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EUROPASUR* : La central de Madrid de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) del Cuerpo Nacional de Policía ha investigado los patrimonios del alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Carlos Juárez, y del actual concejal de Urbanismo, Carlos Ruiz Calama. Así consta en el sumario del caso Roseworld. Y es que la titular del juzgado número 1 de La Línea decretó ayer el levantamiento del secreto de sumario en este caso, un proceso judicial abierto por la querella que interpuso José Carrión Capilla tras la venta, por parte del Ayuntamiento, de cuatro parcelas municipales de 22.200 metros cuadrados a la empresa Roseworld.
Este diario ha sabido que la juez reclamó la semana pasada a Calama que justificara 980.000 euros, al parecer de IVA, de los 1.980.000 euros que el Ayuntamiento recibió de Roseworld por esta venta y le dio una semana para hacerlo. El plazo expiró ayer.
La central de la Udyco también ha investigado a las empresas Roseworld y Lábaro, grupo éste último al que pertenece Abuztúa Inversiones, compañía que a principios de año compró a Roseworld este suelo por 14 millones de euros, dos millones más de los que pagó al Ayuntamiento.
En este procedimiento están imputados el alcalde de La Línea y el entonces gerente municipal de Hacienda y Urbanismo, y actual concejal de éste último ramo, Carlos Ruiz Calama. Además, fueron denunciados por Carrión los concejales de La Línea que votaron a favor de dicha venta en el pleno de la Corporación municipal en el que fue aprobada esta operación, así como el anterior secretario general del Ayuntamiento, Agustín Sevillano, y el interventor municipal.
El sumario del caso Roseworld consta de 16 tomos que suman 4.501 folios. La documentación es tan abundante que la acusación ha encargado a cuatro procuradores que los fotocopien a partir del lunes.
En este procedimiento judicial también ha prestado recientemente declaración un irlandés que, según ha sabido Europa Sur, participó en una operación de compra-venta de estos terrenos el mismo día en que el Ayuntamiento los vendió a Roseworld y en la misma notaría. En el sumario constan varias fotocopias de los pagos realizados en esta segunda operación mediante cheques del banco Sabadell.
La próxima semana podría celebrarse una vista en la que estarán presentes la juez, la Fiscalía y los abogados de la defensa y la acusación, y en la que podrían producirse novedades en este complejo procedimiento.
* Europa Sur - S. F. /J. J. G. - 06/10/2007
Foto: La Línea de la Concepción (Cádiz) - Konstantin (wikipedia.org)
La Policía investiga el patrimonio del alcalde de La Línea (Cádiz)
La sostenibilidad: de valor y paradigma a simple adjetivo banal
JORGE BENAVIDES SOLÍS* : La Historia es irreversible y su utilización sólo es una interpretación interesada. Todo comenzó en el marco de la ONU, con el Informe Nuestro Futuro Común (1987-1988), coordinado por la ex primera ministra noruega, G. H. Brundtland. En él se recurrió al neologismo 'Sostenible' para sortear la astuta advertencia hecha por el secretario de Estado de EE UU, H. Kissinger, en un telegrama dirigido a la ONU en 1974. Se oponía al uso del término 'Ecodesarrollo' por estar vinculado a la Ecología, disciplina que, desde entonces, ha sido desacreditada frente al desarrollo, cuando precisamente es todo lo contrario: garantiza la calidad del crecimiento.
Quienes viven en Bormujos y trabajan en Sevilla dejan anualmente 45 días de su vida dentro de su coche, con el cual, involuntariamente, contaminan más. Tienen más bienes pero menos calidad de vida.
La Ecología es imprescindible para la construcción y el estudio del Oikos (hogar) humano entendido como sistema.
La Sostenibilidad (en España), o Sustentabilidad (en Hispanoamérica), es un neologismo vinculado al contenido del mencionado Informe sobre un tipo de desarrollo. Textualmente dice: "Desarrollo sostenible es el que satisface las necesidades del presente sin dañar la capacidad de las nuevas generaciones para satisfacer sus propias necesidades".
Por lo tanto, en primer lugar, el significado de la Sostenibilidad está asociado coherentemente a los contenidos que constan en los documentos aprobados en la Conferencia de Río de 1992, Cumbre de la Tierra, para el Medio Ambiente y el Desarrollo:
-El Programa 21. Plan de acción que define las metas ambientales y de desarrollo en el siglo XXI.
-La Declaración sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Derechos y deberes de los Estados.
-La Declaración de principios sobre los bosques.
-Las Convenciones sobre el cambio climático, la biodiversidad y la desertificación.
En conferencias gubernamentales sucesivas se han firmado los Acuerdos de Alborg, Carta de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad, 1994; de Kioto, Cambio climático por el Calentamiento Global, 1997; y de Johannesburgo, Sobre la pobreza y el Medio Ambiente, 2002. En ellos se amplía el contenido operativo de la palabra Sostenibilidad asociada al desarrollo, a la contabilidad, al capital natural y ambiental.
Bajo este paraguas, los economistas incluso hablan de sostenibilidad débil, fuerte y muy fuerte en función de cómo se gestionan, con sentido empresarial, los recursos naturales. A un individuo se lo puede considerar, consumidor o ciudadano. Los Estados dan preferencia a una de estas alternativas. Los intereses del empresario y del consumidor son coincidentes pero, con frecuencia divergentes de aquellos del ciudadano. Es entonces cuando el uso del término depende de quién, en qué ámbito y en qué contexto lo haga.
La Torre Cajasol de Sevilla, un cilindro de cristal de 180 metros de altura, en verano soportará hasta 50 grados de temperatura. Que ésta es Arquitectura Sostenible, lo diga quien lo diga, simplemente es un disparate. El contaminante polígono industrial de Huelva es factor de crecimiento de la riqueza cuantificable pero no de calidad ambiental.
Por otra parte, tomando en cuenta su origen, la Sostenibilidad es un concepto, y en tanto, responsabilidad social es un valor íntimamente ligado a otro, la libertad. También es un paradigma.
¿Cómo no va a ser una responsabilidad social la despilfarradora forma de consumir los recursos naturales no renovables que está provocando el cambio climático y de los cuales no podrán prescindir nuestros nietos, como son el suelo, el agua, el aire, la energía (fuego)?
A nadie se le ocurriría derrumbar los 500.000 contenedores de ladrillo feos y dispersos construidos en los últimos 10 años en El Aljarafe para recuperar el suelo. Los combustibles fósiles, petróleo, carbón (energía), además de no renovables, son contaminantes (el transporte privado más que el público). Debido a la calidad del suelo, para recuperar la selva amazónica se necesitarían los mismos siglos requeridos para su formación. Y con la desertización, desaparecen los lagos (agua). En los últimos 50 años, debido a la urbanización, la superficie del lago Victoria se ha reducido a menos de la mitad. En los últimos 20 años, según el Atlas de Naciones Unidas, el agujero de la capa de ozono prácticamente se ha duplicado (aire).
Vivimos en libertad pero no podemos hacerlo sin responsabilidad. Debemos pensar en el otro, en los demás. De eso va la Sostenibilidad; sin embargo, debido al uso banal del término no solamente en el ámbito político y electoral sino académico, por condicionamiento del mercado, se lo está transformando en un adjetivo, en una simple declaración de intenciones, cuando no en un comodín que roza con el absurdo.
Para comprobarlo, lea con atención algunos documentos técnicos, universitarios, empresariales y electorales. Según los políticos y los técnicos responsables de los PGOU redactados últimamente, se están contribuyendo ciudades sostenibles. Visite la Vega de Granada o directamente vaya a las Fiscalías y comprenderá cómo se transforma un valor (Sostenibilidad) en banal adjetivación o absurdo comodín.
* Jorge Benavides Solís es doctor arquitecto y profesor titular de la ETSA.
