AzucenaGarcía* : "La compra una vivienda en propiedad supone desde hace siete años aproximadamente un gran esfuerzo para todos. Pero el caso de los jóvenes, según datos del Observatorio Joven de Vivienda en España (OBJOVI), la compra de un piso precisa del 64,3% de los recursos. Esta cifra supera el umbral máximo de endeudamiento aceptado por las entidades financieras para tramitar una hipoteca, que ronda el 30%, y obliga a buscar viviendas de menor tamaño, esperar a conseguir una vivienda de protección oficial, heredarla de un familiar o lanzarse al mercado de alquiler, una opción que tampoco resulta barata.
La Administración Pública dispone de ayudas para impulsar el acceso de los jóvenes a una vivienda, pero los interminables contratos indefinidos, los sueldos bajos y el encarecimiento del suelo impiden que muchos de ellos se planeen esta opción.
'Sobrecualificación' y sueldos bajos
Los jóvenes de 30 años constituyen la generación mejor preparada. La mayoría tiene un título universitario, ha realizado un master o curso de postgrado y habla al menos dos idiomas. Sin embargo, la trayectoria académica no parece suficiente para conseguir un empleo acorde con el nivel de estudios. Según recoge el informe 'Eurydice, cifras claves de la educación en Europa 2005', elaborado por la Comisión Europea, los universitarios registran un menor índice de paro y de contratos temporales, pero sólo el 40% tiene un trabajo que se corresponde con su formación. Para José Luis Arroyo, vicepresidente del Consejo de la Juventud de España (CJE), el mercado de trabajo de los jóvenes "no se configura con actividades que tienen un valor añadido, sino con actividades de servicios, construcción, comercio y hostelería, bastante temporales y precarias", por lo que considera "fundamental" que se invierta en I+D+i y "se fomente un mercado más productivo, que sea capaz de crear empleo industrial y empleo con un carácter estable".
A su juicio, la principal consecuencia de esta inestabilidad y precariedad en el empleo se traduce en la dificultad de acceso a la vivienda, aunque reconoce que este problema "es claramente una cuestión del mercado libre". "Los jóvenes destinan el 64,3% de sus recursos para el acceso a la vivienda libre, con lo cual, el endeudamiento es muy elevado y las entidades financieras no llegan a conceder una hipoteca", explica. Según datos del Observatorio Joven de Vivienda en España (OBJOVI), correspondientes al segundo trimestre de 2006, el umbral máximo de endeudamiento aceptado por la mayoría de las entidades financieras para tramitar una hipoteca es del 30% de la renta, lo que obliga a los jóvenes que quieren comprar un piso a pedir ayuda económica a los familiares o buscar "fórmulas hipotecarias más arriesgadas", como el alargamiento de los plazos del préstamo o la financiación de la totalidad del precio del inmueble. Otros, directamente, abandonan la idea de adquirir una vivienda en propiedad. "También existen otras fórmulas como el alquiler con derecho a compra, pero esta opción en nuestro país se ha concebido como una inversión, sin entender que la vivienda es una necesidad. Se ha perdido el espíritu constitucional que tiene la vivienda", señala Arroyo.
Mileuristas
La situación se agrava con el repunte del tipo de interés, que hasta 2005 registró una caída constante, pero en 2006 experimentó la tendencia contraria, con una subida progresiva e imparable. Es en este contexto donde surge la generación de los mileuristas -jóvenes cuyos sueldos apenas alcanzan los mil euros- y comienzan las dificultades para ahorrar y llegar a fin de mes. Para Antonio López, profesor titular de Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), "el término 'mileurista' se ha generalizado como un concepto que define adecuadamente a un tipo de persona joven, que se encuentra a los 30 años con un salario relativamente estable, pero que no le permite desarrollar un tipo de vida de consumo como el ciudadano demanda o como el que tenia cuando vivía con sus padres". Así, advierte sobre la necesidad de diferenciar entre el mileurista y el trabajador de bajo salario, "aquél que gana en torno a 550 ó 600 euros mensuales", ya que, explica, "el mileurista tiene graves dificultades para desarrollar un estilo de vida tal y como se supone que debe ser en una sociedad de consumo como la nuestra, pero no se encuentra con las dificultades de aquellos otros trabajadores que realmente ven peligrar su subsistencia pese a tener un trabajo remunerado".
López insiste en que el problema no es tanto ser mileurista, como la rotación permanentemente en puestos con este tipo de sueldos. En este sentido, lamenta la existencia de una especie de "generación perdida", la que nació entre 1965 y 1970, "que pese a estar preparada ha pasado por varios puestos de baja cualificación por los que no les pagan más que mil euros". "Ahí es donde está el mayor problema a largo plazo, en el trabajo que no supera nunca ese ingreso y el joven que ve que su horizonte profesional no sale de ahí, ya que también puede darse el caso de jóvenes que ganan mil euros, pero cuya trayectoria profesional les permite aspirar a ganar más y lo que hacen es ralentizar su independencia". Asegura que la calidad de vida es más "un concepto relativo que objetivo" y subraya que hoy en día casi cualquier sueldo parece poco "porque los pisos son muy caros y el estilo de vida y de consumo implica mucho más gasto". "Los jóvenes están acostumbrados a un nivel de consumo alto y se encuentran con una dificultad muy grande para reproducir ese rol, pero no son pobres. Se supone que una persona es pobre cuando gana un dólar diario. Ya quisieran muchos ganar mil euros", exclama.
Salarios acordes a la preparación de cada uno
Respecto a la ocupación de los jóvenes en puestos para los que están 'sobrecualificados', la mayoría coincide en que éste puede ser un factor de desmotivación, "una sensación de que estudiar no sirve para nada", matiza López, pero reconocen que en esta percepción influye el hecho de que los jóvenes no siempre reciben el salario "con la mentalidad de esfuerzo, sino como algo natural". "Mientras que para algunos supone un gran esfuerzo tener un titulo universitario o hablar dos idiomas, para otros es algo natural. Una circunstancia que no le resta drama al hecho de que una parte muy importante de la juventud tiene grandes dificultades para acceder al mercado de trabajo, pero que se tiene que ver, en realidad, como una dificultad para desarrollar aquellas expectativas ligadas a su vida profesional, como son la independencia o la adquisición de una vivienda, no como una distorsión del propio esfuerzo", remarca el profesor, quien recuerda que de media los licenciados ganas tres veces más que los no licenciados. "Es decir, la formación universitaria es un valor añadido, aunque haya una enorme población de gente joven a la que su título universitario no le asegura un bienestar adecuado", apunta.
Emanciparse a los 30 años
En la actualidad sólo el 43,5% de la población joven está emancipada, una media que oscila entre el 57,8% de jóvenes entre 30 y 34 años emancipados y el 16,14% de los que tienen entre 18 y 24 años. Por sexo, son las mujeres las que registran un mayor índice de emancipación (49%) con respecto a los hombres (39%), mientras que destaca el fuerte aumento de la tasa de emancipación de la población inmigrante (70%). En cuanto a las características de la vivienda a la que este grupo concreto puede aspirar, el Observatorio Joven de Vivienda en España señala la necesidad de buscar viviendas de menor tamaño, a las que se supone también un menor coste, cuya superficie máxima es 46,7 metros cuadrados. "El problema es que a menudo estas viviendas o no existen en el mercado o no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad, sin tener en cuenta que muchas veces suelen constituir un alojamiento provisional", subraya el informe del OBJOVI. "Todas estas circunstancias -manifiesta Arroyo- favorecen que la emancipación sea muy tardía y que, quien consiga emanciparse, lo haga de una forma precaria, muchas veces en condiciones de infravivienda".
Por su parte, a las dificultades de emancipación, Antonio López añade una variable que él mismo denomina "fragilización de las relaciones personales" y que hace referencia a que el producto que demanda el joven titulado español tiene unas características particulares: su deseo de vivir solo.
Esto eleva el coste de la emancipación, pero entra en juego una cuestión de autoestima cultural, que es la propiedad de la vivienda como un factor de identidad, de demostración ante los demás, de garantía de independencia y seguridad económica", señala. Adquirir un inmueble se ha convertido en una prioridad para muchas personas, que ha contribuido a incrementar el precio de los pisos, junto a la llegada de ciudadanos extranjeros a la costa o a las grandes ciudades, donde cuentan con empleos muy bien remunerados y demandan vivienda de lujo. "Aunque bajara la vivienda, independizarse es caro. Nos enseñan o queremos ser independientes, pero es mucho mas barato compartir piso", advierte López.
En todo caso, quien consigue independizarse y estirar el sueldo para pagar un piso, un coche y afrontar los gastos de la vida diaria puede considerarse afortunado. Formar una familia es un objetivo que se retrasa y que, cuando se materializa, obliga a menudo a buscar un segundo empleo o recurrir a la ayuda de la familia. Esta situación se repite en la mayoría de los países, aunque en algunos, como Francia, el Gobierno ha aprobado un proyecto de ley para garantizar a los ciudadanos el acceso a una vivienda. En una primera fase, que entrará en vigor a finales de 2008, la medida se aplicará a las personas en situaciones de extrema dificultad, como los 'sin techo' y las familias, generalmente monoparentales, con hijos menores y bajos recursos. La segunda fase, a partir de enero de 2012, se extenderá a las personas o familias que viven en lugares insalubres o indignos.
Alternativas a la propiedad
La principal alternativa a la vivienda en propiedad es la vivienda en alquiler, aunque en la actualidad tampoco constituye una opción mucho más barata. El Instituto Nacional de Estadística (INE) afirma que en 2006 los alquileres se encarecieron un 4,4%, lo que es lo mismo: 1,8 puntos más que el Índice de Precios al Consumo (IPC). El vicepresidente del Consejo de la Juventud defiende la necesidad de que exista un mercado público de alquiler, "dirigido a cubrir el problema de emancipación que tiene la juventud, como único instrumento capaz de paliar la situación de dificultad de acceso a la vivienda y cubrir a medio y largo plazo las necesidades del conjunto de la sociedad española". Quienes no tienen la suerte de heredar una vivienda familiar, deben buscar alternativas. "De todas formas -señala Antonio López-, quizá habría que fijarse más en la mentalidad del norte de Europa, donde cada vez se compran más viviendas, pero donde también los jóvenes viajan más, rotan en el mercado de trabajo, aprenden varios idiomas... Los españoles no tienen tanta tendencia a la movilidad, excepto en el caso de la población más joven".
La cultura española apunta más a la permanencia en el lugar de origen que a la movilidad. No obstante, López recalca la importancia de no quedarse con la idea de que "los jóvenes no quieren salir de casa de sus padres" y reconoce que, cuando se toma esta decisión, "debe ser por una apuesta laboral muy importante, con un buen puesto y un buen salario, porque vivir fuera es caro". Las redes sociales familiares en España son un complemento básico a nuestro estado de bienestar. "Para cualquier pareja con hijos, uno de sus principales problemas al vivir en otra ciudad es cómo hacerse cargo de éstos y seguir trabajando, mientras que en su lugar de origen suelen contar con la ayuda de los abuelos. Es un problema de dinero, el mercado de trabajo tiene que pagar más, no puede esperar que por 500 euros una persona joven o una familia abandone su ciudad y se traslade a trabajar a otro lugar", concluye.
Otras alternativas al problema de acceso a una vivienda pasan por el programa de emancipación puesto en marcha por el Instituto de la Juventud, que cuenta con Oficinas de Emancipación Joven distribuidas por la geografía española y una Bolsa de vivienda en alquiler, compuesta por pisos de particulares a los que se facilita gratuitamente un seguro multirriesgo y una garantía de cobro de rentas. Además, el Plan Estatal de Vivienda 2005-2008 prevé ayudas de hasta 2.880 euros al año a menores de 35 años que deseen alquilar y subvenciones a los propietarios de viviendas libres desocupadas que las ofrezcan por un periodo de cinco años. También cuenta con programas específicos de alquiler de pisos para jóvenes, ayudas a los promotores para la urbanización y adquisición de suelo con destino a vivienda para este colectivo, convenios específicos con administraciones e instituciones públicas para promover viviendas de alquiler joven, ayudas entre 7.000 y 10.000 euros para pagar la entrada de una vivienda protegida, subvenciones de hasta 600 euros anuales para hacer frente a la cuota de la hipoteca y programas que facilitan el cambio de una vivienda protegida más pequeña a otra más grande cuando cambian las circunstancias personales.
Otro tipo de alojamiento para universitarios
Por su parte, para los jóvenes menores de 35 años, la Obra Social de Caixa Catalunya cuenta con el programa 'Vive y Convive'. Se trata de una iniciativa de alojamiento alternativo para jóvenes universitarios, que comparten vivienda con personas mayores que tienen "problemas de soledad y necesidad de compañía". "Es un intercambio solidario entre dos generaciones", explican desde la entidad, que se encarga de detectar "a ancianos dispuestos a acoger estudiantes en su casa durante el curso universitario, a cambio de compañía y de la ayuda personal, por parte del estudiante". Se pueden acoger a este programa tanto las personas mayores de 65 años como los universitarios menores de 30 años y estudiantes de postgrado hasta 35 años que se desplazan a estudiar fuera de sus ciudades. Durante el periodo de convivencia, un psicólogo y un asistente social se encargan de realizar un seguimiento del programa, que concede una ayuda de 90 euros a la persona mayor, para compensar los gastos extra de agua, luz y gas, y una beca de 480 euros por curso académico a los jóvenes, como parte del pago de la matrícula. El pasado curso 2005-2006, se registraron 308 convivencias en las comunidades autónomas donde está implantado el programa: Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Aragón, Extremadura e Islas Baleares.
