SUR/Málaga* : Son 209 folios y 15 anexos, pero salvo la aportación de cifras que siguen quitando el hipo, no cuentan nada que no se supiera ya. El informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el periodo 2000-2006 es sí una detallada denuncia de las innumerables irregularidades cometidas durante el último periodo del gilismo hasta la disolución del Ayuntamiento.
El informe, aprobado por el pleno del órgano de control el pasado 26 de junio y dado a conocer ayer, pone cifras al agujero económico que la gestión de los tres alcaldes del GIL -el propio Jesús Gil, Julián Muñoz y Marisol Yagüe- dejó de recuerdo en el Ayuntamiento de Marbella: 253 millones gastados sin control y un desequilibrio presupuestario de 335 millones.
La utilización de las entidades municipales creadas durante el gilismo para eludir controles y disponer de esa manera de los fondos municipales es uno de los aspectos sobre los que más incide el informe. En ese sentido, destaca que durante el citado periodo «no se ejerció la función de control financiero sobre las sociedades mercantiles ni se exigió la justificación del empleo dado a las tranferencias ni la procedencia de las deudas asumidas». Estas operaciones según el Tribunal de Cuentas, dejaron un agujero en las arcas municipales de 253,5 millones de euros sólo en cuatro años.
El descontrol en la gestión de estas entidades era generalizado. Según el informe, sus responsables no ponían reparos en abonar cantiades, «con talones al portador o en metálico importes elevados» sin que constara la contraprestación por esos pagos .
El informe agrega que se realizaron pagos con anterioridad a la expedición de las correspondientes órdenes, se atendieron obligaciones no reconocidas presupuestariamente y se aceptaron facturas de proveedores por obras en la que no constaban presupuestos ni proyectos técnicos. «Se han realizado pagos con talones al portador o en metálico por importes elevados sin que existieran procedimientos de control», detalla.
El informe enumera de forma exhaustiva todas las irregularidades detectadas relativas a la organización y el control interno en el Ayuntamiento, como la concesión de subvenciones sin tramitarse expedientes o la no información al pleno de la actividad de estas sociedades.
Uno de los apartados del informe que mejor retrata la situación que se vivía en el Ayuntamiento es el relativo a los llamados «pagos a justificar», coletilla bajo la que se ampararon innumerables retiradas de dinero de las arcas municipales hasta completar un total de 20,9 millones de euros.
Toda ello produjo un desequilibrio presupuestario que al 31 de diciembre de 2005 era de 335 millones de euros, lo que representaba un 181% del presupuesto inicial y 2.669 euros por habitante.
En relación al personal, el informe recuerda que el Ayuntamiento contrató temporalmente trabajadores fuera de plantilla, sin realizar convocatorias públicas y sin una selección objetiva, así como que «se ha producido una duplicidad de prestaciones al haberse contratado una póliza de seguro asistencial para determinado personal municipal».
CIFRAS
253,5 millones de euros: Desaparecidos de las arcas municipales entre enero de 2002 y abril de 2006 a través de las sociedades mercantiles del consistorio que operaban sin control administrativo.
64 millones: Deuda vencida acumulada del ayuntamiento hasta 2006.
73,3 millones: Obligaciones de pago del ayuntamiento vencidas y que no figuran en presupuestos.
92,1 millones: Deuda del consistorio con la Agencia Tributaria a finales de 2006.
126,3 millones: Pérdidas de las sociedades mercantiles gestionadas por el Ayuntamiento.
193,3 millones: Déficit no declarado del consistorio en 2005.
335 millones: Desequilibrio financiero del ayuntamiento y sus empresas participadas. Una deuda media de 2.669 euros por vecino de Marbella .
20,9 millones: Dinero que salió del consistorio entre 2002 y 2006 gracias a la simple anotación de «a justificar».
14,8 millones: Pagos a 125 supuestos asesores del equipo de gobierno.
* Sur - HÉCTOR BARBOTTA - 10 julio 2008
Foto: Marbella Ayuntamiento - UrbPatasArriba
Marbella: El desvío a las sociedades municipales creó un agujero de 250 millones en cuatro años
Finestrat: Ultimátum a una obra ilegal
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ELPAÍS/Alicante* : El bloqueo de los trámites de expropiación de un edificio de 1978 en Finestrat por parte de sus propietarios permite ahora su demolición por estado de ruina, con coste cero para el Ministerio de Medio Ambiente, y a cargo de quienes han dilatado el proceso.
El edificio Ánfora, de 11 alturas en primera línea de la Cala de Finestrat, se construyó en 1978 sobre dominio público marítimo terrestre con una licencia municipal que denegó la Comisión Territorial de Urbanismo cuando ya estaba construido. Tres décadas después el edificio sigue en desuso y en avanzado estado de deterioro. La ex ministra Cristina Narbona promovió su expropiación, que se dilató por las continuas peticiones económicas de los 16 propietarios. Al final lograron alcanzar un acuerdo para pagarles dos millones de euros y Gobierno acordó la declaración de utilidad pública de la parcela el 9 de marzo de 2007. Pese al acuerdo, una de las dueñas cambió de postura y presentó en noviembre un recurso con el que pedía una nueva valoración. Lejos de provocar un nuevo receso en el proyecto de expropiación, la actitud de esta propietaria ha provocado que tanto el Gobierno como el consistorio finestratense, del PP, hayan cerrado filas y emplazado a su abogado a aceptar las condiciones o tener que correr con los gastos de la demolición. "No hay vuelta atrás. El edificio está muy deteriorado y supone peligro para la zona. Si no aceptan el Ayuntamiento lo declarará en ruina y lo demolerá a cuenta de los dueños", sentenció el primer edil Honorato Algado, en presencia de la subdelegada de Gobierno en Alicante, Encarna Llinares, y el jefe provincial de Costas, Vicente Martínez.
* ELPAIS.com - SERGI CASTILLO - Benidorm - 10/07/2008
Foto: Edificio en obras en la cala de Finestrat- ROSA FUSTER, elpais.com
La Justicia anula la construcción de 1.800 casas y 4.500 plazas residenciales en Playa Blanca
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LAPROVINCIA/Lanzarote* : El Juzgado de lo Contencioso - Administrativo nº1 de Las Palmas de Gran Canaria emitió una sentencia estimatoria del recurso interpuesto por la Fundación César Manrique por el que se anula en primera instancia el proyecto de urbanización del Plan Parcial Playa Blanca, que prevé la construcción de 1.800 viviendas y la habilitación de unas 4.500 plazas residenciales, según acaba de hacer público la citada organización.
El proyecto, dentro del procedimiento urbanístico, permite la transformación del suelo y la urbanización de viales, aceras y equipamientos, previos a la concesión de licencias y la construcción de viviendas en el ámbito del Plan Parcial, explica la Fundación, que concluye que, "por lo tanto, resulta la base del posterior desarrollo urbanístico".
La Fundación considera "trascendental" la sentencia del Juzgado, que anula el proyecto de urbanización por una razón formal, "ya que el Ayuntamiento publicó extemporáneamente las normas urbanísticas del Plan Parcial; y otra de fondo, ya que, según estima el fallo, [el planeamiento] quedó extinguido por la aplicación de la Ley 19/2003, de Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias, e implícitamente al citar la Disposición Adicional cuarta, por la Ley 6/2001, de Medidas Urgentes".
Así, precisa la Fundación, el Juzgado ha aceptado las razones esgrimidas por esa organización, "que entendía que la aplicación tanto la Ley de Medidas Urgentes como la Ley de Directrices del Gobierno de Canarias conllevan la extinción del Plan Parcial, al no haberse adaptado al Plan Insular de Ordenación del Territorio".
Además, recuerda la Fundación que en la propia sentencia se establece que “hay que añadir la aplicación de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 19/2003 de 14 de abril, por la que se reclasifican como urbanizables no sectorizados los terrenos clasificados como urbanizables o aptos para urbanizar con destino total o parcialmente turístico, con Plan Parcial aprobado definitivamente, que no ha iniciado su ejecución a la fecha de su entrada en vigor, quedando por ello sin efectos”.
Por lo tanto, agrega la organización que defiende el interés ambiental de Lanzarote, "como confirman ahora los tribunales, la nueva Ley convertía el suelo del Plan Parcial Playa Blanca en suelo urbanizable no sectorizado, una categoría muy restrictiva, que precisa de la intervención del Cabildo, mediante el Plan Insular, a la hora de decidir el uso que se pueda dar a ese suelo, al considerarse de valor estratégico".
CARACTERÍSTICAS. El Plan Parcial Playa Blanca ocupa un área de 1.155.280 metros cuadrados, y en él estaba previsto construirse 1.800 viviendas, hasta un total de 4.451 plazas residenciales, de las cuales ya se han ejecutado unas 400, mientras que algo más de 200 se encuentran paralizadas cautelarmente a instancias del Cabildo, y alrededor de 1.000 están congeladas a la espera de lo que suceda, explica la Fundación en un comunicado.
"Cabe recordar", explica la organización, que la Fundación César Manrique "se dirigió al Ayuntamiento de Yaiza en el año 2004, antes de emprender acciones legales, a través de la presentación de un recurso de reposición a la aprobación del proyecto de urbanización del Plan Parcial Playa Blanca, advirtiéndole de las presuntas irregularidades en que incurría dicho proyecto, por lo que desde un primer momento tanto el consistorio como los promotores tuvieron conocimiento del riesgo que asumían al seguir adelante con la ejecución".
Ese riesgo, según la Fundación, "podrá afectar en el futuro a aquellos terceros que hayan adquirido viviendas incluidas en el Plan Parcial, que no fueron advertidos en su día por los promotores de que existía un proceso legal en marcha que podía conllevar la anulación de las promociones.
El Plan Parcial Playa Blanca, recuerda la organización fundada por el más insigne artista lanzaroteño, es "un viejo caballo de batalla en la lucha mantenida por la Fundación César Manrique y el Cabildo de Lanzarote para que las leyes regionales se ejecutaran en lo referente a la extinción de los planes parciales no adaptados al Plan Insular, por lo que nos encontramos ante una de las sentencias más importantes de los últimos años, que abre las puertas a la anulación definitiva" del planeamiento.
VARIAS DENUNCIAS. Concluye la Fundación que "se trata de un Plan Parcial polémico, sobre el que han recaído diversas denuncias en los últimos años". Precisamente, recuerda la entidad, el Gobierno de Canarias ganó hace unos meses el recurso presentado contra la constitución inicial de la Junta de Compensación del Plan Parcial, en cuya sentencia se dejaba constancia de que el Plan Parcial se encontraba afectado por lo dispuesto en la Ley 6/2001 de Medidas Urgentes.
