ELPAÍS* : El descontento de los ciudadanos contra los políticos se dispara tras la crisis de las infraestructuras. Ayer, a la misma hora que miles de catalanes sufrían por enésima vez retrasos en los trenes de Cercanías, el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat (CEO) presentó el índice de satisfacción política, que eleva el descontento de la población para con los políticos hasta el 60,9%, el 5,7% más que en marzo. Esta cifra es la segunda más alta desde junio de 2005, fecha en que se empezó a elaborar el índice.
Sólo el 61,3% de descontentos de marzo de 2006, en plena pelea política por la aprobación del Estatut, fue mayor que el actual.
La situación del aeropuerto de El Prat, el retraso y el desaguisado de las obras del AVE, con el consiguiente caos de Cercanías, y el apagón que dejó a oscuras a Barcelona en julio "han actuado como un tsunami que ha hecho crecer la insatisfacción hasta el punto actual", afirmó ayer Gabriel Colomé, director del CEO. Colomé se mostró "confiado" en que la llegada del AVE y de nuevas inversiones "hagan que la satisfacción política aumente".
El sondeo, basado en 2.200 entrevistas, se llevó a cabo entre el 20 y el 30 de noviembre, en plena recuperación del servicio de Cercanías y justo antes de la manifestación del 1 de diciembre convocada por la Plataforma por el Derecho a Decidir y contra el caos en las infraestructuras. Según Colomé, la movilización "influyó en parte en el resultado del índice".
Por partidos, los votantes del PP son los más descontentos, ya que el 58,4% se sienten insatisfechos con la política. Por el contrario, el PSC es el partido con menos votantes descontentos, el 26,7%. La formación que registra un repunte mayor de insatisfacción entre sus simpatizantes es Iniciativa per Catalunya Verds (ICV). El 36,9% de los votantes del partido ecosocialista, que desde que empezó el caos de Cercanías lo ha tomado como caballo de batalla político, se sienten descontentos con la política. En el anterior índice de octubre de 2007, sólo el 14,4% de los votantes de ICV estaban insatisfechos, el 22,5% menos que en el índice actual.
El repunte de los descontentos se refleja aún más en el índice de insatisfacción coyuntural, que se refiere a aquellos ciudadanos que, si bien confían en el sistema, se sienten descontentos con la situación política del momento. Esta cifra llega al 58,5%, la más alta desde que el CEO realiza estos sondeos y muy por encima del 42,9% de insatisfechos de hace tan sólo seis meses. El 45,2% de los entrevistados, sin embargo, está satisfecho con la situación actual.
Por el contrario, la insatisfacción estructural, que alude a los descontentos con el sistema político en general, desciende el 3% respecto al índice de octubre hasta situarse en el 54,8%. Los satisfechos con la política llegan al 45,2%, la tercera cifra más elevada de todos los índices pero aún lejos del 48,7% del sondeo de noviembre de 2005.
El crédito del régimen democrático y el descontento por la situación va acompañado de un aumento de la participación electoral. A sólo tres meses de los comicios generales, el 70,8% de los entrevistados sostiene que irán a votar y ya tienen decidido a qué partido darán su apoyo. En el anterior sondeo la participación prevista era del 64%.
Por partidos, los simpatizantes del PP son los más participativos (89,8%) y los de CiU los menos (82,8%). ICV movilizaría al 86,1% de sus votantes, el PSC al 84,5% y Esquerra al 83%. Los republicanos son los que más indecisos tienen en sus filas. El 14,7% de los votantes de ERC no sabe si repetirá su voto en las generales.
JÉSSICA SANROMÁN: "Quiero un tren sin incidencias de una vez"
"Me parece fatal la situación que estamos viviendo", lamentaba Jéssica Sanromán en una de las innumerables paradas no justificadas que ayer asolaron a los trenes de la línea C2 de Cercanías. Ella lo tenía claro: "No quiero volver al autobús ni quiero viajar así, lo que quiero es un tren sin incidencias de una vez". Jéssica no está segura de que la situación de Cercanías se arregle con la llegada del AVE a Barcelona. "Ojalá", espetó antes de asegurar que "con un buen tren", no le importaría pagar el billete.
EVA RUBIO: "Con el autobús sabías a qué hora llegabas"
Eva Rubio era una de las pasajeras que ayer sufrió los retrasos de Renfe. A la altura de Bellvitge, cuando el tren ya llevaba una hora de retraso, su hartazgo era evidente: "Siempre pasa lo mismo desde hace demasiado tiempo. Cuando había el autobús tardabas más, pero sabías a la hora que llegabas". El hecho de que su trayecto sea gratuito hasta que llegue el AVE a Barcelona no la consolaba: "Depende del trabajo que tengas te conformas o no. Hay mucha gente que llega tarde y no le sirve de nada ahorrarse el billete".
DORI SEBASTIÀ: "Pagaría el doble si hubiera más trenes y fueran puntuales"
Dori Sebastià estaba nerviosa ayer. "Estamos parados en un puente y me está sentando mal el desayuno", confesaba. El tren de la línea C2 de Cercanías llevaba más de 50 minutos de retraso, 10 de ellos estacionado en vías elevadas que alteraban a Dori. "Me parece indignante, por decirlo suavemente. Pagaría el doble si el tren fuera puntual y pasara cada cinco minutos", aseguraba. Pese a tener el viaje gratuito, Dori se mostraba reticente: "Con la subida de precios ya lo pagaremos".
ROSALIA HUGUET: "He salido una hora antes y llegaré tarde igualmente"
Rosalia Huguet no usa el tren con asiduidad, pero ayer se subió a un convoy de Cercanías para ir al médico con su marido. "Cuando me he levantado he oído que los trenes iban mal. He salido una hora antes de casa; sin embargo, llegaré tarde al médico igualmente", lamentaba. A pesar del retraso, Rosalia se mostraba más comprensiva que otros viajeros: "Debemos comprender que se está haciendo una obra importante, quizá es normal que haya todas estas molestias".
* ELPAIS.com - MAIOL ROGER - Barcelona - 05/01/2008
Foto: Barcelona, usuarios cercanías en Sants - EFE
Barcelona: El caos de las infraestructuras eleva al 60% el número de descontentos
El juez Torres levanta parcialmente el secreto del sumario del 'caso Guateque'
EUROPAPRESS/Madrid* : El juez Santiago Torres, que investiga la presunta trama de tráfico ilegal de licencias en el Ayuntamiento de Madrid, levantó hoy parcialmente el secreto del sumario que pesa sobre las actuaciones del procedimiento, que salió a la luz el pasado 14 de noviembre con el desarrollo de la primera fase de la operación, informaron hoy fuentes próximas a la investigación.
La decisión del magistrado fue trasladada esta mañana a los abogados defensores de los nueve imputados, funcionarios del Consistorio y varios empresarios, que cumplen prisión preventiva por participar en la supuesta red de cobro de sobornos a cambio de agilizar licencias. Se les acusa de delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.
El instructor, que investiga el caso a raíz de la denuncia de un particular, ha levantado el secreto del sumario recogido en un total de ocho tomos de la causa (4.107 páginas), de los diez que engloba la totalidad del procedimiento. Por el momento, los letrados aún no han podido hacerse con el sumario, al existir "un problema material" ante el gran volumen de páginas.
Las partes del proceso, abogados y la representación legal del Ayuntamiento de Madrid (que ejerce la acusación particular), podrán acceder a la mayor parte de los datos recabados hasta ahora en la investigación. Estos meses, el procedimiento se ha centrado en el análisis de los 187 expedientes considerados sospechosos y de la documentación incautada en los 24 registros practicados hasta ahora.
Asimismo, parte de la información obtenida por el magistrado proviene de las conversaciones telefónicas interceptadas por la Guardia Civil y en las propias manifestaciones de los imputados ante el juez.
A mediados de diciembre, Torres prorrogó por un mes el secreto sumarial, lo que limitaba el conocimiento de la investigación al propio instructor y al fiscal astrito al Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, César Estirado.
