INFORMACIÓN* : Transcurridos más de ocho años desde la adjudicación de su redacción, y cinco desde que la Conselleria de Medio Ambiente y Urbanismo le diera el visto bueno inicial mediante la aprobación del concierto previo, el Ayuntamiento de Alicante va a tener prácticamente que partir de cero en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el documento urbanístico más importante de la ciudad, ya que el 18 de abril próximo caduca la prórroga que le concedió la Generalitat al no haber continuado su tramitación y no haberlo expuesto al público.
La caducidad de la aprobación inicial, denominada en terminología urbanística el "concierto previo", resulta inevitable ya que en los dos meses y medio que faltan para el 18 de abril es completamente imposible que el alcalde pueda someter a exposición pública la totalidad del PGOU, puesto que el concurso del contrato para completar su redacción ni siquiera se ha adjudicado. Es cierto que la Concejalía de Urbanismo podría hacer la "trampa" de sacar a información la parte del PGOU que está redactada, pero nunca tendría el carácter oficial de "exposición pública", como exige la normativa de la Conselleria de Urbanismo, puesto que no se podrían presentar alegaciones a la totalidad del documento.
Por tanto, la anulación del concierto previo va a provocar un daño irreparable a la ciudad, ya que se pierden muchos años de trabajos, informes y estudios sobre la revisión del Plan General de la ciudad, así como alrededor de un millón de euros gastados en la redacción de los mismos por el equipo que dirigía el arquitecto catalán Lluis Cantallops.
La propia Generalitat, a través de la directora general de Ordenación del Territorio, Soledad Martínez, ha remitido un escrito al alcalde, Luis Díaz Alperi, en el que recuerda que el citado 18 de abril caduca la prórroga de un año que se le concedió para exponer al público el PGOU sin que este trámite se haya producido. Una prórroga extraordinaria, ya que el decreto 36 del 13 de abril de 2007 del Consell establece la anulación del concierto previo a todos los Ayuntamientos que mantengan el PGOU sin exponerlo al público durante un año. Como el concierto previo al PGOU de Alicante se concedió en marzo de 2003 y seguía paralizado, su caducidad era automática, pero se le concedieron los doce meses de prórroga al admitir el Consell que Alicante había superado el concierto previo antes de la promulgación del decreto y que, por tanto, no podía aplicarse la caducidad de forma retroactiva.
El año de suplemento concedido no ha servido para nada, ya que el Plan sigue bloqueado y como máximo Alperi conseguirá que en abril se haya adjudicado el concurso para completar su redacción.
La anulación, por tanto, va a acumular todavía más retrasos en la tramitación de un documento, que hay que recordar que se remonta a diciembre de 1999, y que fue entregado casi completado por Cantallops a la Concejalía de Urbanismo a finales del año 2004.
* Información - Alicante - MANUEL DOPAZO - 05 de febrero de 2008
Foto: Vista parcial de la ciudad, en una imagen de archivo - JOSÉ NAVARRO, diarioinformacion.com
Alicante: El PGOU caduca y habrá que empezarlo de nuevo
Costas derriba el primer gran edificio del GIL en Estepona
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ELPAÍS/Málaga* : Los derribos no tienen por qué ser tristes, ni ir rodeados de polémicas y manifestaciones. El equipo de Gobierno de Antonio Barrientos (PSOE) celebró como si fuera una fiesta el inicio de la demolición de un gran edificio ilegal en primera línea de playa que pretendían convertir en hotel. La construcción, paralizada desde 2003, invade parte del dominio público marítimo terrestre, tiene un exceso de edificabilidad y produce un efecto pantalla sobre la playa de La Rada, la más concurrida del municipio.
"Hoy es un día inmensamente feliz, con esta actuación se pone fin al último vestigio del gilismo en Estepona", dijo Barrientos. La licencia se concedió en 1996, durate la etapa en la que el Grupo Indpendiente Liberal (GIL), famoso por sus desmanes urbanísticos, estaba en el Gobierno. Para el alcalde, la construcción del hotel obedecía a una operación encubierta para la construcción de 100 apartamentos.
La razón de esta alegría es que el Ayuntamiento ha conseguido dar el paso con el consenso de la promotora Prasa, que recibirá una compensación por los daños económicos en forma de aumento de edificabilidad, y la financiacion del Ministerio de Medio Ambiente, que asume los 1,2 millones de euros que costará echarlo abajo. Al acto también acudió Juan Carlos Fernández-Rañada, jefe de la Demarcación de Costas de Andalucía Mediterránea, y próximo coordinador de Urbanismo de Marbella y técnicos de la promotora.
Los trabajos comenzaron a mediodía, hora a la que llegó una máquina con pinzas que comenzaron a morder el forjado de sus siete plantas. La tarea, a la que se unirán dos máquinas más en los próximos días, llevará unos dos meses, ya que hay que limpiar los escombros y llevar a reciclar las partes del edificio que puedan ser aprovechables.
Tras la demolición de la estructura el edificio pasará de tener 22.000 metros cuadrados edificables a 7.000 y la promotora podrá construir sin sobrepasar las dos alturas. El acuerdo, que el Ayuntamiento y la promotora rubricaron el 20 de noviembre, contempla compensar a la constructora Prasa por la superficie que se demuele en la parcela de La Rada y por las pérdidas ocasionadas durante la tramitación del expediente. A cambio se le ofrece un aumento de edificabilidad de 25.000 metros cuadrados en unos terrenos ubicados en primera línea de playa, en Arroyo Antón, en el extrarradio del municipio. Los suelos, propiedad de Prasa, pasarán a disponer de un total de 35.000 metros cuadrados de techo, aunque la operación urbanística no culminará hasta que se apruebe el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Estepona.
"Es una solución que, desde el punto de vista estético y visual, permite recuperar la perspectiva visual clásica de Estepona, que se pueda ver el faro desde la Playa de la Rada, porque el edificio lo tapaba todo", mantuvo el concejal de Urbanismo, Rafael Duarte.
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Marbella - 05/02/2008
Foto: Vecinos de Estepona, junto al conjunto que comenzó a ser demolido - JULIÁN ROJAS, elpais.com
Nos preocupa Gran Scala; nos preocupa Aragón…
LOS MONEGROS NO SE VENDEN/Manifiesto* : El proyecto Gran Scala, presentado recientemente de forma espectacular, nos preocupa profundamente. Nos preocupa por el modelo de desarrollo que entraña, insostenible desde todas sus concepciones y por el déficit democrático con que ha sido gestado para que viera la luz. El gobierno de Aragón le ha brindado unilateralmente su apoyo, comprometiendo modificaciones legislativas sin haberlas sometido a debate y que habrán de ser financiadas con el dinero de todos los aragoneses y aragonesas.
El proyecto prevé 32 casinos, 70 hoteles, 200 restaurantes, grandes lagos artificiales con orcas, delfines, hoteles y restaurantes subacuáticos, 5 parques temáticos, hipódromo, plaza de toros y, por supuesto, campos de golf, como base para desarrollar una futura ciudad de 100.000 habitantes que espera acoger 25 millones de visitantes al año…
La empresa promotora, I.L.D., prevé una inversión de 17.000 millones de Euros por parte de inversores internacionales que aún no se han presentado. Esta empresa proyecta comprar 20 millones de metros cuadrados de monte comunal en Monegros, con el compromiso de nuestras autoridades de recalificarlos a urbanizables, operación en la que estos promotores pueden esperar beneficios que multipliquen por mil su inversión. En todo caso, la DGA adelanta ya su compromiso de construir 150 kilómetros de autovía (entre 4 y 14 millones de Euros por km), una estación especial del AVE, inversiones en aeropuertos, infraestructura eléctrica y obras hidráulicas para garantizar veinte millones de metros cúbicos de agua al año. Nos están hablando en definitiva de un número indeterminado de miles de millones de Euros del dinero de todos, como base de un negocio basado en el juego.
Como modelo se nos ofrece la ciudad de Las Vegas en EEUU. Un ejemplo paradigmático de consumismo, ausencia de principios éticos, desvertebración social, urbanismo especulativo e insostenibilidad. El modelo que los grandes empresarios del juego, vinculados con lo que podría llamarse el lado oscuro de la economía norteamericana, negociaron con las autoridades del Estado de Nevada: leyes laxas, agua y energía baratas (a costa de ingentes inversiones públicas y verdaderos desastres ecológicos), bajos impuestos para el juego y permisividad a todo tipo de negocios colaterales, como la prostitución o el tráfico de drogas…
Nos preocupa la evidente y abrumadora oleada de contradicciones que este proyecto suscita respecto al principio de sostenibilidad que hoy decimos defender. La sostenibilidad no consiste en usar bombillas de bajo consumo, si el objetivo es inundar de luz decenas de kilómetros cuadrados de fachadas, salones y jardines (se estima que Aragón aumentaría su producción de CO2 en más del 15%). La sostenibilidad no equivale a usar duchas, grifos o WC ahorradores si lo que se pretende es extender decenas de miles de metros cuadrados de lagos artificiales, miles de hectáreas de césped, exóticos jardines y cientos de ostentosas fuentes en medio de la estepa monegrina.
Nos preocupa que se nos proponga este modelo de desarrollo social y territorial y no queremos que se nos imponga algo tan ajeno y contrario al desarrollo rural por el que tanto se ha luchado, basado en promover nuestras capacidades productivas desde nuestros valores culturales, sociales y ambientales.
Nos preocupa y nos escandaliza que, tras años de conflicto hidráulico se acaben construyendo grandes presas para promover negocios de este estilo.
Nos preocupa el descrédito que proyectan sobre Aragón, quienes, habiendo usado los argumentos de la Nueva Cultura del Agua para luchar contra los Trasvases, promueven hoy un modelo de desarrollo, si cabe, más insostenible que el criticado en la costa mediterránea.
Nos preocupa y no compartimos la incoherencia del Gobierno de Aragón al promover con análogo entusiasmo el proyecto de la EXPO, bajo el lema "agua y sostenibilidad", y el de Gran Scala, que bien podría ir presidido por la sentencia "todo vale".
Nos preocupa que la degradación ética y política que subyace tras este modelo de desarrollo acabe imponiéndose. Un modelo en el que manda el dinero de negocios, cuando menos de dudosa moralidad, y en el que los derechos ciudadanos, sociales y sindicales se diluyen, en nombre de un mal entendido progreso, como de hecho ha ocurrido y ocurre en Las Vegas.
No compartimos el modelo de sociedad y el mundo de valores y expectativas que este proyecto auspicia, así como las perspectivas de inseguridad ciudadana y delincuencia organizada que este tipo de negocios favorece.
Nos preocupa que, una vez más, se juegue de forma tan irreflexiva con el dinero de todos para amparar y favorecer negocios privados de corte especulativo, lejanos al verdadero interés general de la sociedad aragonesa. Está todavía por hacer, cuando menos, un estudio riguroso que clarifique cual sería el balance económico-financiero para las cuentas públicas.
