioambiental para preservar aves. Está previsto que la planta, con capacidad para gestionar 220.000 toneladas de basura al año, empiece a funcionar en 2011.
La obra se adjudicó por concurso el pasado mes de junio a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). Esta empresa invertirá cerca de cien millones de euros en la construcción del complejo a cambio de una concesión administrativa para gestionar la instalación durante 24 años. Está promovida por la Mancomunidad de Municipios del Este.
La planta de tratamiento de basuras se ubicará en un solar cercano a la carretera de Daganzo, dentro del término municipal de Alcalá de Henares. Al menos parte del complejo pisará una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) bañada por el río Torote, un espacio protegido por la normativa medioambiental europea y considerado Lugar de Interés Comunitario (LIC) en el que viven aves protegidas, como las avutardas y algunas especies de aguilucho.
Fuentes municipales han asegurado que la zona está muy deteriorada y que allí ya no anidan aves protegidas. Sin embargo, ornitólogos conocedores del área aportan imágenes recientes -hechas en junio, aseguran- de avutardas y carracas sobrevolando los barbechos de la futura planta de basuras.
Por su parte, la organización Ecologistas en Acción denuncia el desinterés de los organismos públicos por la conservación de este lugar de protección para las aves. Esta entidad se opone a la construcción del complejo de gestión de residuos en la zona por su efecto sobre el hábitat de estos animales. "Además, se trata de una sola instalación que abarca muchos procesos, por lo que el impacto de todos ellos se concentra en la misma zona. Lo menos dañino para el entorno sería repartir las consecuencias negativas por distintos lugares", según un portavoz.
La auténtica manzana de la discordia del proyecto es la construcción en la planta de una incineradora que queme los residuos con un sistema de gasificación por plasma. Las temperaturas, superiores a 1.500 grados, provocan que cristalicen los residuos sólidos. En el proceso se obtienen syngas (un compuesto que se puede vender como combustible para generar energía eléctrica).
El Ayuntamiento aseguró a sus vecinos que esta tecnología de plasma era "vanguardista". Sin embargo, el informe técnico municipal que valoraba las ofertas de las empresas que se presentaron al concurso de adjudicación de la planta la calificaba como "tecnología de funcionamiento no contrastado". Así consta en el documento, al que tuvo acceso EL PAÍS.
Muchos alcalaínos no se fían. Critican la falta de información por parte del Ayuntamiento, al que la Federación de Vecinos de Alcalá acusa de no facilitarles los documentos que ha solicitado sobre el proyecto de la planta de basuras. "No tiene que ser muy bueno cuando está tan oculto", reflexiona su presidente, Fernando Salas.
Tal es el recelo entre los residentes que su alcalde, Bartolomé González, ha enviado cartas a los domicilios de algunos vecinos en el norte de la ciudad para tranquilizarles sobre la futura planta de tratamiento de residuos, en la que asegura que el complejo no emitirá ningún contaminante que pueda resultar tóxico.
En la misiva, González subraya que la incineradora no emitirá ningún contaminante tóxico para sus vecinos. "Jamás promoveré ni permitiré proyecto o actuación alguna que pueda ser nociva para mis hijos, para mi familia, ni para mis vecinos", asegura. En la carta acusa a la oposición de engañar y manipular a los vecinos respecto a la planta.Los grupos de la oposición, Izquierda Unida y PSOE, al igual que los vecinos, han solicitado, sin éxito, informes sobre el proyecto al Consistorio, que les remite a la Mancomunidad del Este, promotora del proyecto, formada por Alcalá, Ambite, Arganda del Rey, Campo Real, Meco, Paracuellos de Jarama, Pezuela de las Torres, Los Santos de la Humosa y Villar del Olmo.
El presidente de la Mancomunidad es el alcalde de Alcalá, y los informes de valoración de los proyectos los elaboraron técnicos del Consistorio complutense. Por su parte, los socialistas de los pueblos de la comarca del Henares se han unido para formar una coordinadora contra la instalación de la tecnología de plasma en el complejo, que gestionaría los residuos de más de medio millón de habitantes de la zona este de la región.
La gasificación por plasma, experimental, quema los residuos a elevadas temperaturas, que pueden alcanzar los 14.000 grados centígrados en condiciones de ausencia casi total de oxígeno. Descompone los materiales de desecho orgánicos a un gas compuesto de monóxido de carbono e hidrógeno (llamado syngas) y los inorgánicos a un vidrio inerte.