EN LIBERTAD
Fuentes consultadas por Europa Press indicaron que el juez Torres tiene previsto en los próximos días dejar en libertad a alguno de los nueve detenidos en la primera y segunda fase de la operación. Hasta ahora, Carmen Eulalia Ibáñez, asesora técnica de Evaluación Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente, ha sido la única que ha abandonado la prisión tras hacer efectiva una fianza de 20.000 euros.
Las últimas detenciones se llevaron a cabo el pasado 27 de diciembre, cuando agentes de la Benemérita registraron seis sedes municipales y arrestaron a otros cinco funcionarios por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación administrativa.
Estos son Manuel Sánchez Romanillos (de la Junta municipal de Salamanca), Domingo Sánchez Bote (de Chamartín), Miguel Ángel García Jodar (técnico del Área de Medio Ambiente), Alfonso Clemente García (que trabajaba en la Junta de Carabanchel) y Fernando Ruiz Torrejón ( de Urbanismo).
De la primera fase, cumplen prisión Victoriano Ceballos, el jefe de la División de Impacto y Análisis Ambiental del Consistorio, y Joaquín Fernández de Castro, jefe del Departamento de Evaluación Ambiental, entre otros.
24 PERSONAS DETENIDAS
Hasta ahora, el juez Torres ha ordenado la detención de 24 personas en las dos fases y ha practicado 24 registros en diferentes dependencias municipales y despachos profesionales.
El pasado mes de noviembre se llevó a cabo la primera fase de la operación 'Guateque' con la detención de 16 funcionarios, entre empleados públicos y técnicos, que posteriormente se elevó a 19, y se practicaron más de una quincena de registros en diferentes dependencias municipales y domicilios.
* Europa Press - MADRID, 4 Ene
Foto: Madrid, urbanismo ayuntamiento - europapress.es
El legislador del 2007
ÁNGEL B. GÓMEZ PUERTO* : El ejercicio real del derecho constitucional a la vivienda ha estado en el debate político y social, y en la agenda legislativa de las Cortes Generales durante el pasado año 2007. Recordemos que el artículo 47 de nuestra actual Constitución de 1978, declara que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.
Al respecto, el pasado año 2007 entró en vigor una importante norma, la nueva Ley reguladora del Suelo, una de las más importantes de las 161 leyes aprobadas en la legislatura 2004-2008. La nueva ley tiene como fundamento el precepto constitucional antes señalado. Era la respuesta contundente del legislador, y de la sociedad en su conjunto, a tanto desorden urbanístico sufrido en los últimos años en demasiadas zonas del territorio nacional.
El objetivo que las Cortes Generales pretenden con la nueva ley es regular las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales relacionados con el suelo en todo el territorio estatal, así como establecer las nuevas bases económicas y medioambientales de su régimen jurídico, de su valoración y la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en materia de suelo.
Entre los principios generales que informan el contenido global de la ley del suelo se encuentra el principio de desarrollo territorial y urbano sostenible, en base al cual, las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo, tienen como fin común la utilización de este recurso conforme al interés general y según el principio de desarrollo sostenible.
Además, y en virtud del objetivo de desarrollo sostenible, todas esas políticas públicas han de propiciar el uso racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres, la salud y seguridad de las personas, y la protección del medio ambiente.
Es muy importante destacar un derecho que se consagra esta nueva ley del suelo al ciudadano: el de acceder a la información de que dispongan las Administraciones Públicas sobre la ordenación del territorio, la ordenación urbanística y su evaluación ambiental, así como a obtener copia o certificación de las disposiciones o actos administrativos adoptados. Por otra parte, se establece la obligación ciudadana de respetar y contribuir a preservar el medio ambiente, el patrimonio histórico y paisaje natural y urbano, absteniéndose en todo caso de realizar cualquier acto o desarrollar cualquier actividad no permitidos en la materia.
Esperemos que con la entrada en vigor de la nueva regulación se sienten las bases de un nuevo modo de entender el respeto a los bienes comunes, de una ordenación justa y racional del territorio, y del fin de la especulación urbanística. Y que se posibilite en cualquier territorio de España el ejercicio eficaz de derechos constitucionales tan transcendentales como el “derecho a la vivienda digna y adecuada” (artículo 47 de la Constitución), o el “derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona” (artículo 45 de la Constitución).
Al respecto, también ha aprobado nuestro legislador el pasado año 2007 normas legales tan importantes como la Ley de Responsabilidad Medioambiental, así como la nueva Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera. Parece que el círculo legislativo verde empieza a completarse, quedando algunas asignaturas pendientes para la legislatura 2008-2012, como una norma legal sobre fiscalidad ecológica, o la necesaria ley general sobre el derecho al medio ambiente, aún no abordada en los 30 años de vigencia de nuestra actual Constitución.
(*) Ángel B. Gómez Puerto es Doctorado en Derecho Público por la Universidad de Córdoba.
* La República - 3 de enero
Marbella legalizará de una tacada casi 1.000 comercios sin licencia
ELPAÍS* : El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) se ha dado un mes para comenzar a regularizar los cerca de 1.000 comercios que funcionan sin licencia municipal porque se encuentran en edificios ilegales. El equipo jurídico está elaborando una normativa que permita conceder permisos de apertura provisionales que adquirirán firmeza una vez que se apruebe el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en el que se contempla la regularización de muchos de estos edificios a cambio de compensaciones a la ciudad.
La alcaldesa, Ángeles Muñoz (PP), anunció ayer que quiere aprobarlo antes de que finalice enero. "Estamos estudiando cuál es la mejor manera para desbloquear esta situación. No es fácil porque hay muchas irregularidades en alguno de los edificios y por lo tanto de los comercios", explicó.
La Comisión Gestora ya trató de conceder licencias provisionales a 600 de estos comercios hace un año, pero no sacó la medida adelante por la dificultad para obtener fórmulas que se ajustaran a la legalidad.
La medida anunciada por Muñoz pretende dar un poco de tranquilidad a un sector que ha tocado fondo tras una crisis que dura ya tres años. Sólo en la primera quincena de enero está previsto que echen el cierre 123 pequeños comercios de la ciudad. Según el presidente de Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Marbella (Apymen) la regularización provisional de estos negocios afectará "de forma indirecta" a unas 3.000 personas.
La regularización de los edificios ilegales, mediante el sistema de compensaciones establecido en el plan general, condiciona directamente la legalización de estos comercios. "Si un local no tiene permiso de primera ocupación, porque Urbanismo no lo ha concedido, difícilmente se podrá una licencia comercial", explican técnicos consultados.
Entre los negocios que carecen de licencia se encuentran seis hoteles construidos sobre suelos catalogados para otros usos o que sufren un exceso de edificabilidad como el Guadalpín Marbella y Banús, dos establecimientos de cinco estrellas que posee en la ciudad la inmobiliaria Aifos, cuyos principales directivos están imputados por cohecho en el caso Malaya.
La revisión de los permisos también afecta a varios locales del centro comercial La Cañada, propiedad del empresario Tomás Olivo, también imputado en la trama de corrupción marbellí, y cerca de 40 negocios del centro comercial Plaza del Mar, en pleno paseo marítimo de Marbella, además de oficinas, guarderías o bares.
La regularización de algunos de estos negocios acarreó un enfrentamiento entre el responsable de comercio e industria de la gestora marbellí, el socialista Fidel Fernández Nieto, y Ángeles Muñoz, cuando ésta era candidata a la alcaldía.
Muñoz anunció que suspendería los expedientes de revisión a locales y comercios en su primer pleno como regidora y el vocal de industria mantuvo que esta medida sería ilegal. "Como regidora nunca va a tener esta potestad porque la norma establece claramente que los actos administrativos se anulan mediante las correspondientes revisiones de oficio, motivadas y con informes preceptivos del Consejo Consultivo", dijo Fernández Nieto.
En mayo de 2007 la comisión gestora trató de conceder autorizaciones de apertura de carácter transitorio hasta que el Plan General pudiera resolver la situación. "Desgraciadamente la legislación no contempla situaciones como la existente en Marbella y no se ha podido encontrar ningún resquicio para aplicar", se excusó entonces el vocal responsable del área.
