J.J. PÉREZ BENLLOCH* : "Otras muchas lagunas podremos denunciar de las autoridades comunitarias de Bruselas, pero no en modo alguno la ignorancia o indiferencia acerca del urbanismo que se ha desarrollado en el País Valenciano. Tanto es así que bien podría ser este asunto una de las almorranas administrativas que más fastidia intermitentemente a los altos mandatarios de la UE. Como se ha recordado estos días, en los últimos años se han incoado y sucedido dos expedientes por infracción de la anterior Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y por la norma vigente, la Ley Urbanística Valenciana (LAV), mediando, además, 15.000 denuncias por presuntos abusos en este capítulo, dos visitas de eurodiputados para constatar sobre el terreno las quejas e irregularidades, y el llamado Informe Fourtou que las registró. En pocos otros capítulos habrá puesto más atención el Ejecutivo europeo.
Sin embargo, el Consell de la Generalitat no sólo se cree incomprendido por aquellos dignatarios, sino también traicionado por su representante legal y constitucional, que es el actual Gobierno de Madrid, el único interlocutor ante la Comisión Europea en nombre del Estado español. De ahí que, en un gesto meramente efectista y en previsión del revolcón jurídico que le acecha, el consejero de Territorio, Esteban González Pons, haya proclamado su intención de entrevistarse con el comisario europeo de Mercado Interior para defender sin intermediarios sus alegaciones a favor de la ley urbanística vigente, objeto del ya aludido expediente de infracción.
Según el mentado consejero -y el Consell con él- hay 13 comunidades autónomas que aplican la misma o muy parecida normativa urbanística, incluyendo la figura del cuestionado por estos pagos agente urbanizador. Y eso es lo que, en suma, se pretendía aducir ante Bruselas, pero que Madrid no ha incluido en su alegato porque sólo es el urbanismo valenciano el que está en candelero. ¿Por qué será, ciertamente, como se preguntaba el ex consejero socialista Eugenio Burriel? ¿Por malevolencia europea, por inquina del Gobierno de Rodríguez Zapatero, porque hay una conspiración contra el que fue descrito como "el modelo urbanístico más sostenible de España"? Los trinos populares de victimismo pueden alcanzar cotas insólitas.
Hay dos aspectos de este episodio que no acabamos de columbrar. Nos referimos, en primer lugar, a la salida de pata de banco que ha sido la referida pretensión de apelar directamente a Bruselas, obviando la mediación del Gobierno e instando una audiencia. ¿Habremos de creer que no ha sido previamente filtrada y valorada por nadie para impedir el disparate? De ser así, la conclusión está clara: el Consell no funciona coordinadamente y, además, está al albur de uno de sus miembros más temerarios, decimos del referido consejero, que en esta ocasión le ha dado por el desahogo secesionista como antes nos amenizó con el discurso verde. Un verdadero peligro para dejarlo a su aire. No obstante, lo probable -y patético- es que el núcleo duro del Gobierno autonómico estuviese al loro de esta pirueta recibida con pasmo y risa en los medios políticos.
El otro aspecto chocante es la desvelada propuesta de enmendar legalmente la referida figura del agente urbanizador, alfa y omega de todo este problema por cuanto condensa la inmensa mayoría de las protestas que han llegado a Bruselas. "Se acerca la hora de cerrar el grifo", ha declarado -y recogido en estas páginas- el consejero de marras, refiriéndose a la fórmula que ha permitido las vastísimas recalificaciones de terreno rústico a impulsos de quien no era su propietario, pero -añadimos nosotros- contaba con la complacencia o complicidad de la autoridad municipal y autonómica. Se trata, al parecer, de ponerle coto a este procedimiento, restaurando el ámbito de la iniciativa pública.
Ver para creer, pero si tal es el propósito, ¿por qué demonios no se activó cuando ya era evidente el correctivo sancionador que merecía la ley urbanística en vigor e incluso las intenciones de las instancias europeas? Es posible que fuese evidente para todos, menos para el PP valenciano, que se tiene por un dechado urbanístico. Hay desvaríos que requieren tratamientos severos.
*El País 14/01
El Consell pide la palabra en Bruselas
La vivienda bajará este año
Gonzalo Bernardos* :
"En España, muchos ciudadanos consideran que el mercado de la vivienda es una excepción al comportamiento de las leyes de la oferta y la demanda. Están de acuerdo en que, en otros bienes y activos (como el petróleo, las acciones y los bonos), el precio sube cuando la demanda supera a la oferta y baja en caso contrario. No obstante, según ellos, este comportamiento simétrico no tiene lugar en el mercado residencial.
Para la sabiduría popular, el precio de la vivienda sube tanto cuando la demanda excede a la oferta, como cuando esta supera a aquella. Pero no considera idénticas a ambas situaciones. En la primera, la subida supera a la tasa de inflación del periodo. En la segunda, dicho incremento se sitúa por debajo de la inflación. Ningún manual de Economía refleja la excepcionalidad de dicho comportamiento, pero casi nadie se opone a esa visión de funcionamiento del mercado residencial español.DISCREPO
de la sabiduría popular. El mercado de la vivienda en España no tiene ninguna característica singular para constituir una excepción de las leyes de oferta y demanda. Debido a ello, el precio de la vivienda baja cuando existe un exceso de oferta y los propietarios y promotores se convencen de que, para tener más posibilidades de venta, deben reducir los precios inicialmente establecidos. Creo que esta situación tendrá lugar en el 2007. En concreto, espero una reducción del precio de aproximadamente un 4%. Y este no será un año excepcional, pues es muy posible que el valor de mercado de las viviendas siga reduciéndose en los próximos.
Mi opinión se sustenta en tres motivos: un elevado estoc de viviendas sin vender; una reducción esperada de la demanda y una gran oferta prevista. El primer aspecto ya lo ve en las calles del país cualquier persona que preste un mínimo de atención a su entorno. Hay una proliferación de propiedades con el cartel "en venta", inexistente en los periodos inmediatamente precedentes. En obra nueva, escasas promociones se venden en su totalidad sobre plano. Y cada vez es más frecuente observar cómo, en el momento de constitución de la correspondiente comunidad de propietarios, más de un 50% de los pisos de la misma aún son del promotor (especialmente en las provincias de Madrid, Málaga y Alicante).
En vivienda usada, principalmente en las ciudades de Barcelona y Madrid, ha crecido espectacularmente el número de pisos que están a la venta desde hace más de un año. Ambas situaciones se observan porque en el 2006, aunque no bajó el precio de la vivienda en España, la absorción de la oferta por parte de la demanda sí que lo hizo de forma sustancial.
En el 2007, la demanda de viviendas sufrirá una significativa reducción. En la realizada por motivo de uso, las principales causas estarán relacionadas con la disminución de la capacidad financiera de las familias y con un menor crecimiento de la ocupación. En el primer caso, el factor clave será la evolución alcista de los tipos de interés. Una previsiblemente moderada desaceleración del PIB en Estados Unidos, unido a la subida del IVA en Alemania (del 16% al 19%) y a la probable confirmación de la recuperación de la demanda interna de su economía, pueden provocar que el euríbor a un año (principal índice hipotecario) alcance el 4,75% este año. El menor vigor del consumo privado (gasto de las familias) y la reducción del número de viviendas iniciadas generarán una inferior creación de empleo. Esta situación retrasará en un número significativo de parejas el cambio de una vivienda de alquiler por otra de propiedad o la emancipación del núcleo familiar original, mediante la adquisición de un piso.
En el caso de la demanda para inversión, el elevado exceso de oferta y la subida prevista de tipos de interés provocarán la reducción de la misma. El primer factor hará prácticamente imposible dar el pase (comprar y vender, obteniendo una elevada plusvalía, sin llegar a escriturar la vivienda). El segundo provocará que muchos inversores patrimonialistas, que destinan el piso adquirido al arrendamiento, ya no puedan pagar la cuota hipotecaria generada por la vivienda comprada con el importe del alquiler recibido. En la actualidad, la demanda por motivo inversión, especialmente la de carácter especulativo, se está trasladando al Este de Europa. Para muchos especuladores, ahora el Eldorado Inmobiliario ya no se encuentra en España, sino en los nuevos países de la UE (Polonia, Hungría, Rumanía).
PREVISIBLEMENTE, en el año 2006 el número de viviendas visadas rozará las 925.000 unidades. Constituirá un récord histórico y más que cuadruplicará el observado en el último año alcista del anterior boom inmobiliario (en 1991 se visaron 210.000 viviendas). Esta elevada oferta responde principalmente a tres causas: las grandes facilidades crediticias otorgadas a los promotores por parte de las entidades financieras (en algunas ocasiones, el importe del crédito cubre el precio del solar y el IVA generado); la creencia de numerosos promotores de que el precio de la vivienda no puede bajar en España; y la entrada en esta actividad de numerosos advenedizos atraídos por los elevados beneficios obtenidos por el sector en años anteriores. Aunque el número de residencias visadas disminuirá en el 2007, las 725.000 nuevas unidades continuarán siendo superiores a la demanda prevista (alrededor de 350.000 viviendas).
Por tanto, si tiene intención de adquirir un piso, tenga paciencia. Mire, compare y, sólo si encuentra una auténtica oportunidad, compre. En caso contrario, espere. Tendrá suficientes oportunidades en los próximos años para encontrar la residencia que desea. En cambio, si ha invertido recientemente en vivienda, no se lo piense dos veces: póngala en venta. Es posible que el próximo año le paguen menos de lo que obtendría en la actualidad.
*Director del máster de Asesoría
y Consultoría Inmobiliaria de la UB.
*El Periódico, 12 de Enero
Calificación urbanística y racionalidad
AlmudenaFERNÁNDEZ CARBALLAL* : "La oportunidad de cesión de la propiedad municipal donde se emplaza un estadio de fútbol a una entidad privada para su reutilización con nuevos usos es, dejando al margen cuestiones de índole política y económica, una cuestión urbanística que ha de regirse por los principios que rigen esta disciplina y, en especial, por el principio de servicio a los intereses generales que pauta toda modificación de planeamiento que pretenda llevarse a cabo con una concreta finalidad.
El carácter discrecional con que se configura la calificación urbanística del suelo y su posible recalificación determina que, no estando sometida dicha modificación de uso de suelo a criterios legalmente tasados, todo dependerá de la voluntad de las partes afectadas (el club de fútbol, el ayuntamiento y los ciudadanos en general) y de si en dicha iniciativa existe una solución de equilibrio entre todos los distintos intereses concurrentes: por un lado, los de la sociedad que actualmente explota el estadio, y por otro lado, los generales de la ciudad por los que en todo momento ha de velar la Administración municipal por imperativo constitucional.
Se trata de valorar cuándo una recalificación de suelo es razonable y está amparada por el ordenamiento jurídico por ser proporcional, coherente y racional. O si, por el contrario, resulta arbitraria en cuanto injusta, carente de fundamentación objetiva, ajena a toda razón, incongruente o contradictoria con la realidad que ha de servir a toda decisión.
El PGOM de un municipio no es otra cosa que la decisión formal de un designio racional orientado a la ordenación coherente de la ciudad. Su último destinatario son los ciudadanos. Entre sus determinaciones, la propiedad donde se ubica un estadio municipal se configura como bien de dominio público-servicio público, cuyo uso se ha cedido en régimen de concesión a la sociedad deportiva que lo utiliza.
Cambiar dicho uso y su régimen jurídico para destinar dicho terreno a otros fines más o menos lucrativos, sin que ambas partes resulten perjudicadas, constituye el tema de fondo a valorar, atendiendo a todas las circunstancias concurrentes y teniendo en cuenta los límites racionales de la discrecionalidad administrativa que, definitivamente, han de llevar a una concreta decisión.