Suele emplearse para quemar residuos de alta peligrosidad (como los de los hospitales, aceites o neumáticos), cuya incineración por métodos tradicionales supondría la emisión de gases altamente contaminantes. Para alcanzar la temperatura precisa para que se den las reacciones, consume una cantidad de energía que supera con creces a la que se puede obtener con la combustión del syngas.
El complejo de tratamiento incluirá tecnologías de biometanización, compostaje, almacenamiento en vertedero y la planta de gasificación por plasma. Podrá gestionar entre 220.000 y 336.000 toneladas de basura cada año, de las que el 6% se tratarán mediante gasificación, según indicó el propio alcalde del municipio, lo que supone que entre 13.200 y 20.160 toneladas pasarían por la planta de plasma al año.
Fuentes del Laboratorio de Innovación y Reciclado de Materiales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) afirman que hay tres o cuatro plantas de este tipo en todo el mundo, cuya capacidad de tratamiento no supera las 16.000 toneladas al año, que generan alrededor de 150 kilogramos de escoria por cada tonelada de basura tratada, además de unos cinco kilogramos de azufre por tonelada.
Según los ecologistas, a esto habría que sumar el dióxido de carbono de los camiones que transporten la basura a Alcalá, los posibles olores que genere la planta y el problema del lixiviado (agua con suspensiones, principal fuente de contaminación del suelo). Por otra parte, el tratamiento de cada 1.000 kilos de basura precisa de unos 300 litros de agua que podría ser vertida al río Torote -siempre después de ser tratada-, lo que aún alteraría más el ecosistema de la zona, según los ecologistas.
* ELPAIS.com - AMAYA IZQUIERDO - Alcalá de Henares - 08/08/2008
Foto: Alcalá de Henares (Madrid) - madrid.org
Valencia: El caos llega al Marítim
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ELPAÍS* : Los vecinos padecen incomodidades por las obras de la F 1 y otras de última hora. Montañas de escombros, bajo un sol de justicia. Al pasar un coche el polvo que se levanta obliga a los vecinos a taparse los ojos y la nariz. Si no fuera por el auto y las palmeras, la descripción podría ser del lejano oeste. Pero se trata del no tan lejano barrio de El Cabanyal de Valencia.
Una zona que como el resto del distrito del Marítim, se ha convertido, en los últimos meses, en un caos. A las obras de la Fórmula 1, en El Cabanyal se ha sumado la construcción del aparcamiento del paseo de Neptuno. Unas obras, que según los vecinos del barrio, arrojan desde hace tres semanas sus escombros en un solar del barrio.
"Son camiones naranjas los que vienen todos los días, traen tierra mojada y la dejan aquí para que se seque", comenta un vecino de la zona. La tierra de color gris se amontona y desprende polvo y mal olor. "Los chavales entran en el solar a jugar, y vuelven cubiertos con el polvo de la tierra", comenta un vecino. A su lado Basilia Fernández, sentada en una silla de ruedas, se queja porque no puede salir al portal de su casa a tomar el fresco. No aguanta el polvo que levantan los camiones llenos de tierra.
La parcela, de unos 700 metros cuadrados y de propiedad privada, está situada entre la calle de Astilleros y los jardines junto a la calle del Doctor Lluch, a 100 metros de la playa, y es paso obligado para quien quiera ir hasta el mar. Fuentes municipales aseguraban ayer que se abrirá un expediente por acopio de arenas al propietario del solar, y se le instará a su limpieza.
La obra del aparcamiento, que Aumsa (empresa urbanística del Ayuntamiento) licitó a Berga Construcciones y Contratas SA y al grupo Bertolín, tiene un presupuesto de 12,6 millones de euros. Este periódico intentó ayer contactar sin éxito con los responsables de las obras, que también prevén la construcción de un depósito de tormentas para el barrio.
A las incomodidades de estos trabajos y el abandono del Consistorio, se suman los preparativos para la Fórmula 1. Obras que afectan a otras zonas del Marítim, como la calle de Juan Verdeguer, ya en el barrio de El Grau. Aquí es Valmor Sports quien se encarga de esconder las antiguas naves, en una operación que la empresa encargada del circuito califica de "embellecimiento".
