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FARO/A Coruña* : El empresario gallego José Collazo Mato, considerado como el rey del juego por sus intereses en casinos de varios países, promueve en el municipio de Aranga la recalificación de casi tres millones de metros cuadrados de terreno en Montesalgueiro para construir un gran polígono industrial y una zona residencial.
Esta operación de reclasificación de terrenos rústicos, una de las mayores realizadas en Galicia, ya está incorporada al Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de este concello, aprobado inicialmente en el pleno del pasado diciembre y actualmente a exposición pública.
El parque empresarial tiene por finalidad dar servicio a los puertos exteriores de A Coruña y Ferrol. Así figura en el propio plan general, que justifica la ejecución del proyecto en la necesidad de dar respuesta "al agotamiento del suelo industrial en la comarca de A Coruña y su área de influencia" porque el suelo empresarial previsto a medio plazo "no cubre las necesidades que se estima que va a generar la puesta en marcha" de dichos puertos.
José Collazo Mato y el alcalde de Aranga, Manuel Brañas, del Partido Popular, firmaron un convenio mediante el que el Concello se comprometió a reclasificar, e incluir en el plan urbanístico, 2, 5 millones de metros cuadrados de suelo en Montesalgueiro para construir el que será el segundo polígono industrial más grande de la provincia. También firmaron otro acuerdo para clasificar 400.000 metros cuadrados de rústico como urbanizable para levantar una urbanización.
Esta gran superficie recalificada se ubica en Montesalgueiro, entre la autopista A-6 y la carretera AC-230 hacia Curtis. Collazo, en el convenio firmado con el regidor, afirma ser ya el titular de 94 parcelas que suman un total de 1,6 millones de metros cuadrados. Con la compra de sólo uno de estos terrenos, el Monte Santiso, este promotor ya se hizo con algo más de un millón de metros,el 65% del total del futuro parque.
250 campos de fútbol
Un dato que permite comprender la gran dimensión de este parque industrial es que la construcción de este polígono equivale a 250 campos de fútbol. Además, absorberá más del 60% de la capacidad edificatoria total del PXOM de Aranga. Sólo el polígono de Sabón tiene una superficie mayor, unos 3,2 millones de metros cuadrados. Y el futuro polígono de Morás tendrá 4, pero en su primera fase serán sólo 1,5 millones.
* Faro de Vigo - Marta Villar / a coruña - 06 de febrero de 2008
Foto: Aranga (A Coruña), concello - aranga.es
Un empresario del juego impulsa la mayor recalificación de suelo de Galicia
La OCU pide la creación de un plan global de vivienda 'que acabe con la especulación'
ELMUNDO* : La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha reclamado la creación de un plan global en materia de vivienda "que acabe con la especulación y ataque el injustificado incremento del precio de la vivienda en propiedad" y dentro del cual se integren medidas estructurales a largo plazo "para potenciar el alquiler y devolverle su prestigio".
Asimismo, la organización ha pedido a los partidos políticos la liberalización de la energía y la revisión "íntegra" de los mecanismos de fijación de tarifas, "para que el consumidor pague por el precio real de este producto de forma transparente".
Ambas peticiones forman parte de las 13 reivindicaciones que la organización ha trasladado a los grupos políticos con representación parlamentaria de cara a la próxima legislatura dado que "la política de consumo, que afecta a todos los ciudadanos, no ha tenido un claro reflejo en los programas electorales de los diferentes partidos", según señaló hoy en un comunicado.
En este sentido, la OCU también reclamó la creación de una Secretaría de Estado de Consumo de cara a la próxima legislatura y que se modifique el Instituto Nacional de Consumo, dándole estatuto de Agencia Española del Consumo, con un presidente con rango de secretario de Estado.
13 reivindicaciones
Respecto al sobreendeudamiento, la OCU solicitó que se adopte una legislación que proteja al consumidor en esta situación "ante la magnitud que ha cobrado el problema".
En cuanto a los procedimientos concursales, la organización demanda que se mejore el tratamiento que se da a los consumidores en estos procesos y que sean considerados acreedores preferentes "para garantizar al máximo sus derechos económicos".
Por otro lado, ha reclamado que se revise el acervo comunitario en materia de consumo y que el próximo Gobierno defienda la posibilidad de que el nuevo régimen permita la flexibilidad necesaria para que los Estados miembros puedan seguir legislando en esta materia.
Sobre las reclamaciones de consumo, y con el fin de mantener el nivel de protección de los ciudadanos, ha planteado que, en aquellas que sean de pequeña cuantía, se establezca un proceso que finalice en un requerimiento de la Administración al infractor para que éste satisfaga la reclamación del consumidor.
Con el mismo objetivo, la OCU pidió "una revisión integral de los mecanismos de control de la publicidad" y, al mismo tiempo, que las administraciones usen su capacidad coercitiva para poner fin a la emisión de campañas de publicidad engañosa.
La organización también ha solicitado que se cree una Agencia Nacional de Seguridad de los Productos que coordine las actuaciones de las distintas administraciones y la información sobre riesgos y productos defectuosos para el consumidor. En este sentido, consideró necesario que se oriente al ciudadano "hacia un consumo sostenible y respetuoso con el medio ambiente", intensificando las campañas públicas de sensibilización social.
Por otro lado, la OCU ha demandado que se cree un sistema general de información sobre las listas de espera de Sanidad que sea "público, transparente y comparable". Además, ha reclamado que se garanticen por ley unos tiempos máximos de espera en las distintas etapas de la atención sanitaria "para que los ciudadanos no sufran demoras excesivas".
También en materia sanitaria, propuso una modificación de la actual ley contra el tabaquismo "para que no se permita fumar en ningún espacio público compartido" y que se endurezca la fiscalidad del tabaco.
Finalmente, la OCU consideró imprescindible que se regule el derecho de huelga a través de una ley "que garantice lo dispuesto en la Constitución" y que evite, especialmente en los servicios de interés general, "los abusos contra los consumidores cometidos por determinados colectivos de trabajadores" de esos sectores.
* EL Mundo - Europa Press - 07/02/2008
Foto: La vivienda, uno de los temas que más preocupa a la OCU / EFE
Más manifestaciones para exigir una vivienda digna
ADN* : El 1 de marzo será el día de la vivienda digna. O por lo menos eso esperan los responsables del colectivo ciudadano V de Vivienda, que han convocado para ese día varias manifestaciones en toda España. En medio de lo que ellos describen como "una desvergonzada subasta de promesas electorales" y ante el pesimismo económico derivado sobre todo de la desaceleración del sector inmobiliario, este colectivo reclama el derecho "a una vivienda digna".
Problema estructural
Según explicó ayer Daniel Jiménez, un portavoz de V de Vivienda, se ha escogido el 1 de marzo "porque queremos recordar, antes de las elecciones, que hay un problema económico y estructural en España: la vivienda".
Las concentraciones, que tendrán lugar en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Granada, Santander y en otras nueve ciudades españolas, pretenden denunciar "el sistema especulativo de la vivienda que sufrimos", dice este grupo.
El colectivo V de Vivienda quiere llamar la atención de los políticos "para recordar que la Administración también es responsable del aumento de precios de la vivienda". Como alternativa a la situación actual, el colectivo ha lanzado una serie de propuestas para combatir la especulación y el urbanismo salvaje . Éstas pasan por una moratoria en la ejecución de planes urbanísticos mientras no estén guiados por el interés general; trasparencia en los datos relativos al acceso a la vivienda y protección del medio ambiente.
Además piden la creación de un amplio parque público de vivienda en alquiler social así como medidas fiscales que penalicen la especulación inmobiliaria.
El dato: El 40% de las oficinas inmobiliarias en España -unas 32.000- cerró en 2007 por la crisis que atraviesa el sector.
Aún no hay madrileños con renta de emancipación
Ningún madrileño ha conseguido un mes después los 210 euros mensuales de la renta básica de emancipación según explicó ayer la Ministra de Vivienda Carme Chacón. Ésta dijo que de las 4.161 solicitudes presentadas en la región sólo una ha sido tramitada y tras su evaluación rechazada la Comunidad explicó que ésa fue una prueba para ver si funcionaba el sistema.
Chacón comparó este dato con las 1.932 solicitudes (el 15% del total que alcanza las 33.199) que han sido resueltas en toda España.
* ADN - Thaïs Gutiérrez - 06/02/2008
Foto: Protesta por una vivienda digna en octubre pasado / EFE
Madrid: Vecinos acusan al Ayuntamiento de especular con la reforma del mercado de Legazpi
MADRIDIARIO* : La Asociación de Vecinos Nudo Sur afirmó este miércoles que la reforma del mercado de frutas y verduras de Legazpi oculta una operación especulativa que afecta a tres grandes parcelas de Madrid, "mientras se perpetúa la situación tercermundista de muchos servicios públicos en el distrito de Arganzuela".
Los vecinos denunciaron que el Ayuntamiento está gestionando con criterios de rentabilidad económica el suelo público que debería ser destinado a dotaciones básicas como centros educativos, deportivos, sociales y sanitarios. "Esta zona de Arganzuela ha sufrido un fuerte crecimiento de población joven que se prevé en alza en los próximos años. Sin embargo, el nivel de dotaciones públicas es tercermundista", afirman.
Así, subrayaron que el distrito, con 153.000 habitantes, sólo cuenta con 2 institutos de educación secundaria públicos mientras que cualquier población de tamaño comparable multiplica por 5 o más el número de centros (Getafe, 14; Castellón, 12; León,10; Logroño, 8;Huelva, 14).