Junto al Ejecutivo regional, agrega la Fundación, el Cabildo de Lanzarote recurrió no sólo el proyecto de urbanización, sino también las Ordenanzas del Plan Parcial y las licencias concedidas posteriormente a cada una de las promociones urbanísticas del Plan, algunos de cuyos argumentos jurídicos han sido estimados recientemente por los tribunales y otros se encuentran en espera de pronunciamiento.
* La Provincia - ACN PRESS - 10 de julio de 2008
Foto: Viviendas en construcción en Playa Blanca, Lanzarote. LP / DLP
Detienen al alcalde de Benitachell acusado de corrupción urbanística
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ELMUNDO/Alicante* : Un dispositivo preparado desde varios cuarteles de la Guardia Cilvil en la comarca de la Marina Alta alicantina arrestó en la tarde del pasado martes al alcalde del municipio de Poble Nou de Benitachell, Juan Cardona, y a su primera teniente de alcalde, Hannelore Rheindorf, ambos independientes bajo las siglas del Partido Independiente Democrático de Benitachell (PIDEB).
Al parecer, en la operación también se detuvo a un empresario con intereses urbanísticos en la zona. Supuestamente, según han explicado fuentes de la investigación, en el momento de la detención los dos políticos estaban recibiendo alrededor de 50.000 euros, como presunto pago de favores urbanísticos.
El primer paso de las fuerzas de seguridad tras la detención consistió, siempre según las mismas fuentes, en incomunicar a los detenidos. Los arrestados se encuentran en los calabozos de los cuarteles del instituto armado de Jávea y Calpe.
Cardona se hizo con al Alcaldía el pasado 27 de marzo de 2007 gracias al voto de los residentes extranjeros. Lo hizo con un 41,99% del censo obteniendo con ello 6 ediles. Atrás quedaban años de gobiernos de coalición.
Cardona procede del PP, partido del que se salió antes de las elecciones por diferencias de las sensibilidades del partido en la provincia de Alicante. Y es que el ahora alcalde fue el concejal de Urbanismo durantedos pasadas legislatura.
Después de cuatro años al margen de la política local trató de hacerse con el número uno de la candidatura pero desde la cúpula del partido prefirieron situar en esa posición a María Josefa Ronda. Entonces, creó un partido independiente. El PP sacó dos concejales y el PSOE uno, al igual que el Bloc Nacionalista Valencià y otra formación independiente (CIBEN).
En la actualidad, el PGOU presentado en la Conselleria de Territorio prevé duplicar la población desde los alrededor de 5.500 habitantes a los 13.000.
Exigen una explicación
Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento han afirmado desconocer el motivo de las detenciones del alcalde y la primer teniente de alcalde, y han pedido al equipo de gobierno "una explicación" sobre lo ocurrido.
El concejal del Bloc, Josep Femenia, ha comentado sentirse "muy triste" por la imagen que se está ofreciendo de la localidad y, a falta de conocer lo sucedido, ha pedido que se respete la presunción de inocencia.
Por su parte, el socialista Josep Buiges ha explicado que el resto de la corporación "no tenía sospechas" sobre que hubiera una investigación judicial abierta contra Cardona y Rheindorf.
Ha indicado que en los últimos meses se han dado los últimos pasos antes de la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el cual estuvo en periodo de exposición pública y que, posteriormente, fue aprobado provisionalmente con los únicos votos del PIDEB, ya que contó con el rechazo del resto de grupos.
El concejal del CIBEN, Vicente Soler, también ha expresado su "sorpresa" por lo sucedido y ha manifestado que no comparte las "formas" del equipo de gobierno desde que hizo con el poder en Benitatxell.
Varios de estos concejales han recordado que la primer teniente de alcalde ya tuvo un primer incidente poco después de las pasadas elecciones municipales cuando, acompañada por la policía local, ordenó el desalojo de una de las salas del edificio del consistorio a los cinco concejales de la oposición, que se habían reunido allí para analizar la política del equipo de gobierno.
* El Mundo - M. GONZÁLEZ | H. FERNÁNDEZ | AGENCIAS - 09.07.2008
Foto: Benitachell (Alicante), costa - mma.es
Andalucía: Las dimisiones de delegados y concejales por corrupción crecen en La Comunidad
GAS* : Los casos de corrupción en la política andaluza llegan por goteo a la población. Los casos, casi siempre silenciados, sólo se pueden conocer por los medios de información de masas o gracias a ciertas tramas conocidas, como el “Caso Malaya” o el “Caso Astapa”, o bien gracias a denuncias de colectivos ecologistas, especialmente, Ecologistas en Acción.
En esta noticia, nos nutrimos de estos diversos medios que tenemos a nuestra disposición, dividiendo los casos por provincias.
Sevilla
El delegado de Urbanismo de la localidad sevillana de Gines (Patricio Jiménez Ortiz) presentó su dimisión el pasado 23 de mayo tras ser condenado a tres años y once meses de cárcel por apropiarse indebidamente de parte de los emolumentos (utilidad o sueldo que corresponde a un cargo o empleo) de sus compañeros de la Asociación Española de Peritos Judiciales, al ser el delegado de dicha asociación en Sevilla. El PSOE utilizó esta dimisión como muestra del buen talante de su partido.
Por su parte, Ecologistas en Acción pidió el 23 de mayo el cese del nuevo Director General de prevención y Calidad Ambiental de Sevilla (Jesús Nieto) el mismo día de su posesión, por su falta capacidad de reacción ante problemas tan graves como el caso de Boliden, en 1996, o Mina Las Cruces, desde el año 2003. La prevención que debería profesar, no la ha demostrado, según este colectivo ecologista, ni en el caso de Aznalcóllar, hace diez años, ni ahora, con la nueva empresa minera sueca.
Málaga
Ese mismo día la delegada de Vivienda de Málaga renunció a su cargo, aunque no había tomado posesión oficial. María José Mata, funcionaria de la Junta, vio como salió a la luz en los medios que había montado, con un abogado investigado en el caso Malaya, una empresa dedicada a la promoción y construcción de terrenos e inmuebles, servicios inmobiliarios y asesoramiento jurídico, entre otros asuntos, a la vez que ejercía como inspectora provincial de Urbanismo del Gobierno andaluz, puesto que desempeña desde hace años. Además, en la investigación de dicho proceso judicial, había grabaciones telefónicas donde la ex-delegada acordaba la construcción de unas viviendas por deseo de su socio.
Esta dimisión de una política (en este caso) debido a su relación con imputados en tramas de delitos urbanísticos, como el caso malaya, o ahora el destapado en Estepona, no es la primera, ni será la última, ya que estos fraudes se perpetúan con la complicidad, más directa que indirecta de los políticos.
Precisamente, en Estepona, distintos ediles del PsoE, incluido el alcalde, se ha visto involucrado en la investigación policial –Astapa- de la corrupción urbanística por medio de recalificación de terrenos. Ante este caso, en el que el Ayuntamiento no se ha disuelto, la oposición pide a la Junta que se nombren nuevos cargos públicos, ya que, consideran, la trama es como la de Marbella, y estaría relacionada gran parte de la política del municipio malagueño. Por su parte, el presidente de la Junta, Chaves, ha declarado que no se conocía nada del delito y ha aplaudido la actuación del PsoE por destapar la trama, sin tratar el tema de la disolución del Ayuntamiento en su totalidad.
Cádiz
Por su parte, Ecologistas en Acción ha denunciado que políticos del PsoE de la provincia de Cádiz sigan en cargos públicos, con su política de tolerancia cero con la corrupción urbanística, cuando han sido imputados en asuntos de corrupción. Estos casos de imputación, unidos a las denuncias de los ecologistas, se suman por decenas. El grupo ecologista da algunos ejemplos: El caso del director del Parque Natural Sierra de Grazalema que participó en una trama de corrupción, por lo que tuvo que dimitir, pero fue recolocado en puestos públicos de la provincia de Cádiz. En Grazalema, el político Antonio Mateos fue imputado por un caso de corrupción, lo que fue respondido por el PsoE con su apoyo a Antonio y su recolocación como coordinador de la Consejería de Agricultura, en la Sierra de Cádiz, puesto inventado. En Prado del Rey, el ayuntamiento, como el de Estepota, recibió dinero de una empresa propietaria de terrenos rústicos protegidos, lo que hizo que se recalificaran los terrenos para un campo de golf y urbanización, falseando los datos sobre la disponibilidad del agua. En el Puerto de Santa María, el PsoE se ha aliado con políticos implicados en delitos de corrupción urbanística, a pesar de las denuncias de los ecologistas.
Almería
En Lubrín, provincia de Almería, un concejal ha dimitido al imputársele un delito de prevaricación de cuando era alcalde de dicho pueblo. Ha sido la Fiscalía de Medio Ambiente la que lo ha acusado de un delito de prevaricación urbanística, junto con una promotora de vivienda y una técnica directora de la obra ilegal.
Continuando con la ilegalidad que vive el PsoE, cabe destacar la imputación de cinco ediles del PsoE –entre ellos el teniente alcalde- de la localidad almeriense de Carboneras por fraude electoral. Han sido acusados, junto con un empresario de un fraude en el voto por correo en las pasadas elecciones municipales del año 2007; el actual teniente alcalde, Ruíz Aguado, habría sido sorprendido cuatro días antes de las elecciones tirando a la basura una bolsa que contenía la documentación relativa al voto por correo de 40 vecinos del municipio, entre la que estaban las papeletas de todos los partidos salvo el PsoE. Precisamente, el anterior alcalde de Carboneras, también del PsoE, tuvo que dimitir al ser imputado en otro delito electoral en las elecciones del año 1999.
En Almería, otra provincia que, como se ve, cuenta con multitud de casos de corrupción y escándalos políticos, el 7 de julio se llevará a cabo un juicio que los ecologistas viven muy de cerca. Han esperado ocho años de tramitación de la presunta destrucción de una especie protegida que sólo existe en la provincia andaluza: el Androcymbium europaeum. Los acusados son el ex delegado provincial de Medio Ambiente, el Secretario General de Patrimonio Natural y Desarrollo Sostenible de la Consejería de Medio Ambiente, la Directora del Parque Natural de Cabo de Gata y el anterior Director del Parque y Marcos Eguizábal. El primer juicio se celebró en el 2006, donde el titular del juzgado echó a los abogados ecologistas por haber presentado documentos fuera de plazo, con lo que el juicio se repitió en el año 2007, ya que los documentos eran correctos. Tras no celebrarse el juicio por enfermedad, se pospuso a enero del 2008, que fue retrasado por los acusados hasta esta fecha.