*Consumer.es, Febrero 2007
http://www.consumer.es/web/es/vivienda/compra/2007/02/12/159798.php
La compra de una vivienda en España: dificultades, ayudas y otras alternativas
Visita de una misión del Parlamento Europeo por el urbanismo
EUROPAPRESS* : "Una misión del Parlamento Europeo visitará del 27 de febrero al 3 de marzo la Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía para investigar denuncias de irregularidades urbanísticas que han llegado a la comisión de Peticiones de la Eurocámara.
(El grupo de eurodiputados vuelve año y medio después de su última visita -ya estuvieron en 2004 y 2005- porque "siguen llegando denuncias" a la UE y además están interesados en comprobar in situ qué ha sido de la resolución aprobada por el Parlamento Europeo hace unos meses, donde además de la condena al modelo urbanístico valenciano, se advertía de que la nueva ley -la LUV- no reconducía el problema).
La delegación estará formada por el propio presidente de la comisión de Peticiones, el polaco Marcin Libicki, del grupo Unión por la Europa de las Naciones, y por el eurodiputado laborista británico, Michael Cashman.
El Partido Popular, que se opuso a esta visita y pidió que se retrasara al menos hasta después de las elecciones municipales y autonómicas, todavía no ha decidido si enviará o no a un representante, según explicó su representante, Carlos Iturgaiz.
Iturgaiz denunció que se está intentando hacer una "sangría" sobre todo contra la Comunidad Valenciana, porque es la tercera vez que la visita una misión del Parlamento por irregularidades urbanísticas. "Es una visita política contra los Gobiernos del PP" que "no tiene precedentes" en ningún otro Estado miembro, dijo el parlamentario popular.
La mesa de la Eurocámara, donde está representado el presidente y los 14 vicepresidentes, dio este lunes su visto bueno al programa provisional de la visita, que se iniciará en Madrid el 27 de febrero con reuniones con el Gobierno central y autonómico.
El miércoles 28 de febrero, los parlamentarios visitarán la zona de Galapagar y luego viajarán a Almería, donde se acercarán a las localidades de Albox y Almazora. El jueves 1 de marzo centrarán sus reuniones en la provincia de Alicante , con visitas a Orihuela, Torrevieja, Rojales, San Miguel de Salinas, Catral, Ibi, Parcent y Benissa.
El viernes 2 de marzo la misión se desplazará a Denia y Jávea y proseguirá hasta Valencia. Si hay tiempo, los eurodiputados se acercarán también a Benicasim y Oropesa.
En todas sus etapas, los parlamentarios se reunirán con los afectados por abusos urbanísticos y con las autoridades. El 3 de marzo los parlamentarios regresarán a Madrid.
lasprovincias.es, 13/02
http://www.lasprovincias.es/valencia/20070213/valenciana/mision-parlamento-europeo-visitara_200702131934.html
Claves para encontrar la Ley del Suelo ideal
B.MUÑOZ/J.GALLEGO/M.BELVER* : "Ante el reto de diseñar una 'ley ideal' que frene las irregularidades inmobiliarias, los expertos consultados plantean, en líneas generales, que se fomenten los controles administrativos, tanto en la esfera local como en la autonómica, mediante comisiones de expertos independientes que velen por la independencia del proceso. Muchos apuestan por potenciar un modelo de desarrollo urbanístico coherente a salvo de intereses económicos.
En cuanto al reto de poner techo al desbocado aumento de los precios de las casas, la mayoría de los especialistas considera que la regulación del mercado del suelo no es ni el único factor ni, según varias opiniones, el más importante. El impulso del alquiler y la promoción de un mayor número de viviendas protegidas son algunas de las medidas propuestas.
¿Es posible elaborar una 'Ley del Suelo ideal'? ¿Se puede acabar con la corrupción inmobiliaria y hacer sensato el precio de las viviendas? A todas estas preguntas han respondido más de una docena de expertos en Derecho y Urbanismo.
Además, muchos de ellos han incluido sus particulares 'recetas' para afrontar con el mejor rostro posible el presente y futuro del sector inmobiliario español.
«Antes de aprobar una 'Ley ideal' 'del Suelo', habría que preguntarse por qué no se ha aplicado ni cumplido la ley vigente. ¿Qué ha fallado en nuestras administraciones públicas? Creo que no es sólo un problema de corrupción -que también, en algunos casos- sino de desidia, de falta de medios personales y materiales y, en ocasiones, de falta de voluntad política», afirma José Manuel Sala Arquer, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Rey Juan Carlos.
CORRUPCIÓN
«Como decía Joaquín Costa, leyes las tenemos por arrobas, lo importante es que se apliquen. Esto quiere decir que para modificar las leyes hay que hacerlo con sentido común», según fuentes del bufete de abogados Uría y Menéndez.
El catedrático en Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá de Henares Miguel Sánchez Morón cree que uno de los capítulos clave que debería recoger la Ley del Suelo sería los mecanismos de vigilancia estatales para evitar la arbitrariedad en las decisiones de algunos ayuntamientos: «El Tribunal Constitucional reconoce la competencia urbanística a las autoridades locales, sin embargo el Estado puede establecer comisiones de seguimiento para asegurar que los ordenamientos y licencias se hacen conforme a criterios legales».
Otra de las medidas que propone este catedrático es la «creación de comisiones técnicas, ajenas a cualquier signo político, para que valoren qué concesiones están justificadas y cuáles son sospechosas».
En esta misma línea se pronuncia Agustín de Asís, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III, quien señala que se deberían establecer procedimientos urbanísticos más transparentes que fuesen supervisados por profesionales ajenos a los ayuntamientos y las promotoras: «En la medida en que los procesos son más participativos e intervienen más agentes externos al mismo habrá menos corrupción».
Una receta similar prescribe José Antonio Pellicer, profesor titular de Derecho de la Universidad de Murcia, quien cree que hay que «reforzar los mecanismos de control existentes». A saber, «el social, a través de los medios de comunicación; el jurídico, con la posibilidad de ir no sólo a los tribunales penales, sino al contencioso administrativo; y el político».
«La figura del secretario, que es asesor jurídico de las corporaciones municipales, se ha debilitado en el plano legal. Habría que relanzar el carácter preceptivo de sus informes junto al de los servicios técnicos de los ayuntamientos, sin perjuicio de otros controles exteriores», agrega Pellicer.
Para Dionisio Fernández de Gatta, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca, la solución pasa también por fomentar la vigilancia no sólo a nivel local. «La decisión final puede corresponder a las comunidades autónomas, pero se debe potenciar el papel de los consejos autonómicos de urbanismo, como el que existe en Castilla y León, en el que están representados los municipios, los agentes profesionales, las organizaciones sociales...», expone.
Muy ligada al control está la transparencia de las operaciones. «Habría que dar más transparencia al proceso y establecer unas reglas básicas de la negociación urbanística y de la regulación de los convenios, que establezca los límites de los mismos», sugiere Marta Lora-Tamayo, profesora de Derecho Administrativo de la UNED.
Por su parte, Rafael Barranco, director del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada, opina que «los modelos eficaces para combatir la corrupción no existen». Según Barranco, las leyes pueden controlar ciertos aspectos que favorecen la corrupción urbanística, pero ésta no se soluciona a golpe de ley: «Lo que conviene es ser radical en la ordenación urbanística de las ciudades y empezar a pensar en que lo más lógico es hacer un crecimiento cero», comenta Barranco.
Tratar la corrupción urbanística como una más podría ser otro camino. «Ésta tiene un tratamiento represivo que no debería ser muy diferente del de la lucha contra la corrupción en otros ámbitos: en definitiva, hay que lograr que las infracciones no 'compensen', que no 'salgan a cuenta' al infractor, como ocurre hoy en muchos casos», apunta Sala Arquer.
«Pero además», añade, «hay un tratamiento preventivo bastante más difícil: reducir el margen de discrecionalidad de los planificadores, estableciendo en la Ley criterios objetivos para la clasificación de suelo; los derechos y deberes de los distintos sujetos deben establecerse en la Ley, y no en pactos y convenios; debe resolverse el problema de la financiación de las entidades locales».
Dar con el modelo urbanístico es vital para José Luis Laso, registrador de la propiedad y experto en urbanismo: «Elegir un modelo coherente de desarrollo, bien sea el tradicional a partir de un planeamiento general cerrado y vigoroso o con un planeamiento abierto, que permita la acción urbanística sobre el resto con criterios reglados».
Apunta también que previamente «se cumplan las exigencias de implantación y conexión con los sistemas generales, las garantías de su ejecución por el promotor, la actualización legal de las cesiones y la vinculación de los suelos a la construcción de viviendas con algún género de protección y el aprovechamiento y densidades máximas».
Igualmente importantes es, en su opinión, «la exclusión de la discrecionalidad, que es la que propicia los riegos de corrupción, con la fijación de criterios reglados para suprimir los llamados convenios urbanísticos de planeamiento, permitidos hoy por todas las leyes autonómicas».
Por otro lado, hay opiniones que muestran su contrariedad por la necesidad «española» de hacer leyes 'sin ton ni son'. «En España hacemos una ley cada cinco minutos. La Ley no puede sustituir el funcionamiento del mercado y lo importante es que éste funcione correctamente», según otras fuentes jurídicas consultadas.
Con respecto a la corrupción, «basta con aplicar las leyes, como está ocurriendo en Marbella», señalan las mismas fuentes, que además aportan una solución coincidente con otras: «Hay que ir hacia los patrimonios municipales de suelo y esto se puede hacer desde 1940 y no se ha hecho. ¿Qué sucede? Que los ayuntamientos no tienen suelo y tienen que comprarlo o expropiarlo y eso tiene un precio».
«Para acabar con la corrupción hay que intentar que el urbanismo no sea una manera de financiar a los ayuntamientos. Hay que ver si es mejor una legislación de suelo de Estado o de comunidades autónomas» y añaden que «es imposible un mercado uniforme si no se hace una regulación sistemática y uniforme».
El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid Tomás Ramón Fernández coincide con esta opinión: «Los ayuntamientos tienen un sistema de financiación poco equilibrado y necesitan recurrir al suelo». Y señala también a los partidos políticos: «Es imposible su financiación si no recurren al urbanismo, porque en cada pueblo hay una sede de todos y en España hay miles de pueblos».
En esta línea añade un apunte más Nicolás González Deleito, socio del despacho de abogados Cuatrecasas, quien cree que «hacen falta más garantías a nivel de incompatibilidades y separación de intereses públicos y privados en funcionarios, concejales y contratistas de la administración».
En su opinión, «hay que recuperar por parte de las comunidades autónomas la posibilidad de suspender las licencias urbanísticas, eliminada por la sentencia 46/92 del Tribunal Constitucional por no estar incluida en la Ley de Bases de Régimen Local». «Si se hubiera seguido aplicando, no habría sucedido lo que ha pasado en Marbella», asegura González Deleito.
PRECIOS
Chantal Mol, profesora de Derecho Civil de la Universidad de Barcelona, señala los dos pilares básicos que a su juicio sustentarían el mercado residencial: fomentar el alquiler y generar nuevas fórmulas para la adquisición de viviendas. En el primer caso, considera que es preciso que se plantee la posibilidad de que «el arrendatario pueda deducirse el dinero que gasta en la residencia habitual» y que se modifique la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para «aumentar la duración de los contratos en algunos supuestos» y «establecer mecanismos de prórroga».
Asimismo, sugiere que se acuñe el concepto de «la propiedad separada», que permite que una persona sea propietaria del suelo y otra de lo construido, de modo que esta última pague un canon a la primera, de forma similar al derecho de superficie. «Esta fórmula permite que entidades publicas adquieran únicamente el suelo y luego particulares compren lo construido a un precio mucho menor que el actual», dice.
Rafael Barranco también se muestra partidario de fomentar el alquiler y la rehabilitación y cree que hay que «olvidarse de un crecimiento que mira sólo por los intereses económicos del promotor».
«¿El precio de la vivienda tiene algo que ver con el precio del suelo? Pues poquísimo», indica Tomás Ramón Fernández. «Los empresarios no ponen el precio de la vivienda sumando costes. Ponen el precio en función del mercado. No hay ninguna Ley que controle el precio de la vivienda».
Igual de escéptico se muestra Agustín de Asís: «Es imposible que una ley baje los precios porque éstos se fijan con la demanda que existe en el mercado». En su opinión el problema aparece cuando hay gente que no puede acceder a ella: «Una ley efectiva es la que favorece la creación de más viviendas protegidas. Se considera que es sano para el mercado que el 30% de las casas de un país tengan algún tipo de protección. En España ni siquiera llegamos al 10%».
