El alcalde riosellano imputado por prevaricación urbanística

I.García/A.Moriyón.- ElComercio* : "El alcalde de Ribadesella, José Miranda, ha sido imputado por prevaricación urbanística por las licencias que concedió a su esposa, Irene Vidal, para rehabilitar una cabaña y un llagar, ubicados en Sardéu, en la Reserva Natural Parcial de Covarosa. La polémica resurge de nuevo cuando apenas falta un mes para la celebración de las elecciones municipales y regionales. Al margen de que el Tribunal Superior de Justicia fallase a favor del regidor sobre este caso en julio del pasado año, por la causa iniciada a instancias del Principado, ahora es el juzgado de instrucción de Cangas de Onís el que admite a trámite la querella presentada por un particular sobre el mismo asunto.

La sala observa indicios de presuntos delitos «contra la ordenación del territorio y de prevaricación urbanística». Por ello, dispone que se continúe con la tramitación de las diligencias previas mediante un procedimiento abreviado y pide que su decisión se traslade al Ministerio Fiscal y a la acusación particular para que éstos formulen un escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o bien el sobreseimiento de la causa, en el plazo de diez días desde la publicación del auto, el pasado 13 de abril.

No obstante, contra la resolución judicial cabe la interposición de recurso o apelación. De hecho, Miranda, quien no quiso entrar a valorar el auto, sólo señaló su discrepancia con el contenido y aseguró que ya ha recurrido.

El auto expone que «indiciariamente» Miranda y su esposa, en calidad de promotores, como propietarios de la finca El Corberu, en Sardéu, realizaron obras en las dos construcciones existentes en ella y que, según informa la sala, se encontraban en «ruina», destinadas a levantar «una nueva construcción y a hacer trabajos mayores incompatibles con la calificación del suelo como Reserva Natural Parcial y, por tanto, no urbanizable de especial protección». En ese momento, Miranda ya era alcalde por lo que el juzgado cangués considera que «con la cooperación de su esposa, idearon el llevar a cabo dichas obras a sabiendas de su ilegalidad».

Los hechos

La instancia judicial plantea que la situación se produjo de este modo: Irene Vidal solicitó la licencia para la realización de obras menores consistentes en la reparación del tejado y los muros en la instalación auxiliar (llagar), con un presupuesto para ello de 2.450 euros. Dado que entraba entre sus competencias el alcalde «sin abstenerse de intervenir» otorgó esa licencia y, entiende el juzgado, «resolvió concederla consciente de que realmente no se realizarían tales obras menores, sino una nueva construcción, que requería un proyecto técnico, produciéndose además un cambio de uso, que tuvo un coste aproximado de 50.000 euros».

La viceconsejera de Medio Ambiente, Belén Fernández, recordó ayer que el Principado fue «el primero en advertir de la gravedad de estas edificaciones» y celebró que «finalmente» se haya aprobado un auto que «imputa al alcalde por delito de prevalicación». Fernández considera que el recurso anunciado por Miranda responde a «un intento de neutralizar decisiones judiciales contrarias a sus intereses personales», y dijo que se trata del «ejemplo paradigmático de falta de ética política». «Es sumamente aconsejable que los autores de estos hechos no se instalen en las instituciones públicas», espetó. La viceconsejera no quiso entrar a comparar este caso con la reciente anulación del plan urbanístico de Llanes.



*elcomerciodigital.com - 24 de abril de 2007
Foto: Las construcciones del alcalde riosellano y su mujer edificadas en Sardéu que suscitaron querellas contra el regidor. / D. E./ elcomerciodigital.com