* ELPAIS.com - Tribuna Andalucía - 04/10/2007
'V de vivienda' convoca para hoy concentraciones por una vivienda digna
SERVIMEDIA* : La plataforma V de Vivienda celebrará esta tarde concentraciones ante todos los ayuntamientos españoles con el fin de protestar por las dificultades para acceder a una vivienda. V de Vivienda lleva convocando esta protesta desde hace días a través de un correo electrónico que circula por Internet, en el que se asegura que "esta vez nos van a oír". "Reúnete frente al ayuntamiento de tu ciudad el 6 de octubre a las 19.00h* y forma parte del último grito en protestas", reza el correo electrónico. Se trata, según los convocantes, de "un acontecimiento global que realizaremos entre todos al mismo tiempo y en cada ciudad para batir el récord mundial".
Desde la organización señalan que protestan porque "en España, la vivienda es la más cara del mundo, teniendo en cuenta los sueldos de los ciudadanos".
"Nuestra principal amenaza es la especulación descontrolada con un bien de primera necesidad como es la vivienda", agrega. "Esto está provocando muchos problemas que se traducen en dramas personales, familiares y colectivos. Queremos que esto cambie".
Además, V de Vivienda ha convocado una manifestación para esta tarde a las 18.00 horas en la Puerta del Sol de Madrid, bajo el lema "Casas sin gente, gente sin casa: alquiler social universal, ni sorteos ni migajas".
* Consultar: http://www.vdevivienda.net/
* ELPAIS.com - Madrid - 06/10/2007
El ex alcalde de Gondomar y cinco ediles, a juicio por la concesión ilegal de 300 licencias
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FARODEVIGO* : La causa contra el ex alcalde de Gondomar, el popular Carlos Silva, y los cinco miembros de su junta de gobierno por la concesión supuestamente irregular de 300 licencias urbanísticas sigue adelante con la apertura del juicio oral. El titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Vigo enviará al banquillo de los acusados al anterior regidor y a los concejales José Luis Mosquera, Ángel Gregores, Jaime Rial, Abelardo Meneses y José Misa por sendos delitos de ordenación del territorio. Así lo decreta el magistrado en un auto en el que insta al Ministerio Fiscal a formular acusación para poner en marcha la vista y sobresee a la anterior secretaria municipal de la causa.
Lejos de archivar el caso, el juez da por cerradas las diligencias efectuadas a lo largo del último año tras la querella criminal presentada por la Fiscalía el 29 de junio de 2006 y abre el juicio oral. Eso sí, la defensa de los imputados podría presentar un recurso contra la decisión del juez. El fiscal también podría aplazar el asunto y solicitar nuevas diligencias en caso de que no encuentre elementos esenciales para formular su escrito de acusación. De este modo, queda en el aire la fecha del juicio.
Los seis imputados formaban parte de la junta de gobierno de Gondomar entre febrero de 2005 y enero de 2006, período en que se concedieron las mencionadas 300 licencias urbanísticas de forma supuestamente ilegal. La querella de la Fiscalía argumentaba que dichos permisos de construcción habían sido otorgados bajo el marco legal de un Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) anulado y con informes jurídicos desfavorables por parte de los técnicos municipales.
Largo proceso
La anulación del PXOM se produjo en febrero de 2005 después de un largo procedimiento. El documento fue aprobado en pleno en agosto de 1997 y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia emitía su primera sentencia para dejarlo sin efecto en noviembre de 2001. Una sucesión de recursos por parte del gobierno municipal alargó el asunto hasta febrero de 2005, fecha en que el Tribunal Supremo lo anulaba de forma definitiva fundamentalmente por defectos de forma. El gobierno encabezado por Carlos Silva sacó adelante en una sesión plenaria de mayo de 2005 una serie de medidas para corregir dichos errores y mantener en vigor el planeamiento.
Estas correcciones nunca fueron aceptadas por los tribunales ni por la Dirección Xeral de Urbanismo de la Xunta de Galicia, que intervino con un requerimiento al gobierno municipal para que anulase las 300 licencias por las que ahora serán juzgados Silva y sus compañeros de equipo. El ex regidor y los ediles rechazaron la instancia del Gobierno autonómico y mantuvieron la validez del PXOM a la espera de que el Tribunal Supremo se pronunciase sobre las modificaciones aprobadas en el pleno.
Mientras tanto, el gobierno popular de Gondomar, que perdió el poder en las últimas elecciones, elaboró un nuevo PXOM que llegó a aprobarse el pasado mes de enero de forma inicial. Un mes después, dos concejales, la compañera de uno de ellos y un arquitecto vigués eran detenidos por el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de favores en el nuevo plan. Este oscuro episodio llevó a Silva a retirar el documento aprobado inicialmente que la oposición consideraba "bajo sospecha" por la actuación de los ediles acusados de cohecho.
* Faro de Vigo - NELI PILLADO - 06 de octubre de 2007
Foto: Gondomar (Pontevedra) - lavozdegalicia.es
Una juez imputa a la alcaldesa de Orihuela por el sobrecoste de la reforma de la Glorieta
LEVANTE-EMV* : La titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 ha llamado a declarar en calidad de imputados a los miembros de la junta de gobierno local que aprobaron en 2002 las modificaciones presupuestarias de la remodelación de la Glorieta Gabriel Miró de Orihuela. Entre ellos se encuentra la actual alcaldesa de Orihuela y vicepresidenta de la Diputación, Mónica Lorente, según confirmaron fuentes jurídicas, además de los concejales Antonio Rodríguez Barberá y Ginés Sánchez. El ex alcalde José Manuel Medina, el empresario Domingo Alcocer (gerente de Doalco) y el ex edil y actual asesor de Alcaldía, Jesús Roca ya fueron interrogados como imputados por esta causa el 10 de septiembre.
Las obras de la Glorieta se adjudicaron a la empresa oriolana Doalco por 1,8 millones pero el Ayuntamiento abonó 5,3, y según el testimonio que avala toda la investigación, el realizado por el ex interventor José Manuel Espinosa Fenoll, al final las cifras certificadas llegaron a los 7,2 millones. Esta causa es una de las piezas desglosadas de la denuncia realizada en 2006 por la fiscalía Anticorrupción sobre presuntas irregularidades urbanísticas y económicas en los últimos mandatos de la gestión municipal.
Como publicó esta edición la juez había solicitado al Ayuntamiento que aportara las actas de junta de gobierno donde se aprobaron los sobrecostes tras las declaraciones del día 10. Un portavoz autorizado del equipo de gobierno del PP indicó ayer que no se han recibido citaciones judiciales y que los ediles aludidos no se iban a pronunciar sobre este asunto. Este periódico intentó contactar con la alcaldesa Mónica Lorente sin éxito. Ballester no lo votó Por su parte, el también miembro de aquella junta y actual diputado autonómico Andrés Ballester aseguró que no tiene constancia de ninguna imputación. Afirmó que estuvo presente en aquellas reuniones pero quiso dejar claro ayer que «no votó» los modificados porque los técnicos municipales, como el jefe de contratación, ponía reparos a los sobrecostes. «Fue una postura que además hice pública. Los técnicos decían que con esos modificados hacia falta una nueva adjudicación», subrayó ayer a este diario Ballester. La edil socialista Antonia Moreno dijo al hilo de estas imputaciones que «ha llegado el momento de que todos los concejales seamos conscientes de que adquirimos responsabilidades y de las consecuencias penales y civiles de nuestras decisiones. El pasado siempre nos busca. La política no es juego». Moreno dijo que este precedente debe estar presente en futuras decisiones como la adjudicación del contrato de basuras. El edil de Los Verdes Monserrate Guillén dijo que es importante que se empiecen a depurar las responsabilidades políticas y pidió a Lorente que se defienda fuera del Ayuntamiento, como en su día se le exigió al ex alcalde José Manuel Medina.
Por su parte, Joaquín Ezcurra regidor de Clr, dijo que no le «extrañaba» la imputación de Lorente «y además creo que no va a ser la última». «Los últimos años de gobierno del PP están en el juzgado y Medina no puede ser el único responsable político», agregó el edil. «Tanto Lorente como Rodríguez Barberá han sido piezas fundamentales en la maquinaria municipal y ahora deben asumir sus responsabilidades».