El conjunto de las fábricas está situado a lo largo de una parte importante del circuito. Los andamios ya están a punto. De ellos colgará, a partir del día 19, un montaje fotográfico de 2.500 metros cuadrados de superficie. Los paneles lucirán fotos de la ciudad y de la Comunidad Valenciana. Ayer todavía se podía observar el esqueleto desnudo de las fábricas. En los solares de delante, un fuerte olor químico recuerda los trabajos de desinfección que el Ayuntamiento ha hecho para habilitar esta zona, donde hasta hace poco se acumulaban escombros de todo tipo.
Nuevo corte del puente de Astilleros
El puente de Astilleros, que comunica a los vecinos del barrio de Natzaret con el Puerto de Valencia, sufrirá un nuevo corte con motivo de las obras de para el circuito de Fórmula 1. Se trata del segundo corte en menos de dos semanas. El último tuvo lugar durante las pruebas de Fórmula 3.
Este sábado, el puente permanecerá cortado al tráfico, para la colocación de elementos de la infraestructura del circuito urbano de Valencia. El puente estará cerrado durante 16 horas, desde las seis de la mañana a las 12 de la noche del sábado.
La EMT (empresa de transporte público de Valencia) ha anunciado que colocará carteles informativos indicando las modificaciones que sufrirán las líneas de autobús que pasan por la zona. Se trata de las líneas 3, 4, 23, 30 y N8, que cambiarán el Puente de Astilleros por el de Monteolivete.
Según comunicó ayer la empresa, la línea 3 circulará por Tomás Montañana y llegará a Natzaret por el PAI de les Moreres. Las líneas 4 y 30 circularán por las calles de Ibiza, Menorca y Avenida de Francia para tomar el puente de Monteolivete y entrar al barrio por el PAI de les Moreres.
* ELPAIS.com - BLANCA LÓPEZ ARANGÜENA - Valencia - 08/08/2008
Foto: Valencia, obras circuito F1 - carles francesc (El País)
Galicia: Solo 27 de los 315 ayuntamientos tienen listos sus planes generales
ELCORREOGALLEGO* : Los ayuntamientos gallegos siguen cumpliendo sus deberes urbanísticos, pero lo hacen lentamente. Tanto que 288 acumulan más de dos años de retraso. Con la luz verde recibida ayer por Melón, son ya 27 los municipios que tienen adaptado su Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) a la Lei do Solo de 2002, lo que exime a los costeros de la polémica prohibición de construir a menos de 500 metros del litoral que la Xunta aprobó para frenar el urbanismo sin ley que imperaba en la mayor parte de la comunidad.
El ritmo de aprobación resulta lento. En 2004 Política Territorial solo había aprobado dos planes, cantidad que se elevó a tres en 2005; cuatro en 2006; diez en 2007 -uno de ellos, el de Santiago, de forma parcial-; y siete en lo que va de año, aunque los de Taboadela y Vigo también de forma parcial.
Estos 27 concellos apenas representan el 8,5% de los ayuntamientos gallegos, pese a que la Lei do Solo concedía una moratoria de cuatro años para adaptarse a sus disposiciones. Otros 48 municipios ya han recibido algún tipo de informe de Urbanismo acerca de sus planes, aunque el proceso de aprobación es complejo.
El análisis de la costa resulta desalentador. Tan solo dos ayuntamientos, A Pobra do Caramiñal y Vigo, cuentan con unos planes adaptados. En total, 83 municipios lindan con la costa en Galicia. Ochenta y uno de ellos deberán regirse por la Lei do Litoral impulsada por la Xunta para frenar la construcción a menos de 500 metros de la costa en los casos en que no se contase con un PGOM adaptado a la Lei do Solo. Algunos ayuntamientos como los de Moaña, Muxía y Vilanova ya enviaron a principios de año sus planes revisados.
Otros ocho ayuntamientos continúan con sus planes suspendidos y se rigen por normas urbanísticas provisionales hasta adaptar sus planes generales. Se trata de Teo (desde 2001), O Grove y Ponteareas (desde 2002), Tui, Sada, Viveiro, A Estrada y Barreiros.
CAOS EN EL SUR Y ACELERACIÓN EN EL NORTE
Gondomar, ante la Fiscalía
El PXOM de Gondomar se presentará en los próximos días ante la Fiscalía para que investigue si hubo o no "corrupción" en su redacción. Así informó el alcalde de Gondomar, Antón Araúxo, algo enojado al no entender "que se necesiten más pruebas para demostrar las sospechas". En el Pleno ordinario del pasado 31 de julio, el PP de la localidad y el PSOE presentaron una moción para pedir el rescate del Plan encargado en 2006 por el PP.
