EFE.- Palma* : "Un informe elaborado por la Guardia Civil y que obra en poder del juez instructor del 'caso Andratx', Álvaro Latorre, implica en la causa al ex director de Ordenación del Territorio del Govern Jaume Massot, al presidente del Consejo Consultivo, Miguel Coll, y al empresario catalán Mariano Vives. Según confirmaron fuentes judiciales, la Guardia Civil señala en el atestado que Massot, Coll y Vives "actuaron de forma concertada para el logro de sus intereses", al tiempo que abre nuevas vías de investigación sobre la supuesta corrupción urbanística en el municipio mallorquín de Andratx.
Los diarios locales 'Última Hora' y 'Balears' publican parte del informe elaborado por agentes de la Guardia Civil a partir del interrogatorio al que sometieron a Coll en su calidad de imputado por el supuesto delito de tráfico de influencias.
El abogado Miguel Coll, presidente del Consejo Consultivo, órgano que asesora en temas jurídicos al Govern, es el representante legal del empresario Mariano Vives, presidente a su vez de Urbanización S'Almudaina Dos.
Vives mantiene un litigio con el Ejecutivo autonómico en el Tribunal Supremo por una urbanización en Andratx que no pudo ejecutar al ser desclasificados los terrenos, que pasaron de urbanizables a protegidos cuando en Baleares gobernaba el 'Pacto de Progreso'. Por ello, reclama 34 millones de euros.
Jaime Massot, asimismo, creó la empresa Territorio Asesores que realizó un informe para Vives cuando desempeñaba el cargo de director del área de urbanismo del Ayuntamiento de Andratx, actuación que la Guardia Civil ha comprobado con un recibo firmado por Massot tras cobrar 12.000 euros por ese encargo.
Tanto Massot como Coll y Vives están citados a declarar en los próximos días en calidad de imputados ante el juez del 'caso Andratx'. Con respecto al presidente del Consejo Consultivo, el PSIB-PSOE viene solicitando de forma reiterada al presidente del Govern, Jaume Matas, que le destituya y reprocha la actitud de Coll, un veterano jurista de 92 años, de negarse sistemáticamente a dimitir.
*El Mundo - jueves 26/04/2007
Foto: Andratx /guides
La Guardia Civil implica a altos cargos de Baleares en el 'caso Andratx'
El PGMO de La Unión prevé la urbanización masiva del municipio y deja sin protección la Sierra Minera
Ecologistas en Acción de la Región Murciana* : "El Plan General Municipal de Ordenación de La Unión, aprobado provisionalmente por el pleno de la corporación en diciembre de 2006, supondrá recalificar como Suelo Urbanizable Sectorizado y No Sectorizado unos 11.000.000 m2, la construcción de unas 22.500 viviendas potenciales y unos 66.000 nuevos habitantes, incrementando en un 500 % la población del municipio. Los principales daños ambientales y sociales suponen: La desaparición del patrimonio agrícola de la zona norte del municipio y área de Roche, unas 250 has. Se trata de un paisaje insustituible y garantía de diversificación económica.
No se protege el patrimonio arqueológico de la Sierra Minera, ni se establece normativa de protección, motivo por el cual la dirección general de cultura no ha aprobado definitivamente el PGMO, instando por segunda vez al Ayuntamiento (la primera vez fue después de la aprobación inicial) a que incorpore esa protección, además de ampliar el número de elementos del patrimonio minero a proteger, creando en torno a estos elementos un perímetro de protección que tampoco se incluye en el PGMO.
No se protege el patrimonio natural de la Sierra Minera, que incluye hábitats muy raros de Cornical y cuya protección fue propuesta por la Comunidad Autónoma como compensación a la reducción de la protección del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila.
La cuenca visual de la Bahía de Portmán incluye unas 8.500 viviendas, lo que supone una presión urbanística insostenible sobre un área a recuperar en sus valores ambientales.
El PGMO se ha remitido a la Comunidad Autónoma sin Declaración de Impacto Ambiental, ni Estudio de Impacto Territorial, razón por la cual la Dirección General de Vivienda ha suspendido la tramitación del plan. El concejal de Urbanismo ha declarado en la última sesión plenaria del Ayuntamiento, que va a solicitar a la Comunidad Autónoma que exima al planeamiento urbanístico de La Unión de la Declaración de Impacto Ambiental.
El plan incluye un convenio urbanístico que ha merecido la valoración del Colegio de Arquitectos como de perdida patrimonial para el Ayuntamiento en unos 1.400 millones de las antiguas pesetas. Igualmente contempla que uno de los sectores a reclasificar como Suelo Urbanizable Sectorizado incluya una edificabilidad del 0,35%, de manera que se levantarán 1.600 viviendas en unos 450.000 m2.
El informe de la Confederación Hidrográfica del Segura no garantiza la disponibilidad de recursos hídricos suficientes.
ESAMUR (Entidad regional de saneamiento), ha emitido informe instando a contemplar en el plan los nuevos sistemas de depuración de aguas residuales, que no iban incluidos en el mismo, dado el importante aumento de población previsto.
Ante esta situación, Ecologistas en Acción solicita la paralización inmediata de la tramitación de este plan urbanístico y su profunda revisión, paralizando las actuaciones urbanísticas desmesuradas previstas y otorgando la protección adecuada al rico patrimonio arqueológico y natural de la Sierra Minera.
*Ecologistas en Acción de la Región Murciana - 25 de abril
¡ Fiera de Abril !
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Viñeta de Forges /El País
ELPAIS.com - Jueves, 26/4/2007
Torrevieja: Caos urbanístico y alcalde imputado en el paradigma de ciudad sostenible de Camps
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S.NAVARRO.- El País* : "Crecimiento urbano horizontal a golpe de modificaciones puntuales del planteamiento -100 en 20 años- que ha agotado el suelo, desajuste entre la capacidad de los servicios y la demanda y altas tasas de criminalidad a consecuencia, según jueces y policías, de la caótica trama urbana, conforman los rasgos distintivos de Torrevieja. La guinda a esta postal urbana, la pone su alcalde, Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP, imputado por especulación. El regidor obtuvo una plusvalía de 5,2 millones de euros con la compra de una finca.
El lunes, el presidente del Consell, Francisco Camps, dulcificó esa foto fija de Torrevieja y elevó al municipio a la categoría de "modelo de sostenibilidad". La reacción de la oposición ha sido fulminante. "Camps vive en un mundo virtual. Torrevieja es la ciudad más caótica e inseguridad precisamente por su modelo de crecimiento urbano", aseguró Ángel Jiménez, candidato del PSPV a la alcaldía. "El presidente Camps no parece dominar muy bien el concepto de sostenibilidad y podría estar confundiéndolo con el enriquecimiento de algunos de sus alcaldes, como sucede con el caso de Hernández Mateo", destacó su homólogo de Los Verdes, José Manuel Dolón.
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Torrevieja esta vigente desde 1984. Desde entonces ha sufrido más de un centenar de modificaciones puntuales para dar cabida a otras tantas iniciativas urbanísticas, "la mayoría mediante negociaciones privadas entre el alcalde y los promotores para recalificar fincas rústicas", precisa Dolón.
El desajuste entre la capacidad de los servicios y la demanda debido al constante y acelerado crecimiento de la ciudad -96.000 habitantes, y un parque de 160.000 viviendas- queda reflejado en la depuradora que en época estival no puede tratar los volúmenes de agua que recibe. La población tampoco dispone de una red de evacuación de aguas pluviales.
Patrullas vecinales
Los cortes en servicio de agua son constantes, mientras los vecinos denuncian el baldeo de calles con agua potable y el Ayuntamiento se opone a la planta desaladora. El tráfico rodado -saturación de la N-332 y falta de aparcamientos- y la contaminación acústica derivada de la actividad de los locales de ocio son otras carencias del municipio.
Y, por último, el caótico modelo urbano, ha convertido al municipio en el refugio perfecto para las mafias, que entre 1999 y 2003 elevó los índices de criminalidad y llevó a los vecinos a organizar patrullas nocturnas para combatir la oleada de asaltos a casas. "El modelo de urbanismo de Torrevieja es del promotor y la especulación, supermasificado, desintegrado y privatizado", resume Honorio Fernández, presidente de la Asociación Europea de Consumidores y Usuarios de Urbanismo.