Nos genera cierta vergüenza ajena ese regusto a "¡Bienvenido Mr.Marshall!", cargado de riesgos e intereses oscuros, que ya sentimos anteriormente con otros proyectos, como el famoso Rubiatrón, que al igual que Gran Scala, fueron rechazados por otros países más prudentes y sensatos, antes de que Aragón los acogiera con entusiasmo.
Por todo ello, desde posiciones ideológicas diferentes y preocupados de forma diversa por las cuestiones planteadas, queremos manifestar nuestra oposición a un proyecto que ni en el fondo ni en las formas nos gusta para nuestra comunidad, y llamamos a todos y todas a realizar un esfuerzo de reflexión y debate en torno a este proyecto, al tiempo que exigimos a la DGA prudencia, sensatez y sentido de la dignidad; especialmente cuando se juega con miles de millones del erario público.
Exigimos a la DGA que suspenda cualquier decisión de gobierno relacionada con el proyecto y que se abra un amplio debate social que aborde las necesidades reales de Aragón y su territorio y que marque las prioridades de desarrollo teniendo en cuenta el impacto social, medioambiental, económico y financiero de las propuestas desde la perspectiva del interés general.
* Los Monegros No Se Venden - 1 de febrero de 2008
Sólo cuatro concellos han hecho los deberes para salvar la Lei do Litoral
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ELCORREOGALLEGO* : Un año después de que el Gobierno gallego habilitase la Lei de Medidas Urxentes de Protección do Litoral, sólo cuatro de los 83 ayuntamientos afectados por la paralización transitoria de la construcción en los primeros 500 metros de costa han cumplido las condiciones para que la suspensión se levante en sus territorios.
Un año atrás, A Pobra do Caramiñal (A Coruña) era el único concello litoral con su plan urbanístico adaptado, parcialmente, a las exigencias vigentes recogidas en la Lei do Solo de 2002. En los ocho meses de restricción sólo cuatro municipios más -Vigo, Vilanova de Arousa, Moaña y Muxía- han hecho los deberes y están en condiciones de recibir el visto bueno de la Consellería de Política Territorial a sus planes urbanísticos revisados.
Para estos cuatro concellos la prohibición quedará levantada en cuanto el departamento autonómico, que dispone de tres meses para resolver el último trámite a contar desde la llegada a sus oficinas de toda la documentación precisa, dicte la aprobación definitiva.
La Lei de Medidas Urxentes de Protección do Litoral fue aprobada por el Ejecutivo gallego el 8 de febrero de 2007 y remitida al Parlamento, donde se tramitó con carácter urgente. Fue la respuesta del Gobierno bipartito al urbanismo salvaje, que, no sólo en las Rías Baixas, empezaba a avanzar de forma preocupante en áreas tradicionalmente menos afectadas por la presión urbanística como la Costa da Morte. La condición: adaptarse a la Lei do Solo vigente y superar planeamientos obsoletos que, algunos redactados en la década de los 60, calificaban como superficie urbana terrenos que exigían protección.
La Consellería de Política Territorial, encabezada por María José Caride, advirtió y advierte de que "a mellor estratexia" para que se levante la suspensión cautelar para nuevos desarrollos urbanísticos en la franja de los 500 metros es "a aprobación dos respectivos planes xerais de ordenación urbanística municipal" y su adaptación a la legislación vigente, la Lei do Solo, aprobada en 2002 por el Gobierno del Partido Popular.
Debates y consecuencias
Prevenir la "marbellización" de la costa gallega ha sido el objetivo de una normativa que no ha dejado de suscitar debates y que nació acompañada de alarmas sobre las consecuencias económicas del parón inmobiliario.
Desde los sectores económicos implicados -promotores, constructores e inmobiliarias- se ha recriminado al bipartito que la prohibición de construir en los primeros 500 metros de costa funcione de forma generalizada, sin delimitar zonas.
Denuncian los efectos negativos que los ocho meses de vigencia de la ley están significando para la actividad. El presidente de la Federación Gallega de la Construcción, Eligio Nieto, mantiene que la ley se podría "haber mejorado" para permitir construir ordenadamente "sin paralizar al cien por cien la construcción en el litoral". Asegura que "todos queremos" estas medidas de protección de la costa, pero "no metiendo en el mismo baúl" a todos los municipios.
* El Correo Gallego - AGN • SANTIAGO - 04.02.2008
Foto: Sanxenxo (Pontevedra) - mma.es
Región de Murcia, donde vive la corrupción
VEGAMEDIA/ElConspirador* : Si el escándalo de Marbella ocupó numerosos espacios en los medios audiovisuales, lo de la Región de Murcia no se sostendría ni con 24 horas de programación exclusiva. Totana, Los Alcázares, San Javier, Torre Pacheco, Fuente Álamo, Águilas, Puerto Lumbreras, Villanueva, Ulea, Ojós, Fortuna, Abanilla, Librilla, Alcantarilla… Imputados alcaldes, concejales, secretarios municipales, arquitectos municipales, diputados regionales, jefes de policía local, directores generales, secretarios generales, empresarios… Cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de fondos, apropiación indebida, delitos urbanísticos, compra de votos y hasta pederastia.
Y encima, algunos de los más ilustrados y bienpagados se permiten llamar “tonto del capullo” al fiscal jefe, “hijos de puta” a algunos periodistas y medios de comunicación, “tontos” a los ciudadanos, y coger cargada la escopeta que les ha regalado un padrino para irse a cazar a un país de la Europa del Este.
Malditos estos políticos. Malditos. Los que se pasean por sus pueblos de poco más de mil habitantes en coches de diez millones de pesetas, riéndose en la cara de quienes con buena intención depositaron su voto, esperando un gobierno de equidad. Malditos los que se adjudican sueldos casi millonarios sin saber hacer una o con un canuto, para después dedicarse en sus dedicaciones exclusivas, a contar billetes de 500 euros ¿Cuántos ha visto usted? y ponerlos a buen recaudo.
Malditos estos políticos. Los mismos que están felices de que parte de la sociedad murciana trabaje, coma, y duerma, pero que no piense, porque los mass media que pagan con millones de euros tienen anestesiada a la ciudadanía con vamos a contar mentiras.
Malditos estos políticos. Que han convertido nuestra Región en el hazmerreir de España y Europa y han hecho bueno el dicho de “mata el rey y vete a Murcia”. Han llenado la región de resorts y campos de golf, en los que nunca meteremos la bola en el hoyo, para presentar en la feria internacional de turismo lo que en realidad es en parte el producto de la especulación, la corrupción de cuello blanco, el enriquecimiento ilícito, producto de esas maravillosas urbanizaciones, las mismas que están dando con los huesos de más de uno en la cárcel.
Malditos estos políticos. Qué ejemplo para las jóvenes generaciones, a las que queremos legar una tierra limpia, próspera, equilibrada, y con futuro. Cómo serán los políticos murcianos de mañana con estos profesores especializados en toma el dinero y corre.
Malditos sean estos políticos. Desde hace tres años veníamos anunciando lo que ahora está ocurriendo, y por ello nos despreciaron, e intentaron hundirnos, mientras otros acudían, incrédulos a nuestras páginas, creyendo que lo que decíamos era el cuento de la lechera, que nunca iba a acabar.
Malditos políticos. Sin ideología alguna. Ni de derechas, ni de izquierdas, ni de centro. Son solo chorizos de guante blanco que avergüenzan con sus actos a esta Región. Malditos sinvergüenzas.
* Vegamedia Press - El conspirador - 03/02/2008
La juez investiga si el alcalde de Torre Pacheco benefició al constructor Armero
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LAVERDAD/Murcia* : Abono irregular de facturas a nombre de empresas de Facundo Armero Madrid; adjudicaciones directas bajo el paraguas de convenios urbanísticos; posible trato de favor en cuatro expedientes sancionadores a otra empresa de Armero; y la venta de inmuebles a bajo precio a la concejal de Obras Públicas de Torre Pacheco, son los principales delitos que investiga el juzgado de Instrucción número 4 de San Javier y que tienen en el punto de mira al alcalde pachequero, Daniel García Madrid (PP), y al citado empresario.
Asimismo, la juez dio curso a la denuncia de la Fiscalía del TSJ contra el concejal de Cultura de este municipio, por haber favorecido supuestamente a dos empresas de su hermana.
Así se desprende de las diligencias abiertas el año pasado por la juez Aranzazu Moreno Santamaría, y cuyo sumario ha sido abierto parcialmente. Del contenido de las miles de grabaciones recogidas al alcalde de Torre Pacheco y a Facundo Armero -las únicas escuchas autorizadas por la juez en su auto del 4 de abril del año pasado- se desprende que las investigaciones también pueden comprometer al consejero de Industria y Medio Ambiente, Benito Mercader, en las gestiones que realizó a petición del alcalde para sacar adelante unas naves industriales y una piscina de unos particulares; así como el museo de Cabezo Gordo, que afectaba a una zona LIC y ZEPA.
Insultos al fiscal del TSJ
Las grabaciones efectuadas por la Guardia Civil corroboran, por otra parte, que el entonces consejero de Presidencia, Fernando de la Cierva, puso sobre aviso al alcalde de que estaba siendo investigado, tal como publicó La Verdad el pasado mes de septiembre.
Al menos en dos intervenciones telefónicas, los comunicantes insultan al fiscal del TSJ, al que llaman «capullo» e «hijo de puta».
La apertura del sumario también afecta al Ayuntamiento de Fuente Álamo, ya que el nexo de conexión de los supuestos delitos de corrupción urbanística es el propio Facundo Armero, que pudo obtener trato de favor en la adjudicación de varias obras municipales, como publicó este diario.
Armero fue socio de Pedro García Meroño al frente de Polaris World, hasta que vendió su parte por valor de 300 millones de euros. A partir de ahí, Armero ha seguido con sus actividades en el sector de la construcción con sus propias empresas, entre ellas Construcciones Torre Pacheco. En su declaración ante la juez, la alcaldesa de Fuente Álamo, María Antonia Conesa (PP), fue preguntada si había recibido dinero del constructor y si su municipio se había beneficiado de alguna comisión.
Los casos Torre Pacheco y Fuente Álamo estallaron a raíz del registro judicial efectuado en el 19 de junio pasado, después de las elecciones municipales y autonómicas. Previamente, la juez ordenó que la Policía Judicial de la Guardia Civil interviniera los teléfonos del alcalde y de Facundo Armero. En el primer auto, estas grabaciones sólo debían efectuarse entre el 3 de abril y el 3 de mayo. Se cree que cuando el alcalde Daniel García fue alertado, por una filtración, de que estaba siendo investigado, se desencadenó toda la operación.
