Barberá debe 50 millones a Fabra por el circuito de la F-1 que salía gratis

Los grandes fastos de la faraona R.Barberá, alcaldesa 'popular' de Valencia, siguen pasando factura al gobierno municipal y, por tanto, a todos los ciudadanos de la ciudad. El controvertido proyecto para la Fórmula 1, en los alrededores del puerto, nunca tuvo ningún sentido, salvo el de la propaganda oficialista. Hoy se encuentra abandonado y sin ninguna posibilidad de volver a utilizarse; sin embargo en 2007, cuando se firmó el convenio de colaboración, el ayuntamiento se comprometió con la Generalitat a pagar el importe de las obras: unos 50 millones de euros. Las mentiras del expresidente Camps y de la propia DªRita llegaron a ocultar este hecho, pero la realidad es que la deuda municipal existe y se deberá abonar a pesar de las palabras huecas.
"ELPAÍS* : El expresidente de la Generalitat Francisco Camps prometió que la Fórmula 1 no iba a costar un euro a las arcas públicas. Su brazo derecho, Ricardo Costa, añadió que el Gran Premio, que comenzó a disputarse en Valencia en 2008, era bueno para los valencianos, para la Comunidad Valenciana y para España. Seis años después de aquellas aseveraciones, el grupo municipal de Compromís desveló ayer que la Fórmula 1 ha generado una deuda al Consistorio de 49,9 millones de euros, según se desprende del protocolo suscrito en 2007 por la Generalitat y la corporación municipal que dirige Rita Barberá.

“El asunto de la F-1 no es una cuestión solo del señor [Alberto] Fabra”, subrayó el portavoz municipal, Joan Ribó.

El convenio era con GTP [Gestor de Transportes y Puertos de la Generalitat —reconvertido en 2012 en Ente de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE)— y en él se establecía que los costes de la construcción del circuito y otras infraestructuras añadidas, entre ellas, una pasarela peatonal sobre el río Turia conocida como Cuc de Llum, las asumía el Ayuntamiento hasta que éste pudiera repercutirlas en el plan urbanístico del Grau, que promueve por gestión directa una sociedad municipal y que está estancado por falta de presupuesto e inversores.

Según explicó Ribó, el protocolo, firmado en 2007, cuatro días después de la firma del contrato para celebrar la prueba hasta 2014, establece que la Consejería de Infraestructuras financiaría las obras y el Ayuntamiento debía reponer “al cien por cien” el coste, que en 2009 ascendía a 38 millones de euros, una cantidad que, según Compromís, se incrementó hasta los 45 millones por una serie de modificados en la obra. El antiguo GTP de la Generalitat ha añadido año tras año intereses por la deuda y en 2013 la cifra total que recoge el EIGE en su memoria económica roza los 50 millones de euros.

Según Ribó, esa deuda se genera desde el momento en que el Consistorio recibe las obras, en diciembre de 2009, una deuda que “no aparece en la contabilidad del Ayuntamiento”. El edil insistió en que el Ayuntamiento reconoce la deuda “si bien considera que la obligación de pago de la misma no ha vencido porque está supeditada a la urbanización del PAI del Grao”.

La Fórmula 1, dos años después de suspenderse el gran premio de Valencia, “nos supone una deuda de 49,9 millones”, dijo a la vez que calificó la situación de grave porque “se ha escondido y no figura en la contabilidad del Ayuntamiento”.

Consol Castillo, edil también de Compromís, añadió que a este dinero hay que añadir los costes por los servicios extra de seguridad y limpieza generados por la prueba y que sólo en 2011 le costaron a la ciudad más de 150.000 euros —hubo cinco ediciones—. Ribó calificó la carga de la F-1 de otra “herencia más de Barberá”, junto con la deuda del Consorcio de la Copa del América y la de las obras de entrada del AVE a Valencia.

El vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, negó que el Ayuntamiento asumiera el coste del circuito. “No son ni más ni menos que cargas urbanísticas a repercutir en el proyecto del Grau y el Consistorio lo único a lo que se comprometió es a cogerlas con una mano y pasárselas a la Generalitat con la otra”, aclaró. Grau negó además que los intereses generados por la deuda que ha cargado la Generalitat sean también una obligación para el Consistorio. “Si el ente gestor se ha financiado de una forma u otra, es de su exclusiva responsabilidad y sus cargas financieras no las puede repercutir en nadie”, subrayó el número dos de Barberá en el Ayuntamiento.

La última noticia relacionada con el PAI del Grau fue en julio, cuando el concurso convocado por el Consistorio para buscar un socio financiero para acelerar el plan urbanístico, quedó desierto.


* El País - Cristina Vázquez - 23.9.14
Foto: Rita Barberá y Francisco Camps en la inauguración de la obra del circuito urbano de Valencia en octubre de 2007. / CARLES FRANCESC

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Fomento paga una factura millonaria pendiente con las concesionarias antes de rescatar las autopistas

El fracaso de las últimas autopistas de peaje es algo que ya se advirtió desde este blog en su día, pero el empecinamiento 'interesado' del exministro de Fomento, Álvarez Cascos, y del gobierno de Aznar permitieron seguir adelante unas obras con graves errores técnicos y, sobre todo, de financiación. Las empresas constructoras, y también concesionarias de su uso, fueron las grandes beneficiadas, sin duda debido a la práctica corrupta de aquel gobierno 'popular'. Hablamos de las radiales en Madrid y de alguna más en Alicante o Murcia. Hoy, otra ministra 'popular', A.Pastor, va a redondear la faena de sus antecesores con más especulación financiera. Así, antes de la creación del 'banco malo' de autopistas, va a pagar a las concesionarias 540 millones. Es decir, Fomento va a pagar dos veces a las constructoras amigas (luego a los bancos, claro). Un escándalo de proporciones mayúsculas que en cualquier país civilizado llevaría a la cárcel a todos los implicados. Pero aquí, como siempre, no pasa nada.
"ELDIARIO* : Fomento recibe un crédito extraordinario de Hacienda por 540 millones, de los que 531 se dedicarán a pagos previos a la creación del ‘banco malo’ de la autopistas en quiebra. Había expectativas de que el Consejo de Ministros del viernes 12 de septiembre aprobara la nacionalización de nueve autopistas de peaje en quiebra, con la creación del llamado ‘banco malo de las radiales’. No fue así.

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, no obstante, anunció de pasada, que el Gobierno había acordado conceder créditos extraordinarios a los Ministerios de Fomento y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por un importe total de 725 millones de euros, con el fin de “atender al pago de obligaciones de ejercicios anteriores”. La vicepresidenta apostilló que esta decisión se tomaba porque “unos gobiernos solo se dedican a gastar y otros, como el nuestro, son de los que pagan, incluso las deudas atrasadas de otros”.

La reseña posterior del Consejo Ministros daba algún detalle adicional sobre el destino del crédito de los 725 millones de Hacienda. La mayor parte, 540 millones, estaban destinados al Ministerio de Fomento y su objetivo consistía en atender al pago “mayoritariamente, de expropiaciones, revisiones de precios, certificaciones finales, intereses y liquidaciones de obras”.

Puesta en marcha del ‘banco malo’

Fuentes conocedoras del proceso por el que se procederá al rescate de nueve autopistas en quiebra advirtieron a eldiario.es que lo sustancial del crédito otorgado a Fomento está destinado a “pagar los atrasos que el Gobierno ha reconocido que adeuda a las concesionarias en dificultades”. Durante las negociaciones que desembocarán en la inminente nacionalización de estas infraestructuras, el Ejecutivo ha aceptado saldar dichas deudas como “condición indispensable” antes de que se produzca la “reversión al Estado de las concesiones”.

Este periódico se ha puesto en contacto con Fomento a fin de recabar un listado detallado del destino final de los 540 millones de crédito recibidos de Hacienda. Fuentes oficiales del departamento que encabeza Ana Pastor han asegurado que la parte sustancial, 531 millones, están destinados a “pagar deudas atrasadas en el sector de las autopistas, que son anteriores a 2012”. Existen otras dos partidas muy inferiores que se dedicarán a liquidar atrasos en vivienda, con un importe de 1,5 millones, y en ferrocarril, de 7,5 millones.

Fomento ha desglosado en otras dos partidas diferentes el destino de los 531 millones destinados al pago de atrasos en autopistas. Un paquete de 270 millones está asignada a asumir el montante de “certificaciones finales” que todavía no habían sido pagadas a las concesionarias de las radiales. Una segunda cantidad de 261 millones se entregarán para saldar deuda en concepto de “expropiaciones” por los terrenos sobre los que se construyeron las autopistas.

Medidas previas

Las fuentes del sector aseguran que la concesión del crédito para pagar “los atrasos” que se mantienen con las empresas que en su día construyeron las autopistas hoy en quiebra es la primera medida que se implementa antes de que se haga oficial la operación de rescate, con la reversión de las concesiones y la creación de la segunda edición de la Empresa Nacional de Autopistas, lo que obliga al Estado a asumir un pasivo de unos 2.300 millones.

Otra iniciativa que se producirá en breve consiste en reclamar la unificación en un solo proceso y en un único juzgado de todos los concursos de acreedores en que están inmersas las nueve autopistas de peaje en quiebra. Fomento podrá a esta unificación en virtud de la última reforma de la Ley Concursal, la aprobada por el Consejo de Ministros el 5 de septiembre último. Una disposición adicional establece que en “situaciones de insolvencia de las empresas concesionarias de obra y servicios públicos contratistas de las administraciones públicas” “se acordará la acumulación de los procesos concursales ya iniciados cuando se formulen propuestas de convenio de acreedores que afecten a todos ellos”.