Además, apuntaron que la situación es exactamente la misma en materia de educación infantil, ya que sólo hay dos escuelas infantiles para 153.000 habitantes. "El distrito cuenta con la mitad de superficie en equipamientos deportivos de la media de Madrid. Las carencias se extienden a servicios públicos fundamentales como recursos sanitarios, atención a la población mayor, bibliotecas ( con una única biblioteca en el distrito)", agregó la Asociación de Vecinos Nudo Sur.
"Mientras, el Ayuntamiento traslada Gerencia de Urbanismo para poder especular con los terrenos de la calle Guatemala (16.000 m2) y regala una edificabilidad de 30.000 m2 a la iniciativa privada, sin que haya ninguna compensación de suelo dotacional en el distrito", subraya. Los vecinos entienden que éste es un buen ejemplo de la política de Gallardón, con"grandes proyectos modernizadores que esconden, bajo la fachada, intereses especulativos a costa de los derechos más básicos ciudadanos".
Por todo ello, la AV Nudo Sur exigió al Ayuntamiento que reconsidere el proyecto o compense a los vecinos del distrito por la pérdida de un espacio necesario para el desarrollo de equipamientos públicos.
* Madridiario - 06-02-2008 - MDO / E.P
Foto: Madrid, mercado Legazpi - mercado.afectadosnudosur.com
La coordinadora de ´La Región de Murcia No se Vende´ dice que a los imputados por corrupción ´no les cabe presunción de inocencia´
LAOPINIÓN/Murcia* : La Coordinadora 'La Región de Murcia No se Vende' manifestó hoy en un comunicado de prensa que a los imputados o procesados en casos de corrupción urbanística "no les cabe en modo alguno implorar el principio de presunción de inocencia".
Esta coordinadora pide además que al igual que ocurre con los condenados por narcotráfico, cuyo patrimonio se incauta y se destina a 'Proyecto Hombre', que el patrimonio acumulado pro los condenados por delitos de corrupción sea también incautado y destinado a reparar daños ambientales generados por la actividad corrupta, o a proyectos ecológicos, sociales y culturales en los municipios afectados.
Además manifiesta su apoyo la actuación de las Fuerzas de Seguridad, de la Fiscalía, y de la Judicatura en torno a los casos de corrupción urbanística, y exigen "respeto a su dignidad e independencia", al tiempo que advierte que "aun quedan muchos casos por terminar y por descubrir".
La coordinadora 'La Región de Murcia No se Vende' está integrada por 65 asociaciones de vecinos, de consumidores, ecologistas, naturalistas y culturales, entre ellas, Ecologistas en Acción,Asociación de Naturalistas del Sureste, y Foro Ciudadano de la Región; Foro Social de la Región.
* La Opinión de Murcia - EFE - 06 de febrero de 2008
Foto: Murcia no se vende, manifa 5m - vegamediapress
Ciudades más sanas
JOAQUÍN CASARIEGO* : Una de la corrientes más actuales y prometedoras se podría definir agrupando múltiples posiciones (unas vigentes y otras canceladas con el tiempo), todas ellas caracterizadas por un factor común: la importancia de la ecuación hombre / naturaleza. Posiciones que toman hoy una especial relevancia, por la contundencia con que ciertos fenómenos, como por ejemplo, el llamado cambio climático, se están haciendo escuchar, pero que, paradójicamente, nacen de la misma raíz problemática que aquellas que surgieron por reacción contra la naturaleza: entiéndase contra los efectos del comportamiento errático, inclemente y destructivo de la naturaleza.
El Urbanismo, como cuerpo disciplinar, también se desarrolló como un antídoto contra los efectos nocivos de los fenómenos naturales, y de hecho, las corrientes de defensa de los valores de éstos fueron en un principio tachadas de un cierto anti-Urbanismo.
La hipótesis central con que hoy se presenta este movimiento, podría enunciarse, muy sintéticamente, del siguiente modo. Las formas de urbanización en la construcción moderna de las ciudades se han ido alejando gradualmente de los procesos naturales, generando modelos de desarrollo autónomos y desvinculados del medio ambiente que los envuelve.
El predominio del componente económico que está en su base ha desembocado en estructuras urbanas socialmente costosas, ambientalmente desintegradas y paisajísticamente destructivas, dividiendo en dos, por un lado la ciudad y por otro el campo, un sistema que es único, y rompiendo así el normal encadenamiento de los procesos vitales, en los cuales la aparición de unos fenómenos daban cabida a otros, en una suerte de asistencia recíproca y permanente retroalimentación.
Los actuales sistemas de urbanización despilfarran los recursos existentes y rompen con la riqueza, la complejidad y la diversidad ecológica de los lugares en los que se implantan. En resumen, la ciudad actual no contribuye al desenvolvimiento vital de las personas y las posterga a un tipo de alienación con efectos físicos y psicológicos muy perjudiciales para la colectividad.
Es este un movimiento que se hizo fuerte durante los años sesenta del pasado siglo con la irrupción de la Ecología y otras corrientes medioambientales, pero que había mostrado sus primeros síntomas desde finales del XIX, con la crítica a la ciudad industrial y sus secuelas en términos de congestión, hacinamiento, insalubridad, criminalidad, etc. Desde entonces, la vuelta a la naturaleza como planteamiento ideológico diferenciado había tomado cuerpo con múltiples formas en Europa y Norteamérica, y tanto las reivindicaciones agrarias en el viejo continente como las posiciones pastoralistas, en el nuevo, consolidaban sus posiciones mediante acciones de fuerte incidencia política y social.
La generalización del suburbio residencial, como tipología urbana a medias entre la ciudad y el campo, y la construcción de los grandes parques decimonónicos (Hyde Park en Londres y Central Park en Nueva York, como tópicos), respondían en parte a este tipo de reclamaciones, aunque éstos fueran utilizados en muchos casos como pretexto para la puesta en el mercado de nuevos lotes de suelo edificable.
Aun aceptando las importantes contribuciones sobre Ecología y Urbanismo, por parte de MacCaye y Odum, realizadas durante los años cuarenta y cincuenta del pasado siglo, la primera aportación de rigor no se hace hasta 1969 con el discurso de MacHarg, en el que se puede apreciar un cambio sustancial respecto a los planteamientos del Urbanismo tradicional. La referencia ahora no es la ciudad, sino el medio físico globalmente considerado, y los objetivos, por tanto, no son la mejora de las condiciones espaciales o funcionales, sino la máxima utilidad social del territorio, en función de la naturaleza intrínseca de cada una de sus partes y sus usos posibles.
La visión de MacHarg, no era una nueva corriente a secas, sino que comportaba un cambio radical de mentalidad a la hora de posicionarnos intelectual y éticamente ante el medio físico: cómo afrontarlo, analizarlo, evaluarlo y cómo intervenir en él. Ello fue probablemente lo que hizo más difícil su utilidad inmediata y su operatividad como instrumento urbanístico.
Más incisivos y divulgados han sido los trabajos sobre la sostenibilidad, término de amplia resonancia y calado, que va a aflorar como resultado de la controversia entre desarrollo y medio ambiente, desatada durante los setenta y ochenta. El Desarrollo Sostenible es un concepto nuevo que se acuña por primera vez dentro de lo que se llamó el Informe Brundtland, publicado en 1987, como conclusiones de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, coordinada por la política noruega Gro Harlem Brundtland.
Lo que en síntesis venía allí a plantearse era la necesidad de ampliar el contenido de dicha controversia, tanto en el espacio como en el tiempo: es decir, trasladarla a la escala planetaria y observarla desde periodos más largos. El Desarrollo Sostenible, en suma, debía combinar el crecimiento económico con una más justa distribución espacial y social de sus beneficios, sin comprometer los recursos medioambientales, pero no sólo los de esta generación, sino también los de las generaciones futuras.
Consecuencia directa y práctica de este nuevo planteamiento fueron las llamadas Agendas 21, que surgían en 1992, en el seno de la conocida Conferencia de Río. Su propósito era establecer programas de plazo largo y amplia temática, elaborados desde el prisma medioambiental y con efectos concretos sobre el territorio. Con su desarrollo y puesta en práctica, se pretendía un rendimiento más sostenible de las empresas, así como una mejoría en la gestión de los recursos naturales, la racionalización de las emisiones, la puesta en uso del patrimonio, etc... con un compromiso explícito por parte de las administraciones locales y una más efectiva participación ciudadana.
Las Agendas, que fueron especialmente impulsadas por la Unión Europea, han sido una oportunidad excepcional para que muchas áreas geográficas que no lo habían hecho dispusieran de un diagnóstico medioambiental completo y actualizado. Sin embargo, la falta de un empeño real por parte de los responsables de su gestión, y la carencia de un contexto apropiado para su aplicación, han hecho de ellas unos instrumentos de dudosa efectividad.
Por otro lado, fenómenos sociales emergentes como el triunfo de lo individual, así como la disolución gradual de los vínculos locales y vecinales, que algunos reconocen como efectos directos de la globalización, facilitaron el florecimiento de formas de urbanización extensas y difusas, dominadas por el alojamiento privado, sin servicios comunes, ni espacios donde poner en práctica la participación: una de las expresiones urbanas que más se ajusta a lo que podríamos entender como una ciudad insostenible.
Su desarrollo, además de dificultar la sociabilidad, ha supuesto, en términos infraestructurales, un enorme sobrecosto, tanto para garantizar la movilidad territorial, como para llegar con las redes básicas a la totalidad del vecindario. Es por esta causa, que uno de los retos del Urbanismo más responsable se haya planteado en los últimos años, el combatir estas formas de urbanización, mediante el fomento de modelos más densos, nucleados y jerarquizados, a partir de una mayor especialización de los centros, diversificación de los transportes y creación de unidades residenciales compactas e integradas, donde prive la circulación peatonal.