*ELPAIS.com - Alicante - 25/04/2007
Foto: Torrevieja /Deran - wikimedia.org
La Fiscalía pide información sobre el proyecto urbanístico en la Cala de la Mosca de Orihuela
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EFE* : "La Fiscalía de Alicante ha pedido al Ayuntamiento de Orihuela, gobernado por el PP, información sobre el proyecto de construcción de 1.700 viviendas en la Cala de la Mosca, según anunció hoy la candidata socialista a la Alcaldía de este municipio, Antonia Moreno. El pasado 13 de febrero, el pleno del Consistorio de Orihuela aprobó, con los votos a favor del grupo popular, la segunda fase del proyecto Alameda del Mar, que prevé la edificación de 1.700 viviendas en lo que la oposición considera la "última zona virgen de la costa oriolana".
El PSPV-PSOE denunció ante el fiscal-coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado (FGE), Antonio Vercher, este proyecto urbanístico al alegar que carecía, al parecer, del pertinente informe de impacto medioambiental.
La FGE tramitó esa denuncia a la fiscalía de Alicante, que, a su vez, ha solicitado al alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, y a los concejales de Urbanismo y Medio Ambiente, Eva Ortiz y David Costa, respectivamente, diversa información sobre el proyecto.
En concreto, el ministerio público desea saber, entre otros datos, si la mercantil encargada de ejecutar esta actuación urbanística dispone de licencia municipal de obras y ha realizado el certificado de retranqueo de la urbanización antes del pasado 16 de marzo, fecha en que comenzaron las obras.
En su escrito, la Fiscalía señala que, según la inspección ocular realizada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, existen siete especies protegidas en la zona.
En rueda de prensa, la candidata socialista a la Alcaldía de Orihuela criticó "el urbanismo salvaje y depredador del suelo" que, en su opinión, desarrolla el PP.
Moreno apostó por "dar otra solución diferente para la Cala de la Mosca" que, según propuso, podría destinarse "a un gran parque Mediterráneo, con un gran auditorio para disfrute de los oriolanos".
Anunció también que el PSPV-PSOE presentará un recurso contencioso-administrativo contra el proyecto de construcción en Cala de la Mosca.
*La Verdad - 25 de abril de 2007
Foto: Cala la Mosca (Orihuela) /mma.es
Crecen en Pontevedra las denuncias contra alcaldes por urbanismo
El Correo Gallego* : "Cada vez son más los ciudadanos que acuden a la vía penal para denunciar presuntos delitos contra la ordenación del territorio o medioambiente. Esta es la tendencia detectada el pasado año en la provincia de Pontevedra, de acuerdo con los datos de la Memoria Fiscal que hizo pública César del Pozo, fiscal jefe en esta provincia. De las treinta y tres denuncias de 2005, se pasó a las 54 del pasado año. No obstante, Del Pozo matiza que muchas de ellas no llegan a juicio al no detectarse materia delictiva.
En opinión del fiscal, son muchos los que en "el fragor de que en Marbella hay mucho delito de este tipo, piensen que todo es Marbella y que cualquier actuación, de cualquier alcalde, merece el reproche penal", dijo César del Pozo, que matizó que "no toda licencia para construir un muro puede ser constitutiva de delito". Por ello, el fiscal entiende que en los últimos tiempos se está "abusando" de la vía penal para resolver problemas cuando lo adecuado es recurrir al contencioso administrativo.
Observa Del Pozo que, cada vez más, son más los ciudadanos que señalan a sus alcaldes. Aunque el fiscal jefe no quiso precisar en que ayuntamientos de la provincia se han presentado más denuncias, sí subrayó que "muchas veces no podemos saber si el ciudadano es el adversario político disfrazado. En ocasiones es directamente el partido político pero otras es el ciudadano que está enfadado porque no le dio una licencia". También hay vecinos que repiten las denuncias contra muchos alcaldes porque "tienen mucho tiempo libre".
*El Correo Gallego - 25.04.2007
Foto: A Estrada /elconfidencial.com
El gobierno municipal de Úbeda aprueba por vía de urgencia un complejo urbanístico en suelo protegido
G.DONAIRE.- El País* : "El equipo de gobierno municipal de Úbeda (Jaén), compuesto por PP y PA, aprobó ayer por vía de urgencia y en el último pleno del actual mandato, el convenio que permitirá la construcción de un campo de golf en un espacio natural calificado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como zona de interés biótico y suelo rústico de especial protección. El complejo incluye la construcción de 1.159 viviendas y un hotel de lujo.
El portavoz del grupo socialista y candidato a la alcaldía, Marcelino Sánchez, criticó la "urgencia" con la que se aprobó este convenio, que tachó de "ilegal". Según dijo, el complejo no cuenta con los informes medioambientales favorables y, por el contrario, fue descalificado por el secretario de la Corporación.
El proyecto, afirmó el socialista, "acabará con uno de los pocos testimonios de bosque mediterráneo que se conservan en la comarca".
Sánchez acusó al PP-PA de "saltarse" el PGOU de la ciudad y afirmó que el alcalde, Juan Pizarro (PP), y el edil de Urbanismo, Francisco Mendieta (PA), "tras la aprobación de este convenio, ocultan una operación de especulación urbanística".
El PSOE mostró su convencimiento de que el siguiente paso del PP-PA será modificar el PGOU de Úbeda para desproteger este paraje y poder hacer viable el proyecto, "provocando la destrucción de los valores medioambientales patrimonio de todos los ciudadanos".
66 millones de euros
El convenio urbanístico se localiza a menos de 10 kilómetros de Úbeda, en el paraje conocido como la Torrecilla de Monsalve, y afecta a 103 hectáreas, un buen número de éstas de bosque mediterráneo. El concejal de Urbanismo, Francisco Mendieta, lo defiende en base a la creación de riqueza, destacando la inversión de seis millones de euros para las instalaciones del campo de golf y 60 millones de euros para la urbanización anexa, incidiendo en que toda la inversión será privada y que todos los gastos de mantenimiento correrán a cargo de los propietarios.
Mendieta argumenta que existirá un aumento de patrimonio para el Ayuntamiento con 500.000 metros cuadrados de zona verde correspondientes a la cesión obligatoria, 24.000 metros residenciales que también serán cedidos en favor del Consistorio y el ingreso de tres millones de euros en licencias municipales.
También dijo que el consumo de agua será mínimo y que el riego se hará, principalmente, con agua de la red de saneamiento. Recordó que el consumo estimado por hectárea de un campo de golf es similar al de una explotación agrícola intensiva. De esta manera, concluyó Mendieta, Úbeda entrará en el circuito europeo de golf y en las campañas publicitarias de la Junta sobre turismo de golf, y podrá crearse una escuela municipal de este deporte.
*ELPAIS.com - Jaén - 25/04/2007
Foto: Úbeda /Wikimedia.org
Castilla y León omitió el trámite legal para talar el refugio de aves de Navas del Marqués
R.MÉNDEZ.- El País* : "Los dos técnicos de la Junta de Castilla y León que abrieron ayer las declaraciones por el caso Navas del Marqués (Ávila) admitieron que la Junta de Castilla y León ignoró el trámite imprescindible para urbanizar en un área crítica para la cigüeña negra, ya que modificaron los límites de protección para la especie sin justificación y para satisfacer al constructor. Aun así, el entonces jefe de Espacios Naturales de Ávila, Sabas Yagüe, y el técnico de Impacto Ambiental, Alfredo Martín Ramírez, defendieron la construcción de 1.600 chalés y cuatro campos de golf a costa de 35.000 pinos. El Tribunal Superior de Castilla y León ya ha declarado ilegal ese plan por afectar a la cigüeña negra.
El caso Navas del Marqués comenzó ayer su andadura en el juzgado número 2 de Ávila. El Tribunal de superior de Justicia de Castilla y León sentenció en octubre pasado que no se podía construir la Ciudad del Golf porque violaba la normativa urbanística. La urbanización estaba impulsada por el Ayuntamiento de Las Navas, la Junta de Castilla y León y la Diputación, todas del PP, que crearon una empresa pública con el fin de "proteger el monte" y se dedicaron a recalificarlo. El juzgado intenta ahora ver si los que impulsaron la urbanización en 210 hectáreas de pinar cometieron un delito, como ocurre en Marbella con los concejales que aprueban las licencias declaradas ilegales.
Hoy declararán como imputados por corrupción al director general del Medio Natural, alcalde, Gerardo Pérez, y el ex delegado territorial de la Junta en Ávila, Félix San Segundo.
Los dos técnicos que declararon ayer en calidad de testigos dejaron claro que la Junta decidió urbanizar 12 hectáreas de área crítica para la cigüeña negra -una especie en extinción-. Para urbanizar ese terreno, la Junta debió haber emitido una orden con un periodo de alegaciones, algo que habría recibido oposición ecologista y científica. En su lugar, la Junta optó por desprotegerla "de hecho" con un documento interno firmado por el director de Medio Natural, Mariano Torre, que hoy declarará como imputado por corrupción. Esa zona ocupa sólo el 5% del total de la urbanización pero era imprescindible para el promotor.