José Manuel Sala también duda de que la Ley del Suelo pueda dar la solución definitiva al precio: «Sin duda, una planificación menos rígida, con trámites menos complejos, adaptable a los cambios, puede contribuir a que el producto final -el suelo- no se encarezca; como también la eliminación de barreras burocráticas y el establecimiento de criterios no discrecionales a la hora de excluir suelo del proceso urbanizador».
Estos factores no son, a su juicio, los únicos que pueden influir en el precio. «La realidad es que, hoy por hoy, ante una elevada demanda, con tipos de interés todavía bajos y con hipotecas a más de 30 años el precio se fija en función de lo que se calcula que la gente puede pagar».
Miguel Sánchez Morón coincide en este aspecto: «En otros países el precio de un suelo no urbanizado es casi como el de uno rústico, aquí sin embargo aunque todavía no se haya levantado ni una sola piedra las cantidades son mucho mayores».
La ley «fantasma» del 98
El caso de la Ley del Suelo de 1998 está envuelto en la paradoja: ha sido usada como 'chivo expiatorio' por quienes tratan de señalar un culpable para la 'cara oscura' del 'boom inmobiliario' y, sin embargo, nunca se ha aplicado.
Ésa, al menos, es la opinión de la mayoría de los expertos en Derecho consultados, que dejan entrever que el texto elaborado por el 'popular' Francisco Álvarez Cascos hace ocho años ha sido lo más parecido a una norma 'fantasma'.
«Se critica mucho la Ley 6/98 y está inédita», afirma Tomás Ramón Fernández, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid. «Ninguna comunidad autónoma ha seguido por ese camino. Y, especialmente, leyes de regiones como Extremadura. Ésta junto con Castilla-La Mancha y Andalucía no aplicaron esa Ley», asegura este experto.
Según Fernández, «curiosamente, Seseña es de Castilla-La Mancha y Marbella de Andalucía. Y los proyectos pensados para edificar en Cullera surgieron con la Ley de 1994 de la Comunidad de Valencia, que fue condenada por el Parlamento Europeo en 2005».
Según otros profesores de Derecho, la 'carta magna' del suelo aprobada en 1998 no se ha aplicado por dos razones fundamentales: «En primer lugar, esta ley estatal establece que todo el suelo es urbanizable, salvo el protegido, pero las leyes autonómicas ya recogen categorías de reserva, de protección del paisaje... El concepto es tan vago que está vacío de contenido, se desvirtúa. Y, en segundo lugar, la transformación en las clasificaciones de suelo se tiene que llevar a cabo en los planes generales de ordenación urbana y, como muchos se habían redactado en 1990, todavía no se han modificado y, por lo tanto, no han podido incluir las nuevas directrices».
La duda sobre la efectividad de una norma de estas características llega hasta el punto de que un especialista asegura que desde 1956 no ha habido un cambio importante en la legislación de suelo.
Rafael Barranco, director del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada, teme que la nueva Ley del Suelo vaya camino de tener tan poco protagonismo como la actual. «Una normativa estatal siempre va a ser más restrictiva que una disposición local sobre ordenación del territorio, por eso en Andalucía los promotores han seguido las directrices autonómicas y municipales», considera.
*SUVIVIENDA/ EL MUNDO, Dic 06
http://www.elmundo.es/suvivienda/2006/468/1164927603.html
Las dos Españas
JULIO LLAMAZARES* : "Mientras las provincias de la costa se llenan de construcciones, la España del interior se despuebla. Esas son las verdaderas dos Españas y no las de Machado, pese a que todavía perviven (no hay más que ver nuestro Parlamento).
Desde hace varias décadas, España se resquebraja, y no políticamente, dividida en dos mitades, la de las regiones ricas y la de las regiones pobres, que el mapa marca perfectamente: las ricas son las que baña el mar y las pobres las que están lejos de él. Solamente Madrid es la excepción, por los motivos que todos conocemos.
Extremadura, las dos Castillas, Aragón, el antiguo reino de León y las provincias interiores de Galicia se han ido así despoblando, aprisionadas entre las dos presiones que marcan el desarrollo de este país: la centrífuga de la periferia y la centrípeta de Madrid. Dos presiones combinadas que han arrastrado a sus habitantes hacia las regiones cálidas y con más posibilidades económicas o hacia la capital de España, que continúa ejerciendo un innegable atractivo para la mayoría de los españoles. Justo todo lo contrario que las viejas capitales y pueblos del interior, envejecidos y sin futuro para los jóvenes, a excepción de unos pocos casos. El resultado es un desolador paisaje, con provincias prácticamente deshabitadas y con comarcas enteras condenadas a la desaparición.
Pero, a lo que se ve, a nadie, salvo a los habitantes de esas regiones, parece preocuparle esa situación. Mientras media España se despuebla, mientras la mitad del mapa se desertiza delante de nuestros ojos condenada al ostracismo y al olvido por su situación geográfica, la otra mitad continúa creciendo sin importarle lo que le sucede a aquélla. Incluso despreciándola por su decadencia como en el colegio determinados alumnos aventajados hacen con los más torpes. No hay más que ver las reacciones suscitadas por las reclamaciones de algunas de esas provincias, como Zamora, Teruel o Soria, cuyos habitantes han tenido que manifestarse al grito de que existen para que les hagan caso.El problema viene de lejos. Viene de la época del desarrollismo de la dictadura, cuando comenzó la industrialización de determinadas zonas de la periferia, que provocó el primer éxodo de población interior, y se acentuó luego con el turismo, que atrajo hacia las costas cantidades ingentes de mano de obra en perjuicio de las regiones y las provincias del interior. Paradójicamente, la descentralización política propiciada por el llamado Estado de las autonomías, en lugar de corregir esa tendencia, la ha acentuado todavía más gracias a lo que los economistas llaman, con magnífica expresión, optimización de los recursos productivos nacionales y a la insolidaridad interregional. Todo ello, por supuesto, con la colaboración de los sucesivos gobiernos, más preocupados por complacer a las autonomías ricas, cuya mayor población les procura un mayor poder político, que por ayudar a las desfavorecidas. Justo todo lo contrario de lo que se reclama a Europa y de lo que hacen internamente otros países de nuestro entorno.
No seré yo quien explique aquí la importancia del equilibrio económico y demográfico de un país, no sólo para su desarrollo armónico, sino también para su bienestar global. Cualquiera sabe que un país desvertebrado, con grandes diferencias entre sus distintas zonas, repercute negativamente a la larga en todas ellas y no sólo en las perjudicadas. Como ocurre con un cuerpo en el que uno de sus órganos se desarrolla exageradamente más que los otros o con una familia en la que uno o varios de sus miembros medran a costa de los restantes, tarde o temprano empezarán a surgir los problemas para todos, puesto que, al malestar de los discriminados, se sumarán los derivados del hiperdesarrollo de los favorecidos, como ya se empieza a ver en nuestro país. Todos oímos continuamente las quejas de las regiones ricas en relación con la falta de agua o con la destrucción de su medio ambiente. Y es que, como dijo el sabio, no se puede tener todo.
Las quejas de esas regiones nada tienen que ver con la solidaridad. Al contrario, se basan precisamente en el egoísmo, que es el principal motor de este país actualmente; no sólo entre las personas, sino entre las autonomías. El debate sobre el agua, que cada vez se hace más virulento, es un buen ejemplo de ello. El debate sobre el agua o sobre el reparto de la producción eléctrica, por no hablar de otros muchos parecidos, no han hecho más que poner de manifiesto el desequilibrio de una nación que construye e invierte donde no tiene energía mientras que deja que se deserticen las regiones donde ésta sobra. Hasta ahora, el problema se solventaba con el argumento de la solidaridad, pero hoy ese argumento no se sostiene, dado que la solidaridad no existe. Y es que ¿cómo se le puede seguir pidiendo ésta a Aragón, o a Castilla-La Mancha, pongo por caso, en materia de agua para regar, con las provincias vecinas de Levante o Cataluña, cuando con ellas nadie ha sido solidaria en mucho tiempo? ¿Cómo puede exigírsele a León o a Extremadura que continúen sacrificando valles y pueblos para producir energía eléctrica para el resto, cuando el resto las ignoran o desprecian normalmente? La solidaridad ha de ser recíproca y eso no ocurre en este país.
Pero nadie parece darse cuenta de lo que se avecina. Mientras la insolidaridad aumenta, mientras el desequilibrio crece, mientras las dos Españas geográficas se alejan una de otra a ritmo vertiginoso, nuestros políticos continúan a lo suyo, que es agrandar las dos ideológicas, y nuestros pensadores siguen secundando a aquéllos en sus estériles e inagotables discusiones sobre la unidad de España o sobre su conformación plural, cuando en la realidad España no existe. Basta mirar el mapa desde un satélite para ver que es una ficción. Una campana gigante, como escribía Manuel Vicent hace tiempo, con un badajo en el medio que resuena en el vacío inmenso que lo rodea.
*Julio Llamazares es escritor.
El País, 13/02/2007
http://www.elpais.com/articulo/opinion/Espanas/elpepuopi/20070213elpepiopi_6/Tes
Municipios ricos, movilidad pobre
E.SÁNCHEZ* : "Los habitantes de los municipios más ricos de la Comunidad de Madrid viven pegados al asiento de su coche.
Los vecinos se quejan de un transporte público urbano desorganizado, con frecuencias de paso insuficientes, retrasos y falta de conexiones entre diferentes puntos del municipio; escasez de carriles-bici y aceras llenas de obstáculos. Estas circunstancias les hacen optar por el vehículo privado en los desplazamientos internos.
Tareas en apariencia tan sencillas como ir a comprar el pan dando un paseo o llegar a la estación de cercanías en un tiempo razonable se convierten en zonas de pueblos como Pozuelo, Las Rozas, Majadahonda, Boadilla del Monte o Torrelodones en un imposible.
Son localidades que arrastran un modelo territorial heredado con urbanizaciones diseminadas a lo largo y ancho del término municipal. Carreteras como la A-6, M-40, M-50 y la M-503 dividen las localidades y dificultan la conexión entre las diferentes partes. La política urbanística seguida por los ayuntamientos, sin planes de movilidad concretos, ha generado que la dependencia del coche se haya vuelto crónica. Hay una media de 2,5 vehículos por casa.
Alfonso Sanz, experto en movilidad sostenible, plantea la necesidad de fomentar el transporte público. "Hay que estudiar cada caso en concreto, pero, en general, son pueblos fragmentados por infraestructuras viarias, sin socialización del espacio. Se vive en urbanizaciones cerradas. Realmente son barrios dormitorio, aunque sean de alto standing", sostiene.
Los alcaldes reconocen las dificultades de sus vecinos para moverse por el interior de los términos. Sus promesas de mejora se repiten: más transporte público, más carriles-bici, aumentar los espacios para los peatones, ampliar aceras y liberarlas de obstáculos, entre otras actuaciones.
Los vecinos toman con escepticismo las propuestas municipales. Es el caso de Nuria Martínez, vecina de Pozuelo de Alarcón (79.581 habitantes), al oír hablar del metro ligero. Es la gran apuesta de su Ayuntamiento, del PP, para esta legislatura: 10 kilómetros de tranvía con un coste de 100 millones.
"¿Para qué me sirve el metro ligero si no puedo llegar a ninguna de sus paradas?", se pregunta. Reside en la calle de Peñalara, una zona de bloques de nueva creación. Nuria tuvo que renunciar a que su hija fuera a la guardería porque el autobús, que tenía que pasar cada 50 minutos, "no llegaba nunca". "Desde la empresa Llorente me contestaron que los horarios se tratan de cumplir, pero no hay horas fijas de paso por las paradas. Y hasta ahora", se lamenta indignada.
El grupo municipal socialista de Pozuelo denuncia: "El transporte público es inconstante porque no hay una red de autobuses urbanos, dependemos de los que vienen de fuera. Una situación que sufren sobre todo las personas sin vehículo propio".
En Majadahonda (62.270 habitantes) la situación es similar. Cuenta con seis líneas de autobuses interurbanas y tres urbanas. "¿Plantearme vivir aquí sin dos coches? Antes en casa sólo había uno; al trasladarnos aquí compramos otro", responde Raquel, vecina de Las Rozas, con una sonrisa. Raquel y su marido viven cerca del campo de golf de Majadahonda. La zona, de nueva construcción, está separada del pueblo por la M-503.
Autobús cada media hora
"Hay un autobús que pasa cada media hora, pero la parada está a unos 500 metros de mi casa. Otro va a la estación cada 45 minutos. Ante las facilidades, he decidido ir en coche hasta el Bus- VAO y coger allí el autobús a Madrid", comenta. En fin de semana, más de lo mismo. "Aquí no hay ni una tienda. Cojo el coche para todo", puntualiza.
El Ayuntamiento, sin embargo, considera que las mayores dificultades no son internas, sino de conexión con Madrid. Los centristas de Majadahonda critican la actuación municipal y denuncian: "Nunca ha existido un plan de movilidad interna concreto. Además, me gustaría saber qué accesos va a tener el nuevo hospital Puerta de Hierro".