El plan de los populares era, según Araúxo, "una modificación del que ya habían hecho en 1997 y que anuló definitivamente el Tribunal Superior de Justicia. Fue en 2006 cuando hubo una nueva redacción, "que guardaron bajo siete llaves", y en 2007 se suspende su tramitación por la aprobación de una moción del BNG y apoyada por los socialistas.
Con la llegada del Bloque al gobierno se comenzó un nuevo plan que ahora tanto los socialistas como los populares pretenden cambiar por el creado en 2006. En la sesión del pasado mes de julio, los dos partidos presentaron una propuesta para recuperar un plan del que, Araúxo opina, "se hizo a golpe de talonario" .
A Coruña lo cuelga en su web
A Coruña sigue enfrascada en la revisión del plan general encargado al arquitecto Joan Busquets. El documento elaborado por el urbanista está a disposición de la ciudadanía desde ayer, colgado en la página web del ayuntamiento herculino: www.coruna.es.
El objetivo es que los ciudadanos sigan el día a día del proyecto. "Es una información que les pertenece: es el dibujo de lo que van a ser", dijo ayer la responsable de Urbanismo en la ciudad, Mar Barcón.
El portal permite también a los ciudadanos enviar sus propuestas y reflexiones acerca de las más de mil páginas que componen el trabajo de Busquets.
El Ayuntamiento coruñés prevé acometer la aprobación inicial del documento a finales de octubre o principios de noviembre. A partir de ese momento, la Dirección Xeral de Urbanismo dispondrá de tres meses para emitir su informe. En caso de que sea favorable, el Pleno municipal aprobará el plan y este estará expuesto a la ciudadanía durante sesenta días. Después de resolver las alegaciones presentadas, la Xunta procederá a la aprobación definitiva del planteamiento urbanístico .
LOS DATOS
A Coruña
Tienen sus planes adaptados Lousame, Oroso, As Somozas, A Capela, Vilarmaior, Cerdido, Boimorto, Vedra, Zas, Curtis, Toques, A Pobra do Caramiñal y Santiago, aunque este de forma parcial.
Ourense
Ourense, San Cibrao das Viñas, Xunqueira de Ambía, Sandiás, Avión, Amoeiro, Laza, Melón -ayer-, y Taboadela, de forma parcial.
Lugo
O Incio, Paradela, Castroverde y Rábade.
Pontevedra
Vigo y tan solo de forma parcial.
Trámite
Aprobado el plan inicial, la Xunta tiene 3 meses para elaborar un informe. Luego el Pleno lo aprueba y lo expone públicamente 60 días. Tras resolver las alegaciones, aprobación final de la Xunta .
* El Correo Gallego - A CORUÑA E.R./VIGO D.D. - 06.08.2008
Foto: Vigo, isla de Toralla con edificio polémico - farodevigo.es
'Malaya': El juez De Urquía, condenado a dos años de cárcel por cohecho
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SUR/Marbella* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado al ex asesor urbanístico de Marbella (Málaga) Juan Antonio Roca a un año de prisión por un delito de cohecho al entregar 73.800 euros al juez Francisco Javier de Urquía, que ha sido condenado a dos años de cárcel en el mismo procedimiento, para la compra de una vivienda en la urbanización marbellí de La Azalea.
La sentencia condena también a Roca y Urquía a abonar 73.800 euros en concepto de multa por el delito de cohecho y les absuelve del delito de asesoramiento accidental o negociación prohibida a funcionario público del que venían siendo acusados.
El fiscal redujo su petición inicial de cárcel para Roca de tres a un año --después de que confesara en la vista oral haberle entregado dinero al magistrado--, lo que finalmente ha estimado el alto tribunal andaluz, que ha impuesto además a Urquía una multa de doce meses, con una cuota diaria de cien euros por un delito de prevaricación judicial y le inhabilita, por este delito, para empleo o cargo público que implique el desempeño de funciones judiciales por un tiempo de diez años.
El tercer acusado, el francés Arnaud Fabrice, propietario de la discoteca Olivia Valere, ha sido absuelto de todos los cargos que se le imputaban --los delitos de asesoramiento accidental o negociación prohibida a funcionario público y de cohecho--.
