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INFORMACIÓN/Alicante* : El titular del Juzgado nº4 de Orihuela ha decidido imputar a todas las personas que aparecen citadas en un sumario por la presunta falsificación de certificados de antigüedad de viviendas ilegales en la huerta de Catral, incluidos los compradores, una joven pareja de finlandeses que aparecen como perjudicados en la denuncia que inició el procedimiento.
Ambos declararon en compañía de un abogado ayer en Orihuela.
La Asociación Europea de Consumidores y Usuarios de Urbanismo (AECU) interpuso en diciembre de 2006 una querella ante el juzgado en la que se decía que el arquitecto Miguel Antonio Mateo Sánchez realizó presuntamente certificados falsos para acreditar una antigüedad superior a cuatro años de cuatro viviendas ilegales con licencia de obra menor en suelo de huerta de Catral a pesar de que cuando lo hizo, según AECU no estaba ni terminada.
Este tipo de certificados se realizan para avalar que las viviendas tienen más de cuatro años. Las irregularidades denunciables, como la reparcelación ilegal de suelo rústico, la falta de licencia o la ausencia de autorización de la Conselleria prescriben tras ese periodo.
AECU un colectivo que tiene registrados a 1.750 socios que se ha convertido en los últimos años en azote de las malas prácticas en materia urbanística de promotores, arquitectos, abogados, notarios y constructores de la comarca, presidido por Honorio Fernández, denunció a este arquitecto y a los dos representantes de la promotora Sol Catral S.L para defender los intereses de sus asociados que adquirieron la vivienda.
El joven matrimonio Kal Seligren y Palvi Sainico abonó 281.000 y 23.000 euros más por mejoras a finales de 2004 para la adquisición de una casa sobre una parcela de 1.990 metros cuadrados, perteneciente a un terreno mayor de ocho mil segregado de forma ilegal para hacer otras tres casas. "El promotor, constructor y vendedor les asegura que todo está en orden y nunca les informan de que es suelo rústico no urbanizable", aclara la querella. Incluso un notario de Callosa de Segura "autorizó con gran maestría y sin ningún escrúpulo" dice Hernández la escritura de división horizontal.
"Rigor mortis"
El representante de AECU no se explicaba ayer cómo el juez ha podido denunciar a los perjudicados, además de excluir al colectivo denunciante como acusación en un asunto que ellos mismos iniciaron. El magistrado les ha impuesto una fianza de 5.000 euros para ejercer la personación particular. Un abono "que no vamos a aportar", aclaró Honorio Hernández. Fernández se preguntaba ayer si quieren "tapar la boca a AECU". Acusó ayer en un escrito directamente al juez "de aplicarnos el rigor mortis" para "quitarnos de en medio", algo dice, "que sueñan todos" los "beneficiarios y conseguidores de impunidad" para "el urbanismo salvaje".
* Información - D.P. - 24 de abril de 2008
Foto: Imagen parcial de las construcciones ilegales en suelo no urbanizable agrícola en la huerta de Catral/ A.S., diarioinformacion.com
Catral: Todos imputados
El alcalde de La Línea, imputado por un nuevo delito urbanístico
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DIARIODECÁDIZ* : La Fiscalía ha imputado al alcalde del municipio gaditano de La Línea de la Concepción, Juan Carlos Juárez (PP), por las supuestas irregularidades cometidas en una operación urbanística. La Fiscalía investiga la reversión de una finca por una cuantía superior a la fijada.
Los hechos se remontan a 1998, siendo alcalde José Fernández Pons, cuando la familia Pérez Periáñez cedió una parcela de 14.800 metros cuadrados a cambio de que el Ayuntamiento recalificase varios suelos propiedad de la familia, con la condición de que en ese terreno se levantase un instituto. De lo contrario, el municipio debería abonarles 312.000 euros o revertir la parcela.
Llegado 2004 y con Juan Carlos Juárez en la Alcaldía, el Ayuntamiento inicia el expediente de reversión de la finca nueve días antes de que lo solicitara la propia familia Pérez Periáñez. Una vez de vuelta a manos de la familia, el terreno fue vendido por 450.000 euros; es decir, la familia ganó con la venta 138.000 euros.
IU interpuso por esta operación una denuncia ante la Fiscalía, ya que no entendió por qué el Ayuntamiento no vendió el terreno y abonó lo que le correspondía a los Pérez Periáñez.
El Ministerio Fiscal indica en su denuncia que se ha producido una actuación "aparentemente irregular" y expresa su extrañeza porque el Ayuntamiento haya "dejado escapar" este negocio. Considera también que fue "una actuación incomprensible y ruinosa para las arcas municipales". Además, imputa a la técnico Sonia Rey, a Lorenzo Pérez Periáñez y a los representantes de la empresa Bahía Romana. La parcela está cedida a la Junta de Andalucía para la construcción del nuevo hospital comarcal.
Hay que recordar que el regidor linense está imputado por la supuesta venta irregular de cuatro parcelas municipales a Roseworld en detrimento de otra empresa local.
+ Diario de Cádiz - Estrella Blanco / La Línea - 24.04.2008
Foto: La Línea de la Concepción (Cádiz) - Konstantin (wikipedia.org)
Los derribos en la Cañada podrían encubrir proyectos urbanísticos
EUROPAPRESS/Madrid* : Las redes de apoyo social "Patio Maravillas" y "Rompamos el silencio" aseguraron que los derribos de varias viviendas efectuados ayer en la Cañada Real encubren el inicio y la ejecución de los proyectos urbanísticos de Valdecarros, Los Ahijones y Los Berrocales.
Según indicaron, el vacío legal que existe en esta antigua vía pecuaria sirve además "como herramienta y estrategia" para lograr la consecución "muy lucrativa" de tres proyectos urbanísticos mixtos, de iniciativa privada y pública, como el de Valdecarros, los Ahijones y los Berrocales, "en los que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid tienen una participación directa".
"Lo que hay detrás no es una supuesta voluntad de limpieza para hacer un 'corredor verde'. Lo que quiere el Ayuntamiento es convertir este suelo en territorio urbanizable, que les otorgue beneficios económicos", señalaron.
Por otro lado, ambas redes sociales indicaron que se está previsto el derribo de otras treinta viviendas, "por lo que la población está muy asustada, ya que no saben en qué momento pueden llegar las máquinas a destruir sus casas".
El colectivo Patio de Maravillas señaló que lo ocurrido en la Cañada Real "es una nueva manifestación de la vulneración de los derechos humanos en nuestra ciudad, poniéndose de manifiesto otra vez la existencia de ciudadanos de primera y tercera clase, no ciudadanos".
'Los ciudadanos carecen de alternativas a los derribos'
"Los derribos se realizaron desde la ilegalidad, con la protección masiva de las fuerzas de seguridad. Ni siquiera se molestaron en ampararse en una orden judicial de derribo. No existía, no la tenían, no hacía falta. Tampoco existió preaviso a las familias afectadas, tomándolas por sorpresa en su rutina diaria e impidiendo que se pudieran organizar", señalaron.
El colectivo social criticó que no existan alternativas a los ciudadanos que derriben sus casas en la Cañada Real, "dentro de un Gobierno que enarbola el estado de bienestar y de derecho". Asimismo, denunciaron que el Ayuntamiento de Madrid ha sido incapaz de dialogar con estos ciudadanos, "dando como única respuesta un despliegue de alrededor de 400 miembros de diversas fuerzas de seguridad del Estado".
Por último, indicó que ayer la Cañada se convirtió "en un espacio en estado de sitio y excepción", impidiendo la entrada a las zonas afectadas de medios de comunicación, vecindad, colectivos sociales y abogados, "lo que se tradujo en la indefensión, vulnerabilidad y aislamiento absolutos de sus habitantes".