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Marbella - 04/01/2008
Foto: Marbella, Ayuntamiento - UrbanismoPatasArriba
Riba-roja aprueba un PAI de 1.660 viviendas en el que tiene terrenos la mujer del alcalde
LEVANTE/Valencia* : El PP de Riba-roja aprobó el pasado miércoles por la tarde un Proyecto de Actuación Integrada (PAI) para construir 1.660 viviendas en una zona no urbanizable del municipio situada junto al futuro Parque del Túria. Tal como reconoció ayer el propio alcalde de la localidad, Francisco Tarazona (PP), el proyecto de El Quint afecta a unos terrenos propiedad de su esposa y de los padres de otro concejal del grupo popular y sobrino del primer edil, Jose Vicente Tarazona.
Aún así, Tarazona y el otro edil popular pudieron votar el miércoles a favor de la reclasificación de los terrenos escudándose en dos informes jurídicos (el primero de un catedrático de derecho y el segundo de la Generalitat) que señalaban que ninguno de los dos incurría en causa de exención a pesar de su grado de parentesco con los propietarios del suelo.
Según estos informes, el alcalde podía votar a favor del PAI porque la propiedad de su mujer "era mínima" respecto al total que se iba a reclasificar y porque la decisión final para llevar a cabo el proyecto iba a ser de la Generalitat y no del ayuntamiento.
"Estos son unos terrenos que heredó mi mujer de sus padres desde antes de que se aprobara el PAI", reconoció Tarazona.
Por su parte, el PSPV, que se abstuvo en la votación para la aprobación del plan urbanístico, sí que criticó ayer que el PAI de El Quint se vaya a llevar a cabo conforme a la ya derogada Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y no conforme a la LUV o a la Ley Estatal del Suelo, que hubiese obligado a publicar los propietarios de terrenos implicados en la reclasificación. Aún así, los socialistas reconocieron la legalidad de esta decisión ya que el PAI fue aprobado provisionalmente en 2005, cuando todavía se aplicaba la anterior ley urbanística.
El edil del PSPV, Robert Raga, también criticó que el gobierno del PP haya aprobado un proyecto que desde su primera aprobación en 2005 se ha modificado sustancialmente. Y es que la puesta en marcha del proyecto del Parque del Turia ha quitado unos 250.000 metros cuadrados del diseño del PAI original. "A pesar de ello, el ayuntamiento no informó a los propietarios afectados de esta modificación, por lo que se trata de un procedimiento absolutamente oscurantista".
* Levante-EMV - V. Contreras, Riba-roja - 04 de enero de 2008
Foto: Riba-roja (Valencia) - vias pecuarias
Almería: Cóndor denuncia los trucos de los ayuntamientos para edificar fuera de la ley
TELEPRENSA* : El Grupo Ecologista Cóndor, de Almería, denuncia que algunos Ayuntamientos han creado figuras urbanísticas para construir en zonas aisladas del núcleo y en suelo no urbanizable, sorteando la Ley sin que las administraciones superiores, Consejería o Ministerio, hagan nada por evitarlo. El que hizo la ley hizo la trampa. Este dicho popular también se puede aplicar a los alcaldes y responsables de urbanismo de numerosos ayuntamientos de la provincia de Almería que a lo largo de los últimos años han ideado todo tipo de trucos para “burlar” la legislación vigente y facilitar a los constructores y promotores suelo que permita un desarrollo urbanístico más grande del que podían asumir.
El aspecto positivo de estas fórmulas ha sido, para los ayuntamientos, lograr unos ingresos extraordinarios para las arcas municipales y para algunos políticos inflarse sus bolsillos, pero la parte negativa se la han llevado los ciudadanos, que care-cen en muchos casos de los servicios necesarios para desarrollar el día a día.
El pionero en esto de los trucos fue el anterior alcalde de Arboleas, Cristóbal García (PSOE), que abrió la veda a todos los ayuntamientos de la zona, concediendo licencias para construir viviendas en terrenos asilados del núcleo urbano. Fuentes de la Delegación de Obras Públicas detallaron que aprovechó la ley anterior al año 2002 y clasificó “mucho” suelo aislado. En él, permitió construir sin la figura de planea-miento necesaria, es decir, sin el plan parcial. Las consecuencias es que a día de hoy todavía no se contemplan los equipamientos e infraestructuras necesarias, que van a tener que costear ahora todos los que construyeron y promovieron allí.
Otro ejemplo claro que también denuncia el Grupo Ecologista Cóndor es el de Cuevas del Almanzora (PP). En este caso, los problemas urbanísticos han aparecido con posterioridad al año 2002, es decir, con la nueva ley. Para construir al ritmo que el Ayuntamiento ha considerado conveniente, el Área de Urbanismo se inventó una figura, el ‘proyecto de delimitación del suelo urbano consolidado’. Mientras que las localidades que carecen de PGOU se rigen por las Normas Subsidiarias o por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, en contra de lo que determina toda esta normativa, el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora creó la citada figura, a la que se han acogido para dar licencia a numerosas promociones, en suelos que están decla-rados como no urbanizables en las Normas Subsidiarias, que son las que rigen hasta que se apruebe el PGOU, que está en fase de redacción.
Zurgena (PA) ha tomado ejemplo de Cuevas, al igual que otros municipios co-mo Cantoria, que han creado una figura adicional, el “hábitat rural diseminado”, para legalizar viviendas que en su día se construyeron en suelo no urbanizable. Alegan que se trata de un asentamiento histórico y que los moradores se dedican a la actividad rural, para legalizar su situación. Pero la única que tiene competencias para crear esta figura es la Junta y, en todo caso, el Ayuntamiento a través del PGOU.
* Teleprensa Almería - 4 de Enero del 2008
Foto: Albox (Almería), viviendas ilegales - teleprensa.net
La fiscalía abre un nuevo frente contra el alcalde de Cabanes por Torre la Sal
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ELPAÍS/Castellón* : La fiscalía de Castellón ha abierto una investigación penal contra el alcalde de Cabanes, Artemio Siurana, ante la posible comisión de los presuntos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio en la tramitación y aprobación del programa de actuación urbanística conocido como Torre La Sal.
El concejal de Esquerra Unida en el municipio, Carles Mulet, presentó un escrito ante fiscalía que ahora ha provocado la apertura de estas diligencias en las que se investigará si el alcalde y los otros concejales del PP del anterior equipo de gobierno cometieron algún delito al otorgar licencias de construcción para la edificación de dos bloques de apartamentos (460 viviendas) sin que se cumplieran los condicionantes previos al desarrollo del proyecto, que estaban marcados en la Declaración de Impacto Ambiental.
La aprobación definitiva del programa, otorgada por el Consell en octubre de 2005, señalaba como condiciones previas que estuviera "asegurada y debidamente autorizada la construcción y puesta en funcionamiento" de una desaladora con el fin de garantizar los recursos hídricos necesarios. También incluía otras medidas de carácter hídrico y medioambiental, ya que la zona se encuentra a apenas tres metros del parque natural del Prat de Cabanes y alcanza una superficie de 1,2 millones de metros cuadrados.
Sin embargo, cuando el Ayuntamiento concedió las licencias no se habían dado los condicionantes exigidos por la Consejería de Territorio. Esta es la tercera diligencia de investigación penal iniciada en poco más de dos meses contra el alcalde a instancias de EU. El fiscal investiga la cesión de la explotación del suministro de agua a Marina d'Or, quitándosela a Facsa en el ámbito de este mismo PAI, y la denuncia por fraude electoral por el empadronamiento masivo de forasteros en domicilios del alcalde y de sus familiares.
* ELPAIS.com - M. FABRA - Castellón - 04/01/2008
Foto: Cabanes (Castellón), torre la sal - mma.es
Canarias: Políticos bajo la sombra de la sospecha
ABC* : `Eolo´, `Faycán´ (Telde), `Góndola´ (Mogán), `Las Teresitas´ (Sta. Cruz de Tenerife), `Paraíso´ (S.Bartolomé de Tirajana), `Brisan´ (Sta.Brígida)... en poco más de un año, un buen número de casos de corrupción han salpicado la geografía de las Islas, involucrando a miembros y antiguos militantes del Partido Popular (PP), el Partido Socialista (PSC), Coalición Canaria (CC) y el CCN, Centro Canario. Miembros de la oposición de las distintas administraciones y ciudadanos de a pie no han dudado en presentar denuncias que han llevado a decenas de empresarios, políticos y cargos públicos canarios a los tribunales, y en algunos casos, también a la cárcel.