Huelva
Dentro de esta espiral de corrupción y delitos, cabe destacar como casi todos los altos cargos de la Junta de Andalucía de la provincia de Huelva basan sus rentas en inversiones inmobiliarias, fincas de distinto orden así como inmuebles. Un ejemplo de ello es la consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, quien es propietaria de cuatro fincas urbanas en Huelva y otros inmuebles con un valor de más de 130.000 euros. Otros políticos destacados, son el delegado del Gobierno en Huelva, con cuatro viviendas, y tres coches, el delegado onubense de medio ambiente, con dos pisos, una casa y dos locales; el titular de Economía y Hacienda, el titular de Hacienda, etc. Todos estos políticos, tienen abultadas cuentas bancarias de hasta 50.000 euros, planes de pensiones de grandes cantidades, hasta 83.000 euros, así como fincas rústicas en distintas provincias, tanto andaluzas, como del resto del estado, así como diversos préstamos por cantidades de decenas de miles de euros.
* Grupo de Acción Social - GAS - 05/07/2008
Viñeta de Forges - elpais.com - 20061221
El litoral norte de España «imita el modelo devastador del Mediterráneo»
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ABC* : Las costas de País Vasco, Cantabria y Asturias han comenzado a imitar «el modelo devastador del Mediterráneo», según señala el informe 2008 «Destrucción a toda costa» de la organización ecologista Greenpeace. Las comunidades autónomas que más maltratan su litoral son Andalucía, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Canarias, Ceuta y Melilla.
En la segunda posición de la clasificación de las costas españolas más dañadas se sitúan Cataluña, Islas Baleares y Galicia. Y en último lugar la costa norte española.
El urbanismo salvaje es el principal problema que acentúa la degradación del litoral español. Según la Federación de Promotores y Constructores, «España necesita algo más de 300.000 viviendas anuales», aunque en «los últimos cuatro años se han llegado casi a triplicar, hasta las 800.000 viviendas tasadas desde mediados de 2006 hasta mayo de 2007», indica el informe de Greenpeace. «Andalucía sigue vendiéndose a la presión del turismo», asegura la responsable de costas de Greenpeace, Pilar Marcos. La corrupción urbanística de este momento mantiene en los tribunales «67 casos, con 527 implicados, de los que 180 son cargos públicos», señala Greenpeace. Es el reflejo de la mala gestión de muchos ayuntamientos españoles. Los casos como «Malaya» o «Astapa» son el ejemplo de consistorios que han hecho urbanizables territorios, incluidos espacios naturales, para obtener el máximo capital.
Medidas de urgencia
El informe de la organización ecologista destaca que «la Ley Estatal del Suelo, aprobada el año pasado, supone una mejora con respecto a la situación anterior». Pero las competencias urbanísticas son municipales y la ordenación del territorio corresponde a la comunidad autónoma. De aquí que Greenpeace exija la elaboración de planes de ordenación de la franja costera a comunidades que todavía no los tienen, como Galicia, Canarias, País Vasco y Comunidad Valenciana.
Las construcciones de puertos, tanto deportivos como industriales, y la contaminación son otros puntos que acentúan el problema de las costas españolas. «Todas las comunidades autónomas pretenden aumentar el número de amarres y puertos», mencionó Marcos. El informe asegura que «tan sólo en 2008 se plantean 137 ampliaciones o nuevos puertos deportivos e industriales».
Polo químico de Huelva
«El polo químico de Huelva es el punto más contaminado del mundo», resaltó por su parte el responsable de la campaña contra la contaminación de Greenpeace, Julio Barea. Las aguas residuales de ciudades y pueblos y los vertidos industriales agravan otros de los principales focos de contaminación españoles como son el polo químico de Tarragona o las rías gallegas.
Las consecuencias negativas ya se perciben en «la subida del nivel del mar que ha provocado el retroceso de la línea de costa tanto en la zona del Atlántico (en 35 centímetros) como en la del mar Mediterráneo (que se estima entre 20 y 50 centímetros para 2050», indica el informe. Estos hechos negativos también afectan a la economía española. «El turismo supone el 12 por ciento del PIB», manifestó el director ejecutivo de Greenpeace España, Juan López de Uralde. Así, el informe considera que si se mantienen parámetros insostenibles como no depurar agua ya utilizada o continuar regando campos de golf con agua sin reciclar, aumentará la situación negativa del litoral y la crisis en el turismo.
«La nueva estructura del Gobierno supone un abandono del medio ambiente», resaltó López de Uralde. Greenpeace exige aplicar la Ley de Costas, la Estrategia de Sostenibilidad y la lucha contra la contaminación.
* ABC - ESTHER DE LEÓN. MADRID.- 3 de julio de 2008
Foto: Castro Urdiales (Cantabria), masificación - S.Cirilo, elpais.com
Retorno a Valdeleches
MONCHO ALPUENTE* : Haciendo de la necesidad virtud y poniendo al mal tiempo buena cara, comunicó don Roberto Mendicutre a su nutrida tribu la inamovible decisión de sustituir este año las tradicionales vacaciones de playa, apartamento y chiringuito por un periodo equivalente en la casa natal de sus ancestros, ubicada en Valdeleches del Pichuérniga, en el rústico y salutífero entorno de la sierra madrileña del Guadarrama, y adujo en su defensa múltiples y variadas razones que, si bien no llegaron a convencer a los suyos, fueron aceptadas como inevitables.
Por el tono rotundo de su declaración, dedujeron su afligida esposa y sus desconsolados vástagos que se trataba de una política de hechos consumados, pues, sin previo aviso y solapadamente, el cabeza de familia no había reservado esta vez con antelación el apartamento 432 B de la urbanización Costa Nostra en La Manga del Mar Menor.
En su declaración ante el consejo tribal, don Roberto obvió la razón primordial de su cambio de planes, que, como sospechaban los suyos, se debía a la perversa coyuntura económica de las finanzas familiares, enmarcada en el contexto general de una crisis tres veces negada por las autoridades y otras tantas confirmada por las cifras desnudas de su presupuesto.
El cabeza de familia, en una maniobra táctica de distracción que no pasó desapercibida, prefirió citar algunos de los inconvenientes acumulados en los últimos periodos vacacionales pasados en aquel lugar de La Manga de cuyo nombre prefería no acordarse y trajo a colación las irritantes plagas de medusas que en los últimos tres años habían impedido el baño en la playa y causado en dos ocasiones molestas lesiones cutáneas a los dos hijos menores. Se refirió también a los nocivos efectos del cambio climático que habían perturbado los últimos días de su asueto el año anterior con fortísimas tormentas, luego tuvo unas palabras sobre el deterioro de la capa de ozono y los peligros de una demorada exposición al sol y terminó su exposición con algunas consideraciones generales sobre los fallos del aire acondicionado, los decibelios generados por la discoteca de la urbanización y sus botellones a la intemperie, sin olvidarse de maldecir a los motoristas adolescentes por sus estruendosas exhibiciones nocturnas.
Al dantesco panorama desplegado con tan dramáticos tintes contrapuso don Roberto Mendicutre la idílica visión de unas vacaciones en contacto con la naturaleza indómita y serrana practicando el turismo rural, familiar y ecológico, respirando el aroma de los pinos y deleitándose con la salmodia de las cigarras y los grillos, ejercitándose en el sano senderismo en las estribaciones del Cabezo Bolo (765 m) y refrescándose en las umbrías pozas del arroyo Carbonero. Rústicos y frugales placeres que el cabeza de familia había experimentado durante su infancia y adolescencia en el pueblo de sus padres.
Vencidos pero no convencidos partieron los Mendicutre a su refugio campestre, quitaron las telarañas y airearon la morada familiar, alquilada en mejores años a veraneantes menos favorecidos. Abrió con gran aparato don Roberto la gran ventana del dormitorio principal y se dispuso a mostrar a los miembros de su cariacontecida tribu los principales alicientes paisajísticos de la zona. En los últimos años, hubo de reconocer el patriarca, se habían producido sustanciales cambios en el panorama que alcanzaba su vista: una muralla de chalets adosados borraba la visión del pinar de Mendruguillos después de haber borrado también el pinar. A la entrada del sendero de montaña que ascendía al Cabezo Bolo, un cartel anunciaba el acceso a un circuito de moto cross y donde antaño se hallaba la dehesa del Tío Pereje se erguía la aerodinámica mole de un flamante centro comercial con aparcamiento para 500 vehículos.
Con el rostro demudado, volvióse Mendicutre hacia los suyos, profirió maldiciones, ensartó denuestos contra el desalmado urbanismo y balbució tan torpes como innecesarias excusas. Innecesarias porque en los semblantes de sus retoños no se percibía la decepción, sino la euforia de hallarse en terreno conocido, en un lugar donde podrían prolongar la satisfactoria rutina de sus días ciudadanos, días de cine y palomitas, de comidas rápidas y compras aceleradas en las mismas tiendas franquiciadas. "Seguramente tendrán un spa", dijo su cónyuge, reacia de antemano a refrescarse en las pozas del arroyo Carbonero. "El año que viene nos quedamos en casa", concluyó don Roberto y cerró la ventana.
* ELPAIS.com - Opinión - 09/07/2008
El fiscal imputa 5 delitos al ex alcalde de Labastida y a los promotores del golf
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ELCORREO/Álava* : El controvertido proyecto para construir un campo de golf y 750 viviendas en Labastida ha entrado en vía judicial. La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Vitoria ha presentado una denuncia contra el ex alcalde de la localidad Ignacio Gil Orive (PP) y los tres promotores del complejo -Luciano Soraluze, Javier Corta y José María Elías, todos afincados en Guipúzcoa- por la presunta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de las cosas y prevaricación.
¿El motivo? La transmisión de terrenos de propiedad pública a la sociedad promotora del golf a un precio «muy inferior» al de mercado para lograr importantes plusvalías de las operaciones.
La imputación del Ministerio Público llega después de seis meses de investigación recopilados en nueve tomos de prolija documentación. Ahora, la pelota está en el tejado del Juzgado Decano de Vitoria, que deberá remitirlo al juez para que decida si abre diligencias, o por el contrario, archiva el caso. De momento y a la espera de nuevos acontecimientos, todo apunta a que la denuncia del fiscal podría ser la puntilla a un proyecto bastante cuestionado.
Y todo ello bajo la sombra de las presuntas irregularidades cometidas en el golf de Laguardia, que ha dejado tres empresarios imputados por un intento de soborno a un concejal de Eusko Alkartasuna y un complejo políticamente muerto.
Hasta la fecha, la actualidad en torno al golf de Labastida se había centrado en la ocupación que el proyecto hacía de 11 hectáreas de terreno medioambientalmente protegido, como así lo había advertido la Comisión de Urbanismo del Gobierno vasco (COPU), lo que obligaba a cambiar su diseño. La construcción del 'green' y las 750 viviendas cuenta con el amplio respaldo del PP (4 ediles) y el PNV (2), ambos partidos en la oposición. Eso sí, el alcalde de EB, Higino Arinas (2), investido gracias al apoyo de los jeltzales y un independiente, es un firme opositor a que el proyecto se haga en Labastida, una localidad con 1.513 habitantes.