El PSM responsabiliza a Aguirre
Por su parte, el secretario general del PSM-PSOE, Tomás Gómez, ha responsabilizado a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, del desalojo y posterior derribo de viviendas en la Cañada Real y ha instado a la Comunidad a crear de modo urgente una Comisión que aporte soluciones a la situación de este poblado.
En conferencia de prensa tras presentar una batería de medidas económicas para la región, Gómez ha explicado que desde hace meses los socialistas vienen reclamando que la Comunidad asuma su responsabilidad en este poblado.
"Esperanza Aguirre es la responsable de la Cañada Real y es la que tiene que poner encima de la mesa las soluciones", ha dicho.
La primera de las soluciones pasa, a su juicio, por la creación, con carácter inmediato, de una Comisión "participada, presidida y dirigida" por el Gobierno regional y en la que estén presenten los ayuntamientos "afectados": Madrid, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, Coslada y Getafe. Esta comisión fue también propuesta hace tiempo por Alberto Ruiz-Gallardón y el alcalde de Rivas.
Dicha Comisión debería encargarse de impedir nuevas construcciones en la Cañada Real y de proponer la solución "definitiva" a la implantación de viviendas y actividades económicas que hay en su seno.
* El Mundo - E.P. - 24.04.2008
Foto: Una mujer marroquí, frente a los escombros de una casa derruida en la Cañada Real/ Bernabe Cordón, elmundo.es
Fiscalía pide 10 años de inhabilitación para dos ex alcaldes de Santa Brígida
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LAPROVINCIA/GranCanaria* : La Fiscalía solicita una condena de diez años de inhabilitación de empleo y cargo público para los ex alcaldes de Santa Brígida Carmelo Vega y Antonio Díaz, por un delito de prevaricación. Están acusados de dejar de cobrar, "de forma consciente", un impuesto de 684.057 euros a la constructora que realiza las obras del centro comercial de la villa.
La fiscal Cecilia Acebal no presenta cargos contra el actual alcalde, Lucas Bravo de Laguna, que estaba imputado en la causa, porque no ha encontrado indicios de su participación en estos hechos cuando era edil de Hacienda.
Según el escrito de calificaciones, Carmelo Vega, en su condición de alcalde, y Antonio Díaz, como edil de Urbanismo y posteriormente también como alcalde, dejaron de promover la liquidación y el cobro a la denominada UTE Santa Brígida el importe correspondiente al Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y la tasa municipal de licencia de obras. Este impuesto era derivado de los trabajos que la constructora iba a ejecutar en la villa y que consistían en un centro comercial. Estas instalaciones, cuyas obras están paralizadas por un juez, se ejecutaban en las calles Secretario Juan Morales Navarro, 18 de Julio y José Antonio Primo de Rivera, por un presupuesto de 9.129.760,44 euros.
La fiscal sostiene que se dejó de cobrar el impuesto, pese a que por acuerdo de un pleno extraordinario, de fecha 7 de junio de 2003, se acordó autorizar la ejecución de las obras condicionando su validez y efectividad de dicha autorización a que la constructora abonara los tributos. Todo ello, además, de que con posterioridad la Audiencia de Cuentas de Canarias comunicara la obligatoriedad del pago.
* La Provincia - CRISTINA GONZÁLEZ - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 24.04.2008
Foto: Estado de las obras del centro comercial, actualmente paradas, a finales del año pasado/ SANTI BLANCO, laprovincia.es
Jaén legaliza un polígono con sentencias de demolición
ELPAÍS* : Todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Jaén aprobaron la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para calificar como suelo urbanizable el polígono industrial Pilar de la Dehesa, en el que trabajan unas 400 personas.
Esta medida política fue utilizada ayer por la defensa de 11 nuevos propietarios de naves industriales que fueron juzgados por la situación ilegal de sus instalaciones. Al igual que ocurriera en otros juicios anteriores, la Fiscalía pidió la demolición de estas naves.
De hecho, ya existen varias sentencias que ordenan la demolición de las naves por haberse construido en suelo no urbanizable. Sin embargo, los grupos políticos confían en que el proceso de legalización del mismo acabe con la presión judicial para los empresarios de esta zona.
En la misma línea, la Sociedad Municipal de la Vivienda (Somuvisa) anunció ayer que entregará antes de fin de año las 98 parcelas que conforman la segunda fase del parque empresarial Nuevo Jaén. "Dada la necesidad acuciante de suelo industrial debido a la coyuntura económica hemos volcado todos los esfuerzos en agilizar las obras para permitir que las empresas puedan instalarse y comenzar su actividad medio año antes de lo previsto", señaló el concejal José Luis Cano, presidente del consejo de administración de Somuvisa.
El Ayuntamiento de Jaén tiene sobre la mesa al menos una decena de expedientes con sentencias que ordenan la demolición de otros tantos inmuebles ilegales y que sus propietarios se han negado a su ejecución por no poder correr con los gastos. Se trata de edificaciones en el polígono industrial Pilar de la Dehesa, pero también en los parajes de Valdecañas, Zumbel y Pago de Juan Ramos.
* ELPAIS.com - G. D. - Jaén - 24/04/2008
Foto: Jaen, ayuntamiento - andaluciarustica.com
El fiscal admite la denuncia contra el alcalde de Cabanes por las licencias de Marina d´Or
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LEVANTE/Castelló* : El fiscal jefe de la Audiencia de Castellón, Javier Carceller, ha admitido una denuncia presentada contra el alcalde de Cabanes por un posible delito de prevaricación por conceder licencias de ocupación a Marina d'Or en el PAI de Torre La Sal, a pesar de que la Generalitat le había advertido de que este paso era ilegal.
Así lo han indicado hoy fuentes de Iniciativa pel País Valencià (IpPV) en un comunicado, en el que han explicado que la denuncia fue presentada el pasado 28 de marzo.
El Fiscal, después de estudiar otras denuncias contra el alcalde que permanecen en fase de diligencias de investigación penal por asuntos relacionados con este PAI, ha acordado acumular todas las diligencias, han explicado desde IpPV.
Según las fuentes, las primeras diligencias abiertas se basan en la rescisión del contrato a la empresa Facsa para el abastecimiento de agua del PAI para otorgarlo a la empresa Marina d'Or, con lo que según estas fuentes se vulneró el contrato firmado entre la primera empresa y el Ayuntamiento.
Las segundas diligencias se refieren a las supuestas irregularidades cometidas por parte del equipo de gobierno municipal relacionadas con la vulneración de la Declaración de Impacto Ambiental y la concesión de permisos de obras ilegales, entre otras cuestiones.
El concejal de IpPV en Cabanes, Carles Mulet, ha denunciado que el equipo de Gobierno de la localidad "continúa haciendo caso omiso a las advertencias" de la Generalitat mientras que los órganos judiciales investigan "la posible gestión corrupta del PP".
Mulet ha recordado la Fiscalía "tiene abierto otro frente" por un presunto fraude electoral relacionado con el empadronamiento masivo de ciudadanos de otras localidades en los domicilios del alcalde y de sus familiares directos, caso que a su juicio también podría "salpicar directamente a Marina d' Or".
* Levante-EMV - EFE - 24.04.2008
Foto: Cabanes (Castellón), torre la sal - mma.es
Toda una vida para pagar un piso de 70 metros
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ELPAÍS* : Una pareja media española, sin ahorros importantes previos, tendría que dedicar 75 años de su vida, cuya esperanza media de duración es de 80,23 años, a hacer frente al pago de una hipoteca de un piso de segunda mano, 70 metros cuadrados y dos dormitorios, según un informe del portal Facilismo.com.
Los responsables de la web inmobiliaria llegan a esta conclusión basándose en los datos de los precios de vivienda de segunda mano que se publican en su página -que comprende unos 110.000 inmuebles- y sobre los salarios medios publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Teniendo en cuenta, además, que el Banco de España no recomienda destinar más del 30% de los ingresos netos al pago del piso.En este sentido, desde Facilisimo.com explican que un español sin unos ahorros importantes previos no podrá de ninguna manera acceder a una vivienda, pues con el 30% de su salario neto no alcanzará ni siquiera apagar los intereses de la hipoteca.