En concreto, dichos límites pueden resumirse en tres: 1) la objetiva racionalidad y la adecuación objetiva de la nueva calificación, en el sentido de que sea de posible realización por estar conectada con las necesidades de la población en cuanto a nuevos usos de suelo y ser congruente con la líneas directrices y la finalidad del plan general vigente; 2) la proporción, que sólo se dará si la nueva calificación no impone a la propiedad del suelo -en este caso el ayuntamiento- un sacrificio absolutamente desproporcionado con la finalidad perseguida, sobre todo si no va acompañado de un significativo beneficio para la colectividad; 3) la igualdad ante la ley no justifica que a supuestos de hecho aparentemente iguales se atribuyan consecuencias urbanísticas iguales, pues su obligada interpretación dentro de la legalidad obliga a atender al caso concreto y a todas las circunstancias significativas de la parcela calificada.
En todo caso, una diferente calificación del suelo y de intensidad de aprovechamiento ha de estar conectada con el interés general emanado de las circunstancias concurrentes en la actuación y con la filosofía inspiradora del planeamiento en perfecta sintonía con las necesidades urbanizadoras municipales y con las necesidades urbanísticas de los ciudadanos, en cuanto últimos destinatarios del planeamiento municipal, de la ordenación del uso del suelo en él prevista y de su posible modificación.
*La Voz de Galicia 12 Enero
El 53% de los españoles considera que en su Ayuntamiento hay corrupción
Según publica este jueves EL MUNDO en base a una encuesta realizada por SIGMA DOS, el 53,3% de los españoles está convencido de que en el Consistorio de la población en la que vive hay corrupción. Lo aseguran, sobre todo, los jóvenes (el 60%) frente a los mayores (el 46%), y los hombres (el 55,6%) frente a las mujeres (el 51,2%).
De la información que firma Olga R. Sanmartín se deduce que esta opinión es compartida por la mitad de los encuestados que votan al PP y de los que apuestan por el PSOE. Los partidarios de IU son los que, por el contrario, más tienden a minimizar las dimensiones de la corrupción según este sondeo.
La encuesta, realizada entre el 26 y el 28 de diciembre de 2006, puso punto final al año en el que salió a la luz en Marbella el conocido como 'caso Malaya' y en el que se hicieron famosos, a su pesar, personajes como El Pocero y los alcaldes de Ciempozuelos, Andratx o Telde. A partir de ese momento, el cúmulo de denuncias por similares conceptos es incontable, afectando por igual tanto a municipios de un centenar de habitantes como a grandes capitales. Por eso, el 76% de los entrevistados considera que ha aumentado la corrupción.
La corrupción no hace distinciones entre partidos políticos, según la encuesta. La mayoría (el 72,4%) se muestra convencida de que todos los partidos son igual de corruptos. Pero luego, cuando hay que decantarse entre una mayor honradez del PSOE o del PP, ganan los que defienden a esta última formación. El 11,6% afirma que hay más operaciones fraudulentas en el partido del Gobierno, frente al 6% que sostiene lo mismo de los consistorios del principal partido de la oposición.
Lo que los españoles no perciben, sin embargo, es que haya un trato de favor a la hora de perseguir los delitos según quién los cometa. Sólo el 37,4% opina que el Gobierno utiliza a la Fiscalía para perseguir de manera diferente la corrupción que afecta al PP que la que afecta al PSOE. Son más (el 42,5%) los que están en contra de esta afirmación.
Del sondeo que publica EL MUNDO se desprende también que los españoles han percibido que un fuerte problema de corrupción afecta a nuestro país, pero, curiosamente, nadie quiere cambiar las reglas del juego sobre las que se basa la especulación inmobiliaria. A la pregunta ¿Estaría usted de acuerdo en pagar más impuestos a cambio de que se redujera el precio del suelo? casi el 60% responde que no.
Exposición "Especula en acción"
Ahora, “Especula en acción” llega a Barcelona
Se trata de una exposición de 27 dibujantes que la red los ha unido para denunciar los males de la especulación salvaje en España. Tras el éxito de la muestra en Antequera (Málaga), y a través de su página web, han sido numerosos los colectivos culturales que sehan interesado por ella hasta que, porfin, será mostrada en Barcelona. JRMora (jrmora.com)
Tras el éxito obtenido en su inauguración enla vecina localidad de Antequera, llegará hasta Barcelona la exposición “Especula en acción”. Más concretamente, a partir del próximo 18 de enero y hasta el 6 de febrero se podrá admirar en el CENTRE CÍVIC TORRE LLOBETA de Barcelona. Y posteriormente, saltará a CENTRE CÍVIC PORTA SÓLLER, también en la Ciudad Condal, donde estará colgada desde el 12 al 28 de febrero.
Y es que a la muestra le avala los numerosos visitantes que ha tenido en el municipio malagueño dondese gestaba la idea, las múltiples reseñas obtenidas en los medios de comunicación digitales comon en los tradicionales, y ahora la oportunidad de sonreir con ellala tendrán los barceloneses.
La originalidad de “Especula en acción” está en que es la primera vez que 27 dibujantes se unen con un fin común: opinar sobre las consecuencias del urbanismo salvaje que parece asolar la vieja piel de toro.
Así, en el pasado mes de agosto, se mantuvieron las primeras conversaciones entre los organizadores y el coordinador de la muestra, Juan Ramón Mora, quiénhacía un llamamiento en la red: que los humoristas gráficos se pronunciaran sobre un tema quetantos titulares estaba llenando en los medios. A partir de aquí, se daban los primeros pasos, y dicho y hecho, este 17 de noviembre se inauguraba en la Ciudad del Torcal la muestra “Especula en Acción”, organizada por la Plataforma Antequera Habitable.
Finalmente,respondieron a esta llamada de internet, unos 27 dibujantes, en su mayoría pertenecientes al territorio español, aunque también, enviaron sus opiniones ilustradas dos viñetistas de Iberoamérica”.
Por otro lado, no sólo acudierona la cita los dibujantes , sino también numerosos colectivos ciudadanos, solicitando que la muestra con los 72 trabajos llegara a sus ciudades.
Y es que como dice Juan Ramón Mora, “esto no ha hecho nada más que comenzar, ya que internet ofrece una nueva alternativa a los dibujantes para mostrar sus trabajos”, y explica en el bloghttp://especulacion-exposicion.blogspot.com/que colgarla es muy simple, se acabo los costosos y difíciles traslados de las obras. Tan fácil como enviar los trabajosen un cd por correo ordinario, o bien, descargarlas en un ftp privado, y posteriormente imprimirlos.
Precisamente, Mora, recalca que buscarse un hueco en el mundo del humor gráfico es muy complicado, puesto que exposiciones como éstas a penas se convocan, y en los medios tradicionales, “suelen estar los de siempre”, con lo cual dónde se dan a conocer los dibujantes, se pregunta.
Por otra parte, la plataforma organizadora de “Especula en Acción”, tiene muy claro que “una imagen vale más que mil palabras”, y piensa que de esta manera se puede “remover la conciencia ciudadana”, y al menos invitar a la reflexión sobre lo que está pasando en España con una “nefasta ordenación del territorio”, sin piedad, yque está arrasando con todo. Al mismo tiempo, Pepe Galán, portavoz de la misma, asegura que los artistas han colaborado de manera totalmente altruista en la muestra, y con la única pretensión de expresar sus inquietudes y preocupaciones como ciudadanos que son.
Pero sin duda,en cuanto a su contenido si existe un tema estrella éste es Marbella, seguido de otros casos de corrupción urbanística que han saltado a los medios de comunicación, y por supuesto, los problemas que tienen los españoles para acceder a una casa en propiedad, eso sí, a pesar de la gravedad del tema, y la alarma surgida, como se desprende de las viñetas, seguro que esbozará una sonrisa.
Finalmente, la lista de los participantes se compone de Ana Belén Rivero Fernández (Granada), ChuckNavarro (Málaga), Daniel Cruz Ruiz (Barcelona), Christian Garduño 0rtiz (México), Lamberto Ortíz Torrero (Valencia), José María Varona "Ché" (Córdoba), Félix González Fernández (Avilés), Xavier Àgueda "El Listo" (Barcelona), José Luis Castro Lombilla (Sevilla), J. Morgan(G. Canaria) , Arturo J. Molero Cabanes "Art Molero” (Jaén), Marisa Babiano (Madrid), Raúl Sánchez "LaRataGris"(Barcelona), Ulises Ponce López " U.P.L. (Alicante), Pepe Ortiz "Gatoto” (Sevilla), Manuel Ramos "Magnum" (Sevilla), Juan KalvellidoMálaga), Álvaro Peña (Murcia), Manuel Sánchez Nerja(Alicante), Juan Ramón Mora Málaga), Raquel Orzuj "(Uruguay), Enio Navarro (Madrid), Sergio Serrano (Málaga), Jose M. Bielza Maestre "JoBi"(Madrid), Bruno Ibáñez Lozano (Bilbao), Carlos Azaustre Rodríguez (Madrid), yRaquel Catalán (Barcelona).
Y sus estilos son muy diversos, desde la mano más veterana, como puedan ser de la Juan Ramón Mora, (ex colaborador del Correo de Andalucía), o Lombilla (dibujante del País Andalucía) o las más novata como la del escultor Sergio Serrano. Incluso,a destacar, también son los trabajos en 3-D de Chuck Navarro, o los diseños de Raquel Catalan. Aunque eso sí, lo mejor para opinar será ir a visitarla.
kaosenlared.net
Exorcismos urbanos
LuisFERNÁNDEZ-GALIANO* : "La arquitectura ha transitado del espectáculo al escándalo. Tanto los proyectos singulares como las urbanizaciones plurales se colorean con la sospecha del cohecho, y los filósofos resucitan el viejo espectro del pacto fáustico entre la arquitectura y el poder. Las estrellas del ramo aparecen asociadas a sátrapas, y los profesionales de infantería se descubren en compañía de concejales dudosos y comisionistas seguros. El crecimiento económico alimenta la actual floración de rascacielos emblemáticos y edificios totémicos, mientras el boom inmobiliario transforma el territorio en un magma indiferente, y esa combinación de gritos simbólicos y susurros hipotecarios ha construido una ciudad que sentimos ajena. Sin embargo, la urbanidad icónica y anónima es el retrato fiel de una sociedad próspera y superficial, que rehúsa reconocerse en el espejo oscuro de la ciudad cotidiana. Los medios emplean los términos 'especulación' y 'corrupción' como mantras hipnóticos que ocultan la legitimidad estructural del desarrollo urbano, y los jueces ofician un exorcismo preelectoral que finge expulsar demonios y miasmas de un cuerpo social robusto y sano, pero ni los unos ni los otros se sienten responsables de ese Moloch de hormigón al que han dado forma nuestros deseos compartidos.
Sí, tenemos la ciudad que hemos querido, y acaso también la que nos hemos merecido. Modelada por colosales fuerzas históricas -demográficas y técnicas-, que la política apenas encauza y la arquitectura sólo hace visibles, la ciudad contemporánea no es una geografía voluntaria, sino la expresión construida de lo que somos. Rasgarse las vestiduras ante la manifestación material del poder financiero, o escandalizarse frente a la extensión indiscriminada del asfalto, es tan farisaico como deplorar que los faraones construyeran pirámides, y tan hipócrita como llorar la destrucción de la costa donde hemos comprado el apartamento. Una sociedad desigual, que rinde culto al éxito económico y siente devoción por la celebridad, no puede lamentar que los contrastes se adviertan en el perfil urbano; y una sociedad hedonista, que persigue la satisfacción personal con ensimismamiento narcisista, no debe censurar que el ámbito de lo colectivo haya sido desventrado por una miríada de apetitos individuales. Nuestra Babel horizontal es el resultado del asilvestramiento de la humanidad, y los que predican la liberalización como panacea prefieren ignorar que seguramente no necesitemos más libertad, sino menos. La crisis de la ciudad no se dirime tanto en los tribunales de justicia como en el tribunal de la opinión, y ese escenario está ensordecido por unos medios adictos a la sensación, que entienden el escándalo como una variedad del espectáculo.