Pero la polémica ha llegado ahora al terreno judicial. Según se recoge en la denuncia de la Fiscalía, el ambicioso plan nació en 2003 con el propósito de construir un campo de 18 hoyos y 750 viviendas sobre una superficie de un millón de metros. Los promotores fueron el Grupo Sorelor y San Ginés Labastida S.A. Es este último el que tomó las riendas del proyecto incorporando en su capital a Narbalur S.L. (56%) -cuyo administrador es Luciano Soraluze-, a Javier Corta (20%), a José María Elías (4%) y a la sociedad pública Labastida Gestión Municipal S.L. (20%), «creada 'ad hoc'» por el Ayuntamiento el 28 de julio de 2005, con Gil Orive en la Alcaldía.
Plusvalías
En los siete folios de la imputación, el fiscal jefe, Josu Izaguirre, indica que el ex regidor popular, «en connivencia» con los promotores, «ideó» un medio para conseguir que el patrimonio inmobiliario municipal afectado por el proyecto «fuera incorporado al patrimonio de los promotores privados por un precio muy por debajo del real», con el fin de «beneficiarles» y que «todas las plusvalías recayesen en ellos». Estas aportaciones se realizaron a través de dos ampliaciones de capital de San Gines Labastida S.A., «con manifiesto perjuicio al patrimonio público».
Cuando el Ayuntamiento creó la sociedad Labastida Gestión Municipal para participar en el proyecto, la dotó de un capital social de 55.000 euros, de los que 2.430 fueron en metálico y el resto, lo correspondiente al valor de 25 parcelas. El fiscal asegura que en esa tasación «no se tomó en cuenta en modo alguno» las plusvalías que se iban generar ya que la mayoría del terreno público estaba donde se iban a levantar las viviendas. Pese a ello, subraya el Ministerio Público, se tasaron como tierras «improductivas», «cultivo de secano» o «erial de pastos».
Entre el 10 y el 16 de febrero de 2006, se hicieron otras dos operaciones relevantes que marcan la singladura del proyecto. Primero, el Consistorio decidió ampliar el capital de Labastida Gestión Municipal S.L. por un importe de 192.000 euros, que cubrió con 414.000 metros. Días más tarde, este patrimonio pasó a la sociedad San Ginés Labastida.
Izagirre dice en su denuncia que «tan irregular proceder» se debió a la «connivencia» del ex alcalde y los promotores para no inscribir las operaciones en el registro mercantil, pese a que Gil Orive, ahora juntero, tenía obligación de hacerlo.
Como consecuencia del 'modus operandi' empleado, en la actualidad la sociedad pública Labastida Gestión Municipal «no es titular de ninguna de las fincas que constituyeron su capital social» y por ende, «se ha producido un vaciamiento patrimonial en favor de San Ginés Labastida S.A», promotora del campo.
Pero según el fiscal, el asunto no queda ahí, ya que mientras el Ayuntamiento sólo es titular del 20% de los 474.000 metros aportados, el resto de terrenos continúa estando a nombre de los otros socios y no al de la sociedad San Ginés.
Gil Orive fue exculpado en 2005 de un presunto delito de narcotráfico, tras ser detenido un año antes por la Ertzaintza. El arresto provocó que dimitiera como juntero, aunque siguió en la Alcaldía.
Como ya ocurrió en Laguardia, parece, al menos de momento, que el proyecto de Labastida quedará en vía muerta. Más si cabe después de la crisis sufrida por el PNV de la localidad, cuyos concejales apoyan el plan del PP, pese a las reticencias del Araba buru batzar (ABB), que en abril disolvió la junta local por los encontronazos internos entre sus afiliados en torno al golf. Después de lo ocurrido, el ABB podría dar el golpe de gracia al proyecto.
* El Correo Digital - 09.07.08 -ADOLFO LORENTE
Foto: El proyecto para construir el campo de golf de 18 hoyos y 750 viviendas se ubica en la zona conocida como San Ginés. / JOSÉ MONTES, elcorreodigital.com
Denuncian la construcción de un edificio de lujo a 15 metros de la playa de Cuevas
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EUROPAPRESS/Almería* : Las asociaciones 'Salvemos Villaricos' y 'La Balsica' han criticado hoy "el total abandono" y la "falta de interés" de la Junta de Andalucía para investigar las presuntas irregularidades en la construcción de un edificio de 18 apartamentos de lujo a menos de 15 metros de la playa en la pedanía de Villaricos, en Cuevas del Almanzora.
Fuentes de 'Salvemos Villaricos' precisaron que los vecinos han informado desde el pasado mes de febrero tanto al Gobierno andaluz como al Ayuntamiento cuevano de distintos incumplimientos de la normativa vigente, ya que el inmueble, según un informe elaborado por un perito judicial, no respeta los retranqueos de tres metros, contempla tres alturas en lugar de las dos autorizadas e invade una acequia pública.
Los colectivos dijeron por lo tanto "no entender" la "pasividad" de las autoridades competentes en materia urbanística de la Junta de Andalucía, sobre todo "cuando se están produciendo constantemente escándalos urbanísticos que terminan con detenidos y se descubre el pago de comisiones de los constructores a los políticos y funcionarios" y anunciaron la posibilidad de iniciar movilizaciones a finales de este mes.
Asimismo lamentaron el "oscurantismo" del Consistorio cuevano que, según los vecinos, ha pasado de facilitar todo tipo de información a "no dar ninguna", precisamente en el momento en el que se iba a aprobar el proyecto de edificación, que plantea "muchas dudas legales".
En el solar donde se promueve el complejo aparecieron restos de una calzada que podría ser visigoda y que sin embargo "se ha destruido rápidamente" sin que la Consejería de Cultura informara de la actuación, en una pedanía que está calificado como zona de Bien de Interés Cultural por sus yacimientos arqueológicos, destacaron los vecinos.
Muy cerca de la orilla
Por último, las asociaciones apuntaron que la constructora instaló "de manera ilegal" una caseta en el paseo marítimo, que tardó tres meses en retirar sin que se conozca una posible sanción por parte del Ayuntamiento y señalaron la aparición de escombros en una cuneta de la carretera que une Villaricos con Vera.
A mediados del pasado mes de junio, 'Salvemos Villaricos' pidió a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado que investigue las presuntas "irregularidades" en las que incurre el residencial, promovido por la sociedad '320 Días de Sol', y que tome las "medidas oportunas" para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente después de que el colectivo pusiera en conocimiento de las diferentes administraciones implicadas las supuestas "ilegalidades" y obtener sólo respuesta de la Dirección provincial de Costas, que alegó una correcta actuación en sus competencias.
La asociación argumenta que gran parte de la superficie de la parcela donde se proyecta el complejo invade las zonas de tránsito y servidumbre de protección marítimo terrestre, ya que un informe pericial encargado por vecinos recoge que la Ley de Costas establece que la servidumbre de tránsito recaerá sobre una franja de seis metros de ancho a partir del límite interior de la ribera del mar, mientras que en esta promoción el proyectista sólo ha dejado un ancho de 4,44 metros.
El escrito alude también a una resolución de la Consejería de Medio Ambiente de 20 de junio de 2007 que autorizó la demolición del edificio que había en la parcela y la construcción de un aparcamiento subterráneo, piscina y estructuras apergoladas por delante de la línea de deslinde, pero que advierte de que el acceso rodado al aparcamiento se hace a través de un tramo peatonal del paseo marítimo, que está afectado por la zona de servidumbre y protección, por lo que avisa de que no se podrán realizar las obras solicitadas si con carácter previo no se autorizan las modificaciones y cambios de usos necesarios para posibilitar el paso.
* 20 Minutos - EUROPA PRESS. 09.07.2008
Foto: Cuevas del Almanzora (Almería) - wikipedia.org
El GEN denuncia una nueva urbanización que supera las 400 plazas en Cala Tarida
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DIARIODEIBIZA* : El Grup d´Estudis de la Natura (GEN) denuncia que el Ayuntamiento de Sant Josep y el Consell tramitan un Plan Parcial que permite la construcción de una urbanización con capacidad para 400 nuevas plazas en Cala Tarida.
El nuevo desarrollo urbanístico permite, según los ecologistas, más de 100 nuevas viviendas y 90 nuevas plazas turísticas. Esta urbanización está prevista en las nuevas Normas Subsidiarias del municipio.
Los ecologistas alertan en un comunicado que se trata de «una nueva aberración» en la costa de Sant Josep y denuncian que los servicios públicos de esta urbanización, impulsada por promotores privados, los garantizan las administraciones públicas. «Es intolerable que la especulación urbanística, que está en directa contradicción con el interés general, no sólo sea permitida por las administraciones responsables, sino que incluso la incentive con inversiones millonarios procedentes de fondos públicos», denuncian. En concreto, el GEN explica que en Cala Tarida se está construyendo una depuradora «con coste millonario para las arcas públicas para dar servicio a las promociones urbanísticas privadas, en buena parte, realizadas al margen de la legalidad».
Además, los ecologistas aseguran que la Comisión Balear de Medio Ambiente prevé el suministro de agua depurada gracias a un futura ampliación de la desalinizadora de Portmany, obras a las que hay que sumar las conducciones hasta Cala Tarida, también sufragadas con fondos públicos. «Durante décadas se están tramitando y construyendo miles de nuevas plazas turísticas en la isla sin que se haya obligado previamente a los promotores a justificar la existencia real de los servicios más elementales. Esto ha supuesto una auténtica sangría para las arcas públicas y unos suculentos beneficios para la especulación urbanística, que se ha extendido como el peor cáncer para la isla», lamentan.
* Diario de Ibiza - 09 de julio de 2008
Foto: Sant Josep de Sa Talaia - San José (Ibiza), costa - mma.es
Anticorrupción denuncia al ex alcalde de Seseña por aprobar un plan urbanístico para 'el Pocero'
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EFE/Toledo* : La Fiscalía Anticorrupción ha denunciado al ex alcalde de Seseña José Luis Martín (PSOE) por prevaricación, cohecho y delito contra la hacienda pública en la aprobación del PAU de El Quiñón de Seseña (Toledo), donde Francisco Hernando, 'Paco el Pocero', prevé la construcción de 13.508 viviendas.
Anticorrupción, que ha investigado la autorización de ese PAU durante dos años a instancias de Izquierda Unida, ha encontrado "unos incrementos patrimoniales injustificados" por parte de Martín, que gobernó en Seseña entre 1999 y 2003, por lo que ha presentado una denuncia ante el juzgado de instrucción de Illescas (Toledo).
El actual alcalde de Seseña, Manuel Fuentes, de Izquierda Unida, denunció ante la Fiscalía el 14 de julio de 2006 un presunto trato de favor por parte del anterior gobierno municipal y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la tramitación y aprobación del PAU.