Por este motivo, la mayoría de las personas que se embarcan en la compra de una vivienda lo hacen en pareja, o incluso con otra familia. Además, serán necesarios unos ahorros que permitan dar al menos una entrada o tener una vivienda previamente.
Entre las comunidades autónomas existen enormes diferencias, que oscilan entre los 27 años que tardaría una pareja canaria con el salario medio, y el caso del País Vasco, donde el 30% de los ingresos medios de una pareja no llega ni siquiera para amortizar los intereses mensuales (el mismo problema que en Cantabria, Cataluña y Baleares).
En el caso de los dos principales mercados nacionales, en la Comunicad de Madrid, una pareja tardaría 47 años en pagar su hipoteca, ya que el precio total supone 141 veces el salario medio, mientras que en Cataluña, el 30% del salario tampoco cubre los intereses, en tanto en cuanto el precio de la vivienda supone 170 veces el salario medio.
* ELPAIS.com - EFE - 23.04.2008
Foto: Piso piloto de una promoción inmobiliaria en Villaverde Alto (Madrid)- PAULA VILLAR, elpais.com
Los casi 80.000 vecinos de los PAU y la FRAVM se unen para demandar equipamientos públicos
EUROPAPRESS/Madrid* : La Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM) y las asociaciones de los principales Programas de Actuación Urbanística (PAU) de Madrid, que suman un total de 79.400 ciudadanos, han constituido una comisión conjunta para demandar equipamientos públicos en los nuevos desarrollos.
El portavoz de la comisión de Urbanismo de la FRAVM, Fernando Gómez, señaló en declaraciones a Europa Press que el objetivo de esta comisión es hacer "un frente común ante la Administración porque los problemas son los mismos". La comisión servirá "para empezar a tirar líneas, ya no tanto de reivindicaciones concretas sino generales".
La principal reivindicación de los PAU, estas "nuevas ciudades", como fueron definidas por Gómez, pasan por exigir a la Administración la necesidad de poner en marcha equipamientos públicos al mismo tiempo que se construyen las viviendas.
"Los equipamientos públicos son prácticamente inexistentes pero cuando se trata de educación o de sanidad privada te das cuenta de que eso ya está en los PAU", aseveró el portavoz de la comisión de Urbanismo de la FRAVM. En cuanto a las exigencias de todos los PAU, éstas pasan por la necesidad de contar con equipamientos como institutos, centros cívicos, bibliotecas, la ampliación del transporte público y la mejora de los accesos por carretera.
Un apartado especial es el dedicado a la seguridad. "En los PAU la seguridad es uno de los problemas más graves porque son grandes avenidas en las que no pasa nadie, no hay comercios, no hay nada", explicó Fernando Gómez. En este sentido, una de las primeras medidas adoptadas por la comisión es la solicitud de una reunión con Delegación de Gobierno para tratar esta cuestión.
Otras de las medidas anunciadas por Gómez son la elaboración de un documento unificado de problemáticas y una reunión con los portavoces de los tres partidos políticos, tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid, para que se realicen Plenos monográficos en las dos administraciones para abordar la problemática de los PAU.
* Europa Press - MADRID, 21 Abr. 2008
Foto: Madrid, viviendas Sanchinarro - EFE
Ciudadanos Rodeados por las Fábricas muestra su "indignación" por el PGOU de Los Barrios
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EUROPAPRESS/Cádiz* : La Plataforma de Ciudadanos Rodeados por las Fabricas manifestó hoy su "indignación" por la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) propuesto por el Ayuntamiento de Los Barrios (Cádiz), "suspendido desde el 18 de mayo de 2007", ya que, a su juicio, su aprobación implica "dar el visto bueno a una serie de delitos e irregularidades en materia urbanística y medioambiental".
En un comunicado, la plataforma ciudadana consideró que, de esta manera, la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y su Comisión de Urbanismo son "de alguna manera cómplices", junto al Ayuntamiento barreño y la empresa municipal encargada de las obras.
En este sentido, aseguró que las delegaciones provinciales de Obras Públicas y Medio Ambiente "tienen conocimiento de las actuaciones ilegales llevadas a cabo en la finca La Gertrudis al menos desde junio de 2007", a raíz de las protestas y movilizaciones sociales llevadas a cabo en Los Barrios.
Asimismo, aseveró que la Delegación de Medio Ambiente es "cómplice y encubridor de los delitos cometidos por el Ayuntamiento de Los Barrios y su empresa GAMA S.L." en la citada finca ya que, según explicó, las obras fueron denunciadas por los agentes forestales desde su inicio en 2006.
En cambio, la delegada, Gemma Araujo, "no impidió la continuación de las obras, permitiendo la tala de cuatro hectáreas de bosque protegido por directivas europeas y el desmonte de más de 32 hectáreas". Sin embargo, continuó, en agosto, Araujo "decía que la declaración de impacto era favorable, para más tarde sancionarlos por incumplir con la declaración".
Finalmente, acusó al alcalde de la ciudad, Alonso Rojas (PSOE) de cometer "delitos con relativa impunidad pero con mucha frecuencia" e hizo referencia al complejo tecnológico celular de LPC Group en la localidad, de cuyo proyecto, licencias y permisos "niega información a los ciudadanos, ocultando o manipulando la verdad".
* Europa Press - LOS BARRIOS (CÁDIZ), 23 Abr. 2008
Foto: Los Barrios (Cádiz), polígono industrial - mma.es
Una urbanización de Candeleda será denunciada ante la Fiscalía General del Estado
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ÁVILADIGITAL* : La Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda prepara una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra la urbanización ‘Candelas de Gredos’ que promueve la empresa Dávila Monteblanco en el paraje de Navalpilón, junto al Parque Regional de la Sierra de Gredos.
Aseguran que las obras están a punto de comenzar, aunque el proyecto no se ha sometido a Declaración de Impacto Ambiental, y se espera que los trabajos para iniciar la captación de agua desde el arroyo Castañarejo, el principal afluente de la garganta de la que se abastece Candeleda, se inicien en los próximos días.
Los ganaderos de la zona, de hecho, ya han recibido la notificación de que tendrán que dejar de utilizar el camino que ahora usan los cabreros porque se va a realizar una captación que, según explican, estará dentro de los límites del Parque Regional.
Son en total 431 viviendas y 200 plazas hoteleras las que incluye el proyecto y, a juicio de la Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda, la ocupación como “segunda residencia” llegará a las 2.000 personas –el municipio tiene ahora 5.000 habitantes-.
En cuanto a la captación autorizada por la Confederación Hidrográfica del Tajo, es de doce litros por segundo, mientras que la concesión para los habitantes actuales es de ocho litros por segundo y “en los dos últimos años ya ha habido carencias de agua que han conllevado restricciones en el consumo”, según ha explicado Jesús Dutil, uno de los portavoces de la plataforma.
“Atentado ecológico”
A su juicio, las obras supondrán una “pérdida del caudal”, además de la destrucción de un “ecosistema de bosque de galería único”, además de la “masa arbolada que habrá que cortar para dejar espacio al ladrillo”.
En este sentido, aseguran que se trata de una zona de “gran interés ecológico”, catalogada como bosque mediterráneo, con “especies endémicas o en peligro de extinción” y tumbas excavadas en rocas graníticas y restos cerámicos medievales.
“Irregularidades” en la tramitación
Sobre la tramitación de la urbanización, cuyo plan parcial fue aprobado en octubre de 2006, consideran que ha habido “claras actuaciones irregulares”, y citan, entre otras cosas, la compra de terrenos rústicos recalificados de forma inmediata, la ausencia de un estudio de impacto ambiental o la “nula atención” a las recursos de alzada interpuestos.