`Brisan´
Uno de los últimos escándalos, tras la sombra que dejaron en 2006 los casos `Eolo´ y `Faycán´, saltaba en la localidad grancanaria de Santa Brígida. Se trata de una operación que investiga una presunta trama de corrupción con ramificaciones urbanísticas.
Tras más de un año de pesquisas, hace ya dos meses, agentes del Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil detenían a Carmelo Vega, actual concejal en Santa Brígida y ex alcalde; Luis Manuel Troya, ex concejal y antiguo primer teniente de alcalde; Antonio Díaz, actual concejal y ex alcalde; Antonio Ventura, capataz de la Concejalía de Obras y Vías; y los interventores Santiago Hernández y Jacinto Hernández.
Son sólo seis de los doce detenidos en este caso, y tras su paso por los juzgados quedaron en libertad con cargos. Se les acusa de fraude, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, falsificación documental y malversación de caudales públicos.
Las investigaciones continúan y es posible que haya más imputados. Fuentes cercanas al caso no descartan que se esté investigando al popular Lucas Bravo de Laguna, actual alcalde del municipio. Los últimos cinco detenidos fueron puestos en libertad tras prestar declaración ante la Guardia Civil sólo un día después de que pasaran por los juzgados los primeros apresados en esta operación.
Este último grupo estaba formado por Rosa Troya, hermana del ex concejal Luis Troya y administradora de la ferretería que regentan (Las Casillas S.L.) y que está siendo investigada; Carmen Rosa Rodríguez; Santiago Alvarado, administrador de la empresa Las Casillas de Servicios Hoteleros, y Esteban Santana, empleado del Ayuntamiento, «condenado hace unos ocho meses por hurtar gasolina de los depósitos municipales, y luego readmitido de nuevo por el Ayuntamiento», relatan fuentes de su entorno.
`Las Teresitas´
En la isla vecina, en Tenerife, El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dictaba hace unas semanas un fallo de cómo debía ejecutarse la sentencia del Supremo que anulaba la compraventa de las parcelas de Las Teresitas.
Esa decisión fue recurrida por Inversiones Las Teresitas, ya que la empresa privada estimaba que se beneficia al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife al plantear que la solución pasa por una nueva tasación de los terrenos, con lo que Inversiones debería devolver parte de lo cobrado a las arcas municipales.
La compraventa de las parcelas en la playa de Las Teresitas se llevó a cabo en septiembre de 2001 por importe de 52,5 millones de euros. Inversiones Las Teresitas vendió al Ayuntamiento unos terrenos por un valor que, según el Tribunal Supremo, que anuló el acto administrativo, era contraria a derecho.
El caso de `Las Teresitas´ no ha sido el único relacionado con el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, a quien se vincula con un posible delito de corrupción urbanístico en tal expediente, hecho que se sumó al escándalo del asunto de la filial de Forum Filatélico.
Hace un año, el juez Baltasar Garzón remitió un auto al juzgado de instrucción número 5 de Santa Cruz en el que pedía que se investigara un posible delito de cohecho. Así, el asunto estaría relacionado con algunas operaciones inmobiliarias de las empresas filiales de la empresa Forum.
Garzón hablaba de un posible cobro de comisiones ilegales en la construcción de un puerto deportivo en el barrio de San Andrés y la recalificación de unos terrenos. En el documento se citaba al alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, al ya ex presidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife, Luis Suárez Trenor, a la asesora urbanística municipal Herminia Gil, expulsada de PSOE, y al presidente de la Asociación de Vecinos de San Andrés y Anaga. Nunca más se supo de la investigación, hasta que hace unos días se hizo público que la Policía había registrado oficinas y viviendas del empresario José Pérez Labajos y de Herminia Gil.
Y en Arona
Por otra parte, el magistrado del juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 7 de Arona, Nelson Díaz Frías, decretó hace dos semanas el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el empresario Arsenio Zamora y para el arquitecto del Ayuntamiento tinerfeño de Arona, Eliseo de la Rosa, según informó el TSJC.
El juez imputa a Arsenio Zamora como «cooperador necesario» por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias y a Eliseo de la Rosa por cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, añade el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Unos entran y otros salen
Las detenciones se relacionan con un caso de presunta corrupción urbanística que investiga Frías, que mantiene imputado al alcalde de Arona, José Alberto González Reverón, de CC, y a la anterior Junta de Gobierno municipal, formada por CC, PP y Centro de Arona.Casi al mismo tiempo que Zamora y De la Rosa ingresaban en la cárcel, la jueza que instruye el ´caso Paraíso´, Almudena de la Rosa Marqueño, decidía la puesta en libertad del ex concejal de Vías y Obras, Pacuco Guedes, quien abandonó Salto del Negro junto al propietario de la empresa Mazotti, Alejandro Navarro.
Ambos fueron detenidos el pasado 28 de junio y enviados a prisión el 30 del mismo mes, donde han permanecido 166 días privados de libertad por estar implicados en una presunta trama de corrupción en torno al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
También en el sur de Gran Canaria, en el municipio de Mogán, comenzaba a principios de 2007 la operación `Góndola´, relacionada con la corrupción urbanística.
Al actual alcalde del municipio (del Partido Popular), José Francisco González, y a la entonces teniente de alcalde, Onalia Bueno, se les acusa de varios delitos. Los cargos que se le imputan al primer edil son tráfico de influencias, malversación y delito contra la ley electoral.
Los de Mogán, y muchos otros políticos de las Islas, podrían ir ya este año a juicio, tras años de intensas investigaciones sobre las presuntas irregularidades cometidas.
* ABC Canarias - ERENA CALVO/ CE CASTRO. LAS PALMAS - 2 de enero de 2008
Foto: Tenerife, suelo artificial 2000-2006 - Dir.Ord.Paisaje
El 'Bicing' de Barcelona supera los 100.000 abonados y se abre a toda la ciudad
ELPERIÓDICO* : Iban a ser 15.000, y ya son más de 100.000. El servicio municipal de alquiler de bicicletas de Barcelona, el Bicing, se ha convertido en solo nueve meses de funcionamiento en un fenómeno de masas en la ciudad que ha sorprendido por igual a sus detractores iniciales como a sus tímidos defensores. "Soy el primer sorprendido por el impensable éxito de la iniciativa", confesó ayer el alcalde, Jordi Hereu, que se deshizo en elogios hacia el nuevo sistema, hasta el punto de calificarlo como "uno de los temas más relevantes que han pasado en Barcelona en el 2007".
Hereu hizo estas declaraciones con motivo del la entrega simbólica del carnet número 100.000 a Olga Domènech, una vecina del distrito de Les Corts. Un acto que el equipo de gobierno municipal aprovechó para dar inicio de forma oficial a la última fase de ampliación del servicio. Un periodo de seis meses en el que se doblará el número de estaciones y de bicicletas, abarcando los 10 distritos de la capital catalana. "Gracias al Bicing, el uso de la bicicleta en Barcelona ha llegado a la mayoría de edad, consolidándose como un modo de transporte habitual, cotidiano y masivo utilizado por personas de todas las edades y condiciones sociales", dijo el alcalde, rendido de forma definitiva a las excelencias del nuevo sistema.
USUARIOS EN AUMENTO
Tanto que, venciendo su especial recelo a publicitar aspectos de su vida privada, confesó ante la prensa que su suegra, de 63 años, "utiliza por primera vez la bicicleta y se desplaza cada día por el Eixample en Bicing". Sumándola a ella, el número de abonados ascendía, a día de ayer, a 100.670. Una cifra que seguirá subiendo en los próximos seis meses, en los que el ayuntamiento prevé pasar de las 194 estaciones actuales a 400 y de 3.000 vehículos a 6.000.
La ampliación cubrirá los tres distritos que todavía no contaban con el servicio, Sant Andreu, Nou Barris y Horta-Guinardó, y sólo dejará sin oferta aquellas zonas de la ciudad con pendientes superiores al 4% (la parte alta de la ciudad y las montañas de Montjuïc y el Tibidabo).
