Calificación urbanística y racionalidad

AlmudenaFERNÁNDEZ CARBALLAL* : "La oportunidad de cesión de la propiedad municipal donde se emplaza un estadio de fútbol a una entidad privada para su reutilización con nuevos usos es, dejando al margen cuestiones de índole política y económica, una cuestión urbanística que ha de regirse por los principios que rigen esta disciplina y, en especial, por el principio de servicio a los intereses generales que pauta toda modificación de planeamiento que pretenda llevarse a cabo con una concreta finalidad.
El carácter discrecional con que se configura la calificación urbanística del suelo y su posible recalificación determina que, no estando sometida dicha modificación de uso de suelo a criterios legalmente tasados, todo dependerá de la voluntad de las partes afectadas (el club de fútbol, el ayuntamiento y los ciudadanos en general) y de si en dicha iniciativa existe una solución de equilibrio entre todos los distintos intereses concurrentes: por un lado, los de la sociedad que actualmente explota el estadio, y por otro lado, los generales de la ciudad por los que en todo momento ha de velar la Administración municipal por imperativo constitucional.
Se trata de valorar cuándo una recalificación de suelo es razonable y está amparada por el ordenamiento jurídico por ser proporcional, coherente y racional. O si, por el contrario, resulta arbitraria en cuanto injusta, carente de fundamentación objetiva, ajena a toda razón, incongruente o contradictoria con la realidad que ha de servir a toda decisión.

El PGOM de un municipio no es otra cosa que la decisión formal de un designio racional orientado a la ordenación coherente de la ciudad. Su último destinatario son los ciudadanos. Entre sus determinaciones, la propiedad donde se ubica un estadio municipal se configura como bien de dominio público-servicio público, cuyo uso se ha cedido en régimen de concesión a la sociedad deportiva que lo utiliza.

Cambiar dicho uso y su régimen jurídico para destinar dicho terreno a otros fines más o menos lucrativos, sin que ambas partes resulten perjudicadas, constituye el tema de fondo a valorar, atendiendo a todas las circunstancias concurrentes y teniendo en cuenta los límites racionales de la discrecionalidad administrativa que, definitivamente, han de llevar a una concreta decisión.

En concreto, dichos límites pueden resumirse en tres: 1) la objetiva racionalidad y la adecuación objetiva de la nueva calificación, en el sentido de que sea de posible realización por estar conectada con las necesidades de la población en cuanto a nuevos usos de suelo y ser congruente con la líneas directrices y la finalidad del plan general vigente; 2) la proporción, que sólo se dará si la nueva calificación no impone a la propiedad del suelo -en este caso el ayuntamiento- un sacrificio absolutamente desproporcionado con la finalidad perseguida, sobre todo si no va acompañado de un significativo beneficio para la colectividad; 3) la igualdad ante la ley no justifica que a supuestos de hecho aparentemente iguales se atribuyan consecuencias urbanísticas iguales, pues su obligada interpretación dentro de la legalidad obliga a atender al caso concreto y a todas las circunstancias significativas de la parcela calificada.

En todo caso, una diferente calificación del suelo y de intensidad de aprovechamiento ha de estar conectada con el interés general emanado de las circunstancias concurrentes en la actuación y con la filosofía inspiradora del planeamiento en perfecta sintonía con las necesidades urbanizadoras municipales y con las necesidades urbanísticas de los ciudadanos, en cuanto últimos destinatarios del planeamiento municipal, de la ordenación del uso del suelo en él prevista y de su posible modificación.


*La Voz de Galicia 12 Enero