* Levante-EMV - D. P., Orihuela - 06 de octubre de 2007
Foto: Orihuela - wikipedia
Denuncian ante Obras Públicas y la Fiscalía el urbanismo «insostenible» en Alcaucín
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SUR/Málaga* : El Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA-Ecologistas en Acción) ha presentado ante la Delegación Provincial de Obras Públicas y la Fiscalía de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial de Málaga un escrito denunciando el impacto ambiental que está causando en el suelo no urbanizable de municipio la evolución del urbanismo en el término municipal de Alcaucín. El colectivo basa su denuncia en un estudio realizado sobre la construcción de viviendas en el suelo rústico y el avance experimentado en los últimos años.
Así, la asociación ecologista asegura en un comunicado que el número de casas de nueva construcción realizadas entre 1983 y 1995 es de 113, mientras que las edificadas entre 1995 y 2007 alcanza las 1.026.
Población
En el medio urbano, según el estudio de GENA, se ha pasado de 836 en 2001 a 1.477 en 2006, lo que significa un incremento de 641 unidades. «En total, este municipio tiene ahora 2.897 viviendas. Si consideramos que este periodo la población ha crecido de 1.511 a 2.086 habitantes (cifras del INE) se confirma que el crecimiento inmobiliario no se debe a causas humanas o sociales, con un ratio de 1,5 viviendas por habitante, o una capacidad residencial de 12.000 habitantes», asegura el colectivo.
El Gabinete de Estudios de la Naturaleza recuerda que la superficie del municipio es de 6.399 hectáreas, a la que hay que descontar la zona protegida del Parque Natural de Sierra Tejeda, que es de 1.710 hectáreas.
El colectivo menciona en su estudio como sector problemático el situado al norte del pueblo, colindante al camino del Alcázar y al Parque Natural, «donde observamos que en un kilómetro cuadrado hay nada menos que 114 casas, en una disposición desordenada y apariencia espontánea, todas con acceso rodado dendrítico e individual, y la mayoría de caminos de tierra».
Pendientes
Asimismo señala que se trata de una zona de pendientes medias y altas, a mas de 600 metros de altitud y colindante a un frondoso pinar regenerado tras un incendio en 1988. El único elemento articulador es el camino o pista forestal de la adecuación recreativa El Alcázar, alrededor del cual se sitúan las viviendas, que ocupan una superficie de unos 350.000 metros cuadrados.
El colectivo aporta como dato complementario la existencia de 67 piscinas en el mismo sector, dos por cada tres viviendas, y que el precio de estos inmuebles puede alcanzar hasta los 280.000 euros.
* Diario SUR - 05.10.07 - AGUSTÍN PELÁEZ
Foto: ALCAUCÍN. Nueva denuncia de los ecologistas sobre las viviendas en suelo rústico. / EVA GUZMÁN (SUR)
Doctrinas hipócritas
ELPAÍS/Editorial* : La corrupción urbanística merecería ocupar un lugar destacado en el debate político preelectoral, debido a las graves distorsiones que produce en la democracia local y autonómica, a sus efectos económicos nefastos en forma de subidas de precios del suelo y de los pisos y a los destrozos que causa en zonas de elevado valor ecológico. El caso de Marbella, un Ayuntamiento saqueado impunemente por alcaldes y concejales, dio la voz de alarma sobre la debilidad de las instituciones políticas locales para frenar el urbanismo sin escrúpulos. Madrid no se libra de la plaga...
... la Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra el ex director general de Urbanismo de la Comunidad Enrique Porto, hombre de confianza de la presidenta Aguirre, y el alcalde de Villanueva de la Cañada, también del Partido Popular, Luis Partida, supuestamente implicados en un caso de recalificación fraudulenta en la localidad madrileña. El caso ilustra sobre las confusiones interesadas que suelen manejar los políticos para justificar las tropelías de sus correligionarios. Porto y Partida tienen derecho, faltaría más, a la presunción de inocencia. Un tribunal decidirá si son culpables de los cargos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, entre otros, que denuncia la Fiscalía.
Pero es muy discutible que, según la doctrina del PP, las responsabilidades políticas exigibles a los cargos públicos sólo sean sustanciadas una vez que los tribunales declaran la culpabilidad de los imputados. Tal criterio resulta hipócrita, porque no ha sido obstáculo para que el PP, olvidando lo que reclama para sí, haya exigido la dimisión de cargos de otros partidos acusados de delitos urbanísticos; y además desmoraliza a los ciudadanos, porque transmite el mensaje de que los partidos no están interesados en combatir la corrupción.
Nada más tóxico para la democracia local que la idea muy extendida de que los partidos políticos consideran las comisiones irregulares obtenidas de las operaciones urbanísticas como una fuente de financiación de la que no se puede prescindir. Por eso es tan importante que los responsables políticos repudien cualquier indicio de corrupción de sus cargos públicos y que sean los primeros en exigir castigos ejemplares para los culpables. En esa actitud deberían estar la Comunidad de Madrid y el PP, que ya debería haber instado la dimisión del alcalde de Villanueva de la Cañada.
* ELPAIS.com - 04/10/2007
Baile de 'malayos' en los juzgados
ELPAÍS* : Los juzgados de Marbella se han convertido en el plató de un espectáculo en el que lo de menos son las causas por las que están imputados quienes los visitan. Esta semana han vuelto a entrar en los hogares de media España por la citación de una decena de miembros de antiguas corporaciones, la mayoría imputados en el caso Malaya. Se ha visto entrar y salir del edificio a la ex alcaldesa Marisol Yagüe, la ex primera teniente de alcalde Isabel García Marcos o el también ex regidor Julián Muñoz.
En segundo plano lo han hecho ediles menos conocidos como Tomás Reñones, Rafael Calleja, Pedro Pérez, Javier Lendínez o Carmen Revilla. El broche lo pone hoy el ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca. Han acudido para declarar por diligencias previas en distintos casos de presunto delito urbanístico. El menú ha merecido que se envíen unidades móviles de televisión casi una semana.
La estrella por excelencia ha sido Julián Muñoz. Estaba citado el martes y era la primera vez que salía de la prisión de Jaén después de conocerse que tiene posibilidades de quedar libre si sus abogados logran un permiso penitenciario. Después de cuatro horas en los juzgados, volvió a salir con chaqueta marrón y rostro demacrado. Cuatro jóvenes llamados al calor de las cámaras se situaron en uno de los miradores desde los que se divisa la puerta de los calabozos y explotaron en cuanto le vieron: "¡Ladrón, devuelve los millones!", dijo una chica de unos 16 años vestida con un chándal rosa. "¡Bájate los pantalones, que te llegan a los sobacos!", añadió otro joven unos años más mayor, que redondeó el comentario escupiéndole.
Muñoz, que ocultaba las esposas con su tradicional carpeta azul, aligeró sus pasos y se resguardó en el furgón de la Guardia Civil. El agente que conducía tuvo dificultades para maniobrar porque Mocito feliz, un personaje local cuya actividad favorita es aparecer en los programas de televisión del corazón, les impedía la salida, consciente de que los cámaras filmaban la salida.
"¡Mocito, cuántas veces te he dicho que no te metas en los planos", le regañaba ayer un cámara de Televisión Española después de que le estropeara la llegada de Marisol Yagüe. "Es que no te das cuenta que no es serio que salgas detrás de ellas en los informativos", le decía.
Las imágenes que compran los programas del corazón son las mismas que las agencias venden a los informativos, aunque los locutores subrayen aspectos distintos. Debido a esto, en las ruedas de prensa de la puerta de los juzgados chocan los intereses de los redactores. De los 10 minutos que Isabel García Marcos estuvo hablando a los micrófonos ayer, ocho fueron para contar que había pasado toda la mañana poniéndose al día con sus antiguos compañeros y para explicar lo mal que lo había pasado cuando unos vecinos la habían llamado "choriza". mientras iba con su madre, su atónita hija y casualmente la estaban grabando.