Las Rozas (75.919 habitantes) es para el PSOE, en la oposición, el paradigma del noroeste de Madrid en cuanto a los problemas de movilidad. Sus 59 kilómetros cuadrados se encuentran divididos por la A-6, la M-505 (carretera de El Escorial) y la M-50. "El efecto muralla de estas infraestructuras se acrecienta por la falta de un plan de movilidad. No hay líneas de autobuses internas, y para ir a las estaciones de tren, por ejemplo, hay que hacer un recorrido por medio término municipal", comentan los socialistas.
Francisco Javier Fernández, vecino de El Cantizal, un nuevo barrio de pisos, confirma que puede emplear hasta 40 minutos en salir de Las Rozas si opta por el autobús. El alcalde, Bonifacio de Santiago, del PP, reconoce que para la mayor parte de los desplazamientos hace falta el coche.. Plantea como solución un metro ligero que estructure todo el municipio.
En Boadilla del Monte (37.926 habitantes), el vehículo privado también es un elemento imprescindible. La M-50 ha partido el municipio de tal forma que algunos vecinos ya hablan de Boadilla de Arriba y de Abajo. "Hay 11 urbanizaciones periféricas y los nuevos desarrollos están al otro lado de la M-50. Las dos partes del pueblo están completamente desconectadas", explica el concejal independiente de APB, Ángel Galindo. El Ayuntamiento, gobernado por el PP, también ha apostado por el metro ligero.
El municipio de Torrelodones (19.843 habitantes) se encuentra dividido por la A-6. "El problema se ha acrecentado con el desarrollo de otros núcleos urbanos como Los Bomberos y el Área Homogénea Sur, sin considerar en absoluto los problemas de movilidad de la población", denuncia el geógrafo y profesor de la Universidad Carlos III Santiago Fernández Muñoz, desde la asociación vecinal Torrenat.
Para Fernández, el equipo de gobierno, del PP, no muestra la más mínima preocupación. "Las aceras son unas estrechas superficies plagadas de farolas y todo tipo de mobiliario urbano. Tampoco hay carriles-bici. Parece que sólo se fomentan los desplazamientos en coche", concreta.
El Ayuntamiento se defiende y recuerda que ha mejorado el servicio de autobuses interurbanos y ha puesto en marcha cuatro líneas urbanas. "Se han superado todas las previsiones con 42.000 usuarios al mes", asegura un portavoz municipal.
*El País, 12/02/2007
http://www.elpais.com/articulo/madrid/Municipios/ricos/movilidad/pobre/elpepuesp/20070212elpmad_3/Tes
El urbanismo salvaje es un factor de riesgo para la seguridad ciudadana
S.NAVARRO* : "La corrupción derivada del urbanismo salvaje es un nuevo factor de riesgo para la seguridad ciudadana, sobre todo en los municipios costeros de Alicante. Esta es la conclusión más destacada de la comparecencia de tres catedráticos expertos de Derecho Penal en la comisión especial de estudio sobre seguridad ciudadana de las Cortes Valencianas. Los profesores rechazan un endurecimiento de las penas como fórmula para combatir los delitos urbanísticos, y abogan por juzgados especializados dotados con brigadas policiales también especiales.
Carmen Juanatey Dorado, catedrática de Derecho Penal en la Universidad de Alicante, abrió el carrusel de penalistas en la comisión de las Cortes Valencianas sobre seguridad ciudadana. Junto a ella, expusieron sus tesis, sus homólogos de Universidad de Valencia y Jaume I de Castellón, Juan Carlos Carbonell y José González Cusac, respectivamente.
La catedrática Juanatey fue la más tajante a la hora incidir en el fenómeno de la corrupción urbanística como factor añadido a la inseguridad ciudadana. "La provincia de Alicante presenta todos los factores de riesgo, de corrupción y de infiltración de delincuencia organizada que la sección de Málaga del Instituto Interuniversitario de Criminología de Andalucía detectó en su estudio sobre la Costa del Sol, que se realizó antes de las salida a la luz de la corrupción del Ayuntamiento marbellí", aseguró.
Para Juanatey, los factores de riesgo inherentes a esa modalidad delictiva son: la firma de convenios urbanísticos entre constructores o promotores y ayuntamientos que representan dudosos beneficios para el municipio y con recalificaciones favorables a los primeros; la desatención de la inspección urbanística; el descuido de un interés general tan importante como el medio ambiente (gran consumo de suelo, agua y energía); y la tendencia a la legalización de facto de las construcciones irregulares.
A preguntas de la diputada socialista Josefa Andrés, portavoz de la Comisión de Justicia y Administración Pública del PSPV-PSOE, sobre el alcance real de la influencia de la corrupción en la inseguridad, la catedrática aseveró: "Una recalificación prevaricadora supone inseguridad en el sentido más amplio, es decir, de generar el descrédito de las instituciones, lo que antes se decía, que se vea a los políticos como seres que buscan el interés propio de los partidos".
Juanatey subrayó otras características que hacen de Alicante, "una oportunidad para el delito", entre ellas, su carácter turístico, con más blancos para el delito patrimonial y su desordenado urbanismo, escondite perfecto para los grupos mafiosos. "Nadie, incluyendo Ayuntamiento, la hacienda pública y los tres cuerpos de policía sabe exactamente quién vive en la provincia", dijo.
Juanatey concluyó que la fórmula para combatir las prácticas corruptas relacionadas con la actividad urbanística no es endurecer las penas, sino a través de jueces "muy especializados" y dotados con los agentes necesarios para investigar las complejas tramas.
Juan Carlos Carbonell resumió: "Los delitos urbanísticos afectan en la medida en que los ciudadanos tendrán cierta desconfianza en las instituciones, en la sociedad, y en definitiva en el Estado. El urbanismo feroz produce un tipo de delincuencia violenta, fundamentalmente contra el patrimonio, que favorece las bandas y grupos organizados".
En esa dirección, el catedrático González Cusac, destacó que determinado modelo de crecimiento urbano y económico alimenta las expectativas de enriquecimiento rápido y, por tanto, atrae "la criminalidad que busca blanquear dinero".
El País, 12/02/2007
http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/urbanismo/salvaje/factor/riesgo/seguridad/ciudadana/elpepuespval/20070212elpval_3/Tes
¡Sonría!
elEconomista.es 1/12/06
www.eleconomista.es/espana/noticias/112692/12...
Un tercio de los recursos municipales son del sector inmobiliario
PD/Agencias* : "El 32% de los ingresos de las corporaciones locales proceden de las actividades e impuestos relacionados directamente con el sector inmobiliario, según un informe del Servicio de Estudios del BBVA, que señala que la administración local es la que está más estrechamente relacionada con la evolución de este sector.
Por su parte, las comunidades autónomas han obtenido un volumen de recursos procedentes del mercado inmobiliario del 8% de todos sus ingresos no financieros.
A continuación y ocupando el tercer lugar aparece la Administración Central, cuyos ingresos directamente relacionados con la actividad inmobiliaria representan el 4,5% del total.
BBVA advierte de que la mayor dependencia de las corporaciones locales de los ingresos derivados del sector inmobiliario implica que los municipios serán las administraciones que más notarán una desaceleración del mismo, al tener vinculada gran parte de su financiación (el 32% de sus recursos) a este negocio.
En este sentido, la entidad financiera prevé un descenso del número de transacciones inmobiliarias superior al 12%, hasta situarse en torno a 1,2 millones en 2010, por lo que el descenso de la recaudación procedente del sector sería muy acusada.
En concreto, estima que, sin modificaciones de la normativa fiscal, la participación de los ingresos ligados al sector inmobiliario se podría reducir un punto porcentual, hasta situarse en niveles próximos al 2% del PIB.
SUPONE EL 3,2% DEL PIB.
Actualmente, las actividades relacionadas con el sector inmobiliario y los tributos que gravan este tipo de operaciones aportan el 9,3% del total de ingresos de las administraciones públicas (27.000 millones de euros en 2004), hasta alcanzar el 3,2% del PIB, según las estimaciones realizadas por el BBVA.
Así, tributos como las licencias municipales de obras, el Impuesto sobre la Construcción, el IVA, el IBI, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentaos (ITP-AJD) o las ganancias patrimoniales incluidas en el IRPF, junto con operaciones como la venta de terrenos de propiedad municipal y de aprovechamientos urbanísticos están detrás de uno de cada diez euros que ingresan las administraciones públicas, en línea con el importante desarrollo de la construcción en los últimos años.
Por figuras impositivas, el IVA relacionado con actividades inmobiliarias aportó el 2,2% del total de los ingresos no financieros de las administraciones públicas en 2004, con 6.313 millones de euros, seguido del IBI (el 2,1% y 6.029 millones), transmisiones patrimoniales (1,9% y 5.387 millones), IRPF (0,9% y 2.692 millones) y Actos Jurídicos Documentados (0,5% y 1.360 millones).
CRECE EL IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES.
En el caso concreto del ITP-AJD, un tributo que grava las transacciones inmobiliarias de segunda mano, sus ingresos presentan una tasa de crecimiento medio anual superior al 18% desde 1997, alcanzado a cierre de 2004 un importe equivalente al 1,4% del PIB, frente al 0,8% que representaba en 1997.
En todo caso, BBVA señala que debe tenerse en cuenta que parte del incremento de la recaudación de este tributo se debe también al aumento de los tipos impositivos, que han pasado en todas las comunidades autónomas del 6% al 7% en Transmisiones y del 0,5% al 1% en Actos Jurídicos.
Ladrillos, 07.02.07
http://blogs.periodistadigital.com/ladrillos.php/2007/02/07/mas_de_un_tercio_de_los_recursos_de_los_
Emergencia urbanística
Editorial ElPAÍS* : "La corrupción urbanística que se está destapando en los municipios españoles amenaza con contaminar a algunos Gobiernos autónomos, renuentes a sancionar las tropelías inmobiliarias de los ayuntamientos de su mismo color político.
Todo suscita el irremediable temor de que las barreras que pueden oponerse a la corrupción son muy débiles. Los municipios obtienen financiación abundante de la especulación inmobiliaria, que benefician a los partidos o a los propios alcaldes, concejales o servidores públicos que envilecen la administración municipal.
Al caso del Gobierno balear, del PP, viene ahora a sumarse la sospecha que recae sobre la presidencia autonómica canaria. En Baleares, parece que el Gobierno arrastró los pies durante diez meses antes de trasladar a la fiscalía una denuncia de agentes forestales por construcciones ilegales en una zona protegida de Andratx, punto fatal de la marea negra inmobiliaria. Todo suscita el irremediable temor de que las barreras que pueden oponerse a la corrupción son muy débiles. Los municipios obtienen financiación abundante de la especulación inmobiliaria, que benefician a los partidos o a los propios alcaldes, concejales o servidores públicos que envilecen la administración municipal. No es muy alentador ver a los responsables políticos autonómicos o nacionales cuyos ayuntamientos están implicados en casos de fraude urbanístico escudarse en distinciones jurídicas para no actuar con dureza.
La proximidad de las elecciones municipales y autonómicas suscita la sospecha de que la eclosión de los casos de corrupción inmobiliaria que salpican al PP y al PSOE sea un instrumento táctico más para debilitar las posiciones del adversario y que, por tanto, después de las elecciones la persecución policial y judicial de los escándalos urbanísticos se relegue a la trastienda de la política. Si los grandes partidos políticos, con responsabilidades autonómicas y municipales significativas, desean reducir la corrupción en los municipios están obligados a pactar una estrategia que incluya cambios legales profundos -modificación de la ley de financiación de los partidos, control de la propiedad del suelo de los ayuntamientos, nuevas fuentes de financiación municipal-, una Administración de justicia volcada en la persecución de los delitos inmobiliarios, incluida la información privilegiada, y códigos de conducta que transmitan confianza a los ciudadanos. Es desde luego deplorable que imputados en escándalos urbanísticos sean aun candidatos en las próximas elecciones, como sucede con varios casos del PP. Los votantes deberían hacer pagar semejante torpeza al partido que la cometa.
Nunca se ponderará lo suficiente el papel que pueden jugar los controles internos de los ayuntamientos en esta batalla contra la recalificación desmesurada, los bloques de viviendas sin urbanizar y el pelotazo sobre suelo protegido. Debe reforzarse la independencia de los interventores municipales, sometidos hoy a la arbitrariedad de las decisiones de alcaldes o comisiones municipales que pueden sentirse afectadas por su fiscalización. La actual disposición adicional segunda del Estatuto de la Función Pública no parece ir por este camino. La corrupción urbanística ha llegado a extremos que sólo puede ser combatida con planes de emergencia. La mejor demostración de que los partidos se toman en serio esta lacra sería que acordasen un plan de acciones legales y políticas contra ella.
El País,11/02/2007
http://www.elpais.com/articulo/opinion/Emergencia/urbanistica/elpepuopi/20070211elpepiopi_2/Tes
Nace una plataforma contra el urbanismo desaforado
GRANADAHOY* : "Colectivos ecologistas de la provincia se han unido en la plataforma Una nueva cultura del territorio de Granada que, bajo el lema "La Tierra no la heredamos de nuestros abuelos, la heredamos de nuestros hijos", trabajará para fomentar la participación ciudadana y su implicación para tratar de poner freno a los macroproyectos urbanísticos previstos en la provincia.