La denuncia de la Fiscalía, fechada hoy 9 de julio, sostiene que el alcalde forzó, el último día hábil de la legislatura, la aprobación de un PAU que iba a quintuplicar la población del municipio a sabiendas de que faltaban informes preceptivos de la Comisión Provincial de Urbanismo o la evaluación ambiental de la Consejería de Agricultura de la comunidad.
Entre 2002 y 2005, Martín realizó sucesivas inversiones y desembolsos de importantes cantidades de dinero, incremento patrimonial que justificó ante la Fiscalía alegando haber cobrado un cupón de la ONCE premiado con 144.000 euros en el año 2000 y las sucesivas reinversiones de ese dinero.
La Fiscalía considera que esas afirmaciones no quedan acreditadas "al no constar declarados los incrementos patrimoniales relacionados con ese u otros ingresos".
Según la denuncia, en 2002 coincidió la presentación por parte de la empresa ONDE 2000 SL, propiedad de Francisco Hernando, del PAU en el Ayuntamiento con la suscripción por parte de Martín de dos fondos de inversión y seguros por importe de 158.000 euros y 1.800 euros, respectivamente.
También adquirió entonces un bien inmueble en Málaga por importe de 9.617 euros a pesar de que su salario entre 2001 y 2005 fue de 27.806 euros brutos, excepto en 2003, cuando, al dejar en junio el Ayuntamiento, sólo percibió 17.074 euros.
El 13 de mayo de 2003, cinco días después del pleno municipal en el que se aprobó el PAU, Martín suscribió tres fondos de inversión a favor de sus hijos por importe de 48.000 euros cada uno (un total de 144.000 euros).
Ese año también firmó fondos de inversión por importe de 20.000 euros a dos de sus hijos, realizó un desembolso en efectivo de 77.208 euros y se subrogó en dos préstamos hipotecarios por importe conjunto de 250.244 euros para comprar dos viviendas de la sociedad Promociones del Saz 2000 SL, empresa vinculada a ONDE 2000 SL, a la que ya se había adjudicado el PAU de El Quiñón.
En 2004, cuando José Luis Martín ya había dejado el Ayuntamiento, adquirió nuevos fondos de inversión por importe de 60.000 euros, mientras que el año siguiente firmó dos fondos de inversión por 15.000 y 110.113 euros, y desembolsó 71.334 euros a Promociones Zapata y Muñoz y 14.921, a Mapfre Mutualidad.
La Fiscalía relata en la denuncia el proceso de autorización del PAU, en el que el alcalde convocó tres plenos extraordinarios en los últimos meses de la legislatura para sacar adelante el proyecto, que aún no contaba con el visto bueno de la Comisión Provincial de Urbanismo ni con el informe ambiental de la Consejería de Agricultura.
Martín ignoró en varias ocasiones las advertencias de la oposición y el PSOE sacó adelante con sus votos el proyecto, aprobación que fue anulada por el Ayuntamiento después de las elecciones que ganó Manuel Fuentes.
La Fiscalía cierra la investigación con una denuncia que sólo afecta al ex alcalde, a pesar de que IU había pedido que se investigara la actuación de Hernando, la de varios ediles del PSOE y del PP y la del entonces consejero de Obras Públicas, Alejandro Gil, puesto que el informe de Urbanismo salió de la Consejería el mismo 8 de mayo en que se aprobó el PAU.
Asimismo, IU pidió la investigación de la relación del entonces presidente regional, José Bono, con la empresa ONDE 2000, que, según IU, habría realizado trabajos en la Hípica Almenara, de la que era accionista el actual presidente del Congreso.
* La Vanguardia - EFE - 09/07/2008
Foto: Seseña (Toledo), urbanización de El Pocero - EFE
El alcalde de Guadarrama paga su defensa con dinero público
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ELPAÍS/Madrid* : El alcalde de Guadarrama (13.000 habitantes), José Ignacio Fernández Rubio, del PP, paga a los abogados que le defienden de un caso de prevaricación con dinero público. Fernández Rubio, el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Miguel Rodríguez Bonilla, y otros tres concejales del PP del municipio han sido acusados por un juez de Collado Villalba de un delito de prevaricación (adoptar una decisión a sabiendas de que es injusta).
Y claro, el proceso judicial sale caro. Por eso, el pasado 25 de abril la junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó destinar 20.800 euros a la defensa jurídica del regidor y de su mano derecha. Los dos implicados se abstuvieron durante la votación, pero este órgano de decisión está controlado exclusivamente por los concejales del PP, por lo que no hubo oposición a la propuesta.
Fernández Rubio, Rodríguez Bonilla y los otros tres concejales populares fueron acusados por conceder la licencia provisional de explotación al restaurante El Molino de El Rey, situado en suelo con la máxima protección. El primer teniente de alcalde es administrador de la empresa que gestiona el mesón.
Sufragar la defensa jurídica de un proceso judicial contra la figura del alcalde no es ilegal, según varios expertos consultados. Pero en el caso de que la sentencia condene finalmente al regidor será "éticamente reprobable", aseguran. El alcalde explica que este es el procedimiento habitual que se ha seguido siempre en Guadarrama. "Incluso cuando había alcaldes de otro signo", precisa.El grupo socialista de Guadarrama considera "un escándalo y un insulto para los contribuyentes que los vecinos tengan que pagar la defensa de ambos individuos".
El caso nació hace ocho años, en 2.000. La empresa Golden Hipotecaria, de la que es administrador el primer teniente de alcalde, compró unos terrenos junto al río Guadarrama para reformar un antiguo molino de piedra y convertirlo en un restaurante. Pero los terrenos tienen el máximo grado de protección. Pese a todo, la empresa siguió adelante para instalar su negocio y solicitó la correspondiente licencia al Ayuntamiento, que concedió una licencia provisional e hizo caso omiso de las repetidas advertencias de la Comunidad de Madrid. El director general de Urbanismo reclamó, en 2003, al Ayuntamiento que cerrase el restaurante, que hizo oídos sordos.
En marzo de 2008, el juzgado de instrucción número 2 de Collado Villalba confirmó el delito contra la ordenación del territorio. Ahora, el juez que instruye el caso ha remitido el proceso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
El alcalde es también diputado regional, por lo que sólo puede ser juzgado por este tribunal. De esta forma, el proceso comienza de nuevo. Ahora el TSJM tiene que decidir si admite a trámite la denuncia y reiniciar todo el proceso, que se dilatará durante años.
* ELPAIS.com - J. S. G. - Madrid - 09/07/2008
Foto: Guadarrama (Madrid), ayuntamiento - ayuntamientodeguadarrama.es
La alcaldesa de Marbella altera el plan urbanístico de la Junta
ELPAÍS/Málaga* : Los cambios en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella, el documento que provocó la protesta en las calles de unas 2.000 personas y que cosechó 8.000 alegaciones. obligarán una nueva exposición pública, ya que el equipo de gobierno de Ángeles Muñoz (PP) ha introducido "cambios de calado".
"Sólo se volverá a exponer las partes que han sido modificadas, no el PGOU entero", precisan fuentes municipales.
El equipo de Muñoz se cierra en banda a la hora de hablar de esos cambios. No quieren crear polémica y menos aún contribuir a que se retrase la aprobación de este documento tan necesario para la seguridad jurídica de la ciudad y la tranquilidad de muchos de sus vecinos.
La incontinencia urbanística del Grupo Independiente Liberal (GIL) dejó 18.000 viviendas ilegales, ahora pendientes de regularización; unos 1.000 comercios sin licencia, y 700 construcciones que se juegan la posibilidad de ser demolidas. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) también espera a que se apruebe el documento para decidir sobre numerosas sentencias de demolición.
La regidora del PP dice tener la fórmula para que no sean los compradores de las viviendas ilegales quienes asuman las cargas urbanísticas, pero no da detalle alguno de cómo lo conseguirá.
El PSOE marbellí, en la oposición, cree que el equipo de gobierno cambiará uno de los pilares del PGOU: el sistema de compensaciones ideado por la Junta de Andalucía para que los responsables de los desmanes urbanísticos resarcieran a los vecinos con zonas verdes o de equipamientos.
Según las fuentes consultadas, se ha acordado una rebaja de la cantidad de metros que tienen que aportar los promotores para regularizar las viviendas ilegales, con lo que el ratio de metros cuadrados de zonas verdes por habitante que calculó el equipo redactor quedaría "completamente alterado". "Han abierto el melón por la parte más sensible", aseguran.
El PGOU fue aprobado inicialmente por el equipo de gobierno hace un año. El documento establecía que los promotores de las viviendas ilegales compensaran a la ciudad con la entrega 1,8 millones de metros cuadrados para equipamientos y espacios libres.
Estos cálculos preveían que la ciudad se situara entre las mejores de Europa en cuanto a zonas verdes y lugares abiertos, con una ratio de 60 metros cuadrados por habitante, cifra comparable a la de Londres.
Durante el proceso de redacción del PGOU, el responsable de la oficina de planeamiento de la Junta en Marbella, José María Ruiz Povedano, se reunió con los promotores de viviendas con problemas legales para fijar la compensación correspondiente en cada caso y que como término medio es de 104 metros cuadrados de suelo por casa construida.
"Si se rebaja, por ejemplo, de 100 a 60 metros cuadrados por casa, afectaría a una serie de cálculos que ya están hechos y la totalidad del plan", considera el concejal socialista Javier de Luis, que trabajó como asesor del PGOU tras la disolución de la corporación municipal por el caso Malaya. Luego vendrían los cálculos por equipamientos, viales, sanitarios...
Otro de los aspectos de envergadura que se modificarán será la construcción de un nuevo cementerio y el traslado del polígono industrial de la ciudad. El arquitecto Manuel Fustegueras, encargado de la redacción del documento, decidió que el polígono de la Ermita cambiara su uso a residencial-comercial y que la mudanza se hiciera de forma paulatina.
El equipo de Muñoz asegura que todavía no ha decidido qué pasará con este enclave, situado en la entrada de la ciudad y en segunda línea de playa. Los afectados ya están pidiendo "que no se especule" con el futuro emplazamiento de la zona industrial. El traslado de los 400 industriales se haría a una parcela al norte de la ciudad, situada muy cerca del centro Comercial La Cañada. Para ello el PGOU debe calificar estos terrenos como terreno urbanizable, sectorizado y ordenado.
La delegada de Urbanismo, Alba Echevarría confía en que el Ayuntamiento marbellí llegue a tiempo para los plazos marcados: julio para la aprobación provisional y finales de año para la definitiva.
Los técnicos trabajan a marchas forzadas en los escritos de respuesta a las 8.000 alegaciones. Aseguran que ya han terminado 5.000, pero que están retrasando la entrega porque quieren enviarlas todas juntas. La fecha tope es el 15 de julio.