Alfredo Martín Ramírez afirmó que cuando el plan llegó a la ponencia técnica "no quedaba claro la afección al área crítica [para la cigüeña] si quedaba o no excluida" y que por eso "se solicitaron informes a la dirección de Medio natural". El técnico añadió: "La Ley establece que si se quiere excluir, y que si lo que querían es que se hiciera, se debería hacer mediante una orden". Y concluyó que estaba "a favor del proyecto, pero que consideraba que la forma de excluir el área crítica no era la correcta". En su declaración, Martín Ramírez minimizó el impacto del proyecto, y afirmó que nadie le presionó.
Tras él, declaró Sabas Yagüe, entonces jefe de Espacios Naturales de la Consejería de Medio Ambiente en Ávila. A preguntas del abogado de la asociación Ecologista Centaurea, Yagüe afirmó "que varios vocales de la ponencia técnica, entre ellos él, tenían dudas sobre si esa parcela estaba en área crítica o no", en cuyo caso no se podría urbanizar. Esa duda se la transmitieron al director de Medio Natural, que a su vez le pidió un informe al propio Yagüe sobre el tema. Este emitió entonces, noviembre de 2003, un informe en el que "implícitamente sostiene que la parcela está en área crítica", según declaró ayer.
El director de Medio Natural, Mariano Torre, eligió las partes en las que Yagüe minimiza el impacto de la urbanización y dio luz verde a la Ciudad del Golf.
Yagüe reconoció ante el juez que esa parcela "no había perdido su valor y que no había razón objetiva" para que fuera excluida y admitió que "se recalificaron los terrenos del área crítica" y que en la evaluación "no se valoró" que el terreno es Zona de Especial Protección para las Aves y Lugar de Interés Comunitario.
A preguntas de la defensa, Yagüe restó valor a la pérdida de las 12 hectáreas. Las defensas de los imputado no intentaron defender el trámite de la recalificación, sino destacar que las 12 hectáreas suponen una parte muy pequeña de la zona de protección para las aves y que no es vital para la especie.
El Tribunal Superior declaró que el pinar no se podía urbanizar y que la legislación al respecto "lleva necesaria y regladamente a tener que clasificar dicho terreno como suelo no urbanizable con protección natural".
*ELPAIS.com - Madrid - 25/04/2007
Asamblea para la Vivienda Digna exige que se garantice la vivienda a todos al margen de la bolsa
Bottup* : "El Banco de España espera una desaceleración progresiva de los precios de la vivienda ante las fuertes caidas en la bolsa de constructoras e inmobiliarias... El portavoz de la Asamblea para la Vivienda Digna, Diego Pacheco, manifestó hoy que el Estado debe garantizar el derecho a la vivienda de todos los españoles, al margen de que la bolsa suba o se desplome. Pacheco manifestó a la agencia Servimedia que "debería dar igual que se desplome" la bolsa porque el Estado tendría que facilitar una alternativa "que garantizara que todas las personas, pase lo que pase, van a tener derecho a un techo".
Lamentó que, aunque baje la bolsa, los pisos seguirán siendo muy caros, tanto para "los jóvenes mileuristas que no pueden pagar un alquiler como los que están en la calle, porque no pueden acceder a nada y nadie les da una vivienda digna".
El portavoz de la Asamblea para la Vivienda Digna exigió a la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, que deje de hacer declaraciones sobre "si los pisos cuestan un 10% más o menos" porque el problema estriba en que "la vivienda es un derecho y se está tratando como un negocio".
A su juicio, el Gobierno actual y los anteriores han aplicado una política que considera a la vivienda como un bien de especulación "para lucrarse".
"Hemos entregado toda la vivienda a lo privado, no hay nada público. En el momento en que lo privado empiece a fallar, veremos lo que hay detrás, y nosotros creemos que no hay nada", señaló.
¿El pinchazo de la burbuja inmobiliaria?
A pesar de la fuerte caída bursátil de ASTROC el Banco de España espera una desaceleración progresiva de los precios del mercado inmobiliario. Según el gobernador del Banco de España se prevé una "desaceleración suave y gradual", al margen de que las compañías del sector de desplomen.
El Ibex 35 se dejó en la jornada de hoy un 2,73% y descendió hasta los 14.578,70 puntos, arrastrado por la caída de constructoras e inmobiliarias, que se extendió al conjunto del selectivo, en el que todos los valores cerraron la sesión en negativo.
Entre las mayores caídas, la registrada por Inmocaral, que retrocedió un 11,27%; mientras que Sacyr cayó un 8,15%; FCC se dejó un 6,7%; Bankinter un 5,24%; Acciona un 5,07%, y el Banco Sabadell un 5,05%.
Del sector inmobiliario y constructor, sobresalen, asimismo, los descensos de Metrovacesa (-4,55%); ACS (-3,99%), y Ferrovial (-3,62%).
*Bottup - 24 de abril de 2007
Contra la macrourbanización Ciudad del Medio Ambiente de Soria
Los directores de Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife, Greenpeace y WWF/ Adena, acompañados por miembros de los grupos ecologistas locales ASDEN- Ecologistas en Acción y SEO- Soria, han visitado hoy el Soto de Garray (Soria), emplazamiento elegido por la Junta de Castilla y León para la construcción de un macroproyecto urbanístico de 550 hectáreas, con un número todavía indeterminado de viviendas (780 la última cifra facilitada por la Junta), hoteles e instalaciones deportivas, incluido al menos un Centro de Hípica, supuestamente de referencia nacional, en una zona de enorme valor ecológico y estrictamente protegida. Por este motivo, la denominada “Ciudad del Medio Ambiente” ha originado una gran polémica a nivel estatal y regional y una gran contestación social en la propia provincia de Soria.
Los representantes ecologistas han comprobado en directo la extraordinaria riqueza y calidad del hábitat de las fincas que serían afectadas por el proyecto, destacando entre otros valores ecológicos el buen estado de conservación del soto fluvial del Duero y las masas de fresno y abedul, así como la existencia de una de las colonias más grandes de cigüeña blanca de toda la provincia de Soria y la presencia de varias especies de rapaces amenazadas, como el milano real, el milano negro, águila calzada, azor y el alimoche, entre otras. Como dato de referencia, en el día de ayer, se constató la presencia de cigüeña negra en dicho espacio. Todo ello, ha merecido la protección especial de la zona como Red Natura 2000, y en consecuencia impide la realización de proyectos que no sean derivados de “razones imperiosas de interés público de primer orden”.
En la rueda de prensa celebrada en la tarde de hoy, las organizaciones ecologistas han sido unánimes al tachar de “auténtico despropósito” la denominación elegida para este proyecto. “No se puede llamar Ciudad del Medio Ambiente a un proyecto urbanístico insostenible que arrasará uno de los espacios ribereños más importantes de nuestro país”.
Consideran que la aprobación de esta urbanización como Proyecto Regional por las Cortes de Castilla y León en su última sesión, no es más que un intento de burlar la normativa europea de obligado cumplimiento por todas las administraciones, por lo que estas organizaciones han denunciado ante Bruselas este proyecto.
Los directores de las organizaciones ecologistas han pedido a Caja Duero, entidad propietaria de buena parte de los terrenos que los preserve y no los no venda para su destrucción.
Caja Duero no debe especular con el Soto de Garray, sería tan responsable como la propia Junta de Castilla y León, “vamos a pedir a nuestros socios y simpatizantes, especialmente a los que son clientes de Caja Duero, que pidan a esta entidad un compromiso real por el medio ambiente y que no se desprenda de este patrimonio natural y cultural único”.
Las organizaciones ambientales presentes en Soria apoyaron expresamente la campaña desarrollada durante años por los grupos ecologistas y sociales de Soria contrarios a este proyecto y destacaron que este es uno de los casos más graves de especulación urbanística y de afección a los espacios naturales protegidos en toda la región, “sintomáticos de la poca sensibilidad de la Junta de Castilla y León hacia la conservación de la naturaleza”.
*Ecologistas en Acción - Soria, 24 de abril
El ex fiscal anticorrupción dice que el informe de la UE sobre urbanismo debería ser leído en los actos de campaña
EuropaPress.- Castellón* : "El ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo aseguró hoy en Castellón que el informe de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo sobre presuntas irregularidades urbanísticas, "motivada, en el caso de la Comunitat Valenciana, por la denuncia de más de 15.000 firmas", deberían de ser leídas "en todos los actos públicos que se celebren en campaña electoral, sobre todo ante los votantes del PP e, incluso, del PSOE, pues hay cosas que hacen preguntarnos de qué país estamos hablando".