A través de blogs y una página web, la plataforma difundirá los proyectos que considera atentan contra la sostenibilidad de los municipios, en algunos de los cuales se ha llegado a consumir el cien por cien del suelo.
El nuevo colectivo pedirá a los ayuntamientos el cumplimiento íntegro de documentos oficiales que promueven la conservación del medio ambiente.
"Alguien nos quiere explicar para qué necesitamos diez campos golf en el Área Metropolitana", se preguntó durante su comparecencia uno de los portavoces del nuevo colectivo, quien agregó que tratarán de parar aquellos macroproyectos que sólo traerán problemas de movilidad e incomodidades a los municipios.
Los integrantes de la plataforma ecologista destacaron que su intención no es sólo vigilar supuestas irregularidades, sino desempeñar una labor educadora.
Entre las asociaciones ecologistas que se han sumado a la iniciativa se encuentran la Asociación la Huerta, las comunidades de regantes Río Verde de Almuñécar, Defensores de la Charca Suárez deMotril y la Asociación por un Transporte Digno en Atarfe
10/02/07
http://www.diariogranadahoy.com/41711_ESN_HTML.htm
«Nuestra justicia es ineficaz, se ha descuidado la lucha contra la corrupción»
Entrevista al magistrado V.GIMENO* por M.GALLEGO :
-Usted ha afirmado que la corrupción urbanística no se persigue.
-Lo que digo es que nuestra justicia penal es lenta e ineficaz y no sirve para luchar contra los problemas que nos interesan. Se ha abundado mucho en la lucha contra la delincuencia callejera, fundamentalmente a través de la Ley de Juicios Rápidos de 2003, y la lucha contra esta pequeña delincuencia ha llevado al descuido o abandono de fenómenos tanto o más importantes, como es la corrupción en la política local. Hace tiempo que existe, aunque hasta ocurrir los sucesos de Marbella no se ha empezado a tomar conciencia de la necesidad de combatirla.
La Policía aún no ha comenzado a actuar y las unidades de la Guardia Civil de delincuencia urbanística están todavía en mantillas. El tema de la corrupción en la administración local nos ha caído del cielo a raíz de Marbella.
-Si nos ha caído encima es porque estaba ahí.
-Estaba, lo que pasa es que hay pactos de silencio porque son delitos de difícil prueba, en los que se suele manejar dinero «b» al que es complicado seguirle el rastro.
-¿Quiénes son los corruptos?
-Pues los políticos o los técnicos que cobran por recalificaciones de terrenos, por otorgar licencias constitutivas de auténticas prevaricaciones.
-Si hay corrupción, se sabe y no se persigue ¿eso es delito, no?
-Es discutible que sea un delito. El problema de la corrupción en urbanismo es que es un tipo penal que tiene las normas en blanco. Para que exista delito es necesario que haya habido un ilícito administrativo, una contravención a la legislación urbanística y lo que los jueces penales suelen hacer es pasarse la pelota y mandar primero a la vía contencioso-administrativa para después iniciar la penal. ¿Por qué suelen inadmitirse querellas o archivarse diligencias previas en delitos de prevaricación urbanística o contra la ordenación del territorio? Pues en muchas ocasiones porque no tienen medios y porque muchos jueces y fiscales no tienen ni idea de urbanismo.
-Además de formación y ganas, ¿qué más falta?
-Tampoco hay medios, los juzgados tienen una sobrecarga de trabajo considerable, ahora empieza a montarse una policía especializada en temas de urbanismo(...), pero la realidad es que, hoy por hoy, las fuerzas de seguridad tampoco tienen conocimiento de temas de urbanismo.
-¿Habría que modificar las leyes para facilitar la intervención de los ayuntamientos sin que fuera necesario llegar a situaciones límite como la de Marbella?
-No olvidemos que los municipios tienen autonomía local consagrada en la propia Constitución y que la intervención de los municipios está en la legislación desde Franco, cuando los gobernadores podían hacerlo. En nuestra democracia, que yo recuerde, la primera vez que se interviene es con el tema de Marbella y aquí con lo de Catral [municipio de Alicante a cuyo ayuntamiento la Generalitat ha retirado las competencias en Urbanismo tras contarse por miles la viviendas construidas la margen de la ley]. Me parece muy fuerte que una comunidad se vea obligada a utilizar estos instrumentos.
-¿Cabe otra salida en casos como el de Marbella o el de Catral?
-Lo que tiene que existir es un mayor control judicial después del administrativo. Supongo que a esos niveles los ayuntamientos cumplen con la legislación urbanística y que presentan sus planes de ordenación a la comunidad. Ahora bien, si se permiten, se consienten o se otorgan licencias urbanísticas en contra de los instrumentos de planeamiento, hay que acudir al Código Penal porque se estaría hablando de prevaricaciones. Y esos hechos hay que perseguirlos.
-Cuando eso suele ocurrir las casas ya están amuebladas.
-Hay un punto también de falta de sensibilidad por parte también de los jueces porque suele haber terceros de buena fe que ocupan esos edificios ilegales y es muy duro tener que utilizar después de un tiempo el Derecho Penal. Una mayor inmediación y un control judicial administrativo más efectivo evitaría mucho de lo que está ocurriendo.
-La aprobación por parte del Ayuntamiento de Alicante de las 15.000 viviendas del Plan Rabasa al margen del PGOU, ¿qué opinión le merece?
-Me parece una monstruosidad que se haya aprobado esto en el ayuntamiento al margen del plan general y sin un control.
-¿Control por parte de quién?
-Por parte de la comunidad autónoma, que tiene capacidad de intervención aunque no la suele ejercitar. Pero si se ha hecho con Catral, aunque me parezca muy fuerte, que se haga con todos aquellos que lo requieran. Sin olvidar que una intervención de esa naturaleza supone desapoderar a un ayuntamiento de todas sus facultades en materia de urbanismo y llevarlo todo desde la Comunitat. Supongo que, en el caso de Catral, habrá sido necesario, pero es muy fuerte que los ciudadanos tengan que ir cada dos por tres a la Conselleria de Urbanismo a pedir una licencia de obra. Me parece excesivo.
-¿Tiene el Código Penal elementos suficientes para luchar contra la corrupción o habría que endurecer las penas?
-Las leyes penales son suficientes aunque quizá algún tipo penal, como la prevaricación, tiene una pena leve. Dos años por cometer este delito, si hay mucho dinero en juego, creo que hay personas que no les importa pasarlos a la sombra, si es que al final acaban cumpliendo la condena. Habría que subir las penas por prevaricación urbanística y algún otro, el cohecho posiblemente también. Parece que Justicia está elaborando un anteproyecto para aumentar la severidad contra estos delitos (...)
-¿Cómo se tendría que actuar con los cargos públicos con poder ejecutivo que están imputados y que, aún así, siguen en sus puestos?
-Jurídicamente no se puede hacer mucho. Es un problema político y ético. Los políticos tendrían que ponerse de acuerdo en la necesidad de combatir la corrupción dentro de cada partido, y en el momento que existiera un funcionario o autoridad local sospechosa, pero sospechosa con fundamento, porque cabe subrayar que éste es un terreno político y que a veces hay querellas calumniosas, pero si existen fundadas sospechas de que una autoridad local ha cometido un cohecho o una prevaricación, decía, lo que se tiene que hacer es indicarle que presente su renuncia inmediatamente. Mientras los partidos no se tomen en serio que la corrupción puede acabar con el sistema democrático, que podemos llegar a niveles del tercer mundo, sucederá lo que sucede. Lo que tienen que hacer los jueces es acelerar al máximo el proceso penal. No se puede permitir que un delincuente esté ejerciendo de autoridad local. Pero estos procesos, como son complejos, llevan su tiempo.
-Si alguien conduce borracho o a más velocidad de la permitida es un homicida en potencia. Además del carné por puntos, ¿habría que endurecer las penas?
-Creo que está bien con lo que hay tanto desde el punto de vista administrativo como penal, aunque siga habiendo gente insensata.
-¿Existe solución contra los malos tratos?
-Viene a ser lo mismo que lo anterior.
-¿Y para la violencia escolar?
Educación y más inversión en el tema de menores. La Ley de Menores es una magnífica ley que busca por encima de todo la reinserción y evitar que el joven entre en un establecimiento penitenciario de donde saldrá peor que ha entrado. No hay que olvidar que las cárceles son escuelas de delincuencia, que un chaval entra por un delito contra la propiedad y se acaba convirtiendo en un criminal peligroso. Tenemos una buena ley, muy innovadora, pero no se está invirtiendo lo suficiente en equipos de psicólogos, en asistencia social, en lo que es necesario para que el sistema funcione.
«Los ayuntamientos no pueden ser reinos de taifas»
-El Tribunal Constitucional, del que usted fue miembro, dictó una sentencia en los 90 contraria a que el Estado asumiera las competencias urbanísticas. ¿Sigue pensando que están mejor en manos de ayuntamientos y autonomías?
-Hubo una sentencia sobre la Ley del Suelo en la que el Tribunal Constitucional decidió por una muy amplia mayoría, sólo con el voto discrepante, que yo recuerde, de Jiménez de Parga, reconocer las competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de urbanismo.
-Visto la actualidad, ¿le sigue pareciendo una decisión acertada?
-En urbanismo hay distintos títulos competenciales, está el tema de Costas para las urbanizaciones en primera línea, están las facultades de ejecución de los ayuntamientos en materia de concesión de licencias y está la potestad normativa y de ejecución que tienen las comunidades autónomas. Lo que no se puede permitir son los reinos de Taifas de los ayuntamientos, es decir, que la autonomía local no esté en contra de que las comunidades ejerzan sus competencias de inspección de manera que no proliferen las construcciones ilegales como está ocurriendo. Lo que no se puede permitir a los ayuntamientos es que de su capa hagan un sayo en materia de urbanismo.
-¿Qué opinión le merecen jueces como la magistrada de Dénia a la que no le gusta casar a homosexuales y que arremete contra los fiscales?
-Creo que esta señora es una buena juez que se equivoca en el tema de la objeción de conciencia. Un juez no puede plantear esto porque su legitimación, según la Constitución, consiste en aplicar la ley. De manera que una norma aprobada por el Parlamento tiene que ser aplicada por los jueces (...).
-¿Qué me dice de los ataques que desde el PP y el Consell están lanzando contra el fiscal jefe de Tribunal Superior de Justicia?
-Me parece inaceptable, inadmisible y absolutamente reprobable que una autoridad autonómica se le ocurra la genial idea de crear una comisión para fiscalizar al fiscal jefe del TSJ. No lo había visto en la vida ni aquí ni en ningún otro país. Es algo increíble. Al revés, los fiscales son los que tienen que controlar que las autoridades sean las primeras en cumplir la ley.
LEVANTE, Noviembre 06
http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pNumEjemplar=3347&pIdSeccion=19&pIdNoticia=248767&rand=1163911328033
*Tiene casi más libros publicados que años y en la actualidad se encuentra inmerso en la preparación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Vicente Gimeno Sendra (Gandia, 1949) no sólo ha sido uno de los miembros más jóvenes del Tribunal Constitucional, donde ingresó con 39 años y permaneció una década, sino que posiblemente es el magistrado que más votos particulares ha presentado.
El Gobierno de Baleares bloqueó una denuncia de pelotazo en Andratx
FRANCISCO MERCADO* : "El Gobierno balear, presidido por Jaume Matas, a través de la Consejería de Medio Ambiente, cuyo titular es Jaume Font, retuvo casi un año una denuncia de sus propios agentes forestales contra el mayor pelotazo urbanístico ilegal en Andratx. El Ejecutivo del PP sólo tramitó esa denuncia, remitiéndola al Consell Insular de Mallorca, el órgano que tiene las competencias en materia de disciplina urbanística, tras ser detenido el alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo (PP), que autorizó tal plan, y una vez que la investigación judicial había destapado el escándalo.
El proyecto denunciado suma 26 bloques que albergarán más de 150 viviendas en una parcela de 15.000 metros cuadrados. Este desarrollo urbanístico se ubica en una zona especialmente protegida, donde la ley sólo permite una vivienda unifamiliar por cada 50.000 metros cuadrados. El pelotazo podría generar unas plusvalías superiores a los 10 millones de euros. Es la mayor operación urbanística irregular de las investigadas por el juzgado del caso Andratx, que ya ha recibido copia del expediente de esta denuncia congelada por el Gobierno balear. Un cargo de la consejería, consultado ayer por este diario, se comprometió a investigar el retraso de esta denuncia, hecho del que dijo que no tiene constancia.