La parte no alterada del PGOU se aprobará en pleno, probablemente a finales de julio, pero los trámites derivados de los cambios retrasarán considerablemente el visto bueno general del documento.
Tras exposición pública de los cambios, pactada con el equipo redactor y la Junta de Andalucía, llegará el turno a las alegaciones, que el gobierno municipal debe responder después de estudiar cada caso. La delegada de Urbanismo confía en que durante esos dos meses no se reciban muchas quejas.
"Época fría y oscura"
La oposición marbellí (PSOE) ha bautizado el primer año de gestión de la concejal de Urbanismo Alba Echevarría como una etapa "fría y oscura".
La negativa a informar sobre los cambios que están realizando al Plan General de Ordenación Urbana ha cosechado casi tantas críticas como su desinterés por la participación ciudadana. "Los cambios son de tal calado que necesitarán una nueva exposición publica del documento, pero ninguno ha sido consultado, ni comunicado a los representantes de los colectivos sociales o a la mesa de participación ciudadana", asegura el edil Javier de Luis (PSOE). El colmo llegó en algunas de las reuniones de esta mesa, en las que el concejal advirtió de que el Consistorio ni siquiera había enviado a un secretario que diera cuenta de los temas que se estaban discutiendo.
Echevarría alude a las dificultades jurídicas y a su interés porque el ciudadano reciba una atención más "accesible y cercana". En su primer año, ha concedido 2.682 licencias de obras menores de 60.000 euros y han informado sobre 470 permisos de obra mayor.
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Málaga - 08/07/2008
Foto: Vista aérea de la localidad malagueña, que acumula 18.000 viviendas ilegales.- JUALIÁN ROJAS, elpais.com
Trece torres
JOSÉ MARÍA ASENCIO MELLADO* : Trece torres, trece agujas elevadas sobre el cielo alicantino que romperán la esperanza de una gran zona verde, de un gran paseo, de un lugar de esparcimiento en una ciudad a la que le sobra el cemento y le falta naturaleza. Y cuatro mil viviendas, un nuevo enjambre en el centro de la ciudad; que viene a sumarse a las miles que se prevén en los planes existentes y proyectados.
Quince mil personas, más o menos, en ese espacio que se prometía libre y que ahora se revela un nuevo Rabasa, más reducido es cierto, pero en un lugar más pequeño y del que esperábamos un desarrollo como el que existe en ciudades que soterraron sus vías para el AVE y dejaron expedito el lugar para el disfrute de la ciudadanía. Una oportunidad perdida, en caso de llevar adelante este proyecto, para que nuestra ciudad sea un poco más habitable.
Una propuesta que sale, según cuentan, del Ministerio de Fomento y que, de ser cierta y definitiva, pondría pocas diferencias reales con la política urbanística del PP, tan criticada por el PSOE con argumentos de peso, que precisaría, pues, explicaciones profundas para ser aceptada. Un Gobierno socialista no debe considerar que toda obra pública necesita de financiación en forma de ladrillo, pues en tal caso contribuirá a que se pueda convenir que idéntica razón ampara a los gobernantes alicantinos y valencianos cuando de abrir espacios públicos a la iniciativa privada se trata. Es necesario marcar las diferencias, que existen e importantes y no asumir iniciativas que las diluyan y lleven a confusiones innecesarias, pues éstas siempre benefician a quienes las practican como forma ordinaria de comportamiento y que están interesados en esa identificación que constituye su único argumento justificativo.
Que el soterramiento ha pasado de doscientos a seiscientos millones de euros en estos años es tan evidente como que dejar transcurrir otros diez aumentará la factura hasta el punto de que habría que construir centenares de torres para financiarlo. Eso no es motivo para que los alicantinos hayamos de sufrir los errores iniciales de cálculo o los posteriores acontecimientos que han encarecido la obra. Es necesario que desde Madrid se tome conciencia de la necesidad de empezar a actuar con mayor interés por esta Comunidad y esta ciudad; no es posible desde aquí, sin esa ayuda decidida, cambiar las cosas aunque cambien las personas. Y esto último, aun siendo imprescindible, no será nada por sí mismo sin esa colaboración activa del Gobierno, sin ese compromiso real que ha de verse reflejado en actuaciones concretas. Leire Pajín, a la que felicito por su nuevo puesto, así lo ha manifestado en el Congreso Federal del PSOE y entiendo que está, pues, obligada a intentar una modificación de la postura de Fomento. El soterramiento de la estación es, sin duda alguna, una buena forma de comenzar a implicarse en el cambio que estas tierras necesitan.
Que el PP en este asunto pueda aparecer como un partido que limita la voracidad constructora del Gobierno me parecería una burla a la realidad; que sea capaz de descolocar todos los discursos hasta ahora mantenidos por el PSOE por un error de estrategia o de comprensión ante la realidad alicantina, un fallo incomprensible que, no obstante, tiene aún remedio y debe tenerlo, pues no estamos hablando de formaciones políticas iguales en materia urbanística, sino profundamente diferentes. Errores de este tipo, casi infantiles, hacen tanto daño que pueden servir para destrozar lo hecho en varios años y anular esperanzas de futuro. No caben más equivocaciones, pues la factura cuesta mucho en pagarse, si alguna se vez se llega del todo a abonar.
Hay que cambiar de estrategia inmediatamente, invertir lo que sea necesario, preservar el entorno en los terrenos liberados conforme a los programas electorales del PSOE y denunciar, a la vez, al PP local y valenciano, que, a pesar del encarecimiento del proyecto, se ha negado absolutamente a invertir ni un euro más (aunque de nuevo parece que Mario Flores quiere introducir una nota de coherencia y seriedad en ese mundo complejo de su partido), a colaborar activamente en su realización, viendo en ello un horizonte de dificultades para el PSOE que han de aprovechar en su propio beneficio. Tal vez con esta posición consigan que fracase la llegada del AVE y se mantengan unos años más en el poder, pero habrá sido incumpliendo con las obligaciones que tienen para con la ciudadanía que espera de sus gobernantes acciones positivas, no obstáculos a lo que constituye el bien común.
Lo que se propone en la estación es una barbaridad que, como tal, ha de ser denunciada y enmendada. No es por medio de la construcción descontrolada como ha de financiarse la obra pública y menos en un momento de crisis en el que la venta de viviendas se hace compleja. Reivindico un crecimiento sostenible y espero que el PSOE, que lo mantiene en su programa, lo cumpla sin excusas. Si el PP luego no lo hace de ellos será la responsabilidad, pero para que así sea hay que enmendar los errores y no incurrir en contradicciones de difícil explicación.
Nota: el pleno de la Diputación, siguiendo el camino del Ayuntamiento y en clara infracción de la Ley de la Memoria Histórica, ha rechazado retirar el título de hijo predilecto a Franco. Conozco a algunos diputados provinciales del PP y sé que no son franquistas. No entiendo, por tanto, siendo algunos de ellos juristas, la razón por la que se obstinan en mantener símbolos de una época autoritaria, cuando la ley obliga a lo contrario. La disciplina de partido no puede llevarles a renunciar a sus creencias y a infringir dolosamente el ordenamiento jurídico. Una ley es superior a un reglamento y lo saben. Queda en los medios de comunicación lo dicho y algún día se lo recordarán, pues la vida política suele ser corta. Pero, a su vez, desde el Gobierno se debe implementar la ley, desarrollarla en sus aspectos prácticos, especialmente en lo referido a la legitimación para impetrar ante los tribunales su cumplimiento cuando se obvia la ley de forma manifiesta. La ley, sin su correspondiente reglamento, puede quedar inaplicada cuando nos encontramos en ciudades como Alicante o en comunidades como la valenciana donde el ordenamiento jurídico es sólo un obstáculo que se supera con mayorías en este caso ilegítimas, aunque sean legales. Reitero de nuevo y denuncio la ilegalidad manifiesta del cambio en la Sindicatura de Agravios. No reconozco al nombrado, al margen de sus méritos, pues ha accedido al cargo a través de una actuación ilegal. Insto al PSPV a que actúe en la forma debida ante los tribunales. Lerma puede, aunque haya perdido la costumbre, hacer algo hacia afuera del partido. Para algo es el presidente de la Gestora.
* José María Asencio Mellado es catedrático de Derecho Procesal de la UA.
* Información - Alicante - Opinión - 08 de julio de 2008
Gáldar, en contra del nuevo centro comercial y las 1.400 viviendas
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LAPROVINCIA/GranCanaria* : Organizaciones como Ben Magec, defensores del Patrimonio Histórico y vecinos de Gáldar plantarán batalla al proyecto de construir un centro comercial y 1.400 viviendas en la vega agrícola del municipio, a pocos metros de la Cueva Pintada, algo que prohíbe una sentencia del TSJC.
Así lo afirmó hoy el portavoz de los ecologistas de Ben Magec, Antonio Hernández, quien agregó que la sentencia será firme cuando pase por el Tribunal Supremo y que, aunque en Canarias es costumbre incumplir los fallos judiciales como sucedió con la "supercomisaría", las torres del Canódromo y el edificio Woerman, en este caso "se cumplirá la ley".
El plan territorial especial contempla un proyecto que abarca un millón y medio de metros cuadrados, incluido el desvío de la autovía para no aislar el centro comercial, que ocuparía una superficie de 140.000 metros, cuando Las Arenas, en la capital grancanaria, ocupa 35.000.
Además, 1.400 viviendas suponen un desarrollo "desorbitado" que no cuenta con estudio de sostenibilidad.
En el entorno del lugar escogido para el proyecto existen cuatro bienes de interés cultural más un quinto que próximamente puede ser declarado como tal y es el primer pozo de agua de la isla que data de 1750, lo que se suma al los vestigios aborígenes que esconden estas tierras y que serían desvelados en cuanto comiencen las obras.
Antonio Hernández criticó que los empresarios ligados a la promotora Yudaya estén tan empecinados en la idea que usen sus medios de comunicación, Canal 9 radio y televisión, dijo, para vetar a artistas como Arístides Moreno por manifestarse en contra de este proyecto, que a su juicio debe ser sometido a debate público y no sólo a información pública consistente en la entrega de un engorroso CD.
Los representantes vecinales agregaron no estar en contra del centro comercial, pero sí de su ubicación, pues afectaría a la vega agrícola como sucedió en Vecindario, Telde o Jinámar, que se asentaron sobre terrenos rústicos que desaparecieron, igual que está sucediendo en Arucas y Gáldar.
Además, esta política está en contra del documento de lucha contra el cambio climático del Gobierno canario, que apuesta por recuperar las zonas agrícolas de las islas.
Por ello, los vecinos concluyeron que cuando quieran vivir en poblaciones de 50.000 habitantes la elegirán ellos mismos, pero no permitirán que se la impongan los políticos, que cuando están en la oposición luchan contra el centro comercial y al obtener la Alcaldía la defienden, pues "poderoso caballero es don dinero".