Enfoques premonitorios, como el Growth Management, de aplicación directa de los planteamientos de MacHarg, y por tanto, de contención y control del crecimiento, o el Transit Oriented Development, de Peter Calthorpe, basado en el control de la forma urbana a través de la intensificación del transporte público (trenes, tranvías y autobuses), ya estaban en esa línea de una mayor sostenibilidad. Otros enfoques más recientes, como el Smart Growth, (que alude a un crecimiento al tiempo inteligente, elegante, distinguido, atractivo, de moda...) recogen casi con absoluta fidelidad los principios anteriormente señalados de densidad, diversidad, compacidad y calidad ambiental. Aunque el discurso más divulgado sea probablemente el ideario de Richard Rogers titulado 'Ciudades para un Pequeño Planeta', donde, con Londres como referente, el arquitecto británico expone de forma muy expresiva sus condiciones para llevar a cabo una ciudad sostenible.
Es Curitiba, sin embargo, el ejemplo de sostenibilidad urbana más reiteradamente premiado y aplaudido. La ciudad brasileña, que gozó en los últimos años de una sucesión encadenada de gobernantes y gestores excepcionales, mostraba sin paliativos lo que el Urbanismo puede llegar a hacer, cuando una serie de parámetros confluyen en la dirección favorable. Con el marco general de un plan redactado en 1966, y una estrategia triple muy elaborada, la ciudad sumaba cada año resultados igualmente positivos tanto en lo económico como en lo medioambiental.
Una estrategia centrada en el fomento del transporte público y el autobús como base: exclusivo en las vías más densas, y dominante en el resto del tejido. Un sistema de parques urbanos, aprovechando los márgenes de los ríos, para así impedir las inundaciones, y asegurar, de este modo, la continuidad espacial y el desarrollo efectivo de los circuitos limpios. Y una nueva corona de parques industriales de alta tecnología, dedicados, entre otras funciones, al reciclaje de los productos de desecho, que la misma ciudad utiliza para funciones diversas.
De este modo, es el prestigio de la ciudad y la influencia de la propia marca lo que estimula la acción y la participación colectiva de los ciudadanos.
* JOAQUÍN CASARIEGO ES ARQUITECTO Y CATEDRÁTICO DE URBANISMO.
* La Provincia - Opinión - 04 de febrero de 2008
Marbella: Nueva condena contra Julián Muñoz por delitos urbanísticos
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LAOPINIÓN/Málaga* : El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y la que fuera edil en esta ciudad María Luisa Alcalá han sido condenados a un año de prisión y nueve años de inhabilitación para cargo público por un delito urbanístico al otorgar una licencia para construir 108 viviendas en suelo clasificado como zona deportiva.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, ha sido dictada hoy por el Juzgado de lo Penal número 7 de Málaga y absuelve a los ex ediles de Marbella Mario Jiménez Notario, Rafael González Carrasco, Manuel Calle Arcal y Dolores Zurdo, que habían sido acusados por la Fiscalía de un delito continuado contra la ordenación del territorio.
Muñoz y Alcalá formaban parte de la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Marbella celebrada el 27 de marzo de 1998 que aprobó el proyecto de ejecución correspondiente a una licencia de obras concedida a las entidades Jotsa y Promotora Uno SA para la construcción de un edificio de 108 viviendas, locales comerciales y aparcamientos en el núcleo marbellí de San Pedro de Alcántara.
En la resolución judicial, que una vez firme deberá remitirse al Consistorio marbellí, se declara asimismo la nulidad de las licencias de obra mayor concedidas a ambas entidades.
No obstante, señala que la anulación no conllevará la demolición del edificio porque en el procedimiento no figuran como responsables civiles los titulares de las licencias, y debido a la actual calificación urbanística que otorga al terreno el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella.
El terreno, situado en la avenida Príncipe de Asturias, en la parcela conocida como Los Arquillos, tenía la clasificación de suelo rústico según el PGOU de 1968, la cual cambió a zona de equipamiento deportivo de uso público conforme al plan parcial de ordenación aprobado el 22 de julio de 1982.
En los hechos probados se señala que no consta que el secretario municipal hiciera objeción alguna de legalidad a las licencias, ni advirtiera de que existían informes técnicos contrarios. Tampoco existe decreto de la Alcaldía por el que se delegara a la comisión de gobierno el otorgamiento de licencias urbanísticas, añade.
El juez no accede a la petición de atenuante por dilación indebida del proceso porque, aunque el procedimiento ha tardado casi 9 años en tramitarse, de este tiempo debe descontarse el periodo que estuvo suspendido por planteamiento de la cuestión prejudicial (cinco años).
Según el magistrado, el periodo restante, "si bien prolongado, no puede calificarse de excesivo", habida cuenta del número de acusados, de los cambios de letrados, del número de recursos interpuestos y de pruebas propuestas y admitidas por las partes, que han determinado que la causa cuente con siete tomos, argumenta.
Julián Muñoz, imputado en el caso Malaya, cumple actualmente condena por dos causas urbanísticas.
* La Opinión de Málaga - EFE - 06 de febrero de 2008
Foto: Marbella (Málaga), vista aérea - laopiniondemalaga.es
Murcia: La juez investiga si Armero pagó con pisos y locales los favores urbanísticos que recibía
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LAVERDAD* : ¿Pisos a nueve, diez u once millones de pesetas en el año 2005? Parece que sí, que todavía existían. Al menos, para el alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, quien adquirió una vivienda al supuesto precio de 64.193,7 euros (unos 10.695.000 pesetas) a su amigo y antes jefe, el constructor Facundo Armero.
La adquisición se formalizó el 23 de marzo del 2005 y, según se recoge en la denuncia interpuesta por la Fiscalía, fue la empresa Explotaciones Lo Ruiz S.L., de la que era administrador el propio Armero, quien le vendió el piso.
«Lo del piso, (Facundo) me vendió el piso al mismo precio que se lo vendió a todos los que están vivienda allí. O sea, que yo tengo las notas simples de todos los pisos, y el mío no es el más caro ni el más barato. Todos están entre los nueve, diez y once millones de pesetas», explicaba en mayo del 2007 el alcalde al entonces consejero de Presidencia, Fernando de la Cierva, cuando éste le preguntaba por las posible razones por las que la Fiscalía podía haber abierto una investigación a García Madrid.
Pero el fiscal no cree que el valor real del piso sean esos 64.193,7 euros, ni piensa que sea casual que se lo comprara a la firma Explotaciones Lo Ruiz S.L.
Y no lo cree porque se da la circunstancia de que, al cabo de poco más de un año de que se cerrase esa compra, la citada empresa de Facundo Armero se vio favorecida por una decisión municipal, consistente en una licencia para construir un salón de celebraciones y banquetes, de nombre Acuario, en unos terrenos no urbanizables y en contra del informe jurídico de los técnicos del Ayuntamiento, que advertían de que esta obra no podía considerarse «al servicio de la carretera».
Así lo relata el fiscal en la denuncia que dio origen a la investigación coordinada por la titular del juzgado de Primer Instancia e Instrucción número 4 de San Javier, Aránzazu Moreno.
«PREVARICACIÓN Y COHECHO»
Estos hechos, según el Ministerio Público, podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación, «al conceder una licencia posiblemente ilegal, que supondría dictar una resolución arbitraria en un asunto administrativo, a sabiendas de su injusticia». También podrían ser constitutivos, según señala, de otro delito de cohecho, «por la aceptación (por parte del alcalde) de adquisición de un piso, por un precio muy reducido, a cambio de favores posteriores».
Si el constructor Facundo Armero hubiese pagado de esa forma el supuesto trato preferente que se le estaría dando desde el Ayuntamiento de Torre Pacheco -algo que está tratando de determinar la investigación judicial en curso-, no se habría tratado de un hecho aislado.
Así, y según se recoge en el relato realizado por el Ministerio Fiscal, al que La Verdad ha tenido acceso, la concejal de Infraestructuras, Josefa Marín Otón, que igualmente trabajó para Armero antes de entrar en política, también se habría beneficiado por la adquisición de bienes inmuebles a un precio presuntamente más bajo del de mercado. Dos empresas del constructor pachequero, Suelos Urbanos Pacheco S.L. y Promociones Nueva Sucina S.L., habrían vendido a la edil Marín Otón y a su marido, Francisco Javier Rodríguez Mañogil, un bajo comercial de 139 m2, por importe de 66.642 euros, y una nave industrial de 2.097 m2, por importe de 267.773 euros. En este último caso, el fiscal ha aportado en su denuncia un certificado de tasación de otra nave en el mismo polígono, por importe de 413.693 euros.
El propio fiscal reseña en su denuncia que «se desconoce la razón por la que se vende a la concejal o a su marido -casados en régimen de gananciales- los citados inmuebles a unos precios tan bajos».
«IRREGULARIDADES URBANÍSTICAS»
«En el año 2004 se realizan en el seno del Ayuntamiento citado un gran número de operaciones urbanísticas que podrían exceder en muchos casos las meras irregularidades administrativas», señala en su denuncia el Ministerio Público, para dar paso a otro capítulo de supuestas corruptelas.
Tras indicar que las relaciones entre el alcalde García Madrid y la concejal Josefa Marín con el constructor Armero «vienen de épocas inmediatamente anteriores a coger aquéllos sus cargos políticos», especifica que García Madrid ejerció como abogado para el empresario y que la edil fue también empleada suya.
Pues bien, pese a que la ley les obligaba a ambos a abstenerse de participar en cualquier acto administrativo que pudiera tener relación con su antiguo patrón, ambos votaron en comisión de gobierno, en varias ocasiones, a favor de que se abonasen a Facundo Armero distintas facturas, obras, certificaciones y órdenes de pago, en concreto a su empresa Construcciones Torre Pacheco S.A. Constan al menos siete pagos de facturas, por un importe global de 755.872 euros (casi 126 millones de pesetas).