La atención que generan los imputados en el caso Malaya anima a los espontáneos a luchar por su minuto de gloria. Marisol Yagüe se topó ayer con otra visita inesperada cuando pretendía marcharse en el coche. "Me has destrozado la vida. Me desahuciaron siendo tú alcaldesa y no te lo voy a perdonar", le decía la mujer, acompañada de un niño de cinco años. Mientras capeaba el enjambre de cámaras la antigua alcaldesa no tuvo más remedio que pedirle perdón. "No te voy a perdonar, pero dame un abrazo", le dijo la mujer. Y se lo dio. "Ahora me siento realizada como mujer", dijo con media sonrisa.
No muy lejos, una abogada contemplaba la escena. "Si este es el panorama informativo que tenemos estamos arreglados", comentaba. Tan sólo cuatro redactores, entre más de una veintena, trataban de cazar a los letrados que se alejaban para preguntarles de qué se había hablado en el interior de las salas.
+ ELPAIS.com - J. V. - Marbella - 05/10/2007
Foto: Marbella - J.ROJAS - ELPAIS.com
La vivienda: problemas y soluciones
LUIS ÁNGEL HIERRO* : Durante los últimos años el precio de la vivienda se ha duplicado y el sector inmobiliario y de la construcción ha mantenido unos niveles de actividad y de beneficios envidiables. Ello se ha debido a una expansión de la demanda basada en el crecimiento de la población, en el aumento de la renta per cápita y del número de empleados y en dos elementos financieros, que han compensado las subidas del precio de la vivienda, la caída de los tipos de interés, debido a la unión monetaria, y el alargamiento de los plazos de amortización de las hipotecas. Los resultados han sido más viviendas construidas, pero también más caras y con un nivel de endeudamiento de las familias muchísimo mayor.
Es precisamente el nivel de endeudamiento el que ha comenzado a pasar factura a las familias. Se ha apurado tanto la capacidad de pago que ahora una subida de tipos de interés de medio punto o un punto pone a muchas familias al borde de la insolvencia y eso que el empleo va bien. Conclusión: el problema es importante y podría llegar a serlo más si el precio de la vivienda se desplomase y los tipos de interés subiesen algo más.
La política planteada por el PP para este problema es la típica de los ultraliberales: bajen las retenciones del IRPF para que con ese dinero las familias asuman la subida de las hipotecas. Puro engaño, injusticia e hipocresía. Hipocresía porque piden que se bajen los impuestos a todos, incluida la gran mayoría de familias que no pagan hipotecas, en lugar de tocar las deducciones por vivienda que son las que en realidad inciden sobre los afectados; injusticia porque las rentas más bajas no pagan IRPF y por tanto no se beneficiarían de la rebaja y no tendrían más liquidez para pagar la hipoteca; y engaño porque jamás se conseguiría el objetivo, ya que por termino medio hace falta bajar el IRPF aproximadamente un 30% para neutralizar una subida del 1% del tipo de interés de la hipoteca media. En realidad la propuesta del PP lo que quiere es utilizar el tema de las hipotecas para vaciar las arcas del Estado y evitar mejoras sociales como el "cheque-bebé", la ayuda a la dependencia o la subvención de alquileres.
Si de verdad queremos afrontar seriamente el problema de la vivienda tenemos que asumir que hay que resolver dos cuestiones: la coyuntura, que hasta ahora es un problema financiero, y lo estructural, que consiste en reducir el precio de la vivienda. Para lo primero, la estrategia es financiera. Como el problema deriva de la subida de los tipos de interés, lo razonable es proponer una legislación que facilite el alargamiento y el acortamiento automático de los plazos de amortización para mantener la cuota más o menos constante y un pacto con las entidades financieras para aplicarla a los préstamos en vigor. En realidad han sido las entidades financieras con su agresiva política de dinero fácil y el Banco de España consintiendo el alargamiento de los plazos de amortización los que han ido inflando el mercado de la vivienda y sobrendeudando a las familias, por eso es lógico que sean esas entidades las que participen en la solución del problema, en tanto bajan los tipos de interés.
Distinta es la solución a largo plazo. La propuesta de la Junta de Andalucía es probablemente una de las más atrevidas que se han presentado hasta ahora: hacer exigible el derecho a la vivienda para las familias que ingresen menos de 3.000 euros. Ello significa que por primera vez se va a ensayar una verdadera solución pública al problema de la vivienda (planifico, produzco y suministro), puesto que para ofrecer una vivienda barata a esas personas, que son la mayoría, se necesitará un sistema de producción de vivienda de protección que hasta ahora no existe. Los que afirman que no va a tener coste para la Junta de Andalucía no aciertan, porque tarde o temprano habrá que crear un Servicio Andaluz de Vivienda para gestionar esa provisión pública, al estilo del SAS pero mucho más pequeño, y además habrá que financiar las viviendas de las capas de menor renta, que con sus ingresos no pueden pagar una hipoteca que cubra el coste de producción de la vivienda y habrá que dárselas en alquiler. También tendrán costes los Ayuntamientos ya que tendrán menos margen de negociación con los promotores, aunque eso ya lo tienen asumido porque la LOUA lleva tiempo en vigor.
El cuanto al sector privado, los primeros beneficiados van a ser las familias, que podrán obtener viviendas a más bajo precio, tanto los afectados como los demás ya que todos se beneficiaran de una menor presión de la demanda. Asimismo, también van a ser beneficiados los constructores, empresas y trabajadores, que van a tener más trabajo contratado con el sector público, que es una garantía de cobro y actividad. De hecho, la vivienda de protección puede funcionar como un estabilizador automático del sector, garantizando más actividad en coyunturas contrarias como la que se avecina. Y los perjudicados muy probablemente van a ser los bancos, los promotores y especuladores. Los bancos porque las hipotecas van a ser más pequeñas, aunque probablemente también sean más y eso les compense; los promotores porque van a ser sustituidos por ese servicio antes citado y por la inevitable gran promotora pública que se promoverá; y los especuladores porque al bajar la presión de la demanda se reducirá el precio del suelo y por tanto su plusvalía especulativa.
Contra esta política de vivienda ya se ha manifestado la CEA. Lo cual resulta llamativo, ya que a priori salen beneficiados los constructores (economía real) y perjudicados los promotores (intermediarios), y por tanto no se entiende que se vuelquen hacia el lado de los promotores, que generan mucho menos empleo y riqueza. No obstante, lo que en realidad puede operar en contra de esta política son las zancadillas que se van a sufrir tanto por la presión de los lobbys de propietarios de suelo como por el boicot de ayuntamientos que por razones ideológicas paralicen el suministro del mismo. Además, está el POTA y sus límites al crecimiento, que también pueden operar en contra de la disponibilidad de suelo si no se modifican o se interpretan de una forma económicamente racional. El tiempo dirá si es efectiva la solución pública que se propone, lo que si sabemos hoy es que al menos es valiente.
* Luis Ángel Hierro es Director del Master de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad de Sevilla.
* ELPAIS.com - Tribuna - Andalucía - 05/10/2007
Expertos en Derecho reclaman penas para partidos políticos corruptos
ELNORTEDECASTILLA* : El fiscal Anticorrupción de Málaga, Francisco Jiménez Villarejo, especialmente famoso por su participación en casos como 'Malaya' o 'Ballena blanca', reclamó ayer en Valladolid que la reforma del Código Penal que está tramitando en este momento el Congreso de los Diputados incorpore responsabilidades penales para sindicatos y partidos políticos. Considera de manera especial que en casos de corrupción urbanística estos últimos no deberían quedar excluidos de la reforma «porque los partidos políticos, los consagrados y también esas formaciones hechas a medida pueden ser responsables penalmente y si han cometido un delito deberían responder por ello», tanto si está relacionado con la materia urbanística como con otros conceptos, por ejemplo la financiación irregular.