Jiménez Villarejo realizó hoy estas declaraciones antes de pronunciar una conferencia en la Universidad Jaume I de Castellón sobre 'Memoria histórica: justicia y dignidad'.
Según dijo, el propio documento del Parlamento Europeo "dice que no hay parangón en la UE de los 15 de una cosa semejante a lo que está ocurriendo en España y, concretamente, en la Comunitat Valenciana, Andalucía, Madrid, Murcia, las Islas Canarias y las Islas Baleares, aunque la primera que aparece en todos los ránkings es la Comunitat Valenciana".
Al respecto, manifestó que dicho documento "indica que a muchos ciudadanos en España, y fundamentalmente en la Comunitat Valenciana, se les han conculcado legítimos derechos, y se han convertido en víctimas indirectas de un elevado número de desenfrenados proyectos urbanísticos basados en una legislación que favorece al urbanizador y despoja a las personas de su auténtica integridad".
"Cuando leo estas cosas --dijo-- pienso si la Comunitat Valenciana ha asumido claramente lo que está ocurriendo, porque lo que está ocurriendo aquí es el resultado de años y años de políticas corruptas que ha llevado a una explosión de ilegalidades".
En este sentido, el ex fiscal anticorrupción se preguntó si "ante esto, se puede seguir un criterio de elección de candidatos electorales como el que se viene manteniendo", y añadió que "lo que se debería de hacer es repartir este documento a todas las casas de todos los ciudadanos y que vieran lo que está pasando en la Comunitat Valenciana y, concretamente en Castellón".
"Los ciudadanos sabrán lo que tienen que hacer en las próximas elecciones, pero el camino emprendido es peligroso para el deterioro de la Comunitat Valenciana, y para los perjuicios que sufren al final los más débiles, ya que los más poderosos van a sufrir muy poco desgaste", matizó.
ADMINISTRACION LOCAL
Por otra parte, Jiménez Villarejo señaló que "si queremos que la Administración Local asuma un papel más activo del que está asumiendo hasta ahora, tiene que ser transformada sustancialmente, pues no puede ser que tengamos una Administración Local con el régimen de incompatibilidades más tolerante de toda España en relación a otros altos cargos de las administraciones autónomicas o del Estado".
Al respecto, señaló que, "tal y como dijo el Tribunal de Defensa de la Competencia, los ayuntamientos no pueden ser los principales agentes especuladores en España". "En la Administración Local española reina una cierta anarquía en la dirección de los asuntos urbanísticos, que ha llevado a la actual situación", apuntó.
Jiménez Villarejo señaló que la liberalización total del suelo "contribuiría a agravar el nivel de corrupción, ya que colocaría en un primer plano el poder de constructores y promotores", y añadió que "hay una serie de factores que expresan una debilidad del sistema de control democrático del propio sector inmobiliario, por lo que la Administración Local ha de conjugar eficazmente los intereses públicos y el interés privado".
"Lo que no puede ser --subrayó-- es que promotores y constructores sean los que marquen las pautas de lo que hacen los ayuntamientos, los cuales tienen que tener un control absoluto sobre el suelo, pues, de lo contrario, se convertirían en instrumentos de las promotoras y constructoras para los fines de lucro que persigan".
Así mismo, explicó que en el proyecto de Ley del Suelo que se está tramitando en el Senado "el PSOE ha introducido algunos retoques aprovechando la Ley de Base de Régimen Local" que "siguen siendo muy insufientes porque no establece ningún sistema de control ni vigilancia de aquellos que incumplen las obligaciones que se le imponen".
*hispanidad.com - 24 de abril de 2007
Foto: banderas archivo
El alcalde riosellano imputado por prevaricación urbanística
I.García/A.Moriyón.- ElComercio* : "El alcalde de Ribadesella, José Miranda, ha sido imputado por prevaricación urbanística por las licencias que concedió a su esposa, Irene Vidal, para rehabilitar una cabaña y un llagar, ubicados en Sardéu, en la Reserva Natural Parcial de Covarosa. La polémica resurge de nuevo cuando apenas falta un mes para la celebración de las elecciones municipales y regionales. Al margen de que el Tribunal Superior de Justicia fallase a favor del regidor sobre este caso en julio del pasado año, por la causa iniciada a instancias del Principado, ahora es el juzgado de instrucción de Cangas de Onís el que admite a trámite la querella presentada por un particular sobre el mismo asunto.
La sala observa indicios de presuntos delitos «contra la ordenación del territorio y de prevaricación urbanística». Por ello, dispone que se continúe con la tramitación de las diligencias previas mediante un procedimiento abreviado y pide que su decisión se traslade al Ministerio Fiscal y a la acusación particular para que éstos formulen un escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o bien el sobreseimiento de la causa, en el plazo de diez días desde la publicación del auto, el pasado 13 de abril.
No obstante, contra la resolución judicial cabe la interposición de recurso o apelación. De hecho, Miranda, quien no quiso entrar a valorar el auto, sólo señaló su discrepancia con el contenido y aseguró que ya ha recurrido.
El auto expone que «indiciariamente» Miranda y su esposa, en calidad de promotores, como propietarios de la finca El Corberu, en Sardéu, realizaron obras en las dos construcciones existentes en ella y que, según informa la sala, se encontraban en «ruina», destinadas a levantar «una nueva construcción y a hacer trabajos mayores incompatibles con la calificación del suelo como Reserva Natural Parcial y, por tanto, no urbanizable de especial protección». En ese momento, Miranda ya era alcalde por lo que el juzgado cangués considera que «con la cooperación de su esposa, idearon el llevar a cabo dichas obras a sabiendas de su ilegalidad».
Los hechos
La instancia judicial plantea que la situación se produjo de este modo: Irene Vidal solicitó la licencia para la realización de obras menores consistentes en la reparación del tejado y los muros en la instalación auxiliar (llagar), con un presupuesto para ello de 2.450 euros. Dado que entraba entre sus competencias el alcalde «sin abstenerse de intervenir» otorgó esa licencia y, entiende el juzgado, «resolvió concederla consciente de que realmente no se realizarían tales obras menores, sino una nueva construcción, que requería un proyecto técnico, produciéndose además un cambio de uso, que tuvo un coste aproximado de 50.000 euros».
La viceconsejera de Medio Ambiente, Belén Fernández, recordó ayer que el Principado fue «el primero en advertir de la gravedad de estas edificaciones» y celebró que «finalmente» se haya aprobado un auto que «imputa al alcalde por delito de prevalicación». Fernández considera que el recurso anunciado por Miranda responde a «un intento de neutralizar decisiones judiciales contrarias a sus intereses personales», y dijo que se trata del «ejemplo paradigmático de falta de ética política». «Es sumamente aconsejable que los autores de estos hechos no se instalen en las instituciones públicas», espetó. La viceconsejera no quiso entrar a comparar este caso con la reciente anulación del plan urbanístico de Llanes.
*elcomerciodigital.com - 24 de abril de 2007
Foto: Las construcciones del alcalde riosellano y su mujer edificadas en Sardéu que suscitaron querellas contra el regidor. / D. E./ elcomerciodigital.com
Níjar tramita una urbanización ilegal en el PN de Cabo de Gata
Ecologistas en Acción. Almería*: "El BOP del 19 de abril ha publicado un edicto del Ayuntamiento de Níjar en el que se dice que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 12 de abril, ha aprobado inicialmente el Proyecto de Reparcelación de la mayor urbanización del Parque Natural de Cabo de Gata conocida como Marina de Agua Amarga, de 48 hectáreas de extensión. El suelo sobre el que se pretende construir la macro urbanización está calificado como ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) desde octubre de 1989, y LIC (ES0000046) desde enero de 1998. Los terrenos también fueron declarados “RESERVA DE LA BIOSFERA” en 1997 por la UNESCO.
Al estar clasificados los terrenos como LIC, y ZEPA, el proyecto vulnera el art. 6 de la Directiva 92/43/CEE, la Directiva 97/62/CEE, la Directiva 79/409/CEE, y la sentencia del TJCE de fecha 13-01-05 (Asunto C-441/03). La urbanización, además, se ubica dentro de los límites del Parque Natural Cabo de Gata, en un Hábitat Prioritario. De acuerdo con la normativa autonómica, estatal y europea, el proyecto debe someterse a Evaluación de Impacto Ambiental.