Y en cuanto a la captación de agua, denuncian que el Ayuntamiento ha cedido a la empresa 7.800 metros cuadrados por un periodo de 30 años y les ha cobrado 7.000 euros, y que “se han concedido los terrenos antes de saber si se iba a autorizar la captación”.
La Plataforma ya congregó a cerca de 1.000 personas en una manifestación y ha reunido más de 9.000 firmas contra lo que consideran un “atentado ecológico”.
* Ávila Digital - María Cuenca - 23.04.2008
Foto: Paraje de Navalpilón, en Candeleda, donde pretende construirse una urbanización - aviladigital.com
La Fiscalía pide 9 meses de cárcel al alcalde de Burguillos por un delito urbanístico
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DIARIODESEVILLA* : La Fiscalía de Sevilla ha solicitado una condena de nueve meses de prisión e inhabilitación durante ocho años para el alcalde de Burguillos, José Juan López (PSOE), al que imputa un delito contra la ordenación del territorio, en su modalidad de prevaricación, en relación con la concesión de una licencia de construcción ilegal.
El escrito de conclusiones provisionales presentado por el Ministerio Público en el juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla, considera que la licencia otorgada por el regidor a la entidad Castillo de Lennen el 7 de agosto de 2006 para edificar viviendas en un solar de la calle Real incumplía la "limitación de plantas y la altura fijada en el Plan General de Ordenación Urbana vigente".
Según informó ayer la Fiscalía hispalense, el arquitecto municipal emitió un informe desfavorable a la concesión de la autorización, y el proyecto fue rechazado igualmente en dos ocasiones por los sucesivos secretarios municipales que informaron al alcalde de la ilegalidad de dicha licencia.
A pesar de estos tres informes negativos, el alcalde concedió el permiso, una decisión que según el Ministerio Público puede encuadrarse en un delito contra la ordenación del territorio, tipificado en el artículo 320.2 del Código Penal. La acusación pública reclama en el escrito elevado al juzgado una condena de nueve meses de prisión para José Juan López, así como su inhabilitación para empleo o cargo público durante un período de ocho años.
El juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla decidió en febrero pasado continuar la causa abierta contra el alcalde de Burguillos al apreciar indicios de delito en la conducta del regidor. La licencia concedida a la sociedad Castillo de Lennen, según explicaba el auto, "incumplía a sabiendas las normas subsidiarias" del planeamiento urbanístico en vigor y se había emitido "en contra de los informes técnicos y jurídicos correspondientes".
El juez consideró que había indicios de que el permiso se otorgó porque el alcalde "tenía pensado realizar una modificación" de los planes urbanísticos para posibilitar esa licencia en los términos propuestos, pero el cambio no se llevó a cabo en la fecha en la que se autorizó la construcción.
El PP, que ejerce la acusación particular en el proceso, ya anunció que solicitaría la máxima condena posible para el alcalde, José Juan López, por el delito que se le atribuye: dos años de prisión y otros diez años de inhabilitación para el ejercicio de un cargo o empleo público.
* Diario de Sevilla - Jorge Muñoz - 23.04.2008
Foto: Burguillos (Sevilla), ayuntamiento - wikipedia.org
¿Un piso de menos de 40 m²?
ANTÓN REIXA* : La especulación urbanística ha determinado el advenimiento de la crisis económica como percepción instalada en el tejido social. Esa misma percepción se constituye también en un elemento estructural de la misma y determina el comportamiento del dinero. En pocos meses se ha pasado del paraíso al infierno y pocas voces analíticas superan el recurso a la especulación, en este caso intelectual, para analizar un fenómeno cíclico que forma parte ineludible de la economía de mercado que legaliza y sacraliza la Constitución española.
Todos parecen coincidir en que gran parte de la solución a la crisis pasa por el aumento de la inversión pública y concretamente en la licitación de vivienda pública protegida. Ahí se les acaba a los neocon su pasión por el déficit cero. Por eso resulta especialmente perverso que se pretenda acometer la construcción de vivienda pública de forma desregulada y de espaldas a los mínimos de calidad de vida que merece la ciudadanía.
En las últimas semanas la hostilidad a la nueva regulación del hábitat que promueve el Gobierno gallego y su departamento de Vivienda han estado en el centro de la acción de ayuntamientos y agentes del sector. Alianza poco recomendable la de ayuntamientos con constructores y promotores y que está en la base de la agresión urbanística constante que ha padecido Galicia en las últimas décadas. Si hay algo de lo que no pueden alardear en su conjunto los gestores municipales es, precisamente, del urbanismo. Y no sólo por una deficiente gestión técnica, sino también por la generación de innumerables prácticas deshonestas, ilegales y paralegales, como las que se registran en este ámbito.
Todos estaríamos en posición de defender la autonomía municipal como primer estadio de la democracia de proximidad, pero de ahí a dejar que los municipalistas se conviertan en emperadores de mínimas ciudades-Estado hay una gran diferencia. Sobre todo cuando se trata de legislar derechos sociales que afectan directamente a nuestra calidad de vida. ¿Hay alguien que desee vivir en pisos de menos de cuarenta metros cuadrados? ¿Hay alguien que crea objetivamente deseable que el ancho de las puertas de sus viviendas no resulte accesible para los minusválidos? Esas son algunas normas de la regulación del hábitat que rechazan alcaldes y promotores.
Con toda seguridad la historia de estos tres años de Gobierno bipartito en la Xunta deberá registrar como grandes logros políticos, entre otros, los avances en vivienda social y en política de bienestar. Curiosamente, también la creación del Consorcio Galego de Benestar generó inicialmente el mismo tipo de rechazo municipal, pero la realidad es tozuda y los problemas de xenofobia que han surgido últimamente con el realojo de familias gitanas en Pontevedra y A Coruña han puesto de manifiesto la incapacidad de la autonomía municipal para resolverlos. Curiosamente también desde la implantación de los ayuntamientos democráticos en 1979 hay que reconocerles a muchos alcaldes su audacia, sobre todo en política social, para dar cobertura a estos problemas sustituyendo la falta de proactividad de las admimistraciones provincial, autonómica y estatal ¿Por qué ahora este rechazo cuando el Gobierno de la Xunta sí es capaz de actuar en ese ámbito con legislación y presupuestos? Es como si los ayuntamientos se negasen a que en su término municipal se realizasen controles de alcoholemia aduciendo una baja en la facturación nocturna de la hostelería local.
Obviamente, el diálogo y la cohesión entre administraciones deben solucionar estos conflictos. Paradójicamente es lo que exigen los alcaldes y ofrece reiteradamente la conselleira. Pero en el rifirrafe de la política, Teresa Táboas suma muchos puntos de credibilidad: dirige un departamento de nueva creación sin el histórico de errores de los ayuntamientos y, además de ser mujer, tiene una gran preparación técnica como arquitecta, no proviene de la política profesional y no necesita el cargo para hacer fortuna.
* ELPAIS.com - Galicia - ANTÓN REIXA 22/04/2008
La Fiscalía ve un ´pelotazo´ de 76,5 millones en Campos a cambio de derribar dos hoteles
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DIARIODEMALLORCA* : La denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Baleares por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y uso de información privilegiada a raíz de varias operaciones urbanísticas en el Plan Territorial de Mallorca (PTM) hace especial hincapié en un ´pelotazo´ en Campos, a cambio de derribar un hotel en Pollença y otro en Sóller.
Se trata del área de reconversión territorial (ART) número 10.3, que contempla la demolición del hotel Don Pedro (en la Cala de Sant Vicenç, municipio de Pollença, de 284 plazas) y del Rocamar (en la carretera de Sóller al puerto, dado de baja) a cambio de trasvasar las plazas de uno u otro a sa Ràpita (Campos), creando una urbanización de 42 hectáreas, con 1.593 plazas turísticas y 234 viviendas, para unos 5.000 nuevos vecinos. Esta disposición alternativa ya sorprende a la Fiscalía.
