EUROPAPRESS* : El presidente de la Comisión de Medio Ambiente y miembro del Grupo Intergubernamental de expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC), José María Baldasano, advirtió hoy de que el modelo de desarrollo urbanístico de la sociedad actual tiene "una dependencia" del consumo energético que provoca un "incremento del uso de hidrocarburos y en la emisión de gases de efecto invernadero". En este sentido, lamentó que hay "un urbanismo donde todos los factores de consumo energético no se han tenido en cuenta, y más en España, --subrayó--, donde la euforia en la construcción desde el año 1996, está desbordada".
Baldasano, que realizó estas declaraciones en la presentación del libro 'El cambio climático y sus consecuencias' en Valencia, junto al conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García Antón; y el vicepresidente ejecutivo del Alto Consejo Consultivo, Santiago Grisolía, señaló que "la urbanización es un elemento importante" en la lucha contra el cambio climático, puesto que "todos los elementos de movilidad, y todos los consumos energéticos domésticos, comerciales y urbanos se juegan sobre el modelo urbanístico".
Según dijo, "los números cantan pero no fue hasta el año pasado que se aprobó el Código Técnico de Edificación, con lo que existe un lastre energético en el país". Además, las ciudades "no se están diseñando para que haya de forma mayoritaria un transporte público", algo para que es "clave" aumentar su frecuencia de paso.
Baldasano indicó que los consumos energéticos, a nivel mundial pero especialmente en España, están derivando no sólo de los consumos industriales que eran los mayoritarios en los años 60, 70 y 80, sino que, actualmente, derivan del desarrollo de las ciudades.
De hecho, apuntó que el cambio climático "es un problema absolutamente relacionado" con el desarrollo urbanístico, el cual es necesario "revisar y adecuar" en lo que se refiere a las formas de consumo de los edificios como en el soporte de la movilidad de las personas.
Otro factor "clave" para es que "estamos siendo tan demandantes de energía en todos los niveles que hace que nos tengamos que replantear todas las alternativas". En este sentido, señaló que la energía nuclear sigue siendo una opción que está sobre el tapete mientras no hayamos desarrollado la energía de fusión".
Del mismo modo, indicó que "hay un problema" en el desarrollo de energías renovables. En su opinión el panorama energético se encuentra en un momento estratégico de modificación, por lo que se ha de ver como una "oportunidad". No obstante, "representa un lastre el aumento continuado y exponencial de demanda energética y mientras eso siga así y no sepamos cambiar la tendencia de la curva, necesitamos todos los tipos de energía".
USAR "TODAS" DE LAS ENERGÍAS DISPONIBLES
Para el presidente de la Comisión de Medio Ambiente y miembro del IPCC, "frente a la magnitud de las demandas de energía y frente a la necesidad de contener la concentración de CO2 en la atmósfera, "es necesario jugar todas las cartas", por lo que abogó por "utilizar todas y cada una de las energías disponibles como única forma de lograr el equilibrio entre el desarrollo económico, la seguridad de suministro energético y la sostenibilidad medioambiental".
Asimismo, subrayó la necesidad de reducir el consumo energético y de que los políticos tengan "conciencia total" de que el momento actual es un momento "estratégico" y una "oportunidad para modificar el modelo energético" e "ir sustituyéndolo progresivamente por energías renovables".
En este sentido, concretó que una de las "claves" está en saber cómo "reducir el consumo de energía primaria y la demanda de petróleo y carbón para contener la concentración de CO2 en la atmósfera, siendo en la actualidad de "380 partes por millón", se fije el objetivo de no superar las "450 por millón".
Por su parte, el conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, destacó que la Generalitat trabaja para "promover al máximo la eficiencia y el ahorro energético" con estrategias como el Plan Eólico, el Plan de Energía Fotovoltaica, el fomento de biocarburantes, la publicación de guías de ahorro y eficiencia energética o el fomento del transporte público.
En esta línea, apuntó seguirá trabajando por el desarrollo de las redes ferroviarias, y en particular insistirá en la reivindicación del Corredor Mediterráneo, tanto de personas como de mercancías, y que, según dijo, "ahorraría el 20 por ciento de las emisiones de CO2".
García Antón instó a la sociedad a cambiar los hábitos de consumo energético para lograr una Comunitat "más sostenible". Asimismo, subrayó que para combatir los efectos del cambio climático "es también fundamental que las administraciones públicas proporcionen a las voces científicas cualificadas, los medios necesarios para trabajar y establecer los cauces precisos para hacer llegar las soluciones".
En este sentido, valoró el libro 'El cambio climático y sus consecuencias' en el que diversos expertos, profundizan en 19 capítulos sobre los efectos de los usos energéticos en el cambio climático y sus repercusiones económicas y en futura calidad de vida y aseguró que en él se habla "seriamente de estos temas y no con la visión a corto plazo con la que a veces hablan los políticos para sacar un titular" al día siguiente.
* Europa Press - VALENCIA, 15 Nov
Foto: Derroche energético urbanismo - flickr.com
Advierten de la elevada "dependencia" que el actual modelo urbanístico tiene del consumo energético
La Guardia Civil investiga posibles sobornos a altos cargos de Orihuela para reclasificar suelo
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LEVANTE-EMV/Alicante* : La Guardia Civil de Torrevieja investiga la posible conexión de dos detenidos por 45 presuntos delitos de estafa, coacciones e intrusismo profesional con una trama de sobornos a altos cargos del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Orihuela. Al parecer, los dos sospechosos, que han sido puestos en libertad con cargos, podrían haber intentado pagar a funcionarios de Urbanismo de la localidad de la Vega Baja para obtener licencias y favores en la reclasificación de suelo rústico.
Los dos detenidos por la Guardia Civil como presuntos autores de al menos 45 delitos de estafa, coacciones e intrusismo profesional y cuya conexión con funcionarios del Ayuntamiento de Orihuela se está investigando, intentaron, supuestamente, sobornar a altos cargos del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Orihuela, no sólo para obtener licencias para empresas de diverso tipo, sino que pretendían
Hasta la fecha han declarado en calidad de testigos 14 funcionarios del área de Urbanismo, incluido el jefe de Servicio, según fuentes municipales. La mitad de los testigos desarrollan su trabajo en las dependencias del Ayuntamiento en la costa de Orihuela, e incluye a personal funcionarial de todas las categorías.
La investigación de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Torrevieja se centra en funcionarios destinados en la sede del Ayuntamiento de Orihuela en la costa.
Teléfonos móviles intervenidos
Buena parte de los investigados han tenido intervenidos los teléfonos móviles por orden judicial durante meses, incluido algún concejal del equipo de gobierno del que se ha descartado su implicación en el asunto.
Las mismas fuentes atribuyen a los dos detenidos por la estafa en la tramitación fraudulenta de distintos tipos de licencias municipales «una recaudación» superior a los 300.000 euros, ya que habrían intervenido con sus métodos en unos sesenta locales comerciales y hosteleros de la costa durante los últimos meses, según los primeros indicios.
Las investigaciones de la Guardia Civil se pusieron en marcha hace más de 8 meses tras la presentación de varias denuncias de particulares sobre esta situación.
La alcaldía y miembros del equipo municipal del PP de Orihuela cuentan con información puntual por parte de las fuerzas de Seguridad sobre las investigaciones judiciales desde hace días, según las citadas fuentes municipales. Los dos sospechosos, uno de ellos de nacionalidad sueca y con dominio de varios idiomas, fueron arrestados el martes día 6. Al parecer, ambos se hacían pasar por arquitectos del Ayuntamiento de Orihuela y acudían a locales de la zona de ocio de Orihuela-Costa que estaban en obras o cuyos promotores querían pedir una licencia de apertura para iniciar sus actividades.
Un especial modus operandi
Los protagonistas de la presunta estafa en Orihuela Costa aprovecharon para urdir su trama la lentitud de las tramitaciones de licencias de obra y apertura municipal y las dificultades que muchos extranjeros propietarios de establecimientos encuentran para conseguir esas autorizaciones.
Los acusados detectaban establecimientos en obras o nuevos de hostelería y se dedicaban a quejarse a la Policía Local de Orihuela de algún tipo de actividad no permitida o por ruidos haciéndose pasar por vecinos molestos, según fuentes municipales. Cuando los agentes lograban atender el aviso comprobaban que, en la mayoría de los casos, efectivamente, las actividades, adolecían de algunas de las autorizaciones pertinentes. No tardaban estos personajes en aparecer por el local en cuestión al día siguiente para asegurar a sus responsables que conocían esa situación alegal, «expresar su solidaridad» y ofrecerse a prestar sus servicios para agilizar al máximo cualquier trámite por un precio «un poco más alto» del habitual. Para llevar a cabo la operación alardeaban de sus supuestos contactos en el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Orihuela o se hacía pasar directamente por técnicos municipales. Un enlace con funcionarios que se desconoce si la investigación ha podido demostrar o si era un simple señuelo.
Mediante este procedimiento, entre el favor personal, la empresa de asesoramiento y la gestión municipal quisieron acelerar el papeleo de 60 establecimientos de Orihuela Costa a una media de cuatro mil euros por local, aunque en algunos casos llegaron a cobrar seis mil euros. Las primeras denuncias llegaron con la ausencia
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* Levante-EMV - E. D. G./D. P., Orihuela - 15 de noviembre de 2007
Foto: Puerta principal del Ayuntamiento de Orihuela. / a. s (Levante)
La Guardia Civil registra el Ayuntamiento de Santa Lucía, en Gran Canaria
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ABC* : Agentes del grupo contra los delitos urbanísticos de la Guardia Civil de Las Palmas registró este lunes el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, en Gran Canaria, en busca de expedientes y diversa documentación. Los agentes se presentaron en el Consistorio satauteño que dirige Silverio Matos (Nueva Canarias) con dos mandamientos judiciales, explicaron ayer a este periódico fuentes cercanas a esta investigación.
Según las mismas fuentes, los agentes buscaban las actas de un pleno extraordinario celebrado en 2005 en el que, aseguran, «se trató la permuta de unos terrenos del Ayuntamiento a varias entidades mercantiles para la construcción de un parque eólico en Pozo Izquierdo». Una reunión «en la que Matos, alcalde también entonces de Santa Lucía, estuvo presente, pero no así todos los concejales del grupo de gobierno».