Un "gran salto" cuantitativo, como lo tildó Hereu, que también será cualitativo. "Tras los primeros meses de adaptación, estamos ya en una fase de crecimiento sostenido que nos permite planificar el futuro del Bicing y ahondar en la mejora de la calidad del servicio", añadió. La novedad más destacada al respecto será la entrada en funcionamiento, a inicios de febrero, de un teléfono gratuito, el 900 31 55 31, para atender las quejas de los usuarios en caso de avería o cualquier otra reclamación.
25.000 USOS DIARIOS
Hereu destacó que desde que se inició el Bicing, en marzo del 2007, se han registrado 3.800.000 usos, lo que se traduce en una media de 25.000 movimientos en días laborales y 14.000 en festivos. El recorrido medio es de tres kilómetros y el tiempo de utilización oscila entre los 17 minutos de lunes a sábado y los 20 del domingo.
En la misma línea triunfalista, el alcalde recordó que los kilómetros recorridos con bicicletas del Bicing (11,4 millones) equivalen a casi 30 veces la distancia entre la Luna y la Tierra, y que suponen un ahorro en emisiones de dióxido de carbono (CO2) --si se hubiesen hecho en coche-- de 1.824 toneladas.
"Barcelona se ha convertido en la capital española de la bicicleta", proclamó Hereu, que confirmó la intención de la Entidad Metropolitana del Transporte (EMT), avanzada por este diario el pasado 5 de octubre, de ampliar el sistema en el 2009 a 17 ciudades del área metropolitano.
ITINERARIOS METROPOLITANOS
Según el alcalde, en "pocos meses" se dispondrá de un diagnóstico sobre la viabilidad de la propuesta, que se implantará bajo la coordinación de Barcelona. "Ello nos obligará a trazar itinerarios metropolitanos", concluyó. El presidente de la EMT, Antoni Poveda, adelantó el pasado 30 de diciembre a EL PERIÓDICO que el sistema metropolitano se llamará Área-Bicing y que la propuesta se presentará en abril.
Según los últimos datos municipales sobre el perfil de los abonados del Bicing, el 56% tiene más de 30 años y son profesionales (administrativos, ingenieros, autónomos, profesores y abogados). Hombres y mujeres se reparten en partes iguales y los estudiantes representan tan solo un porcentaje del 13,78 %.
* El Periódico - ALBERT OLLÉS, BARCELONA - 4/1/2008
Foto: Barcelona, punto bicing - bicing.com
NOTICIA RELACIONADA : Las asociaciones de ciclistas piden una implantación más progresiva - El Periódico 4/1/2008
El Ayuntamiento de Salamanca intenta falsear la publicación de las tasas
ELPAÍS* : El Ayuntamiento de Salamanca, que preside Julián Lanzarote (PP), puso ayer en marcha una edición del Boletín Oficial de la Provincia con fecha falseada, el 31 de diciembre de 2007, para simular que cumplía con la obligación de publicar en ese plazo límite varias de las tasas aprobadas el pasado 27 de diciembre y que han motivado tres grandes manifestaciones en la Plaza Mayor. Poco después de que un juez admitiera a trámite una denuncia presentada por el PSOE, varios agentes de la policía judicial llegaron a la imprenta cuando se realizaba la tirada del Boletín con fecha del pasado 31 de diciembre.
Los socialistas se enteraron de la irregularidad cometida ayer tras advertir en Internet que no figuraba el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca correspondiente al último día del año pasado. Cuando realizaron diversas averiguaciones, fueron alertados de que se estaba preparando la publicación de una edición de ese boletín con fecha del 31 de diciembre. Entorno a las doce del mediodía, presentaron una denuncia en el juzgado de guardia. Dos horas después, agentes de la Policía Judicial comprobaron en la imprenta de la Diputación, en la que gobierna también el PP, que se estaban imprimiendo ejemplares del Boletín provincial con la fecha del último día del año pasado.
Avanzada la mañana, el Ayuntamiento colgó en Internet la portada del Texto íntegro de las Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2008 que han sido objeto de modificación, pero no las páginas con el contenido que se anunciaba.
Tanto el portavoz socialista en la corporación municipal, Fernando Pablos, como en la Diputación provincial, Toribio Plaza, resaltaron que se ha puesto de relieve que, "una vez más, se ha saltado la normativa en vigor y, por tanto, el Ayuntamiento va a tener muy complicado cobrar las nuevas tasas, porque no se ha cumplido con lo que establece la ley". En ese caso, de no percibir la más importante de esas tasas, la del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) -una de las que más rechazo ha producido, porque su crecimiento medio es de 45 euros- las arcas municipales dejarían de ingresar 5,5 millones de euros, a lo que se añadiría cerca de otro millón en relación con el censo de nuevas construcciones. La falta de soporte legal para exigir el pago afectaría también al impuesto sobre vehículos.
El portavoz socialista en la Diputación precisó, además, que al no haberse publicado el Boletín provincial del pasado día 31 en tiempo y forma correctos, otros ayuntamientos que habían remitido sus textos fiscales van a verse afectados y no podrán aplicar las nuevas ordenanzas relativas a 2008.
El equipo de gobierno del Ayuntamiento rehusó dar ayer su opinión y afirmó que la expresará hoy.
* ELPAIS.com - IGNACIO FRANCIA - Salamanca - 03/01/2008
Foto: Vecinos de Salamanca se manifiestan- GORKA LEJARCEGI, elpais.com
La vivienda usada bajó en 2007 entre 0,3% y 1,1%, según los portales inmobiliarios
TERRA* : El precio de la vivienda de segunda mano cayó en 2007 entre el 0,3 por ciento y el 1,1 por ciento, de acuerdo con los informes anuales publicados hoy por Fotocasa.es y Facilisimo.com con datos de los inmuebles anunciados en ambos portales. El estudio de Fotocasa constata una caída del 1,1 por ciento, hasta 2.862 euros por metro cuadrado, en tanto que el de Facilisimo apunta una bajada del 0,3 por ciento, hasta 2.466 euros por metro cuadrado.
Facilisimo además prevé para 2008 una caída del valor de la vivienda usada de alrededor del 10 por ciento, lo que situaría los precios al mismo nivel que en 2005.
Por comunidades autónomas, Fotocasa señala que en diez de ellas descendió el precio de la vivienda usada, si bien las caídas más pronunciadas se registraron en Asturias (10,7 por ciento), Comunidad Valenciana (7,2 por ciento), y Murcia y Andalucía (3,9 por ciento).
En las otras siete comunidades los precios subieron, con mayor intensidad en Extremadura (6,20 por ciento), Galicia (4,3 por ciento), Cataluña (3,7 por ciento) y La Rioja (2,0 por ciento).
De acuerdo con el mismo estudio, las comunidades con la vivienda usada más cara son País Vasco (4.178 euros/m2), Cataluña (3.864 euros/m2), Madrid (3.666 euros/m2), Navarra (3.221 euros/m2) y Aragón (2.973 euros/m2).
En el otro extremo, las más baratas son Extremadura (1.781 euros/m2), Murcia (2.059 euros/m2), Canarias (2.101 euros/m2), Castilla-La Mancha (2.161 euros/m2) y Castilla y León (2.211 euros/m2).
Asimismo, Fotocasa destaca las bajadas de precios que se han producido en 24 provincias y en 172 municipios, así como la subida del 3 por ciento registrada en Barcelona capital (5.378 euros/m2) frente a los descensos del 2,4 por ciento en Madrid capital (4.263 euros/m2) y del 1,4 por ciento en Valencia capital (2.828 euros/m2).
Por su parte, el informe de Facilisimo muestra precios medios más bajos y difiere con respecto al de Fotocasa en las comunidades autónomas donde los precios bajaron más durante 2007.
Facilisimo señala como caídas más significativas el 11,08 por ciento de La Rioja (2.159 euros/m2), el 2,94 por ciento de Navarra (2.642 euros/m2), el 2,60 por ciento de Aragón (2.507 euros/m2), el 2,42 por ciento de Cataluña (3.344 euros/m2) y el 2,38 por ciento de Madrid (3.479 euros/m2).