Este mismo proyecto ya fue sometido a Evaluación de Impacto Ambiental en 1996 y resultó desfavorable, según publicó el B.O.P. número 95 de fecha 17-05-96. Una nueva Evaluación de Impacto Ambiental no cambiaría la anterior que anuló la urbanización por el alto valor ecológico de los terrenos y por su falta de justificación.
Por estos motivos, entre otros, Ecologistas en Acción tiene interpuesto un recurso contencioso administrativo en el TSJA, con sede en Granada, los hechos han sido denunciados en la Fiscalía y la Comisión Europea tiene abierto un expediente al Estado Español.
El Ayuntamiento de Níjar tiene perfecto conocimiento de la ilegalidad del proyecto por lo que es de aplicación el artículo 78 de la Ley 7 /85 de Régimen Local. De acuerdo con esta Ley, son los concejales que han votado a favor del proyecto los que deben indemnizar al promotor una vez se anule el proyecto o se proceda a demoler lo construido.
El arquitecto del proyecto y copropietario de los terrenos fue quien elaboró la planimetría de las Normas Subsidiarias municipales y lógicamente incluyo como urbanizable su finca. Este mismo arquitecto estuvo relacionado con Luis Roldán cuando era Director General de la Guardia Civil y aparece como socio de su testaferro, Jorge Esparza, en la mercantil RAMANSIPA.
Este polémico proyecto ilegal se ha tramitado urgentemente, en vísperas electorales, ante el riesgo de que cambie el equipo de gobierno municipal. La Junta de Gobierno se celebró el día 12 de abril y sólo ha tardado siete días en ser publicado el edicto en el B.O.P.. Además, como sucede habitualmente con los asuntos polémicos, el edicto no lo firma el Alcalde de Níjar sino el “Alcalde Accidental”, D. Manuel Rodríguez Montoya.
Hechos similares se produjeron en anteriores elecciones, baste recordar la compra con dinero público por parte del Ayuntamiento de Níjar del hoy demolido Edifico de Genoveses, convertido en mirador. El acuerdo de compra se aprobó también en vísperas electorales ante la incertidumbre de su resultado y para evitar que los concejales que votaron a favor de la licencia ilegal tuvieran que desembolsar de su bolsillo la indemnización a los propietarios que habían construido el edificio con permiso municipal.
*Ecologistas en Acción.- Almería - 23 de abril
Foto: Aguamarga /parquenatural.com
Piden juzgados especializados en corrupción urbanística para la Costa del Sol
EFE. Málaga* : "El presidente de la Audiencia Provincial de Málaga, Francisco Javier Arroyo Fiestas, pidió la creación de juzgados especializados en la lucha contra la corrupción urbanística en la Costa del Sol y los delitos económicos, como el blanqueo de capitales. Arroyo Fiestas, que presentó la memoria sobre la actividad judicial de la Audiencia en 2006, apostó por órganos independientes en esta materia, al igual que en la Fiscalía existen departamentos para delitos contra la ordenación del territorio o el medio ambiente.
En este sentido, señaló que los "macrojuicios" por los casos "Malaya", "Ballena Blanca" e "Hidalgo" destapados en Marbella tendrán que celebrarse en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga en lugar de la Ciudad de la Justicia, por el elevado número de imputados y su duración.
Añadió que en este tipo de juicios, que pueden prolongarse más de un año, se deberían constituir secciones bis, de forma que tres magistrados se ocuparían del caso y otros tres del resto de procedimientos penales pendientes.
Sobre la actividad judicial en Marbella, manifestó que "en esta ciudad se ha hecho casi todo lo que se tenía que hacer", sin perjuicio de que continúe la investigación o sucedan otros hechos puntuales, y confió en que "se tranquilice la situación" en un plazo breve, porque "cada vez va a ser más difícil darle una respuesta desde los tribunales de justicia" por la sucesión de asuntos.
El magistrado insistió en la formación de los jueces para afrontar los casos de corrupción, a través de cursos -algunos ya se han desarrollado- en materia de inspección de hacienda y auditorías, con el apoyo de agentes internacionales para detectar paraísos fiscales y las unidades policiales dedicadas al crimen organizado.
No hay colapso en la Audiencia Provincial
En cuanto a la actividad de la Audiencia de Málaga en 2006, aseguró que los datos indican que "no hay colapso" ni en la jurisdicción penal, donde la media de resolución de los casos son dos meses, ni en la civil, con un tiempo medio de cuatro meses.
No obstante, reconoció que las cuatro secciones penales soportan una carga de trabajo un treinta por ciento superior a la recomendada por el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), y que se necesitaría una nueva con cuatro magistrados para atender el volumen de asuntos ingresados.
En cuanto a la situación judicial en la provincia, subrayó que serían necesarios urgentemente un juzgado nuevo en Estepona, otro en Vélez-Málaga, en Fuengirola y Coín, municipio donde ha aumentado notablemente la conflictividad judicial.
En Marbella, faltarían uno nuevo de Instrucción, otro de Primera Instancia, además de órganos especializados en violencia doméstica, aseguró.
A este respecto, indicó que el CGPJ prevé para Málaga la creación de juzgados comarcalizados centrados en malos tratos en el ámbito familiar, que funcionarían como los partidos judiciales.
En principio, se espera que entren en funcionamiento dos en Marbella y otro en Fuengirola, aunque se ampliarán en otras comarcas.
Por otro lado, los casos penales de la Audiencia de Málaga que quedaron pendientes de resolver al final de 2006 aumentaron un 45 por ciento, dado que los ingresos crecieron un diecinueve por ciento, mientras que se dictaron un 19 por ciento más de resoluciones que en 2005.
Las ocho secciones contabilizaron el año pasado un total de 9.737 asuntos nuevos, de los que 6.316 fueron penales y 3.412 de jurisdicción civil.
*MalagaHoy - 23/04/2007
Viñeta: Máximo /El País
La Ciudad del Golf de Las Navas del Marqués, en el banquillo de los acusados
MaríaCuenca.- ÁvilaDigital*: "La polémica urbanización de la Ciudad del Golf en Las Navas llega a los tribunales esta semana. Cuatro cargos del PP declararán como imputados y varios técnicos de Medio Ambiente lo harán como testigos. El fiscal, Juan Miguel Gómez Cortés, cree que hay indicios de delito contra el medio ambiente y la ordenación del territorio y de prevaricación.
Según la asociación ecologista Centáurea, la construcción de 1.600 viviendas, cuatro campos de golf y dos hoteles en Las Navas del Marqués se negoció con el promotor de la Ciudad del Golf antes de adjudicarse el proyecto.
La ronda de declaraciones se abrirá este martes en el Juzgado de Instrucción número 2 de Ávila a las 10 horas. Como pidió la asociación Centáurea, comparecerán ante el juez en la prueba testifical Sabas Yagüe Bosch, jefe de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas del Servicio Territorial de Medio Ambiente en la época en que ocurrieron los hechos y en la actualidad jefe de la Unidad de Ordenación y Mejora; Alfredo Martín Ramírez, técnico de Evaluación de Impacto Ambiental del Servicio Territorial de Medio Ambiente.
Para el miércoles a las 10,30 horas, atendiendo la petición del fiscal jefe de la Audiencia Provincial, el juez ha citado a declarar como imputados al alcalde de Las Navas, Gerardo Pérez García, presidente de la Sociedad Montes de Las Navas; el secretario del Ayuntamiento, Carlos de la Vega Bermejo; el ex delegado de la Junta, Félix San Segundo Nieto; y el director general de Medio Natural, Mariano Torre Antón, todos ellos consejeros de la sociedad Montes de Las Navas, constituida para la compra de los terrenos, cuando ocurrieron los hechos.
A José Ignacio Molina, jefe de Especies Protegidas de la Consejería de Medio Ambiente, se le ha llamado a declarar como testigo también el miércoles a las 9,30 horas.
Además de las declaraciones de imputados y testigos, el juez solicitó las actas de la Ponencia Técnica de Urbanismo y de la Comisión Territorial de Urbanismo en Ávila, los expedientes relativos a la modificación puntual número 7 de las Normas Subsidiarias de Las Navas, aprobadas definitivamente por la Comisión el 10 de mayo de 2001, y el expediente relativo a la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Las Navas aprobadas el 30 de abril de 2003.
Pidió también el expediente del Plan Parcial del Sector Ciudad del Golf, aprobado el 31 de marzo de 2004, y la consulta realizada por el Ayuntamiento de Las Navas a la Comisión Provincial de Urbanismo de Ávila con fecha 4 de marzo de 2002 sobre la viabilidad del anteproyecto en terrenos de este municipio.