El canje, a decir de los fiscales, resulta "desproporcionado" (el Don Pedro ocupa 8.400 metros cuadrados, y el Rocamar, 14.760; sin embargo, la nueva urbanización en Campos supondría 422.187 metros cuadrados). Otra situación que resulta inexplicable para Anticorrupción es "cómo es posible que se transfieran" 520 plazas como si correspondieran al derribo del Rocamar, "si el establecimiento fue precintado en 1999 y dado de baja desde 2002".
Un gran propietario
Éste y otros muchos indicios incriminatorios han llevado a la Fiscalía a pensar que "los trasvases del Plan Territorial no parecen responder a ninguna lógica".
Lo que más ha llamado la atención de los fiscales es "por qué se eligen estas fincas y no otras" en Campos, considerando que el Consell de Mallorca, que redactó y aprobó el PTM en 2004, hizo una "elección discrecional, sin justificación de ningún tipo", y beneficiando únicamente a los dueños de los terrenos que, añaden los fiscales, "pertenecen casi en exclusiva a un mismo empresario", algo "que resulta cuando menos sorprendente".
Cabe destacar que según los cálculos periciales que la Fiscalía ha consignado en su denuncia, estas permutas supondrían unas plusvalías de 76.551.096 euros para el conjunto de propietarios, acusando al Consell de favorecerles con reclasificaciones sin justificación alguna, y en contra de los intereses generales.
La conclusión a la que llega la Fiscalía "es que los aprovechamientos urbanísticos que suponen tanto el hotel Rocamar como el hotel Don Pedro no son más que una mera excusa para conseguir recalificar grandes zonas de terreno rústico en Campos".
* Diario de Mallorca - MATEU FERRER. PALMA - 23 de abril de 2008
Foto: El hotel Rocamar, en Sóller, fue dado de baja en 2002/ Joan Mora, diariodemallorca.es
Veïns de Parcent cree que el Consell quiere facilitar indemnizaciones para las promotoras
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INFORMACIÓN/Alicante* : Algunas explicaciones del PP para justificar y mantener los tres PAI de Parcent resultan como mínimo anacrónicas y desfasadas con la época actual y ofrecen una imagen de la conselleria más próxima a intereses económicos de las promotoras, que al bienestar de los ciudadanos. Veïns de Parcent sospecha que desde la conselleria intentan facilitar que las promotoras pidan indemnizaciones millonarias al Ayuntamiento por no realizar los planes.
El colectivo, al igual que Compromís cree que sólo bajo ese prisma o el de la irresponsabilidad se entiende la defensa de los PAI de Parcent realizada por el diputado popular César Sánchez que incluso llegó "a negar la necesidad de impacto ambiental", a pesar de que el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente se ha convertido en una exigencia a nivel mundial. El PP se ha quedado más sólo que nunca en la defensa de estos programas, que contemplan casi 1.800 casas en las montañas de este pequeño y precioso municipio de la Vall del Pop, y por cuyo término hay una zona declarada Lugar de Interés Comunitario por su valor ambiental. Y más tras la actual recesión del ladrillo, de forma que el colectivo sospecha que la intención es cobrar indemnizaciones, más que construir las viviendas tras cerrar el grifo de la financiación de los bancos a muchos proyectos. Así lo expuso la diputada de Compromís, Mireia Mollà al afirmar que la conselleria no devuelve la tramitación de los PAI al Consistorio para subsanar errores "por intereses económicos".
Y es que el caso de Parcent está dejando muchos interrogantes abiertos por la parcialidad en la decisión de la conselleria y en la actitud de los dirigentes del PP en Valencia. Sánchez en su defensa de los PAI llegó a decir en la Comisión de Medio Ambiente en varias ocasiones que "el ayuntamiento no ha movido ficha" para neutralizar unos programas urbanísticos que obtuvieron un rechazo contundente en las urnas. En este sentido, Veïns de Parcent le recordó a Sánchez que "el Ayuntamiento había requerido la documentación para subsanarla y se le había denegado, al contrario del caso del Plan Rabassa" de Alicante. Otra actuación parcial de la conselleria que dirige Garcia Antón.
Asimismo, Sánchez rechazó los argumentos de la Síndica de Greuges, del Defensor del Pueblo, del Consell Jurídic Consultiu, del TSJ y de Europa para afirmar que la tramitación se ha llevado a cabo "con toda la legalidad".
* Información - CÉSAR MONZONÍS - 23 de abril de 2008
Foto: Parcent (Alicante) - parcent.es
Carboneras: Los ecologistas denuncian la ayuda municipal a promotoras en supuestas acciones ilegales
IDEAL/Almería* : La asociación ecologista Salvemos Mojácar denuncia que el Ayuntamiento de Carboneras «dedica sistemáticamente todos sus recursos económicos y humanos a ayudar y apoyar a las promotoras en acciones presuntamente ilegales y en perjuicio de la ciudadanía y del pueblo».
Este colectivo, a través de un comunicado, califica esta forma de actuar del Consistorio «un despreciable signo más de sumisión a la promotora y de desprecio por el pueblo de Carboneras».
Sus integrantes consideran «inaceptable que el Consistorio continúe malgastando sus fondos en defender intereses espúreos». Estas manifestaciones son la reacción a la presentación por parte del Ayuntamiento de un recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Audiencia Nacional que desestima un recurso contra el deslinde aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente que afecta al hotel del Algarrobico.
Los ecologistas piden a los jueces que condenen a la perito judicial que testificó en el proceso, ya que, según dicen, «podría haber incurrido en un presunto delito».
Denuncian que la perito «ha faltado a la verdad cuando manifestó que los terrenos son urbanizables, según el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de 22-12-94», a pesar de que «se ha acreditado que los terrenos son protegidos y no urbanizables, de acuerdo con la planimetría del PORN».
Además, dicen que «faltó a la verdad cuando afirmó que las Normas Subsidiarias de Carboneras no fijan una anchura de cien metros en los terrenos urbanizables». Los ecologistas recuerdan que quien sí dijo la verdad fue el arquitecto del hotel, Ubaldo Gómiz, cuando en el acto de ratificación de su informe «reconoció que los terrenos habían sido protegidos, no urbanizables, pero matizó que luego se había modificado el PORN, declarándolos urbanizables».
Piden la desestimación del recurso y que se procese a la perito.
* Ideal - 23.04.08 -R. D.
Foto: Hotel El Algarrobico (Carboneras), protesta archivo - greenpeace.org
Prisión para Roca bajo fianza de tres millones por su alto riesgo de fuga
EFE/Marbella* : El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha ordenado hoy el ingreso en prisión del ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca hasta que deposite una fianza de tres millones de euros por el denominado caso "Saqueo 1" ante el elevado riesgo de fuga del acusado.
Roca, que salió hace una semana de la cárcel por el caso Malaya tras pagar un millón de euros, ingresará esta tarde en la prisión de Soto del Real, de donde no saldrá hasta depositar los tres millones de euros que ha establecido el juez, quien ha tenido en cuenta aparte del riesgo de fuga, la proximidad del juicio por esta causa, en la que se enfrenta a una pena de 10 años, y los varios procedimientos que tiene abiertos.
De esa cantidad, se le descuenta los 450.000 euros que Roca depositó en su momento por este procedimiento, conocido también como el de "las facturas falsas", y en el que se investiga el presunto desvío de 26,7 millones de euros del Ayuntamiento de Marbella a empresas privadas entre 1991 y 1995.
En este procedimiento, además de Roca, fueron imputados el fallecido ex alcalde de Marbella Jesús Gil y otras seis personas por malversación de fondos y falsedad.