El que Vladímir Putin quiera llevar a su San Petersburgo natal la sede de Gazprom, levantando un rascacielos que dejará pequeña la catedral de Smolny al otro lado del río Neva, es tan explicable como el empeño de las cajas de ahorro sevillanas por construir, al borde del Guadalquivir, una torre que duplique la altura de la Giralda para albergar su futura sede común. Rusia exhibe la musculatura energética con la que intimida a la Unión Europea o a las repúblicas ex soviéticas de la misma manera que Sevilla se afirma frente a Málaga como capital económica andaluza: erigiendo colosos en ciudades históricas, y utilizando para ello a compañías controladas por el poder político. Tanto en el Neva como en el Guadalquivir, los arquitectos son comparsas en dramas urbanos cuyos argumentos no escriben -por más que se brinden a ofrecer imágenes seductoras o lemas publicitarios-, y cuyos protagonistas son ciertamente otros; una buena ilustración es la indiferencia con que fue acogida la renuncia a participar en el jurado del concurso ruso de los tres arquitectos extranjeros invitados, entre los cuales Norman Foster, que construye en Moscú una torre de mayor altura que la que hoy ostenta en Taipei el récord del mundo, una circunstancia que no le impidió dar en San Petersburgo una muestra tristemente estéril de independencia.
Nada parece ser capaz de detener la arrogancia del dinero y el petróleo. En España, el boom inmobiliario ha producido una nueva generación de millonarios, y unas empresas constructoras que están orientando su expansión hacia el sector de la energía, pero en otras partes del mundo son más bien los recursos energéticos los que alimentan la explosión urbana. Dubai, por ejemplo, que se jacta de usar la cuarta parte de las grandes grúas del planeta, tenía dos rascacielos en 1999, tiene hoy veinte, y tendrá noventa en 2012: un formidable crecimiento impulsado por los pozos del Golfo y canalizado a través de empresas respaldadas por el Gobierno, que espera convertir la ciudad en un centro financierocon este Manhattan del desierto, donde ya está a medio construir la torre que superará a Taipei y Moscú en la carrera de la altura. Son igualmente pujanzas petroleras las que impulsan el auge urbano de lugares tan remotos como Astana, la nueva capital de Kazajistán en las heladas estepas de Asia central, donde el mismo Foster ha inaugurado una monumental Pirámide de la Paz y tiene en marcha una ciudad del ocio con golf, playa y clima artificial bajo una carpa titánica; o como el nuevo centro de negocios de Khartoum en la confluencia del Nilo Blanco y el Nilo Azul, el mayor complejo en construcción de África, coronado por las sedes de las dos compañías petroleras que extraen el crudo de Sudán para los mercados chinos.
El maremoto urbano impulsado por la prosperidad acelerada, que está transformando los paisajes del planeta, arrastra también a los arquitectos con su ímpetu caudaloso, y muchos juzgarán ocioso entretenerse con melindres. ¿Coquetear con Putin, el líder de una superpotencia que está renovando viejos modos despóti-cos, pero cuyos favores se disputan Angela Merkel y Jacques Chirac? ¿Trabajar para Nursultan Nazarbayev, el dictatorial y mesiánico presidente kazajo, pero al que no se recatan de recibir ni la reina de Inglaterra ni el rey de España? ¿Construir para un régimen sudanés que está en guerra con parte de su propio pueblo, pero cuyo petróleo protege de la condena internacional por las matanzas de Darfur? Son preguntas sin respuesta, porque en su formulación maniquea está implícita la vigencia de una realpolitik que excluye cláusulas de conciencia, y que ha hecho de la gobernanza global una ficción consoladora estrepitosamente desnudada por la crisis climática. Y no muy distintas son las cosas en nuestro patio de Monipodio, con el agravante de que las disputas de galgos y podencos impiden perseguir siquiera los egoístas intereses nacionales en el puerto de arrebatacapas del desgobierno planetario.
Construyan para tiranos o contribuyan a la suburbanización insostenible, los arquitectos tienen tan escaso control sobre las mutaciones urbanas como los políticos venales o los promotores codiciosos. En nuestro país, la inmensa mayoría de las obras que nos hieren, de los edificios que nos ofenden y de los desarrollos que nos desmoralizan son previsiblemente legales: aprobados por instituciones democráticas, diseñados por profesionales cualificados y promovidos por empresas cuyo ánimo de lucro sólo puede reputarse de legítimo. Es cierto, hacemos la ciudad y ella nos hace a nosotros; pero la ciudad que hemos hecho nos produce tanto desasosiego que tenemos que hallar la causa del malestar en desviaciones o patologías del sistema, y buscamos la responsabilidad última de la enfermedad en un hatajo de pícaros, sinvergüenzas y mafiosos, confiando en que la tarea purificadora de los jueces drene el organismo social de sus humores mefíticos. Sin embargo, es dudoso que la persecución de la corrupción urbanística suministre por sí sola una ciudad mejor. Necesitamos otras leyes, y sobre todo otro marco de valores que no haga del individuo indócil el protagonista de la historia, porque la cupiditas aedificatoria que nutre la construcción oceánica del territorio reside en nuestros corazones y en nuestras cabezas. Parafraseando al Borges de la Nueva refutación del tiempo, la ciudad es un tigre que nos devora, pero nosotros somos el tigre.
*El País, 08/Enero
Las recalificaciones sólo benefician a unos pocos
R. M. - El País 07/Enero - ENTREVISTA:
Jesús Lizcano (Madrid, 1956) preside Transparencia Internacional, una ONG encargada de desmenuzar y combatir la corrupción. Lizcano, catedrático de Análisis Economicos de la Universidad Autónoma de Madrid, defiende que se aireen los casos de corrupción y pide más agilidad a la justicia.
Pregunta. En el último índice de Corrupción de TI España ha bajado puestos. ¿A qué se debe?
Respuesta. España está en la posición 23 de 163 países, algo que aparentemente no está mal. Pero ha bajado la nota: si en 2004 obtenía un 7,1, ahora, es un 6,8, una tendencia preocupante. Se debe principalmente a un sector, el inmobiliario.
P. ¿Hay tanta corrupción urbanística, está tan extendida o es una impresión errónea?
R. Creo que no está ahora más extendida que antes, pero los jueces, la policía y los medios están sacando a la luz casos, y la población se está sensibilizando. Además, el boom inmobiliario ha facilitado la corrupción urbanística. Cuanto más desarrollo urbanístico, más corrupción potencial existe. No es malo que haya un desarrollo del sector de la construcción, es bueno para la economía, y beneficia a otros sectores, pero es necesario que se haga con controles para que no haya dudas sobre la forma en la que se gana el dinero por parte de unos y de otros.
P. ¿Por qué se produce?
R. Entre otras cosas, porque los Ayuntamientos tienen una especie de varita mágica que permite que un particular obtenga enormes beneficios. Hablo de las recalificaciones de suelo. Se trata de una decisión de un poder público, elegido por el pueblo, pero que genera beneficios a unos pocos, no a la colectividad. Esas enormes plusvalías van a bolsillos privados, y puede pensarse que a veces son bolsillos cercanos a los gobernantes o a los partidos políticos.
P. Ocurre con la urbanización, pero no con otras obras públicas. Nadie se enriquece porque designen su terreno como parte del trazado del AVE.
R. No, porque en esos casos se va a la expropiación, mediante un precio razonable y los propietarios no reciben toda la plusvalía.
P. Los casos están aflorando, pero en Marbella la justicia ha tardado 15 años en condenar a los responsables de unos atropellos urbanísticos clamorosos.
R. Habría que agilizar los procesos judiciales. Cuando la justicia es lenta es menos justicia, y genera una cierta impunidad.
P. Los ayuntamientos hacen muy complicado el urbanismo. ¿Es para que sea opaco o es que no hay forma de simplificarlo?
R. El urbanismo es complejo y en los detalles técnicos prácticamente sólo aparejadores y arquitectos los comprenden. Pero lo fundamental, cuánto y dónde se va a poder construir, qué beneficios genera..., esto se puede resumir para que lo entienda bien el ciudadano. Necesitaríamos una ley de acceso a la información pública, ya que somos uno de los cuatro países europeos sin ella. Además, habría que obligar a los ayuntamientos a colgar en su web los planes generales de ordenación urbana y hacerlos comprensibles. Pero sobre todo, deberían publicar los convenios urbanísticos, en los que pueden cambiar a su antojo el planeamiento urbanístico, y deberían publicarlo, no cuando esté aprobado, sino durante toda la tramitación. Además también deberían publicar las modificaciones de las obras, que a veces no se justifican y dan beneficios a los promotores. Se necesita más transparencia en los Ayuntamientos.
P. ¿Qué más medidas?
R. Que toda operación urbanística que suponga un porcentaje importante del presupuesto municipal debería estar supervisada por otra administración, la autonómica o la central.
P. ¿Tienen demasiado poder los ayuntamientos?
R. Hay municipios muy pequeños donde hay empadronamientos ficticios, lo que facilita luego autorizar determinadas urbanizaciones. Tienen que estar tutelados en algunos casos, porque hay ayuntamientos realmente pequeños que hacen luego operaciones espectaculares. Además, hay que hacer que los procedimientos judiciales sean más fluidos y controlar más las sociedades públicas municipales. Y se podrían crear secciones especializadas en delitos urbanísticos en las Audiencias provinciales para que llegue a haber jueces especialistas al respecto.
Hay corrupción en la financiación de los partidos
ENTREVISTA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - RAFAEL MÉNDEZ - El País 07/Enero
En medio de la tormenta de escándalos urbanísticos, dos expertos en asuntos de corrupción aportan propuestas para combatirla. Coinciden en que las decisiones sobre urbanismo no pueden estar sólo en manos de los ayuntamientos. La financiación de los partidos políticos emerge como uno de los problemas de fondo por resolver.
Fernando Jiménez, nacido en Almería hace 43 años es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Murcia.
Pregunta. ¿Está tan extendida la corrupción?
Respuesta. Es muy difícil de saber. Corrupción es sacrificar el interés público en beneficio privado, pero según la ideología varía la definición de interés público. En términos mundiales, España no está en mal lugar, pero debería preocuparnos porque afecta a la calidad de la democracia.
P. ¿Dónde está la corrupción?
R. En el urbanismo, la contratación pública y la financiación de los partidos políticos y todos estos terrenos están frecuentemente relacionados. Está concentrada principalmente en el nivel local por problemas en el diseño institucional que dan lugar a fallos en los sistemas de control.
P. Dice que corrupción es sacrificar el interés público en beneficio privado. Hay casos en los que un alcalde regala suelo público a una promotora e inmediatamente lo recalifica. En ese caso la plusvalía de un suelo público va a la promotora. Pero el alcalde no se esconde, dice que lo ha hecho para que haya empleo y el pueblo lo apoya. ¿Eso es corrupción?