Denuncia de este año
Las investigaciones arrancaron a partir de una denuncia presentada a principios de este año y «fue en marzo cuando se instruyeron las diligencias». El caso es asunto del Juzgado de Instrucción número cuatro de San Bartolomé de Tirajana.
Según las mismas fuentes, «el alcalde podría ser llamado a declarar ante el juez próximamente junto a los denunciantes». Por el momento, el magistrado ha ordenado el secreto del sumario.
* ABC - E. CALVO - 14 de noviembre de 2007
Foto: Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria) - gomera.com.es
Madrid: Manos Limpias dice que hay relación con la 'operación Malaya'
MADRIDIARIO* : El Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias afirmó este jueves que la incautación de documentos realizada ayer en la Delegación de Urbanismo, dentro de la desarticulación de la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid, están relacionadas "con la 'operación Malaya', a través de Monserrat Corulla y Pablo Valle". El presidente del sindicato funcionarial, Miguel Bernad, aseguró haber denunciado los hechos delictivos que se investigan hace medio año, "sin que se hubieran tomado las medidas oportunas al respecto".
"Lo denunciamos ante el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, las anteriores concejales de Medio Ambiente y Urbanismo, Paz González y Pilar Martínez, respectivamente, que no nos hicieron caso; y ante el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Félix Boix, que nos remitió ante un juzgado de instrucción", agregó.
Implicación de Alcalá 20
Bernad señaló que la presunta trama afecta a más nueve Juntas de Distrito más que las registradas ayer, entre ellas apuntó a Tetuán, Arganzuela, Hortaleza, Moncloa y Chamartín, y a tres funcionarios de medio por cada Junta "sin contar con los despachos externos".
Asimismo, denunció que la supuesta trama afecta no sólo a licencias de apertura y obras de establecimientos, "sino que tiene más ramificaciones en cambio de usos de edificios y recalificaciones urbanísticas".
El presidente de 'Manos Limpias' reveló que la última actuación delictiva de la operación se centra en el expediente de la antigua discoteca Alcalá 20, que reabrió sus puertas hace días a pesar de no contar con la autorización municipal. "Hay una tremenda presión política para permitirla reapertura de la discoteca, así como tremendas cesiones de licencias en locales como Joy Eslava y Pachá", explicó.
Entre 10.000 y 60.000 euros
Respecto a la cantidad supuestamente cobrada por funcionarios corruptos, el sindicato manifestó que ronda entre los 10.000 y los 60.000 euros, "dependiendo de la mordida impuesta por cada funcionario". "No había tarifas preestablecidas ni había organización, porque cada funcionario cobraba lo que veía", añadió.
Por estos motivos, Bernad indicó a Europa Press que el sindicato que preside ha acordado ejercitar la acción popular en este caso, "en defensa de la legalidad vigente, del Estado de Derecho y de la ciudadanía de Madrid, que tiene todo el derecho a que el principio que se ejerza el artículo constitucional 103, que establece que la administración sirve con objetividad los intereses generales y actúa con sometimiento a la Ley y al Derecho".
"Actuaremos como acción popular en el juicio porque un hecho tan evidente contra el artículo 11 del Código Penal equipara el delito de omisión de responsabilidad pública con el de acción, una vez advertido los supuestos delitos hace año y medio, y sumado a la actuación de riesgo que ha supuesto", dijo Bernad.
Por último, el colectivo de funcionarios públicos Manos Limpias significó que la presunta corrupción "de una mínima parte de los funcionarios" no debe "manchar la imagen" del resto de los trabajadores, aunque aseveró que estos hechos "no deben quedar impunes".
* Madridiario - 15-11-2007 - MDO/EP
Foto: Madrid, nuevo edificio ayuntamiento - wikipedia.org
El fiscal pide la paralización del aeropuerto de Castellón
ELPAÍS* : La fiscalía de Castellón se ha unido al recurso del Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales (Gecen) en el que solicitaba la paralización de las obras del futuro aeropuerto en la zona del Monte de Santa Bárbara. El titular del juzgado de Instrucción número 4 de Castellón ya dictó hace un año la paralización cautelar, que levantó un mes después al considerar que los daños eran ya "irreversibles". Gecen recurrió esta decisión y la fiscalía se unió a este recurso al considerar que el hecho de que el daño sea ya irreparable no justifica el levantamiento de la medida cautelar y más cuando, como en este caso, estaba pendiente el informe ecotoxicólogo.
El juez consideró probado que el monte cuyo desnivel imposibilita el despegue y aterrizaje de aviones no estaba incluido en el estudio de impacto ambiental que hizo el promotor, Aeropuerto de Castellón. Por tanto, las obras en este ámbito no se incluyeron en la declaración de impacto ambiental. Además, el Plan General del término afectado, Vilanova d'Alcolea, tiene declarado de "utilidad pública" este monte, calificado como suelo no urbanizable con protección ecológica y paisajística. Por ello, el juzgado determinó, como medida cautelar, la suspensión de las obras en esta área. Un mes después, el propio juzgado levantó la suspensión "al carecer de razón de ser", habida cuenta que, "dado el estado en el que se encuentra la zona", las consecuencias lesivas irreversibles para el medio ambiente "ya se han producido y no queda nada que proteger o preservar". Aún así, el juzgado siguió con las diligencias por un posible delito contra el medio ambiente.
Después de que Gecen recurriera esa decisión, la fiscalía se adhirió a él al considerar que el auto del juzgado no puede basarse en que el perjuicio es irreparable pues aún no se había entregado el informe del ecotoxicólogo.
Para Gecen, "la paralización nunca se debió levantar tanto en aplicación del artículo 329 del Código Penal, que prevé la adopción de medidas cautelares para restaurar el equilibrio ecológico, como por la falta del informe pericial que debiera haber justificado si se levantaba o no la paralización". El grupo ecologista considera que "la precaución debiera haber sido la norma a seguir ante unas actuaciones ilegales con graves consecuencias medioambientales, pero, lejos de toda lógica, se levantó la paralización sin base técnico-científica, sin informe pericial alguno".
* ELPAIS.com - M. F. - Castellón - 15/11/2007
Foto: Castellón, obras aeropuerto - lasprovincias.es
La evasión fiscal en el sector inmobiliario ronda los 8.600 millones de euros anuales
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EUROPAPRESS* : La evasión fiscal en el sector inmobiliario ronda los 8.600 millones de euros anuales, de los que más de la mitad se concentran sólo en Cataluña, Comunidad de Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana, según datos facilitados por los técnicos de Hacienda (Gestha). Éste es el balance del primer año de aplicación de la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, en el que se han investigado 6.516 empresas del sector inmobiliario, un 2,1% del total.
Éstas y otras conclusiones serán presentadas por los técnicos de Hacienda entre en el marco de su VII Congreso Nacional, que se celebra en Málaga.
Así, según Gestha la nueva legislación para la lucha contra el fraude no ha contribuido realmente a frenar las operaciones inmobiliarias de carácter especulativo y, por tanto, su repercusión sobre la vivienda se sigue produciendo.
Concretamente, este impacto se produce, especialmente, a través del mecanismo denominado 'dar el paso', que consiste en efectuar sucesivas transmisiones no formalizadas en un documento público, u obligando al adquiriente a firmar en la escritura de la vivienda un precio inferior al realmente pagado.
La mitad del fraude, en sólo cuatro CCAA
El análisis de Gestha revela también que el fraude inmobiliario se encuentra concentrado, principalmente en cuatro comunidades autónomas: Cataluña (1.836,2 millones de euros), Comunidad de Madrid (1.479 millones), Andalucía (1.392,4 millones) y Comunidad Valenciana (1.088,1 millones).
A estas comunidades autónomas les siguieron Galicia (476,7 millones), Castilla y León (392 millones), Canarias (358 millones), Castilla-La Mancha (341,5 millones), Baleares (290,5 millones), Aragón (225,3 millones), Asturias (136,1 millones) y Extremadura (114,6 millones). Por debajo de los 100 millones de euros se situaron Cantabria (94,4 millones), La Rioja (49,3 millones), Ceuta (7,3 millones), Melilla (5,5 millones), País Vasco (4 millones) y Navarra (1,3 millones).
Propuestas para evitar la evasión fiscal
Con el fin de anular estas prácticas, los técnicos proponen considerar transmisiones especulativas de inmuebles todas aquellas que hayan permanecido en el patrimonio del vendedor menos de tres años, siempre que no ocurra una circunstancia objetiva que obligue al cambio de domicilio. Además, apuestan por calificar las plusvalías obtenidas como renta general a declarar dentro de la base imponible general al tipo correspondiente en la escala el IRPF y no al actual 18%, al que tributan las rentas de ahorro.
Por otro lado, Gestha propone crear un Registro Administrativo de Contratos de Compraventa de Inmuebles de carácter secuencial, y obligar a los promotores inmobiliarios a validar estos contratos en el registro para poder detectar así los 'pases'. Este registro administrativo, continúan, podría centralizarse en los ayuntamientos, ya que son los primeros que conocen la existencia de nuevas promociones inmobiliarias al ser los que aprueban los proyectos y planes parciales presentados por los promotores.
Asimismo, los técnicos de Hacienda consideran que debería establecerse para las transmisiones de viviendas no terminadas, y por tanto, sin escritura, la obligación de notificar al promotor esta operación, de forma que este cambio de titularidad sería también comunicado por los promotores al Registro Administrativo de Contratos de Compraventa de Inmuebles.
En cuanto al fraude que puede derivarse por la declaración de precios inferiores a los reales de la transmisión, Gestha propone que se apruebe el "valor único de referencia a precios de mercado" para liquidar todos los impuestos, no sólo el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP).
Así, se prevé que este valor único para todas las Administraciones y todos sus impuestos podría estar elaborado en 2008, ya que se está ajustando a partir de estadísticas y de una toma de datos directa y continua en el mercado, en colaboración con la Dirección General del Catastro. Además, Gestha estima que las agencias inmobiliarias deberían estar sujetas a informar a la Administración Tributaria de las operaciones de intermediación en las que intervienen, al igual que lo están los notarios respecto de los documentos públicos que autorizan.