La juez Aranzazu Moreno sólo tardó dos días en abrir diligencias previas, tras la denuncias presentadas por la Fiscalía del TSJ. En concreto, el 4 de abril pasado apreció presuntos delitos en el alcalde de Torre Pacheco, la concejal de Obras Públicas, Josefa Marín Otón, y los empresarios Facundo Armero Madrid y Pedro García Meroño, este último principal accionista de la constructora Polaris World. Asimismo actuó contra el concejal de Cultura, Antonio Madrid Izquierdo, y sus dos hermanas, Faustina y Josefa del Rosario, según consta en el sumario parcialmente abierto. A éstos tres últimos se les imputa los presuntos delitos de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, fraude, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. A los primeros, se les atribuye los supuestos de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, fraude, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y revelación de secretos.
Este periódico intentó ayer, sin éxito, recabar las versiones del alcalde de Torre Pacheco y del constructor Facundo Armero Madrid. El consejero Benito Mercader, por su parte, dijo desconocer «de qué tema me está hablando». «No voy a decir nada ni quiero que aparezca mi nombre», indicó.
* La Verdad - M. BUITRAGO - 4 febrero 2008
Foto: Torre Pacheco (Murcia) - oteo (flickr.com)
Operación Guateque: ´Sólo se han adelantado los expedientes que decían los políticos´
EFE/Madrid* : El presunto jefe de la supuesta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid dedicada a agilizar la concesión de licencias de todo tipo a cambio de dinero, Victoriano Ceballos, ha asegurado hoy que "sólo se han adelantado los expedientes que decían los políticos que se adelantaran".
Así lo ha manifestado Ceballos en declaraciones a los periodistas en los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid, donde esta mañana ha acudido para mantener sendos careos con otros dos imputados en el "caso Guateque", su superior directo, Joaquín Fernández de Castro, y un ingeniero de Urbanismo, David Jiménez López.
El jefe de la división de impacto ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente del consistorio madrileño ha explicado que en ese departamento "había atasco" en las tramitaciones desde hacía dos años y por eso, en junio de 2007, se contrató a doce técnicos de apoyo "para sacar adelante mil expedientes".
"A diez de noviembre (de 2007) estaban los expedientes al día", ha afirmado Ceballos para recalcar que la gestión era correcta.
Ha relatado que él era el "alma mater" del departamento puesto que era el único que "hacía" los informes medio ambientales que servían para conceder o no una licencia y ha recordado que "la gente se inventa cualquier cuento para que se adelante la licencia".
Ceballos, que ha insistido en su inocencia y en que está tranquilo porque "no hay nada", ha apuntado que en algunos de los expedientes a veces aparecía una nota que decía "adelantar por orden de" y ha subrayado que es un funcionario y cumple órdenes.
"Sólo se han adelantado los expedientes que decían los políticos que se adelantaran", ha asegurado el imputado que ha añadido: "es normal que la cadena de mando funcione así. Ese poder no lo tenemos los funcionarios".
Tras precisar que "de mil expedientes, se agilizarían unos cuarenta", se ha preguntado por qué se llega a este extremo a dos meses de las elecciones y ha reconocido que cree que hay intereses políticos.
Sobre el careo mantenido con Jiménez, donde han sido interrogados por una conversación que tuvieron en la que supuestamente hablaron de repartirse 6.000 euros de la licencia de un pub de la zona de Azca, Ceballos no la ha dado ninguna credibilidad porque, según ha dicho, no tiene la certeza de que fuera David el que le llamó.
Además, ha agregado que unos días antes de que "empezara todo esto" hubo un informe desfavorable de su departamento.
Según ha manifestado el abogado de Jiménez a la salida del careo, que ha durado alrededor de 45 minutos, "todo ha sido una broma de David que se quiere elevar a categoría de delito".
El segundo careo, que apenas ha durado diez minutos, ha sido con Fernández de Castro, del que Ceballos ha dicho que "es un bendito", una persona con "profundas convicciones religiosas" que "no ha hecho más que trabajar".
Según han informado fuentes jurídicas, durante este careo el juez Santiago Torres ha preguntado a Fernández de Castro si filtró una nota a un diario nacional en la que afirmaba que Ceballos era el "único chorizo", lo que ha sido negado por el imputado.
Para Ceballos, esa carta ha sido "manipulada" por los medios de comunicación porque, según ha sostenido, "Joaquín no ha escrito esa carta, no ha podido escribir eso".
El presunto jefe de la trama de corrupción municipal ha criticado la actuación del Ayuntamiento y ha dicho que le han dejado "solito" y suspendido de empleo y sueldo durante seis meses, cuando, ha indicado, le quedan tres para jubilarse.
"¿Soy un corrupto de 3.000 euros?", se ha preguntado Ceballos, que ha añadido que si tuviera dinero no tendría a su hijo "poniendo bordillo desde las siete de la mañana hasta las nueve de la noche".
* El Boletín - EFE - 04 de febrero de 2008
Foto: El jefe de área de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Joaquín Fernández de Castro (d), a su llegada a los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid, donde hoy mantuvo un careo con el jefe de la división de impacto ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente, Victoriano Ceballos, ambos imputados en el "caso Guateque", la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid dedicada a agilizar la concesión de licencias de todo tipo a cambio de dinero/ EFE
La lucha por el ‘direito à habitação’
DIAGONAL/Lisboa* : En Portugal 30.000 familias viven en condiciones precarias, 978.000 sin infraestructuras básicas y hay 544.000 edificios vacíos. Desde 2005 Direito à Habitação (DAH) se organiza para cambiar esta situación. El derecho a la vivienda está recogido en la Constitución portuguesa, sin embargo la especulación, los alquileres, que han aumentado en más del 41%, la discriminación que dificulta o niega el acceso al crédito o al alquiler y, sobre todo, la falta de inversiones por parte de la administración en políticas públicas de vivienda son las barreras principales que empujan a muchas personas a condiciones de infravivienda.
En el área metropolitana de Lisboa son decenas los barrios de barracas, estas zonas son objeto de un Programa Especial de Realojamiento (PER) creado en 1993 por el Gobierno para acabar con estos asentamientos y realojar a las personas que viven allí. Las políticas de demoliciones aplicadas con el PER no han ido acompañadas por realojos, como en el caso de Azinhaga dos Besouros, barriada popular en el norte de Lisboa elegido por el Grupo Amorim para ubicar el centro comercial Dolce Vita Tejo [ver DIAGONAL nº 37]. Según los datos de DAH existen más de 9.000 personas amenazadas de expulsión y destrucción de sus casas, sin alternativa de realojamiento. Como en el caso de Azinhaga dos Besouros, estas expulsiones ya han comenzado y afectan a centenares de personas. En marzo de 2005 se creó Direito à Habitação, dentro de la asociación Solidaridad Inmigrante, para luchar contra la amenaza de expulsión de las barracas del área metropolitana de Lisboa. Se constituyó como un grupo de denuncia pública, de lucha y sensibilización a través de acciones directas en el terreno y de apoyo a la población para garantizar que el derecho a la vivienda para todos, independientemente del origen, sea respetado. Las reivindicaciones de DAH tienen algunos paralelismos con las luchas por la vivienda en el Estado español. Por un lado exige la aplicación del artículo 65 de la Constitución de la República Portuguesa que reconoce el derecho a la vivienda. Por otro, el realojamiento de las personas que viven en condiciones infrahumanas.
También la construcción y promoción de un mercado de vivienda con precios adaptados a los rendimientos de cada persona, como está enunciado en el punto 3 del artículo 65 de la Constitución, y la rehabilitación de los edificios vacíos de Lisboa para las personas necesitadas. Un último objetivo es la lucha contra la especulación inmobiliaria y la discriminación (normalmente por cuestión de género y raza) en el acceso a la vivienda de alquiler.
El manifiesto
Varios grupos de vecinos de los barrios demolidos o “en la inminencia de serlo” de Lisboa han elaborado un manifiesto con el apoyo del DAH. Lo firman vecinos de los barrios Marianas, Azinhaga dos Besouros, Estrada Militar, Quinta da Vitoria, Fim do Mundo y Quinta da Serra. Muchos vecinos de estos barrios se instalaron antes de la ley de 1993 y el censo que creó entonces el PER, donde no fueron incluidos. “Nosotros, por ejemplo, que somos trabajadores de la construcción, fuimos excluidos. Nuestro trabajo exige desplazamientos frecuentes durante varios días seguidos al lugar de las obras. Ésta es la razón de nuestra ausencia del barrio, lo que provocó nuestra falta de información durante el censo”, señalan en el manifiesto. Además, añaden, en estos barrios después de 1993 llegaron cientos de personas en situaciones económicas precarias, “por la discriminación a la que se encuentran sujetas en el acceso a una casa en el mercado privado y por la falta de una política real de vivienda que pueda responder a sus necesidades de vivienda, no tuvieron otra alternativa que los barrios de chabolas”. Muchos de los vecinos afectados por el PER son ciudadanos inmigrantes, a los que la política de demoliciones deja en una situación extremadamente precaria. “Considerando la historia de la colonización y considerando la de la emigración portuguesa, no es justo el tratamiento recibido por los inmigrantes en el territorio portugués”, señala el texto.
Por eso el surgimiento de ‘Direito à Habitação’ esta integrado dentro de la asociación Solidaridad Inmigrante. Las luchas por la vivienda en Portugal están muy ligadas a las luchas de los inmigrantes, la población más afectada ante la dificultad de acceso a una vivienda digna. La denuncia más frecuente es que las demoliciones contribuyen a la degradación de los barrios, provocando daños psicológicos, morales y materiales. Las condiciones de habitabilidad han empeorado sustancialmente, además de aumentar la presencia “violenta y abusiva de las fuerzas policiales”, que expulsan de forma brutal a la gente de sus casas. Como parte de la lucha y el trabajo del DAH junto con los habitantes de los barrios amenazados por las demoliciones, se han realizado actividades diversas para la divulgación y denuncia del problema de la vivienda. Encuentros, debates, proyecciones de documentales de luchas en otros países. A partir de estas iniciativas han aparecido otras asociaciones interesadas en este tema, que han creado, hace un año, la Plataforma Artículo 65, una red de asociaciones sin vínculos con partidos políticos y cuyo interés en común es la lucha por la “vivienda para tod@s”, sobre la exigencia de políticas estructurales que garanticen un mercado de vivienda al alcance de todos. La Plataforma quiere recoger 35.000 firmas para plantear al Parlamento una nueva “Ley de Vivienda” formulada desde la sociedad civil y las organizaciones por la vivienda. Para preparar la manifestación del 25 (ver recuadro), se han organizado las Primeras Jornadas por la Vivienda, con exposiciones y debates bajo el título de “Habitação: un negócio ou um direito?”