R. Muchas veces el 90% de los electores respaldan esas decisiones. ¿Aun así se vulnera el interés público? Puede ser. Está el derecho de la minoría y el derecho de las generaciones futuras a disfrutar de esos lugares, del medio ambiente. Aunque todo un pueblo quiera construir 10 alturas en una playa virgen o talar un pinar, puede haber corrupción. Un aspecto fundamental de la democracia es que la mayoría no puede hacer lo que le venga en gana. No hay peor tiranía que la de la mayoría. Hay límites legales. Y el interés particular de los ciudadanos de Águilas, de Carboneras o de Las Navas del Marqués no está por encima del interés público de los españoles y de las próximas generaciones a disfrutar de playas vírgenes o pinares.
P. Sin embargo, en España, un pueblo de 100 habitantes en el Pirineo puede decidir construir 10.000 viviendas.
R. En esos casos está el interés de todo el país. Vivimos en un sistema compuesto. No puede ser que la decisión esté en un solo nivel, el local. No es fácil de arbitrar, pero debería haber más intervención y coordinación con el nivel de gobierno autonómico y el central. La decisión de un ayuntamiento afecta a los de alrededor, a todo el entorno. No vivimos en pueblos aislados. Hoy uno trabaja en un ayuntamiento, vive en otro, veranea en otro y sus padres están en otro. No son comunidades rurales aisladas como en el siglo XIX que puedan actuar cada una por su cuenta.
P. ¿Cuánto dinero de la corrupción acaba en los partidos políticos?
R. Tenemos un cierto conocimiento de las finanzas de los partidos a nivel central, pero no en los gastos a nivel local. Son muy significativas las declaraciones del recaudador de Telde. Decía que el partido les mandaba dos millones para la campaña y que ellos gastaban 15. Nuestro nivel de conocimiento es bajísimo, pero las campañas cada vez son más caras, nadie respeta los topes de gastos. Y eso atenta contra la base de la democracia, que es la equidad. Si tu rival gasta más que tú, uno está tentado a meter más cuñas en la radio, a hacer más encuestas. Si permitimos esto, quien tiene más dinero influirá más. Hay que reformar el sistema de financiación de los partidos para hacer más eficaz la fiscalización.
P. Si al que Gobierna le va bien, nunca va a cambiar.
R. Es difícil porque los partidos en la oposición asumen que les toca tener menos dinero durante un tiempo, hasta que gobiernen una diputación o un ayuntamiento y se de la vuelta a la tortilla. CiU ha perdido muchas donaciones desde que no gobierna en Cataluña.
P. ¿Cómo afectarán los casos de corrupción electoralmente?
R. La primera reacción ante estos casos es el cinismo. Es decir que todos son iguales, unos trincones y que "yo si pudiera haría lo mismo". El sentido de lo público está muy poco desarrollado en España. La gente no siente que el bosque, la playa, el suelo sea suyo.
P. O sea, que no tiene impacto electoral.
R. Lo tiene generalmente en momentos de crisis económica. Si el mercado urbanístico se hubiera venido abajo en la época del GIL, no creo que esta partido hubiera controlado durante tantos años Marbella.
2006: El año de la especulación urbanística en España
Francisco Garrido /Los Verdes, 5 de Enero
De confirmarse las expectativas de crecimiento recogidas en los planes urbanísticos actuales de muchos municipios españoles para el año 2016 pudiera haberse incrementado entre un 30 a un 40 % la superficie de suelo urbanizado en España y se habrían construido mas de veinte millones de nuevas residencias .En algunas zonas del interior o de la costa esta aumento de suelo urbano podría ser de mas del 100%.Una auténtica locura que hay que frenar.
EL MODELO URBANÍSTICO ES RESPONSABLE DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Problemas tan graves como el cambio climático, sin lugar a dudas el primer problema de la humanidad en la actualidad, están en España conectados al modelo urbanístico dominante. De tal modo esto es así que más del 40 % (los denominados emisores difusos) de los gases de efecto invernadero (GEI), que son los que causan el cambio climático, que España emite a la atmósfera son responsable directo actividades relacionadas con el crecimiento urbanístico.
Del 60% de emisiones de GEI restante (los emisores industriales) están también asociados al crecimiento urbanístico por la vía del consumo y transformación de materiales abióticos (energéticos o no) como el cemento o el ladrillo. El desarrollo urbanos incontrolado ha sido ya en el año 2006 la principal causa de pérdida de suelo agrícola en beneficio de suelos artificiales urbanos. Esta sustitución de agricultura o bosque por ladrillo en este año del 2006 ha sido la causa primera de desertización. La continua, y en mucha! s ocasiones apertura de canteras y de extracción de áridos, para abastecer la demanda insaciable de crecimiento urbano, ha sido también en este 2006 una de las fuentes de consumo de materiales y de degradación de lo suelos.
EL MODELO URBANÍSTICO ES RESPONSABLE DE LA DESERTIZACIÓN Y LA PERDIDA DE BIODIVERSIDAD
Unida al crecimiento del suelo urbano va aparejado el despliegue de nuevas infraestructuras de comunicación y de la densidad del tráfico privado. Dicho crecimiento del transporte y el tráfico privado ha sido durante el 2006 la amenaza fundamental contra la biodiversidad. Como ejemplo valga la agónica situación del Lince Ibérico en Doñana con mas de 13 linces muertos por atropellos en el entorno del Parque Nacional, o la amenaza , cada vez mayor, contra las poblaciones de osos en Castilla León, Asturias y el Pirineo debida a las infraestructuras y urbanizaciones vinculadas con el turismo de esquí.
EL MODELO URBANÍSTICO AGRAVA EL PROBLEMA DEL AGUA.
En estos últimos cinco años, pero especialmente en el 2006, se ha invertido una tendencia en la demanda de consumo de agua de la agricultura al medio urbano. Entre el 2004 y el 2006 el consumo urbano ha crecido más de un 3 % en el total de demanda hídrica en España en detrimento de la agricultura (la gran consumidora de este recurso).
De hecho es el consumo urbano el que muestra la tendencia más ineficiente en el consumo de agua de todos los sectores.
EL MODELO URBANÍSTICO DISPARA LA PRODUCCIÓN DE RESIDUOS
En el año 2006 se ha confirmado la tendencia al crecimiento de Residuos Urbanos interanual de un 3% y se ha llegado a cerca de 600 kilogramos por persona y año. Por otro lado, la construcción es la responsable de que se haya quebrado, a partir del 2003, la tendencia a la disminución de la producción de residuos industriales de tal modo que desde el 2003 y hasta el 2006 ha crecido por encima del 2% interanual.
EL MODELO URBANÍSTICO ES RESPONSABLE DE LA CORRUPCIÓN POLÍTICA
Este modelo urbanístico viene unido a abundantes episodios de corrupción política que están minando las bases de una institución tan importante para la democracia y la gestión sostenible del territorio como son los ayuntamientos. En demasiadas ocasiones tras el ladrillo se encuentra el maletín y tras la recalificación urbanística el soborno político.
En este año del 2006 se han disparado los casos de corrupción urbanística pero también las denuncias y los procedimientos judiciales. Los verdes y los ecologistas ya no estamos solos frente a la especulación y la corrupción: millones de ciudadanos y ciudadanas, organizados en plataformas cívicas o expresándose como opinión pública, están denunciando y rechazando este “estado de sitio urbanístico” en el que vivimos: el asalto al patrimonio natural y cultura por parte de las mafias económicas y políticas del ladrillo
HAY UN CONSENSO MAFIOSO ENTORNO AL LADRILLO
En esta dinámica donde se unen corrupción y especulación urbana, es difícil diferenciar en muchas ocasiones el color político de cada ayuntamiento.
EL PROYECTO DEL LEY DEL SUELO ACTUAL ES UNA PERIDA DE OPORTUNIDA HISTÓRICA PARA LUCHAR CONTRA ESTA SITUACIÓN.
El proyecto de ley del suelo que se va a discutir en el congreso de los diputados en el próximo 2007 , de no modificar sustancialmente la redacción actual, va a ser una magnífica oportunidad perdida de limitar y racionalizar el crecimiento y el modelo urbanístico insostenible del momento presente.
LAS REFORMAS DE LOS ESTATUTOS (SALVO EL ANDALUZ Y CATALÁN) NO VAN A SERVIR PARA CAMBIAR ESTA SITUACIÓN
Las reformas de los estatutos de autonomía emprendidas hasta la fecha (Cataluña, Andalucía, País Valenciano, Aragón y Baleares) salvo en el caso andaluz (donde se ha producido un importante salto en materia ambiental), y en menor medida en el Estatuto catalán; no ha añadido nada nuevo importante tanto en materia de control urbanístico como de políticas ambientales.
Las reformas estatutarias realizadas hasta el momento con la excepciones mencionadas ha supuesto un oportunidad pérdida para avanzar en la modernización ecológica de la administración y la política autonómica española. La importancia de esto hay que verlo en el marco de unas comunidades autónomas que tienen transferida gran parte de la gestión de las políticas ambientales, urbanísticas y territoriales del Estado español.
VALENCIA, BALEARES, ANDALUCÍA, MADRID Y CANARIAS LAS PEORES
Las comunidades autónomas de Valencia, seguida de Baleares, Andalucía, Madrid, Canarias, Murcia, Castilla-León y Castilla La Mancha, son las que se encuentran peor situadas en lo tocante a las políticas urbanísticas y su relación con la especulación y la corrupción.
Francisco Garrido, Portavoz de Los Verdes y Diputado en el Congreso.
El debate sobre la locura inmobiliaria ha estallado, y ya no se frenará
Ramón Fernández Durán - 2 Enero /Kaosenlared
Hace un año aproximadamente la fiebre urbanística y el desmadre de cementación del territorio estaban en su máximo apogeo, pero apenas había debate político y social al respecto. Después de cinco años de verdadero desquicie inmobiliario, el llamado quinquenio de la euforia[2], se habían ido desarrollando distintos procesos locales de resistencia al Tsunami urbanizador español, principalmente las denominadas plataformas por la defensa del territorio, pero su incidencia en la esfera y el debate público se circunscribía, en todo caso, al ámbito local. Parecía imposible romper la “espiral del silencio” con que los grandes medios protegían los fortísimos intereses económicos y financieros que impulsan y se benefician del Tsunami. La sociedad española asistía complaciente a un fenómeno que beneficia a una parte sustancial del cuerpo social, en torno a un 20-30%, los sectores propietarios de más de una vivienda, que veían revalorizarse sus patrimonios, y a los capitales internacionales, mientras que está significando un verdadero terremoto social en la estructura de rentas para el resto, pues más de un 40% de la población española está fuertemente endeudada con hipotecas. Y más de un 30% de ella ni siquiera tiene capacidad para endeudarse con el fin de acceder a una vivienda, al tiempo que el mercado de alquiler se ha convertido en una salida minoritaria, tan solo posible para los sectores de mayor poder adquisitivo. La población más joven, o emigrante, con trabajos crecientemente precarios, va quedando cada vez más al margen del mercado, o de poder satisfacer de una manera mínimamente digna sus necesidades habitacionales. Cada vez pues más viviendas, y cada vez peor alojados, teniendo que destinar una cada día mayor cantidad de las rentas salariales a la vivienda.