La denuncia del agente forestal, de febrero de 2006, sólo fue despachada por la Consejería de Medio Ambiente el 7 de diciembre de 2006 -una semana después de la detención del alcalde de Andratx junto con el jefe del urbanismo balear, Jaume Massot (PP) y demás presuntos cómplices en su gestión urbanística municipal-. Desde esa fecha hasta que llegó a su destinatario, el Consell Insular de Mallorca, pasaron otras dos semanas. El habitual intercambio de documentos por mensajería entre sus sedes, ambas en Palma, no consume más de 10 minutos. La denuncia tuvo entrada en el Consell el 21 de diciembre de 2006.
El agente forestal con número 102.929 descubrió los hechos irregulares y los puso por escrito el 8 de febrero de 2006. Una semana después, el 14 de febrero de 2006, la denuncia entraba en la dirección general de Biodiversitat de la Consejería de Medio Ambiente con el número 151. Un mes después, el mismo agente emitía una ampliación de su denuncia. No habría más noticia de ella hasta su salida de Medio Ambiente, el 21 de diciembre de 2006.
La denuncia del forestal, que tardó 11 meses en ser entregada al Consell sumando las demoras previas y posteriores a su salida de la Consejería de Medio Ambiente, tenía un gran calado, según demostró después la investigación judicial. Afectaba a uno de los proyectos urbanísticos irregulares más ambiciosos de Andratx. No en vano, el fiscal solicitó una fianza de 10 millones de euros al alcalde de Andratx sólo por su responsabilidad en este proyecto urbanístico. En concreto, se trata del polígono 13 de Andratx, situado en pleno monte a las espaldas del hotel Monport. Allí se estaban (y se están) levantando a marchas forzadas 26 bloques con bajo y dos plantas, más piscinas, que albergarían más de 150 viviendas. El forestal escribió lo que sigue en su denuncia:
- Descripción de los hechos. "El 3 de febrero de 2006, el agente de Medio Ambiente 102.929 observó que se habían realizado unas construcciones en el polígono 13, parcela 9.002. El mismo día se hicieron las fotografías que acompañan esta acta. A la entrada de las obras hay una placa de licencia de obras del Ayuntamiento de Andratx con número MA 105/04, referenciada 42/05, que dice que la ordenación aplicable es general turística residencial".
- Descripción de las obras. "Ocupan una parcela de aproximadamente 15.000 metros cuadrados entre edificaciones y movimientos de tierra. Hay un total de 12 construcciones, algunas de considerables dimensiones".
- Conclusiones preliminares. "Consultando la cartografía del Plan Territorial Insular de Mallorca se constata que el terreno donde se ubican las obras está calificado de ARIP y ARIP boscosa. Por tanto, no son autorizables y presuntamente ilegales".
Posteriormente, el agente agregaría lo siguiente a su informe: "Las obras denunciadas no están dentro de la zona forestal (aunque el mapa del PTI clasifica la zona como ARIP boscosa). Se trata de terrenos agrícolas sin vegetación forestal que no entran en la definición de monte (según la ley de montes), por tanto, no se ha ocasionado daños al monte". Pero lo que el forestal mantuvo es que, boscosa o no, era una zona ARIP, el penúltimo grado de mayor protección urbanística en Baleares. Sólo permite la edificación de una vivienda unifamiliar por cada 50.000 metros cuadrados. Y aquí, en menos de 15.000 metros, se levantaban 26 viviendas y, por añadidura, plurifamiliares.
Cuando por fin la consejería de Font evacuó su denuncia en diciembre de 2006 al Consell de Mallorca mantuvo la definición dada por su agente: "Se adjunta copia del acta de denuncia de 8 de febrero de 2006, así como informe complementario de 14 de marzo, emitidos por el agente 102.929 de la Consejería de Medio Ambiente en relación con obras presuntamente ilegales en ARIP en el polígono 13, parcela 9002 en Andratx". En 10 meses ni añadió ni quitó una coma al informe inicial.
Si alguien intentó ocultar desde la Consejería de Medio Ambiente tal irregular proyecto urbanístico en Andratx, fracasó estrepitosamente. En enero de 2006 -un mes antes de la denuncia del agente forestal-, el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil recibió una denuncia contra dichas obras por iguales motivos. Y el instituto armado la trasladó sin dilación al Consell, cuyos servicios técnicos en marzo y abril de 2006 ya emitían sendos informes proclamando su criterio de que eran zona ARIP y, por tanto, "suelo no urbanizable de especial protección", donde no se podían levantar las 150 viviendas.
En mayo de 2006, la comisión de urbanismo del Consell, con el solo voto en contra de los tres representantes del PP, acordaba la interposición de un recurso contencioso administrativo contra todos "los actos administrativos (acuerdos y actuaciones) que legitimasen los actos de edificación y uso del suelo que se viene ejecutando" en los citados terrenos de Andratx, al tiempo que requería al Ayuntamiento por vía jurisdiccional toda la documentación pertinente sobre dicho proyecto.
La paradoja es que estas investigaciones del Consell sobre los mismos hechos denunciados y congelados en Medio Ambiente acabarían uniéndose a la causa penal abierta contra el alcalde de Andratx por el catálogo de irregularidades urbanísticas de su gestión. Y semanas atrás, el juzgado del caso Andratx, el número 12 de Palma de Mallorca, reclamó al Consell de Mallorca copia del expediente sobre las obras de Monport.
No en vano, el proyecto irregular es citado en las conversaciones grabadas al alcalde de Andratx con Juan Castell, hermano de un arquitecto contratado para diversas obras municipales y cuyo padre es amigo del regidor.
Eugenio Hidalgo. "Ayer vino el papel del juez pidiendo la licencia de Prosmi, las que están al lado de tu padre, la tuya y la de tu padre y la de los chinos. Será hija de puta lo que tiene montado, que tenemos el ayuntamiento colapsado lunes y martes haciendo fotocopias de lo de tu padre, el otro y el otro".
Juan Castell. "Sí, mi padre le llevó los papeles a Nacho [letrado del ayuntamiento imputado, Ignacio Mir], porque no los encontraba lo de la parcelación del 83".
La grabación prueba que algunos de los promotores que recibieron la licencia de Hidalgo para edificar en dichos terrenos protegidos eran amigos del alcalde.
El sindicato CC OO denunció en enero pasado que la Consejería de Medio Ambiente había vetado a sus agentes forestales tramitar directamente sus denuncias ante la Fiscalía, lo que había bloqueado un centenar de sus escritos. José Benedicto, secretario general del sindicato en Baleares, planteó que esta consejería se había convertido en "colaborador necesario" de los delitos medioambientales y de construcciones ilegales en Andratx. El Ejecutivo balear negó "haber recibido más denuncias de las que tramita", pero admitió haber ordenado a los forestales entregar sus denuncias a la secretaría general de la consejería que, si veía delito, la remitiría a la Fiscalía.
El País, 09/02/2007
http://www.elpais.com/articulo/espana/Gobierno/Baleares/bloqueo/denuncia/agentes/mayor/pelotazo/Andratx/elpepunac/20070209elpepinac_1/Tes
Vivienda vacía: ¿Cómo se trata en Europa?
LEOLO* : "Frente a todos los que han puesto el grito en el cielo ante el intento del Gobierno Vasco de gravar las viviendas vacías diciendo (con perdón) todo tipo de sandeces (la propiedad es sagrada -cosa que no dice nuestra Constitución, que habla de función social de la propiedad y de subordinación de la misma al interés general-; es imposible definir lo que es una vivienda vacía -cuando hay hecho imponibles mil veces más complicados-; no debemos permitir que la Administracíón se meta en nuestras vidas; esto es propio de regímenes dictatoriales; esto no es más que populismo; etc), quisiera poner de relieve que en la Europa actual los estados imponen medidas mucho más fuertes que el canon vasco contra las viviendas vacias (penalizaciones, multas, administración ejecutiva pública, requisas, expropiaciones, legalización de la ocupación, demoliciones, etc).
Para los incrédulos ahí van algunas:
HOLANDA
1.- LA OCUPACION DE VIVIENDAS QUE ESTEN VACIAS DESDE HACE MAS DE UN AÑO ES LEGAL, la vivienda solo se le devuelve al propietario si demuestra que esta no volverá a estar vacía. Si habéis leido bien: si no alquilas la vivienda te arriesgas a que te la ocupen y a no poder echar al ocupa.
2.- Hay importantes SUBSIDIOS PÚBLICOS PARA PAGAR LOS ALQUILERES
DINAMARCA
1.- En los municipios de mayor tamaño se imponen desde los años 50 del pasado siglo hasta hoy mismo MULTAS PARA LOS PROPIETARIOS DE VIVIENDAS QUE LAS MANTENGAN VACIAS MAS DE SEIS SEMANAS. Si habéis leido bien, pone seis semanas.
2.- De hecho la multa se puede imponer simplemente por no informar al Ayuntamiento de que la vivienda lleva más de seis semanas vacías.
FRANCIA
1.- MEDIDAS PÚBLICAS PARA FAVORECER EL ALQUILER DE LAS VIVIENDAS VACANTES: ayudas a la rehabilitación a los propietarios de vivienda (vinculadas a poner en alquiler la vivienda), desgravaciones fiscales por la rehabilitación y posterior puesta en alquiler de la vivienda e incluso el alquiler obligatorio por parte de los HLM de las viviendas vacantes (con garantías para los propietarios de cobro de los alquileres –no integros-)
2.- TASA SOBRE VIVIENDAS VACÍAS en las ciudades de más de 200.000 habitantes en las que la tasa de viviendas vacías sea superior a la media, la población esté en crecimiento y haya menos oferta que demanda de alquiler. En estas condiciones la tasa es del 10% del valor catastral de la vivienda el primer año, el 12.5% el segundo y 15% el tercero y posteriores. El dinero recuadado va a parar a un instituto público que rehabilita vivienda. Si habéis leido bien en tres años el Gobierno te cobra casi el 40% del valor de la vivienda.
3.- REQUISA GUBERNAMENTAL DE VIVIENDAS QUE LLEVEN MÁS DE 18 MESES VACÍAS y cuyos propietarios (solo personas jurídicas) no hayan puesto medios para alquilar esas vivienda en municipios en los que haya necesidad de vivienda en alquiler de precios moderados. La requisa podrá llegar a los 12 años. Si habéis leído bien, requisas de 12 años. Estas viviendas son gestionadas en alquiler por un HLM público. El propietario requisado recibe una compensación por metro cuadrado (de la que se restan los gastos de rehabilitación, gestión del alquiler, etc).
REINO UNIDO
1.- AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA VACIA (Empty Home Agency) trata de animar a las autoridades locales a reducir el número de viviendas vacías y media entre las autoridades y los propietarios privados de viviendas. Además de tratar de aprovechar el parque inmobiliario y frenar las viviendas vacías procuran que ningún barrio caiga en la categoría de barrio marginal (unpopular neiboughood).
2.- INCENTIVOS FISCALES para los propietarios privados para la compra y rehabilitación de las viviendas vacías.
3.- PRESUPUESTO PÚBLICO DEDICADO A COMPRAR VIVIENDAS PRIVADAS VACÍAS PARA PONERLAS EN ALQUILER SOCIAL.
4.- PENALIZACIONES IMPUESTAS POR LAS AUTORIDADES LOCALES A LOS PROPIETARIOS QUE MANTENGAN VOLUNTARIAMENTE VACÍAS SUS VIVIENDAS. Vinculado a lo anterior las autoridades locales deben publicar anualmente información sobre el número de viviendas privadas vacías
5.- ALQUILER O VENTA FOROZOSA DE VIVIENDAS PRIVADAS VACIAS. Los ayuntamientos pueden forzar el alquiler o venta de viviendas que lleve más de seis meses vacía, salvo que sea una segunda residencia, su propietario esté enfermo o recién fallecido y se esté tramitando la herencia, esté trabajando en otra ciudad o la utilice de forma esporádica. Si habéis leído bien, dice seis meses. Y por cierto, he leído por ahí que la medida afecta a unas 600.000 viviendas en Inglaterra.
SUECIA
1.- LA EXISTENCIA DE VIVIENDAS VACÍAS IMPLICA UN AUMENTO DE GASTO PARA LAS AUTORIDADES LOCALES, dado que cada vivienda privada vacía incrementar el precio de los alquileres de vivienda protegida y como estos alquileres están garantizados por las autoridades locales, el incremento de viviendas privadas vacías implica mayor coste para el Ayuntamiento en alquiler público.
2.- Para evitar lo anterior, LOS AYUNTAMIENTOS OFERTAN VIVIENDA EN ALQUILER MÁS BARATA y así bajar el número de viviendas vacías y sus costes presupuestarios.
3.- Y en último extremo, proceden a DEMOLER LAS VIVIENDAS VACÍAS. Si habéis leído bien, prefieren demoler las viviendas privadas, antes de que estén vacías.
ALEMANIA
1.- LOS PROPIETARIOS PUEDEN SER OBLIGADOS A REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y FRENTE AL INCUMPLIMIENTO CABEN LAS MULTAS, LA ADMINISTRACIÓN SUSTITUTIVA DE LA VIVIENDA POR LA ADMINISTRACIÓN (lo que estos días ha propuesto Catalunya: la expropiación temporal y el alquiler forzoso) E INCLUSO LA EXPROPIACIÓN.