La manifestación del 25-F
Con samba, batucada y música se celebró el pasado 25 de febrero una manifestación convocada por la Plataforma Artigo 65. Más de 2.000 personas salieron de la Plaça da Figueira bajo el lema “Habitação para todos”. La plataforma, que agrupa unas 15 asociaciones, independientes de partidos políticos, se sentía muy satisfecha con la convocatoria, sobre todo con la “cantidad de gente de los barrios que han venido a manifestarse al centro de Lisboa”. El acto se cerró con la lectura de varios comunicados exigiendo al parlamento que se implique en políticas de vivienda efectivas, públicas y accesibles. “Vamos a dar que hablar”, afirmaba Gela, una participante en el acto.
* Periódico DIAGONAL - Ángela Carcedo / Jacobo Rivero , Lisboa - 1 mar 14 mar 2007
Foto: Lisboa, manifestación 25feb07 - paginavermelha.org
Torrevieja acumula más de mil derribos de obra ilegal sin ejecutar
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ELPAÍS/Alicante* : El Ayuntamiento de Torrevieja, en manos del PP desde 1987, acumula más de un millar de derribos por infracciones urbanísticas (la mayoría, ampliaciones ilegales viviendas) sin ejecutar en los últimos cinco años. La pasividad del Consistorio a la hora de restituir la legalidad urbanística ha sido denunciada por el Defensor del Pueblo. El titular de la institución, Fernando Múgica, señala que el Consistorio "olvida" la ejecución del 90% de los derribos incluidos en los expedientes sancionadores.
La oposición y los afectados destacan la "arbitrariedad" de las demoliciones. El equipo de gobierno local rechaza las acusaciones y asegura que en la actualidad el Ayuntamiento tramita 256 órdenes de derribo con carácter subsidiario.
"Hace más de seis años denuncié obras ilegales en la vivienda superior a mi piso. Y desde entonces me han estado dando largas sin hacer nada. Ni se las han paralizado ni le han tirado nada", afirma Gregoria Concha Méndez, propietaria del piso 4º A, en el inmueble número 28 de la calle Rambla Juan Mateo, en el centro de Torrevieja. "Ante la evidencia de que los técnicos del Ayuntamiento me estaban tomando el pelo, decidí llevar el caso al Defensor del Pueblo", asegura Gregoria. Como consecuencia de la queja de esta mujer, el Defensor del Pueblo ha emitido un informe que pone en entredicho la eficacia del Consistorio para hacer cumplir la legalidad urbanística en el municipio. Múgica, sobre la base del informe remitido a la institución por los técnicos municipales, señala que "no sólo en el presente caso [la queja particular Gregoria Concha Méndez], sino en muchos otros puede estar el Ayuntamiento incurriendo en falta de diligencia". El Defensor del Pueblo censura al Ayuntamiento por limitarse a sancionar y, en cambio, no ejecutar las demoliciones.
La queja de esta vecina sobre la falta de diligencia del Consistorio para restituir la legalidad urbanística no es un caso aislado entre los afectados por obras ilegales en la población. Alfredo Martínez, propietario de una finca en la urbanización San Luis, ha vivido una experiencia similar: "En 2005, denuncié al Ayuntamiento obras ilegales en un chalé, junto a mi finca. Ahora, tras algunos amagos de precintar las obras, hace dos meses he recibido una notificación del Ayuntamiento en la que me dicen que van a tirar algo", asegura. "La política urbanística del Ayuntamiento es un cachondeo, a unos se les tira o no le dejan construir, y con otros hacen la vista gorda", añade este vecino.
Los ejemplos sobre supuestas ilegalidades urbanísticas denunciadas por estos dos vecinos son una constante en toda la localidad, tanto en las viviendas de centro como en el sinfín de urbanizaciones que ya colonizan la totalidad del suelo urbano del municipio. A las quejas de los afectados, el Grupo Municipal de Los Verdes (dos concejales en la actual corporación) añade la "arbitrariedad" del equipo de Gobierno al acometer los derribos, "en unos casos se derriba y en otros no, y sin dar explicaciones, y entre los amnistiados destacan flagrantes casos de supuesto trato de favor a obras de familiares de concejales del PP", puntualiza el portavoz del grupo, el edil José Manuel Dolón.
De acuerdo con un cómputo realizado por el Grupo Municipal de Los Verdes (en base a los expedientes de infracción urbanística con propuesta de demolición aprobados por la comisión de gobierno en segundo trimestre de 2007) anualmente el Consistorio tramita unos 250 expedientes, o lo que es lo mismo, unos 1.250 en los últimos cinco años. De ellos, en base al informe elaborado por el Defensor del Pueblo, sólo se han ejecutado el 10% es decir, que restarían más de un millar por ejecutar.
Dolón esgrime un amplio listado para justificar su acusación sobre la supuesta doble vara de medir el equipo de gobierno de local a la hora acometer los derribos. "En la Calle Orihuela, número 7, había tres cerramientos ilegales de otros tantos áticos. Dos de ellos se han tirado, y el del centro permanece en pie", explica. El concejal exhibe otro listado de obras, también relacionado con ampliación de áticos y sobreáticos, con resultado disímil, como los situados en las calles Patricio Pérez, número 17, Bazán, 6 y Maldonado, 7, "todos ellos con expediente de demolición, pero todavía en pie". En este apartado de los áticos, el portavoz de Los Verdes destaca dos casos, a su juicio, de la "discrecionalidad" del equipo de Gobierno: "En la calle Ramón Gallud, número 33, hay un ático ilegal propiedad de la familia de actual concejal del PP Domingo Soler, en pie, y en la calle Clemente Gosalves, 1, está la polémica ampliación del ático de la familia del ex concejal del PP Pascual Ortiz, que no sólo no se le ha abierto expediente sancionador, si no que se ha hecho la vista gorda se ha dado apariencia de legalidad a las obras".
En el extrarradio de la población la mayoría de ilegalidades están relacionadas con ampliaciones (segundas plantas) en los chalés de la multitud de urbanizaciones que copan el término (el municipio hace años que agotó el suelo urbanizable disponible). Y también en esta área se observan resoluciones antagónicas por parte del Consistorio al acometer los derribos.
Dos ampliaciones similares (una segunda planta) en los chalés 466 y 467 de la urbanización la Torreta Fase III han tenido un trato distinto: En el primero se mantuvo la obra, y al segundo se ha derribado. La concejalía de Urbanismo, que dirige Francisco Moreno, ha declinado comentar el informe del Defensor del Pueblo y tampoco ha ofrecido datos globales de lucha contra las infracciones urbanísticas en el municipio. En una nota oficial, Moreno mostró su “gran asombro e incredulidad ante el cúmulo de despropósitos” denunciados por Los Verdes. Moreno, concejal del PP, señala no obstante que “son centenares de expedientes disciplinarios los que se abren todos los años, abriéndose en el año 2007 un total de 405”.
Según los datos de la concejalía de Urbanismo "en estos momentos, se están tramitando 256 órdenes de derribo con carácter subsidiario, lo que demuestra que desde el Ayuntamiento sí se actúa dentro de la legalidad y no existe dejadez alguna, como afirma el señor Dolón [portavoz de Los Verdes]", añade el comunicado. Con la nueva Ley Urbanística Valenciana (LUV), “existe un acortamiento de los plazos y la posibilidad de que la administración imponga diversas multas adicionales”, recordaron en el comunicado. Para Moreno es “indecente” comparar los casos de legalidad urbanística de Torrevieja con la construcción de viviendas en suelo no urbanizable.
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 04/02/2008
Foto: Torrevieja (Alicante) - torrevieja.com
V de Vivienda convoca el 1 de marzo concentraciones en toda España
TERRA* : El colectivo de ciudadanos V de Vivienda ha convocado para el próximo 1 de marzo concentraciones en toda España en demanda de una vivienda digna y en medio de una 'desvergonzada subasta de promesas electorales'. En rueda de prensa, tras celebrar el I Encuentro Estatal V de Vivienda y en el que participaron todas las plataformas que tienen repartidas por España, sus portavoces leyeron un comunicado en el que hicieron públicas una serie de reivindicaciones para combatir la especulación y el urbanismo salvaje.
Estas pasan por una moratoria en la ejecución de los planes urbanísticos mientras éstos no sean guiados por el interés general, transparencia en los datos relativos al derecho de acceso a la vivienda y por combatir la 'depreciación' del espacio medioambiental y el tejido social de los espacios urbanos.
Además, demandan de las administraciones la creación de un amplio parque público de vivienda en alquiler social que responda a las necesidades de la población excluida por el mercado, la despenalización de la reutilización de los espacios en desuso y medidas fiscales que penalicen la especulación inmobiliaria.
Según explicó Paco Belmonte, miembro de la plataforma V de Vivienda de Barcelona, las concentraciones se realizarán en las plazas mayores o de ayuntamientos en las que en otras ocasiones se han juntado los jóvenes para pedir una vivienda digna.
Preguntados por la posibilidad de que la Junta Electoral Central las prohíba por su cercanía con las elecciones generales del 9 de marzo, Dani Jiménez, de la asamblea de Madrid pidió respeto para las concentraciones, porque no son de ningún partido, sino de ciudadanos que exigen el derecho a una casa.
* Terra Actualidad - EFE - 03/02/2008
Foto: VdeVivienda, manifestación vivienda digna BCN 2006
Marbella es el municipio malagueño con el primer kilómetro de costa más saturado de construcción
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SUR* : Basta con echar un vistazo a lo largo y ancho de los 27 kilómetros del litoral de Marbella, preferiblemente si es a vista de pájaro, para darse cuenta de que si las construcciones en algunas zonas del término municipal aparecen como grandes manchas a ratos dispersas, la costa es la más desafortunada. El hormigón ha hecho, especialmente en los últimos años, parada y fonda a pie de playa, donde permanecen casi como un milagro pequeños retazos de las dunas que antaño dibujaban la mayoría de las playas.
No es sólo una percepción. El Informe de Sostenibilidad 2007 elaborado por el Observatorio Provincial de Sostenibilidad, dependiente de la Diputación de Málaga, la Universidad de Málaga y la Agenda 21 Provincial, ha puesto negro sobre blanco lo que era un secreto a voces. Marbella se coloca a la cabeza en la provincia malagueña en la saturación de la franja litoral y en la insostenibilidad, dado el volumen de construcción que copa del primer kilómetro costero -esto es, si se cuentan mil metros desde la misma orilla del mar hacia el interior-.
Según los datos de este estudio, el 61,99 por ciento del suelo está ocupado por usos artificiales, ya sea por viviendas, por hoteles o por instalaciones de otra índole. Las cifras son clarificadoras si se comparan con la media provincial, donde el 44 por ciento de la franja costera está urbanizada, con lo que la ocupación de litoral en Marbella está casi 20 puntos por encima, o en más detalle con la Axarquía o con la propia capital, a los que duplica en la presencia de hormigón en el litoral.