Según este estudio, las mayores subidas del 2007 fueron el 9,72 por ciento registrado por Baleares (2.751 euros/m2), el 3,84 por ciento de Canarias (1.948 euros/m2) y el 3,12 por ciento de Castilla y León (1.847 euros/m2).
* Terra Actualidad - EFE - 03-01-2008
Foto: Se vende, carteles - laverdad.es
Axarquía: Ecologistas denuncian la construcción de una urbanización «ilegal»
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SUR/Málaga* : El Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA-Ecologistas en Acción) ha presentado una denuncia, ante la Fiscalía de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial de Málaga y ante la Delegación Provincial de Obras Públicas y Urbanismo, sobre una urbanización encubierta realizada en suelo rústico no urbanizable en el municipio de Canillas de Aceituno.
El portavoz del colectivo, Rafael Yus, ha denunciado que en este término municipal se viene produciendo, en los últimos años, un proceso sistemático de urbanización en suelo rústico no urbanizable, sin que hasta la fecha dicho municipio cuente con ningún tipo de planeamiento urbanístico.
«Canillas está autorizando urbanizaciones sistemáticas de determinadas zonas con un plan que está lejos de la improvisada dinámica del diseminado rústico que usualmente se está produciendo», ha señalado Yus.
En este sentido el portavoz de Gena se ha referido a la construcción «ilegal» de una urbanización de 48 viviendas residenciales con piscina en los parajes de Lagar de Pérez y Las Cañadillas.
Gena-Ecologistas en Acción considera que estas prácticas son constitutivas de delito urbanístico, puesto que es evidente que existe un plan oculto o implícito de urbanización en suelo rústico no urbanizable, con el agravante de carecer este ayuntamiento de planeamiento urbanístico. Por todo ello exigen que se depuren las responsabilidades.
* SUR - E.G. - 4 enero 2008
Foto: Canillas de Aceituno (Málaga) - en-la-costa-del-sol.com
Por un urbanismo solidario y sostenible
SINDICATO ANDALUZ DE TRABAJADORES* : El capitalismo es un sistema aberrante capaz de generar las mayores irracionalidades y los mayores disparates. Al quererlo convertir todo en dinero como un rey Midas provoca situaciones como la de la vivienda, donde se ha convertido un derecho en un negocio, y haber pervertido una necesidad humana en un achaque más para el lucro más egoísta de unos pocos desvergonzados. Resulta una monstruosidad que hoy, en pleno siglo XXI, ni siquiera los países más enriquecidos hayan sido capaces de resolver este derecho humano elemental porque se ha metido en la coctelera del mercado y mercantilizado lo que a todas luces es un necesidad vital de las personas. Es sencillamente increíble que 3.000 millones de seres humanos no tengan vivienda, y que países como Japón, EEUU o Alemania no hayan resuelto este problema.
La situación en el Estado español, y en Andalucía, está presidido por ésta misma filosofía perversa de reconversión salvaje de un valor y un derecho en una mercancía para especular.
El ganar dinero, sea como sea, lleva a las grandes constructoras a que no construyan viviendas para cubrir necesidades, sino para sacar beneficios por todos los rincones, y de ahí, la corrupción generalizada que preside el sector.
Corrupción que presiden los grandes constructores con la complicidad de los grandes bancos que financian la compra de suelo rústico y mediante presión lo recalifican en urbano obteniendo plusvalías millonarias que luego se utilizan para comprar todo tipo de voluntades y autoridades. Corrupción que se vuelve a dar en el momento de la construcción, tanto en la subcontrata como en la calidad de los materiales, como en el precio final de la vivienda, muy por encima del costo real.
Y por si fuera poco, a la hora de la venta hay especuladores que compran viviendas no para habitarlas, sino para la reventa en el momento que se lo indique el mercado.
Todo esto lleva la paradoja de que se siga construyendo viviendas, cuando en el Estado español hay cuatro millones de viviendas vacías y en Andalucía 600.000.
Y lo que es peor, existen al mismo tiempo, miles de familias sin viviendas que jamás podrán acceder a ninguna vivienda, puesto que los precios actuales son absolutamente inalcanzables para la gran mayoría de la población.
De otra parte, el destrozo de este modelo constructivo está generando una situación terrible y devastadora, ya que no respeta para nada ni las costas ,ni los bosques, ni el suelo verde, ni el índice de construcción, ni otros espacios reservados que deberían ser intocables.
Ante este panorama, qué medidas se pueden tomar:
1) En primer lugar hay que cambiar radicalmente el concepto urbanístico actual por otro que signifique considerar la vivienda y el suelo para edificar como un derecho inalienable de las personas y un patrimonio de los pueblos.
2) Nueva ley del suelo que haga público todo el suelo urbanizable y se declare como no especulativo en ninguna circunstancia.
3) Creación de un Banco Público de suelo urbanizable e inespeculativo.
4) Creación de constructoras públicas sin ánimo de lucro y dispuestas a edificar dentro de un urbanismo sostenible.
5) Puesta en marcha de un nuevo modelo de autoconstrucción con participación activa en la redacción del proyecto y en la construcción de las viviendas por los futuros beneficiarios.
6) Nueva ley que facilite las cooperativas de viviendas así como las constructoras cooperativas.
7) Nuevas leyes de expropiación del suelo que permita el inmediato acceso de todas las actuaciones públicas y que valore al suelo como rústico y al precio que figure en el catastro y con bonos del Estado pagaderos a 25 años.
8) Ley de arrendamiento que obligue a los propietarios a tener que alquilar sus viviendas a un precio máximo que nunca podrá superar el 15% del salario mínimo interprofesional.
9) Expropiación de quiénes se nieguen a alquilar su vivienda y tasa creciente por año hasta la confiscación de las viviendas vacías.
10) Dotación a los ayuntamientos de facultades legales para expropiar el suelo que necesite para viviendas e infraestructuras, así como de los recursos económicos para que realmente puedan desarrollar un urbanismo solidario sin dependencia de otras administraciones.
11) Creación de un parque público de viviendas, dignas, baratas y no inferior a 90 metros construidos útiles que impidan cualquier intención especulativa y que asegure un mínimo vital suficiente.
12) A partir de estas medidas, la vivienda será realmente un derecho y cumplirá su verdadera función social.
* Rebelión - 03-01-2008
Loja: Condenado a un año de cárcel por no parar una obra que hacía en suelo no urbanizable
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IDEAL/Granada* : El Juzgado de lo Penal número 1 de Granada ha condenado al autor de una infracción urbanística contra la que actuaba el Ayuntamiento de Loja por desobedecer la orden de paralización de unas obras que se ejecutaban en suelo no urbanizable y sin licencia. El Consistorio informó ayer de que, según expone en su fallo el juez, el condenado incurrió en un delito de desobediencia y en otro contra la ordenación del territorio.
El Juzgado ha condenado al infractor a doce meses de prisión, multa de doce meses con cuota de dos euros e inhabilitación para la construcción o promoción inmobiliaria durante seis meses por dos delitos; uno de desobediencia y otro contra la ordenación del territorio. Así, se ha conocido tras hacerse pública dicha sentencia histórica en el municipio en la que se condena al autor de una infracción urbanística contra la que venía actuando el Ayuntamiento desde el pasado 2004.
Además, el condenado deberá restituir en seis meses el movimiento de tierras ejecutado en su día así como derribar la vivienda y la piscina construida en la finca.
Suelo no urbano
Hasta en tres ocasiones el Ayuntamiento de Loja intentó sin éxito paralizar unas obras ilegales por cuanto se ejecutaban en suelo no urbano y que, como consecuencia, carecían de las preceptivas licencias urbanísticas. De esta forma, la sentencia da la razón al Ayuntamiento lojeño después de ordenar -a través de varios decretos infructuosos- la paralización inmediata de estas obras, que incluían la construcción de una casa y una piscina, e, incluso el precintado de las obras y la retirada de la maquinaria de construcción, decreto éste último de marzo de 2006 al que también hizo caso omiso el condenado, que prosiguió con la construcción en abril del mismo año.