Diseño del rescate

Las nueve autopistas que se pretende nacionalizar son las radiales 2, 3, 4 y 5 de Madrid, la M-12 Eje Aeropuerto de Barajas, la AP-41 (Madrid-Toledo), la citada AP-36, la circunvalación de Alicante (Ciralsa), y la Cartagena-Vera (Aucosta). Suman 682 kilómetros y en más de una década en servicio apenas han cubierto el 20% de las expectativas de tráfico con las que se justificó su nacimiento. Los pasivos acumulados oscilan, según las versiones entre 3.700 y 4.600. Entre las empresas constructoras y concesionarias se encuentran Acciona, ACS, Abertis, Cintra, Sacyr, FCC, Ferrovial, OHL o Globalvía.

El pacto alcanzado entre el Gobierno, las concesionarias y la banca para la creación de la nueva Empresa Nacional de Autopistas se ha concretado en tres medidas. En primer lugar y a cambio de “revertir” al Estado las concesiones de las vías, Fomento propone a las empresas que tomen el 20% del capital de la nueva versión del ‘banco malo’ cuya valoración del 100% se ha fijado en 608 millones. El pasado mes de abril, el Ministerio se mostró favorable a elevar de 350 a 480 millones la cuantía de la deuda con las concesionarias en concepto de las expropiaciones de los terrenos sobre los que se construyeron las radiales.

La segunda medida se basa en el acuerdo de la Administración con la banca acreedora para ejecutar una quita del 50% sobre los entre 3.700 a 4.600 millones de créditos que las concesionarias tomaron para construir las carreteras hoy quebradas. A los entre 1.850 y 2.300 millones resultantes (descontada la quita de la mitad), hay que sumar otros 235 millones que Fomento ha reconocido que se encuentran pendientes de pago con las concesionarias. En último lugar se ha pactado que ambas partidas serán financiadas con un bono a 30 años emitido por el ‘banco malo’ cuya rentabilidad será superior al 1%.


* El País - Antonio Ruiz del Árbol - 18.8.14
Foto: Autopista vacía Cartagena-Vera - mineralespania

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Ronda intenta sortear otro varapalo del TSJA a su desarrollo urbanístico

Otro municipio que lleva bastantes años en el ojo del huracán urbanístico es el de Ronda (Málaga), allí se han sucedido varios casos de corrupción, siendo el más conocido el de la macrourbanización Los Merinos, cuyo Plan fue anulado por la justicia hace dos años. Pero ahora sale a la luz otro asunto más grave, si cabe, con la anulación del pleno municipal de 2004, que autorizaba el Plan general de Urbanismo de la ciudad, por problemas con su adjudicación contractual. El actual gobierno del PP-PA se muestra desconcertado ya que 'dicen' desconocer este asunto, por lo que no saben exactamente cómo actuar. Situación complicada pues a la exagerada demora judicial (tantas veces criticada), hay que unir el injustificable desconocimiento de la causa urbanística recién sentenciada. Como se ve una vez más, el Urbanismo sigue descontrolado a causa de unos actores incapaces de resolver nada y que, la mayoría de las veces, solo buscan el interés personal y/o partidista.
ELPAÍS* : La relación de Ronda (36.665 habitantes) con el urbanismo ha sido tradicionalmente complicada. Y, en alguna ocasión, escandalosa. La ordenación del suelo es una de las patas de la macrocausa por supuesta corrupción municipal (caso Acinipo) que derivó en la detención del camaleónico Antonio María Marín Lara, desbancado del sillón municipal en las elecciones de ese año tras siete en el cargo. Asimismo, este proceso ha vivido su punto más desmedido con el proyecto de Los Merinos, un complejo de lujo con 783 viviendas, un hotel y dos campos de golf cuyo plan parcial fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en 2012.

El Ayuntamiento, gobernado por PP y PA, anunció hace unos meses negociaciones con la promotora de esta urbanización (Copisa) para intentar sacar adelante el proyecto, aunque bastante más reducido —un solo campo de golf y la mitad de las viviendas proyectadas—. Se intenta sortear así la situación de atasco creada por la resolución del alto tribunal andaluz, que ahora ha dado otro susto al equipo de gobierno de Ronda. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Málaga del TSJA ha anulado el acuerdo de pleno que el 30 de diciembre de 2004 adjudicó a la empresa Territorio y Ciudad (del urbanista Manuel González Fustegueras) los trabajos de revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La cuantía es de 659.000 euros y en ese momento, el alcalde era Marín Lara.

La primera consecuencia de la sentencia, que llega prácticamente una década después del recurso presentado por dos ediles de PSOE e IU (el cargo socialista rehusó continuar la causa en 2010) por supuestas irregularidades en el procedimiento, es el desconcierto total del equipo de la alcaldesa, Mari Paz Fernández (PP). El Ayuntamiento afirma que desconocía el pleito, pero el fallo relata varias veces cómo se dio audiencia al Ayuntamiento en el trámite oportuno y este no contestó.

Al margen de la búsqueda de los responsables de ese silencio, la cuestión es si puede aprovecharse el trabajo realizado, opción por la que se decanta el gobierno local. La revisión del PGOU fue aprobada inicialmente en 2012 y ya ha recibido los últimos informes medioambientales para adentrarse en la fase final de su tramitación y recibir luz verde de forma definitiva, algo que corresponde a la Junta. De momento, los trabajos están paralizados.

Tras días de análisis de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, la decisión ha sido no recurrir la sentencia y este lunes hay convocado un pleno extraordinario para declarar la “anulabilidad” de la adjudicación. Pero independientemente de esto, se busca la fórmula adecuada para retener el trabajo desarrollado. Varias fuentes jurídicas consultadas explican que la resolución judicial no afecta al contenido de la revisión ni a su tramitación, y que la solución pasaría por regularizar y ajustar a la ley los pagos efectuados al estudio de Fustegueras.

El fallo que declara nula la adjudicación relata que no se ha acreditado que los pliegos de condiciones incluidos en el expediente fueran los que aprobó el pleno. Tampoco consta el certificado obligatorio del interventor que justifique esa contratación, un “paso indispensable” para cumplir el objetivo de “eficiente utilización de los fondos públicos”.

Otra carencia es la “delegación expresa” del alcalde en los tenientes de alcalde para encabezar las sesiones de la mesa de contratación. Según la denuncia de la entonces edil de IU Remedios Ramos, la celebrada en febrero de 2004 estuvo presidida por Marín Lara, que en esa fecha estaba en el equipo de gobierno, pero no era alcalde. Hubo varias más. También se denunció que el expediente no incluía las solicitudes de los licitadores para participar en el concurso debidamente inscritas en el Registro General.

"Un corta y pega"

El recurso contra el acuerdo de pleno que adjudicó la revisión del PGOU de Ronda al estudio Territorio y Ciudad se sostuvo gracias a la entonces edil de IU Remedios Ramos. Este grupo se reafirma en su demanda y pide que se aproveche la sentencia que anula el contrato para la retirada completa del documento. “Es un desastre […] Hay que elaborar un plan con más participación social y un diagnóstico más realista”, apunta el edil de IU Álvaro Carreño.

El concejal explica que se fija un crecimiento de población estimado de 15.000 personas, cerca de 3.000 nuevas viviendas, algo que tacha de “desmesurado”. Fuentes municipales defienden que el número de casas proyectadas es prudente y que el objetivo principal es ordenar suelo para desarrollo industrial.

Carreño va más allá y critica que el documento del estudio de Manuel González Fustegueras es “un corta y pega” de otros. Según el edil, en la revisión de Ronda aprobada inicialmente en 2012, cuyos trabajos están ahora paralizados, se han colado gazapos que aluden a Chiclana y a El Puerto (sus planes fueron encargados a González Fustegueras) y se habla de la salida al mar en Ronda.


* El País - Esperanza Codina - 20.9.14
Foto: Entrada a la urbanización Los Merinos, a 12 kilómetros de Ronda. / JULIÁN ROJAS

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El anterior gobierno de Ourense, de nuevo ante el juez por un caso urbanístico

El urbanismo en Ourense continúa siendo investigado, aunque sea años más tarde. En esta ocasión se trata del gobierno bipartito de la pasada legislatura, que legalizó una gran urbanización con orden judicial de derribo. Ya pasaron ante el juez varios imputados, menos el exalcalde, que comunicaron al juez que ellos habían firmado 'por el proceder habitual' de no leer nada. Reir por no llorar ante estos políticos 'interesados' que siempre dicen no saber nada, mientras con su firma están avalando lo contrario. Da lo mismo que sean municipales, provinciales, autonómicos o, incluso, estatales. Al final, en multitud de casos urbanísticos, todos se quitan de en medio porque parece que dependen de una casta especial donde reina la famosa ley de la 'Omertá' mafiosa. Así se escribe la historia de la corrupción urbanística que ha asolado en los últimos años gran parte de las ciudades y costas de este país. Vergonzoso, una vez más.
"ELPAÍS* : Legalizar una gran urbanización con orden de derribo y pagar una indemnización de 358.000 euros a una vecina de la zona que había denunciado irregularidades en la obra, ha llevado ante el juez a todo el gobierno bipartito de Ourense de la pasada legislatura. El juez de instrucción número 1 investiga presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos cometidos por dos Juntas de Gobierno de los años 2007 y 2009, en las que los ediles ourensanos legalización una operación urbanística urdida en los años noventa que derribó un antiguo convento de monjas del centro de la ciudad para levantar en su lugar viviendas, oficinas, una plaza y un aparcamiento subterráneo.