Centáurea: "La Ciudad del Golf se negoció con el promotor antes de adjudicarse el proyecto"
La construcción de 1.600 viviendas, cuatro campos de golf y dos hoteles en Las Navas del Marqués se negoció con el promotor de la Ciudad del Golf antes de adjudicarse el proyecto, según Centáurea.
Tras analizar los documentos de las distintas fases del proyecto, la asociación ecologista cree que “con carácter previo a la adjudicación a Residencial Aguas Nuevas S.L. del proyecto, se efectuaron negociaciones privadas con el promotor, en las que se llegó a suscribir un preacuerdo de compraventa del que resultaron decisivas sus prescripciones para el pliego del posterior concurso, en el cual evidentemente resultó beneficiaria Residencial Aguas Nuevas”.
En este sentido, manifiestan que “el contrato de compraventa consiguiente añadió una cláusula penal, no contemplada en el concurso, que perjudicaba con más de 3 millones de euros a la sociedad Montes de Las Navas en el caso de que no fuese viable el proyecto”.
La Ciudad del Golf empezó con la creación, en el año 2000, de una sociedad anónima (Montes de las Navas, S.A.) destinada a la compraventa de terrenos con representantes de todas las administraciones (70% el Ayuntamiento de las Navas del Marqués, 20% la Junta de Castilla y León y 10% la Diputación Provincial).
En un comunicado, Centáurea destaca que Montes de Las Navas era “la plataforma desde la que se habría diseñado un sistema de especulación urbanística, al margen del objeto que movió a la Junta de Castilla y León a participar”.
Decisión anterior a las normas urbanísticas
Según explican, los documentos estudiados de las diferentes fases del proyecto “demuestran que la decisión de ejecutar la Ciudad del Golf se tomó con carácter previo a cualquier tipo de adecuación y encaje en las normas ambientales y urbanísticas; es decir, de forma autónoma y en la idea de que tenía que llevarse a término con independencia de cualquier otro condicionante”.
En cuanto a los presuntos responsables, señalan que “llegaron a intervenir hasta en tres órganos decisorios en varios momentos de la tramitación: en la sociedad Montes de Las Navas, en el Ayuntamiento y en la Comisión Provincial de Urbanismo”.
El proyecto, promovido por Residencial Aguas Nuevas, S.L. preveía la construcción de 1.600 viviendas, varios hoteles y cuatro campos de golf en un pinar protegido perteneciente a la Red Natura 2000 y refugio de la cigüeña negra, en peligro de extinción, entre otras especies.
Paralización del proyecto con una sentencia del TSJ
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló en septiembre de 2006 el proyecto, al considerar “no urbanizable de protección natural” el suelo donde pretendía construirse.
A pesar de ello, y tras conocer la sentencia, el promotor de la Ciudad del Golf inició la tala de miles de pinos a principios de octubre pasado; unos trabajos que fueron paralizados por la Fiscalía Especial de Medio Ambiente y Urbanismo, y posteriormente por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ávila, que determinó la adopción de medidas cautelares, después de que nueve organizaciones ecologistas presentaron una denuncia por las presuntas ilegalidades.
Centáurea, WWF/Adena, SEO/BIrdLife, Greenpeace, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción de Castilla y León, Grama, Cantueso y CCOO consideraron entonces que podrían haberse cometido delitos contra la ordenación del territorio, contra la protección de la fauna, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos.
En atención a esta denuncia, el fiscal jefe de la Audiencia pidió al juez que llamara a declarar como imputados al alcalde de Las Navas, Gerardo Pérez; al secretario municipal, Carlos de la Vega; al ex delegado de la Junta, Félix San Segundo; y al director de Medio Natural, Mariano Torre.
Con estos argumentos, Centáurea y el resto de las organizaciones denunciantes han expresado su confianza en que la actuación judicial obligue a depurar responsabilidades.
*aviladigital.com - Martes 24 Abril de 2007
Foto: tala en las Navas del Marques /Centaurea-ae.org
Del declive a la regeneración
SALVADOR VICENTE MARTÍNEZ*.- El País**: "No digo ninguna barbaridad, ni descubro nada nuevo, si digo que el urbanismo valenciano se ha desmadrado en estos últimos dos lustros. Que la presión urbanística ha primado sobre lo público, cediendo el interés general en favor de intereses puramente crematísticos. En este periodo hemos salido de la lentitud agobiante de los procesos de urbanización, conducidos por tranquilos propietarios especuladores al paso de tortuga de las "Juntas de Compensación", al exceso de velocidad, en la puesta en marcha de demasiados proyectos de urbanización sobre un territorio limitado que, inevitablemente, acabarán saturando el mercado, desbordarán la capacidad de respuesta de los servicios y de las infraestructuras públicas, y lo que es peor, que están hiriendo al territorio y al medio ambiente de forma irreparable y quizás innecesaria.
Y, todo ello al servicio de los intereses meramente recaudatorios del municipio -por falta de financiación- y de unos promotores, constructores y agentes urbanizadores puestos de acuerdo a través de unos comisionistas legalizados: expertos en el rescate de las plusvalías urbanísticas recalentadas. Lo lamentable es que este exceso de velocidad en la ocupación del territorio, que conlleva el uso abusivo del Derecho, con la consiguiente destrucción del paisaje tradicional valenciano, o la preferencia o mezcla de los intereses privados sobre los generales, parece que no tiene fin. La mentalidad de acumular grandes masas de dinero: de hacernos rápidamente ricos... por supuesto legalmente, pero a costa de los intereses de todos los ciudadanos y de las generaciones venideras, es más importante que nada en este mundo globalizado en el que habitamos. Así son las cosas y así nos luce el pelo.
La preocupación social que suscita la ocupación masiva de suelos reclasificados y el deterioro del medio ambiente natural sano, evidentemente constituye, en la actualidad -y con razón-, una de las áreas de las ciencias sociales más apasionantes y vivas, pues como sostiene la doctrina legal más solvente no sólo de la misma depende el logro de una vida colectiva digna, al establecer el marco físico que ha de servir de base para el desenvolvimiento de la convivencia ciudadana, sino también en gran medida, la misma conservación de la especie humana, que en su fase actual de relación con el espacio amenaza con destruir la biosfera terrestre, con llegar al planeta vacío. El cambio climático que hoy padecemos no es más que la consecuencia lógica de nuestros propios actos, acelerando el proceso. A este ritmo, el mundo será una ruina y la Comunidad Valenciana un "socarral" en menos de 20 años.
Sin duda, no hay fórmulas "mágicas" para resolver el complejo mundo que nos hemos montado en torno al Urbanismo, desde su concepción como Obra Pública por excelencia que defendió Ildefonso Cerdá y que estuvo vigente entre nosotros hasta 1956. La racionalidad, la cultura, el sentido común, y sobre todo la generosidad con el paisaje, los espacios públicos abiertos, el oxígeno, el sol, el agua... la vida. Deben primar a la hora de concebir el diseño de nuestros pueblos y ciudades, en el momento de elegir nuestra forma de vivir.
Por ello, pienso que estamos a tiempo de hacer una reflexión a fondo del sistema, sobre su situación actual, el origen de los problemas, sus implicaciones políticas y regenerar el Urbanismo valenciano en una sociedad democrática avanzada de Derecho, para que de una vez por todas -por seguridad jurídica- se dé el adecuado tratamiento legal al fenómeno urbanístico y medioambiental en el que estamos involucrados a nivel europeo. Que satisfaga plenamente los principios constitucionales vigentes sobre el uso racional del suelo como recurso natural, el derecho a disfrutar de una vivienda digna y la puesta en servicio de medidas que impidan, de manera efectiva, la opacidad en el mercado del suelo y, por ende, eviten la especulación de este recurso natural limitado: que es la única "especulación" taxativamente prohibida por la Constitución.
No en vano, el sabio Dr. Villamarín -hoy ya jubilado- ex vicepresidente de la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón, me dijo un día que "el Urbanismo era un dogma de fe". Y como siempre, voy a acabar dándole la razón.
En fin, no es necesario un hombre del tiempo para saber en qué dirección sopla el viento.
*Salvador Vicente Martínez Ferrer es titulado en Estudios Avanzados de Derecho Público y técnico Superior de la Generalitat.