Por otro lado, para evitar el fraude por IVA, Gestha propone una "inversión del sujeto pasivo", lo que supone que sea el comprador de un inmueble quien ingrese el IVA en Hacienda. También, para atajar el fraude por IRPF o Impuesto sobre Sociedades, los técnicos de Hacienda proponen establecer el deber de practicar algún porcentaje de retención a cargo del comprador, para asegurarse de que la persona que transmite su propiedad tributará por la ganancia patrimonial obtenida.
La Ley no cumple su cometido
Se ha seguido ejerciendo 'de forma masiva' un mayor control sobre todos los incumplimientos fiscales
Desde una perspectiva general, los técnicos de Hacienda consideran que la Ley Antifraude "no ha servido para atajar las grandes bolsas de fraude existentes en España". Así, estiman que en lugar de concentrar las investigaciones en estos focos de economía sumergida, se ha seguido ejerciendo "de forma masiva" un mayor control sobre los incumplimientos fiscales derivados de las rentas del trabajo y los asalariados.
Asimismo, desde Gestha se echa en falta un mayor control de las actividades derivadas del ejercicio de las profesiones liberales. Denuncia que, en ocasiones, estos profesionales defraudan al fisco al no emitir facturas por sus honorarios completos, desgravándose gastos personales como si fueran gastos profesionales.
* El Mundo - Su Vivienda - 15/11/2007
Foto: Los técnicos de Hacienda valoran negativamente la nueva Ley Antifraude / F. Ruso (El Mundo)
Madrid: "Sin un kilo, no hay licencia"
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ELPAÍS* : Cinco meses de investigación, 10 teléfonos de funcionarios pinchados por orden judicial y, al menos, 16 funcionarios del Ayuntamiento de Madrid detenidos y otros profesionales (arquitectos, abogados...) implicados. El resultado de ese trabajo, en el que ha colaborado con el juez el propio gobierno municipal, es la desarticulación de la trama de corrupción más voluminosa detectada hasta ahora en el Ayuntamiento de la capital de España y que afectaría exclusivamente a funcionarios, sin implicaciones de cargos políticos, según explicó ayer el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix. La Guardia Civil la ha bautizado como operación Guateque.
En una de las conversaciones intervenidas, según informaron a EL PAÍS fuentes de la investigación, el funcionario supuestamente corrupto le comunicaba a su interlocutor las condiciones para conseguir el permiso buscado: "Si no me das un kilo [6.000 euros], esta licencia no la tendrás nunca".
Buena parte de la trama ha podido ser destapada gracias al pinchazo de al menos 10 líneas telefónicas autorizado por el juez en estos meses tras recibirse la denuncia inicial de un particular al que intentaron cobrarle comisiones ilegales a cambio de la licencia que solicitaba para abrir un comercio.
En esas grabaciones se escucha a algunos de los funcionarios implicados hablando de las comisiones que van a cobrar, con expresiones como éstas: "Si le conseguimos esta licencia, nos da dos kilos [12.000 euros]".
Los funcionarios de la trama no sólo cobraban a los empresarios por agilizarles licencias de apertura de establecimientos, sino también para retrasar expedientes sancionadores a locales ya existentes que habían realizado alguna reforma, indicaron a EL PAÍS fuentes policiales próximas a la investigación.
Todos los implicados fueron ayer interrogados por su presunta implicación en el cobro de comisiones ilegales a cambio de licencias de apertura de locales comerciales y de ocio. Los funcionarios, según la investigación, cobraban por cada gestión entre 3.000 y 18.000 euros, y conseguían que una licencia que tarda en concederse 18 meses se resolviera en 40 días, según la investigación.
El gobierno municipal, presidido por Alberto Ruiz-Gallardón (PP), asegura que ningún responsable político está implicado en la trama, que la operación no afecta a expedientes de operaciones urbanísticas ni recalificaciones de suelo sino sólo a licencias para abrir locales, y que el Ayuntamiento ha colaborado con el juez "desde el primer momento" de la investigación, que comenzó hace cinco meses. El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, explicó en la Cadena SER que los implicados formaban "una mínima organización estable" y confirmó que no le constan "conexiones políticas".
Los rumores sobre el pago de comisiones al Ayuntamiento por parte de establecimientos de ocio en Madrid están a la orden del día desde hace años, en la calle y algunos pasillos de la administración, pero hasta ahora sólo habían podido probarse casos aislados.
La de ayer es la mayor operación contra este tipo de corrupción municipal desarrollada en la capital. "Decenas de locales", según fuentes de la investigación, han podido obtener sus licencias pagando comisiones a los miembros de la trama, que han actuado impunemente durante años.
El número dos de Ruiz-Gallardón, el vicealcalde Manuel Cobo, compareció a media mañana ante una sala de prensa abarrotada para explicar que el gobierno municipal ha estado al tanto de la investigación desde que, hace meses -"antes del verano"-, un particular denunció que, al ir a pedir una licencia para abrir un local en su barrio, alguien le había sugerido que los trámites se agilizarían si pagaba dinero a cambio. Así empezó la investigación, que ha desembocado ahora en una operación de la Guardia Civil con el elocuente nombre de Guateque.
Agentes del instituto armado entraron pasadas las nueve de la mañana en cinco dependencias del Ayuntamiento: las concejalías de Urbanismo y Medio Ambiente (que se encargan de la elaboración de informes previos a la concesión de licencias) y tres juntas de distrito (que son las que conceden o deniegan permisos: Centro, Chamberí y San Blas. Fuentes de la operación aseguran que "el meollo" de la trama está en la Concejalía de Medio Ambiente. La responsable de este departamento, que se encarga de las mediciones del ruido y del impacto medioambiental, es la edil Ana Botella.
Los agentes se incautaron de un maletín y varias cajas de documentos, entraron en el disco duro de los ordenadores y registraron mesas, armarios y archivos. "No ha sido una operación por sorpresa ni contra el Ayuntamiento. Estábamos al tanto y hemos facilitado todos los registros", insistió el vicealcalde Cobo. La Guardia Civil entró asimismo en "domicilios particulares" y oficinas de empresas o personas supuestamente implicadas en la trama.
La operación, ordenada el titular del juzgado número 32 de Madrid, Santiago Torres, está bajo secreto de sumario. Por eso, Cobo no quiso concretar ni los nombres de los funcionarios afectados ni las cantidades manejadas en los sobornos. Los implicados lo están bajo la acusación de tres delitos: cohecho (soborno), prevaricación (hacer uso del cargo para dictar resoluciones injustas) y tráfico de influencias.
Según fuentes de la investigación, uno de los trabajadores del Ayuntamiento imputados en este caso es un histórico funcionario de la Concejalía de Medio Ambiente que ya ocupaba cargos de relevancia cuando Esperanza Aguirre era concejal de este área, en los años noventa del pasado siglo.
Ante los primeros rumores aparecidos por la mañana, Cobo también quiso subrayar que la operación no tiene "absolutamente nada que ver" con la Operación Malaya desarrollada en Marbella (Málaga) contra la red de corrupción en la que estaba implicado la mayoría del gobierno municipal, ni con una de las principales implicadas en ese escándalo de corrupción urbanística, la abogada Montserrat Corulla, a quien el PSOE relacionó en la pasada campaña electoral con el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón.
Ayer, el regidor madrileño se limitó a afirmar que "ninguna actuación irregular va a ser consentida por parte del Ayuntamiento".
* Información elaborada por Vera Gutiérrez Calvo, Daniel Verdú, José Antonio Hernández, Jesús Duva y Jorge. A. Rodríguez
* ELPAIS.com - Madrid - 15/11/2007
Foto: Guardias civiles sacan cajas con documentos de la Junta Municipal - CLAUDIO ÁLVAREZ (El País)
El escándalo urbanístico de Los Merinos, en Ronda, llega a Bruselas
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ELCONFIDENCIAL/Málaga* : El ‘Caso Merinos’, polémica macrourbanización erigida en la localidad malagueña de Ronda llega a Bruselas de la mano del parlamentario europeo David Hammerstein, quien ha asegurado que impulsará la apertura de un procedimiento de infracción a nivel europeo porque “está en clara contradicción con la Directiva Marco de Aguas, afecta a la biodiversidad y a los derechos humanos”. Da la casualidad de que Luis Solana Madariaga, hermano del jefe de la diplomacia de la UE, Javier Solana, se vio obligado a dimitir de la presidencia del proyecto -con un sueldo de 5.000 euros mensuales- hace un año.
El proyecto Los Merinos Norte, denostado públicamente tanto por Manuel Chaves como por Javier Arenas, está considerado como el mayor complejo urbanístico de la Serranía de Ronda. Teniendo en cuenta sus dimensiones, no es para menos: incluye dos campos de golf y uno tercero de prácticas, tres hoteles de cinco estrellas, 800 villas de lujo, club hípico, colegio de alto nivel, residencia para la tercera edad, polideportivo y la venta de 442 parcelas con una media de 7.500 metros cuadrados de extensión cada una.
Lo que ni Chaves ni Arenas han dicho es que miembros de PSOE, PP, CiU y Partido Andalucista comparten intereses en Los Merinos, a pesar de que el negocio urbanístico ha sido denunciado por carecer de permiso de aguas de Cuenca Mediterránea, acumular informes contrarios de la propia Junta de Andalucía, tener pendiente un recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y poner en peligro las reservas acuíferas de la zona.
El ladrillo une lo que la política separa
Entre los nombres propios vinculados a la urbanización se encuentran los de los socialistas Juan Fraile -ex alcalde de Ronda cuando se aprobó el PGOU y vicepresidente segundo de Unicaja- y Jaime Montaner -arquitecto del proyecto y ex consejero de la Junta de Andalucía- ; el popular José Herrera –edil de Urbanismo de Ronda- y el empresario valenciano Jorge Juan Flor Gallén; el histórico de CiU en Amposta, Joan María Roig i Grau –ha formado parte del consejo de la promotora-; y el andalucista Antonio María Martín Lara –alcalde de Ronda-.
