El ex alcalde de Gondomar y cinco ediles, a juicio por la concesión ilegal de 300 licencias

FARODEVIGO* : La causa contra el ex alcalde de Gondomar, el popular Carlos Silva, y los cinco miembros de su junta de gobierno por la concesión supuestamente irregular de 300 licencias urbanísticas sigue adelante con la apertura del juicio oral. El titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Vigo enviará al banquillo de los acusados al anterior regidor y a los concejales José Luis Mosquera, Ángel Gregores, Jaime Rial, Abelardo Meneses y José Misa por sendos delitos de ordenación del territorio. Así lo decreta el magistrado en un auto en el que insta al Ministerio Fiscal a formular acusación para poner en marcha la vista y sobresee a la anterior secretaria municipal de la causa.


Lejos de archivar el caso, el juez da por cerradas las diligencias efectuadas a lo largo del último año tras la querella criminal presentada por la Fiscalía el 29 de junio de 2006 y abre el juicio oral. Eso sí, la defensa de los imputados podría presentar un recurso contra la decisión del juez. El fiscal también podría aplazar el asunto y solicitar nuevas diligencias en caso de que no encuentre elementos esenciales para formular su escrito de acusación. De este modo, queda en el aire la fecha del juicio.

Los seis imputados formaban parte de la junta de gobierno de Gondomar entre febrero de 2005 y enero de 2006, período en que se concedieron las mencionadas 300 licencias urbanísticas de forma supuestamente ilegal. La querella de la Fiscalía argumentaba que dichos permisos de construcción habían sido otorgados bajo el marco legal de un Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) anulado y con informes jurídicos desfavorables por parte de los técnicos municipales.

Largo proceso

La anulación del PXOM se produjo en febrero de 2005 después de un largo procedimiento. El documento fue aprobado en pleno en agosto de 1997 y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia emitía su primera sentencia para dejarlo sin efecto en noviembre de 2001. Una sucesión de recursos por parte del gobierno municipal alargó el asunto hasta febrero de 2005, fecha en que el Tribunal Supremo lo anulaba de forma definitiva fundamentalmente por defectos de forma. El gobierno encabezado por Carlos Silva sacó adelante en una sesión plenaria de mayo de 2005 una serie de medidas para corregir dichos errores y mantener en vigor el planeamiento.
Estas correcciones nunca fueron aceptadas por los tribunales ni por la Dirección Xeral de Urbanismo de la Xunta de Galicia, que intervino con un requerimiento al gobierno municipal para que anulase las 300 licencias por las que ahora serán juzgados Silva y sus compañeros de equipo. El ex regidor y los ediles rechazaron la instancia del Gobierno autonómico y mantuvieron la validez del PXOM a la espera de que el Tribunal Supremo se pronunciase sobre las modificaciones aprobadas en el pleno.

Mientras tanto, el gobierno popular de Gondomar, que perdió el poder en las últimas elecciones, elaboró un nuevo PXOM que llegó a aprobarse el pasado mes de enero de forma inicial. Un mes después, dos concejales, la compañera de uno de ellos y un arquitecto vigués eran detenidos por el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de favores en el nuevo plan. Este oscuro episodio llevó a Silva a retirar el documento aprobado inicialmente que la oposición consideraba "bajo sospecha" por la actuación de los ediles acusados de cohecho.




* Faro de Vigo - NELI PILLADO - 06 de octubre de 2007
Foto: Gondomar (Pontevedra) - lavozdegalicia.es