Aunque utiliza para ello el ejemplo del GIL en Marbella, que pasó por encima de los escándalos «con impunidad legalmente consagrada», extiende la situación al resto de escenarios donde se produce la lacra de la corrupción. El texto del proyecto de ley no sólo deja fuera a los partidos políticos de responsabilidad penal directa sino también a los sindicatos.
Este fiscal, especializado en cooperación judicial internacional y acostumbrado a vivir con miedo por su lucha contra la corrupción, el blanqueo de capitales y el crimen organizado, protagonizó ayer una de las conferencias más atractivas de las incluidas en las jornadas 'Reforma de la Justicia Penal', organizadas por la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid y que finalizarán esta tarde.
LAS JORNADAS
Según explican los organizadores de estas jornadas de la Universidad de Valladolid, el catedrático Ángel José Sanz, y la profesora Coral Arangüena, la reforma de la justicia penal que se está realizando en la Unión Europea es de gran importancia, porque las sentencias de los jueces de cualquier país tendrán eficacia automática en todos los demás países de la UE.
* El Norte de Castilla - 05.10.07 - EDUARDO RODRÍGUEZ
Los vecinos de la zona cargarán con el coste del circuito de fórmula 1 en Valencia
ELPAÍS* : El circuito de fórmula 1 de Valencia ya tiene fuente de financiación. Como ha insistido el Consell, la obra no costará a las arcas públicas ni un euro. La pagarán los vecinos que compren pisos cuando se desarrolle el sector de El Grau, por donde los bólidos de la fórmula 1 enfilarán hacia el puerto. El Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat pretenden recuperar la inversión del primer tramo del circuito, unos 38,5 millones de euros, a través de un canon de urbanización que impondrán a los propietarios del suelo o al agente urbanizador. El mayor coste del terreno repercutirá en los precios de las viviendas.
La Generalitat adelanta el dinero del circuito de fórmula 1, pero no lo paga. "El coste será neutro", ha asegurado el Consell desde que inició la tramitación del proyecto. El pasado lunes, con ocasión de la colocación de la primera piedra del trazado, el secretario de Infraestructuras, Victoriano Sánchez Barcáiztegui, insistió en ese "coste cero", al tiempo que mencionó que la obra se financiaría a través del desarrollo del sector de El Grau y de la explotación comercial de la marina portuaria, las dos zonas por las que discurre el circuito. Cargar el coste de la fórmula 1 al futuro plan de actuación integrada (PAI) de El Grau implicará un encarecimiento de la urbanización del nuevo barrio, lo que por extensión repercutirá en el precio de las viviendas.
La Generalitat y el Ayuntamiento han optado por esta vía para facturar el gasto del circuito. Así lo refleja un convenio entre el Ayuntamiento de Valencia, que preside Rita Barberá, y el Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de la Generalitat (GTP), que depende de la Consejería de Infraestructuras y adelante el dinero. El convenio prevé que GTP recupere el 100% de su inversión en el tramo del circuito que conecta la avenida de Francia y la Alameda con el puerto a través de "la imposición de un canon de urbanización a los propietarios" de El Grau "o al urbanizador que en su día se seleccione". Todo ello, "sin perjuicio" de que se dé con "cualquier otra fórmula" o "financiación externa".
El acuerdo entre las dos administraciones, que figuraba en el despacho extraordinario de la Junta de Gobierno Local del pasado viernes, es claro: "El excelentísimo Ayuntamiento de Valencia se obliga a tramitar y aprobar, como ordenanza municipal, un canon de urbanización para la financiación de las obras" del circuito, "a repercutir al urbanizador o directamente a los propietarios" del suelo de El Grau.
El ámbito de actuación afectado por esta carga urbanística alcanza los 335.600 metros cuadrados, sobre los que se repercutirá una inversión de al menos 38,5 millones de euros. Esta cantidad incluye el trazado entre la avenida de Francia y el puerto, una pasarela peatonal sobre el Turia y el desvío de líneas eléctricas. Quedan pendientes los concursos de jardinería y mobiliario urbano, que también se cargarán al canon de urbanización. De esta forma, los propietarios del suelo o el futuro agente urbanizador harán frente de entrada a un coste de unos 114 euros por metro cuadrado de suelo sólo por la inversión del circuito, a lo que se sumará el desembolso para el desarrollo del resto del nuevo barrio.
Al final, el coste repercutirá en el precio al alza de las viviendas en un PAI que se ha convertido en una pieza codiciada y muy cara. Bancaja y Lubasa pagaron el año pasado 320 millones de euros por 100.000 metros cuadrados del sector en una subasta de terrenos de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH). Fuentes del sector calcularon que con el porcentaje de vivienda protegida por decidir, entre otros aspectos, el metro cuadrado construido no bajaría de los 12.000 euros. Un piso de 100 metros costaría así al menos un millón de euros.
Bancaja, integrante de Valmor Sport, que organiza la fórmula 1 en Valencia, también intentó comprar los 90.000 metros cuadrados del viejo entramado ferroviario de El Grau. El Ayuntamiento, que también tiene suelo en el sector y deberá asumir su parte de la carga, se encargará de recaudar el canon para GTP.
Para la Generalitat, la operación no tiene nada de especial. "No se repercute [el circuito] de forma excepcional, es como en todos los PAI", afirman fuentes de la Generalitat. El Consell defiende que no ha adjudicado una pista de carreras, sino las avenidas de un nuevo entorno residencial. Una tramitación que ha obviado así una evaluación de impacto, denuncian vecinos y ecologistas. El Consell lo niega. Fuera de la semana de fórmula 1, "circularán coches como en otras calles". El diseño, sin embargo, se adapta a la fórmula 1 y se plantea con una anchura para 8 carriles.
EL CIRCUITO DE FÓRMULA 1 DE VALENCIA
- El circuito urbano de la fórmula 1 en Valencia tiene una longitud de 5.473 metros y tendrá un ancho de 14 metros. Discurre por el suelo urbanizable del futuro barrio del PAI de El Grau y la dársena interior del puerto.
- La Generalitat ha adjudicado el trazado en dos tramos. El primero mide 2.200 metros. Se plantea como la prolongación de la Alameda y de la avenida de Francia, y conectará estas vías con la dársena interior del puerto. El importe de adjudicación es de 31,7 millones de euros. El segundo tramo recorre las instalaciones portuarias, medirá 3.273 metros y se ha encargado por 9,5 millones de euros.
- El Consell y el Ayuntamiento plantean recuperar la inversión del tramo en el PAI de El Grau a través de un canon urbanístico que se cargará a los propietarios del suelo o el futuro agente urbanizador. Al precio de adjudicación se suman otros costes hasta alcanzar al menos 38,5 millones de euros.
- Las empresas constructoras esperar acabar el circuito en junio de 2008. El primer Gran Premio de fórmula 1 en Valencia se celebrará el 24 de agosto de ese año. El acuerdo de la Generalitat con el patrón de las carreras, Bernie Ecclestone, anunciado al inicio de la pasada campaña electoral, mantendrá la competición en la ciudad otros siete años más. Vecinos y ecologistas han protestado por la falta de evaluación de impacto ambiental.
* ELPAIS.com - SARA VELERT - Valencia - 04/10/2007
Foto: Valencia, circuito Fórmula 1 - 20minutos.es
Luchemos por el derecho a una vivienda digna
EVARISTO ESPIGARES* : La brutal especulación urbanística que ha marcado estos años de “prosperidad”, ha sido el gran chollo de banqueros, constructoras e inmobiliarias, que se han hecho con fortunas fabulosas a costa de una transferencia masiva de rentas de la clase trabajadora. La otra cara de la moneda es: 1) el endeudamiento y la angustia de cientos de miles de familias trabajadoras, forzadas a hacer verdaderos equilibrios para llegar a final de mes, ante unas cuotas hipotecarias cada vez más imposibles, y 2) la intolerable situación de la gran mayoría de la juventud trabajadora, que con sueldos raquíticos y contratos precarios, ve cerrado su acceso a una vivienda y a su independencia personal. Una situación que afecta igualmente a los cientos de miles de trabajadores inmigrantes y que se extiende a los jubilados/as con pensiones miserables que se ven sometidos a mobbing por inmobiliarias sin escrúpulos, alentadas por los planes municipales para “limpiar” el centro de las ciudades.