**ELPAIS.com - 12/04/2007
Una docena de pueblos de Granada llega a las elecciones con líos de urbanismo
ÁngelesHUERTAS.- 20minutos*: "Hoteles en zonas protegidas, viviendas sin permisos, supuestos pagos de promotores a concejales... Las elecciones municipales llegan a Granada en plena batalla urbanística con casi todos los partidos políticos salpicados de denuncias. Y es que el ladrillo, además de dar dinero, sirve de arma arrojadiza en la campaña electoral y hace trabajar a la Fiscalía. Los ayuntamientos de Almuñécar, Ogíjares, Armilla, Alhendín, Monachil, Íllora, Atarfe, Freila, Beas de Granada, Otura, Castell de Ferro y Peligros están siendo investigados o han sido condenados en las últimas semanas por diversos motivos urbanísticos.
El centro comercial Nevada de Armilla fue de los primeros casos que salieron a la luz y que ha hecho que su alcalde no se presente a la reelección. Ogíjares es otra de las localidades en el punto de mira por las supuestas irregularidades en la construcción de un pabellón y una piscina municipal, que hicieron dimitir al concejal de Urbanismo José Luis del Ojo. En Alhendín las obras de un polígono también han terminado con la carrera política de varios de los miembros de este Ayuntamiento, y en Almuñécar, su PGOU es uno de los más conflictivos.
Presuntas irregularidades
La Fiscalía investiga la venta de cuatro solares municipales a la secretaría del alcalde de Íllora; Atarfe ha llegado ante el fiscal por la adjudicación de un parque y la construcción de apartamentos en suelo de equipamientos, y el alcalde de Gualchos (Castell de Ferro) ha sido condenado a un año de cárcel por dar licencia de obras con la normativa en contra. El Consistorio de Beas de Granada también está en el juzgado por la presunta concesión ilegal de una licencia a la madre de una concejala.
*20minutos. 23.04.2007
Foto: "¡Salvemos la vega granadina!" / Indymedia.org
El derecho al paisaje en condiciones de igualdad
JORGE BENAVIDES SOLÍS*.- El País**: "El título de éste artículo ha sido transcripto del nuevo Estatuto de Andalucía. El paisaje ha existido siempre; sin embargo, recién durante la primera revolución industrial se le descubrió gracias al interés estético de los pintores, primero los románticos, luego ya inmersos en la vorágine urbana, los de las vanguardias. Los intelectuales del siglo XX comenzaron a preocuparse sobre el tema y finalmente, en la sociedad de las TIC se lo ha llevado al ámbito operativo y al de la especulación teórica. "Cualquier parte del territorio percibido es paisaje", dice la Convención Europea del año 2000, de lo cual podemos deducir que todos somos actores (lo modificamos) y espectadores (lo disfrutamos o lo sufrimos) pero ninguna persona con nombre y apellido es responsable de su depredación, de su destrucción o de su deterioro. Lo somos todos.
En Andalucía, cinco Consejerías comparten competencias sobre el paisaje pero ninguna de ellas tiene la responsabilidad plena, por lo cual, se ha creado el Centro de Estudios Paisaje y Territorio y, el pasado mes se presentó en un Encuentro multidisciplinar en el que participaron varios directores generales de la administración autonómica y el director general del Paisaje de Cataluña. Es la manera andaluza de dar continuidad a los convenios y convenciones internacionales que ojala tenga éxito en sus propósitos. Ha empezado con una interesante exposición que podemos disfrutar en el Convento de Santa Inés, hecha bajo la responsabilidad intelectual del pintor Lacomba.
El paisaje es el resultado de la relación de la sociedad con su entorno. Como tal, es un producto cultural frágil, un resultado dinámico en permanente cambio vinculado antes que al orden, se quiera o no, a la naturaleza y a la estética. Precisamente por ello quizá sea más adecuado identificarlo como un proceso abierto, inacabado, en el que intervienen factores cuantitativos previsibles (por ejemplo, las formas de ocupación del territorio) y otros imprevisibles (los factores climáticos, humanos, financieros y hasta políticos). En él, todos estamos implicados.
Pero, ¿el arquitecto es consciente, tanto como el ingeniero de Caminos, de que, en el fondo, diseña paisaje? ¿Existe una metodología adecuada para ello? El campesino de toda la vida, tanto como el dueño de una empresa agroindustrial, ¿sabe que está modificando el paisaje constantemente? ¿Existen normas para hacerlo de manera adecuada? ¿Conocen las empresas de telefonía y de electricidad que sus torres afectan negativamente al paisaje? ¿Incumplen alguna normativa? ¿Con qué criterio están cubriendo miles de hectáreas de suelo las empresas de energía solar? ¿Bajo qué consideraciones levantan las enormes aspas los técnicos de las empresas de energía eólica? Y a todo esto, ¿qué dice la Dirección General de Energía? ¿A qué normativa puede acudir la Consejería de Cultura, de Medio Ambiente, de Agricultura o de Obras Públicas para impedir que las palas mecánicas destruyan, como lo están haciendo en este momento, uno de los más bellos paisajes que podemos (¿podíamos?) disfrutar desde los Jardines de Forestier en Castilleja de Guzmán, declarados Bien de Interés Cultural? ¿Es posible impedir que las canteras continúen desgarrando sin misericordia las montañas; que las empresas inmobiliarias sigan suplantando impunemente la topografía natural con relieves de ladrillo y cemento o que corten sin importarles nada las montañas como si fueran queso?
El paisaje es un tema interesantísimo; incluso lo ha sido hasta para los filósofos, no se diga para un artista o un intelectual con un mínimo de sensibilidad; pero, como problema, ante todo, exige acción, iniciativas que partan de la realidad concreta antes que académica, que sean más proclives a controlar la calidad de la práctica profesional, a estimularla y ayudarla.
Cataluña tiene una Ley. Según el director del Paisaje, los resultados son positivos. Seguramente es así porque incluso respondió satisfactoriamente sobre asuntos de plena y espinosa actualidad. Los países de nuestro entorno europeo desde hace más de cuarenta años tienen una normativa específica del paisaje. Han postergado las grandes definiciones, las elucubraciones teóricas, las campañas de sensibilización y, con interés pedagógico, lo primero que han hecho es: identificar los componentes del paisaje, adoptar una clasificación operativa, hacer un inventario de paisajes y visualizar los ámbitos de actuación prioritaria. En nuestro caso podrían ser: franjas de borde urbano, franja litoral, construcción de grandes infraestructuras, superficies para placas solares y torres eólicas, urbanizaciones masivas, implantación de edificaciones singulares, recuperación de cañadas, veredas y caminos rurales. Los europeos, sobre todo, han establecido la coordinación obligatoria de las administraciones para evitar la acumulación indiscriminada de basura estética sobre el territorio. Desde 1966, Suiza se ha convertido en un referente cuya experiencia debe tomarse en cuenta.
Sin una normativa específica, ¿hasta donde podrá llegar el nuevo Centro Andaluz del Paisaje? ¿El voluntarismo de las consejerías sobre este tema será suficiente? ¿Qué dirán los políticos en su inminente campaña electoral sobre el "derecho al paisaje en condiciones de igualdad"?
*Jorge Benavides Solís es profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla.
**ELPAIS.com - 23/04/2007
Calp desoye al TSJ y modifica el proyecto de un polígono industrial
NeusGÓMEZ.- El País* : "El Ayuntamiento de Calp, gobernado por Javier Morató, del PP, ha sacado a exposición pública un nuevo proyecto de urbanización del polígono industrial Pou Roig, paralizado desde hace 10 años. Y lo ha hecho desoyendo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del año 2002 contra el Consistorio en la que el alto tribunal indica que el proyecto que debe ejecutarse es otro distinto del que ahora se presenta. El promotor del polígono es el mismo empresario, amigo del alcalde, que promueve un hotel a seis metros del mar, ilegal según el Ministerio de Medio Ambiente.
El nuevo proyecto, que no ha pasado el trámite de concurso público, "corrige sin aportar ninguna justificación el trazado inicial al que obligó la sentencia del TSJ", según indican técnicos del Ayuntamiento de Calp. En concreto, han señalado que "hay viales desplazados del original, así como diversas consideraciones que no se contemplaban en el anterior y que han sido dictadas desde la concejalía de Urbanismo".
Estos viales podrían estar modificados por la homologación del Plan General de 1998, por lo que sería necesario cambiar el Plan General de Ordenación Urbana, y requeriría ser aprobado por la Comisión Territorial de Urbanismo, pasos que los técnicos del Ayuntamiento reconocen que no se ha efectuado.
Los técnicos, que esperan poder revisar minuciosamente el proyecto una vez pase el trámite de exposición pública para poder presentar alegaciones en su informe, temen que "exista una barrera visual que rodee el polígono y que impida ver el Peñón de Ifach", una de las causas por las que el TSJ desestimó la propuesta del alcalde en 2002.