El magistrado, que sustituye temporalmente al titular del Juzgado Central de Instrucción número seis, Juan del Olmo, justifica en su auto lo elevado de la fianza por atribuirle un patrimonio de unos 200 millones de euros -el juez apunta en el auto que es titular de cuentas bancarias en paraísos fiscales- y en el poco tiempo que ha tardado en depositar las dos fianzas que tiene.
La primera, de 450.000 euros, se le impuso por esta causa el 23 de abril de 2002 y la ingresó en 24 horas.
La procedencia de este dinero, subraya el magistrado, "resulta parcialmente dudosa" y, precisamente, la Fiscalía ha solicitado hoy que se investigue su origen y el juez ha iniciado los trámites para que esto se lleve a cabo.
Por el "caso Malaya", el juzgado de instrucción número 5 de Marbella, fijó un aval económico de un millón de euros, que Roca ha tardado 18 días en depositar -lo hizo el pasado 15 de abril-.
Por ello, Ruz considera que el acusado cuenta con "amistades, vínculos familiares, etc" que pueden hacer frente a la cuantía de 3 millones de euros, dice el juez, que la considera "de suficiente entidad e importancia como para conjurar" el riesgo de fuga del acusado.
En el caso de que el ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella haga efectivo el aval económico, el magistrado ha establecido otras medidas cautelares, entre ellas la prohibición de abandonar el país, retirada del pasaporte, comparecencias ante las autoridades judiciales y la obligación de fijar un domicilio.
El juez, que ha tardado cuatro horas en redactar el auto, también argumenta que la petición de diez años de prisión por parte de la Fiscalía está fundada en "sólidos indicios de criminalidad" que, en absoluto, "han quedado debilitados a lo largo del tiempo".
Juan Antonio Roca, que ha llegado a la Audiencia Nacional pasadas las 9.30 horas para comparecer en una vista a puerta cerrada para revisar su situación de libertad provisional por el "caso Saqueo 1", ha alegado ante el juez, según consta en la resolución judicial, ser víctima de "un linchamiento político-mediático" por parte de los que ejercen la acusación, que es el Ayuntamiento de Marbella (PP).
El segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento marbellí y portavoz popular, Félix Romero, ha comentado a los periodistas tras conocer la decisión del juez que la corporación había pedido "más garantías", es decir, prisión incondicional, "porque teníamos miedo de no poder recuperar los bienes del Ayuntamiento".
Aunque ha considerado que no se trata de una resolución "óptima" porque "nosotros queríamos que hubiese más cautelas, esto nos hace estar un poco más conformes de lo que estábamos antes de que se celebrara la vistilla".
La comparecencia en la Audiencia Nacional de Roca, que salió en libertad provisional bajo fianza el pasado 15 de abril y después de estar casi dos años en prisión por el "caso Malaya", se ha realizado a petición de un escrito presentado por el Gabinete Jurídico del Ayuntamiento de Marbella en el que pedía que se revisara su situación de libertad provisional por el "caso Saqueo 1".
* La Opinión de Málaga - EFE - 23 de abril de 2008
Foto: El ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca (c), junto a su abogado José Aníbal Alvarez (d), a su llegada hoy a la Audiencia Nacional para comparecer ante el juez Pablo Rafael Ruz para revisar su situación personal en la causa en la que se investiga el desvío de 26,7 millones de euros del consistorio malagueño a empresas privadas entre 1991 y 1995. EFE
300 agentes toman la Cañada Real para asegurar el derribo de cuatro casas
ELPAÍS/Madrid* : Juan Arnés, un boliviano que hasta ayer vivía en la Cañada Real Galiana (Vicálvaro), se encontró con una desagradable noticia al regresar de su trabajo. Un vecino le avisó de que dos excavadoras acababan de tirar la pensión en la que vivía junto con su familia. Sus pertenencias estaban a la intemperie, llenas de polvo, y el techo que le había guarecido durante tres años se había convertido en cuestión de dos horas en escombros.
Como Juan Arnés, otras 13 familias de la Cañada Real vivieron la misma situación cuando tres potentes excavadoras derribaron las cuatro construcciones ilegales que hasta entonces habían sido sus hogares. Un férreo control policial, formado por unos 300 agentes, evitó los disturbios y los heridos que se produjeron en el último desalojo. Los vecinos aseguran que los juzgados no avisaron a los afectados y que, por eso, los derribos eran ilegales.
El despliegue de la policía comenzó antes de las nueve de la mañana. Las furgonetas de las Unidades de Intervención Policial (UIP, más conocidos como antidisturbios) irrumpieron en la Cañada y se desplegaron por los edificios de Covibar, en Rivas-Vaciamadrid, y en los accesos a las viviendas que iban a ser demolidas.
Los vecinos se sentaron en medio del camino para impedir la entrada de las excavadoras, pero los antidisturbios, pertrechados de cascos y escudos, los empujaron hasta sacarlos del lugar, en medio de protestas y gritos de los expulsados."Asesinos", "provocadores", "el pueblo no os quiere" y "fuera, fuera" fueron algunos de los improperios que los vecinos de la cañada y de algunos seguidores del movimiento okupa le soltaron a la policía. El dispositivo estaba formado por un helicóptero, cuatro grupos de la UIP (160 agentes), dos grupos de los Grupos Rurales de Seguridad de la Guardia Civil (80 funcionarios), una docena de policías a caballo, agentes municipales de Madrid y de Rivas-Vaciamadrid, además de policías de la Brigada Provincial de Información (dedicados a la lucha antiterrorista y contra grupos antisistema).
Tres agentes de esta brigada protagonizaron un incidente con los vecinos concentrados. Salían, junto con otros seis compañeros, de la zona del derribo y pasaron por delante del cordón policial. Los okupas y los vecinos se percataron de que tres de ellos se habían quedado retrasados y comenzaron a increparlos.
Los agentes, en lugar de seguir su camino, se quedaron quietos, mientras llegaban más manifestantes. "¡Sinvergüenzas, vendidos!, así tiráis las casas de los pobres", les espetaron. Poco a poco fueron arrinconándoles contra las casas, lo que motivó que acudiera una decena de antidisturbios. Empujaron a todo el que se puso en medio. Un agente de paisano con la capucha puesta tiró al suelo el móvil a una chica que hacía una foto.
"¡A ti no te mimaban de pequeña en casa. Se te nota en la cara!", le gritó una joven a una policía de paisano. Tras los insultos, los empujones y los chillidos, los antidisturbios escoltaron a los agentes y se marcharon del lugar.
Mientras, las excavadoras dejaban hechas trizas dos casas y una pensión en la que vivían ocho familias procedentes de Cochabamba (Bolivia). Pagaban entre 300 y 500 euros al mes. "¿Para qué voy a volver aquí? Me buscaré un piso con el resto de mi familia y me olvidaré de todo lo que estoy pasando", explicó Juan Arnés, mientras recogía a mediodía un reproductor de DVD. Al lado, uno de sus hijos no dejaba de llorar.
"No nos han dicho nada. Nos hemos ido a trabajar y, cuando hemos vuelto, nuestra casa estaba destruida", protestaba Iman, que lleva tres años en la Cañada.
La abogada de la Asociación de Vecinos de la Cañada Real, Patricia Fernández, aseguró que los derribos no habían sido notificados y que eran ilegales. De hecho, cuando fueron a los juzgados a paralizar la demolición, ya era tarde, porque se había producido. "El Ayuntamiento está vulnerando derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio o la protección de la justicia", afirmó la letrada. Entre las casas derribadas, están las del presidente y vicepresidente de la asociación.
Fuentes de la Gerencia de Urbanismo informaron de que las órdenes de derribo fueron notificadas por los juzgados de lo contencioso-administrativo 8, 14 y 18. Los vecinos fueron realojados por el Samur Social en pensiones. Estarán un máximo de tres días. Un centenar de personas se concentró por la tarde para protestar por los derribos.