«Urbanismo salvaje»
«Es sabido que ha habido un urbanismo salvaje en estos años, y un crecimiento acelerado y desordenado incluso con la ocupación del dominio público o de la línea de costa», señala Miguel Esteban, diputado provincial de Medio Ambiente. Y las consecuencias son demoledoras: obstaculización de la regeneración natural de las playas, alteración del ecosistema costero y, en zonas puntuales, se trastoque el cauce y la desembocadura de los arroyos.
La organización ecologista Greenpeace también alerta de esta desaforada invasión con cemento de la costa malagueña y, en detalle, de la de Marbella. En su 'Informe sobre la situación de litoral', tanto en 2006 como en 2007, va más allá y cifran en un 82 por ciento el suelo ocupado por el urbanismo en la franja de los primeros 500 metros de litoral marbellí, frente al 59,9 por ciento a nivel provincial.
Además, sostiene que varias playas de la localidad -como las de San Pedro Alcántara, Cortijo Blanco, Nueva Andalucía o Puerto Banús- tienen invadida la zona de protección marítimo terrestre con viviendas privadas. Como efecto inmediato, apunta a la falta de arena; un problema, dicen, que «sigue sin tener soluciones definitivas por parte de la Dirección General de Costas, que continúa dilapidando millones de euros en reposiciones artificiales de arena que duran menos en las playas que los propios turistas».
Usos del suelo
Menos en detalle, la radiografía del término municipal de Marbella y de los usos del suelo es igualmente significativa. En los últimos años, según los datos del estudio de sostenibilidad, alrededor de 778 hectáreas de suelo forestal y agrícola se han transformado en urbanizables. Esta fuerte expansión de los usos artificiales, como los denomina el Informe de Sostenibilidad 2007, está especialmente impulsada por un modelo de construcción disperso y más centrado en las inmediaciones de la Costa y de los núcleos urbanos.
La pregunta ahora es si hay soluciones para revertir la situación en el litoral. A este respecto, el diputado provincial de Medio Ambiente enarbola la bandera de una nueva cultura del territorio, que implique un replanteo de la ordenación y con un compromiso firme de «esponjar» la Costa -esto es, de habilitar zonas libres- y de recuperar suelos ocupados de manera irregular.
Greenpeace es más ambiciosa y anima en su informe a la Junta a elaborar un plan del litoral que retrase la línea de urbanización 500 metros «como han hecho en Galicia o en Asturias con sus espacios costeros para asegurar así la supervivencia de muchos tramos de costa donde la arena ya no llega».
* SUR - CRISTINA GONZÁLEZ - 03/02/2008
Foto: Vista de la franja litoral de Marbella, donde se constata el elevado grado de construcción en la costa/ JOSELE-LANZA, diariosur.es
Oviedo: Nacen dos plataformas en contra de los últimos proyectos urbanísticos
ELCOMERCIO* : Los nuevos proyectos no dejan indiferente a nadie. Las decisiones urbanísticas provocan corrillos y hasta plataformas en contra. En Oviedo pasó cuando se derribó la estación del Vasco o el chalé de Concha Heres, que dio paso a la sede del Banco de España. Y la historia se repite. Las tres torres de Calatrava, en la parcela de las antiguas vías férreas, y el futuro de la Fábrica de Armas de La Vega ha movido los resortes del movimiento ciudadano más crítico. Acaban de crearse dos grupos diferentes, con un mismo punto de mira: los desarrollos previstos a la entrada de la 'Y'.
LA FÁBRICA DE ARMAS
Foro por un urbanismo crítico
Nació en defensa de la actividad y el patrimonio de la Fábrica de Armas de La Vega, pero en su agenda cabrán todos los problemas urbanísticos de la ciudad. Un
grupo de personas ha creado el Foro por un urbanismo crítico de Oviedo. Aunque están vinculadas a la Universidad, partidos políticos, al colectivo Cambalache o grupos ecologistas, en este caso se 'suben' a la plataforma a título individual.
Entre ellos hay nombres conocidos, como el portavoz de Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda, Roberto Sánchez Ramos, y el miembro de Cambalache Miguel Moro, autor de 'Oviedo detrás de la fachada', una visión crítica de los desarrollos urbanísticos a lo largo de los últimos años. Y en esa línea quiere seguir el foro. Habrá protestas y, antes, divulgación entre los ciudadanos. «La movilización empieza por la información», explica el edil. «Queremos abrir un debate ciudadano», añade. Aunque no dan muchos detalles, adelantan que una de sus primeras acciones será pedir la declaración para el conjunto de la fábrica como Bien de Interés Cultural (BIC), la máxima figura de protección patrimonial.
De momento, tiene una protección equivalente al BIC, como monumento, la capilla de Santa Bárbara. El claustro del viejo convento utilizado como nave cuenta con protección integral. El taller de cañones, diseñado por Sánchez del Río, está incluido en el Registro Industrial del Docomomo Ibérico. El entorno de protección de los dos primeros elementos alcanzaría al conjunto, al que hay que sumar el de la vecina iglesia pde Santullano. Además, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y en el Catálogo de Bienes de Interés de Oviedo está descrita como conjunto.
Es indivisible. «Es un conjunto industrial único en España y en Europa», justifica Moro. Y la única gran industria que queda en el casco urbano. Defienden los valores patrimoniales, y también quieren evitar que haya despidos de trabajadores, en juego por los planes de la empresa General Dynamics Santa Bárbara Sistemas de trasladar la producción a Trubia y La Coruña. Y sobre todo rechazan «el negocio de viviendas» que planea sobre estos 122.000 metros cuadrados.
Aplicando una edificabilidad menor incluso que la del entorno, calculan que las plusvalías sobre el solar superarían los 360 millones de euros. «Es un bocado absolutamente exquisito para la especulación inmobiliaria», ironiza Moro.
Detrás de estos intentos especulativos, que Sánchez Ramos bautizó con el nombre de «Wall Street de La Tenderina», hay «un pacto político, en el que participan Ayuntamiento y Principado y empresa».
La punta de lanza es la parcela de El Vasco, con las tres torres diseñadas por Calatrava. Según el edil, este proyecto marcará la edificabilidad en La Vega. Lo que se haga en Víctor Chávarri influirá si finalmente se va la industria. Por eso, los primeros esfuerzos del foro se centrarán en despertar el debate ciudadano y evitar que salga adelante el proyecto de las torres de Calatrava.
Por otra parte, Moro y Sánchez Ramos ven posibilidades para los chalés de los ingenieros y otros elementos de la fábrica que podrían reutilizarse como equipamientos públicos para La Tenderina y los barrios cercanos. Dan dos ideas, bibliotecas y escuelas de 0-3.
LAS TORRES DE CALATRAVA
Arquitectos y otros amigos
A finales de los 90, ya en los albores del nuevo siglo, la conservación de la fábrica de gas también provocó un movimiento ciudadano. Los que estaban detrás de él consiguieron la incoación del expediente de Bien de Interés Cultural (BIC), más de un lustro después todavía pendiente de cerrarse.
Hay gente de aquel grupo de Gas Ciudad en el foro citado. Otro está en el germen de otro grupo. Es el arquitecto José Ramón Fernández Molina, autor, además, del Inventario de Bienes de Interés del Concejo. Con Arturo Gutiérrez Terán, otros arquitectos y personas vinculadas a la Sociedad Cultural La Escandalera, están preparando una alegación contra el proyecto de las tres torres que Jovellanos XXI, con diseño de Calatrava, quiere construir en la parcela de El Vasco.
«Vamos a personarnos en la información pública», asegura Fernández Molina. Él mismo concibe este desarrollo urbanístico y otros proyectos a la entrada norte de la ciudad, como la losa de Santullano, los accesos a Oviedo o la Fábrica de Armas, como «fragmentos de una misma pieza» que tienen que tratarse como un todo, no por separado.
Ahora se apresuran con el proyecto más urgente, las 'trillizas', con sólo un mes de información pública. Urbanísticamente, ve la fábrica «como un elemento complementario a la losa». Eso sí, añade, «es intocable» dada su protección patrimonial actual, matiza el arquitecto . El Vasco es otra cosa.
* El Comercio Digital - 03.02.08 - MARTA FRECHILLA
Foto: Oviedo, fábrica_de_Armas_de_la_Vega - wikipedia.org
El nuevo asedio de Numancia
TULIO DEMICHELI* : Aunque algunos crean que Soria es una invención poética de Antonio Machado o una atrevida fantasía de los cartógrafos, lo cierto es que existe y que es bellísima, empezando por su capital, algo que el Ayuntamiento parece haber olvidado y que han venido a recordárselo la Academia de la Historia, la de San Fernando, la asociación Hispania Nostra y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que se oponen a la construcción del Polígono Industrial Soria 2 en el entorno de Numancia.
Así también lo hace la familia del Duque de Lugo -los Marichalar- propietaria de parte de los terrenos y donante en su día de aquel sitio arqueológico, donación que hace un siglo dio nacimiento a Patrimonio Nacional.
Numancia vuelve a estar asediada y no sólo por este proyecto auspiciado por el Ayuntamiento soriano y la Junta de Castilla y León, sino también por la construcción de un cenmenterio privado junto a las ruinas del monasterio de San Juan de Duero, erigido por los Hospitalarios en la falda del monte de las Ánimas. Por el proyecto de la Ciudad del Medio Ambiente (800 viviendas, más edificios institucionales y suelo industrial) junto a Garray (un magnífico proyecto que debería realizarse en otro lugar). Por la construcción de 300 viviendas junto al campamento de Alto Real del Cerco de Escipión. Y por la creación de otro polígono industrial de 40 hectáreas en el cercano municipio de Garrejo.
Polígono Industrial Soria 2
En 16 de octubre de 2007 la Junta de Castilla y León modificó, a instancias de su Consejería de Fomento, el Plan General de Ordenación Urbana de Soria para autorizar la construcción del Polígono Industrial Soria II, que tendrá una superficie de 117 hectáreas, modificación puntual que fue denunciada y recurrida por la familia Marichalar, pues considera que «se han producido múltiples y gravísimas irregularidades», entre las que se citan «la exclusión de la revisión del PGOU de Soria del convenio firmado entre el Ayuntamiento y Gestión Urbanística de Castilla y León (Gesturcal), suscrito en 2005 para la construcción de ese polígono industrial. Este hecho -según la familia Marichalar- supone un fraude de ley». Además «se ha omitido el trámite esencial de emitir un informe de sosteniblilidad ambiental exigido por la ley, y máxime para una operación a gran escala que exige la destrucción de más de un millón de metros de cubierta vegetal; ignorándose y despreciándose la futura incidencia de actividades industriales sobre el río Duero y todas las áreas naturales y de patrimonio cultural colindantes, entre ellos siete Bienes de Interés Cultural (BIC): Numancia y Cerco Romano de Garray; el Casco Antiguo de la Ciudad, Margen Izquierda del río Duero; Claustro de la Iglesia de San Pedro; Iglesia Concatedral de San Pedro; Iglesia y Claustro de San Juan de Duero; y la Muralla Medieval».