España se ha convertido en la cumbre de la burbuja inmobiliaria mundial, durante el periodo 1998-2005, según la OCDE, y en el país de la UE con más viviendas por mil habitantes, con más viviendas vacías (más de tres millones), y con más viviendas secundarias (una cifra aún mayor). La construcción de segundas residencias está orientada en una importante medida a la demanda externa de alto poder adquisitivo de los países ricos, principalmente comunitarios. Tanto de los que deciden retirarse a España a pasar los últimos años de su vida, más de un millón ya (la “Florida europea”), como a los que vienen a comprarse su segunda, tercera o cuarta residencia, especialmente en los lugares más privilegiados y cálidos de la geografía española. Y a ello se ha sumado una demanda adicional de fondos de inversión, de pensiones e inmobiliarios, y un más que abundante dinero negro nacional e internacional, ante las perspectivas de revalorización y las posibilidades de lavado en el sector inmobiliario, todo ello incentivado por la ley urbanística de 1998 del PP, la ley del “todo urbanizable”. Una entrada pues en tromba del capital nacional y especialmente extranjero (lícito o criminal), que acudía al sector urbanístico español ante la fuerte subida de los precios de los productos inmobiliarios, de primera y segunda residencia. Y en el caso de esta última se ha producido un verdadero estallido de nuevas macrourbanizaciones de muy baja densidad, con campo de golf aparejados, que han servido para revalorizar la vivienda vacacional como producto de inversión. Se vayan o no a utilizar las viviendas, y se vaya o no a jugar al golf. Más de quinientos campos de golfo inundan ya nuestro territorio, y otro número similar se apresta para hacerlo en breve (aunque no parece que lo vayan a lograr los que los promueven, como veremos). El enorme impacto territorial y ambiental de toda esta sin razón es fácil de adivinar, máxime porque la explosión inmobiliario-constructora ha tenido lugar especialmente en aquella parte del territorio español con más escasez en recursos hídricos: archipiélagos, arco mediterráneo, y mitad Sur de la Península Ibérica.
Pero la maquina inmobiliaria-constructora (y destructora) no sólo se ha desarrollado en esos espacios “privilegiados”, sino que ha alcanzado a todo el sistema de ciudades español, en especial a las grandes metrópolis, y muy en concreto a Madrid (la región metropolitana europea que más ha crecido en los últimos años), y también a gran parte de los pequeños núcleos a través del turismo rural, así como a la cornisa cantábrica y a la fachada atlántica gallega, e igualmente se ha proyectado hacia numerosos enclaves de montaña de gran valor paisajístico, turístico y deportivo (áreas de ski). El cemento para nada tiene mal de altura. Lo cual ha quedado también claro por la irrupción de megaconstrucciones de oficinas en las principales metrópolis, que se alzan desafiantes hacia el cielo, rompiendo con los anteriores sky lines mas “mesurados”. Todo ello se ha visto incentivado por una abundantísima construcción de infraestructura de transporte (autopistas, aves, metros subterráneos y en superficie, ampliación y construcción de nuevos aeropuertos, creación de superpuertos y de un sinnúmero de puertos deportivos, etc.), así como por la proliferación de áreas logísticas en los espacios urbano-metropolitanos. Y estas infraestructuras han posibilitado un nueva expansión, sin precedentes, de la lengua de lava urbano-metropolitana, que está arrasando con nuestro paisaje natural y cultural de siglos, así como con terrenos de importante valor agrícola. Un crecimiento en mancha de aceite, y ahora también a saltos, en forma de piel de leopardo, con predominio del chalet adosado y viviendas unifamiliares, sazonado también por una proliferación de centros comerciales por doquier. Un modelo irracional basado en la construcción y el consumo, de gran impacto ecológico, pero que por el momento genera empleo y doblega conciencias. España estaba siendo engullida por el cemento, pero parecía que nadie se enteraba, o que mucha gente asentía, y que nadie decía nada. Las voluntades políticas locales y regionales estaban siendo compradas por el enorme poder corruptor del dinero, mientras que toda España se estaba convirtiendo en una inmensa Marbella, y la cultura de la especulación penetraba en gran parte del cuerpo social. Eso era así hasta hace un año, aproximadamente. Pero de repente todo ha estallado. ¿Cómo ha ocurrido y qué pasará?
Ya a lo largo del año pasado, se empezó a articular de una manera efectiva una considerable protesta social ciudadana, de un contenido muy plural, en muchas zonas del territorio (principalmente en el País Valenciano, Murcia, muchas zonas de Andalucía, y en numerosos enclaves de los archipiélagos). Bajo el lema del “No se vende” la protesta social intentaba la defensa del territorio, ante el avance imparable del Tsunami. Pero a pesar de todo su eficacia parecía limitada, si bien este movimiento estaba sentando las bases para una resistencia más efectiva posterior, a través de una mayor repercusión social. Y quizás uno de los puntos de inflexión del estallido del debate público en torno a este tema fuera la irrupción en escena de la Operación Malaya. Un juez sensible se atrevía a poner entre rejas a toda una corporación municipal, la de Marbella, destapando una corrupción urbanística política y un enriquecimiento privado sin parangón, y el Estado se veía obligado a intervenir disolviendo el gobierno del ayuntamiento. El escándalo explota, ocupando primeras páginas en los periódicos, y el debate llega (distorsionado, por supuesto) hasta a los programas del corazón de las cadenas de televisión. En paralelo también se empiezan a organizar de forma muy espontánea movilizaciones de sectores juveniles por una vivienda digna en las principales metrópolis, que llegan a adquirir también una gran visibilidad mediática. Mientras tanto las condiciones de contorno que habían posibilitado la irrupción del Tsunami urbanizador empiezan a cambiar: paulatina subida de los tipos de interés, fuerte alza del precio del petróleo, y cierta ralentización de la entrada de capitales foráneos, al tiempo que el encarecimiento de las hipotecas empieza a hacer que aflore el enorme malestar social acumulado, hasta entonces invisible e inaudible. Y ante el clamor social en aumento, desde el gobierno se empieza a modificar también, dentro de un orden, el marco legal e institucional que había sido una de las causas principales de todo este dislate.
A partir de ese momento, vamos a asistir a un rosario de estallidos de escándalos urbanísticos, una verdadera mascletá que atraviesa toda la geografía española de Norte a Sur, y de Este a Oeste, incluyendo por supuesto los archipiélagos. No hay día que no nos desayunemos, en este último periodo, con un nuevo escándalo político y el pelotazo especulativo subsiguiente. Y también tiene lugar una explosión paralela del debate político-social en torno a esta locura urbanística que parecía que había atontado y amordazado a la población en su conjunto. Ambos procesos se realimentan mutuamente, alentando la movilización ciudadana. Y todo ello se ve incentivado también por un rifirrafe político en que los principales partidos utilizan, o se ven obligados a usar, como arma arrojadiza, los escándalos urbanísticos entrando en una dinámica del “y tú más”. Lo cual ceba aún más la proyección mediática y social de los escándalos, y hace que el debate ciudadano en torno a esta cuestión pase al primerísimo plano de la actualidad política, a pesar de todo el ruido de fondo del debate “antiterrorista” en torno al llamado proceso de paz del país vasco propiciado por el PP. Y es de suponer que de aquí a las elecciones municipales de mayo del año que viene el debate político-social en torno a esta cuestión no haga sino acentuarse. Ante este estado de cosas la Federación Española de Municipios se ha visto obligada a saltar a la arena pública para decir que no todos los ayuntamientos están salpicados por la corrupción urbanística.
En los próximos meses esta dinámica es seguro que se profundice además porque el marco que propició todo este desmadre va a seguir cambiando aún más: por las subidas de tipos de interés previstas en el próximo horizonte, por el probable encarecimiento de los precios del petróleo (entrada en el escenario del “pico del petróleo”, y todo lo que ello supone[3]), lo que puede endurecer adicionalmente la política monetaria, por el estallido de la burbuja inmobiliaria mundial que todo ello comportará (ya ha empezado en EEUU, lo que tendrá consecuencias globales) y porque el capital foráneo parece que se está retirando ya claramente de los destinos urbanísticos en el territorio español. Una razón es porque la evolución de los precios, y de las revalorizaciones por consiguiente, había empezado ya a flexionar en su subida claramente en el último año. Pero otra importante razón también es que el capital es muy temeroso ante el creciente clima de movilización social, presión mediática, e intervensionismo institucional consiguiente. La época de que lo imposible era posible, es decir la transformación urbanística de cualquier espacio a cualquier precio, parece que ha tocado a su fin. Y ya se resienten claramente los principales artífices de la cultura del pelotazo. El “pocero” incentiva a los trabajadores de su macrourbanización a manifestarse ante el alcalde de Seseña, para la levantar la paralización de la actuación, y se querella contra él por el quebranto económico que está sufriendo. Se ha frenado en seco la venta de pisos en su nueva “ciudad”, y no sabe cómo va a hacer frente a la montaña de créditos que ha contraído. Los promotores protestan porque al tirar de la manta de los escándalos se puede ir al garete el negocio inmobiliario. En mi opinión la burbuja inmobiliaria ha empezado ha estallar, aunque por el momento tan solo estemos en una importante inflexión del Tsunami.
Ante todo este panorama, la movilización ciudadana se organiza y promete ir in crescendo en los próximos meses. Es más, se está promoviendo una confluencia de las movilizaciones por la defensa del territorio con las manifestaciones por una vivienda digna, y ambas pretenden converger en Madrid, después de un proceso de movilización y concienciación social local y regional, para principios de mayo del año que viene, poco antes de la cita electoral, para obligar al poder político a dar una respuesta ante este estado de cosas, pero sin esperar gran cosa de él. Es más toda esta marea será un elemento más en la deslegitimación adicional del mismo, que lleva años produciéndose. En definitiva, solo desde la movilización y concienciación ciudadana será posible frenar este estado de cosas, y solo así también se podrá reorientar, a través de complejos procesos moleculares desde abajo, el desastre territorial que nos ha legado estos últimos años de tsunami urbanizador. Este libro al que este texto sirve como prólogo es una muy buena muestra de la diversidad de dinámicas de resistencia ciudadana a todo este desastre, que es preciso que frenemos entre todos cuanto antes, para poder enderezar nuestro futuro.
* Ramón Fernández Durán es miembro de Ecologistas en Acción
PD: El 23 de diciembre han salido a la calle, en más de veinte ciudades del Estado, miles de personas denunciando la creciente precarización de la vida y el derecho a una vivienda digna, lo que ha tenido una considerable repercusión política y social. Como se ha apuntado en el texto, es de prever que la movilización social continúe en aumento de aquí al mes de mayo.
[1] Este texto saldrá publicado como prólogo del libro: “Paisajes amenazados de la provincia de Málaga”, impulsado por la coordinadora “Málaga no se vende”.
[2] Las causas y consecuencias de la explosión inmobiliaria las he intentado analizar de forma más detallada en un texto recientemente publicado: “El tsunami urbanizador español y mundial” (Virus, 2006)
[3] Ver mi artículo “El inicio del fin de la era de los combustibles fósiles” (www.nodo50.org)
El año del descubrimiento
JustoNavarro* : "Por fin la autoridad ha percibido la gran revolución de estos años, iniciada en los sesenta del siglo pasado y continuada hasta hoy, cada vez más acelerada: la construcción destructiva. Era visible la explosión inmobiliaria por la proliferación de bloques de casas en cadena. Era visible su efecto sobre las costumbres, pero nadie vio nada, quizá porque una torre de pisos no desentona en la economía del máximo beneficio personal, lo que antes se llamaba capitalismo para diferenciarse de otras formas económicas. Puesto que el capitalismo es la única economía existente e incluso la única imaginable, ya sólo hablamos de economía, y acabamos de descubrir lo fácil que resulta convertir en delincuencia negocios tan legítimos como la compraventa de bienes raíces.
La industria inmobiliaria ha cambiado la política. Ha conseguido que algunos gobiernos municipales funcionen como asociaciones para delinquir. La proliferación de viviendas a precios imposibles para la mayoría de los vecinos ha contado con el apoyo caótico y eufórico de todos los partidos, de la derecha a la izquierda. Hemos descubierto que el crecimiento económico puede equivaler a delincuencia económica, y habrá quien culpe al libre mercado, pero el urbanismo actual habría sido imposible sin la contundente intervención del Estado en la economía: los ayuntamientos han privatizado suelo y recursos públicos con la necesaria colaboración, activa o pasiva, de la administración autonómica.