El exalcalde socialista, Francisco Rodríguez, no quiso prestar declaración ante el juez. Sí testificaron el actual regidor Agustín Fernández, la edil Ana Garrido, el exconcejal Demetrio Espinosa –todos del PSdeG– así como el exteniente de alcalde nacionalista Alexandre Sanchez Vidal. Todos aseguraron al instructor que firmaron los acuerdos sin leer nada “porque es el proceder habitual” ya que “confían” en las gestiones e informes realizados por Urbanismo. Justo antes de acceder al Palacio de Justicia, el actual regidor declaró sentirse “especialmente satisfecho y orgulloso” por haber evitado el derribo y el pago de indemnizaciones mediante un proceder “ajustado a la legalidad” que ahora investiga la justicia. El exconcejal del BNG, Sánchez Vidal, aprovechó la presencia de los medios de comunicación para deslizar críticas hacia la justicia porque, en su opinión, “algo falla si los imputados son los que intentan arreglar los desastres que dejó el PP” mientras los gobernantes que provocaron la “desfeita” permanecen “por ahí felices como perdices”. “No hicimos nada ilegal”, insistió.

La promoción urbanística que ha imputado a los políticos ourensanos fue ilegalizada, entre otras razones, porque los tribunales consideraron público el subsuelo ocupado por el aparcamiento que hay bajo la plaza y que gestiona una empresa privada sin concurso alguno. Para evitar el derribo y el pago de indemnizaciones millonarias, la edil de Urbanismo, Áurea Soto, y un abogado externo contratado como asistencia técnica, acordaron legalizar toda la obra en base a un informe elaborado por este letrado coruñés que también está imputado en la causa. Y es que ningún técnico municipal quiso avalar la operación con su firma.

Tras aquella legalización, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) declaró la inejutabilidad del derribo. Paralelamente a este proceder, los políticos ourensanos también acordaron el pago de una indemnización de 358.000 euros a una vecina de la zona que había denunciado por la vía de lo contencioso-administrativo un perjuicio de luces en su vivienda. Tras el pago con fondos públicos, la vecina retiró la demanda que había interpuesto contra el Ayuntamiento. Este caso, iniciado tras una denuncia del grupo político de la oposición Democracia Ourensana a la que posteriormente se sumó un empresario, es una de las diez instrucciones judiciales que ha imputado al gobierno de Ourense. La instrucción de uno de ellos –el que indaga la adjudicación supuestamente irregular de la reforma de la calle Bedoya– concluirá en pocas semanas y según fuentes de la investigación, su cierre podría suponer la apertura de juicio oral a todo el gobierno de coalición entre nacionalistas y socialistas.


* El País - PABLO TABOADA - 17.9.14
Foto: Ourense, praza maior - ourense.es



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Un juez imputa a la alcaldesa de Alicante por trato de favor

Los casos de corrupción y las visitas a los juzgados se le acumulan a la actual alcaldesa de Alicante, S.Castedo, sin que haya pensado nunca dimitir o en su partido, PP, le hayan forzado a ello. Un caso de caradura impresionante en el que no se entiende bien la debilidad de la propia justicia en actuar con mayor prontitud, y la falta de compromiso de una ciudadanía 'pasota' que ve la corrupción como algo ajeno a su vida. La realidad es muy distinta y, desde el amaño del Plan General Municipal hasta el caso 'Brugal', los máximos perjudicados son los habitantes de Alicante que se ven forzados a acatar decisiones injustas para todos. Tal vez sea que la corrupción urbanística ya la tienen asumida desde los tiempos del anterior alcalde Alperi, también imputado, pero el problema de una ciudad caótica es algo que debería causar repulsa y protesta por parte de los afectados. No se entiende muy bien a estas alturas, la verdad.
"INFOLIBRE* : Un juez ha imputado a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo (PP), por un presunto trato de favor al empresario Enrique Ortiz en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación del Plan Rabassa, según informó este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) a través de su cuenta de Twitter.

De acuerdo con la información, la alcaldesa de Alicante declarará como imputada por presunta prevaricación y tráfico influencias el 27 de noviembre a las 10:00 horas. Asimismo, el juez ha imputado a cuatro técnicos –dos del ayuntamiento y dos del Ministerio de Fomento– por favorecer al constructor, igualmente imputado.

El juez ha preguntado además al fiscal si procede la declaración como imputados del exalcalde de Alicante y predecesor de Castedo, Luis Díaz Alperi, y de la exsecretaria autonómica de Territorio.

La causa surge a raíz de una denuncia de EUPV que amplió la querella por la que se personó en su día en la pieza separada del caso Brugal que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, para que se indagara también sobre el Plan Rabassa, una macrourbanización en la que estaba prevista la construcción de 13.500 viviendas. Tanto Castedo como Ortiz están también imputados en esa pieza.


* InfoLibre - 17.9.14
Foto: Alicante, empresario E.Ortiz y alcaldesa S.Castedo - elpais



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Galicia.- La justicia pone en entredicho los grandes sumarios por corrupción

La noticia más esperada por los grandes capos de la especulación urbanística y sus tramas mafiosas en Galicia. Como si la justicia fuera hoy día ejemplar en cualquier actividad relacionada con el urbanismo, se permite ahora el lujo de poner en entredicho todos los grandes procesos de corrupción, por defectos de forma. Es maravillosa esta justicia tan dócil con la delincuencia de los poderosos y tan rígida con los débiles. Los gravísimos casos en los que están implicados numerosos políticos y empresarios corruptos, como Pokémon u Orquesta, pueden terminar anulados por una justicia injusta que, sin duda, está más pendiente de salvar a los suyos de clase que a impartir sentencias ejemplares para que estas mafias urbanísticas no vuelvan a actuar en la zona. Lamentable decisión, por no decir palabras más fuertes, que hace dudar mucho de la imparcialidad judicial. Y no es la 1ª vez que sucede esto en Galicia.
"ELPAÍS* : Los años de investigaciones judiciales en los grandes sumarios abiertos por corrupción en Galicia, como las conocidas operaciones Orquesta y Pokémon, corren el peligro de irse al traste tras distintos fallos de las audiencias provinciales de Lugo y A Coruña que ponen en entredicho, por cuestiones de defectos formales, no de fondo, cómo se llevan a cabo estos sumarios de abultadas dimensiones.

Está planteada, pendiente de resolución, la posibilidad de que se anulen de un plumazo ambas instrucciones, una terminada con 26 políticos, funcionarios y constructores de la Costa da Morte imputados por diversos delitos como cohecho y prevaricación, y la otra aún en curso, con ya más de centenar de implicados en múltiples ayuntamientos de ciudades gallegas —y un par de otras autonomías— por una supuesta trama alrededor del grupo empresarial Vendex que supuestamente se hacía con contratas de servicios públicos a cambio de sobornos y favores.

Las defensas de varios de políticos imputados por corrupción tanto en la Orquesta como en la Pokémon ya han pedido la nulidad siguiendo los mismos pasos que llevaron a la Audiencia provincial de Lugo a absolver, hace unas semanas, a la veintena de personas, entre ellos altos cargos del Gobierno y ediles, acusadas de retirar ilegalmente multas de tráfico. El tribunal provincial decidió anular todas las pruebas de este caso, incluidas los cientos de horas de escuchas policiales que configuraban el meollo del sumario, por considerar que se había incumplido el “derecho fundamental al juez pretedeterminado por la ley”. Esto es, que al abrirse diligencias cuando se descubre por casualidad indicios de otro posible delito distinto al que se estaba investigando, hay que enviar el caso obligatoriamente “a reparto” para que el juez decano atribuya su investigación al juzgado que, por turno, le toque ese día.

Pero en los tres casos, el de las multas, la Orquesta y la Pokémon, los magistrados que los destaparon de forma fortuita, al surgir indicios en una conversación pinchada mientras estaban investigando otros hechos, se quedaron con esos sumarios. Fue la razón que llevó a la Audiencia de Lugo a anular de un plumazo, por vicio de nulidad, toda la instrucción que llevó a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital lucense, Estela San José, a procesar, entre otros, al exsubdelegado del Gobierno, el exjefe provincial de Tráfico o el alcalde de Muras. Todos, al igual que otra veintena de personas, fueron absueltos por la “anomalía procesal” de no haber enviado el caso, cuando se descubrió, “a reparto”. La decisión de San José de seguir tanto con el sumario inicialmente investigado, un caso de tráfico de drogas, y el destapado por casualidad al hilo de un pinchazo telefónico, el de tráfico de influencias y prevaricación por la retirada ilegal de multas, desembocó, según la Audiencia de Lugo, en la “llamada teoría del fruto del árbol envenenado”, es decir, que al ser ilegal el modo de iniciar la investigación, obliga a declarar nulas todas las pruebas que se recaben en ese proceso.

El extitular del Juzgado de Corcubión Andrés Lago Louro que instruyó el sumario del caso Orquesta —lo cerró en abril de 2013, justo antes de marcharse a su siguiente destino en Santiago— también estaba investigando un posible tráfico de drogas cuando destapó, por casualidad, la supuesta trama de sobornos y favores a cambio de obras públicas que le llevó a imputar a 26 políticos de cuatro ayuntamientos, funcionarios y constructores, entre ellos a los alcaldes de Fisterra, Mazaricos y Corcubión, los dos primeros del PP y el último del PSOE. Lago tampoco, al igual que San José, envió el caso a reparto. Varios de los implicados ya han pedido la nulidad de toda la instrucción por las mismas razones que llevaron a absolver a los acusados de las multas de Tráfico.