La sentencia considera hechos probados que en marzo de 2006 De Urquía decidió comprar una vivienda unifamiliar en la Urbanización Azalea Beach, para lo cual encargó al acusado Arnaud Fabrice que le buscara un abogado para que redactara los documentos necesarios para efectuar la compra. Así lo hizo transmitiendo el encargo a Roca, ya que ambos eran amigos.
En marzo de 2006 De Urquía pidió dinero al Roca para abonar la cantidad que se le pedía a la firma del contrato de compraventa de la vivienda a cambio de un trato favorable en asuntos judiciales y añade la sentencia que, para favorecerle, accedió a su petición de dictar un auto para suspender la emisión del programa televisivo 'Misión Imposible:JAR' alusivo a las actividades del ex asesor urbanístico de Marbella "sin diligencia probatoria alguna y sin constar recurso alguno de las partes".
Tras la suspensión del programa, Roca conversó varias veces por teléfono con el vendedor de la vivienda que iba a adquirir De Urquía y su hermano para redactar las condiciones de compra y saber el dinero que debía entregar a De Urquía a cambio de la resolución judicial que ordenó el cese de la emisión del programa.
En las conversaciones telefónicas acordaron que, al margen de la cantidad reflejada como precio de venta, el comprador debía abonar al vendedor 63.000 euros en metálico en el momento de la firma del contratado privado de compraventa y una cantidad de 10.800 euros correspondientes al importe por el precio aplazado.
Juan Antonio Roca confeccionó en soportes informáticos un contrato de compraventa y un recibo por los importes acordados.
Entrega de documentos
Posteriormente los documentos fueron recogidos por Arnaud Fabrice en la oficina 'Maras', mientras que ese mismo día Roca entregó en su despacho a De Urquía la cantidad de 73.800 euros, "justo el dinero necesario para la firma del contrato de compraventa", aceptándolo éste justo el día después de suspender la emisión del citado programa televisivo. En concreto Roca le abonó dos sobres con 63.000 y 10.800 euros.
Una vez que Roca fue detenido, el magistrado solicitó a un amigo empleado de banca la ampliación del préstamo hipotecario hasta la cantidad de 360.000 euros y el cambio en la forma de pago, mientras que en abril de 2006 pagó el total del precio consignado en la escritura.
El Tribunal otorga, además, credibilidad a la declaración incriminatoria de Roca --en la que admitió haber dado dinero a De Urquía a cambio de los favores antes detallados-- al considerar que no se aprecian motivaciones como la venganza, el resentimiento, la animadversión u obediencia
Respecto a Fabrice Albaouhaur se añade que, aunque tenía una íntima amistad con Roca y Urquía -- a quienes presentó en 2005 en el local que regenta-- "no consta acreditado que realizara alguna acción sin la cual el entonces magistrado no hubiera podido solicitar dinero a Roca para la compra de la vivienda.
* SUR - HÉCTOR BARBOTTA / AGENCIAS - 07.08.2008
Foto: Marbella, aérea - J.Lanza (diariosur.es)
FCC se queda con el 'pelotazo' urbanístico del Vicente Calderón tras la salida de Fadesa
COTIZALIA/Madrid* : Los pilares del estadio Vicente Calderón, emblemático estadio del Atlético de Madrid, se tambalearon sobre el río Manzanares cuando Martinsa-Fadesa presentó el concurso voluntario de acreedores. Sucede que la inmobiliaria del fugaz ex presidente del Real Madrid, Fernando Martín, era una de las empresas que formaban el consorcio de explotación de la operación urbanística Mahou-Vicente Calderón.
Finalmente, será la constructora presidida por Esther Koplowitz, FCC, quien asuma un desarrollo que se encuentra bloqueado en el Ayuntamiento de Madrid. “FCC es una de las alternativas que barajamos”, ha confirmado a El Confidencial Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid.
El pelotazo del Calderón, ideado en pleno boom inmobiliario para aliviar la deuda que arrastraba el club, consiste básicamente en recalificar los terrenos que ocupan el estadio y la cervecera Mahou junto al río Manzanares, construir en lugar del campo un lago y una gran zona verde y trasladar el ladrillazo o “edificabilidad lucrativa” a la parcela colindante de 175.000 metros cuadrados de la Mahou y, finalmente, soterrar la M-30 a su paso por la zona. A cambio, el Ayuntamiento de Madrid ofrecía al club el estadio de La Peineta en San Blas, remodelado y con un aforo para 73.000 espectadores. Operación que fue en su día muy discutida por parte de la afición rojiblanca. Todo iba viento en popa, hasta que explosionó la burbuja inmobiliaria y Martinsa-Fadesa se quitó de en medio. “Se apartó del proyecto el pasado mes de junio”, explica Gil Marín. Hoy, pese a que el consorcio le ha encontrado un sustituto, la firma del convenio definitivo, previsto para estos días, se encuentra paralizado.