Se ha llevado a cabo una especie de desamortización, como la del siglo XIX, cuando la expropiación y venta de fincas de conventos y municipios. Esto era entonces liberal, una reforma antifeudal de la propiedad de la tierra, iniciada por los invasores franceses, ratificada por las Cortes de Cádiz y los progresistas de 1837 y 1855. La liquidación de los bienes municipales movió dinero para bien de todos y arruinó a los vecinos. Los métodos de venta y pago aseguraron la posesión de la tierra a la aristocracia de sangre y del comercio, los viejos y nuevos terratenientes, actores decisivos en la historia de España, una historia fea. Es mejor no recordarla porque, en vez de unir a los españoles, los separa.
En Sicilia pasó casi lo mismo. En 1812 los señores feudales de la isla se convirtieron al liberalismo. Obligaron al rey Fernando I de Borbón a firmar una Constitución liberal que despojaba a la nobleza de sus privilegios feudales, y transformaron sus tierras en propiedad privada, libremente negociable. Los feudos fueron latifundios. La vida cambió para que todo siguiera igual, y hay quien ve en ese momento el origen remoto de la mafia de hoy.
En nuestros años hemos vivido otra desamortización, muy distinta, porque ya no había feudos sino propiedad pública. Se han vendido masivamente las propiedades municipales. Los ayuntamientos se han deshecho del suelo municipal en nombre del bienestar general o lo que antes se llamaba bien común. El asunto empezó con un permiso para construir donde no se podía, y a cambio la constructora dejó un mínimo jardín público que el Ayuntamiento acabó cediendo para la construcción de un bloque más de viviendas. Luego se vendió directamente suelo público. Y todo fue dentro de la ley, como legal ha sido el arrasamiento de paisajes, la invasión de las playas y los montes.
Existe ahora una nueva sociedad económica, con una red de tratantes y comisionistas en torno a la Administración, y políticos reconvertidos en negociantes inmobiliarios como única profesión verdadera. Los bancos participan en los beneficios inmediatos del suelo y en el negocio dilatado de las hipotecas inacabables. Mucha gente que jamás había tenido dinero sucio en sus manos se ha visto obligada en la notaría a ensuciar su dinero para poder comprarse un piso. Todo se ha viciado, y no es una cuestión regional ni nacional: en esta revolución urbanística son esenciales las tramas de tráfico mundial de capitales y limpieza de rentas mafiosas. No conocemos el alcance de esta mutación moral. No es el asunto del año, sino el asunto del futuro.
*El País 31/12
La selva del urbanismo a vista de pájaro
Natalia Junquera - El País 30/12
Todos los pecados urbanísticos han quedado a la vista. Desde el aire, no hay escapatoria. Las ortofotos, imágenes que se pueden ver y también medir, como un plano -tomadas con cámaras métricas instaladas en el fuselaje de un avión- y las imágenes por satélite han abarrotado los informes de expertos de pruebas irrefutables para llegar a una misma conclusión: el modelo de desarrollo urbanístico español de los últimos años es "insostenible".
"El suelo edificado ha crecido más de un 40% en los últimos 18 años y este aumento se ha realizado sobre zonas agrícolas de huertas de gran valor productivo en muchas ocasiones, en zonas húmedas de importante valor para la conservación de la biodiversidad, y sobre todo, en la primera línea de playa a lo largo de todo el Mediterráneo. Hay zonas donde ya está construido el 60% de la línea de costa", asegura Fernando Prieto, coordinador de Cambios de ocupación del suelo en España. Implicaciones para la sostenibilidad, un informe realizado por el Observatorio de la Sostenibilidad de España (OSE).
El informe, de casi 500 páginas, toma sus pruebas de la comparación de imágenes hechas por satélite en 1987 y en 2000 a petición de la Agencia Europea de Medio Ambiente, muestra cómo la agricultura intensiva, muy dependiente del regadío, se ha desarrollado espectacularmente precisamente en las zonas que más problemas tienen con el agua; cómo el avance de la construcción y la agricultura ha hecho desaparecer múltiples humedales litorales especialmente ricos en biodiversidad y en general o cómo se ha instalado el cemento donde antes había bosque o playa.
El último informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente, de hace apenas un mes, habla de una "expansión urbana descontrolada" y la explica así: "La tasa de cambio del uso del suelo de rústico a urbano es superior a la tasa de crecimiento demográfico". Y concluye que este descontrol urbanístico es "uno de los principales retos comunes a los que debe hacer frente la actual Europa".
Los que más contribuyen a esa "expansión urbana descontrolada" son los españoles. "En los últimos diez años hemos pasado de edificar unas 350.000 viviendas a más de 800.000 cada año, más que Alemania, Inglaterra y Francia juntas. Este proceso, que se ha centrado fundamentalmente en la costa y en las principales áreas metropolitanas del país ha supuesto la urbanización del equivalente a unos 20.000 campos de fútbol cada año", asegura Fernando Prats, fundador de AUIA (Arquitectos Urbanistas e Ingenieros Asociados), gabinete que colaboró en el informe del Observatorio de la Sostenibilidad de España. "Lo que hacemos es dar información crítica, para intentar que todo lo que vemos llegue a la opinión pública. Llevamos desde los años 80 observando el urbanismo en clave de sostenibilidad y francamente, estamos muy preocupados con la situación actual", dice.
Por todo esto, la ordenación del territorio se ha convertido en la principal aplicación de la ortografía. "No es que sea una disciplina nueva. En la Segunda Guerra Mundial ya se utilizaba para ver dónde estaba y qué tenía el enemigo. Desde entonces, se ha utilizado para muchas cosas, por ejemplo para hacer inventario de los olivos o las vides y solicitar fondos a la Unión Europea, pero sí es cierto que el urbanismo, el medio ambiente y la ordenación del territorio en general se han convertido en la principal aplicación", explica un técnico del Instituto Geográfico Español.
Las cámaras métricas, instaladas en el fuselaje de un avión, a 2.200 metros de altitud sirven para detectar pequeñas y grandes irregularidades, frecuentes piscinas particulares sin licencia y grandes urbanizaciones pegadas al mar. Por eso Hacienda ha decidido utilizar esta técnica para detectar fraudes inmobiliarios y todas las viviendas que no estén registradas en el catastro.
"Vivimos el boom especulativo más largo e intenso de la España moderna, que ha impulsado una ola de corrupción y afecta a la población con menos recursos económicos", asegura Fernando Prats, arquitecto y urbanista. "Nunca ha habido más viviendas y más cara, con crecimientos de precios del 160%, y menos oferta residencial a precios asequibles. El acceso a nuevas viviendas ha exigido, a quienes han podido hacerlo, elevar el endeudamiento familiar en el país en un 348% durante la última década", añade.
Los informes, los expertos y las pruebas que aportan, coinciden en que no se trata de algo puntual, sino de una tendencia, además, preocupante. "El consumo de cemento o la demanda de viviendas indican que todavía se puede mantener esta evolución no deseada y se seguirá ocupando la primera línea de costa con desarrollos urbanísticos y se seguirá construyendo en zonas protegidas, a no ser que se modifique la legislación y se dictaminen una serie de restricciones al aumento de la superficie artificial", afirma el coordinador del Informe del Observatorio de la Sostenibilidad de España, Fernando Prats.
"Lo peor está por aflorar: los compromisos de los nuevos crecimientos, vía planeamiento municipal, pueden llegar a triplicar o cuadruplicar la capacidad residencial actual, porque en este ciclo especulativo la expansión inmobiliaria no se produce sólo a través de urbanizaciones ilegales sino a través de los nuevos planes urbanísticos de los ayuntamientos", asegura el fundador de Arquitectos Urbanistas e Ingenieros Asociados, colaborador del informe sobre los cambios de ocupación del suelo en España.
Los expertos confían en que la nueva ley de suelo, en trámite parlamentario, ayude a mejorar la situación e impedir disparates urbanísticos y medioambientales. "El Gobierno y las administraciones locales tienen la última oportunidad para comprar terreno para las generaciones futuras, que garanticen la sostenibilidad", advierte el coordinador del informe del Observatorio de la Sostenibilidad de España.
Las Cajas financian la especulación y la corrupción urbanística
El portavoz de Los Verdes, Francisco Garrido, acusó hoy a las Cajas de Ahorro andaluzas de financiar la especulación urbanística y denunció las amenazas y coacciones que sufren los vecinos que se oponen a estos proyectos inmobiliarios, en especial en Ronda (Málaga).
Garrido aludió, en conferencia de prensa, a la finalidad social claramente preferente que deben perseguir las actuaciones de las Cajas, que contrapuso con que más del setenta por ciento de los grandes proyectos urbanísticos con mayor impacto medioambiental de Andalucía estén financiados por estas entidades, incluso los proyectos más destructivos, y muchos sometidos a investigación por corrupción política. Demandó a los partidos, que controlan los órganos de gobierno de estas entidades financieras, que abandonen 'el doble lenguaje' de propugnar un urbanismo sostenible en público y aprobar y financiar otro, especulativo, con sus decisiones en las Cajas de Ahorros. 'No es de recibo esta actuación porque las Cajas no están para financiar proyectos especulativos ni para intervenir de manera especulativa en el mercado inmobiliario', apostilló.
Como ejemplo destacó el polémico proyecto urbanístico de Los Merinos, en Ronda (Málaga), contestado por grupos ecologistas que temen afecte a una zona declarada reserva de la biosfera y que, según Garrido, está apoyado por el ex alcalde de Ronda y actual vicepresidente de Unicaja, Juan Fraile.
Garrido denunció que los promotores de este proyecto actúan de un forma 'cuasi mafiosa' en Ronda, 'amenazando y amedrentando' a los opositores a esta urbanización y consolidando lo que calificó de 'estado de excepción urbanística' y 'quiebra del Estado de Derecho'.
Anunció una interpelación en el Congreso sobre la actuación del sargento de la Guardia Civil de Ronda, de quien dijo que tiene una relación familiar con el jefe de la empresa de seguridad de este proyecto inmobiliario, y a quien acusó de 'estar protegiendo los intereses de la promotora y coaccionado y amedrentando a los vecinos, citándolos de manera inopinada a declarar en el cuartelillo'.
Recordó las campañas de amenazas y difamaciones sufridas por los opositores a proyectos urbanísticos ilegales en Marbella (Málaga) o en el Puerto de Santa María (Cádiz) y denunció la campaña de acoso que sufre la alcaldesa de Cuevas del Becerro (Málaga) por su oposición al proyecto de Los Merinos.
También alertó de que el concejal de Los Verdes en Frigiliana (Málaga) ha sufrido el tercer ataque a su vehículo privado y soporta amenazas de muerte, por lo que anunció que pedirá una entrevista para analizar estos hechos con el delegado del Gobierno.
Los Verdes distribuirán tarjetas para que los ciudadanos las remitan al presidente de la Federación Andaluza de Cajas de Ahorro (FACA) y de Unicaja, Braulio Medel, en la que se demanda 'que las cajas de ahorros dejen de ser las financiadoras de la especulación y de la corrupción urbanística en Andalucía'.