Como en tantos otros casos de urbanizaciones salpicadas por toda la geografía española, el entramado empresarial de Los Merinos Norte de Ronda ha intentado intimidar a través de denuncias a vecinos y periodistas que han osado denunciar las acciones de la promotora. Tal es el caso de El Observador, revista malagueña que se ha hecho eco de las críticas vecinales al proyecto.
No muy lejos de Los Merinos, también en la malagueña Serranía de Ronda, se encuentran el exclusivo circuito de F1 Ascari y la finca La Parchite, donde se han detectado obras de infraestructura para otro proyecto urbanístico ligado al golf, pese a que cuenta con una declaración de impacto ambiental negativa y vinculante por parte de la Junta de Andalucía. Casualmente, La Parchite guarda relación empresarial con David Shamoon, empresario libanés director financiero de los famosos hoteles Puente Romano y Marbella Club de Marbella, recientemente imputado en el Caso Hidalgo, acusado de los delitos de blanqueo de capitales y delito fiscal.
* El Confidencial - Fátima Martín.- 14/11/2007
Foto: Ronda (Málaga), Los Merinos - 20minutos.es
La fiscalía anticorrupción investiga la situación urbanística de Campos
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DIARIODEMALLORCA* : Agentes de paisano de la Policía Judicial de la Guardia Civil se personaron ayer en las dependencias municipales de Campos con un mandamiento firmado por el fiscal anticorrupción, Juan Carrau, por el que se requería "copia certificada o compulsada de las normas subsidiarias (normativa urbanística) de dicha corporación así como cuanta documentación obre en sus archivos relativa a la confección de dichas normas". La apertura de diligencias informativas ha causado cierto revuelo en el pueblo de la comarca del Migjorn.
Hoy, miércoles, el actual equipo de gobierno municipal, formado por UM-Campos pel Canvi (PSM+Entesa+PSOE), conocerá si la Justicia requiere las normas subsidiarias (NN SS) del año 91 o bien las últimas aprobadas de forma inicial el 30 de octubre de 2006 y de forma provisional el 26 de marzo, cuando gobernaba el PP. Tampoco se descarta que se exija toda la documentación en materia urbanística. En estos momentos están vigentes las partes más restrictivas de las NN SS de 1991 y de 2007, así como una suspensión de licencias hasta la aprobación definitiva de las normas.
El pasado verano el Consell de Mallorca devolvió las NN SS sin entrar en el fondo de la cuestión, simplemente por defectos de forma y de tramitación.
Cabe explicar que, en la anterior legislatura, con gobierno en mayoría del PP, dirigido por el alcalde Andreu Prohens, los entonces grupos de la oposición UM y PSM ya rechazaron frontalmente las NN SS, mientras que el tercer partido de la oposición, Convergència Campanera (ahora coaligado con el PP, en la oposición) se alió con los conservadores.
PSM, UM, GOB y ARCA, entre otros partidos y organismos, reprocharon falta de consenso y denunciaron múltiples presuntas irregularidades en el proceso, como la designación ´a dedo´ del equipo redactor de las NN SS (concretamente la empresa privada del arquitecto municipal Cosme Garcías); la falta de informes preceptivos y vinculantes como el de Costas; los posibles "excesos" en las Áreas de Reconversión Territorial contempladas en el Plan Territorial Insular junto al club náutico, Dalt de sa Ràpita y la zona de sa Vinyola; presuntas irregularidades en varias urbanizaciones y convenios, etc. A su vez, el pertinente informe de sostenibilidad ambiental reveló toda una serie de impactos negativos. El plan permitiría doblar la población, de los 9.000 habitantes actuales a más de 18.000.
Casi 900 personas firmaron alegaciones, de las que el PP aceptó muy pocas, entre ellas la reivindicación masiva referente a la conservación del patio de la escuela Joan Veny i Clar. A fecha de hoy, aún no se han respondido el conjunto de alegaciones. El nuevo Partil Liberal, liderado por Joan Alou (ex del PP), presentó, sin éxito, una alegación a la totalidad de las discutidas normas. El PSM, antes de elecciones, animó a la fiscalía a investigar la gestión del PP.
Otra repercusión importante que provocaron estas últimas NN SS es relativa a la polémica urbanización de Torre Marina de ses Covetes, donde se alzan los 68 apartamentos inacabados. Finalmente, el PP rectificó y declaró rústicos los terrenos. En la aprobación inicial la calificación era de zona de eventual inclusión en suelo urbano por sentencia judicial. En la provisional se pasó a suelo rústico.
Según fuentes municipales, el equipo de gobierno conservador aportó tarde el informe de Costas e introdujo modificaciones sustanciales tras la exposición pública, lo que supone una clara irregularidad.
* Diario de Mallorca - T. OBRADOR. CAMPOS - 14 de noviembre de 2007
Foto: Campos (Mallorca) - mallorca.com
El juez cita como imputado al alcalde de Mogán por el 'caso Grupo Europa'
CANARIASAHORA/Las Palmas* : El juez del caso Góndola, que investiga casos de corrupción en Mogán, ha citado para este jueves en calidad de imputados al alcalde del PP, Francisco González, y a la ex teniente de alcalde Onalia Bueno, en una nueva tanda de declaraciones sobre el caso Grupo Europa, que continuó este miércoles con dos nuevas citaciones a responsables de la empresa municipal Gesmogán y de la mercantil de Antón Marín.
La denuncia original que destapó las relaciones ilícitas de Grupo Europa en Telde -provocó las detenciones del 16 de mayo pasado y la imputación por cohecho al administrador único de Grupo Europa, José Manuel Antón Marín, y al jefe de Urbanismo teldense, José Luis Mena, entre otros- también señala al alcalde de Mogán y a la entonces teniente de alcalde y concejal de Asuntos Sociales y Vivienda, Onalia Bueno, como presuntos autores de un cohecho, investigado por la Policía Nacional.
Este lunes, tras las declaraciones en sede judicial del denunciante y del administrador, el magistrado José Alexis Reyes abrió formalmente la instrucción de la trama que liga a esta empresa promotora de viviendas sociales con el grupo de gobierno del PP en Mogán, siguiendo el mismo modus operandi que cuajó en Telde a través de la empresa municipal Urvitel, durante el mandato de gobierno de PP y AFV-Ciuca: imputar un gasto ficticio al suelo gratuito cedido por la administración pública para repartir dividendos a costa del precio final de la vivienda.
A diferencia de en Telde, donde se han detectado pagos ilegales de Grupo Europa directamente a políticos y funcionarios para amañar el concurso de asistencia técnica a Urvitel -hasta 240.000 euros-, en Mogán los datos recabados por la investigación del caso centran los pagos ilícitos en encargos realizados por Onalia Bueno a Antón Marín, para financiar un mitin de Mariano Rajoy y sendos conciertos de Bebe y Miguel Ríos en 2005, y se sustenta en nuevos testigos que han ratificado todos los extremos de la denuncia durante el verano pasado.
Consta en la denuncia que el PP de Mogán cobró al menos 95.000 euros en comisiones ilegales de Grupo Europa, introducido en este ayuntamiento también por la gestión del ex diputado del PP Jorge Rodríguez, y que el supuesto pelotazo puesto en marcha en el municipio gobernado por Francisco González González superaba los dos millones de euros, con la imputación, como en Telde, de un gasto ficticio al suelo gratuito cedido por el ayuntamiento donde se pretendían construir las VPO.
También declaran el secretario de Gesmogán y la responsable de GC Europa SAU
Además, este miércoles, pasaron por el despacho del magistrado de Instrucción y Primera Instancia número 6 de San Bartolomé de Tirajana el secretario de la empresa municipal Gesmogán, Rafael Cabrera, y la responsable de administración de la filial canaria de Grupo Europa, Gestión de Cooperativas Europa SAU, Daniel Yasmina Falcón Hernández.
Tras prestar declaración ante José Alexis Reyes, sus abogados explicaron a los medios de comunicación congregados a la entrada de los Juzgados de Maspalomas que, "por orden expresa del juez", no tenían permiso para hacer declaraciones, al estar declarado el secreto de sumario. También desde el TSJC, su Gabinete de Prensa confirmó este miércoles a CANARIAS AHORA que, de momento, el juez ha decidido no informar oficialmente sobre los cargos que se imputan a los encartados.
* Canarias Ahora - ALEXIS GONZÁLEZ. Las Palmas de Gran Canaria - 13/11/2007
Foto: Mogan (Gran Canaria), puerto - puertosdecanarias.com
Benalmádena, un municipio hormigonado a la sombra de Enrique Bolín
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ELOBSERVADOR/Málaga* : El paseo marítimo por la ‘Costa del Solar’ se detiene hoy en Benalmádena, el cuarto municipio con mayor ocupación urbana -el 69,3%- en su primer kilómetro de litoral, señalado como otro de los “puntos negros” del litoral malagueño por Ecologistas en Acción o Greenpeace. Un municipio cuyo espectacular ímpetu urbanístico no se explica si no es por el hombre que ha manejado las riendas del consistorio desde que en 1966 accediera por primera vez a la alcaldía, Enrique Bolín, cuya herencia, tras perder estos últimos comicios, es un municipio con sus posibilidades de crecimiento agotadas y la mitad de suelo sellado por el asfalto.
Vertidos, contaminación, problemas de tráfico y una depuradora en pruebas hacen el resto.
UNA noticia define bien el estilo de Enrique Bolín en la que ha sido durante muchos años su particular parcela de poder en la Costa del Sol. Cuando el ‘caso Malaya’ estaba en su apogeo y la corrupción en Marbella ocupaba grandes titulares de los medios nacionales, el ex alcalde de Benalmádena homenajeó a dos de sus principales imputados, los constructores Rafael Gómez ‘Sandokan’ y Cristóbal Peñarroya. En su discurso de agradecimiento a estos dos promotores Bolín argumentó que ambos “habían contribuido al desarrollo de la ciudad” y que al fin y al cabo, “todos estamos imputados por algo”.