2.- En municipios con más del 10% de viviendas vacías la Administración procede a DEMOLER LAS VIVIENDAS VACÍAS QUE NO SE PUEDEN ALQUILAR.
ITALIA
1.- PENALIZACION FISCAL A LAS VIVIENDAS VACIAS a imponer por los Ayuntamientos y por un valor del 9 por mil del valor catastral.
¿En todos estos países las autoridades publicas atacan a la propiedad, son dictatoriales, populistas, etc? ¿O acaso en estos paises, por cierto los más desarrollados del mundo y algunas de las democracias más venerables del planeta, lo que ocurre es que entre a veces a la propiedad privada no se le permiten hacer cosas que dañan al bien común y al interés general?
Lo dejo a vuestro juicio, pero ya me gustaría ver a todos los periodistas y políticos que nos han insultados tanto en estos últimos días decir lo mismo de lo hecho por los gobiernos de todos estos países durante tantas décadas.
Ah! por cierto, en la mayor parte de estos países es mucho más accesible para el común de los mortales acceder a la vivienda y salvo Italia, todos tienen fuertes parques de alquiler, la mayor parte del mismo público y sus mafias inmobiliarias son mucho más pequeñas que las nuestras.
Ya me diréis como lo veis.
LEOLO/ Javier Burón Cuadrado - 08/02/07
http://leolo.blogspirit.com/archive/2007/02/04/vivienda-vacia-en-europa.html
Hay que repartir mejor la corrupción urbanística
Viñeta de Juan Carlos Contreras - La Kodorniz 07/02/07
http://www.lakodorniz.com/20070207-hay-que-repartir-mejor-la-corrupcion-urbanistica.html
Cómo actúa la corrupción urbanística en España
CIENLADRILLOS/ Gpunto* : "Periódicamente saltan a la prensa casos de corrupción urbanística que salpican a unos y otros partidos políticos, Marbella, Seseña, Andratx o Ciempozuelos, no son más que los picos del iceberg de la inmensa corrupción que existe en España, derivada de la concomitancia, entre alcaldías corruptas y promotores inmobiliarios sin escrúpulos. Por supuesto ni todos los alcaldes ni todos los promotores entran en este juego, pero hay para nuestra desgracia, muchos más de lo que los que destapan los medios de comunicación hasta el punto que comienzan a corroer los pilares de nuestro sistema político.
Todo parte de unas malas leyes que controlan el paso de calificación de terrenos, atribuciones que se han delegado a las Comunidades Autónomas y no son por tanto uniformes para todo el país. No obstante, el espíritu que las mueve es el mismo para todas. Sus líneas maestras se pueden resumir en los siguientes puntos:
Primar el poder llevar a cabo la urbanización por encima de los deseos de los propietarios del terreno, permitiendo en la práctica la expropiación de sus propiedades mediante una indemnización basada en la valoración del terreno expropiado como rústico.
Permitir ser promotor al que posea la mayoría del terreno, erigirse en promotor de la urbanización, siendo éste quien elige las compañías que urbanizarán el terreno, mientras que el resto de los propietarios, si no deciden vender sus terrenos, deberán por fuerza pagar la parte proporcional a su superficie de las obras de urbanización, al precio que le indiquen las compañías elegidas por el promotor y, frecuentemente, propiedad del propio promotor.
Por último, el terreno urbanizado una vez descontado los viales, zonas verdes y espacios cedidos al ayuntamiento para servicios y casa de vivienda protegida, se reparte en parcelas, dando a los propietarios que han aguantado hasta el final sin vender, parcelas donde decida el promotor, que por supuesto no serán los mejores sitios.
La ley favorece a los promotores de la urbanización, de forma que termina recibiendo el grueso de los beneficios económicos de la urbanización, quedando para los propietarios de los terrenos beneficios que como mucho, superan ligeramente el precio de mercado que tenían esos terrenos calificados como rústico,lo que puede ser suficiente, e incluso negocio, para quien tenia terrenos agrícolas abandonados e improductivos, pero no para los que los tenía como base de una agricultura y mucho menos para quien había decidido vivir tranquilamente en una casita rodeada de terreno.
Esta situación ha dado lugar a la corrupción que se detecta en muchos municipios, con concomitancias entre alcaldes y concejales y promotores, que solo en los casos mas escandalosos y palpables saltan a la prensa. Corrupción, que alcanza a todos los partidos políticos en general, pero que no parecen capaces de frenar, ni dentro de sus propias formaciones, ni legislando medidas correctoras que afecten a todos por igual.
La técnica seguida es siempre la misma, durante años a los propietarios legítimos de terrenos, no se les permite construir ni mejorar sus fincas por razones medioambientales, tampoco tener un aprovechamiento forestal del terreno, incluso se les prohíbe la poda de encinas. De repente, aparecen unas compañías que compran extensos eriales abandonados e inhóspitos a bajo precio.
Al cabo de un par de años el ayuntamiento declara edificable un terreno formado por los eriales y una área de terreno apetecible, por ser huertas o arbolado llano con buenas vistas, y ¡oh casualidad!, resulta que los dueños de los eriales son mayoría.
Desaparecen por ensalmo las razones medioabientales, miles de árboles son talados, sin que aparezcan los vigilantes de ICONA, que antes ponían una multa cuando podabas una encina
Se parcela todo y lógicamente, los eriales donde no se puede construir de ninguna forma, se dedican a zonas verdes, pero no importa, lo que cuenta son los metros de cada uno, independientes de su calidad o precio inicial. Los dueños de los eriales obtiene magnificas parcelas en la zona aprovechable, mientras que los antiguos propietarios reciben sus parcelas en los lugares menos atractivos de todo el polígono.
Esta técnica, junto a los cambios en el volumen edificable, la otra gran potestad en manos del ayuntamiento, es la realidad que ha permitido los abusos que saltan a la prensa, realmente clamorosos, y otros muchos, que siendo menos clamorosos y afectando a menos personas y no llegan a aparecer en los periódicos nacionales, al menos fuera de sus ediciones locales.
Las legislaciones actuales, como indico, favorecen descaradamente a los promotores en perjuicio de los legítimos propietarios de los terrenos. La mas perversa es la de la Comunidad Valenciana, hasta el punto que las quejas de los afectados ha sido tan clamorosa que han llegado hasta la Comunidad Europea que ha llegado a calificar la situación de abusiva, teniendo prevista una visita de inspección que el Partido Popular ha conseguido frenar hasta después de las elecciones. Sin embargo, como indico, la corrupción afecta a todo el arco parlamentario por igual, pues en Valencia hay ayuntamientos gobernados por unos y por otros y los que caen en corrupción pertenecen, a todos los partidos e incluso a alcaldes independientes.
La culpa no es de los partidos, incluso podemos decir que ni de las personas, la culpa es de las malas leyes. Al fin y al cabo, todo tenemos un precio y en este negocio urbanístico los beneficios se cuentan por millones de euros, es muy dificil resistir la tentación.
CIENLADRILLOS, 05 febrero 2007
http://www.cienladrillos.com/2007/02/05-como-actua-la-corrupcion-urbanistica-en-espana
«En la cuestión urbanística, España ha actuado como un nuevo rico»
Entrevista a Joan Nogué por Concha Pino* :
-¿La sensibilidad social habría evitado la impunidad y la corrupción urbanística?
-Hay falta de sensibilidad, pero no es la única causa. Ha habido una presión económica muy fuerte, pero las comunidades autónomas tienen competencias para controlar este crecimiento y no dejarlo en manos de los ayuntamientos. Y no se hizo, por clientelismo político, por ignorancia o por desidia. El Estado apostó por el ladrillo como motor de crecimiento económico, por el pan para hoy y hambre para mañana. Como país, y me refiero a España, hemos actuado como nuevos ricos.
Joan Nogué, especialista en el estudio del paisaje y del pensamiento geográfico y territorial, dirige desde que se creó, hace dos años, el Observatorio del Paisaje de Cataluña, un organismo pionero que, gestionado por un consorcio, implica a la Administración y a la sociedad civil. El pasado fin de semana, participó en el foro sobre Territorio, paisaje e identidad organizado por el Instituto de Estudos das Identidades en Santiago.
-Aunque sea de Perogrullo, ¿qué es el paisaje?
-Es la faz del territorio, su representación física. Pero a la vez es lo que percibimos, las emociones que despierta, lo que nos hace sentir, la percepción que tenemos de esa realidad.
-El hombre siempre ocupó el territorio. ¿Era inevitable la degradación actual?
-No, no era inevitable. Transformación paisajística ha habido siempre, pero la diferencia es que en el pasado era lenta y menos intensa, y había la posibilidad de ir integrando los cambios. En los últimos 50 años ha sido al revés, rápida e intensa, y desde hace quince se ha producido un auge inmobiliario fuera de lógica, hasta llegar a lo que yo califico de banalización del paisaje, porque se ha despersonalizado hasta límites insospechados. Las ciudades antes crecían de manera compacta, con ensanches que no dejaban espacios intersticiales. Ahora el crecimiento es disperso, con unos kilómetros de separación en terreno de nadie.
-¿Cómo afecta a la identidad esta transformación?
-Este caos produce una desazón a los ciudadanos que genera pérdida de calidad de vida. Necesitamos referencias del lugar que habitamos, y el caos y la uniformidad de lo que vemos es insatisfactorio.
-¿La sensibilidad social habría evitado la impunidad y la corrupción urbanística?
-Hay falta de sensibilidad, pero no es la única causa. Ha habido una presión económica muy fuerte, pero las comunidades autónomas tienen competencias para controlar este crecimiento y no dejarlo en manos de los ayuntamientos. Y no se hizo, por clientelismo político, por ignorancia o por desidia. El Estado apostó por el ladrillo como motor de crecimiento económico, por el pan para hoy y hambre para mañana. Como país, y me refiero a España, hemos actuado como nuevos ricos.
-¿Hay algún remedio?
-Lo hecho es irreversible. Hay que poner freno y arreglar lo que se pueda. Tiene que haber voluntad política, pero con leyes y normas.
-¿Y ciudadanos más conscientes y responsables?
-La gente empieza a estar cansada y a reaccionar ante los casos de corrupción que al fin salen a la luz. Pero sin corrupción también se puede hacer daño, daño legal. Por eso se necesitan normativas muy claras y estrictas, y que se cumplan.
La Voz de Galicia, 07/02/2007
http://www.lavozdegalicia.es/se_sociedad/noticia.jsp?CAT=105&TEXTO=5524135
Apuntes del nuevo Estatuto de Andalucía
DIEGO NARVÁEZ* : "El nuevo Estatuto :
Artículo 28.1. Todas las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado, sostenible y saludable, así como a disfrutar de los recursos naturales, del entorno y del paisaje en condiciones de igualdad, debiendo hacer un uso responsable del mismo para evitar su deterioro y conservarlo para las generaciones futuras, de acuerdo con lo que determinen las leyes.
Artículo 203.1. Los poderes públicos de Andalucía velarán por un uso eficiente y sostenible del suelo, a fin de evitar la especulación urbanística y la configuración de áreas urbanas insostenibles.
En los 25 años transcurridos desde que se promulgó el vigente Estatuto los asuntos relacionados con el medio ambiente y el urbanismo han dejado de tener una consideración de segundo orden para convertirse en una materia mayor. Empujados por una creciente sensibilidad social y por la necesidad de respuesta a los efectos que sobre el territorio y los recursos naturales está causando el desarrollo producido en este tiempo, es notorio que hoy ocupan un lugar preferente en el orden de las agendas políticas.
El medio ambiente gana categoría de derecho y obligación para los ciudadanos
En consecuencia, es lógico que este salto tenga su reflejo en el nuevo Estatuto que se somete a referéndum el próximo día 18, que consagra el derecho de todos los ciudadanos a vivir en un medio ambiente "equilibrado sostenible y saludable"; y la obligación de protegerlo como uno de los objetivos "básicos" de la comunidad. El Estatuto dedica todo un título, el VII, a fijar las responsabilidades de los poderes públicos en la materia, una de ellas el establecimiento de una fiscalidad ecológica con medidas preventivas, correctoras y compensatorias de los daños que se causen.
"El nuevo Estatuto trae cosas muy positivas al dar carta de naturaleza a aspectos que antes no venían con un desarrollo muy afortunado, y al hacerlo convierte ya en una obligación del Parlamento y el Gobierno llevarlo a la práctica con políticas que lo desarrollen", asegura el dirigente de Ecologistas en Acción y asesor urbanístico de la gestora de Marbella, Javier de Luis.
Como reconoce el catedrático de Botánica Baltasar Cabezudo, además del mencionado título, "todo el texto estatutario está repleto de positivas referencias medioambientales". La protección del medio ambiente ya se consideraba un objetivo básico de la comunidad en el Estatuto vigente, pero en el nuevo texto se hace una formulación más profunda. El artículo 10, entre otros objetivos de la comunidad, señala "la mejora de la calidad de vida de los andaluces y andaluzas mediante la protección de la naturaleza y del medio ambiente, la adecuada gestión del agua y la solidaridad interterritorial en su uso y distribución, junto con el desarrollo de los equipamientos sociales, educativos, culturales y sanitarios, así como la dotación de infraestructuras modernas".