El 30 de julio de 2007, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, firmaba con el Atlético de Madrid y Mahou un “protocolo de intenciones” para la recalificación o, como lo denominó técnicamente el Ayuntamiento en su día, “el desarrollo urbanístico del ámbito Mahou Vicente Calderón”. Fuentes del Ayuntamiento de Madrid han asegurado a este diario que el convenio definitivo aún no se ha firmado ni está previsto que se firme a corto plazo. Extremo que también ha confirmado Gil Marín. Fuentes conocedoras del proceso han apuntado que uno de los motivos del retraso en la firma del convenio es la discrepancia entre Hacienda y Vicealcaldía –quienes están de acuerdo en los términos con el club- y Urbanismo, que se cierra en banda a dar luz verde al acuerdo. Estas mismas fuentes señalan que a la concejalía de Pilar Martínez “le podrían parecer excesivas las plusvalías del Atlético de Madrid en la operación”.
Ya el protocolo de intenciones preveía una cesión de aprovechamiento lucrativo del 10% de la edificabilidad lucrativa total del ámbito libre de cargas. En consecuencia, sobre la totalidad de la edificabilidad prevista, la cesión de aprovechamiento lucrativo se cifró en 17.536 metros cuadrados. Dicho 10% le correspondió al consorcio RTM, creado en 2004, con el fin de explotar el futuro suelo recalificado en forma de viviendas a cambio de 22,6 millones de euros.
Marc Rich, Fernando Martín, Caja Madrid y el 'malayo' Ventero
Según el Registro Mercantil, los accionistas de RTM eran Andria Inversiones Inmobiliarias -empresa presidida por el empresario Marc Rich-, con un 33,33%; la atribulada Martinsa-Fadesa, con un 28,32%; y Caja Madrid y el imputado en la Operación Malaya, Ventero Muñoz, presidente de Vemusa, con sendas participaciones indeterminadas. Vinculados a la operación también aparecieron los nombres de Lalo Azcona, a través de Doble A Promociones y Fernando Fernández Tapias, Fefé. De hecho, algunas fuentes conocedoras de la operación aseguran que el nombre de la sociedad, RTM, se corresponde con las iniciales de Rich, Tapias y Martín, Fernando Martín. Las fuentes señalan que "RTM le ha traspasado el proyecto a FCC". Extremo que la constructora ni confirma ni desmiente.
Este diario dio cuenta el pasado mes de abril de la boda de la hija de Blas Herrero en Oviedo. Evento al que acudieron el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, Fernando Martín, y Marc Rich, acompañado de su pareja, la mismísima nieta de la Pasionaria, Dolores Ibárruri, Dolores Sergueyeva.
Según publicó El País el pasado 17 de julio, “Caja Madrid también entró en la operación y se quedó con un 5% de ese suelo. La entidad bancaria tendría un derecho preferencial sobre la financiación de la edificación de todo el ámbito. Si no prosperaba la operación urbanística, el club tendría que devolver el dinero a las entidades. El préstamo recibido por el consorcio y Caja Madrid estaba avalado con los ingresos de televisión del club”. Las fuentes consultadas vinculan la entrada de FCC en la operación a la presencia en ella de la entidad. Ambas sociedades comparten accionariado en la inmobiliaria Realia a través de RB Business Holding, SL.
* Cotizalia - Fátima Martín - 06/08/2008
Foto: Madrid, estadio Calderon - turismomadrid.es
Andalucía: Sólo uno de los 770 municipios ha convocado consulta popular en 23 años
ELPAÍS* : ¿Para qué sirve una ley que no se usa? Todos los ayuntamientos pueden legalmente desde 1985 convocar consultas populares sobre asuntos municipales, pero tan sólo uno (Montellano, Sevilla) de los 770 municipios de Andalucía se ha atrevido a dar voz a los vecinos en época no electoral. También los ayuntamientos de Almuñécar (Granada) y Morón (Sevilla) lo intentaron en 2005 y 2004, pero el Gobierno central les cerró la puerta al plantear asuntos que escapaban del ámbito de sus competencias.