En el caso Pokémon son también varios los imputados, entre ellos el letrado del teniente de alcalde de A Coruña, Julio Flores, que espera que la Audiencia lucense vuelva a aplicar el mismo criterio y anule toda la gigantesca instrucción de la juez Pilar de Lara, ya que tampoco, al igual que sus colegas San José y Lago, envió a reparto el caso del que se enteró por casualidad cuando investigaba una trama de explotación de mujeres en la llamada Operación Carioca.

Cuatro juicios para un solo caso

La resolución, con el juicio oral, de la Operación Orquesta va para largo. La decisión de la Audiencia de A Coruña de obligar a trocear por cada ayuntamiento este sumario, en el que están imputados 26 políticos, funcionarios y constructores, entre ellos los alcaldes y ediles de Fisterra, Mazaricos, Corcubión y Cee, obligará a dilatar un caso cuya instrucción, tras cuatro años y medio, suma cientos de miles de folios e innumerables horas de conversaciones intervenidas. Además del trabajo que supone repartir en cuatro procesos distintos —uno por ayuntamiento— ese abultado sumario va a recaer en la nueva titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Corcubión, que tomará posesión en octubre. Será la tercera juez por la que pasará este asunto.

Evitar una innecesaria dilación es, sin embargo, una de las razones que esgrime la Audiencia coruñesa para imponer que se hagan piezas separadas del voluminoso sumario. Considera que no hay suficiente “conexidad”, esto es, nexo entre los hechos, para justificar que los 26 implicados sean juzgados todos a la vez. Por mucho que el nexo de este supuesta trama de sobornos y favores a cambio de obras públicas sean dos constructores, los Ogando, padre e hijos.

Son muchos los implicados en la Pokémon que esperan que, siguiendo ese criterio, la juez De Lara, cuando termine su gigantesca investigación que afecta a múltiples ayuntamientos donde cargos municipales habrían supuestamente cometido cohecho y tráfico de influencias, también desgaje el sumario para que se celebren varios juicios. Pero hasta ahora fueron vanos todos los intentos para que se obligase a la magistrada a trocear, antes de rematarla, su instrucción. La Audiencia de Lugo ya rechazó varios recursos en ese sentido.

* El País - PAOLA OBELLEIRO - 23.9.14
Foto: El alcalde de Fisterra (derecha) tras ser detenido por el 'caso Orquesta' / ÓSCAR CORRAL

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La fiscalía pide la imputación del alcalde de El Puerto de Sta María por adjudicar sin concurso

El Puerto de Sta María (Cádiz) es uno de los municipios del país que acumula mayor número de delitos urbanísticos en loa últimos años. Su urbanismo caótico y permisivo con las viviendas ilegales en ciertas zonas del mismo ha llevado a sentencias condenatorias contra el exalcalde independiente H.Díaz y varios exconcejales. Pero, lejos de aprender de errores pasados, el nuevo alcalde del PP, A.Candón, continúa con la misma actividad especulativa y partidista, contraria al indispensable bien común urbanístico. Ahora se trata de la concesión del servicio de aguas, por la empresa Aqualia, cuya adjudicación para nuevas obras ha sido realizada a dedo, sin el necesario concurso público. Un delito grave que hará pasar a otro alcalde de la localidad, próximamente, por los juzgados.
"ELPAÍS* : La Fiscalía ha solicitado la imputación del alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Alfonso Candón (PP), por su participación en supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos al haber votado en el consejo de administración de Aguas del Puerto Empresa Municipal (Apemsa) la prórroga, durante seis años y sin concurso, de concesiones de obras a la firma Aqualia, del grupo FCC.

La concesionaria recibió contratos para la obra de ampliación del tanque de tormentas (el depósito que recoge las aguas pluviales) y el mantenimiento de la estación de bombeo de la ciudad. Apemsa justificó entonces la renovación automática en la necesidad de compensar a la empresa ante la necesidad de realizar obras de mejoras, a pesar de la falta de liquidez del Ayuntamiento para ejecutarlas.

El decreto de la fiscalía detalla en un escrito de 22 folios que la relación de Apemsa con la empresa “no puede tener carácter perpetuo o indefinido”, por lo que entiende que se habría hecho necesaria la apertura de concursos públicos en defensa de los intereses de la ciudad.

El fiscal denuncia estos hechos ante el juzgado Decano de El Puerto y pide la apertura de diligencias para la toma de declaración “en calidad de imputados” a los responsables de la empresa de aguas de El Puerto y los seis miembros del consejo de administración que apoyaron las prórrogas, en las reuniones celebradas en agosto y diciembre de 2010, momento en que el PP ya gobernaba en la ciudad.

Entre los representantes del PP que dieron su voto favorable figuraba el hoy alcalde y diputado en el Congreso, Alfonso Candón, que entonces era consejero, y el exalcalde portuense y, en aquel momento presidente además de Apemsa, Enrique Moresco, hoy retirado de la actividad municipal.

El fiscal excluye a los miembros de la oposición, que rechazaron las prórrogas y advirtieron de la posible ilegalidad de la acción. También pide que declaren en calidad de testigos los técnicos que justificaron la necesidad de realizar las obras.

La fiscalía responde a una denuncia presentada por la plataforma local contra la privatización de Apemsa, que precisó que, como resultado de las renovaciones, Aqualia se habría embolsado 30,2 millones de euros.

Además de la prórroga de concesiones, el Ayuntamiento aprobó en julio de 2013 la venta del 49% de Apemsa a Aqualia, que tendrá consideración de “socio tecnológico” durante los próximos 25 años a cambio de 20 millones de euros.

El alcalde portuense aseguró ayer, una vez difundida la petición del fiscal, que su voto y el de sus compañeros estuvieron basados en “informes técnicos que no apreciaron irregularidad alguna”. Candón dijo sentirse “tranquilo” y a la espera de poder conocer más detalles del decreto de la fiscalía que, según su versión, no había llegado ayer al Ayuntamiento.

Candón recordó que, en el supuesto de que el juez estime la petición del fiscal, abriendo diligencias, el asunto deberá ser visto en su caso por el Tribunal Supremo, dada su condición de aforado al ser miembro de la Cámara baja.

La petición de imputación se conoció ayer, al mismo tiempo que la nominación de Candón como cabecera de lista del PP a la alcaldía de la ciudad en 2015.

Las concesiones cuestionadas se refieren a un tanque de tormentas y otras actuaciones en la estación de bombeo Aurora encargadas directamente a Aqualia, filial de FCC, actual concesionaria de otros servicios en la ciudad. El consejo de administración de Apemsa ofreció a la empresa agrupar y renovar a la vez los contratos de depuración, alcantarillado y tratamiento de la prisiones mediante una prórroga, sin concurso y por espacio de seis años.


* El País - FRANCISCO JOSÉ ROMÁN - 19.9.14
Foto: Puerto de Santa María (Cádiz), zona portuaria - puertocadiz

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La juez anula la licencia del hotel Kaype al permitir Llanes más edificabilidad de la máxima legal

Continúa la polémica con el hotel almeriense de El Algarrobico y la de su semejante el hotel Talaso en Pontevedra, pero lo mismo puede decirse de este hotel en la costa de Llanes (Asturias). Situado en primera línea de la playa de Barro ha construido por encima de lo permitido en la normativa urbanística, por lo que, ahora, deberá ser derribado el exceso de edificabilidad. La justicia, como siempre, ha llegado tarde y ya se han realizado las obras ilegalmente, además de que queda pendiente otro juicio sobre los terrenos base del hotel. Es decir, demasiadas irregularidades para este hotel por parte del ayuntamiento socialista de Llanes y que, visto lo visto en los otros dos casos antes citados, lleva el mismo camino de perpetuarse con la lenta administración judicial. Lamentable ejemplo, ahora en el Cantábrico.
"LNE* : El Ayuntamiento de Llanes suma una nueva derrota en los tribunales. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Oviedo ha anulado la licencia concedida por las autoridades municipales para ampliar el hotel Kaype, situado en primera línea de la playa de Barru. La sentencia fue emitida el pasado día 12 por la juez P.Martínez Cenayes y no es firme, dado que contra ella cabe interponer, antes de 15 días, un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

La juez estimó parcialmente el recurso presentado contra la licencia de obras para ampliar el Kaype por un vecino de Barru, Ignacio Fernández, representado por el abogado Gerardo de la Iglesia, al concluir que el equipo de gobierno de Llanes, del PSOE, concedió a la empresa propietaria del hotel, Carrera y Pérez S. L. más edificabilidad de la máxima legal permitida. En concreto, el Ayuntamiento de Llanes concedió a los propietarios del Kaype una edificabilidad de 0,90 metros cuadrados por cada metro cuadrado de suelo. No obstante, la edificabilidad "real" que se está ejecutando en el Kaype es superior (aproximadamente de 0,95), porque no se restaron para hallar el cómputo los más de 400 metros cuadrados que se incluyeron, "por error", en un primer momento en el proyecto y que eran propiedad de la Demarcación de Costas.

Aunque la sentencia no entra en cifras concretas, un simple cálculo sirve para concluir que en el Kaype se están construyendo (la obra aún no ha acabado) unos 1.200 metros cuadrados más del máximo legal permitido (casi dos plantas de más), pues la parcela del Kaype suma 8.214,36 metros cuadrados y se están construyendo 7.813,19 metros cuadrados, cuando la edificabilidad máxima, de 0,80, permitiría construir únicamente 6.571,48 metros cuadrados. La juez anula la licencia de ampliación del Kaype únicamente en lo referido a la edificabilidad concedida, "que habrá de limitarse a 0,80 metros cuadrados por metro cuadrado", según se indica en el fallo.