Se da la circunstancia de que en las proximidades de Soria se ha puesto en marcha el Polígono Industrial de Valcorba, que con sus 267 hectáreas habilitadas, cubre las necesidades de desarrollo de la zona durante los próximos 20 o 30 años.
La Academia de Historia
A pesar de las reacciones contrarias que se han suscitado, ni la Junta ni el Ayuntamiento de Soria han rectificado sus posiciones. ni siquiera al recibir el informe aprobado el pasado 22 de junio por la Real Academia de la Historia.
La Docta Casa señala, en primer lugar, «el gran valor paisajístico y cultural del entorno de la ciudad de Soria» y enumera como partes suyas el monte de las Ánimas y los Arcos románicos de San Juan de Duero, a los que califica como «uno de los parajes de mayor interés de la zona»; así como la Sierra de Santa Ana, el monte de Peñaranda, El Cabezo, La Rasa y Numancia. «Estas parameras y laderas -añade- pertenecen a unos de los tipos de paisajes más representativos del interior ibérico».
Por ello, para la RAH «toda intervención en este entorno debería hacerse con sumo cuidado de no devaluar el patrimonio paisajístico de la ciudad. En efecto, los miradores de la ciudad, empezando por los del Parque del Castillo y la Ermita del Mirón, se proyectan sobre esta garganta del Duero, y son una de las señas de identidad más reputadas de la ciudad».
Asimismo, el informe recuerda que España ha suscrito el Convenio Europeo del Paisaje en el año 2000, y sin «entrar en consideración de la normativa urbanística de Soria, ni de su aplicación», llama la atención sobre el «estrecho criterio paisajístico que se ha manejado, ajeno a toda la normativa reciente, tanto europea como española».
Por ello, el informe concluye que esa intervención «entrañaría un considerable impacto paisajístico y rompería la armonía. Ese detrimento vendría incrementado por el hecho de tratarse de una zona de gran interés cultural con toda la secuencia de puntos de interés histórico y arqueológico como son los que jalonan el Duero en este entorno hasta la propia Numancia».
Real Academia de Bellas Artes
Por su parte, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando remitió el 5 de diciembre de 2007 una carta al alcalde soriano, Carlos Martínez Mínguez, en la que transmitía su «inquietud al conocer el proyecto para construir un polígono industrial en el paraje conocido como El Cabezo, que afectaría negativamente y de un modo irreversible a unos de los paisajes históricos de esta provincia, que visual y físicamente lindan con lugares como Numancia, Ermita del Mirón y San Juan de Duero».
Por último, le notifica el acuerdo aprobado el 19 de noviembre por el que se «solicita de ese Ayuntamiento que dicho paraje de El Cabezo siga conservando el carácter rústico» que le daba el PGOU de Soria antes de su modificación.
Hispania Nostra y UNED
La Asociación Hispania Nostra también se pronunciaba en concordancia y le hacia saber al Consistorio soriano el 5 de diciembre último que «en caso de no seguirse la autorizada opinión de esas Reales Academias (Historia y BB.AA.), Hispania Nostra estima que la intervención urbanística propuesta en ese lugar supondría un considerable impacto paisajístico y una pérdida de Patrimonio cultural y natural en una zona con numerosos puntos de gran interés histórico y arqueológico».
Por último, el pasado lunes 28 de enero la UNED hizo público un comunicado en el que manifestaba su «enorme preocupación por la degradación y destrucción que pueden acarrear» los proyectos del polígono industrial Soria II y el de Garrejo; el de la Ciudad de Medio Ambiente de Garray; y el del cementerio del Monte de las Ánimas, por lo que solicitó al Ayuntamiento que «valore la posibilidad de situarlos en otros lugares».
* ABC - Opinión - 3 de febrero de 2008
Madrid: El 'especulatour' recorre la región para denunciar la depredación del territorio
EUROPAPRESS* : La Plataforma Madrid por el Derecho a la Vivienda y el Territorio ha recorrido las zona de plaza Castilla, Las Tablas, Torrelodones y El Álamo en dos autobuses para denunciar la "depredación" del territorio en la región, en un trayecto que denominaron 'Especulatour, un viaje por un Madrid que no deseamos'. El objetivo de esta iniciativa es dar un paseo por ese Madrid "inhabitable" y llamar la atención sobre la "depredacion" y "especulación" del territorio en la región, según un portavoz de Ecologistas en Acción, José Galante.
La ruta, que comenzó hacia las 10.00 horas de esta mañana en plaza de Castilla, tuvo su primera parada en las torres de la antigigua ciudad deportiva del Real Madrid, "paradigma del pelotazo urbanístico", en palabras de Galante. "Esto no es más que el inicio de la 'operación Castellana', que trasnsformará la ciudad mediante un urbanismo insostenible", ha señalado el ecologista.
En esta primera parada, la plataforma se reunió con la Asociación de Vecinos del barrio del Pilar, que denuncia las molestias que están sufriendo con la construcción de las torres y los problemas que sufrirán una vez terminadas, ya que "aumentará la presencia de vehículos y se degradará la calidad del aire".
El 'especulatour' ha realizado su segunda parada en Las Tablas, donde se ha encontrado con la asociación de vecinos de la zona, que ha explicado las carencias de dotaciones públicas que sufren. "Entre Las Tablas y Sanchinarro sólo hay 140 guarderías públicas, así que en la zona proliferan las guarderías privadas", señaló Galante, que añadió que esto se debe a la desocupación de la mayoría de las viviendas de Las Tablas.
En la tercera parada, en Torrelodones, se unió la plataforma Salvemos la Sierra, que ha denunciado frente al Ayuntamiento el proyecto de cierre de la M-50, que "perjudicará al monte del Pardo y al parque de la Cuenca Alta del Manzanares" y cuya única razón de ser reside en "poner en valor esa zona a nivel urbanístico", denunció el ecologista.
El 'especulatour' finalizó su recorrido en El Álamo, donde sus ocupantes acompañaron a los vecinos en una concentración contra el proyecto de construcción de un aeropuerto privado, a pocos meses de la inauguración de la ampliación de Barajas.
"Con esta singular excursión queremos denunciar que la región que se nos propone es un espacio cada vez más inhabitable e insostenible, que la presunta riqueza generada estos años ha ido destinada a unos pocos y que una parte cada vez más cuantiosa del gasto público se destina a favorecer los intereses de un puñado de empresas", señalaron los organizadores.
Entre los miebros de la plataforma Madrid por el Derecho a la Vivienda y el Territorio figuran Ecologistas en Acción, ATTAC Madrid, Jóvenes de IU, Laboratorio Urbano, Plataforma por una Vivienda Digna, Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid -FRAVM- y Salvemos la Sierra.
* El Mundo - Europa Press - 03/02/2008
Foto: ladrillo Especulatour - G.Pecot, publico.es
"Quiero que me aprobéis ya lo de los planes parciales de Torre Pacheco"
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ELPAÍS/Murcia* : Conversaciones grabadas a tramas de corrupción en Murcia.
-Si pongo a Celi [en la lista de las municipales de 2007] ¿me vas de decir que sí o que no?, pregunta el alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid (Partido Popular).
-Hombre, yo te voy a decir que si quiere estar ella pues, ¿por qué no? ¿Tú has hablado con ella?, replica el empresario murciano Facundo Armero.
-No, no he hablado con ella, por eso te pregunto a ti. Si la pongo ¿me vas a decir que sí o que no?, insiste el alcalde para saber si tiene la aprobación del empresario.
El diálogo refleja el presunto control que el empresario murciano de la construcción Facundo Armero Madrid ejercía sobre el Ayuntamiento de Torre Pacheco y es una de las muchas conversaciones telefónicas grabadas por orden judicial para investigar presuntas irregularidades en los Ayuntamientos de Torre Pacheco y de Fuente Álamo. La juez del caso, Arancha Moreno, ha tomado ya declaración a 14 imputados, entre ellos el alcalde de Torre Pacheco y la alcaldesa de Fuente Álamo, María Antonia Conesa, también del PP. El procedimiento continúa parcialmente bajo secreto de sumario.
La investigación, iniciada por una denuncia de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, persigue esclarecer si en estos ayuntamientos se han cometido delitos de malversación, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, fraude, revelación de secretos y actividades prohibidas a funcionarios.
El empresario Facundo Armero es el principal sospechoso de encabezar la trama de corrupción. En una de las conversaciones grabadas, el empresario se atreve a decirle a una concejal de Fuente Álamo: "¿Cómo lleváis el tema? Explícame, porque tengo que darle un toque a tu jefa . Quiero pactar cómo se aprueba el Plan Parcial de ahí".
En otra conversación, Facundo Armero se muestra también muy exigente con el alcalde de Torre Pacheco, Daniel García, quien antes de ocupar ese cargo fue letrado de las empresas del millonario murciano. "Quiero que me aprobéis ya lo de los planes parciales", reclama Armero. "Ya, pero tenemos que medir los tiempos", contesta el regidor. Según la Guardia Civil, esa grabación supone "un nuevo indicio del gran nivel de accesibilidad e influencia que Facundo Armero tiene con el alcalde Daniel García, favoreciendo los intereses del empresario". Armero exigió al alcalde que no se aprobase el plan general municipal.
Con los más de 1.500 folios de transcripción de escuchas telefónicas, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, la juez ha estrechado el cerco en torno Facundo Armero, considerado en la Región de Murcia el rey del ladrillo tras la venta de su participación en la promotora Polaris World a varias empresas, entre ellas Credit Suisse, por 300 millones de euros. Armero se ha beneficiado de la recalificación de millones de metros cuadrados rústicos en ayuntamientos gobernados por el PP.
Pero las presuntas irregularidades en los ayuntamientos de Torre Pacheco y Fuente Álamo no se centran únicamente en Facundo Armero. Según las grabaciones ordenadas por la juez, un empresario, identificado como Valero, afirma al alcalde de Torre Pacheco en relación con la adjudicación de un hotel: "Lo declaras desierto y luego me lo adjudicas, y punto". Y el regidor responde: "De acuerdo. Y eso va p'alante ¿eh? No te preocupes". En otra conversación, con el empresario Daniel Valenzuela, de la promotora Polaris, el primer edil comenta: "Cansino, acabo de firmar. Pero ya sabes: la ese con dos barritas [símbolo del dólar]".
En este apartado es donde surgen las sospechas de presunta financiación irregular del PP, más evidentes todavía en un diálogo de una edil de Fuente Álamo con Facundo Armero. "Oye, la jefa me ha dicho que tienes que venir para acá... Pues, que la campaña ha empezado y que las perras hacen falta...", le dice al empresario. Y en otra conversación, la propia alcaldesa le dice a Armero: "Que me tienes que traer lo de los toros..., la pagamenta. Siempre te enganchamos para lo mismo".