LA de Bolín es una biografía política digna de estudio. Descendiente de una poderosa familia hotelera malagueña, alcalde franquista con tan solo 26 años, adscrito al Partido Popular del que fue expulsado tras un incidente en Gibraltar -le pillaron con cocaína, vídeos porno y unos menores en su yate- formó su propio partido independiente y ha salido indemne de mil batallas y luchas políticas logrando varias mayorías absolutas en Benalmádena. Hasta el punto que el PP le quería en sus filas de nuevo para estas últimas elecciones municipales.
PESE a que ha sido denunciado en varias ocasiones y acusado de corrupción, tráfico de influencias, cobro de comisiones e enriquecimiento ilícito, a “La Reina” -como le denominan sus enemigos- nunca le ha condenado un tribunal por sus gestiones urbanísticas. Más al contrario, le han proporcionado una bolsa de votantes incondicionales que le han aupado a la alcaldía de Benalmádena en repetidas ocasiones.
ENTRE sus ‘logros’, Puerto Marina, unas instalaciones que impulsó en los años setenta y que hoy se han convertido en uno de los “puntos negros permanentes” para Ecologistas en Acción con la playa de Malapesquera como “principal receptora de todos los vertidos tóxicos, derrames de carburantes, restos de pinturas, disolventes, aguas fecales de las embarcaciones e instalaciones portuarias”. La organización conservacionista recuerda que “el antiguo puerto ya construido en sus defensas exteriores fue rellenado y ampliado, sepultando toda la increíble fauna que albergaba, se convirtió en la zona en la que actualmente están los aparcamientos, restaurantes, centros comerciales y pueblo marinero. El dique de levante se retranqueó 400 metros mar adentro dando lugar al puerto que conocemos actualmente”. Puerto Marina es también un centro de diversión nocturna en el que se ha producido una de las primeras sentencias condenatorias por contaminación acústica contra un ayuntamiento, al que obligan al pago de una indemnización de 15.000 euros.
ECOLOGISTAS en Acción también ha otorgado banderas negras en Benalmádena a la playa de Santa Ana, donde “desembocan dos arroyos olvidados que arrastran aguas tanto pluviales como fecales y domésticas sin tratar, de algunos establecimientos hosteleros de la zona” y a los “acantilados de Torremuelle por la gran presión urbanística de la zona que ha triplicado el número de viviendas que hacen sus vertidos directamente al medio marino, sin emisarios, y desde unas supuestas depuradoras privadas”.
TAMBIÉN para Greenpeace el litoral de Benalmádena “está prácticamente destruido por la voraz presión litoral_benalmadenaurbanística” y aún más, la organización señala que aumenta el peligro por una posible “ampliación del Puerto Deportivo en 1.200 puntos de atraque”. Unas obras que han quedado en entredicho tras el último informe sobre la situación del litoral andaluz realizado por la Delegación de Costas del Ministerio de Medio Ambiente que entiende que la ampliación del puerto es una amenaza y califica la zona de levante de dicha marina entre las de riesgo de inundación. En dicho estudio, Medio Ambiente también propone demoler la residencia de Unicaja, en Arroyo de la Miel, por su ubicación tan cercana al mar sin respetar la zona de servidumbre.
CON casi 46.000 habitantes censados y una población que aumenta más del doble en verano el nuevo alcalde de la ciudad, el socialista Javier Carnero, ha reconocido que Benalmádena “ya no puede crecer más”. Las imágenes que acompañan esta información tomadas por el fotógrafo y miembro de Ecologistas en Acción José R. Moreno Tamayo son bastante explícitas. Benalmádena sufre problemas de tráfico propios de una gran ciudad derivados de la ausencia de planificación urbanística. La mitad de sus 34 kilómetros cuadrados de suelo están sellados con asfalto y hormigón. Su depuradora todavía está en periodo de pruebas y Bolín se encuentra desaparecido de la escena pública. Algunas fuentes lo sitúan ahora como asesor de la promotora Cogilco con cuyos responsables ha estado viajando a los países del este en busca de nuevas oportunidades de negocio, si bien este extremo no ha podido ser confirmado.
* Revista El Observador - 13/11/07
Foto: Benalmádena (Málaga) costa - El Observador
La trama de corrupción destapada en Madrid funcionaba como "una organización estable"
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ELPAÍS* : La Guardia Civil ha realizado esta mañana nueve registros simultáneos en sedes del Ayuntamiento de Madrid, en concreto la delegación de Medio Ambiente y la Gerencia de Urbanismo, así como tres juntas de distrito -Centro, Chamberí y San Blas-. La operación, bautizada Guateque, ha destapado una presunta "trama de corrupción". El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, ha precisado que afecta a 16 funcionarios aunque desconocía el número de detenidos, que fuentes del caso cifran a media tarde en al menos nueve. Están acusados de presuntos delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. En contra de lo dicho por el Consistorio, el Gobierno ha apuntado que también están implicadas personas que no son empleadas públicas. Se trata, según ha podido saber esta web, abogados y arquitectos. Funcionaban como "una mínima organización estable" que obtenía beneficios a través del cobro de comisiones.
¿A cuánto ascendían las comisiones?
Así, según Cobo la "inmensa mayoría" son empleados públicos "con muchísimo tiempo" dedicados al Ayuntamiento y entre ellos no figura ningún concejal, alto cargo, director general o personal de libre designación responsables de las áreas registradas. Cobo, que ha exculpado en todo momento a los concejales, ha explicado que cobraban comisiones a cambio de agilizar licencias comerciales. Según fuentes del caso, sobre todo cobraban por retrasar expedientes sancionadores. El vicealcalde de Madrid ha explicado en rueda de prensa que la investigación arrancó "antes del verano" a raíz de la "denuncia de un particular". Cobo ha hecho hincapié en que el Ayuntamiento ha colaborado desde el principio y "estrechamente" con la justicia, al tiempo que ha señalado que él ha sido el encargado de informar porque es el interlocutor con el juez encargado del caso, José Santiago Torres, titular del juzgado de instrucción número 32 de Madrid.
El magistrado ha decretado secreto de sumario. Cobo no ha podido precisar la cuantía de las comisiones, al tiempo que ha hecho hincapié en que la operación se ha lanzado no contra el Ayuntamiento sino contra funcionarios concretos. Al parecer, se trata de empleados públicos con mucha antigüedad. De momento, hay al menos tres funcionarios detenidos, según fuentes cercanas al caso, que no descartan que se produzcan más arrestos. Las mismas fuentes apuntan que en el marco de la investigación se han producido numerosas intervenciones telefónicas, con unos 10 teléfonos pinchados. Además de las sedes municipales, también se han producido registros en casas particulares y empresas. Los agentes, de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, se han incautado de diversa documentación y de ordenadores. "Estamos con el juez", ha dicho Cobo, que ha querido recordar que "la mayoría de los funcionarios son honrados". Para el vicealcalde, la prueba de que los concejales de Medio Ambiente y urbanismo son inocentes es que ocuparon sus cargos en mayo y el cobro de comisiones es muy anterior.
Rubalcaba contradice a Cobo
En contra de lo que algunos medios habían informado en un principio, "no tiene absolutamente nada que ver con la Operación Malaya ni con operaciones urbanísticas". Tras la intervención de Cobo, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha contradicho la versión municipal de los hechos al asegurar que la operación "afecta a una serie de funcionarios y gente que no lo son". El ministro no ha concretado de quién se trata, pero EL PAÍS ha podido saber que son abogados y arquitectos. El ministro ha explicado, en los pasillos del Congreso, que esta operación "sigue abierta" y tardará horas en cerrarse. Rubalcaba ha especificado que esta operación se debe a una trama de corrupción urbanística, consistente "básicamente en cohechos y cobro de comisiones ilegales".
Por su parte, el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, ha detallado que funcionaban como "una mínima organización estable" que obtenía beneficios a través del cobro de comisiones por agilizar la tramitación de expedientes para la apertura de locales. En declaraciones a la Cadena Ser, Moix ha precisado que los funcionarios investigados integraban "una organización con una estabilidad que permanece en el tiempo y que ha ido realizando una actuación dirigida a obtener dinero". Fuentes del caso han agregado que usaban intermediarios para la captación y cobro de comisiones. Moix también ha descartado "conexión política o relación con la Operación Malaya". El fiscal jefe ha aclarado que las detenciones practicadas no son por delitos urbanísticos, sino por cohecho. En cuanto a la cuantía de las comisiones, ha insistido en que todavía es difícil "cuantificar el monto total del dinero que se ha manejado". "Eso se valorará una vez que analicemos los datos que maneja la Guardia Civil", ha apuntado. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado que los funcionarios serán puestos a disposición judicial "probablemente el sábado".
* ELPAIS.com - D. VERDÚ / J. A. HERNÁNDEZ / J. A. RODRÍGUEZ - Madrid - 14/11/2007
Foto: Madrid, registros en el Área municipal de Urbanismo.- REUTERS - 14-11-2007
Madrid: 130.000 casas al margen de la ley
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PÚBLICO* : Un juez paraliza la urbanización en los Ahijones (Vicálvaro) edificada en suelo protegido que Gallardón reclasificó irregularmente en 1997. Un auto del juzgado 18 de lo contencioso-administrativo ha parado las obras en Vicálvaro de los Ahijones (15.400 viviendas previstas) y hay otra suspensión por aplicar en los juzgados que afecta a los Berrocales (22.235 pisos previstos), según confirmó Beatriz Lobón, gerente de urbanismo. Además, insinuó que tras ésas suspensiones cautelares de los Ahijones o los Berrocales hay una especie de conjura: “Las está pidiendo un grupo de abogados en ámbitos concretos. Saque sus conclusiones”.
“Me han dicho que han parado las obras en los Ahijones. ¿Va en serio? Debe ser por la dichosa sentencia del Supremo del Plan General de Urbanismo de 1997. ¿Qué pasará con nuestras casas? ¿Cuánto se van a retrasar ahora?”. Los foros de los vecinos de los nuevos barrios de Madrid (www.nuevosvecinos.org ) echan humo desde hace días.