La burbuja se acaba y el Gobierno sale al rescate
Pero el negocio del ladrillo apunta a su fin, coincidiendo además con el colapso de la burbuja norteamericana. Las hipotecas se han hecho prohibitivas, descienden las ventas, los precios de los pisos se estancan y baja la construcción de nuevas viviendas, dando paso a despidos masivos en el sector, hasta ahora puntero. Los bancos temen una crisis de hipotecas y el pánico comienza a adueñarse de constructoras e inmobiliarias.
Mientras la maquinaria funcionaba, el gobierno central y los autonómicos estaban tranquilos y felices. Pero ahora, ante el inicio del pinchazo de la burbuja, han acudido raudos al rescate del negocio de los bancos y de los grandes magnates del ladrillo, mediante medidas que pretenden vender ante la clase trabajadora, especialmente entre el sector de la juventud, como la panacea de todos los problemas generados por la especulación. Y claro, como vienen elecciones, hay que vestir todo el asunto como un “giro social”.
Así, el Gobierno acaba de anunciar a bombo y platillo una plan que, según Zapatero, hará “que la vivienda deje de ser un problema para convertirse en un derecho”. Pero sus medidas son un calco del fracasado “plan de choque” de 2004 de la ministra Trujillo. La medida principal prometida ahora por la ministra Chacón es una subvención mensual de 210 euros, durante cuatro años, para jóvenes entre 22 y 30 años que ganen menos de 22.000 euros anuales (el plan anterior, aún vigente, marca 240 euros, para ciudadanos/as menores de 35 años). La diferencia principal es que ahora la subvención la gestionará el Gobierno y no las Autonomías. La otra gran medida prevista son desgravaciones fiscales de los alquileres para aquellos que ganen menos de 24.000 euros.
A los propietarios se les van a ofrecer garantías de cobro y agilizar los desahucios con juzgados especiales. Los constructores y promotores no van a ser menos y serán beneficiados con desgravaciones y ayudas directas.
Pero, frente a la actual demagogia, el ministro Solbes fue claro en marzo de 2006, cuando declaró que toda la experiencia anterior señalaba que “la subvención al inquilino [y lo mismo ocurre para las ayudas directas, añadimos nosotros] se traslada al incremento de precios (…) tiene muy poco impacto y, al final, lo que sirve es para aumentar los precios”. Y es que el gran objetivo del plan no es bajar los precios o atacar los privilegios de los especuladores sino mantener su negocio. Lo mismo puede decirse del Pacto catalán por la Vivienda, aprobado a capricho de los promotores y constructores. Y también es el caso del proyecto de la Junta de Andalucía -elogiado por los representantes financieros y de las empresas de la construcción- que habla de construir 700.000 viviendas nuevas…cuando hay 630.000 desocupadas.
¡El 6 de octubre, todos/as a la calle por una vivienda digna!
El próximo 6 de Octubre, con las movilizaciones a escala estatal, se presenta una buena oportunidad para que la juventud trabajadora se ponga en vanguardia de la movilización para denunciar el fraude electoralista del Gobierno y para decir basta a los continuos abusos de las empresas constructoras, inmobiliarias y financieras, que hacen de la especulación y la usura un arte para robar a la clase trabajadora y negarle uno de sus derechos más elementales. Exijamos:
- La inmediata congelación de las hipotecas que ahogan a la clase trabajadora, y su posterior reducción a cargo de los bancos, que se han forrado y se forran a nuestra costa.
- Los pisos y casas que no estén habitados por una causa claramente justificada deben ser puestas inmediatamente y por ley a disposición de la población demandante de vivienda. ¡¡¡Estamos hablando nada menos que de tres millones de viviendas vacías!!! Su alquiler no debe superar el 25% del salario.
- La creación de un parque público de viviendas de alquiler, con los alquileres igualmente limitados al 25% del salario.
* A Luchar por el Socialismo.- A Luchar por el Socialismo es una publicación mensual del PRT – Izquierda Revolucionaria, sección oficial en el Estado Español de la Liga Internacional de los Trabajadores (IV – Internacional)
* Rebelión - 04-10-2007
El sábado, manifestaciones por la vivienda digna
GLOCALIA* : El Colectivo “VdeVivienda” reiteró que el próximo 6 de octubre, a las 7 de la tarde (6 en Madrid), miles de ciudadanos volverán a manifestarse en las principales ciudades de España, para reclamar la creación de un verdadero parque público de viviendas en alquiler a un precio realmente social, dando uso a los más de 3 millones de viviendas vacías que hay en este país. “VdeVivienda” recuerda que luego de las anteriores manifestaciones, “lejos de ser escuchados por los poderes públicos, éstos solo nos han respondido con el silencio, o peor aún, con una brutal represión de un movimiento ciudadano completamente pacífico”.
“Pero ahora el panorama ha cambiado por la cercanía de las elecciones generales, y como por arte de magia, esos que antes reprimían a los que exigían una vivienda digna se han convertido precisamente en los garantes de este derecho. Sin ningún tipo de vergüenza, los políticos se han lanzado a una desenfrenada subasta de medidas electoralistas y populistas, y lo que es peor, contraproducentes, ya que todos estos incentivos y ayudas siempre acaban en el bolsillo de los especuladores”, agrega el colectivo.
En las manifestaciones “todos gritaremos, unidos como un único cuerpo, nuestra consigna principal, el ‘No vas a tener casa en la puta vida’, para expresar que ya estamos hartos de subvenciones y migajas y dejar claro que lo que queremos es que se garanticen nuestros derechos”, afirma.
Para “VdeVivienda” los políticos “han participado de forma destacada en el gran banquete de la corrupción urbanística de los últimos años. La factura de esta desvergüenza la hemos pagado entre todos los ciudadanos y ciudadanas que hemos sido víctimas de un saqueo generalizado”.
“No es posible confiar en que la clase política solucione el problema, pues ha sido generado en gran parte por ella. Sólo conquistaremos el derecho a la vivienda digna si decidimos salir a la calle y obligamos a los poderes públicos a obedecer la voluntad del pueblo”, asegura el Colectivo.
Finalmente, proclama que “la defensa de tus derechos es tu responsabilidad, no puedes permanecer sentado mientras desde el poder se te engaña por un lado y se te ajusta un poco más la soga al cuello por otro. Si no te levantas tú, otros te arrodillarán”.
* Glocalia - España - 03/10/07
Foto: manifestación Vivienda Digna
La zona del Levante acumula el 60% de las investigaciones urbanísticas en Almería
ELPAÍS* : La Fiscalía de Almería ha tramitado 78 diligencias relacionadas con temas urbanísticos y de ordenación del territorio en lo que va de año. De ellas, 12 han sido archivadas y 29 enviadas a los juzgados correspondientes. La zona del Levante acumula más del 60% de los casos investigados con los municipios de Huércal-Overa, Zurgena o Albox a la cabeza. Sólo Partaloa, un pueblo de la comarca levantina de no más de 500 vecinos, ha recibido dos avisos de Obras Públicas por dos licencias suelo no urbanizable. El alcalde anuncia que no contestará a la Junta.
De las 78 diligencias abiertas en lo que va de año, la Fiscalía entiende que unas 29 contienen hechos que pueden ser constitutivos de delito y otras 16 están en trámite de investigación. La Fiscalía también ha pedido la adopción de 21 medidas cautelares relacionadas con estos expediente, tales como la paralización y el precinto de obras o la prohibición de suministro de luz por parte de las compañías eléctricas. Entre estos delitos relacionados con la ordenación del territorio también computa la construcción de invernaderos. El juzgado territorial de Huércal-Overa acumula más del 60% de las diligencias cursadas, según la Fiscalía.
