«Nuestra justicia es ineficaz, se ha descuidado la lucha contra la corrupción»

Entrevista al magistrado V.GIMENO* por M.GALLEGO :
-Usted ha afirmado que la corrupción urbanística no se persigue.
-Lo que digo es que nuestra justicia penal es lenta e ineficaz y no sirve para luchar contra los problemas que nos interesan. Se ha abundado mucho en la lucha contra la delincuencia callejera, fundamentalmente a través de la Ley de Juicios Rápidos de 2003, y la lucha contra esta pequeña delincuencia ha llevado al descuido o abandono de fenómenos tanto o más importantes, como es la corrupción en la política local. Hace tiempo que existe, aunque hasta ocurrir los sucesos de Marbella no se ha empezado a tomar conciencia de la necesidad de combatirla.

La Policía aún no ha comenzado a actuar y las unidades de la Guardia Civil de delincuencia urbanística están todavía en mantillas. El tema de la corrupción en la administración local nos ha caído del cielo a raíz de Marbella.
-Si nos ha caído encima es porque estaba ahí.
-Estaba, lo que pasa es que hay pactos de silencio porque son delitos de difícil prueba, en los que se suele manejar dinero «b» al que es complicado seguirle el rastro.
-¿Quiénes son los corruptos?
-Pues los políticos o los técnicos que cobran por recalificaciones de terrenos, por otorgar licencias constitutivas de auténticas prevaricaciones.
-Si hay corrupción, se sabe y no se persigue ¿eso es delito, no?
-Es discutible que sea un delito. El problema de la corrupción en urbanismo es que es un tipo penal que tiene las normas en blanco. Para que exista delito es necesario que haya habido un ilícito administrativo, una contravención a la legislación urbanística y lo que los jueces penales suelen hacer es pasarse la pelota y mandar primero a la vía contencioso-administrativa para después iniciar la penal. ¿Por qué suelen inadmitirse querellas o archivarse diligencias previas en delitos de prevaricación urbanística o contra la ordenación del territorio? Pues en muchas ocasiones porque no tienen medios y porque muchos jueces y fiscales no tienen ni idea de urbanismo.
-Además de formación y ganas, ¿qué más falta?
-Tampoco hay medios, los juzgados tienen una sobrecarga de trabajo considerable, ahora empieza a montarse una policía especializada en temas de urbanismo(...), pero la realidad es que, hoy por hoy, las fuerzas de seguridad tampoco tienen conocimiento de temas de urbanismo.
-¿Habría que modificar las leyes para facilitar la intervención de los ayuntamientos sin que fuera necesario llegar a situaciones límite como la de Marbella?
-No olvidemos que los municipios tienen autonomía local consagrada en la propia Constitución y que la intervención de los municipios está en la legislación desde Franco, cuando los gobernadores podían hacerlo. En nuestra democracia, que yo recuerde, la primera vez que se interviene es con el tema de Marbella y aquí con lo de Catral [municipio de Alicante a cuyo ayuntamiento la Generalitat ha retirado las competencias en Urbanismo tras contarse por miles la viviendas construidas la margen de la ley]. Me parece muy fuerte que una comunidad se vea obligada a utilizar estos instrumentos.
-¿Cabe otra salida en casos como el de Marbella o el de Catral?
-Lo que tiene que existir es un mayor control judicial después del administrativo. Supongo que a esos niveles los ayuntamientos cumplen con la legislación urbanística y que presentan sus planes de ordenación a la comunidad. Ahora bien, si se permiten, se consienten o se otorgan licencias urbanísticas en contra de los instrumentos de planeamiento, hay que acudir al Código Penal porque se estaría hablando de prevaricaciones. Y esos hechos hay que perseguirlos.
-Cuando eso suele ocurrir las casas ya están amuebladas.
-Hay un punto también de falta de sensibilidad por parte también de los jueces porque suele haber terceros de buena fe que ocupan esos edificios ilegales y es muy duro tener que utilizar después de un tiempo el Derecho Penal. Una mayor inmediación y un control judicial administrativo más efectivo evitaría mucho de lo que está ocurriendo.
-La aprobación por parte del Ayuntamiento de Alicante de las 15.000 viviendas del Plan Rabasa al margen del PGOU, ¿qué opinión le merece?
-Me parece una monstruosidad que se haya aprobado esto en el ayuntamiento al margen del plan general y sin un control.
-¿Control por parte de quién?
-Por parte de la comunidad autónoma, que tiene capacidad de intervención aunque no la suele ejercitar. Pero si se ha hecho con Catral, aunque me parezca muy fuerte, que se haga con todos aquellos que lo requieran. Sin olvidar que una intervención de esa naturaleza supone desapoderar a un ayuntamiento de todas sus facultades en materia de urbanismo y llevarlo todo desde la Comunitat. Supongo que, en el caso de Catral, habrá sido necesario, pero es muy fuerte que los ciudadanos tengan que ir cada dos por tres a la Conselleria de Urbanismo a pedir una licencia de obra. Me parece excesivo.
-¿Tiene el Código Penal elementos suficientes para luchar contra la corrupción o habría que endurecer las penas?
-Las leyes penales son suficientes aunque quizá algún tipo penal, como la prevaricación, tiene una pena leve. Dos años por cometer este delito, si hay mucho dinero en juego, creo que hay personas que no les importa pasarlos a la sombra, si es que al final acaban cumpliendo la condena. Habría que subir las penas por prevaricación urbanística y algún otro, el cohecho posiblemente también. Parece que Justicia está elaborando un anteproyecto para aumentar la severidad contra estos delitos (...)
-¿Cómo se tendría que actuar con los cargos públicos con poder ejecutivo que están imputados y que, aún así, siguen en sus puestos?
-Jurídicamente no se puede hacer mucho. Es un problema político y ético. Los políticos tendrían que ponerse de acuerdo en la necesidad de combatir la corrupción dentro de cada partido, y en el momento que existiera un funcionario o autoridad local sospechosa, pero sospechosa con fundamento, porque cabe subrayar que éste es un terreno político y que a veces hay querellas calumniosas, pero si existen fundadas sospechas de que una autoridad local ha cometido un cohecho o una prevaricación, decía, lo que se tiene que hacer es indicarle que presente su renuncia inmediatamente. Mientras los partidos no se tomen en serio que la corrupción puede acabar con el sistema democrático, que podemos llegar a niveles del tercer mundo, sucederá lo que sucede. Lo que tienen que hacer los jueces es acelerar al máximo el proceso penal. No se puede permitir que un delincuente esté ejerciendo de autoridad local. Pero estos procesos, como son complejos, llevan su tiempo.
-Si alguien conduce borracho o a más velocidad de la permitida es un homicida en potencia. Además del carné por puntos, ¿habría que endurecer las penas?
-Creo que está bien con lo que hay tanto desde el punto de vista administrativo como penal, aunque siga habiendo gente insensata.
-¿Existe solución contra los malos tratos?
-Viene a ser lo mismo que lo anterior.
-¿Y para la violencia escolar?
Educación y más inversión en el tema de menores. La Ley de Menores es una magnífica ley que busca por encima de todo la reinserción y evitar que el joven entre en un establecimiento penitenciario de donde saldrá peor que ha entrado. No hay que olvidar que las cárceles son escuelas de delincuencia, que un chaval entra por un delito contra la propiedad y se acaba convirtiendo en un criminal peligroso. Tenemos una buena ley, muy innovadora, pero no se está invirtiendo lo suficiente en equipos de psicólogos, en asistencia social, en lo que es necesario para que el sistema funcione.