La ejecución de la sentencia
Las obras estarán paradas hasta que el Ayuntamiento ejecute una sentencia del Tribunal Supremo de julio de este año. En ella se anulan 24 reclasificaciones de terrenos protegidos. Los Ahijones es uno de ellos. Las había aprobado Alberto Ruiz-Gallardón cuando era presidente de la Comunidad en 1997 pero, según la sentencia, no justificó que hubieran perdido el valor ambiental por el que estaban protegidas.
El contencioso ha tardado 10 años en resolverse y en este tiempo no se ha parado el proceso administrativo en los nuevos desarrollos. “Cuando la justicia tarda diez años en llegar acaba siendo inaplicable. Se ha demostrado que llevábamos razón y que se trata de urbanismo depredador que piensa más en las plusvalías que en la calidad de vida. ¿Y ahora para qué sirve? La aplicación de esta sentencia afectaría negativamente a terceros que esperan sus casas desde hace años”, señala el senador socialista Juan Barranco, que planteó el recurso cuando estaba en la oposición municipal.
El Ayuntamiento tiene apenas dos meses para ejecutar la sentencia pero en cinco de las 24 urbanizaciones ya se han concedido licencias: Portillo de El Pardo, Manzanares Norte, el Salobral-Nacional IV, ciudad aeroportuaria-Parque de Valdebebas y el sistema aeroportuario de Barajas.
El 43% del suelo afectado
El Ayuntamiento insiste en que la sentencia no atañe íntegramente a las 24 urbanizaciones, pero, según su propio informe, afectaría al 43,8% de la superficie en m2 del plan de 1997. Hay desarrollos con más del 70% de superficie mal clasificada: el Ensanche de San Fernando, el Salobral Nacional IV, Aravaca-Monte del Pilar, Ciudad Aeroportuaria y Valdebebas, Campamento y Villaverde-Vereda del Salobral.
Fuentes jurídicas explicaron a Público que la sentencia del Supremo demuestra que las reclasificaciones de suelo “se hicieron sin respetar los requisitos legales y que la única forma de ejecutarla sería demostrando que esos suelos ya no tienen valor ecológico y que no podría recuperarse”.
En Campamento, por ejemplo, se desclasificó una zona de ribera con fresnos, aves migratorias y una avifauna importante. “Es imposible que el Ayuntamiento pueda justificar que ha perdido el valor ecológico”, señalan.Acaba de nacer la Plataforma de Afectados Por el Urbanismo Salvaje (PAUS) : “Queremos alertar de la dimensión que puede tener una colosal estafa en la que se venden pisos en zonas no urbanizables. Hay que corregir el desaguisado descomunal y exigir responsabilidades”.
UNA SENTENCIA QUE HA TARDADO UNA DÉCADA
1997 // El PSOE en el Ayuntamiento de Madrid (entonces liderado por Barranco) interpone un recurso contra la aprobación de la revisión del Plan General de Urbanismo. En el plan de 1997 el PP cambió la clasificación de 28 ámbitos de suelo no urbanizable protegidos en el Plan del 85. El PSOE cree que no está justificada la desclasificación de ese suelo.
2003 // El Tribunal Superior de Justicia da la razón al PSOE y anula la desclasificación de los terrenos protegidos porque no se ha justificado que hayan perdido su valor medioambiental. La anulación afecta entre otros a Sanchinarro, las Tablas o Montecarmelo donde en ese momento hay miles de viviendas en marcha. El Ayuntamiento y la Comunidad plantean recurso al Supremo. El Tribunal Superior de Justicia desestima la ejecución provisional de la Sentencia pedida por el PSOE argumentando que éste no ha avalado los posibles daños que podría acarrear la ejecución.
2007 //El Supremo falla a favor del PSOE y ratifica la sentencia del Tribunal Superior salvo en Montecarmelo, Las Tablas, Sanchinarro, Cerro de los Gamos y el Camino de los Caleros. Han pasado 10 años desde que arrancó el proceso y muchas de las 23 áreas protegidas en el 85 que tras la sentencia del Supremo siguen protegidas se han urbanizado y perdido su valor. El Tribunal Superior ha notificado la sentencia al Ayuntamiento que debe ejecutarla en dos meses.
* Público - 13/11/2007
Gráfico: Plano 135.541 viviendas previstas - CHIQUI ESTEBAN (Público)
Icomos cree urgente "restituir la legalidad urbanística" en el entorno de Medina Azahara
EUROPAPRESS/Córdoba* : El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), ONG que asesora en materia de patrimonio histórico, cultural y natural a la Unesco, cree "prioritario y urgente restituir la legalidad urbanística" en el entorno protegido del conjunto arqueológico de Medina Azahara, en la capital cordobesa, en la actualidad rodeado de viviendas ilegales. Así se indica en el informe realizado a lo largo del último año y difundido por el Comité Español de Icomos, en el que hace una serie de recomendaciones a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Córdoba...
...a los que conmina a solucionar el problema que, por su "dejación de funciones", se ha creado con la proliferación, desde finales de los 80 del pasado siglo, de parcelaciones y construcciones ilegales en torno a la antigua ciudadela califal del siglo X, y ello a pesar de que tales viviendas contravenían en todo momento la normativa y el planeamiento urbanístico aplicable.
Así, en el informe de Icomos se recomienda, en primer lugar, "que la Junta de Andalucía, a través de su Consejería de Obras Públicas y Urbanismo, asuma de una vez su responsabilidad en la degradación del territorio andaluz a través del control de las parcelaciones ilegales". Para ello se sugiere, además, "que se controle mejor y se impida la incorporación de los servicios básicos a través de actitudes y acciones serias y contundentes, conminando a que los ayuntamientos", como el de Córdoba, "no surtan del servicio de agua y alcantarillado, y a las compañías eléctricas, para que no faciliten enganches a sus redes".
En cuanto al conjunto arqueológico objeto de este informe, que está declarado, junto con su entorno, Bien de Interés Cultural (BIC), Icomos llama a la citada restitución de la legalidad urbanística en su entorno, "incluyendo obviamente la del Plan Especial de Protección de Madinat al-Zahra, de forma que la sociedad en su conjunto tome conciencia de que los valores públicos que defiende el urbanismo democrático, especialmente en el ámbito espacial de bienes culturales excepcionales, debe primar sobre los intereses privados".
"Estos intereses privados --prosigue el informe de Icomos-- han de conocerse, evaluarse y salvaguardarse en todo aquello que no vulnere la legalidad urbanística y patrimonial vigente. Además, en toda negociación con los parcelistas no se aconseja la falta de generosidad de las instituciones públicas, pero se recomienda que no tengan el mismo trato (fiscal, valoraciones, etcétera) que tendría cualquier otro ciudadano que hubiese construido conforme a la legalidad".
NO PREMIAR A LOS ILEGALES.
En consecuencia, para la ONG asesora de la Unesco, "se debe resolver el conflicto, pero no premiar a las personas que actúan al margen de la legalidad y normativa urbanística, como sucede a menudo ante las denominadas situaciones consumadas. Las personas que edificaron de forma irregular no pueden ampararse en que se trate de un proceso antiguo o de falta de transparencia municipal".
A este respecto, en el informe de Icomos se afirma que "el Ayuntamiento de Córdoba ha dado muestras, desde hace años, de que facilita toda la información pertinente en materia urbanística que le es solicitada y no se le puede tachar de institución diletante o poco diligente en materia urbanística, salvo en el control de las urbanizaciones ilegales, que, además, fue más efectivo en los últimos 80 y primeros 90 que en la segunda mitad de ese último decenio y en parte del actual".
Junto a ello, Icomos recomienda a la Junta de Andalucía, y sobre todo a la Consejería de Cultura, "una actitud más abierta y comprometida respecto a la gestión del entorno de Madinat al-Zahra", ya que, "no es aceptable que, cuando una de las partes requiere encontrarse para tratar sobre posibles soluciones, la Administración pública autonómica se inhiba", lo cual "es especialmente grave cuando fue la propia Delegación de Cultura de la Junta en Córdoba la que inició la llamada de atención al Comité Nacional de Icomos".
Lo que ocurre en este caso, según Icomos, es que "la misma Administración posee dos actitudes muy distintas: bien se trate de la provincial, más cercana y sensibilizada, bien de la central, más lejana y poco interesada en uno de los procesos que no sólo degradan Madinat al-Zahra, sino a muchos paisajes de hondo carácter cultural en toda la comunidad. La Consejería de Obras Públicas, si bien ha demostrado mayor interés en participar en reuniones para tratar este asunto, no puede dejar de afrontar su responsabilidad en la tutela y control del urbanismo en la comunidad".
En consecuencia, y en función de lo expuesto, Icomos "urge a las instituciones responsables a establecer una mesa de resolución conjunta del conflicto de las parcelaciones ilegales, satisfactoria para los intereses públicos y siempre en el marco de la legalidad vigente. Esta mesa debería establecer un calendario de actuaciones que iniciase sus trabajos en un plazo razonable de dos meses".
EQUIPO TÉCNICO DESDE 2004.
Se da la circunstancia de que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba acordaron en junio de 2004 la creación de un equipo de técnicos, de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) y de las delegaciones de Obras Públicas y Cultura de la Junta, para que, sin límite de tiempo, pudieran ofrecer propuestas que den salida a la situación de las parcelaciones ilegales de Medina Azahara.
Hace ya casi tres años y medio y en rueda de prensa, la alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar (IU), y el delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Antonio Márquez, quienes siguen ocupando tales cargos, anunciaron que dicho equipo de técnicos tenía como finalidad ofrecer "soluciones ajustadas a derecho, que permitan acabar con la amenaza urbanística que se cierne sobre el conjunto arqueológico de Medina Azhara".
Desde entonces y hasta ahora no trascendido públicamente que dicho equipo de técnicos haya propuesto soluciones y, de hecho, los enfrentamientos por esta cuestión desde entonces, entre responsables políticos de la Junta y del Ayuntamiento, han sido tan evidentes que así han quedado reflejados también en el informe de Icomos.
ULTIMAS ACTUACIONES.
Así, en el apartado del informe de Icomos denominado 'Últimas actuaciones', se asegura que, "desde 2005, el ambiente de crispación crece a medida que también se ralentizan, que no se detienen, los procesos de construcción" de las parcelaciones ilegales en el entorno de Medina Azahara.