* La Provincia - EFE - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 08.07.2008
Foto: Gáldar (Gran Canaria), costa - laprovincia.es
A Estrada: Denuncian irregularidades en la tramitación de la Cidade do Moble
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FARODEVIGO* : La Asociación pola Defensa do Val do Liñares acaba de alegar al proyecto de la Cidade do Moble que se pretende emplazar en la parroquia estradense de Lagartóns denunciando "irregularidades en el procedimiento administrativo, la no consideración de los principios de sostenibilidad establecidos por Medio Ambiente en la redacción del proyecto, la incompatibilidad urbanística del proyecto y la valoración inadecuada de las características naturales del entorno así como de los impactos ambientales previstos".
El colectivo solicita que la exposición pública sea declarada nula "de pleno derecho" y que se abra un nuevo período de exposición "en el que se cumpla la legalidad vigente" así como "la retirada del proyecto y su posterior adecuación a la normativa ambiental y urbanística vigente".
En cuanto a su petición de declaración de nulidad de la exposición pública del estudio de impacto ambiental, la asociación la justifica asegurando que dicho estudio "debería haber sido expuesto al público durante un plazo de 2 meses en lugar de los 30 días establecidos en el anuncio publicado en el DOG" y que, además, ese estudio n estuvo "disponible durante los 30 días establecidos de manera que no se ha podido localizar el mismo ni en el Concello da Estrada ni en el Instituto Galego de Vivenda e Solo". Para justificarlo, aporta un acta notarial.
Asimismo, respecto de los principios de sostenibilidad ambiental, entiende que no se han valorado otras ubicaciones diferentes y que se propone su ubicación en suelo rústico especialmente protegido "en un claro incumplimiento de la legalidad urbanística".
En cuanto a la justificación del carácter supramunicipal y de interés público, entiende que "no se ha tenido en cuenta a todo el sector del mueble en A Estrada sino que se pretende beneficiar únicamente a un porcentaje ínfimo de empresarios, ubicados en Lagartóns", que "las acciones de promoción empresarial, mejora del marketing, mejora de los procesos productivos" y el asociacionismo se pueden propiciar sin la creación del polígono industrial especializado, que la creación de la Cidade do Moble supondrán la utilización "de dinero público para duplicar instalaciones existentes en A Estrada" como el recinto de exposiciones o las aulas de formación y que la justificación esgrimida para la ejecución del polígono permiten su inclusión en cualquier terreno del término municipal de A Estrada.
Respecto de la caracterización ambiental de la zona de implantación del polígono, entiende que no se tuvo en cuenta la existencia de flora y fauna protegidas, que no se cuantificó el valor ambiental de los recursos fluviales existentes en la zona y que no se realizó un estudio de dispersión de la contaminación atmosférica. Finalmente, asegura que en la realización de la valoración de impacto ambiental del polígono no se usó una metodología objetiva y que no se tuvieron en cuanta los impactos sobre los ríos y humedales de la zona, sobre las especies protegidas y sobre la calidad del aire.
* Faro de Vigo - Silvia Pampín / A ESTRADA - 08 de julio de 2008
Foto: A Estrada (Pontevedra), polígono Lagartons - farodevigo.es
La Fiscalía incoa diligencias por la macrourbanización de Candeleda
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ÁVILADIGITAL* : La Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo ha incoado diligencias informativas por las posibles irregularidades en una macrourbanización que se pretende construir en Candeleda y que no cuenta con Declaración de Impacto Ambiental.
Se trata de la urbanización ‘Candelas de Gredos’, que promueve la empresa Dávila Monteblanco en el paraje de Navalpilón, junto al Parque Regional de la Sierra de Gredos.
En total son 431 viviendas y 200 plazas hoteleras en una superficie de 26 hectáreas las que incluye el proyecto, con lo que la ocupación podría llegar a las 2.000 personas. El municipio cuenta ahora con 5.000 vecinos.
Fue en el mes de mayo cuando la Plataforma Ciudadana contra la Especulación Urbanística de Candeleda, junto con varias asociaciones locales, denunció ante la Fiscalía General del Estado el inicio de las obras para el suministro de agua y las “diversas irregularidades” del Plan Parcial aprobado en la zona de Navalpilón, en la zona en la que pretende construirse la urbanización.
Los hechos denunciados ya han sido investigados por la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, que ha comunicado a la Plataforma contra la Especulación de Candeleda la incoación de diligencias informativas para valorar si tiene trascendencia penal.
La Fiscalía de Medio Ambiente ha dado trasladado, además, del contenido de la denuncia y de la documentación anexa a la Fiscalía Provincial de Ávila.
Irregularidades en la tramitación
El plan parcial fue aprobado en octubre de 2006 y entre las irregularidades que denuncia la Plataforma contra la Especulación de Candeleda figura la recalificación de terrenos rústicos después de que fueran comprados por la promotora o la ausencia de un estudio de impacto ambiental.
Se ha variado, además, el dominio público hidráulico en zona protegida que establece el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional de la Sierra de Gredos y de la Ley de Espacios Naturales de Castilla y León, según se detallaba en la denuncia interpuesta en el mes de mayo por la Asociación para la Protección del Medio Natural de Candeleda, Cinclus, integrada en la plataforma, que aseguraba también que se trata de una zona ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves).
Las obras para la captación de agua en el arroyo Castañarejo, el principal afluente de la garganta de la que se abastece Candeleda, y la construcción de un depósito se iniciaron en el mes de mayo, aunque a principios de junio, el Ayuntamiento de Candeleda suspendió temporalmente los trabajos para revisar el expediente.
A finales de mayo, más de 2.000 personas, entre las que se encontraba el actor Daniel Guzmán, se manifestaron contra la urbanización.
* Ávila Digital - María Cuenca - 08.07.2008
Foto: Candeleda (Ávila), terreno urbanización - aviladigital.com
Los defensores del ladrillo recuperan la alcaldía de Dénia
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ELPAÍS/Alicante* : Un tránsfuga otorga el poder al PP entre gritos de "especuladores". Los defensores del ladrillo recuperaron ayer la alcaldía de Dénia. Gracias al apoyo de un tránsfuga socialista, la popular Ana Kringe recibió a la una del mediodía la vara de mando entre gritos de "usurpadora", "mafiosos" y "especuladores".
Kringe, que ni siquiera pudo acabar su discurso de investidura por culpa de los abucheos del público, había recibido minutos antes el apoyo del concejal tránsfuga socialista Juan Collado y de los ediles de Gent de Dénia, Centre Unificat y PSD, cuyos votos en el pleno sirvieron para aprobar la moción de censura que derroca al anterior gobierno de PSPV y el Bloc, encabezado por la socialista Paqui Viciano. De esta manera, vuelve al gobierno municipal el equipo que entre 1999 y 2003 planificó la construcción de 20.000 viviendas en la costa norte de Dénia. Un plan que abortó la alcaldesa socialista Paqui Viciano, que se proponía la protección de cuatro millones de metros cuadrados en la localidad. Protección que estaría incluida en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), cuya redacción no pudo concluir y que ahora está en manos del nuevo equipo de gobierno local. Tanto Kringe como Pepa Font, de Centre Unificat, formaron parte del equipo que impulsó los planes que paró Viciano.
Fue sin duda el pleno más tenso de la historia democrática de Dénia. El público abarrotó tanto el salón de plenos como la escalinata exterior del edificio consistorial, donde fue necesario colocar una pantalla de televisión. La mayoría de los asistentes eran partidarios del PSPV y el Bloc e interrumpieron con sus gritos los diferentes discursos de los portavoces que habían firmado la moción de censura y que prácticamente no pudieron escucharse.
Las iras del público, que en numerosas ocasiones mostró su temor por los intereses urbanísticos que escondería el nuevo gobierno, se concentraron sobre todo en la nueva alcaldesa, contra la que clamaron "Kringe, el pueblo no te admite" y a quien compararon con Zaplana por haber alcanzado el poder gracias al apoyo de un tránsfuga: A este último le espetaron "Collado, traidor" y "Collado, Judas".El público desplegó en la sala una pancarta contra el transfuguismo en la que podía leerse "Contra la traición, escuchar a la voluntad popular". No obstante, y aunque en clara minoría, también hubo partidarios de la moción de censura que aplaudieron cuando pudieron las intervenciones de Kringe y de sus aliados. Destacó la presencia de conocidos promotores de Dénia, cuya presencia no era baladí: en juego está el futuro de una de las costas más emblemáticas del Mediterráneo, cuyo Plan General ha de redactarse en apenas un año.
El urbanismo de Dénia y la ruptura del pacto antitransfuguismo centraron las diferentes alocuciones. Viciano definió el día de ayer "como el más triste de la historia democrática de la ciudad", acusó a los partidos votantes de la censura de cometer un "atentado contra la soberanía del pueblo" (instante en que el público gritó "manos arriba, esto es un atraco") y dijo que el gobierno de Kringe quiere redactar un nuevo PGOU "basado en intereses particulares".
El portavoz socialista, Vicent Grimalt, acusó a Collado de "traicionar a su partido" y advirtió de que el gobierno de Kringe "llenará la costa de hormigón". Y el del Bloc, Pau Reig, indicó: "La amalgama de partidos que nos van a gobernar no son tan distintos, porque constituyen la derecha de siempre".
Por su parte, los partidos que arropan a Kringe incidieron en las presuntas irregularidades urbanísticas que habrían cometido PSPV y Bloc. Cansado ya de que el público le tildara de "especulador", el edil tránsfuga advirtió de que "quien ha especulado aquí ha sido Viciano, quien debería explicar sus relaciones con las empresas Realia y Conca"·, mercantiles que han desarrollado varios planes parciales en Dénia. Collado aseguró haber recibido "amenazas telefónicas y por e-mail" contra su familia y anunció que liderará una comisión anticorrupción sobre asuntos urbanísticos. La nueva alcaldesa también anunció que realizará una auditoría urbanística, si bien quiso hacer un guiño a la nueva oposición y le ofreció consensuar el futuro Plan General.
Kringe prometió una política económica "seria y restrictiva" y reducir los ediles liberados de ocho a tres. Kringe se aprestaba al cierre de esta edición a firmar las nuevas delegaciones de su Corporación, cuya distribución demuestra que todos los partidos van a tener voz y voto en la gestión del urbanismo. Las principales carteras de esta última área recaerán en la portavoz de Centre Unificat, Pepa Font, quien en su día fue la principal precursora del plan de las 20.000 casas en Les Marines y que asumirá Planeamiento; en el portavoz del PP, Vicent Chelet, que gestionará Grandes Proyectos; en el de GD, Miguel Llobell, con licencias; y en el propio Collado, que llevará Aguas y Medio Ambiente. Chelet también será el responsable de Hacienda y Llobell de Gobernación, mientras que, significativamente, el ex presidente de los promotores, Juan Sancho, sea el portavoz más alejado de las competiciones urbanísticas, al asumir Cultura y Juventud. Turismo recaerá en Toni Sentí, el número dos de CU.