Pese al "elevado grado de complejidad" que ha alcanzado el conflicto judicial y a los "sucesivos y contradictorios informes emitidos" tanto por el Ayuntamiento como por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), en torno al Kaype, la juez Martínez Cenayes entra a conocer el fondo del asunto.

Por un lado, la juez atiende las conclusiones de la CUOTA sobre que el suelo afectado por la ampliación del Kaype es urbano, así como los informes municipales que aseguran que las parcelas afectadas pueden ser consideradas un solar. Esta conclusión ha sido posible porque el perito judicial (a quien la juez da la máxima credibilidad cuando sus conclusiones chocan con los peritos de las dos partes en litigio y con los técnicos municipales y regionales) sólo pudo constatar que en la actualidad las parcelas son "innegablemente" un solar (el edificio ya está casi terminado), aunque matiza que ignora cuál sería su condición en el momento en que se solicitó la licencia, el 18 de diciembre de 2012.

Hay una segunda cuestión de importancia sobre la que se manifiesta la juez Martínez Cenayes: el rechazo por extemporáneo de un recurso de reposición presentado en mayo de 2013 por Ignacio Fernández contra la concesión de la licencia para ampliar el Kaype. El Ayuntamiento de Llanes rechazó el recurso al considerar que se presentó fuera de plazo. La juez rechaza punto por punto todos los argumentos municipales y subraya los múltiples "errores" cometidos por los servicios técnicos jurídicos municipales al desestimarlo.


* LNE - Ramón Díaz - 18.9.14
Foto: Hotel Kaype en Llanes - lne

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El marido de Cospedal, ‘salpicado’ en la presunta trama de comisiones ilegales de Pujol Ferrusola

Parece que 'Dios los cría y ellos se juntan', el caso de corrupción de la familia del expresident Pujol tiene más ramificaciones de las que se creía. Y, cómo no, siempre aparece uno de los mayores especuladores del reino, López Hierro, marido de la secretaria general del PP, Dolores Cospedal. Este corrupto conocido hizo operaciones empresariales en África, en nombre de la Generalitat catalana, con J.Pujol Ferrusola, de las que, lógicamente, no hay constancia oficial de lo cobrado en comisiones ilegales. En concreto, ha sido el propio Pujol el que ha declarado judicialmente que hizo con él un proyecto de construcción en 2001 de un sistema de red eléctrica en Gabón. Pero los negocios del marido de Cospedal se extienden por más sectores económicos, con mayor presencia en la construcción y la promoción inmobiliaria, por lo que no sería de extrañar que siguieran apareciendo próximamente más actos delictivos semejantes. Y todo ello con la justicia de su parte, claro.
"CECILIA GUZMÁN* : Jordi Pujol Ferrusola hizo negocios con el marido de María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, según lo declaró el hijo del expresidente catalán ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, el lunes pasado. Pujol Ferrusola tuvo que explicar al magistrado por qué no existe soporte documental sobre su intermediación en operaciones empresariales como éstas. La investigación apunta a un cobro de comisiones irregulares a empresas adjudicatarias de la Generalitat.

Una operación en África
Pujol Ferrusola mencionó el nombre de Ignacio López del Hierro como prueba de que él ha hecho negocios con personas de diferentes ámbitos, según fuentes presentes en la declaración, citadas por La Vanguardia. El hijo del expresidente catalán participó con el marido de Cospedal, en 2001, en un proyecto de construcción de un sistema de red eléctrica en Gabón.

López del Hierro controlaba la firma junto al hermano de un conceller
Según declaró Pujol Ferrusola, él actuó en esa operación como director general de la empresa IbadesaCat, dependiente de Ibadesa, en Madrid, constituida por López del Hierro, junto con Jorge Puig Godes (hermano del conceller de Empresa, Felip Puig), en 1996. En 1998, el marido de Cospedal vendió sus acciones, un 15%, a Puig, pero continuó siendo consejero de la compañía hasta marzo de 2004, según datos de la investigación, desvelados por El Mundo. A pesar de lo afirmado por Pujol Ferrusola, su nombre no figura en el Registro Mercantil como socio o consejero de esta entidad, figurando formalmente sólo los mencionados Puig y López del Hierro.

El papel jugado por López del Hierro, una incógnita
El primogénito del expresident señaló a “Ignacio López del Hierro, marido de la señora Cospedal” como partícipe en aquel negocio en 2001, que se llevó la empresa Isolux, contratista de la Generalitat y sospechosa de pagar comisiones al clan Pujol.

En aquella operación en Gabón la firma Ibadesa tuvo “alguna participación”, según la UDEF, pero se está investigando el papel en la misma de López del Hierro. La Policía considera que Ibadesa Cat se encuentra bajo el control directo de Pujol Ferrusola, que utiliza a Puig Godés como testaferro, y que ha cobrado importantes cantidades de Isolux.

No existen contratos para justificar los pagos a Pujol Ferrusola
El hijo de Pujol tuvo que explicar por qué no hay soporte documental sobre su labor en esta operación empresarial en la que participó el marido de Cospedal, ni en otras. Su explicación fue que su intermediación en operaciones era una cuestión de confianza y que, normalmente, no se formalizaban, tan sólo se facturaban. Ferrusola argumentó que no quería tener firmas en contratos ni intermediar públicamente por la resonancia de su apellido y que con los empresarios con los que trabajó tenía plena confianza.

López del Hierro, un empresario de actualidad
El nombre del marido de Cospedal no ha dejado de estar de actualidad desde que el PP llegó al Gobierno, y el empresario ha ido ampliando su presencia en múltiples empresas a buen ritmo, después de que en octubre de 2013 se convirtiera en consejero de administración de Iberdrola Inmobiliaria, filial de la eléctrica. En 2012 se había incorporado a su filial de ingeniería, Iberinco.

Los cobros de Liberbank
Ha sido investigado por la Fiscalía por apropiación indebida y falsedad documental por los pagos presuntamente irregulares que le pagó Liberbank (la entidad que agrupa a Grupo Cajastur, Caja de Extremadura y Caja Cantabria), 7.000 euros mensuales. El caso fue archivado.

El escándalo de Red Eléctrica de España
En marzo de 2012, su nombre se fijó en todas las portadas por su fichaje por Red Eléctrica de España (REE), una empresa privada controlada por la participación pública, con un sueldo de 180.000 euros al año. El escándalo fue mayúsculo, al tratarse del marido de la secretaria general del PP. Según algunas publicaciones, Mariano Rajoy tuvo que intervenir para forzar su renuncia. Desde la llegada de María Dolores Cospedal a la secretaria general del PP,López del Hierro ha participado en, al menos, 14 consejos de administración, según informaciones anterioes de ELPLURAL.COM.

Consejero de varias empresas
El entramado empresarial en el que López del Hierro tiene representación es complejo. Según un informe de la Policía Económica (Udef), al que tuvo acceso ELPLURAL.COM, es presidente y consejero de Equipos Técnicos Unidos S.A. y fue consejero desde 2011 de la empresa Amper S.A. (empresa centrada en los sistemas y equipos de telecomunicación y electrónica). Este último puesto lo abandonó, según se supo en enero pasado. Mantiene, sin embargo, su asiento en los consejos de Renta Corporación e Itínere.

Negocios en el ladrillo, la sanidad, la restauración y la asesoría
Los negocios del marido de Cospedal se extienden por siete sectores económicos, con mayor presencia en la construcción y la promoción inmobiliaria. Según el citado informe, es apoderado desde 1991 de la empresa Constructora Continental S.A., vicepresidente y apoderado mancomunado de Interra Sociedad Anónima, y consejero de Renta Corporación Real Estate (hasta junio de 2013). Antes, fue consejero ejecutivo de Metrovacesa, y consejero de Bami Newco Sociedad Anónima, Asturcontinenta de Edificaciones y Promociones Coto de los Ferranes. También habría tenido intereses en el ámbito sanitario como consejero de Planiger S.A., y en el de la restauración, como consejero delegado de la empresa Serrano 50. También en el de la asesoría, como consejero de Lincoln International Spain o Star Inmogestión S.A.


* El Plural - CG - 18.9.14
Foto: Cospedal y su marido empresario - confidencial

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Andalucía.- Reino Unido presiona para salvar más viviendas ilegales de británicos

Lo que faltaba, además de las irregularidades de la Junta de Andalucía en cuestión de amnistía de viviendas ilegales, vienen ahora los británicos (mayoría en la costa) a exigir más legalizaciones para las suyas, que también se saltaron las normas urbanísticas municipales y/o autonómicas. La embajada aplaude la regularización anunciada por la Junta, pero reclama una salida para las casas con órdenes de derribo o inmersas en procesos judiciales. Por supuesto que la inútil en esta cuestión, Junta, terminará dándoles la razón ya que 'dinero es dinero' y el turismo británico en la costa tiene una gran importancia. Es decir que aquí se hacen las leyes en función de quién paga, si es un pobrecito labrador que se hace un chamizo, rápidamente lo derriban, pero si es una colonia de tanto peso económico como la británica, hacen todo lo posible por agradarla. Lamentable discriminación de la Junta del PSOE+IU que en esto se parece a otras Comunidades 'populares' que practican las mismas ilegalidades. Todo ello, además, bendecido por la 'sacrosanta' justicia urbanística que sigue ejerciendo su eterno papel de D.Tancredo.
"ELPAÍS* : El Gobierno de la socialista Susana Díaz apenas había echado a andar cuando hace casi un año —a finales de octubre de 2013— surgieron los primeros problemas por el flanco del descontrol urbanístico. En Cantoria, un municipio almeriense, las piquetas acabaron con dos casas propiedad de ciudadanos británicos. El derribo de estas construcciones ilegales levantó el interés de la prensa británica. Y la embajada del Reino Unido solicitó a la Junta una reunión para abordar este conflicto. "El embajador [Simon Manley] ha planteado este asunto en conversaciones con diferentes autoridades, tanto nacionales como autonómicas", reconoce el Gobierno británico.