Por otro lado, "se hace patente un cambio de actitud en el Ayuntamiento respecto a las parcelaciones cuando, en el Pleno municipal del 5 de octubre del mismo año, se aprueba una moción de IU y del PP para solicitar de la Junta de Andalucía que se modificase la delimitación de Madinat al-Zahra, para dejar fuera de la misma, y en consecuencia de la tutela cultural autonómica, el terreno de las parcelaciones ilegales Córdoba La Vieja, el Cercado de las Pitas y La Gorgoja II".
Se aprecia, pues, "la voluntad de regularizar las parcelaciones ilegales, o de iniciar un proceso encaminado a ello, lo cual, no obstante, hubiera seguido contraviniendo, caso de haberse aceptado la modificación, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio de Córdoba".
En esta línea, "días más tarde, el 11 de octubre, la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento de Córdoba aprueba con carácter inicial un Plan Especial para dotar de servicios urbanísticos a la parcelación de las Pitas. Esta acción se realiza a pesar de que tal proyecto no sólo es contrario al citado PGOU, sino también al Plan Especial de Protección de Madinat al-Zahra y a lo dispuesto en las leyes de protección del patrimonio histórico español y andaluz".
* Europa Press - CÓRDOBA, 13 Nov.
Foto: Cordoba, zona viviendas ilegales - abc.es
La Fiscalía de Galicia investiga una supuesta trama urbanística en Abegondo
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ELIDEAL/A Coruña* : La Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia investiga una supuesta trama urbanística el en municipio abegondés. El viernes remitió un requerimiento al Ayuntamiento de Abegondo donde solicita copias de licencias otorgadas entre 1999 y 2003. El tripartito abegondés, encabezado por el alcalde Rocha Carro, compareció ayer públicamente para informar del requerimiento de la fiscalía y explicar la postura del actual gobierno municipal respecto a la supuesta trama urbanística que, a raíz de las denuncias de un vecino de la localidad ante Xunta de Galicia y Ayuntamiento de Abegondo, investiga ahora el alto tribunal gallego.
Rocha señaló que el consistorio recibió el pasado viernes un requerimiento del TSXG donde se solicita "unha serie de copias de licencias outorgadas no mandato 1999-2003", todas ellas referidas a las citadas denuncias. Así, con la seguridad de que "este goberno non ten nada que agochar" y el compromiso de "colaborar coa administración de xustiza", APdeA, BNG y PSdeG-PSOE eligieron la tarde de ayer para reiterar la escenificación de la unión tripartita y ofrecer "una mostra clara e contundente de transparencia".
El regidor local indicó que todos los expedientes advertidos por la fiscalía "coinciden no tempo inmediatamente anterior á entrada en vigor da Lei do Solo de Galicia, o 1 de xaneiro de 2003". La encomienda del Ayuntamiento de Abegondo pasa ahora por remitir la documentación requerida antes de diez días, por lo que el mismo día de la recepción, convocados por el alcalde y el concejal Manuel Eladio Fernández, técnicos del área de urbanismo y personal municipal se reunieron con el objetivo de definir las líneas de actuación sobre esta asunto, al que el equipo de gobierno ha resuelto dar la máxima prioridad.
Responsabilidad > Para Rocha Carro la actuación del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia pone de manifiesto "unha realidade que en Abegondo xa se viña percibindo durante os últimos meses". El primer edil, quien acusó directamente a Santiso Miramontes del "galimatías" que, hoy por hoy, padecen vecinos y propietarios, aprovechó su exposición para dejar claro no se siente orgulloso de su pertenencia al equipo de colaboradores del ex conselleiro, si bien reconoció que, como integrante del gobierno municipal entre los años 1999 y 2003, también él puede ser investigado: "Será a xustiza a que dirima o grado de responsabilidade", manifestó.
En su intervención de ayer, Juan José Rocha Carro, flanqueado a derecha e izquierda, por los concejales Ínsua López, Iglesias González-Villamil, Fernández Vázquez y Santiago Soto, reprochó la "falta de rigor" de José Antonio Santiso Miramontes, así como la decisión de quien fuera titular de la Consellería de Política Agroalimentaria a Desenvolmento Rural, de guardar silencio respecto a las acusaciones sobre posibles irregularidades urbanísticas durante su último mandato.
* El Ideal Gallego - LUCíA TENREIRO - 14 de Noviembre de 2007
Foto: Abegondo (A Coruña) - osloureiros.com
Alicante: El aluvión de abusos urbanísticos obliga a pedir un juez de apoyo
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LAVERDAD* : La Junta Sectorial de Jueces de lo Contencioso-Administrativo acordó por unanimidad en su última reunión, celebrada el pasado día 5, solicitar el nombramiento de un juez de apoyo para el juzgado número 3 debido al aluvión de recursos contra abusos urbanísticos municipales que está recibiendo. Además, aprobó instar al TSJ a que realice «las gestiones oportunas encaminadas a hacer posible que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 entre en funcionamiento con la mayor brevedad, dado el colapso que sufre dicho orden jurisdiccional».
De la misma manera, según se recoge en el acta de la junta, a este órgano se le debería asignar, «como materia exclusiva, la mitad de los asuntos de urbanismo», en tanto que la mitad restante seguiría bajo jurisdicción del juzgado número 3.
El presidente de la asociación Abusos Urbanísticos No (AUN), Enrique Climent, vincula directamente este incremento de recursos contra las decisiones urbanísticas de los ayuntamientos a las dos leyes autonómicas que ha tenido la Comunidad Valenciana, primero la LRAU y después la LUV.
«Con la nueva ley continuamos con la misma situación, pero los ciudadanos están más concienciados en lo que concierne a sus intereses, sus derechos de propiedad y sobre el medio ambiente», opinó ayer en declaraciones a este diario.
El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Alicante, Ricardo Estévez, cree que el juez de refuerzo, cuyo trabajo reclama como mínimo para tres meses, es «una solución meramente coyuntural», aunque reconoce que contribuirá a eliminar el actual colapso, en concreto «105 asuntos pendientes únicamente de dictar sentencia».
Según explica en el informe con que concurrió a la junta, «dado el elevado número de asuntos ordinarios que tramita el juzgado, es previsible que que esa pendencia continúe incrementándose paulatinamente».
Este juzgado ha tramitado un millar de demandas contra decisiones urbanísticas respecto del total de 2.604 asuntos que ha registrado en menos de dos años.
En el último semestre, el módulo de trabajo de este órgano ha superado el 155% de lo estipulado para su jurisdicción.
* La Verdad - 13.11.07 - M. C. S.
Foto: Obras del campo de golf de El Plantío, en Alicante, que han sido objeto de enfrentamientos políticos y recursos judiciales, en una imagen de archivo/ R. MILÁN (La Verdad)
El alcalde de Alhaurín no ha justificado la procedencia de 155.000 euros
LAOPINIÓNMÁLAGA* : La Unidad Contra las Drogas y el Crimen Organizado (Udyco - Costa del Sol) asegura en un informe que el alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP), y su mujer, María Teresa Santos Reyes, no han podido justificar la procedencia de diversas sumas que en total suponen una cantidad de casi 155.000 euros. El informe, que se encuentra inmerso en la parte sobre la que ya no pesa el sigilo procesal, señala que "Juan Martín Serón viene realizando en cuentas de su titularidad la colocación de efectivo metálico con origen desconocido (más de 50.000 euros), enmascarando ese origen con el resto de movimientos e integrándolo posteriormente en productos financieros, concretamente depósitos a plazo".
Asimismo, apunta que la inexistencia de adeudos en una cuenta del BBVA para el sostenimiento de los gastos normales de la familia -gastos de bolsillo- pone de manifiesto que "éstos pudieran estar siendo sufragados con efectivo metálico presuntamente proveniente de de fuentes de renta de origen desconocido".
Pero no queda ahí la cosa. Los investigadores destacan además que, del mismo modo, en cuentas cuya titularidad atribuyen a María Teresa Santos Reyes, para 2006 y en sólo seis ingresos de origen desconocido, "se acumula un total de efectivo de 33.832 euros, presumiendo que dichos ingresos, y a falta de más información, son realizados por María Teresa como titular de las cuentas que es".
Otro hecho destacable es que los miembros de la Udyco califican la asesoría fiscal Martín y Santos, que regenta la esposa del regidor alhaurino, como mercantil "inactiva". Así, los investigadores afirman que ambos utilizan esta sociedad "como pantalla y a los presuntos fines de ocultación para colocar asimismo efectivo metálico -36.000 y 35. 000 euros-, también de origen desconocido".
A juicio policial, "se abusa del velo societario y se realizan actos mercantiles al objeto de ocultar el origen de las cantidades en efectivo. Se da la circunstancia de que, una vez colocados, se integran en productos financieros bajo la forma de depósitos a plazo".
Según los investigadores, ha quedado indiciariamente acreditado que "la generación de cantidades en efectivo que en diversas ocasiones tenían como destino inicial las cuentas de la mercantil Conextran SL, vinculada al matrimonio Martín-Santos, y especialmente con María Teresa Santos Reyes, esposa del alcalde, Juan Martín Serón".
En este sentido, la policía recuerda que en registro efectuado en el domicilio del matrimonio el pasado mes de enero se hallaron 69.000 euros, "una importante cantidad de efectivo respecto de la cual no se ha podido determinar su procedencia real, a pesar de los justificantes aportados en este procedimiento por María Teresa y que fueron totalmente desacreditados por informe de esta unidad policial".
Justificación. El alcalde popular aseguró en su día que parte de ese dinero pertenece a la asesoría fiscal de su mujer y el resto era para acudir a la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur).
Los fondos de origen oculto, según el estudio de la Udyco, se inyectan después en el circuito financiero a través de su inversión en productos financieros, lo que a juicio de los investigadores vincula a los investigados "con el desarrollo de una operativa sugestiva de encuadrarse dentro de presuntas actividades de blanqueo de capitales de origen ilícito". Hasta ahora, sobre el alcalde de Alhaurín el Grande sólo pesaban las imputaciones por supuestos delitos prevaricación y cohecho.