No obstante, el Ayuntamiento de Loja actúa permanentemente contra las infracciones de este tipo, «por cuanto atentan a la legalidad urbanística y degradan los derechos y deberes que la amplía mayoría de los ciudadanos sí cumple en ésta como en otras muchas materias», ha manifestado el alcalde, Miguel Castellano.
Actualmente se instruyen judicialmente otros casos similares al ahora sentenciado y, además, los servicios policiales y urbanísticos municipales investigan hasta una docena más de posibles situaciones urbanísticas ilegales en el municipio.
* Ideal - 03.01.08 - YOLANDA AGUILERA
Foto: Loja (Granada) - molinolaratonera.com
El Estado recurre Gran Manises ante el TSJ al no acreditar la disponibilidad de agua
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LEVANTE/Valencia* : El abogado del Estado, en representación de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) contra el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo que aprobó, el pasado 18 de abril, el macroproyecto urbanístico Gran Manises.
El Gobierno ha recurrido este Programa de Actuación Integrada (PAI), promovido por la empresa mixta Tarea participada por el Instituto Valenciano de la Vivienda y el constructor Enrique Ortiz, porque la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no ha acreditado la disponibilidad de recursos hídricos suficientes para una nueva ciudad de 9.400 viviendas.
El representante del Ministerio de Medio Ambiente en la Comisión Territorial votó en contra de la propuesta de aprobación de Gran Manises porque faltaba el informe preceptivo de la CHJ sobre los recursos hídricos. La Confederación no tuvo tiempo de dictaminar si habrá agua porque la documentación le llegó 19 días antes de la celebración de la comisión informativa, aunque en marzo de 2006 la Confederación ya emitió un informe desfavorable al ayuntamiento cuyos pronunciamientos están «plenamente vigentes».
El Estado suplica a la sala del TSJ que decrete la suspensión del acuerdo que aprobó Gran Manises «al concurrir el informe desfavorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar, ya que de este informe se desprende la falta de disponibilidad de agua, lo que hace imposible una ejecución del proyecto sin que se produzcan perjuicios irreversibles», pues el abogado del Estado advierte de la «imposibilidad de abastecimiento de agua de las personas que decidieran habitar las viviendas realizadas tras haberlas comprado de buena fe, lo que redundaría en un inadmisible perjuicio de terceros».
El contencioso presentado por el Estado argumenta que es la Confederación Hidrográfica la administración competente para determinar con un «informe preceptivo» la existencia de recursos hídricos, según el artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas. La Generalitat Valenciana insiste en que la resolución del organismo no es vinculante y por eso aprobó el PAI con el informe de suficiencia de recursos hídricos elaborado por la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), que preside el alcalde de Manises, Enrique Crespo.
El Estado, sin embargo, expone que un informe de una entidad suministradora concesionaria -el Emshi- en ningún caso «puede sustituir la intervención de la CHJ», por lo que «el expediente urbanístico se ha tramitado con omisión de un trámite preceptivo».
* Levante-EMV - Cèsar Garcia, Manises - 03 de enero de 2008
Foto: Manises (Valencia), proyecto Gran Manises - lasprovincias.es
Valdemoro: Valderramata, nuevo sector urbanizable
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ECOLOGISTASENACCIÓN/Madrid* : Todos recordamos la famosa frase que se repite en el circo: “…y ahora el más difícil todavía”, pues esa frase se hace dura y triste realidad con demasiada frecuencia aquí en Valdemoro en asuntos medioambientales donde no se pueden hacer peor las cosas. Lo ultimo qué es: el ayuntamiento acaba de aprobar un nuevo (el enésimo) desarrollo urbanístico en el paraje de Valderremata (Al lado del cementerio nuevo).
Qué gravedad presenta esto, pues varias: la primera es que hay todavía “doce” desarrollos urbanísticos ya aprobados y solo pendientes de empezar a construir (aproximadamente 15.000 viviendas), están todavía intentando arrasar, perdón, urbanizar el Espartal con otras 6100 viviendas y demás “adornos”, pero la voracidad urbanizadora es tal que por sorpresa y sin estar incluido en el actual PGOU (de 2004) ya proceden a iniciar los tramites para este nuevo desarrollo arboricida; desde un punto de vista ecológico Valderremata es de un extraordinario valor ya que no podemos obviar que hay cerca de 6.000 olivos totalmente maduros que están abocados, si se lleva a cabo este desarrollo, a ser “transformados” según la terminología del Sr. Alcalde, según la nuestra y la de toda persona seria y sensata serán destruidos.
El plan general anterior, del año 1999, clasificaba estos terrenos como “reserva de protección paisajística”, y muy acertada fue la ubicación allí del cementerio nuevo, porque también es humana la muerte, y destinar un espacio valioso para su cobijo es algo que todas las culturas han procurado. Todos sabemos el símbolo de paz que para las culturas mediterráneas representa el olivo.
Los olivos y con ellos lo olivares también son un espacio lleno de vida, pues los olivares forman un hábitat altamente ecológico ya por la flora y fauna que permiten sostener como por el aporte de oxigeno que realizan a la atmósfera, no olvidemos las ventajas que estos olivares aportan al medioambiente ciudadano: son árboles ya maduros, extraordinariamente longevos, que nos han salido gratis, que requieren pocos cuidados, que necesitan muy poco agua y que forman parte de nuestra cultura, en suma buen negocio ambiental.
Talarlos para construir es muy mal negocio medioambiental, es muy buen negocio económico para quien o quienes sean los beneficiarios de ello (seguro que muy pocos y escogidas élites).
Por todo esto volvemos a recabar la ayuda de toda la ciudadanía para intentar parar esta tropelía arboricida, que por cierto no seria la primera ya que actualmente la están llevando a cabo en el Cerro del Castillo y en el Sector llamado Majuelo Norte (hechos ya denunciados por nosotros), vulnerando descaradamente la propia Ley del Arbolado Urbano de la CAM.
Otro urbanismo es y debe ser posible en Valdemoro
* Ecologistas en Acción de Valdemoro - 1ro de enero
Foto: Valdemoro, 25 de Marzo - Manifestación en defensa de El Espartal - ecologistasenaccion.org
Juicio oral contra el ex presidente de la Diputación de Segovia por malversación
ELPAÍS* : El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Segovia ha dictado un auto de apertura de juicio oral contra el ex presidente de la Diputación de Segovia y actual presidente de Caja Segovia, Atilano Soto Rábanos, del PP, acusado de tráfico de influencias y malversación de fondos en calidad de consejero delegado de Segovia 21. En esta sociedad participan la Diputación, Caja Segovia y la Cámara de Comercio.
La Diputación era propietaria de 116 hectáreas en la finca Quitapesares, en Palazuelos de Eresma -a ocho kilómetros de la ciudad, y cuyo consistorio está gobernado por Domingo Asenjo, de IU-, de las que 79 estaban catalogadas como monte de utilidad pública. En enero de 1999, a través de Segovia 21, esta corporación provincial promovió allí la construcción de un campo de golf de 18 hoyos, un parque empresarial, cerca de 300 viviendas y un centro hostelero y de congresos, de 150 habitaciones, que pertenecerá a la cadena NH.
Según el abogado que ejerce la acusación, Carlos Carrasco, una vez desprotegido el monte de utilidad pública y modificada la norma urbanística, la Diputación de Segovia fue cediendo suelo a la sociedad Segovia 21 a cambio de acciones, valorando el metro cuadrado muy por debajo del mercado, a 3,5 euros, por lo que dejó de ingresar en torno a 100 millones de euros.
Para el abogado, en torno al caso se encuentra una presunta financiación irregular de partidos como el PP e IU.
El encausado, Atilano Soto, de 71 años, considera que el hecho de que se abra juicio oral no lleva implícita una acusación y se encuentra esperanzado en que se pueda aclarar que la sociedad que representa ha actuado "de forma inmaculada y con transparencia", a la vez que confía en que el ministerio fiscal abogue por el sobreseimiento de la causa.
* ELPAIS.com - AURELIO MARTÍN - Segovia - 03/01/2008
Foto: Segovia, plaza Mayor - segoviayprovincia.com
El juez del 'caso Guateque' envía a prisión a otros cuatro funcionarios
MADRIDIARIO* : El juez Santiago Torres, que investiga el caso 'Guateque', ha enviado a prisión a cuatro de los cinco funcionarios detenidos en la segunda fase de la operación por presuntos delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias en base a su supuesta vinculación con el cobro de sobornos a cambio de la agilización de licencias, confirmaron este miércoles fuentes próximas a la investigación.