«En esas votaciones -insiste el fiscal- incumplen ambos denunciados el deber de abstención que les viene impuesto por el artículo 28 de la Ley 30/92», de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. Y considera que, sólo por estos hechos, pueden haber incurrido el alcalde y la concejal en los supuestos delitos de negociaciones prohibidas a los funcionarios, fraude y tráfico de influencias.
«ADJUDICACIONES DIRECTAS»
Otra de las cuestiones que la Fiscalía consideraba que debían ser investigadas es la que se refiere a los convenios urbanísticos suscritos entre empresas de Facundo Armero -y que, en algún caso, como es el de Polaris World Development S.L., también lo eran de quien fue su socio Pedro García Meroño- y el Ayuntamiento de Torre Pacheco.
Reseña aquí el fiscal que «otra de las actividades realizadas por el Ayuntamiento encabezado por el alcalde consiste en utilizar los convenios urbanísticos para adjudicar de forma directa obras a determinadas empresas (...), y ello evitando la aplicación de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
De esta forma, en al menos tres convenios firmados con las empresa Polaris World Development S.L., Mar Menor Capital S.L. y Promlev S.L. habrían sido eximidos de abonar el 10% del aprovechamiento urbanístico al Ayuntamiento, a cambio de construir, respectivamente, un edificio para los servicios de seguridad, una biblioteca y una escuela infantil en Balsicas, además de asfaltar una carretera.
El problema, en estos casos, no era que el municipio se viese compensado, sino que con esas decisiones se estaba incumpliendo supuestamente la ley que obliga a adjudicar esas obras (biblioteca, centro integral de seguridad, guardería...) mediante concurso público. Y ello, según el fiscal, constituye una irregularidad más.
* La Verdad - M. BUITRAGO / R. FERNÁNDEZ - 6 febrero 2008
Foto: REGISTRO. Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil se llevan cientos de expedientes del Ayuntamiento de Torre Pacheco en el registro realizado el 19 de junio pasado. / JOSÉ M RODRIGUEZ / AGM
Anticorrupción estudia utilizar el delito de asociación ilícita en el ´caso Teresitas´
LAPROVINCIA/Tenerife* : ¿Fue un cúmulo de irregularidades independientes llevadas a cabo sin ningún tipo de organización o el pelotazo de Las Teresitas responde a una maquinaria político-empresarial puesta en marcha de forma coordinada y con el fin de delinquir? Ésa es la duda que existe en la actualidad en la Fiscalía Anticorrupción para definir penalmente el caso cuyo sumario ocupa gran parte del despacho de la magistrada Carla Bellini.
Según los datos que ha podido manejar este periódico, la teoría de que el delito de asociación ilícita pudiera imputarse en el caso Las Teresitas no es ningún disparate y, con los argumentos que pudieran encontrarse en la parte del sumario que aún permanece secreto, es muy posible.
Según recoge el Artículo 515 del Código Penal, "son punibles las asociaciones ilícitas", y para definir la actuación de los imputados en Las Teresitas habría que ceñirse a lo que reza en el apartado primero del citado artículo: se considera delito a "las asociaciones que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, promuevan su comisión".
Es por ello que, según el Artículo 515 del Código Penal, se podría encuadrar lo ocurrido en el caso Las Teresitas como un ejemplo de asociación ilícita. Para ello, la Fiscalía Anticorrupción tendría que hilvanar toda la trama desde el principio y cuadrar los papeles de todos y cada uno de los agentes que participaron en la ejecución del pelotazo.
Para empezar, es clave delimitar el papel del abogado de la Junta de Compensación, Mauricio Hayek, que como ha quedado probado cobró tanto de la parte que lo contrató (la Junta) como de Inversiones Las Teresitas, la sociedad propiedad de Ignacio González y Antonio Plasencia, que ganó 120 millones de euros en la operación.
En este punto, la relación entre la parte que compra los terrenos de la playa y la que los vende parece acreditada con la figura del letrado Mauricio Hayek.
EL CRÉDITO. Otra pata para poder imputar el delito de asociación ilícita está en el crédito que se concedió a Inversiones Las Teresitas. Con una presunta filtración de una sentencia del Tribunal Supremo que otorgaba a los terrenos la posibilidad de construir en el frente de playa, la investigación tendrá que acreditar si los altos cargos de la entidad bancaria estaban informados de todos los datos y por eso accedieron a la concesión del crédito sin apenas garantías.
Y por último está el Ayuntamiento de Santa Cruz, con Miguel Zerolo a la cabeza. En este punto, la investigación deberá acreditar que el consistorio era conocedor de la intención de los empresarios de dar el pelotazo, y facilitó el mismo con recalificaciones de suelo y a través de la compra del frente de playa por un valor muy superior al de mercado. Esta parte, por lo que se ha sabido en fuentes consultadas, también parece acreditada para imputar la asociación ilícita.
* La Provincia - PEDRO GUERRA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 06 de febrero de 2008
Foto: Santa Cruz de Tenerife, manifestación Ayuntamiento (archivo)- laprovincia.es
Alboraia: Los padres de un colegio denuncian 'mobbing' inmobiliario
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ELPAÍS/Valencia* : La falta de suelo público en el núcleo urbano de Alboraia debida al exponencial crecimiento demográfico de este municipio -casi pegado a Valencia a través de cuatro kilómetros de huerta- está provocando el caos entre los padres del colegio Ausiàs March, que desde el 31 de marzo de 2007 llevan a sus hijos a una escuela cuyo suelo ya no es de propiedad municipal, pues se permutó hace años.
Al calvario de las familias de los 190 niños de 3 a 12 años del Ausiàs March por la provisionalidad del centro se añade ahora una situación que califican de "mobbing inmobiliario", según han denunciado varios padres entrevistados. "El mobbing consiste en que todas las calles y accesos al colegio están afectadas por obras que hacen imposible seguir las clases, porque los decibelios superan lo permitido", explican Carmen y María Ángeles, dos madres que padecen esta situación desde hace años.
"Por un lado, están dos grandes máquinas de una depuradora que limpia el barro y las aguas procedentes de las ya de por sí ruidosas obras de ampliación del metro. Por otro, los contenedores que remueven la tierra; y, finalmente, está el inicio de las obras de una finca que fue demolida por aluminosis".
"Estamos viviendo una situación de mobbing inmobiliario total", según ha acuñado Juan Carlos, otro padre que adelanta que "la solución" del Ayuntamiento pasa por convertirlos en desplazados saharauis a un centro cívico de la Patacona, a tres kilómetros del casco urbano.
La asociación de padres de alumnos del Ausiàs March, que se reúne hoy, se debate entre llevar a sus hijos a la Patacona o solicitar al Ayuntamiento, gobernado por el PP, que les ceda un espacio provisional en el polideportivo que hay al final del pueblo. "Aunque se tendrían que instalar aulas prefabricadas", comenta Carmen, "sería una opción más razonable, sobre todo, para las familias con hijos pequeños que tienen que ser cambiados por las mamás".
El pelotazo -ya que "en vez de hacer una expropiación se permutó y reclasificó el suelo rústico del nuevo colegio por suelo urbanizable, lo que ha desembocado en el Tribunal Supremo"- supone "una renuncia al derecho de los hijos a tener una escuela en el núcleo urbano", según denuncian el PSOE, el Bloc y los independientes de CIALBO. "Éste es el mejor resumen de la política educativa del PP estos años", remató el edil socialista Josep Moratal.
* ELPAIS.com - NEUS CABALLER - Valencia - 06/02/2008
Foto: Alboraia protesta 2005, Salvem L'Horta clama contra la urbanización de más de un millón de metros cuadrados - T.Castro, elpais.com
Córdoba: El TSJA anula el plan que daba cobertura a las naves de Colecor, que seguirán ilegales
TERRA* : Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anula el acuerdo del Pleno municipal del 12 de enero de 2006 por el que se aprobaba el plan especial Carretera de Palma del Río que, entre otras cuestiones, daba cobuertura legal a las naves ilegales de Colecor edificadas por Arenal 2000, propiedad de Rafael Gómez Sánchez.
El fallo del Alto Tribunal estima así el recurso presentado por la Consejería de Obras Públicas y otros propietarios de suelo en la zona de afección del plan a finales de 2006, aunque las causas que esgrime para ello se alejan de la cuestión matriz de la polémica que se ha arrastrado estos años: la edificación de unos naves de 40.000 metros cuadrados para venta al por mayor detrás de la antigua lechera y de forma ilegal. La sentencia de la Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, argumenta como motivo principal para estimar el recurso que el Ayuntamiento permitió que fuera un privado y no la institución pública quien 'formulara' el plan especial que recogía el PGOU de Córdoba para ordenar los usos de una vasta zona al oeste de 155 hectáreas. En este caso, Arenal 2000 inició la tramitación con el primer avance en mayo de 2003 hasta su aprobación por el Pleno el 12 de enero de 2006.
Curiosamente, como pone de manifiesto el auto, Gómez sólo posee 10 hectáreas de las 155,5 que regula este plan (apenas un 7 por ciento). Al respecto, el auto deja claro que 'la ordenación urbanística constituye una función pública y no sólo una expectativa privada'. Si bien admite que los planes especiales 'pueden formularse por los particulares', en este caso, matiza que 'no era posible por tratarse de un plan especial de desarrollo del PGOU, por disposición expresa de este planeamiento general'.