Sevilla 18 de Diciembre
El urbanicidio español es fruto de una enorme complicidad
AntonioFranco* : "Es imposible no ver el urbanicidio español. Son miles y miles de edificios, muchos de ellos enormes, muchos de ellos desproporcionados en sus formas y dimensiones con respecto al entorno, levantados ante de los ojos de todo el mundo y a la luz del día entre grúas indisimulables, vallas manifiestas y carteles anunciadores completamente explícitos. Ocupan espacios que hace 10, 15 o 20 años eran o no edificables o edificables con muchí- simas limitaciones. Es imposible no verlos porque están en todas partes y, frecuentemente, en las mejores ubicaciones. Muchos, en las ciudades; todavía más en sus entornos, y, como caídos en aluvión o traídos por un tsunami, en el litoral potencialmente turístico y en rincones de montaña en los que siempre había prevalecido la pretensión de un crecimiento equilibrado. Son bloques y chalets, pisos y locales de todo tipo, innumerables apartamentos- Y, por si esto fuese poco, son, asimismo, identificables, porque a su lado nuevas grúas, nuevas obras y nuevos carteles anuncian la inmediata puesta en marcha de nuevas promociones...
Aludiendo a la visualidad de las cosas, hay que reconocer que los retoques de los antiguos planes urbanísticos, los concejales cambiando de criterio sobre la edificabilidad, los alcaldes firmando recalificaciones y los promotores recogiendo sus beneficios a capazos se ven menos. Pero existen igualmente. Existen como las mismas construcciones.
Ahora se pone de moda sacar las entretelas de todo eso a la luz. Algunos lo atribuyen al clarinazo público del caso Marbella o a un súbito ataque de vergüenza colectiva. Yo creo que se debe a algo mucho más prosaico: la saturación. Por un lado, el litoral español ya es, en términos generales, una línea continua de edificaciones. Por otro, el llano de Madrid tiene alrededor de la capital un radio de muchas decenas de kilómetros ya construidos. Y las islas se han pasado manifiestamente en sus raciones de cemento. Se impone una desaceleración de respiro. Y con las obras ya irreversiblemente hechas, nos distraeremos con una temporada movida de tardía exigencia de responsabilidades.
Pero tampoco crean que va a ser fácil: la corrupción que está detrás de buena parte de este cambio del decorado español afecta a gente de todos los colores políticos, y en este país eso conduce frecuentemente a que se haga más ruido que justicia. Para empezar, en el PP, partido al que los indicios apuntan como el gran campeón a la hora de reunir protagonistas de esta delincuencia, están muy bien engrasados los mecanismos dialécticos de defensa. Aunque Mariano Rajoy hable de expulsar a todos los que hayan incurrido en irregularidades, de momento consiente que sus altos cargos pillados con las manos en la masa continúen en sus puestos e, incluso, que se descalifique públicamente a quienes les detienen y procesan, es decir, a Anticorrupción y los fiscales. También hemos tenido que oír cómo desde el PP se desentierra el GAL para descalificar a los actuales gobernantes socialistas, aunque estén avalados por las urnas, e intentar incapacitarles moralmente para que actúen contra los sobornos.
CON TODO,sería ingenuo pensar que lo principal de este asunto es su condición de reyerta entre partidos. El urbanicidio español es el resultado de una gigantesca complicidad en la que estamos implicados --aunque con diferentes grados de culpabilidad-- casi todos. En lo inmediato, los máximos culpables son, evidentemente, los corruptos que sobornan para construir donde no se puede y los corruptos que se dejan sobornar para facilitarlo. Pero en un segundo escalón de responsabilidad y culpa están las administraciones e instituciones, que deberían fiscalizar, prever e impedir, y que en la práctica resultan ser consentidoras por incapacidad. O lo suficientemente lentas como para ser ineficaces. Me refiero tanto a determinadas esferas municipales, autonómicas y estatales como al estamento judicial y a las fuerzas policiales.
Pero las cosas no acaban aquí. Inmediatamente detrás de lo anterior, la responsabilidad alcanza al conjunto de la sociedad civil, que en este país es perfectamente consciente de que nuestro modelo económico centrado en un abuso desaforado del ladrillo, además de ser insano en sí mismo, fomenta un ánimo especulativo generalizado. Porque eso es lo que crea la laxitud general con respecto a estos problemas, lo que anima a que la gente de la calle compre y venda inmuebles con un espíritu inequívocamente especulativo, aunque al final lo acabe pagando ella misma, y lo que impulsa una operatividad cotidiana del urbanismo rebozada de corrupción en casi todos los tramos. Porque todos sabemos que no tiene sentido que en este país se construya tanto y, sin embargo, no se dé respuesta a la escasez real del tipo de vivienda que realmente necesita y puede pagar el ciudadano medio. Porque todos sabemos que no tiene sentido que aquí se construyan más inmuebles que en países como Francia, Alemania y Gran Bretaña juntos...
Estamos viendo, junto a los edificios imposibles de ocultar, que cuando el ladrillo es la actividad económica nuclear de un país, además de los riesgos de continuidad que eso tiene cara al futuro, acaban asentándose en su entorno demasiadas cosas ilógicas. Con cierto cinismo podría decirse que la especulación solo es soportable, socialmente hablando, cuando la hacen unos pocos, que es lo que había sucedido siempre. Con un ánimo especulador tan generalizado como el que hay en España, y con lo poco contrarrestado que está, eso amenaza a contaminarlo todo. En la política ya tenemos ejemplos palmarios, desde el peso del dinero de la construcción en la financiación irregular de los partidos políticos hasta la alteración manifiesta del resultado electoral de un territorio tan significativo como la Comunidad Autónoma de Madrid un día en que las urnas votaron contra las conveniencias de determinados constructores.
*La Voz de Asturias, 26/12 "ESTADO DE ESPECULACION GENERAL"
La responsabilidad de los arquitectos en el desastre urbanístico de España
Catalina Serra -El País 24/12. "Escucha, no todo es ladrillo":
En 10 años se han edificado cinco millones de viviendas en España. La gran mayoría de los arquitectos que han construido bloques de pisos, ristras de casitas adosadas o chalés seudorrústicos que han desfigurado los campos, playas y ciudades del país no se sienten responsables del desastre y se amparan en su papel de técnicos encargados de que los edificios cumplan con la normativa y se adecuen a los planes urbanísticos municipales.
Si los arquitectos y sus colegios tuvieron un papel importante durante la transición, desde finales de los ochenta y hasta casi entrado el nuevo milenio, su voz crítica quedó diluida en los aspectos técnicos del visado y servicios a los colegiados sin más repercusión social que la pátina cultural de sus exposiciones, generalmente autocomplacientes.
"En la Comunidad Valenciana, los arquitectos municipales están en primera línea de fuego y han sufrido muchas veces presiones increíbles. Cuando han pedido el apoyo del colegio se ha respondido, pero a veces de forma más testimonial que eficaz", reconoce Fabián Llisterri, ex decano del colegio de la Comunidad Valenciana, una de las más afectadas por el urbanismo salvaje y en la que han aparecido numerosas asociaciones y colectivos, en los que participan arquitectos y otros profesionales además de vecinos afectados, críticos con el modelo imperante. "Los arquitectos tenemos una responsabilidad específica que no podemos obviar, lo que ocurre es que nuestra influencia es muy limitada porque quien legisla y aprueba los planes es la Administración. Aun así, y muchas veces en ambientes hostiles que apoyan el crecimiento sin límites, algunos hemos participado en debates y firmado manifiestos en defensa de una actitud más racional y respetuosa con el territorio o la sostenibilidad y, como pasa en otros estamentos de la sociedad, también hay un sector de arquitectos que ha apoyado y se ha beneficiado del urbanismo galopante que hemos sufrido".
De entre los manifiestos que ha firmado Llisterri destaca el que lleva por título Por una nueva cultura del territorio, presentado en marzo de este año y que ya lleva recogidas más de 700 firmas de arquitectos, urbanistas y geógrafos, un colectivo este último que figura entre los más activos en la crítica a la desaforada urbanización del país. "El manifiesto surgió de un grupo de profesionales preocupados por la evolución del modelo territorial, no tanto por la corrupción sino por el mismo modelo del uso del suelo", explica Rafael Mata, uno de los promotores del documento y presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles. "Los delitos urbanísticos existen y la justicia tiene que perseguirlos, pero dentro de la legalidad el modelo actual también es lesivo para el medio ambiente, la calidad de vida de los ciudadanos y para asegurar el acceso a la vivienda. No fue un manifiesto respuesta a lo que pasó en Marbella, aunque coincidió en el tiempo, sino que va más allá. Está fallando el modelo. Se construye sin planificación, a golpe de planes parciales o actuaciones singulares que no están contempladas en una planificación seria del territorio. Y, cuando la hay, los planes se sortean o no se aplican adecuadamente, de manera que lo que la ley contempla como excepción se está convirtiendo en la regla". Es lo que pasa, añade, con el suelo, que ahora es todo edificable hasta que no se demuestre lo contrario. Y así nos va. Lo dicho, hacen falta más desertores.
"Cuando acabé la carrera, en 1996, me hice el juramento hipocrático de que mi labor profesional se centraría en la rehabilitación y en la reutilización de los espacios existentes, pero que nunca construiría obra nueva. No quiero colaborar". Itziar González Virós es uno de los escasísimos casos de desertores del ladrillo y no sólo ha mantenido su juramento sino que es una de las arquitectas más activas de Barcelona a la hora de replantear, siempre en equipo, el modelo urbanístico, tanto en lo que se refiere al análisis crítico de lo que está sucediendo como a la propuesta de alternativas que, en su caso, se concretan en su trabajo como experta en participación. Es decir, como técnica que media entre la Administración y los ciudadanos, los grandes olvidados de estos años, en un complejo y largo proceso que ha tenido uno de sus resultados más interesantes en el acuerdo para la reurbanización de la plaza Lesseps en Barcelona. Una gota de agua en un mar de cemento, pero algo es algo.
Ella nació en 1968 y se siente parte de la generación del baby boom que se ha formado en la universidad democrática con unos profesores que fueron, precisamente, los grandes críticos del urbanismo desarrollista franquista y que, con los años, se han integrado en las estructuras administrativas de ayuntamientos y comunidades o han tenido que abandonar sus ilusiones y esfuerzos por la presión de gestores y tecnócratas, que son quienes dominan ahora tanto la promoción inmobiliaria privada como la pública. "La nueva y durísima mercantilización de nuestras ciudades ha exiliado a la disciplina del urbanismo para situar, en su lugar, el virtuosismo del aprovechamiento y la edificabilidad, lo que yo denomino la urbanología", indica González Virós. "Al joven arquitecto le cuesta mucho alcanzar la experiencia de lo urbano porque está en manos de esta industria que dominan abogados y promotores y que ha simplificado el reto de construir y planificar la mixtura y la complejidad. Los del 68 reclamaron equipamientos y zonas verdes, algo que no puede decirse que se haya conseguido del todo. Nosotros reclamamos vivienda y participación. Ellos consiguieron la democracia formal y nosotros queremos la democracia real, participativa y culta, es decir, que se cultive a los que viven la ciudad, que aumente su implicación política, que haya libre intercambio de reflexión, información y formación".
Es un cambio de paradigma en el que no está sola, aunque son voces aún minoritarias en el espectro mediático de la arquitectura española. En la otra punta del país, en Sevilla, el colectivo Arquitectura y Compromiso Social está en la misma batalla. "Hay un error en la formación de los arquitectos porque se les prepara desde el paradigma del arquitecto artista, es decir, ha habido un hiperformalismo que ha supuesto la dejación de la responsabilidad social del arquitecto, que cuando acaba la carrera ve que prácticamente su única salida profesional es trabajar para promotores", indica Esteban de Manuel Jerez, miembro del colectivo que, entre otros proyectos, trabaja en el plan de rehabilitación del Polígono Sur de Sevilla y, más concretamente, en el famoso barrio de las 3.000 viviendas, "el mayor gueto de España", explica. "Lo que no puede ser es que se hagan planes generales de nueva construcción cuando, por ejemplo, en Sevilla hay 40.000 viviendas vacías. Los aspectos de rehabilitación son fundamentales, pero el problema es que, por una parte, la principal y casi única forma de financiación que tienen los ayuntamientos es el urbanismo, es decir, la nueva construcción; y, por otra, la economía española depende del ladrillo, por lo que es un tema sensible que no se aborda a fondo. La base del problema es el precio del suelo, cualquier intervención que se pretenda hacer desde la arquitectura en el aspecto formal, tecnológico o de abaratamiento de materiales no sirve de nada".