En febrero de este año se produjo el primer encuentro con la Consejería de Medio Ambiente. El 27 de agosto se reunieron la presidenta andaluza y el embajador. Fuentes presentes en ese encuentro sostienen que el representante del Ejecutivo británico destacó el "problema" de sus compatriotas que son dueños de edificaciones ilegales en la costa andaluza. La presidenta de la Junta respondió que la consejería ya estaba trabajando en buscar una salida, apuntan las mismas fuentes.

Díaz ha anunciado esta semana en el Parlamento una modificación de la ley urbanística andaluza, la LOUA, que permitirá regularizar entre 20.000 y 25.000 casas ilegales. Se trata, principalmente, de construcciones aisladas ubicadas en municipios de Almería y Málaga, donde se concentra el problema con los ciudadanos británicos, que suelen argumentar que desconocían el origen ilegal de los terrenos y las casas cuando las compraron.

El cambio anunciado no supondrá la legalización de las edificaciones levantadas en suelos no urbanizables, pero la regularización permitirá un reconocimiento de la Administración. Es decir, "tendrán la seguridad de que las casas no se van a demoler", apunta Nieves Masegosa, secretaria general de Ordenación del Territorio de la Junta. Además, las casas podrán acceder con garantías al suministro de agua y luz, algo que deberán costear los propietarios. Podrán también inscribirlas en el registro, con lo que se admitirá legalmente la venta o donación.

El cambio normativo —que aún no se ha aprobado— ha despertado las críticas feroces de la organización Ecologistas en Acción, que acusa a la Administración andaluza de apostar "por el urbanismo ilegal". IU, socio de gobierno del PSOE en la Junta, se negó a apoyar el jueves esta modificación en el Parlamento. Pero no se descarta que la coalición de izquierdas acabe respaldando el cambio. "No pretendemos tirar todas las casas ilegales de Andalucía, no se puede hacer", reconoce José Antonio Castro, portavoz de IU en el Parlamento autónomo.

La embajada del Reino Unido, que ya conocía que iba a haber cambios, acoge con cautela el anuncio. "Esperamos que eso permita a muchos más propietarios beneficiarse del decreto de regularización [aprobado por la Junta en 2012], además de potencialmente abrir el camino para que puedan obtener la propiedad legal sobre sus inmuebles", sostiene una portavoz. "Sería un primer paso muy sensato", añade.

Pero el Gobierno británico pide más: quiere que la Junta "aborde la grave situación en que se encuentran algunos propietarios de nacionalidad británica, cuyos inmuebles están inmersos en actuaciones judiciales en los tribunales o que ya se enfrentan a órdenes de derribo". Esta petición no va a encontrar respuesta en la Junta, entre otras cosas, porque supondría invadir competencias de los jueces, apuntan fuentes de la Administración regional.

En verdad, lo anunciado ahora por la Junta no es más que una ampliación del decreto aprobado por el Gobierno andaluz a principios de 2012. Esa norma suponía el indulto de unas 250.000 viviendas levantadas sin permisos. El decreto, que aún tiene una aplicación muy baja, afectaba, principalmente, a las grandes urbanizaciones ilegales repartidas por toda la comunidad. Pero dejaba fuera a las construcciones aisladas en terrenos parcelados, que seguían en un "limbo jurídico", como lo ha calificado la Junta. Lo que se hará ahora es que la parcelación de un terreno en zona no urbanizable —es decir, su división para la venta o construcción de varias casas— también prescriba y así puedan regularizarse las edificaciones. Pero esta modificación, recalca la Consejería de Medio Ambiente, sólo afectará a las casas aisladas que se quedaron fuera del decreto de hace algo más de dos años y medio. "No es una amnistía ni una legalización", recalca Nieves Masegosa.

Díaz no ve en peligro el pacto con IU

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha negado este viernes que su pacto con IU en Andalucía esté en peligro por la discrepancia surgida sobre la modificación de la ley urbanística de la comunidad. Díaz ha reiterado que los cambios previstos para regularizar unas 25.000 viviendas se van a acometer “dentro de la legalidad” para dar una solución a “miles de familias que viven en el limbo”.
La presidenta ha asegurado que los servicios jurídicos de la Junta “están trabajando de manera acelerada para dar seguridad” a esta situación. Por su parte, la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, ha afirmado que la regularización no será “un café para todos” y que no se cambiará la situación de las casas que estén levantadas en suelos protegidos.
IU se negó el jueves a aprobar en el Parlamento la modificación propuesta por Díaz, aunque más por un problema de formas que de fondo.
El presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, ha advertido este viernes de la “constante inestabilidad” en la que vive la Junta. “Todos los días llega un rumor de posible adelanto electoral o una posible ruptura de la coalición”, ha sostenido. “Todos los días hay inestabilidad”, ha reiterado.
En su opinión, esta situación no es positiva, porque no se puede vivir “en una permanente incertidumbre”. Moreno ha pedido a Díaz que “controle a su Gobierno”, puesto que “ha perdido el control y no lo controla, ni a IU”. Ha añadido, además, que el andaluz es un “Gobierno de perfil muy bajo, sin músculo, sin iniciativas, sin ambiciones”. Por ello, reitera que es necesario que la presidenta cambie a “consejeros que están muy quemados”.


* El País - MANUEL PLANELLES - 19.9.14
Foto: Viviendas ilegales en Alcaucín, en Málaga. / GARCÍA-SANTOS

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La presidenta de la Junta de Andalucía apuesta por el Urbanismo ilegal

Es impresentable que, a estas alturas, la Junta de Andalucía (PSOE + IU) pretenda modificar la Ley de Ordenación Urbanística en el sentido de regularizar (legalizar) las numerosísimas viviendas ilegales 'parceladas' en suelo rústico. Si ya en 2012 se legalizaron unas 250.000 aisladas, construidas también en suelo rústico, algo inexplicable, ahora se llega un poco más lejos en la delincuencia 'oficial' urbanística, pues son auténticas urbanizaciones las que se pretenden legalizar desde las poltronas de Sevilla. Como se ve, el color político es indiferente en estos casos de leyes permisivas con la especulación urbanística (dinero es dinero) y pone a Andalucía al mismo nivel que otras Comunidades gobernadas por los 'populares' como la valenciana, la madrileña, etc. Esperemos que la respuesta ciudadana sea unánime al condenar estas actuaciones sectarias desde el poder político y que la justicia actúe, sin mayor dilación, sentando a los culpables de la Junta en el banquillo de los acusados.
"ECOLOGISTASENACCIÓN* : La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha anunciado la intención de reformar el artículo 185 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para facilitar la regularización de viviendas ilegales construidas en suelo rústico. Resulta incongruente que se justifique esta decisión porque las viviendas ilegales construidas en parcelaciones ilegales “están en un limbo de inseguridad jurídica”. Debe recordarse que tal “limbo” lo ha creado la propia Junta de Andalucía con su permisividad durante décadas con el urbanismo ilegal, y con la especulación y corrupción urbanística.

El limbo jurídico aparece por las promesas electoralistas que han recibido los delincuentes urbanísticos, que nos consta han mantenido varias reuniones con la Junta, que les ha garantizado que no se derribará nada, pero al no poder satisfacer sus demandas de legalización de todo lo ilegalmente construido, decide ahora, en una decisión sin precedentes, modificar las normas legales vulneradas para adaptarla a los intereses de los que las han infringido. Es por ello que recientemente los delincuentes ilegales se han manifestado pidiendo una “moratoria” para las órdenes de demolición, porque la Junta no ha sido clara en este aspecto y ha creado la esperanza de que tarde o temprano este tema se arreglará en beneficio de estos delincuentes urbanísticos, que todo se legalizará.

Con decisiones como ésta, que viene a unirse al vergonzoso Decreto de enero de 2012 por el que se pretende regularizar más de 250.000 viviendas ilegales, la Junta de Andalucía demuestra su firme voluntad de que las ilegalidades urbanísticas queden impunes, que, en contra de lo manifestado reiteradamente por la sra. presidenta de la Junta en el sentido de que “Quién la hace la paga”, en las tramas de especulación y corrupción urbanísticas –las que han asolado Andalucía en estas últimas décadas de gobierno socialista-, “Los que la hacen tienen premio”: su legalización sin tener que pagar los costes a que tiene que hacer frente los que construyen legalmente.

Una vez modificada las normas legales para regularizar e impedir la demolición de las 250.000 viviendas aisladas que hay en Andalucía en suelos no urbanizables, ahora se pretende regularizar las construidas en auténticas urbanizaciones ilegales, montadas por tramas de especulación y corrupción. Estamos hablando de la forma más cancerosa de especulación del suelo rural, consistente en subdividir ilegalmente una parcela, construir una casa por parcela y luego venderlas. Ya no se trata de una unidad rústica, de pasado agrícola, en la que se ha levantado una casa, sino en un grupo de casas que, subrepticiamente, ha creado un asentamiento urbano. Todo ello va en contra de la ley de ordenación urbanística y los criterios de sostenibilidad, establecidos en multitud de documentos, por los que se apuesta por la ciudad compacta, un criterio unánime en la Unión Europea.