Los otros dos reparos que acepta el Alto Tribunal son también de índole formal. Por un lado, el no haberse innovado el PGOU para alterar el trazado de la vía pecuaria Cañada Real Soriana, paralela a la A-431, y para la que se planteaba su traslado a la espalda del ámbito del plan, en paralelo al Canal del Guadalmellato. De igual modo, el tribunal ha considerado que nunca se justificó la razón por la que se designó un área de unos 80.000 metros cuadrados junto a Colecor, el centro de menores y otras edificaciones antiguas, para fijar usos recreativos, hostelero y turístico, con el consiguiente beneficio privado de tal elección.
Sobre el epicentro del recurso de la Junta (que también aludía a la formulación, vía pecuaria y usos recreativos y turísticos, como los otros demandantes privados), la sobredimensión de lo edificado en el área de Colecor y la inadecuación de los usos (almacén de venta al por mayor) habilitados para un suelo clasificado como no urbanizable de especial protección, el TSJA rechaza de plano las argumentaciones de Obras Públicas, y considera 'correcto' el tratamiento dado en el plan especial a esa zona (una de las nueve en que se dividen las 155 hectáreas).
El fallo otorga 'discrecionalidad razonable' al Ayuntamiento para fijar los usos en esta zona de suelo no urbanizable 'en función del mejor interés público' aunque se 'primen los privados'. En el caso de Colecor, el TSJA recuerda que el PGOU permite conservar los usos industriales históricos de la antigua lechera, rehabilitarlos, ampliarlos y hasta fijar otros nuevos complementarios, cuestiones que mantiene el plan especial.
Entiende pues que está justificado por el Ayuntamiento su inclusión sin, además, especificar cuánto se puede edificar, elemento que deja para el proyecto de actuación. Sí admite el TSJA que dicho plan podría haber 'limitado la edificabilidad', aunque considera 'suficiente' lo hecho por Urbanismo al respecto.
De otro lado, la sentencia tumba otros argumentos de la Junta como el riesgo de asentamientos irregulares o la permisividad de edificar viviendas en las partes agrícolas sobre un tope de superficie.
Cuatro años de trámites
Las consecuencias de este fallo, esperado y más rápido de lo que otros asuntos de lo Contencioso-Administrativo arrastran, apuntan en varios frentes en un tempo político de precampaña electoral. Por un lado, el Ayuntamiento, a través del presidente de la Gerencia de Urbanismo, dejó ayer claro que no recurrirán la sentencia, que no es firme y cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Tampoco parece que la Junta lo vaya a hacer, quedando esta vía en manos de Gómez y los otros propietarios.
Palma, todos los trámites posteriores en cascada se suprimen. Esto es, Urbanismo deberá formular de nuevo el plan especial con una tramitación que conllevará más de un año mínimo. Se tendrá que ver las caras de nuevo con la Junta. Y, posteriormente, tendrá que tramitar el proyecto de actuación que Rafael Gómez le elevará de nuevo (más años) para solicitar, a posteriori, las pertinentes licencias (momento en el que se encontraba ahora mismo).
Es decir, las naves siguen siendo ilegales, la sanción por valor de 24 millones de euros, sin pagar (es firme en la vía administrativa municipal, que aún no ha ejecutado, y está recurrida en el TSJA), aunque este fallo no le afecta. Las dudas sobre la actividad real en las instalaciones, persisten.
Una tramitación urbanística que ha durado casi cuatro años (en enero se aprobó el proyecto de actuación), empieza de nuevo. Y la consecuencia política: Ayuntamiento y Junta (IU y PSOE) tendrán que verse de nuevo las caras para resolver el punto caliente del plan (Colecor) a sabiendas de que 'todos' llevan razón en parte.
* Terra Actualidad - VMT - 06/02/2008
Foto: Córdoba, naves de Colecor - terra.es
El urbanismo insostenible amenaza las Reservas de la Biosfera
ECOLOGISTASENACCIÓN* : Coincidiendo con la celebración del III Congreso Mundial de las Reservas de la Biosfera, Ecologistas en Acción expone el riesgo que supone el urbanismo insostenible para la conservación de estos espacios declarados por la UNESCO. El hotel El Algarrobico, en Almería, o el hotel Papagayo Arena, en Lanzarote, son sólo algunos de los ejemplos más conocidos.
La Red de Reservas de la Biosfera españolas, son espacios singulares declaradas por la UNESCO como áreas en las que demostrar, promover y presentar relaciones armoniosas del ser humano con su entorno, aplicando el desarrollo sostenible. Por ello, los gobiernos autonómicos y los responsables de estos espacios deberían poner en marcha mecanismo de desarrollo socioeconómico diferentes al urbanismo.
Sin embargo, en la mayor parte de las 38 áreas que forman la Red de Reservas de la Biosfera, el urbanismo insostenible, previsto o en ejecución, está causando graves daños.
A modo de ejemplo, algunas de las Reservas Biológicas (RB) con proyectos urbanísticos son:
R.B. Sierra de Grazalema (Cádiz): Construcción de viviendas en Benaocaz denunciadas por su incompatibilidad con la conservación del paisaje y de la tipología tradicional de los pueblos blancos. Reclasificaciones masivas de terrenos en Prado del Rey, dos millones de metros cuadrados para construir 1.000 nuevas viviendas.
R.B. Cabo de Gata-Nijar (Almería): Construcciones ilegales y reclasificaciones de una superficie de dos millones de metros cuadrados. Hay destacar las construcciones de el hotel El Algarrobico, Agua Amarga, urbanizaciones en San José y la Isleta del Moro. Estas actuaciones está destruyendo los valores etnográficos y paisajísticos de la Reserva de la Biosfera.
R.B. Urdabai (Vizcaya): Reclasificación de 270.000 metros cuadrados para la construcción de 50 chales en Ibarrangelu, entre las marismas y el encinar cantábrico.
R.B. La Palma (Canarias): En esta isla declarada en su totalidad Reserva de la Biosfera el plan general de la capital, Santa Cruz de la Palma, ha provocado el rechazo de la coordinadora de vecinos de la ciudad por considerar que incumple los objetivos de sostenibilidad ambiental. Además el cabildo está tramitando un Plan Territorial Especial de la Ordenación de la Actividad Turística junto con un documento titulado Sostenibilidad y viabilidad económica de la red completa de campos de golf. Estos proyectos consolidan el modelo de turismo convencional (ocupación y destrucción del territorio, elevado consumo de agua, etc). Además el Plan Territorial ordena para uso turístico suelo incluido en la Red de Espacios Naturales de Canarias, algo contrario a la Ley de Espacios Naturales de Canarias.
R.B. Lanzarote (Canarias): Otra isla declarada Reserva de la Biosfera, en su totalidad. Sin embargo el puerto deportivo Marina Rubicón, en Yaiza, destruyó un sebadal, una playa y el entorno de Bahía de Berrugo. Uno de los casos más conocidos es la construcción del hotel Papagayo Arena sobre terrenos que el ministerio de Medio Ambiente quiere expropiar.
R.B. Gran Canaria (Canarias): Dentro de la zona de Reserva de la Biosfera se ha planteado el proyecto Anfi-Tauro, que incluye 3.600 nuevas camas y puertos deportivos en el litoral de Tauro. El proyecto afecta al Lugar de Interés Comunitario (LIC) “Franja Marina Costera de Mogán”, Reserva Mundial de la Biosfera, a especies en peligro de extinción como la tortuga boba (Caretta caretta).
R.B. Ordesa Viñamala (Huesca): Proyecto de ampliación de la urbanización de Formigal junto con la ampliación de la estación de esquí, y el nuevo aparcamiento de Espelunciecha, todo ello en la Reserva de la Biosfera de Ordesa Viñamala (Aragón).
R.B. Cuenca Alta del Manzanares (Madrid): Construcción de viviendas en el pie de La Pedriza, zona núcleo de la reserva de la Cuenca Alta del Manzanares. Nuevo plan general de Torrelodones plantea la reclasificación de 1.300.000 metros cuadrados de encinar para construir 1.500 viviendas y un campo de golf.
R.B. Sierra del Rincón (Madrid): En Puebla de la Sierra, municipio de 60 habitantes permanentes, se prevé la construcción de 51 chales sobre un robledal centenario, único en la Comunidad de Madrid.
Estos son solo una parte de los proyectos que demuestran como las Reservas de la Biosfera se declaran sin interés de aplicar los principios fundamentales de estos espacios, el fomento de un desarrollo armónico entre el ser humano y la naturaleza.
* Ecologistas en Acción - Naturaleza, 6 de febrero 2008
Foto: Reservas de la Biosfera - ecologistasenaccion.org
El Supremo bloquea una gran urbanización en el Cabo de Gata
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ELPAÍS/Almería* : El proyecto para la construcción de Marinas de Aguamarga, la urbanización más ambiciosa de todas las que se proyectan en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar, se quedará en el papel. El Tribunal Supremo (TS) ha anulado parcialmente una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que había validado la construcción de la macrourbanización, frente a la declaración de impacto ambiental desfavorable que dictó la Junta.
La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, subrayó ayer que el fallo del Supremo le da la razón a su departamento "en todos sus extremos" y supone una "importantísima victoria jurídica" tras diez años de procesos judiciales.
La sentencia, del pasado 12 de diciembre, se conoció ayer a la par que el Consejo de Gobierno andaluz aprobó los planes de ordenación de recursos naturales y rector del parque natural de Cabo de Gata-Níjar, que elevan la protección de los terrenos donde se proyecta Marinas de Aguamarga y también La Fabriquilla. Ambos suelos pasan de ser urbanizables (nivel D) a de especial protección y no urbanizables (nivel B).
No obstante, en el caso de La Fabriquilla, los promotores cuenta con sentencias firmes del Supremo que les autorizan a construir. La nueva ordenación impide igualmente edificar en la zona donde se levantó el hotel Algarrobico, que pasa a ser pública y deberá regenerarse.