* ELPAIS.com - F. JAVIER BARROSO - Madrid - 23/04/2008
Foto: Una mujer en la Cañada Real Galiana - ÁLVARO GARCÍA, elpais.com
El escándalo de los Monegros provoca una crisis en el Gobierno de Aragón
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ELCONFIDENCIAL* : El proyecto Gran Scala de los Monegros, ideado como una especie de Bienvenido, Mr. Marshall en versión corsa, con casinos y neones igual que los de Macao, jeques árabes copando plantas enteras en los hoteles, y multimillonarios rusos apostando al ‘cero’ de la ruleta, está a punto de llevarse por delante la coalición que gobierna en Aragón.
El megacasino del desierto, que contaba con todos los parabienes públicos, comienza a hacer aguas por culpa del sombrío perfil de sus promotores. Un fiasco que ha devenido en crisis en el Pignatelli, edificio que alberga al Ejecutivo autonómico, donde el PSOE echa la culpa a sus socios de gobierno, el PAR, de haberse dejado engatusar por un grupo de empresarios de currículum desconocido.
El Gran Scala de los Monegros ha contado con el padrinazgo del vicepresidente de la DGA, José Ángel Biel, del PAR, y de su consejero de Industria, Arturo Aliaga, también del mismo partido. “Gran Scala es el proyecto más potente desde el punto de vista económico que se está haciendo en Aragón. Desde Fernando el Católico no conozco otro”, llegó a decir Biel como si estuviera pronunciando el sermón de la Montaña. El presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, y el PSOE permanecieron al margen de las negociaciones hasta prácticamente el día de la presentación oficial, donde también se dejaron seducir por los cantos de sirena de ILD, la sociedad promotora. Hablaban de 65.000 puestos de trabajo, una inversión de 17.000 millones de euros, una superficie de 2.000 hectáreas, 70 hoteles, 232 restaurantes, 500 comercios, parques temáticos, hipódromo, un campo de golf... Sólo faltaba bailar el can-can. Tal era la melodía de la canción, que el Gobierno aragonés se echó en los brazos de ILD.
Sin embargo, el exhaustivo trabajo de investigación de El Periódico de Aragón y otras informaciones aparecidas (ver el documental de TV3) han conseguido tirar de un soplido el castillo de naipes montado en torno al Gran Scala. Además de saberse que el capital social de Internacional Leisure Development (ILD) es de tan sólo 50.000 libras (menos de 70.000 euros), también ha salido a la luz el farragoso pasado de los promotores del proyecto. Se ha sabido que los corsos Paul Stephane Allegrini y Christian Colus, socios de referencia de ILD y responsables de la dirección técnica, participaron de la aventura de Goldenpot, un casino online que quebró en 2005, siendo desahuciados de sus lujosas oficinas del World Trade Center de Barcelona y dejando un agujero de 350.000 euros.
También ha quedado acreditado que los portavoces oficiales de Gran Scala en España, los catalanes Josep Carreras y Jaume Riera, accionistas del proyecto con un 6%, solicitaron al Gobierno de Aragón una ayuda de cinco millones de euros para desarrollar lo que se ha venido en denominar ‘un motor milagroso’, que funciona con todo tipo de combustible y emite la mitad de CO2, un invento que nada tiene que ver con casinos ni tragaperras sino con argumentos más propios de la ciencia ficción. Según el vídeo de presentación de la ‘cosa’ –una película ambientada con la banda sonora de la película 2001, una Odisea en el Espacio-, los autores del motor son dos serbios: Vidakovic Mladin y Sic Tihomir. En el dossier se utiliza el logo y el nombre del Gobierno de Aragón como reclamo para vender el susodicho invento, algo que ha sido tachado de fraudulento por la plataforma Stop Gran Scala, que ha llevado la información aparecida en El Periódico ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Aragón por si pudiera ser delito.
A la llamada de El Confidencial, portavoces de la promotora Gran Scala se han defendido de estas acusaciones: “Todo lo que se ha dicho sobre Allegrini se basa en informaciones falsas. Estamos estudiando emprender acciones legales. En Goldenpot, Allegrini sólo era un inversor sin capacidad de decisión y además perdió dinero, mientras que Colus era un consultor. En cuanto a Riera y Carreras, ellos tienen su propia empresa, una sociedad que se dedica a otro tipo de inversiones”.
Sin embargo, a pesar de estas explicaciones, el tsunami del Gran Scala ha comenzado a arrasar el Pignatelli. En unas declaraciones recientes, el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias se refería al megacomplejo de los Monegros como una simple idea, no como un proyecto, y echaba balones fuera cuando le preguntaban por el mismo: “Yo no soy el especialista en este tema. Quien tiene más información, quien está más en el proyecto es el vicepresidente”. Fuentes del Ejecutivo regional lo tienen claro: “Hay crisis de Gobierno. No se sabe si antes o después de la Expo, pero hay crisis de Gobierno. Después de lo del Gran Scala, el PSOE quiere quitarse al PAR de en medio. Está dispuesto a gobernar en solitario en Aragón con apoyos puntales de la Chunta”. En petit comité, Marcelino Iglesias (PSOE) echa la culpa a Biel (PAR) del escándalo de los Monegros.
Postrarse de hinojos ante los franceses
La presentación oficial del Gran Scala (ver vídeo) y la firma del protocolo entre el Gobierno de Aragón e ILD tuvo lugar el pasado 12 de diciembre en el Salón del Reino, antigua iglesia del edificio Pignatelli, una capilla que permanece cerrada a cal y canto salvo honrosas excepciones. Aquélla debía serlo. El Ejecutivo regional contrató los servicios de Bassat para la organización del evento y a la agencia de Lalo Azcona para la relación con los medios. Mil quinientos invitados, la mayoría vips, señores de traje y señoras con vestidos de tafetán. Champagne para el cóctel.
En la primera fila, los políticos que se adjudicaban el éxito del Gran Scala, con Iglesias, Biel, Larraz (consejero de Economía) y Aliaga a la cabeza. También estaba Juan Alberto Belloch, alcalde de Zaragoza. Filas más atrás, empresarios de postín como Juancho Entrecanales (Acciona), Guillermo Polanco (Grupo Prisa), Pilar Yarza (editora del Heraldo de Aragón), Alfonso Solans (presidente de Pikolín), directivos de Ferrovial, Cemex... Los constructores y ladrilleros se frotaban las manos: 17.000 millones de euros en inversión, contratas, subcontratas, seis millones de metros cúbicos de cemento. El mayor negocio de la historia reciente de España.
Y en ese mismo salón, en un altillo, los alcaldes de las localidades de los Monegros. Desorientados entre tal marabunta de vips y periodistas, los ediles parecían sacados de Bienvenido, Mr. Marshall. No sabían si les iban a llover millones del cielo por unos terrenos estériles, sólo habitados por conejos y alacranes, o si los inversores extranjeros iban a pasar de largo por delante del Consistorio sin nisiquiera saludar. A la vista de los últimos acontecimientos y a pesar de que en ILD indican que todavía se está negociando con los propietarios del suelo, todo apunta a lo segundo más que a lo primero.
Después de la algarabía inicial, en la Almolda, pueblo de 500 habitantes en el que presumiblemente se va a levantar el Gran Scala, cunde el escepticismo. Los precios del suelo se han disparado y en ILD dan largas a los propietarios de los terrenos. El Ejecutivo de Aragón ha exigido a los promotores un depósito de 20 millones de euros como garantía para la compra del suelo, pero en los Monegros todavía no se ha visto un duro. En la Almolda no hablan corso.
* El Confidencial - Nacho Cardero.- 22/04/200
Foto: Los Monegros (Aragón), vista proyecto Gran Scala
Castedo perdonó a la promotora de Benalúa el medio millón sin ningún trámite legal
INFORMACIÓN/Alicante* : La concejala de Urbanismo, Sonia Castedo, perdonó a la promotora del plan parcial de Benalúa Sur alrededor de medio millón de euros mediante un escrito que no lo pasó por el registro municipal, por lo que carece de valor oficial, y sin ningún informe técnico que avalara su decisión.