Al pleno acudieron numerosos responsables de ambos partidos. Por el PP, asistió la zaplanista Mónica Lorente, así como el alcalde de Ondara, Ximo Ferrando. También estuvo el presidente del PSD de Alicante, Antoni Romera, quien, paradójicamente, mantiene en Calp un pacto con socialistas y nacionalistas.
La derrota unió a las diferentes familias socialistas. Junto al candidato a la secretaría general del PSPV, Jorge Alarte y a varios miembros de la actual gestora del PSPV, estaba el secretario general de La Marina Alta, Paco Carrió. También acudió el secretario general de los socialistas alicantinos, Roque Moreno, que mantuvo una amplia discusión con Collado. El PSOE responsabilizó al presidente del PP, Mariano Rajoy, de romper el pacto antitransfuguismo y avalar la moción de Dénia.
* ELPAIS.com - ARTURO RUIZ - Dénia - 08/07/2008
Foto: Moción de censura en el Ayuntamiento de Dénia- NATXO FRANCÉS, elpais.com
Barrientos se negó a revocar una licencia para 75 casas junto al mar
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ELPAÍS/Málaga* : Desde que hace tres semanas se desarrolló la operación policial y judicial por corrupción en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga), el concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, no se ha cansado de repetir que lo ocurrido en esta ciudad tiene poco que ver con lo que pasó en Marbella durante los gobiernos del Grupo Independiente Liberal (GIL) investigado en el caso Malaya.
Una de las diferencias esenciales es el cumplimiento de la legalidad urbanística. Durante 15 años, los gobiernos municipales de Marbella concedieron licencias de obras contrarias a la normativa urbanística, no siguieron ningún tipo de planeamiento, recalificaron suelo sin seguir los procedimientos reglamentarios y autorizaron la construcción de unas 18.000 viviendas ilegales. Todo ello a cambio de comisiones y dádivas cuando no el propio gerente de Urbanismo, Juan Antonio Roca, participó en los negocios de las promociones ilegales.
No es que el Ayuntamiento de Estepona haya sido modélico en la disciplina urbanística, pero no hay constancia de que haya existido una práctica sistemática de los gobiernos municipales de adoptar resoluciones contra las normas en la materia. La juez instructora del caso Astapa investiga cuestiones como si en los convenios urbanísticos firmados por el Ayuntamiento de Marbella se fijaron compensaciones proporcionadas, si se tasaron por debajo del valor de mercado suelos municipales antes de ser permutados, o si pudo haber extorsión a promotores por parte de técnicos y políticos municipales. Otra cosa es que de estas corruptelas se derivaran también incumplimientos de la legalidad urbanística.
A diferencia de Marbella, por los datos conocidos hasta ahora no parece que en Estepona haya ocurrido así, al menos de forma generalizada. Cuando en marzo de 2006 saltó el caso Malaya, la Junta de Andalucía tenía impugnadas en los tribunales 400 licencias de obras otorgadas por el Ayuntamiento.
En Estepona, la Junta sólo tiene impugnados en la vía de lo contencioso administrativo cinco acuerdos municipales en materia de urbanismo, si bien han podido producirse más resoluciones susceptibles de ser recurridas -desde la entrada en vigor del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente en 1994 el Ayuntamiento ha introducido 150 modificaciones puntuales-.
De los acuerdos impugnados en los tribunales por la Junta, tres son anteriores a la llegada a la alcaldía de Antonio Barrientos, y los tres son por autorización de viviendas unifamiliares aisladas en suelo no urbanizable.
De los otros dos contenciosos que datan de la etapa de Barrientos, en la legislatura 2003-07, hay uno especialmente significativo, por la concesión de licencia para construir 75 viviendas junto a la playa de Punta la Plata en un suelo que PGOU vigente reservaba como sistema general. Antes de poner el recurso contencioso administrativo, la Junta conminó al equipo de gobierno presidido por Antonio Barrientos a revocar la licencia de obras, el consistorio acordó ratificarla. La Junta pidió al juzgado de lo contencioso la suspensión cautelar de las obras, pero éste lo negó, de forma que la promotora ha continuado la construcción, ya concluida. Quien sea nuevo alcalde de Estepona se encontrará con la patata caliente, ya que la promotora ha solicitado al consistorio la licencia de primera ocupación
La otra impugnación se refiere a una modificación de elemento del PGOU para transformar en urbanizable una zona de verde y de espacios libres porque el Ayuntamiento la aprobó pese a tener informe desfavorable de la Consejería de Obras Públicas y no pidió un pronunciamiento que es preceptivo al Consejo Consultivo.
Pero el principal problema de legalidad urbanística en Estepona es el control de las construcciones de viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable, asunto en el que el Ayuntamiento si se ha mostrado laxo y ha evidenciado cierta dejadez. Puede haber más de un millar de viviendas ilegales en suelo rústico, según estimaciones del concejal de Urbanismo.
Cuando Rafael Duarte se hizo cargo de la concejalía, tras las elecciones municipales de 2007, comprobó que en las dependencias municipales había un atasco de 1.500 expedientes por infracciones urbanísticas de particulares sin resolver. Fuentes de la Junta han reconocido que hasta 2007 el Ayuntamiento de Estepona solía no contestar los requerimientos que le realizaba pero que a partir de entonces, es decir, de la llegada de Duarte a la concejalía de Urbanismo, lo hace con regularidad y ha incoado expedientes de protección de la legalidad y de suspensiones de obras.
El urbanismo de Estepona y Marbella
- Antes del 'caso Astapa', la Junta había impugnado cinco acuerdos municipales, tres anteriores al mandato de Antonio Barrientos, en prisión preventiva por esta operación contra la corrupción.
- Antes del 'caso Malaya', la Junta había recurrido la concesión de unas 400 licencias. Se emitieron durante los 15 años de gobierno del GIL en la ciudad.
- En mayo de 2007, el Ayuntamiento de Estepona tenía un atasco de 1.500 expedientes por infracciones urbanísticas de particulares sin resolver, pendientes de tramitación.
* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 07/07/2008
Foto: Estepona (Málaga), ayuntamiento - wikipedia.org
El desajuste
ÁNGEL RODRÍGUEZ* : No podemos dudar ya de la existencia de un grave desequilibrio en la reacción del Estado de Derecho contra el uso del urbanismo como fuente irregular de financiación de municipios, partidos o particulares. Está originado por la práctica desaparición de los controles ordinarios, por una parte, y el uso abusivo de los extraordinarios, por otra.
Los controles ordinarios deberían de ser, como marca el sentido común, los que, tanto preventivamente como con carácter sancionatorio, frenaran en primer lugar esta modalidad de corrupción política de algunos ayuntamientos. Pero no se extrañe usted si al leer una afirmación tan inocentemente naif le ha aflorado involuntariamente una sonrisa en los labios: hace tiempo que la fiscalización del Tribunal y de la Cámara de Cuentas, la supervisión de la Administración autonómica o el control de la jurisdicción contencioso-administrativa demostraron que no servían prácticamente para nada en estos casos, y permítame que no me refiera a la labor de los funcionarios supuestamente encargados de reparar o de velar por la legalidad del funcionamiento de estas corporaciones, para evitar así que su sonrisa se transforme en una abierta carcajada.
Existen, además, otros tipos de controles, tan importantes como los citados, de los que también hace tiempo que no tenemos noticia: el que deberían proyectar los partidos políticos sobre sus propios cargos públicos. ¿Ha oído usted hablar alguna vez de un partido cuyo comité de ética haya impedido formar parte de una candidatura a alguien de poco fiar pero capaz de llenar de votos las urnas de su pueblo? Yo tampoco. Es realmente lamentable que los partidos, a los que nuestra propia Constitución encomienda un papel trascendental para el desarrollo de la democracia representativa, hayan hecho una dejación tan evidente de sus funciones, y se limiten, en el mejor de los casos, a proclamar la tolerancia cero ante la corrupción, pero nunca antes de que hayan sido enviados a la cárcel los que ellos mismos presentaron como los mejores candidatos: la caballería llegando cuando ya se han ido los indios. Si el escenario permitiera ponerse chistoso, sería un buen momento para apostillar que, más que de educación para la ciudadanía (ya saben, para los ciudadanos y para las ciudadanas), la verdadera urgencia de este país consiste en elevar considerablemente la dosis de educación cívica de nuestra clase política.
¿Qué tenemos por el otro lado? Un Derecho Penal que, ante el enorme vacío provocado por la inoperancia de esos instrumentos, pretende erigirse como la única respuesta jurídica capaz de atajar el problema, pero que, ignorando su papel de última ratio (algo que nuestros estudiantes aprenden casi cuando entran en la Facultad), se ha expandido claramente fuera de sus límites: el panorama actual no podría describirse sin tener en cuenta instrucciones sumariales con más protagonismo policial que judicial, interceptaciones indiscriminadas de las comunicaciones, detenciones a la carta y en directo, prórrogas arbitrarias de privación de libertad y un uso interesado de los medios de comunicación con un irreparable daño para la reputación de las personas.
Todo ello, además, con un alto riesgo de ser igualmente ineficaz, porque, como saben muy bien los criminólogos, una vez que se ha dejado que la corrupción política llegue a ese nivel delictivo ya se ha generado a su alrededor un trama de criminalidad muy difícil de erradicar; y, además, porque, precisamente por la trascendencia de los bienes jurídicos en juego (la libertad de las personas), el Derecho Penal se rodea de una muñida red de garantías que sembrará de potencial nulidad todo lo actuado sin su observancia, con la eventual frustración del ciudadano que, creyendo ya juzgado y condenado al detenido que ve por televisión entrar esposado en la cárcel, no llega a entender que poco después pueda reintegrarse a su vida normal y que al cabo del tiempo sea incluso declarado inocente.
En definitiva, nos jugamos mucho en la lucha contra la corrupción urbanística local, una lacra cuya erradicación debería constituir un objetivo prioritario de nuestros gobernantes. Pero, precisamente por la trascendencia del partido, no deberíamos ceder a la tentación de apostar todo a la tanda de penaltis sin haber jugado antes los dos tiempos reglamentarios y, si fuera necesario, la prórroga. Quien piense que al fin y al cabo lo importante es sólo ganar al adversario debería reflexionar sobre lo que ocurre cuando se justifican como meros "daños colaterales" los que se producen cuando, con la mejor de las intenciones, se entra en la vida y en el honor de las personas como elefante en cacharrería.
* Diario de Cádiz - la tribuna - 06.07.08