La empresa encargada de promover el polígono industrial es Ifach Mar SL y Cala Ifach, ambas propiedad de Manuel Ferrando, amigo del alcalde y responsable también de las obras del polémico hotel de La Fossa que se está construyendo a seis metros del mar con ciertas irregularidades en el expediente, ya que tiene caducada la autorización de la Consejería de Infraestructuras y Transportes, y cuenta con el informe desfavorable del Ministerio de Medio Ambiente. Además está en clara contradicción con las propias normas urbanísticas del Plan General municipal, que impiden la concesión de una licencia de obra para hotel sin haber obtenido previamente la licencia de actividad.
El alcalde de Calp, Javier Morató, aprobó el pasado diciembre la licencia de obras a Ferrando para que iniciara la construcción de este polémico hotel, pese a que la autorización de la Dirección General de Puertos y Costas había caducado siete meses antes, en el mes de mayo, y contando con el informe preceptivo y de carácter vinculante, del Ministerio de Medio Ambiente alertando de que se estaba utilizando el dominio público marítimo terrestre y desaconsejando, por ello, las obras.
La polémica del polígono arranca hace diez años con la adjudicación del proyecto a una empresa escogida por el alcalde, recién constituida y que sólo disponía de 3.000 euros de capital social. Tras conocerse esta noticia, los propietarios del suelo en el que iba a ubicarse el polígono recurrieron en el juzgado la decisión municipal amparándose en la extinta LRAU, ley que regulaba el uso del suelo. Los propietarios presentaron un nuevo proyecto que, finalmente, el TSJ validó. Los propietarios denunciaban que el alcalde "había adjudicado a una empresa fantasma el proyecto sin acreditar solvencia técnica ni financiera".
Fue en ese momento cuando inesperadamente, Manuel Ferrando resolvió la situación al comprar los derechos de adjudicación de las obras a la empresa apoyada por el alcalde, y pagó a los propietarios que interpusieron la demanda contra el Ayuntamiento por quedarse con el proyecto del polígono y con la mitad del suelo en el que está previsto que se ubique esta instalación industrial. Sin embargo, no ejecutaron las obras hasta ahora, cuando el alcalde y Ferrando vuelven a retomar el impulso del polígono sin respetar la sentencia dictada por el TSJ de mantener el proyecto presentado por los viejos propietarios del suelo.
El PSPV de Calp lleva años denunciando "las maniobras dilatorias y de distracción del alcalde para no ejecutar el polígono industrial". La oposición exige al equipo de gobierno que "exima del pago de los gastos generados por los diversos procesos judiciales" a los propietarios del restante 50% de suelo industrial, que han tenido que recurrir a los tribunales "por una decisión errónea del alcalde a la hora de adjudicar las obras".
Este periódico intentó sin éxito ampliar la información en el Ayuntamiento de Calp.
*ELPAIS.com - Calp - 23/04/2007
Foto: Calpe/gospain
Moratoria tramposa
VicenteTORRES*.- Levante-EMV**: "En los últimos meses, la Conselleria de Territorio parece haber congelado la aprobación de nuevos proyectos urbanísticos en el País Valenciano. Una especie de moratoria de facto que seguramente tiene mucho que ver con la creciente alarma social despertada por la masiva presentación de tales proyectos, y que podía pasar factura electoral. Hay evidencias, sin embargo, de que esta congelación no es sino temporal, que las instrucciones dadas por ciertos alcaldes a los arquitectos es seguir trabajando en los proyectos, que «después de las elecciones todo se aprobará». Una moratoria tramposa, por tanto, que pretendería disminuir el desgaste del Consell y desmovilizar a la opinión pública. Algunos proyectos, sin embargo, no pueden esperar y se asume el riesgo político de aprobarlos a última hora, como los de Manises, Catarroja, o el brutal proyecto de destrucción de la huerta de Vera, en Alboraia, blindado con una disparatada cláusula de penalización.
Mientras tanto, sin duda para imponer este y otros hechos consumados, el Plan Territorial de l´Horta, que mantenía la especial protección de dicha zona, y cuya rápida aprobación había sido comprometida por la Generalitat, está retenido en algún cajón de la conselleria. En esto queda el cambio prometido por el nuevo conseller de Territori, cuando relevó a Blasco, y su famoso «urbanismo sandía», verde por fuera y rojo por dentro: cuando se trata de «sacar tajada», la corteza se descarta, y los amigos disfrutan del jugoso interior color ladrillo.
La aplicación en la última década de la LRAU ha dado cobertura a un proceso urbanizador sin precedentes (un ritmo más del doble de la media española), que ha convertido la construcción en el principal sector económico de esta Comunitat, a costa de agudizar la crisis de la agricultura y de la industria tradicional. Esta ley y sus efectos fueron criticados por la vulneración de los derechos de propietarios, forzados a ceder sus terrenos o afrontar desproporcionados costes de urbanización. Su queja ante el Parlamento Europeo, así como las evidencias de vulneración de los principios de transparencia y competencia, ha motivado repetidas visitas de la Comisión de Peticiones, que ha expresado duras críticas a la gestión del urbanismo valenciano.
La nueva ley, la LUV, pretendía establecer mayores garantías en ambos aspectos. No ha resuelto, sin embargo, los problemas mencionados, pero ha reforzado a las grandes promotoras, al restringir las condiciones para proponer PAI (posiblemente la razón de las prisas en presentar proyectos por parte de pequeños promotores, vísperas de la entrada en vigencia de la LUV).
En todo caso, la ley dejaba intactos los otros problemas que trajo la LRAU, como la liquidación de una ordenación del territorio racional, dirigida de manera democrática y transparente desde las instituciones políticas, para el interés común.
Desde el momento en que la recalificación de terrenos es discrecional (todo el suelo puede ser urbanizable, siembre que lo apruebe un ayuntamiento y dé el visto bueno la Generalitat), el principal negocio no es la construcción sino el pelotazo: la compra de terrenos no urbanizables, si se tiene la seguridad de que van a poder recalificarse. La corrupción no puede ser sino un efecto colateral de esta forma tan opaca de actuar. Y las consecuencias globales son brutales: en la actualidad, según evidencia un estudio que hemos realizado para Compromís pel Territori, los PAI en tramitación en 150 municipios valencianos suman proyectos que pretenden recalificar unos 400 millones de metros cuadrados, para construir unas 750.000 viviendas y 95 campos de golf, lo cual podría suponer un incremento de población de dos millones y medio de habitantes, el 40% de la población valenciana actual.
Al destrozo irreversible del territorio y del paisaje (los principales atractivos turísticos del pasado: ¿quien vendrá aquí en el futuro a contemplar el mar de hormigón?) se suma el previsible colapso de infraestructuras y servicios ya saturados: carreteras, sanidad, educación, sin contar con la penuria de recursos tan limitados como el agua... costes indirectos de la urbanización que los promotores no asumen, y que habremos de pagar entre todos.
Más de 150 colectivos ciudadanos, así como asociaciones ecologistas y culturales coordinados en Compromís pel Territori, se oponen a la multitud de planes urbanísticos, así como a proyectos diversos (incineradoras, centrales, parques eólicos...) que consideran perjudiciales para el medio ambiente, la integridad territorial, el futuro de la economía valenciana, y la calidad de vida de los ciudadanos.
Han realizado manifestaciones reclamando cambios en las prioridades sociales y en las políticas públicas (como la manifestación simultánea de ayer, 21 de abril, en las tres capitales valencianas), además de presentar al debate social el documento titulado: Bases para una nueva política territorial. Dicho documento incluye la propuesta de una moratoria urbanística, bien diferente de esta moratoria trampa del conseller González Pons. Se pide en ella la paralización cautelar de los proyectos que desbordan el planeamiento vigente, que no cuentan con recursos naturales (agua) e infraestructuras adecuadas, que multiplican exageradamente la población, o afectan a espacios naturales o valiosos. Se trata de parar un poco para pensar y ordenar: garantía de futuro también para un sector, como la construcción, que ha de llegar tarde o temprano a un techo, y que más vale redimensionar a tiempo, para prevenir el estallido de la burbuja urbanística y la crisis brutal de un sector sobredimensionado, convertido en un verdadero monocultivo valenciano, y que dejaría tras de sí un desierto económico y una crisis sin alternativas. Los partidos políticos, ganen o pierdan las próximas elecciones, tendrían que tomar buena nota de estas peticiones.
[www.terracritica.org]
*Doctor en economía.
**Levante-EMV - 22 de abril de 2007