Además de los alcaldes y al empresario, la juez ha llamado a declarar como imputados a la concejal de Urbanismo de Fuente Álamo, Inés Mendoza, y al arquitecto municipal, José Sánchez Martini, entre otros.
Las grabaciones recogen también conversaciones comprometedoras de actual consejero del PP regional Benito Mercader, del diputado del Partido Popular en el Congreso Alberto Garre y del ex portavoz del Ejecutivo murciano Fernando de la Cierva. En una de ellas, Alberto Garre dialoga con el alcalde de Torre Pacheco en la que acuerdan no sancionar a un vecino que construyó un pantano sin licencia. "Sí, sí, pero si no se queja nadie, pues no pasa na", dice el diputado popular, que se presenta a la reelección en los próximos comicios. Para justificar esta decisión, argumentan: "Sus hijos yo creo que son nuestros. Si sus hijos son nuestros, son gente nuestra".
Las grabaciones revelan que el ex consejero De la Cierva llamó el 25 de abril de 2007 al regidor de Torre Pacheco para alertarle de que estaba siendo investigado. Y le comenta: "Es culpa del periodista Chema Gil y del tonto del capullo del fiscal, ése que no tiene ni puta idea además de nada, pues revisando todo y al final, pues se archivará y no pasará nada".
* ELPAIS.com - TONO CALLEJA - Murcia - 03/02/2008
Foto: Torre Pacheco (Murcia) - torrepacheco.es
Sevilla: El Gran Pollo de la Alameda. Cómo nació, creció y se resiste a ser comido
GAS* : El pasado viernes 11 de Enero se presentó en el CSA La Fabrika de Cádiz, el libro "El Gran Pollo de la Alameda. Cómo nació, creció y se resiste a ser comido. Una docena de años de lucha social en el barrio de la Alameda, Sevilla". Un proyecto editorial colectivo puesto en marcha por distintas gentes del barrio de la Alameda de Hércules (Sevilla) que narra de manera plural los procesos de transformación urbanística y recambio poblacional vinculados a la especulación inmobiliaria que vienen dándose en este territorio y del movimiento ciudadano de base que se genero a raíz de este fenómeno.
El libro relata desde dentro las luchas y resistencias a lo largo de los 10-12 últimos años.
A continuación la entrevista realizada a Mª Jose Romero y Santiago Barber del Consejo de Redacción y Editorial.
GAS- ¿Cuáles fueron las causas que os motivaron a elaborar este material?
Bueno, en primer lugar aclarar que este es un libro colectivo, donde participan 120 personas/colectivos, tanto escribiendo como aportando imágenes. Todo este material se ha concretado y sistematizado por un consejo de redacción de 17 personas que finalmente ha venido a dar formar al libro.
La ofensiva inmobiliaria ha venido arrollando Sevilla, como a tantas otras ciudades, con especial desenfreno desde el inicio de la década de los 90, al auspicio de las políticas neoliberales. Esto ha traído nefastas consecuencias para el tejido social (especialmente en los sectores más desfavorecidos) que habita las zonas urbanas de interés para el asentamiento de los capitales transnacionales. Paralelo a este proceso, y a causa de ello, surge un cuestionamiento y una rebeldía que da forma a una multitud de iniciativas que se suceden e incrementan en el tiempo.
Llega un momento en el que empieza a circular la necesidad de poner, pensar y colectivizar lo que hemos vivido como comunidad que habita un territorio, un barrio en este caso, tanto en relación a las propias prácticas políticas que se han puesto en marcha como a los cambios acaecidos en este entorno en los últimos años. Todo esto, esta especie de construcción de sentido colectivo y responsabilidad por la historia común se alían con nuestras ganas y el potencial político que vislumbrábamos a la hora de desarrollar un proceso tan inusual como este.
El camino emprendido nos brindó la oportunidad del aprendizaje a través de la autocrítica, del rescate de la memoria en pro de la generación de una historia polifónica, y el reto metodológico de la construcción colectiva al acecho del dominio; tanto de la autoridad externa y reconocible, como del interno por lo inconsciente de nuestros mecanismos de censura y poder verticales.
GAS- ¿Hitos históricos como la caída del muro de Berlín o la instauración de la Expo del 92 condicionaron la vida cotidiana de Sevilla?
Por supuesto, el primero atañe a las relaciones políticas internacionales que, no andan en ningún universo paralelo, sino que disponen, desde ámbitos de poder determinados las cotidianeidades locales. En concreto, la hegemonía neoliberal tardo-capitalista –ahora globalización- trajo consigo una nueva ola de desencanto a causa de la victoria imperial de la unidimensionalidad ideológica, que hubo de remontarse en primera instancia anímicamente; pero además esto no sucede en vacío sino que se polemiza en el día a día mediante diques restrictivos en los que has de buscar las grietas, que las tiene, y claro…, arreglártelas para sostener una calidad de vida a la que no estás dispuestx a renunciar. Comienzan a aparecer las primeras ETTs y el inicio de metamorfosis de asalariadxs a autónomxs, el desmantelamiento de las formas productivas ya consolidadas que se orientaban hacia un bienestarismo de tercera, junto con el aumento paulatino de la cesta de la compra, la llegada ya masiva de turistas y la cantinela de la búsqueda activa del empleo… y de aparcamiento.
Con respecto al 92 las consecuencias para Sevilla fueron determinantes tanto en la nueva interpretación urbanística que trae consigo como en el lugar que pretende situarse como ciudad-marca. A golpe de talonario y en un espacio de tiempo record, sin planificación y ni mucho menos participación social, a la ciudad se la quiere dotar, de forma espectacular y escenográfica, lo que antes se le había negado tras un abandono de décadas.
GAS- ¿Qué factores entraron en juego como para que se produjera este tipo de movimientos autónomos en la ciudad?
Tal vez resulta fundamental la contigüidad sincrónica de las vidas de este barrio, en el que se ha creado una comunidad de adherencia vecinal abierta a la movilidad. Consciente además de su situación en uno u otros ámbitos, y que tiene una capacidad intersubjetiva de comunicación alegre, dispuesta por el uso y disfrute de los espacios comunes. Nos conocemos y nos tenemos aprecio, y hemos diluido las fronteras entre lo público y lo privado a través de la espontaneidad de lo cotidiano; y por supuesto, la indignación ante la saturación de la impunidad de los acosos y derribos. También las mismas prácticas llevadas a cabo, que independientemente de los resultados, te permiten pasártelo bien con lxs demás mientras las llevas a cabo, jugando al ensayo y error de forma divertida, mientras se va generando una familiaridad cordial.
GAS- En el trayecto de las luchas que emergieron en el barrio, ¿Cuáles fueron las bases de organización y comunicación entre lxs vecinxs y el resto de la ciudad (población, instituciones, medios de comunicación)? ¿Alguna anécdota o experiencia destacable?.
Bueno, habría que matizar que las luchas de las que se habla en el libro resultan de una amalgama de confluencias que raras veces se da en una asociación o colectivo vecinal al uso. Estamos hablando de un espacio político-social difuso que pretende constituirse a medida que avanza y que trata de ser lo más permeable posible. Por lo tanto el marco organizativo ha ido variando y en sus momentos de máxima efervescencia y actividad, cuando se están poniendo en cuestión políticas o planes concretos, se enunciaba como Plataforma (Plataforma contra el aparcamiento bajo la alameda o Plataforma Alamedaviva posteriormente), utilizado en su sentido más flexible, como confluencia de afinidades ante una coyuntura concreta.
El trabajo de difusión e contagio se concibe como una corriente, algo que se proyecta a distintos niveles. El hacer cotidiano de las redes se expande en el barrio generando empatías y también conflictos, es el incidir del día a día. Un territorio donde los agentes que viven y construyen con su cultura y su lucha los pocos espacios que le son permitidos pueden construir coloquio y confrontar posturas. Este es un valor de esfera pública que hay que seguir asentando y que apuesta por democratizar radicalmente las relaciones, las impuestas y las por construir. De esa forma se puede empezar a poner en práctica cierta tensión con las Instituciones Políticas y las Administraciones, a las que se les fuerza a considerar las dinámicas sociales como interlocutores.
No ha habido, tampoco, un proceso de ósmosis entre otros ámbitos públicos, como la institución académica o instituciones de gestión de lo cultural, que ejercen de espaldas a la realidad que experimentan los agentes sociales activos. La tarea a reinventar es situarles ante la tensión de la que forman parte y que promueven pasivamente con maquillada asepsia.
Algo que en el libro se evidencia es el trayecto del papel que juega la comunicación como recurso y apropiación de un espacio enunciativo. No estamos hablando de información unidireccional, sino de todo despliegue posible del que podemos hacer uso en un medio poblado de representación inocua y del cual se puede hacer un uso táctico que disrumpa en la meseta espectacular de lo políticamente corregido.
Un pequeño guiño en este sentido puede ser la ocupación del actual Centro Vecinal Pumarejo. Aprovechando unas Jornadas sobre el Patrimonio, promovidas por la Plataforma por la Casa Pumarejo, un responsable municipal de la Gerencia de Urbanismo invitado sonreía frente a los medios de comunicación allá congregados. Y no dejó de sonreir mientras, a su pesar, era conducido por lxs organizadores al interior del local recién okupado, limpio y en condiciones de acoger las Jornadas. El empoderamiento colectivo no conoce límites…
GAS-¿Pensáis que con el libro aportáis un instrumento pedagógico y accesible para el barrio?
Ese es uno de los objetivos clave. Por esa razón la disposición de los contenidos y la estructura final del libro, en cualquiera de sus páginas abiertas al azar, te permite la posibilidad de sentirte cercano y contagiarte del acontecimiento al presentarse en forma de breves relatos. En un tiempo mínimo te permite empatizar. Esta integración se facilita también por la combinación entre texto e imagen, un modo ameno de comunicar desdibujando los moldes asumidos y las categorías de emisor-receptor.
Otras decisiones editoriales que inciden en este sentido son: el material se ha distribuido gratuitamente a colectivos, centros sociales y gentes que operan en el entorno, estando al alcance de muchxs; el precio de venta es de 18€, inferior a su valor de impresión; lxs autorxs no cobran y el dinero obtenido, a fecha de hoy con superávit, será destinado a bienes comunales; su carácter coral ya es garantía de amplitud de lecturas y por lo tanto de reapropiaciones autónomas
Y a nivel de contenidos estamos hablando de reactivación de la memoria que al documentar el despliegue de estrategias, acciones, imaginarios permite dar trascendencia a las formas de autoorganización social a la vez que hacer autocrítica y desde abajo. Todo eso forma parte también de una pedagogía de la construccion horizontal emancipatoria.