Los encarcelados en la operación iniciada el pasado 27 de diciembre son: Manuel Sánchez Romanillos (de la Junta de Distrito de Chamartín), Domingo Sánchez Bote (de la Junta de Salamanca), Miguel Ángel García Jodar (técnico de la Concejalía de Medio Ambiente) y Fernando Ruiz Torrejón (de la Gerencia de Urbanismo). Además, el juez ha dejado en libertad a Alfonso Clemente García, que trabajó en la Junta Municipal de Carabanchel.
El magistrado ordenó el ingreso en prisión de estas personas el pasado viernes tras tomarles declaración en las dependencias del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid. La Guardia Civil les detuvo el día 27 en la segunda fase del operativo, que resulta del análisis de la documentación intervenida en los primeros registros, así como de los datos recabados a raíz de las conversaciones telefónicas interceptadas por la Guardia Civil y por las declaraciones de los imputados ante el juez Torres.
Con estos encarcelados ya son nueve los imputados que cumplen prisión preventiva. En la primera fase, el juez envió a la cárcel a los considerados cabecillas de la trama: Victoriano Ceballos, el jefe de la División de Impacto y Análisis Ambiental del Consistorio, y Joaquín Fernández de Castro, jefe del Departamento de Evaluación Ambiental.
Asimismo, las fuentes consultadas indicaron que el juez instructor ha ordenado la busca y captura de los empresarios Julián López y Eduardo Agustinos, propietarios de la empresa Agustinos y Proyectos S.L. Estos imputados comparecieron ya ante el magistrado, pero les dejó en libertad.
En cuanto a los encarcelados en la primera fase, Carmen Eulalia Ibáñez, asesora técnica de Evaluación Ambiental, se encuentra ya en libertad tras hacer efectiva la fianza de 20.000 euros que le impuso Torres para eludir la prisión.
Por otro lado, el instructor de la causa tiene previsto ordenar a partir de este jueves tanto la detención de más de 20 funcionarios de distintas Juntas de Distrito y de la Gerencia de Urbanismo como la práctica de registros en sedes municipales, según fuentes próximas a la investigación.
De este modo, la Guardia Civil procederá al arresto de empleados municipales del Área de Urbanismo del Consistorio y de las Juntas de distrito de Ciudad Lineal, Chamartín y Carabanchel. Estas dos últimas fueron ya objeto el pasado jueves de registros efectuados por los agentes en la segunda fase de la operación, iniciada a raíz del análisis de la documentación requisada a mediados de noviembre.
* Madridiario - 02-01-2008 - MDO / EP
Foto: Madrid, gerencia urbanismo - EFE
La plataforma 'Abusos Urbanísticos No' alerta de una ralentización en la adquisión de casas
LASPROVINCIAS/Valencia* : Disminución de las compras de viviendas por parte de personas extranjeras y puesta en venta de las que ya tienen en la Comunitat. Es la situación que denuncian desde la plataforma Abusos Urbanísticos NO. Según el presidente de la asociación, Enrique Climent, las ventas de casas en la Comunitat por parte de personas residentes de fuera de España se han ralentizado debido a los abusos urbanísticos que constantemente se están produciendo, al desarrollo insostenible y a la inseguridad jurídica.
"Ahora se lo piensan dos veces porque de repente pueden encontrarse, por ejemplo, con que su casa no es legal y tiene una sentencia de demolición", explicó Climent.
En la misma línea comentó Charles Svoboda, vicepresidente de la asociación, la situación de la venta de viviendas en las Comunitat, que calificó de "horrible porque muchos quieren vender y nadie quiere comprar".
Para Svoboda hay muchos motivos que explican la frenada en las ventas como la subida de las hipotecas, los diferentes ciclos en las transacciones inmobiliarias y el menor precio de los billetes de avión que hace que la gente tenga la opción de poder viajar más y opte por no comprarse una segunda residencia en un mismo sitio al que acudir siempre.
Pero, para el vicepresidente, esta ralentización "está muy relacionada con la imagen de "corrupción y abusos en la construcción que en los periódicos de Inglaterra y Alemania se da sobre la Comunitat y el resto de España".
Y es que el presidente de Aun, criticó que, en su opinión, la Ley reguladora de actividad urbanística (LRAU) "es uno de los muchos males que la Comunitat Valenciana viene sufriendo por un desarrollo desenfrenado de la ley que es demasiado permisiva y que ha propiciado ese desarrollo insostenible que también se está dando en otros puntos de España" que ahora aleja a los compradores extranjeros.
Climent también alertó de que el proyecto de la nueva ley urbanística incide en los muchos errores de la anterior.
Se vende
Pero el efecto también es a la inversa. Desde Abusos Urbanísticos No explicaron que no sólo hay un retraimiento en la compra de viviendas por parte de los residentes en el extranjero sino que los que ya tienen una segunda residencia en la Comunitat, comienzan a querer venderla. "Llama la atención que muchos chalés cuyos dueños son personas extranjeras han colgado el cartel de 'se vende' en su puerta", aseguró Enrique Climent.
* Las Provincias - 02.01.08 - B. LL.
Foto: Obras en Alicante - lasprovincias.es
El Teatro Romano de Sagunto debe volver a ser ruina
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ELPAÍS/Valencia* : La polémica restauración del Teatro Romano de Sagunto se deberá derribar en el plazo de 18 meses. Una sentencia del Tribunal Supremo así lo ha dictaminado al desestimar el último recurso interpuesto por el Ayuntamiento de la población valenciana. El litigio ha durado 17 años. Se levantarán las placas de mármol que se superponen a la anterior piedra de las gradas y se demolerá el muro de cierre de la escena hasta una altura de 1,20 metros. Es decir, desaparecerá el escenario reconstruido y el teatro recuperará su aspecto ruinoso anterior a la intervención diseñada por los arquitectos Giorgio Grassi y Manuel Portaceli.
El Supremo confirma así la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) de 2003 y recoge que el Ayuntamiento y la Generalitat estuvieron de acuerdo en que las obras de reversibilidad son posibles, y por lo tanto, el fallo es ejecutable. La Generalitat debe ejecutar la sentencia, que acarreará un coste de millones de euros.
El TSJCV consideró ilegales las obras en función de la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985. Estimó que se trataba "de una reconstrucción sobre las ruinas auténticas". El teatro se construyó en el siglo I y sufrió múltiples modificaciones a lo largo de su historia.
Litigio iniciado por un ex diputado autonómico del PP
El abogado y ex diputado autonómico del PP Juan Marco Molines inició el litigio en 1993 contra la intervención decidida por la Generalitat, a la sazón gobernada por Joan Lerma, del PSPV-PSOE. Desde entonces, el teatro romano ha formado parte del debate político y arquitectónico. "Se acabó la posibilidad de recursos", ha declarado un satisfecho Marco Molines. El PP valenciano hizo bandera contra la intervención, si bien con los años la campaña fue perdiendo fuerza conforme la Generalitat, gobernada a partir de 1995 por los populares, dotaba de uso cultural al recinto. El teatro romano se convirtió en una patata caliente que se ha ido eternizando en recursos. El Supremo ha desechado ahora el argumento de que la reversión imposibilitaba "el uso cultural continuado" y ha echado por tierra la opinión extendida de que, guste o no, demoler el teatro ahora es un gasto innecesario.
El alcalde de Sagunto, Alfredo Castelló, del PP, señaló que "ahora simple y llanamente habrá que cumplir lo que dice la sentencia". La diputada socialista Ana Noguera ha preguntado al PP por qué considera inejecutable una sentencia que obligaba a derribar las nuevas gradas del estadio de Mestalla y, sin embargo, sí "quieren destrozar" el teatro romano.
* ELPAIS.com - Valencia - 02/01/2008
Foto: Imagen de archivo del Teatro Romano de Sagunto, cuya reforma deberá ser deshecha tras la sentencia del Supremo.- JESÚS CÍSCAR, elpais.com