Además, en el mismo escrito, la edil del PP liberó a la mercantil de ejecutar unas obras que estaba obligada a hacer, obviando el procedimiento reglamentario, al no valerse de decreto o resolución ejecutiva y con el agravante de que ahora se deberá pagar con dinero de los contribuyentes al tener que ejecutar las obras Ciegsa, una empresa pública del Consell. La edil, sobre este tema, guarda absoluto silencio.
Lo primero que llama la atención de este asunto es que una concejala que lleva al frente de urbanismo cinco años, y nueve como edil del PP, no ha pasado por el registro municipal el escrito en el que comunica a la promotora del plan parcial Benalúa Sur que queda liberada de ejecutar la obra de los muros de contención. Sin el sello del registro Castedo sabe, perfectamente, que un escrito como éste carece de valor oficial. Por tanto, sólo se puede entender como una misiva particular, pero resulta obvio que un asunto tan importante, como perdonar una obra de esta relevancia, y eximirle del pago de su importe, desborda la esfera particular de la concejala, al tratarse de dinero público. Hay que tener en cuenta que ahora la obra la va a ejecutar y financiar Ciegsa, por lo que el "regalo" de la edil a una mercantil privada se va a pagar con dinero de los contribuyentes.
Resulta sorprendente, por tanto, que Castedo tomara una decisión de tal relevancia, que anula una obligación de una mercantil, modifica la construcción de un colegio y obliga a las arcas públicas a desembolsar el importe de unas obras que no le corresponden, mediante un escrito particular, cuando por experiencia es seguro que sabe que una decisión como ésta debe de estar avalada por una resolución ejecutiva, ya sea un decreto de la propia edil o incluso un acuerdo de la Junta de Gobierno Local.
Tercer aspecto
Un tercer aspecto irregular de este asunto es que Castedo tampoco acompaña su escrito con informe técnico alguno en el que se justifique el perdón del medio millón de euros a la mercantil, por lo que, a la vista del escrito, se trata de una decisión personal sin más apoyos. Este periódico pidió a Castedo aclaraciones sobre este asunto el pasado jueves, y lo único que acertó a esgrimir la concejala es que se libera a la mercantil de las obras para poder acelerar las mismas del colegio de Benalúa. Es cierto que Ciegsa puede hacer las obras con más premura pero sorprende que los costes de las obras las asuma la empresa pública y no se carguen a posteriori a Prasa, como es habitual en estos casos.
Otra razón esgrimida por la concejala, tras advertírselo este periódico, es que la construcción del colegio la va a poder llevar a cabo Ciegsa por un "favor" de la mercantil urbanizadora del plan parcial, puesto que es la única que puede realizar obras en estos terrenos por ser la adjudicataria.
Desde el pasado jueves, la titular de la Concejalía de Urbanismo guarda un absoluto mutismo sobre este asunto y no ha dicho nada al respecto, hasta el punto de que, tal como ya se indicó, no replicó en el pleno a la acusación de la portavoz municipal socialista, Etelvina Andreu, de que regala el dinero del ciudadano a empresas privadas. Ayer tampoco atendió a la llamada telefónica de este periódico con mensaje incluido del tema a tratar.
No obstante, la mejor explicación de la edil es su propio escrito, que se reproduce al lado. Además, Castedo efectuó gestiones ante Ciegsa para liberar a Prasa de las obras del muro. Así, en otro escrito previo al "regalo", la edil pidió confirmación a la empresa pública que construye los centros escolares de la Generalitat de que en las obras a ejecutar del colegio Benalúa se incluye la construcción de los referidos muros de contención. Ciegsa, mediante misiva de su consejero delegado, lo ratificó el 4 de abril pasado, precisando que responde "a solicitud del Ayuntamiento".
Obviamente, el responsable de la empresa pública, pese a que sólo se limita a confirmar la ejecución de unas obras, sí pasó su escrito por el registro oficial, al contrario que la titular del Urbanismo municipal.
El PSOE acudirá a la Justicia si en diez días no rectifica
La portavoz municipal socialista, Etelvina Andreu, manifestó ayer que su partido emprenderá acciones judiciales contra Sonia Castedo si en diez días la concejala de Urbanismo no rectifica en este asunto y "legaliza" la situación.
Etelvina Andreu subrayó que la concejala de Urbanismo no tiene potestad ni autoridad para perdonar estas obras a una empresa mediante un escrito que no ha pasado por registro.
Presunta malversación
La portavoz socialista recalcó que Castedo podría haber cometido sendos delitos de malversación de fondos públicos y usurpación de funciones, tanto por perdonar un dinero que ahora tendremos que pagar los contribuyentes, como por decidir mediante un escrito particular lo que tendría que resolverse mediante resolución de un órgano municipal.
La concejala del PSOE insistió en el ultimátum a la concejala de Urbanismo y le pidió que legalice la situación en los diez días indicados, ya que de lo contrario el asunto llegará a la vía judicial.
Etelvina Andreu ya abordó este asunto en el pleno municipal del pasado viernes, donde agitó el recorte de la noticia publicada por este periódico, y acusó a Sonia Castedo de "regalar el dinero público a empresas y promotores privados", pero obtuvo la callada por respuesta.
* Información - MANUEL DOPAZO - 22 de abril de 2008
Foto: Alicante, plan Benalúa Sur - laverdad.es
«Mientras los Ayuntamientos se financien con el urbanismo, habrá corrupción»
ABC* : El fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de Valencia, Joaquín Baños, aseguró ayer que la gestión del suelo por parte de los Ayuntamientos favorece los episodios de corrupción. «El urbanismo es la principal fuente de financiación de los Ayuntamientos, y mientras no deje de serlo, seguirá habiendo episodios de corrupción», explicó Baños.
«Cuanto más se construya más recaudan los Consistorios que otorgan las licencias», añadió el representante del Ministerio Público, que ayer coincidió con otros juristas, entre los que figuraba el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, Edilberto Narbón, en una mesa coloquio celebrada en el Colegio de Abogados de Valencia.
El representante del Ministerio Público lamentó la falta de colaboración de las Administraciones Locales en la persecución de los delitos urbanísticos, aquellos que cometen quienes construyen sin licencia o quienes la conceden en contra del ordenamiento jurídico. A este respecto, precisó que la mayoría de las diligencias que se incoan en Sección de Medio Ambiente de la que es responsable están relacionadas con el urbanismo. «Sólo un porcentaje pequeño son denuncias de Ayuntamientos, a pesar de que tienen la obligación de poner en conocimiento de la Fiscalía cualquier irregularidad cometida por promotores, constructores o particulares, pero muchas veces hacen la vista gorda», explicó.
Dilación en los procedimientos
El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ, Edilberto Narbón, centró su intervención en denunciar las dificultades que encuentran los tribunales para hacer cumplir las resoluciones que ellos mismos dictan y restituir la normalidad urbanística allí donde se ha visto alterada vulnerando la legalidad.
Ante una denuncia contra un PAI o contra una licencia, lo ideal sería optar por su suspensión, pero la dilación en la resolución de los procedimientos, que puede demorarse hasta siete años si pasan por el TSJ y luego por el Tribunal Supremo, hace que esta solución tajante se adopte en casos excepcionales. Es muy complicado paralizar durante siete años la actividad urbanizadora, salvo que confluyan graves y manifiestas ilegalidades.
La complejidad y duración de estos procedimientos imposibilita, muchas veces, la ejecución de la sentencia porque ésta llega cuando las casas están construidas, vendidas e hipotecadas y la constructora se ha disuelto. La solución, entonces, es declarar inejecutable el fallo o hacer recaer sobre la Administración el peso de la demolición o la indemnización.
* ABC - I. R. T. VALENCIA - 22 de abril de 2008
Viñeta: El Roto - elpais.com