Un ejemplo de lo está sucediendo en la comarca del Levante lo constituye Partaloa, un municipio de 500 habitantes que cuenta ya casi con el mismo número de vecinos británicos censados (400). Su alcalde, Alejandro López Martínez, elegido en las pasadas elecciones de mayo por el Grupo Independiente por Almería (Gial), reconoce haber recibido dos escritos de Obras Públicas por dos licencias de obras concedidas por el anterior edil socialista. "La Junta nos ha denunciado por haber dado esas licencias en suelo no urbanizable. Fue una decisión del anterior alcalde. Se trata de dos promociones pequeñas, una de 30 viviendas unifamiliares y otra de 13. La Junta nos dijo que teníamos que revisarlo pero no lo hemos hecho por el coste que supone. La mayoría de las viviendas están a medias y otras, terminadas. ¡Como para indemnizar eso! Ni siquiera le hemos contestado a la Junta porque nuestros asesores así nos lo han recomendado", reconoció ayer el primer edil.
Asociados a estos delitos de ordenación del territorio van aparejados, en muchos de los casos, los delitos de prevaricación administrativa por licencias dadas "indebidamente" o delitos de falsificación de documentos.
El año pasado la Fiscalía de Almería incoó 118 diligencias de las que sólo dos tuvieron que ver con cuestiones medioambientales. De todas ellas, 79 fueron archivadas (49 de ellas porque el juzgado correspondiente ya estaba actuando y no cabe llevar una doble investigación) y otras 15 quedaron en trámite al finalizar el año. Finalmente, se presentaron 27 denuncias.
Uno de los casos que se archivaron por no existir indicio de comisión de delito fue el de la construcción del hotel en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras. mería, Juan Bautista Parra.
* ELPAIS.com - M. J. LÓPEZ DÍAZ - Almería - 03/10/2007
Foto: Albox (Almería), zona viviendas ilegales - teleprensa.net
La especulación urbanística deja de ser rentable
PRNOTICIAS* : La crisis inmobiliaria llega a todos los sectores y ahora es el turno de los particulares. Si vender un piso de segunda mano empieza a convertirse en una tarea imposible, los dueños de viviendas nuevas empiezan a impacientarse: llega la hora de firmar hipotecas y todavía no han hecho ‘negocio’. Quienes hace dos años pensaron comprar un piso sin construir para venderlo antes de firmar una hipoteca, no preveían que el ‘chollo’ de la especulación podía llegar a su fin. Ahora deben pagar facturas mientras los intereses no dejan de crecer.
¿Quién podía pensar que en dos años la construcción dejaría de ser la inversión más segura en España? Quienes tenían un dinero ahorrado decidieron invertirlo en el ladrillo que no dejaba de subir y se vendía rápidamente. Ahora la burbuja se desinfla más rápido de lo esperado y los propietarios a los que les van a entregar las llaves que no tienen intenciones de vivir en el inmueble, se les viene el mundo encima.
En sus planes no entraba pagar una hipoteca quizá superior a 300.000 euros, con los intereses por las nubes y sin posibilidad de vender el piso a corto plazo. Un problema en el que se ven inmersos numerosos propietarios que pretendían hacer negocio con la vivienda. Quienes dispongan de una economía más desahogada aguantarán el tirón pero aquellos que invirtieron todos sus ahorros para que les crecieran en un par de años, están ahora embarcados hasta las cejas.
Las webs se inundan de anuncios donde se ofrecen casas sin estrenar, lo que hace que suba la oferta y por tanto el precio de los inmuebles se estanque. A muchos el tiro les ha salido por la culata y ni siquiera podrán ganar unos euros con el piso. Y es que para deshacerse de él rápidamente deberán venderlo por el mismo dinero que lo ofertaba la empresa constructora hace meses.
Entidades financieras consultadas por PRNoticias han afirmado que las previsiones no son muy buenas y a la morosidad acumulada en los últimos meses se sumarán más retrasos en los pagos de aquí en adelante. Augurios que retienen la inversión, paralizan el mercado e influirán en la economía y el paro.
Por el momento, tal y como ha informado nuestra Redacción en varias ocasiones, los despidos comienzan a ser una tónica habitual en inmobiliarias y empresas de construcción. Uno de los pilares de la economía española se viene abajo y a corto plazo no parece que vaya a llegar otro que lo sustituya.
* PR Noticias - 03/10/2007
El alcalde de San Miguel, imputado por un convenio urbanístico
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ELPAÍS/Alicante* : El alcalde de San Miguel de Salinas, Ángel Sáez, del PP, declara hoy, en calidad de imputado, ante el titular del Juzgado número 3 de Torrevieja por supuestas irregularidades en la firma de un convenio urbanístico en el Ayuntamiento y la promotora VillaMartín. El acuerdo entre el Consistorio y la mercantil incluía el adelanto de 3 millones de euros por parte del promotor al Ayuntamiento para la ejecución de unas obras de conducción de agua potable a las urbanizaciones del plan parcial Blue Lagoon a cambio de la cesión urbanística del 10% de un futuro plan parcial que la empresa tiene previsto desarrollar en el municipio. El grupo popular apoyó el acuerdo pese al informe en contra de los técnicos municipales.
El acuerdo del pleno, adoptado el pasado mes de abril, fue trasladado por la asociación de vecinos San Arcángel al juzgado por considerar que encerraba un posible trato de favor a la mercantil. Según el colectivo vecinal, la promotora del proyecto para la conducción de agua potable a la urbanización Blue Lagoon fue la urbanizadora VillaMartín, la misma firma con la que el grupo municipal del PP acordó el convenio urbanístico. El juez apreció indicio de delitos y abrió una investigación.
Por su parte, el alcalde de San Miguel de Salinas, a través de una nota oficial, descarta cualquier irregularidad en la firma del convenio. En el comunicado, el primer edil recuerda que el pleno del pasado mes de abril aprobó una moción que le autorizaba a convenir con esa promotora una serie de obras públicas. "Llevamos aquella moción al pleno para que todo el pueblo tuviera conocimiento de los pasos que dábamos para solucionar una situación irregular heredada de gobiernos anteriores, pero legalmente no es posible, por lo que aquellas negociaciones no tienen validez. Se frenaron de inmediato, y, por supuesto, no hay convenio legal ni aportaciones compensatorias de la mercantil al Ayuntamiento", señala Sáez en el comunicado.
* ELPAIS.com - Alicante - 03/10/2007
Foto: San Miguel de Salinas (Alicante), ayuntamiento - san-miguel-de-salinas.com
Muñoz vuelve a Marbella para declarar en relación a las irregularidades urbanísticas
MÁLAGAHOY* : El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz ha sido trasladado a los juzgados de la ciudad para declarar como imputado en cinco de los veintisiete procedimientos en los que se desglosó una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción por presuntas anomalías en convenios urbanísticos. Muñoz, procedente de la prisión de Jaén, fue conducido por la Guardia Civil hasta las dependencias judiciales marbellíes, adonde llegó minutos antes de las 10:00 horas. Ésta es la primera salida de prisión de Muñoz tras pagar el pasado 24 de septiembre la fianza de 50.000 euros fijada por el juez del "Caso Malaya" para su puesta en libertad.
El ex alcalde, que se encontraba en prisión preventiva desde julio de 2006 por la citada causa contra la corrupción municipal en Marbella, permanece en prisión tras abonar la fianza ya que pesan sobre él dos condenas de un año cada una por causas urbanísticas y está a la espera de su clasificación penitenciaria para optar a beneficios carcelarios.
Además de Muñoz, también comparecerán por cinco de las diligencias en las que se desglosó la querella de la Fiscalía Anticorrupción los ex concejales del Ayuntamiento marbellí José Luis Fernández Garrosa, María Luisa Alcalá, Javier Lendínez, Rafael González y Alberto García.