Teniendo en cuenta que el barrio es la gente que lo habita y la movilidad actual a la que nos vemos vinculadxs ya hemos recibido muestras de su utilidad aportadas por el uso que del él hacen lxs recién llegadxs. Además, como manual de consulta en bastantes ocasiones hace las veces de guía para fechas, cambios en el trazado urbano…etc.
GAS-¿Cuál es la realidad actual del barrio?
Seguimos en proceso de gentrificación bastante avanzado, se ha tematizado como Alameda bohemian-chic, aunque se está enfriando el termostato inmobiliario. Ya aparecen muchos carteles de alquiler, y venta pero el incremento de los precios producido en los últimos años no remite, ni visos. Es un barrio bastante más caro, en el que la vida –cafelito, tostá ,tapas, cervecita….el mercao…pan - ha subido el más del doble en los últimos años.
La administración puso en marcha hace cuatro años un mal llamado proceso de participación, inocuo, burocrático y nada participativo en las formas y en su desarrollo. Este acabó formalizando una rehabilitación integral del paseo tal como hoy lo conocemos. Aún no hay bancos- de los de sentarse- en la Alameda, y el uso y disfrute de la calle se ve atacado ahora por una "ordenanza cívica" que transgrede derechos constitucionales y garantías hasta ahora pactadamente inalienables.
Por otra parte esa comunidad de la que hablábamos antes, hace del barrio un laboratorio de prácticas cada vez más consolidado por la confianza y el conocimiento mutuo, tanto de los límites como de las aperturas. Hay acumulación, autoestima colectiva y la gente se sabe capaz de hacer finta a las situaciones adversas que se nos plantean.
GAS- Después de dos años de trabajo colectivo ¿Qué reflexión habéis sacado y cuáles son vuestros próximos proyectos?
Con respecto al trabajo colectivo ha sido muy ilustrativo de las posibilidades no transitadas habitualmente en las relaciones horizontales, además de constituir un reflejo nada desdeñable de la creación de habilidades compartidas ante situaciones nuevas.
Cuando nos constituimos como consejo, siempre estuvo presente lo efímero de su arquitectura, es algo que forma parte de las potencialidades nómadas; aunque sí que jugamos a un segundo ejercicio algunxs de lxs miembrxs del consejo e inauguramos el Cas –centro de las artes de Sevilla- con el Tinglao del Gran Pollo de la Alamda: Instalache autoaviográfico del deseo perturbador; un trabajo procesual que duró unos 3 meses de coahabitaje divergente en una institución cultural.
Partimos de redes que aspiran a trabajar de una manea cooperativa para generar una tenencia comunal de nuestros saberes y medios, donde no existe la autoría como posesión sino, como redistribución. El hecho de propiciar prácticas horizontales de reflexión sale al encuentro de la fragmentación del conocimiento y por tanto de nuestras vidas, visualizando las fisuras correspondientes a cada campo, minimizando la censura y ampliando las virtualidades comunes. Este proceso autoconstituyente es revelador de las zonas oscuras de esa parcelación, tanto de las adquiridas o heredadas por la aplicación de los artilugios del miedo; como de las potenciadas por la seducción de las prebendas del aura.
Como consejo de redacción no tenemos proyectos próximos, no somos un colectivo clausurado ni inalterable, aunque nos une más que unos buenos vinos y ratos compartidos habitualmente, que no es poco. Lxs integrantes del consejo seguimos siendo vecinxs y politizando juntxs en diversidad de proyectos y enredos varios, pero nuestro nexo es más amplio que el habernos constituido transitoriamente en consejo durante un lapso intencional de nuestras vidas para esta tarea concreta.
La distribución y venta de El gran Pollo corre a cargo de la librería La Fuga, en Sevilla. La distribución corre a cargo de Traficantes de Sueños en Madrid y Virus en Cataluña y se está en proceso de concertar otras distribuidoras en el resto del Estado.
En la web podréis encontrar a vuestra disposición los contenidos del libro en formato pdf:
http://www.elgranpollodelaalameda.net/
* Grupo de Acción Social - GAS - 02/02/2008
Foto: Sevilla, el gran pollo de la Alameda - redasociativa.org
Marbella: El TSJA acusa al juez De Urquía de dejar en libertad a detenidos a cambio de dinero
SUR/Málaga* : La Sala de lo Civil y Penal del TSJA ha abierto diligencias previas contra el juez Francisco Javier de Urquía, a quien ha imputado por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y revelación de secreto. Esta nueva causa -la segunda que se abre contra el juez tras su imputación vinculada con el 'caso Malaya'- está relacionada con la instrucción del 'caso Hidalgo'.
La acusación que se le hace a De Urquía, según ha podido saber este periódico de fuentes judiciales, es haber dejado en libertad a cambio de dinero a al menos uno de los acusados en esa operación, desarrollada en Marbella en abril del año pasado contra una presunta trama de blanqueo de capitales. El Consejo General del Poder Judicial ha acordado una nueva suspensión cautelar de funciones del juez, quien ya se encontraba suspendido desde su imputación en una pieza separada del 'caso Malaya'.
La investigación contra el ex titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella se inició el pasado verano y concluyó en enero, según las fuentes consultadas, que explicaron que se trató de un tema muy complejo que requirió varios dictámenes de la Fiscalía.
De Urquía fue citado semanas atrás por el TSJA con la mayor discreción, y se negó a declarar ante el juez que lleva la causa, según aseguraron las fuentes. Además del magistrado, hay otras tres personas imputadas en esta causa. El diario 'El País' avanzó ayer la suspensión de De Urquía, e informó de que también aparece como imputado su amigo Arnaud Fabrice Albouhair, también acusado en la pieza de 'Malaya', al igual que el ex asesor de Urbanismo de Marbella, Juan Antonio Roca.
El abogado Santiago de la Cruz, que ejerce la defensa del empresario David Shamoon, uno de los acusados en el 'caso Hidalgo', anunció ayer por su parte que su defendido tiene la intención de personarse en este caso. El letrado, perteneciente al bufete Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero, indicó que su defendido se considera perjudicado por la actuación de De Urquía.
El pasado 11 de diciembre el magistrado del TSJA instructor de la pieza separada de 'Malaya' decidió elevar a procedimiento abreviado esta causa sobre supuestos delitos de prevaricación, cohecho y asesoramiento accidental al servicio de un particular en asunto en el que había de resolver.
En un auto al que ha tenido acceso este periódico, el instructor de estas diligencias previas, Miguel Pasquau, acordó que continuara el caso con respecto a De Urquía, Juan Antonio Roca y el amigo de ambos Arnaud Fabrice Albouhair.
Este auto se encuentra recurrido por De Urquía, y en fuentes judiciales se estima que de no prosperar este recurso, el juicio se celebrará en tres meses, en lo que sería la primera vista oral del 'caso Malaya'.
* SUR - 02.02.08 - H. BARBOTTA / C. MORÁN
Foto: Marbella - costasur.com
Arde la hoguera de las impunidades
JOSÉ NARANJO* : Igual que el genial Tom Wolfe reflejara en su novela La hoguera de las vanidades los esplendores y las miserias de la Nueva York de fin de siglo, el mundo de las altas finanzas, los restaurantes de lujo y las exclusivas fiestas de Park Avenue discurriendo paralelas al sórdido mundo de Harlem, la apertura parcial del sumario de Las Teresitas ha sido capaz de sacar a la luz pública un universo de política y negocios, de glamour y cutredad con sede y bastión en la isla de Tenerife, intuido por todos, pero ahora pornográficamente dibujado, negro sobre blanco, en los folios de un sumario judicial.
Hay muchas maneras posibles de contar esta historia, pero es la propia fiscal Anticorrupción María Farnés quien relata los hechos con maestría en su fundamentada querella. El primer hecho llamativo se produce en junio de 1998, cuando dos experimentados y riquísimos empresarios incrustados en el corazón del poder tinerfeño, como son Antonio Plasencia e Ignacio González, pagan 5.500 millones de pesetas por unos terrenos en la playa de Las Teresitas sobre los que existían serias dudas de rentabilidad, para lo cual pidieron un crédito a CajaCanarias que ésta les concede sin dudar.
Además del detallito de que el propio Ignacio González estaba en el Consejo de Administración que votó sí a este crédito que mereció una reprimenda del Banco de España, resulta que a los pocos días, el Supremo dicta una sentencia que convierte esos terrenos en una codiciada pieza urbanística. ¿Información privilegiada? ¿Casualidad?
DESLINDE. De nada importaba que una parte de los terrenos fuera de titularidad pública por estar afectados por el deslinde de Costas o que no se informara de esta operación a una parte de los legítimos propietarios del suelo.
Luego vendría la compra de los terrenos por parte del Ayuntamiento por la astronómica cantidad de 8.750 millones de pesetas, todo ello sin tener en cuenta valoraciones internas que advertían, no ya del citado deslinde, sino de cuestiones como la entrada en vigor de la moratoria turística, que rebajaban sensiblemente el valor de los terrenos o el sencillo hecho de que una parte del suelo que adquiría el Ayuntamiento ya era público.
Buena parte de la investigación de la jueza Carla Bellini se ha orientado a desentrañar estas operaciones aquí apenas esbozadas y a intentar perseguir el rastro de los millones que se han movido de un lado para otro. Sin embargo, en medio de todo ello está la fotografía de la impunidad como estilo de vida.
En la parte superior de la pirámide descansa el alcalde Miguel Zerolo, acostumbrado desde su época de concejal de Carnaval hace ya unos cuantos años a repartir subvenciones aquí y allá. Zerolo, que luego fue al Cabildo y luego al Gobierno canario, y que allí volvió a repartir, ahora 1.500 millones de pesetas para empresas audiovisuales, lo que algunos consideran 'el inicio de la mordaza'.
Y todo hecho con la sensación de impunidad en el uso de dinero público que ahora arde en la hoguera en medio de la plaza del pueblo, a la vista de todos los que quieran verlo gracias al sumario del caso Las Teresitas. Y tras Las Teresitas asomaba en el horizonte la privatización de Enmasa y no se sabe qué otras operaciones de igual tono.
Junto a Zerolo, o debajo de él, toda una cohorte de apoyos indispensables, una tupida red de vínculos familiares, empresariales, amistosos o políticos que han hecho de Tenerife una isla donde era difícil discrepar.
Pero hay quien piensa que ya nada será igual tras Las Teresitas, que se acabó la sensación de impunidad. Que la catarsis de este sumario calará como lluvia fina.
Al broker neoyorquino que protagoniza La hoguera de las vanidades, Sherman McCoy, la buena suerte le cambió el día que atropelló a un joven negro en el sucio y oscuro barrio de Harlem. Él, que tocaba el cielo con los dedos cada día en Wall Street, se vio, de repente, frente a la cruda realidad, arrojado del Paraíso.
* La Provincia - Opinión - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 03/02/2008