En el nuevo texto, el medio ambiente gana categoría de derecho y obligación para los ciudadanos. Así, el artículo 28 establece que "todas las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado, sostenible y saludable, así como a disfrutar de los recursos naturales, del entorno y del paisaje en condiciones de igualdad, debiendo hacer un uso responsable del mismo para evitar su deterioro y conservarlo para las generaciones futuras, de acuerdo con lo que determinen las leyes". Además, "se garantiza este derecho mediante una adecuada protección de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, el patrimonio natural, el paisaje, el agua, el aire y los recursos naturales".
Uno de los avances más significativos es en la definición de los principios rectores de las políticas públicas, entre los que enumera el respeto al medio ambiente, y "el impulso y desarrollo de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética". Pero además figura también lo que, en opinión del presidente del consejo superior de Colegios de Arquitectos de España, Carlos Hernández-Pezzi, puede considerarse ejemplo del progresismo del nuevo texto: "El uso racional del suelo, adoptando cuantas medidas sean necesarias para evitar la especulación y promoviendo el acceso de los colectivos necesitados a viviendas protegidas".
Hernández-Pezzi considera el nuevo Estatuto "el texto más innovador en materia de sostenibilidad y calidad de vida, para una comunidad en la que hay aún grandes posibilidades de hacer un desarrollo sostenible, con energías renovables y un uso racional de recursos como el agua y el suelo". "Es una base para una política estratégica más coherente que muchas legislaciones estatales", concluye.
En el caso concreto del urbanismo hay un gran avance del actual al nuevo texto. El Estatuto vigente se limita a enumerar, entre las competencias exclusivas de la comunidad, la "política territorial: ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda". De esa declaración de principios, se pasa a una definición mucho más compleja y específica, y se abordan problemas que la experiencia acumulada en estos 25 años ha obligado a tratar, dejando bien sentadas las atribuciones que corresponden a la comunidad autónoma y que en los últimos tiempos se han puesto en entredicho desde algunas posiciones.
Las competencias exclusivas en urbanismo se detallan ahora en el artículo 56 con 10 puntos diferentes, entre los que cabe destacar el tercero. En este punto queda claro que la Administración andaluza es competente en la regulación del régimen urbanístico del suelo; en el planeamiento y gestión urbanística; en la política del suelo y vivienda y en la protección de la legalidad urbanística, "que incluye en todo caso" la inspección urbanística o las órdenes de suspensión de obras y licencias.
El título VII, dedicado monográficamente al medio ambiente, contiene 12 artículos relativos a la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales, la producción y el desarrollo sostenible, los residuos, el desarrollo tecnológico y biotecnológico, la prevención de incendios forestales y la lucha contra la desertificación, la protección ante la contaminación, el desarrollo rural, el uso eficiente del suelo y sistemas integrales de transporte, la utilización racional de los recursos energéticos, la protección de los animales y los incentivos y medidas fiscales.
En ellos se obliga a las administraciones públicas a impulsar medidas de ahorro y eficiencia energética, al desarrollo de energías renovables y limpias, a compatibilizar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente, o a evitar los desequilibrios de población entre distintos territorios.
Baltasar Cabezudo destaca del nuevo Estatuto "la inequívoca apuesta por la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de nuestros recursos naturales y energéticos".
El País - 05/02/2007
http://www.elpais.com/articulo/andalucia/apuesta/medioambiental/elpepuespand/20070205elpand_5/Tes
Hacienda pide los planeamientos urbanísticos de 200 Ayuntamientos
L.A.* : "Hacienda pretende conocer los grandes planeamientos urbanísticos de España antes de que comiencen a desarrollarse. Con ese objetivo, la Agencia Tributaria mandó el año pasado 200 requerimientos a ayuntamientos para que le remitiesen sus proyectos urbanísticos, una iniciativa que continuará este año.
La lucha contra el fraude inmobiliario requiere seguir la pista de los proyectos desde el principio.
El director de Inspección de la Agencia Tributaria, Carlos Cervantes, explicó ayer que los principales incrementos en el precio del suelo se producen en el proceso de recalificación, cuando un terreno pasa de ser rústico a urbanizable. Por ese motivo la Agencia está intentando controlar esos procesos desde su inicio y ha demandado información a los ayuntamientos con los mayores planeamientos urbanísticos del país. El año pasado se produjeron 200 requerimientos y este año continuará la tendencia. Cervantes explicó esos detalles en una jornada sobre fiscalidad organizada por la Asociación de Periodistas de Información Económica.
Los grandes proyectos urbanísticos están concentrados en pocos municipios. Unos 800 (el 11% del total) contienen el 80% de los inmuebles que existen en España, según datos del Catastro. Dirigirse a los de mayor desarrollo urbanístico implica, por tanto, tener una imagen bastante ajustada de cómo evoluciona el paisaje urbano del país. Además, Hacienda solicitará información a las juntas de compensación, órganos que constituyen grupos de propietarios de suelo rústico para gestionar su urbanización. El año pasado se efectuaron 2.000 requerimientos.
Fiscalidad 'verde'
En fiscalidad, el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, señaló que este año se planteará una propuesta de fiscalidad verde para vincular el pago de impuestos con el nivel de contaminación de cada contribuyente. Aunque aún está por definir, el impuesto de matriculación es "candidato natural" a esa reforma fiscal, que consistirá, según Ocaña, en subir el impuesto a algunos contribuyentes y bajarlo a otros, sin elevar en conjunto la presión fiscal. Se trata de "que haya mayor correlación entre lo que se paga y lo que se contamina", lo que trasladado al impuesto de matriculación implica que los vehículos de mayor cilindrada paguen más y el resto menos.
El País 06/02/07
http://www.elpais.com/articulo/economia/Hacienda/pide/planeamientos/urbanisticos/200/ayuntamientos/elpepueco/20070206elpepieco_10/Tes
Apagón mental
A.GARCÍA RECHE* : "Todo al revés. Se apagan las luces para protestar por la pusilánime y negligente actitud de las autoridades políticas ante el cambio climático, y resulta que estas se suman a la protesta ¡contra ellas mismas!
O sea que mientras los responsables de la cosa asfaltan humedales, promueven trasvases, iluminan hasta la exageración las ciudades y pasan olímpicamente de Kioto, ellos apagan la Ciudad de las Ciencias y las Artes para exigir (¿a quién?) que se tomen medidas contra el calentamiento global.
El grado de cinismo que hemos alcanzado no tiene precedentes.
Llegará el día en que los propios políticos que mandan nos convocarán a manifestaciones en su contra a través de un SMS y, lo que todavía es peor, estarán dispuestos a ir en la cabecera de la misma. Lo verán.
Eso sí, reconozcamos al menos que se trata de una estrategia inteligente. Si la confusión aumenta entre los ciudadanos cada vez será más difícil reconocer a los verdaderos culpables de cada cosa. Y si no hay culpables, ya se sabe, tampoco hay responsables. Por eso admiro tanto a González Pons, un Consejero del Territorio tan locuaz como cachondo, quien después de 12 años de política urbanística depredadora ejecutada por su propio partido, ahora aparece de pronto como el adalid del paisaje, la fauna autóctona y el medio ambiente. Talmente como si la cosa no fuera con él.
No es tan extraño como parece, hasta el propio Bush se está haciendo progresista en estas cosas. Miren si no lo preocupado por el medio ambiente que se ha mostrado en su último discurso. Es verdad que por no firmar, no firma ni Kioto; pero preocupado, lo que se dice preocupado, sí está el hombre. Todo el mundo sabe cuál fue la excusa que puso en su día para no hacerlo: cumplir el protocolo le costaría mucho dinero a EE UU. Esa fue la expresión del gran estadista. Y muchos americanos se lo creyeron, a pesar del desastre de Nueva Orleans. El problema es que ahora el New York Times ha sacado a la luz las cifras de la guerra y resulta que EE UU se va a gastar 1,2 billones de dólares (el equivalente al PIB de España en 2008) en Irak. Según los cálculos del mismo periódico, con ese dinero habría sanidad universal para todos los norteamericanos sin cobertura sanitaria, podrían escolarizarse a los niños de 3 años, vacunar a todos los bebés del mundo, invertir 6.000 millones de dólares en la investigación contra el cáncer y desarrollar las recomendaciones de la Comisión del 11/S en materia de seguridad. Y todo a cambio de renunciar a una guerra tan mentirosa y ridícula, como inútil. El NYT no lo dice, pero los gastos derivados del cumplimiento de Kioto son infinitamente menores. Pero eso ¿a quién le importa realmente?
Desde un punto de vista más doméstico hay que decir que la confusión también está llegando al mundo turístico. Los operadores de la cosa acaban de informar de que la gente empieza a desplazarse al norte de Europa, incluso fuera de la temporada estival, gracias al aumento de temperaturas propiciadas por el Cambio Climático. Ciudades como Estocolmo, Copenhague, Oslo y otros países bálticos se han llenado de turistas españoles en Navidad. Y al parecer la cosa va a más. Entonces la cuestión es: si el deshielo polar va a provocar una elevación del nivel del mar en más de medio metro, con un retroceso estimado de las playas en torno a 20 metros, y las olas de calor en el Mediterráneo pueden rozar los 50 grados en las próximas décadas, qué va a pasar con nuestro turismo de sol y playa caracterizado por el clima suave y templado. No se sabe, pero por de pronto existe un riesgo cierto sobre las construcciones de primera línea: sus precios caerán. En Fitur no se ha hablado de esto, pero todos sospechan que en algún momento tendrán que hacerlo.
Aunque ya les aviso desde ahora, a las autoridades políticas esto les importa un bledo: Si las cosas se complican ellos serán los primeros que se sumen a las protestas. El objetivo final es conseguir que el ciudadano de a pie crea que esto del calentamiento global es un castigo divino a la raza humana más bien que un comportamiento irracional impropio de esta. O sea, un apagón mental de tal magnitud que sitúe el problema en el terreno de los curas y de las plegarias, desde donde nunca debió salir. Lo conseguirán, no lo duden.
El País, 06/02/2007
http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/Apagon/mental/elpepuespval/20070206elpval_9/Tes
Los planes urbanísticos se podrán consultar en Internet
CIBERSUR* : "El objetivo de esta iniciativa es que los ciudadanos puedan acceder a través de Internet a los planes urbanísticos de sus municipios, con lo que se potenciará la transparencia en la gestión pública del sector urbanístico. Además, las actuaciones que se pongan en marcha en el marco del Programa de Impulso de la introducción de las TIC desempeñarán un claro papel tractor en la incorporación de las empresas del sector (estudios de arquitectos, promotoras, etc) a la Sociedad de la Información.
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, el director general de Red.es, Sebastián Muriel, y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Heliodoro Gallego, han firmado un convenio de colaboración para la puesta en marcha de la primera fase del Programa de Impulso de la introducción de las TIC en la gestión urbanística municipal. El objetivo del programa es aumentar de este modo la transparencia en la gestión pública del sector urbanístico.
El convenio firmado hoy establece las condiciones de colaboración en la primera fase del Programa de Impulso de la introducción de las TIC en la gestión urbanística municipal, que constará de la realización de un estudio y de una serie de actuaciones piloto que aporte los datos necesarios para la realización del estudio. Red.es destinará un máximo de 1,5 millones de euros a la realización de las actuaciones previstas en el convenio.
El estudio analizará la situación actual de la introducción de las TIC en la gestión urbanística y abordará diferentes cuestiones. Por un lado explorará las necesidades actuales de los ayuntamientos (con especial énfasis en los municipios pequeños) a la hora de implantar una herramienta SIG (Sistemas de Información Geográfica) y poner a disposición de los ciudadanos, a través de Internet, los planes urbanísticos vigentes.
Asimismo, el estudio detectará las barreras existentes para la puesta a disposición a través de Internet de los planes urbanísticos municipales y formular iniciativas para la eliminación de dichas barreras. Además servirá para proponer medidas que fomenten la implantación efectiva de las TIC en la gestión urbanística municipal y posibilitará el detalle de un plan de acción para cada medida identificada: objetivos, agentes involucrados, calendario de actuaciones, presupuesto…
En cuanto a las actuaciones piloto, se realizará una convocatoria pública para la realización de un máximo de 10 proyectos a la que podrán presentarse los municipios que estén interesados. En la elección de los municipios se tendrá en cuenta el criterio de pertenencia a regiones susceptibles de recibir financiación procedente de los fondos FEDER.
Una vez finalizado el estudio, se firmará un nuevo convenio de colaboración que articulará la puesta en marcha y ejecución de la segunda fase del programa, relativa a la incorporación de las nuevas tecnologías en la gestión urbanística municipal. El objetivo de esta segunda fase será ayudar a los ayuntamientos en la implantación de un Sistema de Información Geográfica (SIG), en la digitalización del Plan Urbanístico con su correspondiente carga de datos en el SIG y su puesta a disposición a través de Internet.
Cibersur.com 2007-02-05 http://www.cibersur.com/modules.php?name=News&file=article&sid=7384&theme=Cibersur&ref=19