Si el decreto de regularización de las viviendas construidas en suelo rústico ya era una bendición para los delincuentes urbanísticos, esta nueva medida supone ya una claudicación del deber de la Junta de Andalucía de velar por la aplicación de las leyes de esta comunidad. Aunque se afirma que esta medida “no supondrá la legalización” de la vivienda, sí se le está animando a que no se derribe, como establece la ley, y que pueda recibir los servicios municipales, y cumplir con el correspondiente IBI. Para los moradores del suelo rústico, es suficiente para garantizar la creación de sus paraísos inmobiliarios.

Con esta amnistía se está alentando irresponsablemente a la construcción ilegal en suelo rústico, esta vez además con el chollo de la subparcelación, que dejará de ser ilegal con tan sólo pactar con el ayuntamiento respectivo un periodo, establecido por la propia Junta de Andalucía, para que se pueda regularizar. La especulación y la corrupción encuentran así un nuevo camino para llenar nuestros campos de viviendas con parcelas valladas. La impunidad está garantizada.

¿Son estos los nuevos tiempos que prometió Susana Díaz?. ¿En qué se diferencia su política urbanística de los anteriores presidentes de la Junta o de la de los Gobiernos del PP de Valencia, Madrid o Murcia que han apostado decididamente por la especulación urbanística fomentando la corrupción?.


* Ecologistas en Acción - 18.9.14
Foto: Palacio S.Telmo Sevilla, sede Junta Andalucía - sientesevilla

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Telde.- Anticorrupción pide el ingreso inmediato en prisión de tres condenados del caso Grupo Europa

El 'caso Europa' de corrupción urbanística en el ayuntamiento gran canario de Telde, está llegando a su final tras la sentencia judicial que condena a varios miembros del gobierno municipal formado por CC-PP. El exconcejal de Urbanismo por el PP, JL.Mena, ha sido condenado a casi 7 años de cárcel por delitos de soborno (recibir comisiones) y falsificación de documentos cometidos entre 2003-2007. Como se sabe, la ciudad de Telde (+100.000 habitantes) es conocida por su urbanismo ilegal y corrupto con numerosos casos judiciales abiertos, como el 'caso Faycán', y también, lógicamente, por sus continuas disputas político-urbanísticas (ver en el buscador interno del blog). De nuevo destacar aquí la tardanza judicial injustificada de más de 10 años (diez) en sentenciar este caso. Esta situación anormal en un municipio de esta envergadura ha producido mientras tanto un urbanismo caótico en el que, al final, los únicos perdedores son los ciudadanos que lo habitan.
"CANARIASAHORA* : El fiscal Anticorrupción ha solicitado a la Sala de lo Penal del TSJ de Canarias el ingreso inmediato en prisión de tres de los condenados por la trama de corrupción política en el Ayuntamiento de Telde conocida como caso Grupo Europa, José Luis Mena, Juan Carlos Saavedra y José Manuel Antón Marín, por riesgo de fuga. La sentencia condena a los tres principales acusados de la pieza separada del caso Faycán, tras considerar probado que Marín, propietario del Grupo Europa, pagó comisiones por valor de 240.000 euros a políticos y funcionarios del Consistorio, entre ellos a Mena, exjefe de Urbanismo, a cambio de que se le adjudicaran contratos para la construcción de viviendas de protección oficial.

La Sala dio curso este viernes a la solicitud del fiscal, formulada el 18 de septiembre, y citó a los condenados a comparecer junto a sus abogados a las 10.00 horas del próximo 30 de septiembre, según informa Canarias 7.

El periódico señala que Del Río justifica su solicitud de aplicar a los tres condenados “medidas cautelares de carácter personal” (es decir, el ingreso en prisión sin necesidad de esperar a que el Tribunal Supremo resuelva los recursos que interpondrán contra la sentencia del caso) en el riesgo de fuga que podría darse debido al patrimonio del que disponen. De hecho, la sentencia da por probado que Mena registró por aquellos años un enriquecimiento injustificado de casi 380.000 euros.

Otros motivos que a su juicio derivarían en la huida de los mismos, se centran en la naturaleza y la duración de las penas impuestas y en que algunos de sus domicilios están registrados en el extranjero, como es el caso del de Marín, cuya resiedencia se encuentra fijada en Costa Rica, según él mismo admitió en el juicio. Los condenados tienen la posibilidad de interponer un recurso de súplica contra la resolución en un plazo de tres días.

Condenas y absoluciones

En la sentencia dada el pasado miércoles y fechada el 3 de septiembre, la Sala presidida por José Ramón Navarro (en la actualidad presidente de la Audiencia Nacional) absolvió al diputado del PP Jorge Rodríguez, a pesar de considerar probado que intercedió a favor de Grupo Europa, tras aplicarle el principio in dubio pro reo, en virtud del cual se favorece al acusado en caso de que las pruebas no sean contundentes.

El TSJC sí condenó a Marín a cinco años de cárcel por un delito continuado de cohecho -por sobornos- y otro contra el mercado y los consumidores. La Sala le sanciona además con 520.000 euros.

Mena, jefe de Urbanismo del Consistorio en la época de los hechos denunciados (2003-2007), fue condenado a seis años y diez meses de cárcel por la comisión de los delitos de cohecho -por el que además le impone una multa de 55.000 euros y la inhabilitación para empleo o cargo público durante ocho años- y falsedad de documento oficial, con una sanción de 16 meses con una cuota diaria de 200 euros y otros cuatro años y un mes de inhabilitación.

Por su parte, Saavedra deberá cumplir una pena de 4 años y 10 meses de prisión como cooperador necesario del delito de cohecho y como autor de delitos contra el mercado y los consumidores, prevaricación y falsedad de documento mercantil. Saavedra ha sido inhabilitado para el ejercicio de empleo o cargo público durante los próximos quince años.


* El Diario - Canarias Ahora - 20.9.14
Foto: Los acusados del caso Grupo Europa: de izquierda a derecha Antón Marín, Jorge Rodríguez, Juan Carlos Saavedra, Verónica García, José Luis Mena y Pedro Pablo Santana.- canariasahora

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El concejal de Urbanismo de Hellín renuncia al cargo al ser imputado

El hecho de que haya dimitido el concejal 'popular' de Urbanismo en Hellín (Albacete) llama la atención por lo inusual. Aunque al tratarse de la propia construcción de una vivienda ilegal en 2009 le atañe más directamente y, lógicamente, no era posible que un infractor activo de las normas municipales estuviera al frente de un área como Urbanismo. En cualquier caso no es lo habitual hoy día en que la hipocresía política roza los límites del esperpento por mantenerse en la poltrona a toda costa. El concejal imputado, a pesar de todo, sigue manteniendo su inocencia cuando parece evidente el delito urbanístico 'de libro'. Lo que habría aquí que preguntarse es cómo el alcalde del PP, último responsable de su equipo de gobierno, le ha seguido manteniendo en el cargo meses después de conocerse el grave hecho delictivo.
"DIARIOCRÍTICO* : El concejal de Urbanismo de Hellín, Jesús Tébar, ha presentado su renuncia como edil del Ayuntamiento, tras ser imputado en un presunto aprovechamiento de cargo, por unos hechos ocurridos en 2009 por la construcción de una casa en el campo. Tras formalizarse su renuncia este jueves en el pleno municipal, Jesús Tébar ha explicado, en rueda de prensa, que los hechos, por lo que ha pagado una multa, ocurrieron "cuando no era concejal".

"No se trata de cobro de comisiones, ni de desvío de fondos públicos, ni de ERES fraudulentos, ni de meter la mano en la caja del Ayuntamiento, es un asunto meramente privado en el que me he visto perjudicado por mi condición de concejal", ha indicado.

Así, ha explicado que su renuncia como edil es "una decisión personal para evitar perjudicar la dignidad del propio cargo", la de su familia y su partido, y ha recordado que él no vive de la política, ya que su sueldo "es y ha sido fruto" de su trabajo como profesor.

"Para que no haya lugar a dudas, quiero decir muy claro que mi conciencia está tranquila, mis manos están limpias, no he recibido ningún trato de favor y ni he robado ni he malgastado el dinero de los ciudadanos de Hellín. Me voy con la cabeza muy alta", ha comentado.

Finalmente, y tras repasar algunos de los logros de su Concejalía durante su mandato, ha asegurado que desde que entró en política su intención siempre ha sido hacer cosas por su pueblo y ayudar a los ciudadanos y que se ve "con la satisfacción de haber trabajado duro y de haber contribuido a tratar de solucionar los problemas de nuestros vecinos".

El PSOE cree que la renuncia les da la razón

Los integrantes del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Hellín creen que la dimisión del concejal de Urbanismo del Partido Popular, Jesús Tébar, supone "el reconocimiento de su error, que nos da la razón y que tanto nuestra denuncia en el Pleno como ante la Comandancia de la Guardia Civil eran ciertas y veraces".

Así lo aseguró hoy el secretario general del PSOE hellinero y también concejal, Ramón García, tras la celebración de una sesión plenaria en la que se hacía efectiva la dimisión del 'popular' que calificó como "histórica porque es la primera vez que un concejal de nuestro Consistorio dimite por un presunto aprovechamiento ilícito de su cargo".