La ley de Régimen Local, de hace 23 años, lo prevé y la ley andaluza de Consultas Populares, de 2001, dicta el procedimiento que deben seguir los ayuntamientos. La falta de hábito, el miedo político al fracaso y el coste económico de la operación son algunas de las razones que los responsables políticos consultados alegan para explicar el por qué no se abre las puertas a la democracia directa. El Ayuntamiento de Jódar (Jaén) lo ha intentado ahora a las bravas sin seguir la ley y su alcalde se las ha visto con el juez.
Al Ayuntamiento de Montellano le faltó tiempo para estrenar la ley autonómica de 3 de mayo de 2001. En ese mes, ya puso en marcha todos los mecanismos para celebrar una consulta -aprobación por el pleno municipal, información pública, aprobación por el Consejo de Ministros- con la pregunta siguiente: "¿Está usted de acuerdo con la incorporación de Montellano al consorcio de agua del Huésnar?". El 68% del censo fue a votar el 9 de junio de 2002 y el 70% tumbó la propuesta que, entonces, apadrinaban todos los grupos (PSOE, PP e IU). Al PSOE, en el gobierno, a punto estuvo de salirle cara la operación. En las elecciones siguientes perdió la mayoría absoluta.
El alcalde actual, el socialista Francisco Salazar, aprendió rápido la lección. Pese a que la consulta no tiene valor vinculante, rompió el preacuerdo con el consorcio, creó una mesa del agua, acometió reformas de infraestructuras e impulsó la creación de 14 mesas de participación, en una localidad que con casi 7.000 habitantes hay 34 asociaciones.
Salazar asegura que hoy volvería a poner en manos de los ciudadanos decisiones "estratégicas" sobre Montellano, pero recalca la necesidad de que éstos tengan toda la información en su mano. "La consulta hay que verla como una oportunidad. Si hay una cuestión sobre la que tuviéramos dudas, no me parece malo hacer una consulta, pero siempre sin ir con una posición cerrada de antemano", afirma. En caso contrario, el sí o el no de la papeleta puede convertirse en un arma contra el gobierno local.
El concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Sevilla, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (PSOE), comparte esta posición y defiende que los ayuntamientos deberían someter a consultas cuestiones "blandas" y sin que el gobierno local someta a refrendo su política, la cual, al fin y al cabo, tiene su examen final cada cuatro años en las elecciones municipales.
El alcalde de Motril, Carlos Rojas (PP), asegura que no es fácil tomar esa decisión, sobre todo por los gastos que genera para el municipio (éstos son los que deben pagar la consulta) y porque ve "poco definida la dinámica procesal". En su opinión, la consulta popular debería convocarse cuando afectan a "cuestiones de futuro" de la ciudad. "En esos casos sería conveniente, porque se decide sobre temas que afectarán a generaciones futuras". El alcalde baraja cambiar el ferial de sitio y por la cabeza le ronda la posibilidad de consultar a los motrileños. "Así te evitas que luego hagan especulaciones de por qué un sitio y no otro", explica.
La consejera de Gobernación Clara Aguilera, asegura que la falta de uso de la ley se debe a que el "sistema de democracia directa está poco asentado". Y cree que los alcaldes no lo utilizan porque su "gestión y programa electoral se evalúa cada cuatro años en las urnas. Es un sistema de democracia representativa".
* ELPAIS.com - LOURDES LUCIO - Sevilla - 07/08/2008
Foto: Sevilla, ayuntamiento - sevilla5.com
Castilla-La Mancha comprará los pisos que los promotores no vendan
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ELMUNDO* : La Junta de Castilla-La Mancha, presidida por el socialista José María Barreda, se convertirá en una de las mayores agencias inmobiliarias privadas de España en los próximos años, gracias a un decreto que el Gobierno autónomo aprobó el pasado sábado. La medida, que es inédita en España, obligará a la Junta a comprar las viviendas nuevas construidas por promotores privados que éstos no logren vender en el plazo de un año.
Para ello, los asesores en materia de Vivienda de la Junta han creado una nueva tipología de pisos, las Viviendas de Iniciativa Público-Privada (VIPP), justificadas en el decreto por la alta demanda de casas que existe actualmente en Castilla-La Mancha (unas 50.000, según el Gobierno regional). Sin embargo, la oposición a Barreda le reprocha que esas viviendas benefician más a los promotores que a los demandantes de vivienda pública.