La promoción de Aguamarga contempla la construcción de 350 viviendas en 48 hectáreas y un complejo hotelero de 300 camas en una pedanía que supera escasamente los 200 habitantes y que, además de encontrarse en pleno parque natural, está catalogada como Reserva de la Biosfera, zona Hábitat y de Especial Protección para las Aves.
En las normas subsidiarias del planeamiento de Níjar de 1987 (entonces gobernada por el PSOE) los terrenos a desarrollar aparecen clasificados como urbanos o urbanizables. Fue en 1996, coincidiendo con el trámite para la renovación de las normas nijareñas, cuando la declaración de impacto ambiental de la zona aconsejó una nueva catalogación del espacio, motivo por el que la delegación provincial de la Consejería de Obras Públicas denegó la aprobación del nuevo planeamiento.
La decisión de la Junta abrió un dilatado proceso judicial en el que el Ayuntamiento de Níjar y por el promotor de Marinas de Aguamarga planearon hasta 14 recursos, el penúltimo, aceptado por el TSJA, pero finalmente rechazado por el Supremo.
"El fallo ratifica la lucha que la Junta está haciendo en la protección y conservación de Cabo de Gata", dijo ayer la consejera, quien explicó que la sentencia también estipula que el Gobierno no tiene por qué indemnizar al promotor ni compensar al Ayuntamiento de Níjar con permutas de terrenos.
La consejera expresó su confianza en que el caso del hotel Algarrobico tenga idéntica conclusión.
A la espera del pronunciamiento de TSJA sobre el fondo del asunto, el suelo sobre el que se asienta será ya público (cuando entre en vigor los decretos de los planes aprobados). De momento, hay dos fallos judiciales que favorecen a las tesis del Gobierno y la Junta.
* ELPAIS.com - ROSABEL RODRÍGUEZ / ISABEL PEDROTE - Almería / Sevilla - 06/02/2008
Foto: Aguamarga - Níjar (Almería) - teleprensa.net
¿Ciudades difusas?
ORIOL BOHIGAS* : La Diputación de Barcelona, a través de su Observatorio Territorial, está publicando en estos últimos años algunos trabajos de investigación urbanística oportunos y cualificados. Desde 2002 han salido a la luz los diversos títulos de la colección Territorio y Gobierno: Visiones y en 2007 se inició Estudios, que incluye la serie Territorio. El primer volumen es La ciudad de baja densidad. Lógicas, gestión y contención, un conjunto de textos coordinados por Francesco Indovina, procedentes de un curso del Centre Ernest Lluch de noviembre de 2004. No hay duda de que la dispersión urbana es uno de los fenómenos más contradictorios de la ciudad reciente.
¿Por qué se mantiene y aumenta continuamente esa tendencia hacia la ciudad difusa, la extensión desordenada más allá de sus límites naturales, sus murallas, fuera de la cohesión y la compacidad que la tradición urbana había establecido? No hay duda de que esa dispersión tiene unos elevados costes económicos, ambientales y, sobre todo, sociales. Porque no se trata sólo del despilfarro de suelo o de la multiplicación excesiva de servicios y flujos circulatorios. Se trata, sobre todo, de la pérdida de los valores sociales de la urbanidad, de la eliminación de las bases colectivas y cohesionadoras de la ciudad. En algunos capítulos del libro que comentamos se analizan estos costes y se comprende que son objetivamente insostenibles con los recursos económicos disponibles. La ciudad dispersa es, en principio, una ciudad imposible, pero, paradójicamente, no sólo existe en todas partes, sino que se produce con una intensidad creciente desde hace 50 años. Es una realidad en ciudades y países muy distintos, lo cual hace pensar que hay razones profundas y complejas que la justifican en términos muy esenciales.
En diversos textos del libro se intentan algunas explicaciones a este fenómeno. Indovina resume así el tema: "En definitiva, este es el circuito: desarrollo económico (industrial) de la ciudad, emigración del campo a la ciudad, crecimiento de la densidad, aumento de los precios inmobiliarios y predisposición del campo a dejarse urbanizar constituyen los ingredientes que dieron origen a una transformación del territorio que ya no se ha detenido". Pero a estos elementos -propios de la lógica del crecimiento en el auge de un cambio productivo-, se añaden otros factores, como pueden ser los cambios de formas de vida, la mitología de la segunda residencia, la avasallante especulación territorial, las facilidades de un transporte aparentemente rápido, el populismo político y vecinal que acaba logrando las infraestructuras aparentemente urbanizadoras, las necesidades de grandes superficies productivas que sólo son posibles en el espacio fuera murallas o la imposibilidad de que la industria fraccionada absorba los costos especulativos del suelo dentro de las murallas.
La cuestión fundamental es, no obstante, decidir -o, en este caso, sugerir a partir del análisis sociológico- qué política se podría adoptar para conseguir la reurbanización, es decir, una nueva calidad urbana para esa dispersión suburbial. Para ello hay dos puntos de partida radicales: el de los que creen que la única solución es volver a meter a la ciudad dentro de las murallas, imponer el diseño de la coherencia y la compacidad y, enfrente, el de los que creen que la situación, en manos del mercado, es ya irreversible y que no hay más solución que aceptar -e incluso favorecer- ese nuevo tipo de ciudad, apoyándola e incluso favoreciéndola con servicios y estructuras, asumiendo colectivamente los costes elevadísimos. Pero, entre extirpar y favorecer, la mayor parte de autores de los textos se deciden a favor del corregir, con la doble aceptación contradictoria de que el fenómeno es nefasto pero irreversible, permanente pero corregible.
Como suele ocurrir en la mayoría de textos teóricos sobre urbanismo, los resultados prácticos son de eficacia muy discutible. Al fin, incluso, la voluntad de corregir implica la aceptación acrítica de una injusticia social implantada con el señuelo de una felicidad prefabricada por la propaganda consumista y por los intereses especulativos. Corregir es, en parte, aceptar y, quizá, rendirse. Es aceptar que el suburbio no puede ser más que el resultado del fomento de una sociedad suburbial, una sociedad coherente con la permanente contradicción entre bienestar y malestar. Es decir, la corrección no va a resolver el problema, sino aplazarlo, esperando cambios más revolucionarios e intransigentes. Pero, sea como sea, el conjunto de textos incluidos en La ciudad de baja densidad son unos estudios magníficos sobre un fenómeno urbano paradójico que se ha convertido en un virus mortal para las esencias sociales de la ciudad europea.
* ELPAIS.com - Cataluña - Opinión - 06/02/2008
El constructor exigía el 50% de la obra pública de Fuente Álamo
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LAVERDAD/Murcia* : A Facundo Armero, hombre poco acostumbrado al parecer a no ver satisfechos sus deseos, le dio un buen disgusto su amigo el arquitecto municipal de Fuente Álamo, José Mariano Sánchez Martini, el 16 de junio del 2007, cuando le informó de uno de los planes de la alcaldesa María Antonia Conesa. «Tiene interés en darle lo del circuito de velocidad a La Generala», le dijo. Y Armero montó en colera. «¿Me lo tenía prometido! ¿Prometió totalmente!», tronó, como un dios griego.
Pero no tardó en ver la luz. Cuando el alto funcionario público le advirtió de que «vamos a hacer un montón de proyectos». Entonces, el constructor pareció olvidar su enfado y dio por zanjado el asunto: «Yo, yo quiero el 50%».
Ésta es la forma en que se recoje en las diligencias instruidas por la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de San Javier, que ha coordinado la operación contra la corrupción en Torre Pacheco y Fuente Álamo. Lo que sigue es un extracto de la conversación que el citado día intervinieron los especialistas de la Guardia Civil.
-José Mariano: Pos el martes, pos aquí estamos... Y que, que me ha dicho que tiene interés en darle lo del circuito de velocidad a La Generala.
- Facundo: No creo.
-José Mariano: Me ha dejado muerto. Me dice que a ti te ha prometido el otro colegio.
-Facundo: Que a mí no me ha prometío nada...
-José Mariano: Y que vamos a hacer un montón de proyectos, pero que todos seguidos no te los puede dar.
-Facundo: Pero si yo estoy de acuerdo que todos no. El martes voy a ir. Yo el miércoles no puedo ir, ¿eh?
-José Mariano: Venga... No, si ella se lo ha dicho a Carmen Garre y tal y como está ahora, eufórica, pos digo, bueno, pos te citas a (inteligible) Yo no sé si del circuito te había dicho algo...
-Facundo: ¿Prometío totalmente!
-José Mariano: Pues eso digo, que...!
-Facundo: ¿Pero totalmente, eh!
-José Mariano: Ahora, me extraña...
-Facundo: ¿Totalmente!
-José Mariano: ...que me salga que... Además, creo que estuvo la pasada semana el Manolo aquí, comiendo con ella, y no sé qué... Y que, y que, claro, que le tiene que dar algo, y que esta obra y que no sé qué... Pero, La Generala, con todo el follón político que hay? Hombre, no ha salido nada de lo que se esperaba, digo, pero, pero ya los tenemos con la basura, también nos van a hacer obras (...)
-Facundo: No, no, pero yo, yo... ¿el martes voy a ir; voy a poner las cosas encima de la mesa, pero bien puestas, eh!
-José Mariano: Y si no, que te saque la lista de todas las obras que vamos a hacer, que vamos a hacer un mogollón. Y vamos a hacer una biblioteca... Tú le dices..., que te lo diga ella, pero ya me ha dicho..., me ha encargado una biblioteca, un auditorio, eh...
-Facundo: Yo, yo quiero el 50%.
-José Mariano: Ya está, el Ayuntamiento nuevo, la plaza del Ayuntamiento, el edificio... o sea, hay un montón de cosas... Pues que te dé una lista y... Pero que te la dé, vamos, firmá. Porque, aquí, estar peleando y dando la vuelta a las cosas para ná. Luego te aparezca un tipo de éstos y, hostias, se lleve las obras, pijo. Como el Pedro Méndez.