La Ley del Suelo de 1998, que ahora está en proceso de reforma y que supuso la consideración de todo el suelo como urbanizable salvo que hubiera un plan especial de protección, no fue el detonante del boom urbanístico actual, que había comenzado ya a principios de la década, pero lo multiplicó y sirvió para justificar la fiebre constructora que estamos sufriendo. El problema es que el paisaje de grúas en el que se ha convertido todo el país en gran parte está amparado por la legalidad, la voluntad política de impulsar la economía a través del tocho y la complacencia de muchos ciudadanos que se han enriquecido con el proceso.
"El desarrollo sostenible, la contención urbanística y la defensa del patrimonio no dan votos", explica el arquitecto cántabro César Gutiérrez, que en 2005 dimitió como concejal socialista del Ayuntamiento de Potes, en el que había ejercido la oposición a lo largo de 14 años, porque, decía en su escrito de despedida, "los vecinos eligen a los que mejor les representan por ser parecidos a ellos". "No se puede salvar a nadie a la fuerza", indicaba, y concluía: "Mientras tenga ojos para ver, no podré evitar sufrir la degradación galopante de mi pueblo, pero al menos a partir de ahora no tendré la mala conciencia de pertenecer a una corporación municipal que, cuando no promueve, tolera la ruina fraudulenta y el desguace sistemático del conjunto histórico de Potes".
Gutiérrez cree que nada ha cambiado desde entonces, todo lo más ha empeorado, y que el problema es grave en los pueblos pequeños ya que se otorga un gran poder a las corporaciones pese a que no tienen ni capacidad ni conocimientos de gestión adecuados. "La cuestión urbanística es irresoluble porque es una competencia muy golosa para los municipios y en la que hay demasiados intereses. La gente, además, se queja ante algún caso concreto de destrozo, pero en general no se escandaliza y lo ve como normal. No es un problema de corrupción, que también la hay en ocasiones, sino que los mismos vecinos piensan que es mejor no entrar en el tema porque ya les va bien así".
En España están colegiados unos 40.000 arquitectos de los que casi el 80% son profesionales liberales, es decir, asumen el seguro de responsabilidad civil por su trabajo. Sólo unos pocos consiguen la fama o el prestigio de salir en las revistas y allí está una de las grandes contradicciones de la situación española. Los profesionales de élite, tanto nacionales como internacionales, sirven en bandeja a los políticos la excusa "cultural" de muchas de las grandes operaciones urbanísticas con edificios singulares o actuaciones parciales que poco tiene que ver con la mayoría de las obras que rodean estos proyectos y que son las que realmente están modificando el paisaje urbano y rural de España. La realidad es que la arquitectura española está en manos de los arquitectos anónimos que trabajan para los grandes promotores y que repiten el mismo modelo con el único objetivo de rentabilizar el beneficio del suelo y de la construcción.
"A los arquitectos estrella se les ha utilizado para justificar operaciones urbanísticas que son, cuando menos, dudosas", indica Carlos Hernández Pezzi, presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE). "El arquitecto tiene una responsabilidad social y personal en lo que está sucediendo y no vale ampararse, como dicen algunos, en que es un trabajo técnico y la culpa es de la empresa o la administración para la que se trabaja. Creo que en los últimos años algunos colegios han entendido que no se trata de proteger a sus miembros de forma corporativa sino de velar por el prestigio y la responsabilidad social de la profesión. En el terreno interno, los colegios tienen mecanismos disciplinarios y códigos éticos que deberían aplicar para evitar algunos de los desmanes que hacen sus colegiados, y, en su proyección pública, pueden hacer oír su voz sobre los destrozos del paisaje y del patrimonio del país".
Aunque la realidad es la que es y parece evidente que esta responsabilidad personal y social no la asumen todos por igual, algunos colegios profesionales están por la labor. Puede sorprender después de todo lo que se sabe del caso Andratx y echando un vistazo a la sistemática destrucción constante del paisaje mallorquín, pero el Colegio de Arquitectos de Baleares llegó a inhabilitar hace un año a un arquitecto y ha sido activo en la denuncia de casos de supuesta corrupción de sus colegiados, como el de un arquitecto municipal del Ayuntamiento de Sant Josep de Ibiza que informaba, por supuesto favorablemente, los proyectos de su nuera en el propio municipio, en cuya redacción se sospechaba que él había participado, en una zona, además, protegida. "Tenemos un código ético bastante más estricto que el resto sobre incompatibilidades y desde hace un año funciona una comisión dentológica cuyo objetivo no es esperar que lleguen los casos cuando el daño está hecho sino tener una acción preventiva, es decir, a la mínima sospecha se abren expedientes de información", explica Luis Corral, decano de este colegio.
"No es una oficina que surja del caso Andratx", añade. "Ya habíamos colaborado con la fiscalía antes de esto y ahora la colaboración es más intensa. No todos los arquitectos son corruptos y de lo que se trata es de que los casos aislados, que existen, no pongan en cuestión la labor de los arquitectos en general. Ahora la labor de la justicia, que durante un tiempo tuvo una cierta dejadez en estos casos, es más potente y no se va a parar aquí. Vamos a colaborar para clarificar esta situación y además iniciaremos todos los expedientes informativos y disciplinarios que hagan falta".
Especulación y progreso
Manuel Verdú Martínez* : "La gente no puede sentirse solidaria en un sistema donde prima la riqueza individual de unos pocos, algunos con el único mérito de usar el poder público para medrar de la corrupción y especulación inmobiliaria". Aunque se haya dicho que el ser humano es bueno por naturaleza y tienda a la realización del bien, sólo lo es en la misma proporción que su tendencia natural a la injusticia, porque en el uso de su libertad no se adhiere a ningún canon ético ni moral que colija qué valores deben ser de obligada referencia.
Las pautas de comportamiento humano no suelen estar dictadas por el sentido común, sino por el egoísmo, esa tendencia genética a resarcirnos ciegamente sin análisis ni medida de todo aquello que sirve a la propia individualidad, primando más un salvaje instinto de supervivencia que un sentimiento de solidaridad, valor que debería inculcarse a edades tempranas en nuestro proceso de aprendizaje, sin remilgos morales ni ideológicos, pues sin solidaridad no se construye ni sustenta ningún modelo social que contribuya a un desarrollo sostenible y a la felicidad de los seres humanos y del resto del planeta.
Sabemos qué es el capitalismo, la economía neoliberal y de libre empresa, y como en sus patrones de conducta prima el más infame sentido utilitarista, apátrida, incluso inhumano: libre empresa y bajos salarios, esencia de la economía del pleno empleo, en un proceso de competitividad global, mezquina y absurda: todos lanzados a producir mercancías y cosas repetitivas e innecesarias, el mismo producto multiplicado.
La gente no puede sentirse solidaria en un sistema donde prima la riqueza individual de unos pocos, algunos con el único mérito de usar el poder público para medrar de la corrupción y especulación inmobiliaria, que paradójicamente hemos ido asumiendo como un motor de economía y desarrollo, si entendemos por tal, la expansión de la logia del hormigón, ese club o sociedad del nuevo caciquismo y sus tramas políticas, que no ve inmoral acaparar cualquier espacio natural para crear polígonos de ladrillo y campos de golf, con tal de conseguir un enriquecimiento rápido; sin importar no sólo las consecuencias medioambientales y despilfarro de recursos, si no la injusta profundización en una desigualdad cada vez mayor, marginando e hipotecando las vidas de aquellos que no pueden adquirir una vivienda, como los jóvenes y emigrantes subempleados; y todo ello, en un país que tiene el mayor parque inmobiliario de Europa.
Personalmente no entiendo el progreso y menos el progresismo, del que se dice solventará todos los desmanes actuales, eso si, entendido siempre como una utopía de futuro, porque en el presente, lo que llamamos desarrollo no conlleva aumentar la felicidad de la gente y su calidad de vida, algo tan simple como usar la economía al servicio del bienestar social, en un entorno medioambiental sano y una integración cultural, desgraciadamente cuestionada por el ámbito excluyente de algunos políticos de caverna.
*La Verdad 22-12
Turrón y ladrillos: ¡feliz Navidad!
Forges/ El País 21-12
Una vez que finalice el 'boom' inmobiliario, España volverá a la mediocridad del pasado
@Fátima Martín. El Confidencial, 19 de diciembre
“La economía española está inmersa en un boom. Sobre todo su mercado inmobiliario, con precios que han crecido más del 180% en la pasada década”. Así comenzaba un demoledor editorial, titulado Deconstruyendo España y firmado por Bret Stephens, de la edición de ayer de The Wall Street Journal(WSJ), el mismo día en que Zapatero viajaba a Nueva York para presentar sus recomendaciones sobre el Plan de Acción para la Alianza de Civilizaciones ante la Asamblea General de la ONU.
“La realidad es que todas las fiestas se acaban, o al menos, decaen. En este caso, el mercado inmobiliario del tigre ibérico muestra defectos estructurales a los que el gobierno de centro-izquierda ha prestado escasa atención”, prosigue el WSJ.
El diario estadounidense destaca el consumo de los españoles, mucho del cual va a parar al ladrillo. “Los precios siguen subiendo, aunque a un ritmo menor. En España, menor significa precios que a finales de septiembre aún se acercaban al 9,8% respecto al año anterior”, se asombra el editorialista.
Más dramático incluso, según el WSJ, es el boom paralelo que vive la construcción. Sólo este año se construirán 800.000 nuevas viviendas, más del doble que en Francia, que posee 17 millones de habitantes más y donde los precios de las viviendas alcanzaron una respetable subida del 128% en los pasados 10 años.
El porcentaje de propietarios ronda el 85%. “Compradores de segundas residencias, domésticos o extranjeros, no serán capaces de mantener una demanda de 800.000 viviendas al año”, asevera el diario. Y recuerda que más del 80% de las hipotecas españolas son variables, lo que significa que los aumentos de los tipos del Banco Central Europeo se traducen en mayores pagos mensuales.
Los bancos huyen de las constructoras. El editorial tampoco obvia la corrupción, que también eleva los precios.
“¿Cuánto puede durar el boom?”, se pregunta. “Muchos de los mayores bancos del país parecen pensar que poco, lo que explicaría el hecho de que hayan estado vendiendo sus participaciones en las principales constructoras”, se contesta.
La opinión concluye que España encara un doloroso reajuste económico: “Una corrección inmobiliaria tendría un gran impacto sobre la economía, cuyos dos motores son el consumo interno y la construcción. Éste es un ciclo que se retroalimenta y que podría derivar en un frenazo brusco”.
“La construcción no es el tipo de industria que da productividad para competir en una economía globalizada. Una vez que se frena, será difícil recolocar en otro sitio el exceso de mano de obra. El primer ministro, José Luis Rodríguez Zapatero, parece contento de continuar con las reformas introducidas por sus antecesores. Pero, a menos que Madrid lo evite, al boom español le seguirá pronto la familiar mediocridad del pasado”, finaliza.
Ayer, Blas Calzada, ex presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que ahora coordina el comité asesor del índice Ibex, consideró que el BCE tendrá que subir los tipos de interés si quiere evitar que se forme "una doble burbuja", bursátil e inmobiliaria, y que "estalle de mala manera". A día de ayer, el Euríbor, al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas españolas, marcó el 3,942%.