«Los ayuntamientos no pueden ser reinos de taifas»

-El Tribunal Constitucional, del que usted fue miembro, dictó una sentencia en los 90 contraria a que el Estado asumiera las competencias urbanísticas. ¿Sigue pensando que están mejor en manos de ayuntamientos y autonomías?
-Hubo una sentencia sobre la Ley del Suelo en la que el Tribunal Constitucional decidió por una muy amplia mayoría, sólo con el voto discrepante, que yo recuerde, de Jiménez de Parga, reconocer las competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de urbanismo.
-Visto la actualidad, ¿le sigue pareciendo una decisión acertada?
-En urbanismo hay distintos títulos competenciales, está el tema de Costas para las urbanizaciones en primera línea, están las facultades de ejecución de los ayuntamientos en materia de concesión de licencias y está la potestad normativa y de ejecución que tienen las comunidades autónomas. Lo que no se puede permitir son los reinos de Taifas de los ayuntamientos, es decir, que la autonomía local no esté en contra de que las comunidades ejerzan sus competencias de inspección de manera que no proliferen las construcciones ilegales como está ocurriendo. Lo que no se puede permitir a los ayuntamientos es que de su capa hagan un sayo en materia de urbanismo.
-¿Qué opinión le merecen jueces como la magistrada de Dénia a la que no le gusta casar a homosexuales y que arremete contra los fiscales?
-Creo que esta señora es una buena juez que se equivoca en el tema de la objeción de conciencia. Un juez no puede plantear esto porque su legitimación, según la Constitución, consiste en aplicar la ley. De manera que una norma aprobada por el Parlamento tiene que ser aplicada por los jueces (...).
-¿Qué me dice de los ataques que desde el PP y el Consell están lanzando contra el fiscal jefe de Tribunal Superior de Justicia?
-Me parece inaceptable, inadmisible y absolutamente reprobable que una autoridad autonómica se le ocurra la genial idea de crear una comisión para fiscalizar al fiscal jefe del TSJ. No lo había visto en la vida ni aquí ni en ningún otro país. Es algo increíble. Al revés, los fiscales son los que tienen que controlar que las autoridades sean las primeras en cumplir la ley.

LEVANTE, Noviembre 06
http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pNumEjemplar=3347&pIdSeccion=19&pIdNoticia=248767&rand=1163911328033

*Tiene casi más libros publicados que años y en la actualidad se encuentra inmerso en la preparación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Vicente Gimeno Sendra (Gandia, 1949) no sólo ha sido uno de los miembros más jóvenes del Tribunal Constitucional, donde ingresó con 39 años y permaneció una década, sino que posiblemente es el magistrado que más votos particulares ha presentado.