-Facundo: Bueno, no pasa ná.
-José Mariano: Ha estado, ha estado pagándoles, a los del CIFA (fonético), las fiestas, pa las elecciones.
-Facundo: ¿Ha estado qué?
-José Mariano: Pagándole a los del CIFA ése del Agustín, pagándole a la Nuria Fergó y to eso pa las elecciones. Pa la campaña.
-Facundo: ¿Si? ¿Si? Hostias...
-José Mariano:Sí, sí, y además eso lo dice todo el mundo.
-Facundo: Sí, sí.
-José Mariano: Y ahora tú le vas a dar obras, para que..., para que se financie...
* La Verdad - 05.02.08 - R. F. / M. B.
Foto: Fuente Álamo (Murcia) - ayto-fuentealamo.es
Alicante: El PGOU caduca y habrá que empezarlo de nuevo
INFORMACIÓN* : Transcurridos más de ocho años desde la adjudicación de su redacción, y cinco desde que la Conselleria de Medio Ambiente y Urbanismo le diera el visto bueno inicial mediante la aprobación del concierto previo, el Ayuntamiento de Alicante va a tener prácticamente que partir de cero en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el documento urbanístico más importante de la ciudad, ya que el 18 de abril próximo caduca la prórroga que le concedió la Generalitat al no haber continuado su tramitación y no haberlo expuesto al público.
La caducidad de la aprobación inicial, denominada en terminología urbanística el "concierto previo", resulta inevitable ya que en los dos meses y medio que faltan para el 18 de abril es completamente imposible que el alcalde pueda someter a exposición pública la totalidad del PGOU, puesto que el concurso del contrato para completar su redacción ni siquiera se ha adjudicado. Es cierto que la Concejalía de Urbanismo podría hacer la "trampa" de sacar a información la parte del PGOU que está redactada, pero nunca tendría el carácter oficial de "exposición pública", como exige la normativa de la Conselleria de Urbanismo, puesto que no se podrían presentar alegaciones a la totalidad del documento.
Por tanto, la anulación del concierto previo va a provocar un daño irreparable a la ciudad, ya que se pierden muchos años de trabajos, informes y estudios sobre la revisión del Plan General de la ciudad, así como alrededor de un millón de euros gastados en la redacción de los mismos por el equipo que dirigía el arquitecto catalán Lluis Cantallops.
La propia Generalitat, a través de la directora general de Ordenación del Territorio, Soledad Martínez, ha remitido un escrito al alcalde, Luis Díaz Alperi, en el que recuerda que el citado 18 de abril caduca la prórroga de un año que se le concedió para exponer al público el PGOU sin que este trámite se haya producido. Una prórroga extraordinaria, ya que el decreto 36 del 13 de abril de 2007 del Consell establece la anulación del concierto previo a todos los Ayuntamientos que mantengan el PGOU sin exponerlo al público durante un año. Como el concierto previo al PGOU de Alicante se concedió en marzo de 2003 y seguía paralizado, su caducidad era automática, pero se le concedieron los doce meses de prórroga al admitir el Consell que Alicante había superado el concierto previo antes de la promulgación del decreto y que, por tanto, no podía aplicarse la caducidad de forma retroactiva.
El año de suplemento concedido no ha servido para nada, ya que el Plan sigue bloqueado y como máximo Alperi conseguirá que en abril se haya adjudicado el concurso para completar su redacción.
La anulación, por tanto, va a acumular todavía más retrasos en la tramitación de un documento, que hay que recordar que se remonta a diciembre de 1999, y que fue entregado casi completado por Cantallops a la Concejalía de Urbanismo a finales del año 2004.
* Información - Alicante - MANUEL DOPAZO - 05 de febrero de 2008
Foto: Vista parcial de la ciudad, en una imagen de archivo - JOSÉ NAVARRO, diarioinformacion.com
Costas derriba el primer gran edificio del GIL en Estepona
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ELPAÍS/Málaga* : Los derribos no tienen por qué ser tristes, ni ir rodeados de polémicas y manifestaciones. El equipo de Gobierno de Antonio Barrientos (PSOE) celebró como si fuera una fiesta el inicio de la demolición de un gran edificio ilegal en primera línea de playa que pretendían convertir en hotel. La construcción, paralizada desde 2003, invade parte del dominio público marítimo terrestre, tiene un exceso de edificabilidad y produce un efecto pantalla sobre la playa de La Rada, la más concurrida del municipio.
"Hoy es un día inmensamente feliz, con esta actuación se pone fin al último vestigio del gilismo en Estepona", dijo Barrientos. La licencia se concedió en 1996, durate la etapa en la que el Grupo Indpendiente Liberal (GIL), famoso por sus desmanes urbanísticos, estaba en el Gobierno. Para el alcalde, la construcción del hotel obedecía a una operación encubierta para la construcción de 100 apartamentos.
La razón de esta alegría es que el Ayuntamiento ha conseguido dar el paso con el consenso de la promotora Prasa, que recibirá una compensación por los daños económicos en forma de aumento de edificabilidad, y la financiacion del Ministerio de Medio Ambiente, que asume los 1,2 millones de euros que costará echarlo abajo. Al acto también acudió Juan Carlos Fernández-Rañada, jefe de la Demarcación de Costas de Andalucía Mediterránea, y próximo coordinador de Urbanismo de Marbella y técnicos de la promotora.
Los trabajos comenzaron a mediodía, hora a la que llegó una máquina con pinzas que comenzaron a morder el forjado de sus siete plantas. La tarea, a la que se unirán dos máquinas más en los próximos días, llevará unos dos meses, ya que hay que limpiar los escombros y llevar a reciclar las partes del edificio que puedan ser aprovechables.
Tras la demolición de la estructura el edificio pasará de tener 22.000 metros cuadrados edificables a 7.000 y la promotora podrá construir sin sobrepasar las dos alturas. El acuerdo, que el Ayuntamiento y la promotora rubricaron el 20 de noviembre, contempla compensar a la constructora Prasa por la superficie que se demuele en la parcela de La Rada y por las pérdidas ocasionadas durante la tramitación del expediente. A cambio se le ofrece un aumento de edificabilidad de 25.000 metros cuadrados en unos terrenos ubicados en primera línea de playa, en Arroyo Antón, en el extrarradio del municipio. Los suelos, propiedad de Prasa, pasarán a disponer de un total de 35.000 metros cuadrados de techo, aunque la operación urbanística no culminará hasta que se apruebe el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Estepona.
"Es una solución que, desde el punto de vista estético y visual, permite recuperar la perspectiva visual clásica de Estepona, que se pueda ver el faro desde la Playa de la Rada, porque el edificio lo tapaba todo", mantuvo el concejal de Urbanismo, Rafael Duarte.
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Marbella - 05/02/2008
Foto: Vecinos de Estepona, junto al conjunto que comenzó a ser demolido - JULIÁN ROJAS, elpais.com
Nos preocupa Gran Scala; nos preocupa Aragón…
LOS MONEGROS NO SE VENDEN/Manifiesto* : El proyecto Gran Scala, presentado recientemente de forma espectacular, nos preocupa profundamente. Nos preocupa por el modelo de desarrollo que entraña, insostenible desde todas sus concepciones y por el déficit democrático con que ha sido gestado para que viera la luz. El gobierno de Aragón le ha brindado unilateralmente su apoyo, comprometiendo modificaciones legislativas sin haberlas sometido a debate y que habrán de ser financiadas con el dinero de todos los aragoneses y aragonesas.
El proyecto prevé 32 casinos, 70 hoteles, 200 restaurantes, grandes lagos artificiales con orcas, delfines, hoteles y restaurantes subacuáticos, 5 parques temáticos, hipódromo, plaza de toros y, por supuesto, campos de golf, como base para desarrollar una futura ciudad de 100.000 habitantes que espera acoger 25 millones de visitantes al año…
La empresa promotora, I.L.D., prevé una inversión de 17.000 millones de Euros por parte de inversores internacionales que aún no se han presentado. Esta empresa proyecta comprar 20 millones de metros cuadrados de monte comunal en Monegros, con el compromiso de nuestras autoridades de recalificarlos a urbanizables, operación en la que estos promotores pueden esperar beneficios que multipliquen por mil su inversión. En todo caso, la DGA adelanta ya su compromiso de construir 150 kilómetros de autovía (entre 4 y 14 millones de Euros por km), una estación especial del AVE, inversiones en aeropuertos, infraestructura eléctrica y obras hidráulicas para garantizar veinte millones de metros cúbicos de agua al año. Nos están hablando en definitiva de un número indeterminado de miles de millones de Euros del dinero de todos, como base de un negocio basado en el juego.
Como modelo se nos ofrece la ciudad de Las Vegas en EEUU. Un ejemplo paradigmático de consumismo, ausencia de principios éticos, desvertebración social, urbanismo especulativo e insostenibilidad. El modelo que los grandes empresarios del juego, vinculados con lo que podría llamarse el lado oscuro de la economía norteamericana, negociaron con las autoridades del Estado de Nevada: leyes laxas, agua y energía baratas (a costa de ingentes inversiones públicas y verdaderos desastres ecológicos), bajos impuestos para el juego y permisividad a todo tipo de negocios colaterales, como la prostitución o el tráfico de drogas…
Nos preocupa la evidente y abrumadora oleada de contradicciones que este proyecto suscita respecto al principio de sostenibilidad que hoy decimos defender. La sostenibilidad no consiste en usar bombillas de bajo consumo, si el objetivo es inundar de luz decenas de kilómetros cuadrados de fachadas, salones y jardines (se estima que Aragón aumentaría su producción de CO2 en más del 15%). La sostenibilidad no equivale a usar duchas, grifos o WC ahorradores si lo que se pretende es extender decenas de miles de metros cuadrados de lagos artificiales, miles de hectáreas de césped, exóticos jardines y cientos de ostentosas fuentes en medio de la estepa monegrina.