Conextran, intermediaria de los pagos ilícitos
Las investigaciones policiales apuntan que la constructora Conextran podría haber sido intermediaria de los pagos ilícitos de empresarios al Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, a cambio de licencias urbanísticas.
Según un informe de la Udyco, la contabilidad de dicha sociedad la llevaría la esposa del alcalde, a través de su despacho profesional Santos Reyes. La Policía cree que existía un vínculo entre la mercantil y el Consistorio, a través de la asesoría, donde también trabaja la mujer del administrador de Conextran, M. M. M., imputado por cohecho y blanqueo de capitales.
En el informe se mencionan presuntos pagos de 78.000, 85.000 ó 30. 560 euros a nombre del administrador de la constructora.
Por otro lado, la Udyco mantiene que en la contabilidad de la empresa Conextran existían diferencias entre las magnitudes declaradas y las percibidas, por lo que "las situaciones pudieran ser susceptibles de encuadrarse en una efectiva forma de pago de cobro ilícitos presuntamente cometidos" por empresarios.
El fiscal Anticorrupción sostiene que la constructora actuaba presuntamente como sociedad instrumental para canalizar los pagos y que su administrador "se prestó para ocultar el producto económico obtenido, con el fin de encubrir a sus destinatarios finales, que no eran otros que las autoridades del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande".
El administrador dijo que las obras que realizaba eran por concurso público.
* La Opinión de Málaga - J. A. S. / R. R. / A. G. - 13 de noviembre de 2007
Foto: Alhaurín el Grande, ayuntamiento - J.Domínguez, EFE
Salamanca: Los Verdes elevan la trama urbanística hasta Anticorrupción
TRIBUNASALAMANCA* : Los Verdes siguen avivando la llama del enfrentamiento abierto contra el equipo de Gobierno municipal en materia urbanística y otras cuestiones vinculadas a la actualidad, como la subida de impuestos y tasas. En la dinámica de interposición de recursos, el coordinador del colectivo ecologista, Ángel Gamazo, anunció ayer la intención de presentar tres: contra el sistema instaurado de transferencias de aprovechamiento urbanístico, contra el proyecto de construcción del aparcamiento subterráneo de la plaza de Los Bandos y contra la reciente subida de tributos municipales.
Entre las medidas a emprender, una advertencia. “En un plazo muy breve de tiempo se van a revisar todas las licencias concedidas a los edificios afectados por transferencias”. ¿Cuál es la consecuencia? Gamazo advertía que estos edificios pasan a ser “ilegales“, condición que generará “problemas” para sus propietarios al permitir los constructores el acceso a las viviendas sin la correspondiente licencia de primera ocupación –una vez finalizada la construcción–, “infracción continuada y que es objeto de un expediente sancionador”, argumentaba el jurista de Los Verdes, Manuel Serrano, señalando a los constructores (al actuar a sabiendas de esta ilegalidad), al igual que a todas aquellas empresas que prestan servicios.
Para paliar esta consecuencia, Los Verdes han iniciado contactos con los agentes sociales “que han intervenido y que están afectados”, en defensa de los inquilinos y para que los ciudadanos “no vean perjudicado su patrimonio de suelo”. En este sentido, el colectivo ecologista presentará un informe detallado a la fiscalía anticorrupción con la identidad de los constructores que han infringido el sistema de transferencias urbanísticas implantado desde 1984 y ya extinguido.
Mientras, Los Verdes encuentran en la aprobación del proyecto de construcción del aparcamiento de Los Bandos otro motivo para interponer un recurso ante el juzgado de los contencioso-administrativo por considerar ilegal “el cambio de calificación del espacio que ocupaba la plaza. Antes eran zonas verdes y ahora se contempla como un vial, una calle. Hay que decir que el Ayuntamiento tiene potestad para ejecutar algunos cambios, pero éste responde a un capricho del alcalde”, indicaba Gamazo.
El último caso de esta batería de recursos se ciñe al incremento de las tasas e impuestos, que en cuanto entren en vigor el próximo enero activarán la iniciativa del colectivo de presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por considerar que “no son justos”. Entiende Gamazo que los tributos son necesarios en una sociedad democrática pero que “se han producido barbaridades con personas con menos capacidad”.
* Tribuna de Salamanca - 10 de noviembre de 2007
Foto: Salamanca, plaza Los Bandos - salamancablog.com
Enlace relacionado: Plataforma ciudadana "Los Bandos sin aparcamiento"
Califican de farsa las nuevas medidas de protección para el Parque Natural Cabo de Gata
SALVEMOS MOJÁCAR/ Almería* : Según se ha publicado hoy en diversos medios "el nuevo PORN desclasifica la totalidad del paraje de El Algarrobico, donde se levanta el hotel de Azata del Sol, como suelo urbanizable y lo sitúa bajo el grado de protección 'C3' como «núcleo habitado existente o zona transformada». Además, eleva a la categoría de zonas de «regulación» las fincas privadas de la Fabriquilla y Marina de Agua Amarga (Níjar) donde se proyecta la construcción de dos urbanizaciones de 15 y 48 hectáreas.
Las tres eran zonas urbanizables y con el grado de protección que se les concede ahora -mayor- se concede una herramienta al Ayuntamiento de Níjar para que a la hora de elaborar el Plan General de Ordenación Urbanística -PGOU- pueda frenar el desarrollo de estos parajes."
Si esto es así, y le conceden al Algarrobico protección C3, es totalmente falso que le den mayor proteccion al paraje: significa claramente que LE QUITAN PROTECCIÓN, ya que hasta ahora tenía un grado de protección mayor, C2 y actualmente es suelo no urbanizable, una de las principales razones por las que Salvemos Mojácar exige en su recurso la demolición del hotel.
Convertir el paraje en núcleo habitado existente significa ni más ni menos legalizar definitivament el hotel y las construcciones previstas a su alrededor. Lo mismo se aplica a los casos de La Fabriquilla y Maria de Aguamarga.
Decir que "se le da al ayuntamiento de Nijar una herramienta para que pueda frenar el desarrollo de estos parajes" cuando es el ayuntamiento el primero que ha amparado toda la estrategia de recalificación de suelos y era -al menos en la anterior legislatura- uno de los principales interesados en que se urbanizaran, es una farsa intolerable. No puede anunciarse una actuación de protección del territorio cuando realmente se lo está desprotegiendo. Se trata de una confusión informativa gravísima destinada a confundir a la opinión pública.
Las asociaciones ciudadanas consideramos intolerables y gravísimas las tomaduras de pelo de la Consejería de medio ambiente, que ya nos tiene acostumbrados a anuncios de falsas actuaciones que nunca se realizan y a lavados de imagen pública que solo consiguen enmascarar ante la sociedad sus actuaciones en favor del ladrillo.
Exigimos que se aplique la legalidad, llevando a cabo al demolición inmediata del hotel del Algarrobico, y, si realmente quieren proteger el territorio, que se eleve la protección de todos los parajes mencionados como mínimo al grado C1 o al B1 o B2.
Salvemos Mojácar
* Teleprensa - Almería - 12 de Noviembre de 2007
Foto: Algarrobico (Carboneras - Almería), hotel ilegal - teleprensa.net
Ante la crisis, que cada cual aguante su vela
MARÍA LUISA GARCÍA GIL* : Es un buen momento para que se reúnan los arquitectos y es un buen momento para proclamas. Es un buen momento cuando la costa mediterránea, en general, ha perdido su atractivo natural por culpa de la avaricia desorbitada de unos y otros, es un buen momento cuando los edificios dignos y centenarios de los cascos antiguos, por lo menos en Galicia, por falta de protección, han sucumbido a la vorágine constructora destructora que ha permitido duplicar alturas. Es un buen momento para bendecir, apoyar y no criticar la decisión firme de mantener la protección de los 500 metros.
Curiosamente, hace unos días, desde la patronal de la construcción, también se ponía contra las cuerdas a la Dirección General de Urbanismo para forzar el levantamiento de la moratoria de los 500 m, como si esta sabia decisión fuera también la causa de la crisis de la construcción. Las zonas del interior, por cierto, no tienen costa y también han sido objetivo de la bonanza constructiva; por otra parte, uno de los atractivos de Galicia como destino de segunda residencia, en estos últimos años, ha sido su paisaje y su naturaleza aún salvajes, aunque para otros muchos también ha sido la inversión especulativa debido a la diferencia de precios con otras regiones de España.
La crisis de la construcción era un hecho previsible, sencillamente porque las bonanzas económicas son cíclicas y porque un país no puede tan sólo vivir de construir ex novo, porque, evidentemente, esta actividad algún límite tendrá.
Las crisis económicas, a lo largo de la historia, han sido los detonantes del pensamiento que tal vez, gracias a los apretones del cinturón de la penuria, deben de mandar más sangre al cerebro y entonces propician ideas claras, novedosas y paliativas.
Creo que, a lo mejor, ha llegado el momento de hacer introspección y acto de constricción, y a lo mejor ha llegado el momento de que "cada palo aguante su vela" y se haga responsable de sus actos.
Creo que es un buen momento ante una gran crisis para que los especuladores se vayan a sus cuarteles de invierno, para que los constructores de verdad, de profesión, se dediquen al reciclado, es decir, a restaurar lo mal ejecutado, para que los ayuntamientos elaboren planeamiento sensato que intente en lo posible regenerar una vida urbana digna para sus ciudadanos, y para que los arquitectos nos esforcemos en dar a la sociedad esa calidad de vida que viene de la mano de un buen urbanismo y unas construcciones dignas y bien digeridas que en estos últimos años, salvo honrosas excepciones, han brillado por su ausencia.
La costa gallega, toda aquella que no era núcleos urbanos, se ha salvado de momento, gracias a la Ley de Costas y gracias a la moratoria de los 500 m.
Las consecuencias de un urbanismo mal diseñado son demoledoras e irreversibles y el Patrimonio Natural es único e irrecuperable una vez destruido.
* MARÍA LUISA GARCÍA GIL, ARQUITECTA
* El Correo Gallego - la linterna de diógenes - 12.11.2007
