Sólo cuatro concellos han hecho los deberes para salvar la Lei do Litoral

ELCORREOGALLEGO* : Un año después de que el Gobierno gallego habilitase la Lei de Medidas Urxentes de Protección do Litoral, sólo cuatro de los 83 ayuntamientos afectados por la paralización transitoria de la construcción en los primeros 500 metros de costa han cumplido las condiciones para que la suspensión se levante en sus territorios.

Un año atrás, A Pobra do Caramiñal (A Coruña) era el único concello litoral con su plan urbanístico adaptado, parcialmente, a las exigencias vigentes recogidas en la Lei do Solo de 2002. En los ocho meses de restricción sólo cuatro municipios más -Vigo, Vilanova de Arousa, Moaña y Muxía- han hecho los deberes y están en condiciones de recibir el visto bueno de la Consellería de Política Territorial a sus planes urbanísticos revisados.

Para estos cuatro concellos la prohibición quedará levantada en cuanto el departamento autonómico, que dispone de tres meses para resolver el último trámite a contar desde la llegada a sus oficinas de toda la documentación precisa, dicte la aprobación definitiva.

La Lei de Medidas Urxentes de Protección do Litoral fue aprobada por el Ejecutivo gallego el 8 de febrero de 2007 y remitida al Parlamento, donde se tramitó con carácter urgente. Fue la respuesta del Gobierno bipartito al urbanismo salvaje, que, no sólo en las Rías Baixas, empezaba a avanzar de forma preocupante en áreas tradicionalmente menos afectadas por la presión urbanística como la Costa da Morte. La condición: adaptarse a la Lei do Solo vigente y superar planeamientos obsoletos que, algunos redactados en la década de los 60, calificaban como superficie urbana terrenos que exigían protección.

La Consellería de Política Territorial, encabezada por María José Caride, advirtió y advierte de que "a mellor estratexia" para que se levante la suspensión cautelar para nuevos desarrollos urbanísticos en la franja de los 500 metros es "a aprobación dos respectivos planes xerais de ordenación urbanística municipal" y su adaptación a la legislación vigente, la Lei do Solo, aprobada en 2002 por el Gobierno del Partido Popular.

Debates y consecuencias

Prevenir la "marbellización" de la costa gallega ha sido el objetivo de una normativa que no ha dejado de suscitar debates y que nació acompañada de alarmas sobre las consecuencias económicas del parón inmobiliario.

Desde los sectores económicos implicados -promotores, constructores e inmobiliarias- se ha recriminado al bipartito que la prohibición de construir en los primeros 500 metros de costa funcione de forma generalizada, sin delimitar zonas.

Denuncian los efectos negativos que los ocho meses de vigencia de la ley están significando para la actividad. El presidente de la Federación Gallega de la Construcción, Eligio Nieto, mantiene que la ley se podría "haber mejorado" para permitir construir ordenadamente "sin paralizar al cien por cien la construcción en el litoral". Asegura que "todos queremos" estas medidas de protección de la costa, pero "no metiendo en el mismo baúl" a todos los municipios.







* El Correo Gallego - AGN • SANTIAGO - 04.02.2008
Foto: Sanxenxo (Pontevedra) - mma.es