Nos preocupa que se nos proponga este modelo de desarrollo social y territorial y no queremos que se nos imponga algo tan ajeno y contrario al desarrollo rural por el que tanto se ha luchado, basado en promover nuestras capacidades productivas desde nuestros valores culturales, sociales y ambientales.
Nos preocupa y nos escandaliza que, tras años de conflicto hidráulico se acaben construyendo grandes presas para promover negocios de este estilo.
Nos preocupa el descrédito que proyectan sobre Aragón, quienes, habiendo usado los argumentos de la Nueva Cultura del Agua para luchar contra los Trasvases, promueven hoy un modelo de desarrollo, si cabe, más insostenible que el criticado en la costa mediterránea.
Nos preocupa y no compartimos la incoherencia del Gobierno de Aragón al promover con análogo entusiasmo el proyecto de la EXPO, bajo el lema "agua y sostenibilidad", y el de Gran Scala, que bien podría ir presidido por la sentencia "todo vale".
Nos preocupa que la degradación ética y política que subyace tras este modelo de desarrollo acabe imponiéndose. Un modelo en el que manda el dinero de negocios, cuando menos de dudosa moralidad, y en el que los derechos ciudadanos, sociales y sindicales se diluyen, en nombre de un mal entendido progreso, como de hecho ha ocurrido y ocurre en Las Vegas.
No compartimos el modelo de sociedad y el mundo de valores y expectativas que este proyecto auspicia, así como las perspectivas de inseguridad ciudadana y delincuencia organizada que este tipo de negocios favorece.
Nos preocupa que, una vez más, se juegue de forma tan irreflexiva con el dinero de todos para amparar y favorecer negocios privados de corte especulativo, lejanos al verdadero interés general de la sociedad aragonesa. Está todavía por hacer, cuando menos, un estudio riguroso que clarifique cual sería el balance económico-financiero para las cuentas públicas.
Nos genera cierta vergüenza ajena ese regusto a "¡Bienvenido Mr.Marshall!", cargado de riesgos e intereses oscuros, que ya sentimos anteriormente con otros proyectos, como el famoso Rubiatrón, que al igual que Gran Scala, fueron rechazados por otros países más prudentes y sensatos, antes de que Aragón los acogiera con entusiasmo.
Por todo ello, desde posiciones ideológicas diferentes y preocupados de forma diversa por las cuestiones planteadas, queremos manifestar nuestra oposición a un proyecto que ni en el fondo ni en las formas nos gusta para nuestra comunidad, y llamamos a todos y todas a realizar un esfuerzo de reflexión y debate en torno a este proyecto, al tiempo que exigimos a la DGA prudencia, sensatez y sentido de la dignidad; especialmente cuando se juega con miles de millones del erario público.
Exigimos a la DGA que suspenda cualquier decisión de gobierno relacionada con el proyecto y que se abra un amplio debate social que aborde las necesidades reales de Aragón y su territorio y que marque las prioridades de desarrollo teniendo en cuenta el impacto social, medioambiental, económico y financiero de las propuestas desde la perspectiva del interés general.
* Los Monegros No Se Venden - 1 de febrero de 2008
Sólo cuatro concellos han hecho los deberes para salvar la Lei do Litoral
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ELCORREOGALLEGO* : Un año después de que el Gobierno gallego habilitase la Lei de Medidas Urxentes de Protección do Litoral, sólo cuatro de los 83 ayuntamientos afectados por la paralización transitoria de la construcción en los primeros 500 metros de costa han cumplido las condiciones para que la suspensión se levante en sus territorios.
Un año atrás, A Pobra do Caramiñal (A Coruña) era el único concello litoral con su plan urbanístico adaptado, parcialmente, a las exigencias vigentes recogidas en la Lei do Solo de 2002. En los ocho meses de restricción sólo cuatro municipios más -Vigo, Vilanova de Arousa, Moaña y Muxía- han hecho los deberes y están en condiciones de recibir el visto bueno de la Consellería de Política Territorial a sus planes urbanísticos revisados.
Para estos cuatro concellos la prohibición quedará levantada en cuanto el departamento autonómico, que dispone de tres meses para resolver el último trámite a contar desde la llegada a sus oficinas de toda la documentación precisa, dicte la aprobación definitiva.
La Lei de Medidas Urxentes de Protección do Litoral fue aprobada por el Ejecutivo gallego el 8 de febrero de 2007 y remitida al Parlamento, donde se tramitó con carácter urgente. Fue la respuesta del Gobierno bipartito al urbanismo salvaje, que, no sólo en las Rías Baixas, empezaba a avanzar de forma preocupante en áreas tradicionalmente menos afectadas por la presión urbanística como la Costa da Morte. La condición: adaptarse a la Lei do Solo vigente y superar planeamientos obsoletos que, algunos redactados en la década de los 60, calificaban como superficie urbana terrenos que exigían protección.
La Consellería de Política Territorial, encabezada por María José Caride, advirtió y advierte de que "a mellor estratexia" para que se levante la suspensión cautelar para nuevos desarrollos urbanísticos en la franja de los 500 metros es "a aprobación dos respectivos planes xerais de ordenación urbanística municipal" y su adaptación a la legislación vigente, la Lei do Solo, aprobada en 2002 por el Gobierno del Partido Popular.
Debates y consecuencias
Prevenir la "marbellización" de la costa gallega ha sido el objetivo de una normativa que no ha dejado de suscitar debates y que nació acompañada de alarmas sobre las consecuencias económicas del parón inmobiliario.
Desde los sectores económicos implicados -promotores, constructores e inmobiliarias- se ha recriminado al bipartito que la prohibición de construir en los primeros 500 metros de costa funcione de forma generalizada, sin delimitar zonas.
Denuncian los efectos negativos que los ocho meses de vigencia de la ley están significando para la actividad. El presidente de la Federación Gallega de la Construcción, Eligio Nieto, mantiene que la ley se podría "haber mejorado" para permitir construir ordenadamente "sin paralizar al cien por cien la construcción en el litoral". Asegura que "todos queremos" estas medidas de protección de la costa, pero "no metiendo en el mismo baúl" a todos los municipios.
* El Correo Gallego - AGN • SANTIAGO - 04.02.2008
Foto: Sanxenxo (Pontevedra) - mma.es
Región de Murcia, donde vive la corrupción
VEGAMEDIA/ElConspirador* : Si el escándalo de Marbella ocupó numerosos espacios en los medios audiovisuales, lo de la Región de Murcia no se sostendría ni con 24 horas de programación exclusiva. Totana, Los Alcázares, San Javier, Torre Pacheco, Fuente Álamo, Águilas, Puerto Lumbreras, Villanueva, Ulea, Ojós, Fortuna, Abanilla, Librilla, Alcantarilla… Imputados alcaldes, concejales, secretarios municipales, arquitectos municipales, diputados regionales, jefes de policía local, directores generales, secretarios generales, empresarios… Cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de fondos, apropiación indebida, delitos urbanísticos, compra de votos y hasta pederastia.
Y encima, algunos de los más ilustrados y bienpagados se permiten llamar “tonto del capullo” al fiscal jefe, “hijos de puta” a algunos periodistas y medios de comunicación, “tontos” a los ciudadanos, y coger cargada la escopeta que les ha regalado un padrino para irse a cazar a un país de la Europa del Este.
Malditos estos políticos. Malditos. Los que se pasean por sus pueblos de poco más de mil habitantes en coches de diez millones de pesetas, riéndose en la cara de quienes con buena intención depositaron su voto, esperando un gobierno de equidad. Malditos los que se adjudican sueldos casi millonarios sin saber hacer una o con un canuto, para después dedicarse en sus dedicaciones exclusivas, a contar billetes de 500 euros ¿Cuántos ha visto usted? y ponerlos a buen recaudo.
Malditos estos políticos. Los mismos que están felices de que parte de la sociedad murciana trabaje, coma, y duerma, pero que no piense, porque los mass media que pagan con millones de euros tienen anestesiada a la ciudadanía con vamos a contar mentiras.
Malditos estos políticos. Que han convertido nuestra Región en el hazmerreir de España y Europa y han hecho bueno el dicho de “mata el rey y vete a Murcia”. Han llenado la región de resorts y campos de golf, en los que nunca meteremos la bola en el hoyo, para presentar en la feria internacional de turismo lo que en realidad es en parte el producto de la especulación, la corrupción de cuello blanco, el enriquecimiento ilícito, producto de esas maravillosas urbanizaciones, las mismas que están dando con los huesos de más de uno en la cárcel.
Malditos estos políticos. Qué ejemplo para las jóvenes generaciones, a las que queremos legar una tierra limpia, próspera, equilibrada, y con futuro. Cómo serán los políticos murcianos de mañana con estos profesores especializados en toma el dinero y corre.
Malditos sean estos políticos. Desde hace tres años veníamos anunciando lo que ahora está ocurriendo, y por ello nos despreciaron, e intentaron hundirnos, mientras otros acudían, incrédulos a nuestras páginas, creyendo que lo que decíamos era el cuento de la lechera, que nunca iba a acabar.
Malditos políticos. Sin ideología alguna. Ni de derechas, ni de izquierdas, ni de centro. Son solo chorizos de guante blanco que avergüenzan con sus actos a esta Región. Malditos sinvergüenzas.
* Vegamedia Press - El conspirador - 03/02/2008