El primer punto que rompe drásticamente con las condiciones a que están sujetas las Viviendas de Protección Oficial es que las VIPP, definidas como "viviendas con protección pública específicas de la Comunidad", se podrán "promover y construir por promotoras privadas sobre suelos de su propiedad no reservados obligatoriamente a la promoción de viviendas de protección pública".
Es decir, los promotores podrán utilizar suelo sobrante, aunque no esté calificado específicamente para VPO, para construir pisos, siempre y cuando obtengan la autorización pertinente, que la Junta se reserva exclusivamente.
Lluvia de críticas
Pero lo que ha suscitado mayores críticas y que supondrá un alivio para muchas inmobiliarias que necesitan seguir construyendo y vendiendo en tiempos de extrema contracción del mercado inmobiliario es el artículo 14.
"Si transcurrido un año desde la declaración definitiva -como Vivienda de Iniciativa Público-Privada- existieran viviendas sin adjudicar, la promotora podrá instar a la Consejería competente en materia de vivienda a su adquisición en los términos previstos en el convenio". El sueño de cualquier promotor, construir pisos con una venta garantizada.
Además, las viviendas serán más rentables que las VPO, ya que su precio será un 10% más caro que las de mayor precio entre las de protección pública. Un piso de 70 metros (el tamaño máximo al que se podrán construir), saldrá por unos 180.000 euros, según los cálculos de EL MUNDO.
La norma sólo obliga a los promotores a vender "por sus propios medios" un 30% de las viviendas. El resto, tal y como reza el artículo, será problema del Gobierno de Castilla-La Mancha, que estará obligado a adquirir con dinero público todas esas viviendas, si no se venden, a un precio pactado de antemano con la inmobiliaria.
El decreto también incluye otro polémico artículo en la disposición adicional primera. En él, se permite que las viviendas libres de nueva construcción puedan pasar a ser calificadas como protegidas a petición del promotor.
El Pocero, gran favorecido
La medida ha suscitado las críticas de la oposición, que asegura que es un decreto "a la medida de El Pocero", el constructor que está desarrollando una macrourbanización en Seseña (Toledo), y de otros "promotores amigos" del presidente regional, para ayudarles a sacar adelante los pisos que no se venden.
"Barreda posibilitará que El Pocero, entre otros, conviertan sus viviendas libres sin vender de Seseña en VPO", denunció ayer Marcial Marín, secretario general del Grupo Popular. Según Marín, "no había ninguna necesidad de crear este tipo de viviendas, ya que se crea una nueva burbuja inmobiliaria, porque en la comunidad hay 85.000 pisos sin vender".
En la Junta, sin embargo, aseguran que ligar el decreto con El Pocero es una crítica "fácil y sin ninguna veracidad". "Las viviendas se construirán donde haya demanda, no donde quiera el promotor", explicó ayer el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda de Castilla-La Mancha, Julián Sánchez Pingarrán. "Y en Seseña apenas existen demandantes de vivienda".
Al rescate de los promotores
La Comunidad de Castilla-La Mancha no es la única que ha aprobado en las últimas semanas medidas sobre vivienda. La Comunidad de Madrid firmó el pasado 30 de julio un acuerdo con la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) y varias entidades bancarias para abaratar los pisos.
Las 25.000 viviendas libres que existen en la Comunidad podrán acogerse a un precio máximo fijado en función de los metros cuadrados y de la zona en la que esté ubicado cada piso. "Esta medida ha conseguido que sean los promotores privados los que rebajen el precio de las viviendas libres que no venden, sin coste alguno para las arcas del Gobierno regional, ya que no son viviendas protegidas", explicó un portavoz de la Comunidad de Madrid.
En el PP critican también otro peligroso punto de la ley de Barreda, aquel que deja en manos de la Junta la regulación del procedimiento de selección de promotoras para desarrollar las viviendas VIPP. "¿Estarán pensando en los 25 promotores que Barreda comentó que podrían llevar a cabo el proyecto?", se pregunta el diputado del PP.
La justificación que dan en la Junta para haber aprobado este polémico decreto es que hay que dar "garantía a los promotores de que tendrán comprador en unos momentos difíciles". Según el consejero de Territorio, "si no se venden los pisos se incorporarán al patrimonio público de la Comunidad". Y luego, ¿qué hará la Junta con ellos?.
* El Mundo - CRISTINA CABALLERO - 07.08.2008
Foto: Seseña (Toledo) macrourbanización - A.Heredia (El Mundo)