También deberá declarar ante la titular del juzgado de Instrucción número 1, Carmen Rodríguez Medel, la que fuera asesora jurídica de Urbanismo en el Consistorio Raquel Escobar, que comparecerá como imputada por cuatro de las cinco diligencias.
La Fiscalía presentó en junio de 2006 una querella por delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos contra Julián Muñoz, Juan Antonio Roca y el tasador José Mora, a quienes atribuye irregularidades en convenios sobre permutas y tasación de terrenos. Esa querella se desglosó en veintisiete procedimientos, en varios de los cuales la juez ha imputado también a ex concejales de distintas corporaciones municipales del Grupo Independiente Liberal (GIL) y empresarios y promotores que supuestamente se habrían beneficiado de las citadas irregularidades urbanísticas.
El texto establece que Muñoz y Roca aparecen como "artífices de una maniobra tendente a enajenar los inmuebles del Ayuntamiento a precios muy inferiores a los del mercado, sin que se haya podido averiguar hasta el momento qué clase de contraprestación han podido obtener a cambio".
El Ministerio Público cifra el perjuicio patrimonial a las arcas municipales en 136 millones de euros y atribuye a Muñoz los delitos de fraude y malversación de caudales públicos, a Roca los mismos delitos a título de colaborador y también a Mora, "al menos, a título de cómplice". Ésta y otra querella presentada por Anticorrupción en julio de 2006 contra Muñoz y el abogado José María del Nido responden a las diligencias iniciadas en enero de 2005 después de que el Tribunal de Cuentas observase "indicios de responsabilidad penal" en el proyecto de informe de fiscalización del Ayuntamiento de Marbella y sus sociedades participadas en los años 2000-2001.
* Málaga Hoy - Efe. MARBELLA - 3 de Octubre de 2007
Foto: Marbella Ayuntamiento - UrbPatasArriba
Abren una vía de escalada contra el urbanismo salvaje en la costa
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ELPAÍS/Asturias* : Dos escaladores de la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL), abrieron este fin de semana, en los acantilados de la costa de Llanes, la vía de escalada "La Talá Ilegal", para protestar contra el urbanismo salvaje y en concreto contra el proyecto de urbanización costera de La Talá.
La ruta se abrió en el símbolo más emblemático del paraje de La Talá, la Punta de Jarri, un espectacular acantilado, de unos 50 metros de altura, completamente vertical que protege una pequeña playa salvaje.
Los autores de esta espectacular escalada reivindicativa han sido Domingo Goñi Tirapu, secretario de la agrupación AVALL de 59 años y su hijo Joseba Goñi Uribeetxebarria de 29.
La agrupación vecinal recuerda a la opinión pública que la zona de La Talá fue adquirida por dos promotores, García Poveda y Goizueta a principios de los años 90 en 305 millones de pesetas. Más tarde la propiedad fue vendida en 750 millones de pesetas al conocido indiano Juan Antonio Pérez Simón, propietario principal de la Promotora PASTA, la cual vendió La Talá recientemente a una sociedad formada por Nozar y el Grupo Masaveu en unos 36 millones de euros.
En la actualidad se está llevando acabo la construcción de una urbanización de más de 500 viviendas. A pesar de la férrea lucha ciudadana contra la construcción en este lugar, reconocido por instituciones del calibre de Seo Bird Life International como lugar de alto valor ecológico, sede de multitud de aves migratorias y refugio del halcón peregrino.
* ELPAIS.com -YoPeriodista - ANTONIO RODRÍGUEZ - Llanes - 03/10/2007
Foto: Vista de La Talá - AVALL - ELPAIS.com
Un estudio alerta del exceso de ocupación de suelo en Madrid
MADRIDIARIO* : El principal problema ambiental de la Comunidad de Madrid es el "auge constructivo" que se produce en la región, donde entre 1991 y 2001 se levantaron 550.000 nuevas viviendas, un parque inmobiliario que podría dar cobijo a una población superior a la que actualmente alberga la ciudad de Valencia. El estudio 'Estructura Económica de Madrid' pone de manifiesto que el problema "más serio" que sufre la comunidad es la ocupación del suelo, especialmente en la zona norte de la región, donde la construcción de viviendas y ocupación de terrenos comunales municipales por instalaciones variadas "sugiere muchas reservas".
El informe destaca que el 46 por ciento de la superficie de la región se califica como suelo urbano o urbanizable y subraya que el aumento de la población y la mejora del nivel de vida han propiciado una "fuerte tendencia" a urbanizar, aumentando la creación de áreas de primera y segunda residencia, así como el precio de la vivienda, que se ha visto incrementado en 1.600 y 1.700 euros por metro cuadrado en los últimos cinco años.
"La construcción no sólo determina una ocupación de suelo sino, sobre todo, un incremento considerable del consumo de recursos asociado al mantenimiento de viviendas y a su progresiva dispersión geográfica", consideran los autores.
Además, especifican que las carreteras, los ferrocarriles y las líneas eléctricas son elementos "cada vez más característicos" de los paisajes madrileños y constituyen "una red artificial superpuesta" a la trama natural del territorio.
El estudio también advierte de que es "urgente" valorar ambientalmente estos escenarios para poder predecir las posibles consecuencias ambientales.
* Madridiario - 30-09-2007 - MDO/EP
Foto: Juan Luis Jaén - madridiario.es
Sampaio se vuelve Fuenteovejuna para evitar el derribo de una casa
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ELCORREOGALLEGO/Vigo* : Fue la peor noche. La de la angustiosa espera a la piqueta judicial, con la compañía de cientos de vecinos, de Manuel Dasilva y Charo Amorín que, como ellos, no están dispuestos a que se derribe su vivienda mientras exista la esperanza de agotar los ya consumidos plazos judiciales para esperar a que se apruebe el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Vigo y legalizar la construcción denunciada por una vecina.
En medio de la tensión colectiva, la parroquia viguesa de Sampaio se travistió ayer de Fuenteovejuna consiguiendo, primero, sellar con coches todos los accesos a la vivienda y, después, que funcionara la consigna por la que más de 300 vecinos impidieron a la concejala de Urbanismo y a técnicos de la gerencia acceder a la casa de la familia Dasilva.
Frustrados los primeros intentos, porque la comitiva urbanística fue rodeada por cientos de personas que gritaban a coro "manos arriba, esto es un atraco", "justicia sí, derribo no", o "siempre vais a por los pobres", obligándoles a retroceder lejos de la vivienda, los dos agentes de la Policía Local desplazados hasta Sampaio levantaron acta de la situación por la que resultaba imposible cumplir con la orden de derribo.
Dasilva asegura ser consciente de que aunque ayer se ganó "una pequeña batalla" la guerra está por librar y que el próximo intento para cumplir una sentencia que no entiende "será más duro".
Emocionado por el apoyo demostrado por sus vecinos, "porque sin ellos no estaríamos aquí", insiste en que "lucharé por mi vivienda hasta el final".
Pocas horas después de que los vecinos frustrasen el primer intento de derribo, el magistrado comunicó al abogado de Manuel Dasilva que se admitía su recurso de súplica manteniendo en pie la medida del derribo.
La familia Dasilva cree que la propuesta del alcalde de realojarles en un piso de propiedad municipal "tiene truco", e insisten en que su objetivo es seguir viviendo en la casa en que nació Charo hace 39 años y donde han vivido desde que se casaron.
En medio de la protesta vecinal el alcalde Abel Caballero expresó la "extrañeza social" de "tener que " ejecutar la sentencia mientras están pendientes otras de grandes edificios que están a la espera de que se apruebe definitivamente el PXOM.
EL DATO
Movilización Los vecinos de Sampaio van a solicitar una entrevista con el magistrado del Tribunal Superior de Xusticia de Galicia para explicarle la situación de la familia Dasilva. Si reciben una negativa al encuentro están dispuestos a acampar ante la sede judicial. Además, vigilan permanentemente el entorno de la casa .
* El Correo Gallego - M.G. • VIGO - 03.10.2007
Foto: Sampaio (Vigo) - elcorreogallego.es