García rechazó el hecho de que "hayan tenido que pasar siete meses" desde la denuncia del PSOE, que advirtió de la comisión de una posible infracción urbanística por parte del concejal de Urbanismo, basada en la construcción de un chalé sobre terreno rústico cuyas obras habían sido incluso precintadas. El socialista recordó que fue en febrero de 2014 cuando el Grupo Municipal Socialista de Hellín denunció "el presunto comportamiento ilegal y carente de ética del hasta ayer concejal de Urbanismo y de Policía, al construirse presuntamente una casa, en un terreno de su propiedad, sin contar con licencia de obras y cometiendo una infracción grave de carácter urbanístico".

Los hechos derivaron en la presentación de una denuncia ante la Comandancia de la Guardia Civil, más en concreto ante el Equipo de Patrimonio y Delincuencia Urbanística.

Ramón García declaró hoy que "cuando uno presenta su dimisión es porque tiene muy claro que ha metido la pata y que ha cometido un grave error" e interpretó que ha sido el propio Partido Popular el que "no ha querido que este señor vaya al Juzgado a declarar siendo concejal del Ayuntamiento de Hellín, por lo que de una u otra manera le han obligado a dimitir en fecha anterior al día 22 de septiembre, día en el que tiene que prestar declaración en calidad de imputado".

Responsabilidad del alcalde de Hellín. El concejal socialista pidió asimismo responsabilidades al alcalde del municipio, Manuel Mínguez, porque "durante siete meses ha estado dando cobijo a este concejal siendo él el máximo responsable de la situación que se ha originado por no cesarle de su cargo".

"Y lo que es más grave, no interpuso ningún tipo de denuncia ante la Fiscalía ni por la ruptura del precinto ni por si los hechos presuntamente denunciados pudieran haber sido constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio, lo que es una gran irresponsabilidad impropia de su cargo y por lo que no sé si se habrá producido el delito de prevaricación", expuso.

"Manuel Minguez es presidente del Partido Popular en Hellín, creo que es miembro del Consejo Nacional de su Partido y es el alcalde de Hellín, y como tal tiene que asumir las responsabilidades políticas derivadas de la inacción u omisión en todo este asunto", concluyó García.


* Diario Crítico - EP - 19.9.14
Foto: Hellín (Albacete), ayuntamiento - ayuntamiento.es

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La plaza de S.Fernando de Henares, en manos del banco

El sinsentido y la especulación continúan arrasando en la ordenación urbanística. Ahora es la plaza del pueblo madrileño de S.Fernando, nada menos que BIC autonómico, la que pasa a las manos sucias de Bankia, debido a la quiebra de la empresa encargada de remodelar la plaza. Una situación casi de película ya que al interés municipal se une el de los vecinos, el de la constructora y el del banco. Mal negocio el emprendido por el municipio, y corroborado por la Comunidad madrileña, que deberá resolverse en los tribunales, porque lo que es de sentido común es que un espacio público de tal importancia urbana jamás puede ser privado debido a un disparate económico de ciertas autoridades ignorantes.
"ELPAÍS* : Un juzgado ha decretado la liquidación de la empresa Plaza de España San Fernando, creada en 2008 por el Ayuntamiento de San Fernando de Henares (municipio a 15 kilómetros al este de la capital, con 41.000 habitantes) para remodelar esa plaza y su entorno, que están considerados como Bien de Interés Cultural por la Comunidad de Madrid. La sociedad, constituida con un 49% de capital municipal y un 51% aportado por los vecinos propietarios de las viviendas situadas en la plaza, acumula una deuda con acreedores de 94 millones, de los que 60 son a Bankia.

El auto judicial, fechado el 2 de septiembre, decreta la disolución de la sociedad, a la que el Ayuntamiento aportó el terreno de la plaza del pueblo (10.827 metros cuadrados) y su subsuelo para cubrir su participación en ella. Ahora se abre la incógnita de qué ocurrirá con la plaza pública, el aparcamiento de 600 plazas construido bajo ella y las 200 viviendas del entorno, que pueden pasar a manos de Bankia.

El alcalde, Ángel Moreno (IU) asegura no saber todavía cómo salir de esta situación: “Es muy compleja, porque se unen intereses del Ayuntamiento, de los 74 vecinos afectados, del banco y de las constructoras”. Esta semana tiene previsto reunirse con el administrador concursal, después de que este mantenga a su vez una reunión con Bankia. En un plazo de 15 días desde la notificación de la resolución judicial (8 de septiembre), el administrador debe tener listo el plan de venta de los bienes de la empresa.

El Ayuntamiento aprobó en el pleno del pasado mes de junio iniciar los trámites para recuperar la plaza. No todos estuvieron de acuerdo. La división en el seno de IU se hizo patente en la votación, que salió adelante con cinco votos de sus 11 ediles, más los ocho del PP y tres del PSOE. Los otros cinco ediles de IU (faltó uno al pleno) no apoyaron la propuesta, argumentando que existen alternativas menos lesivas, pues la recuperación implica en su opinión litigios seguros con los vecinos. Las negociaciones no parecen haber avanzado mucho en estos meses. Moreno explica; “La cuestión se encuentra en manos de los abogados”.

El portavoz del PP, Eusebio González, ha manifestado por su parte su gran preocupación por la liquidación, y ha pedido la apertura de una comisión informativa especial. “No sabemos qué va a ocurrir, pero el Ayuntamiento se puede ver obligado a responder por estas deudas”, opina. “El absurdo total es haber aportado una plaza pública, de todos los vecinos”, añade.

Un informe elaborado por la secretaria general del Ayuntamiento ve “sorprendente” que la titularidad de la plaza aparezca en el Registro de la Propiedad a nombre de la sociedad mercantil Plaza de España, porque es un bien público que es inalienable, inembargable e imprescriptible.

“Con idéntico estupor” se señala en el documento que el subsuelo corriera la misma suerte.

La rehabilitación de la plaza ha convulsionado al grupo de IU. Ángel Moreno tomó el relevo de Julio Setién al frente de la alcaldía tras la dimisión de este en marzo de 2013 “por motivos personales y familiares”. Moreno, que entonces era responsable de la concejalía de Hacienda, heredó así la también presidencia de la empresa Plaza de España.

A finales de ese mismo año, el regidor presentó ante la Fiscalía General del Estado un escrito donde se detallaban irregularidades presuntamente cometidas en la gestión de dicha empresa, que en ese momento se encontraba en concurso de acreedores.

La Fiscalía envió el documento al Juzgado de Instrucción número 5 de Coslada, que también investiga ahora otras posibles irregularidades, como la aportación de la plaza de España a la sociedad y denuncias de las constructoras. El Ayuntamiento considera culpables de la quiebra a los gestores de la empresa, que se habrían lucrado de forma personal, provocando un quebranto a los intereses de los vecinos, que habían confiado en el Ayuntamiento porque avalaba la operación.

Los ciudadanos dieron sus viviendas a la sociedad, con el objeto de recuperar su propiedad una vez remodeladas. Además, la sociedad obtuvo otros inmuebles, locales y el aparcamiento subterráneo que, tras su venta, supondrían ingresos para abonar los créditos pendientes.

Pero los 54 millones previstos inicialmente para las obras se convirtieron en 94. Y llegaron las denuncias y los embargos. El Ayuntamiento no puso coto a estas supuestas irregularidades de los gestores porque la empresa funcionaba como un organismo privado, sin intervención municipal, explican fuentes locales.

El Consistorio tampoco comunicó a la Comunidad de Madrid el impacto real de sus planes de rehabilitación, lo que supuso la apertura de un expediente sancionador. Los técnicos constataron que el espacio protegido desde 1983 se había alterado sustancialmente por salidas peatonales y respiradores, que emergen sobre la plaza y distorsionan la imagen de conjunto. En medio de este embrollo, los vecinos no saben cuándo podrán volver a sus casas, construidas a mediados del siglo XVIII y ya rehabilitadas.


* El País - Esther Sánchez - 15.9.14
Foto: La plaza de España del municipio madrileño de San Fernando de Henares. / ÁLVARO GARCÍA

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Las vecinas de un bloque ocupado en el centro de Madrid consiguen el realojo

Las acciones de la PAH empiezan a dar resultados visibles en toda la geografía del país. Así en Madrid, la campaña de Obra Social, impulsada por la PAH y grupos 'stop desahucios', consigue ahora la detención del desalojo de un bloque de la Caixa y ganar 19 alquileres sociales. El bloque fue ocupado el 5 de enero de este año por Vivienda Centro, uno de los colectivos del #15M que participan en la campaña de Obra Social y tenía amenaza de desalojo para este 26 de Septiembre. El acuerdo alcanzado con los propietarios de la Caixa significa otra victoria más en la larga lucha emprendida por la PAH y 'stop desahucios', con lo que ya son casi 1.200 personas realojadas en todo el país. Todo un ejemplo de constancia ciudadana a seguir.
"DIAGONAL* : Las vecinas de La Manuela, un bloque ocupado perteneciente a La Caixa en el centro de Madrid, han conseguido ser realojadas con alquileres sociales en otras viviendas pertenecientes a la entidad. Tras más de un año de contactos y negociaciones, que han incluido una amenaza de desalojo para el 26 de septiembre, las 19 familias que viven en el bloque han conseguido lo que han definido en un comunicado hecho público la tarde del viernes “un acuerdo con la Caixa donde se comprometen a realojar a todas las unidades familiares de La Manuela en régimen de alquiler social”.

El bloque fue ocupado el 5 de enero de este año por Vivienda Centro, uno de los colectivos del 15M que participan en la campaña de Obra Social. Mediante esa campaña, la PAH y grupos stop desahucios han realojado a personas sin vivienda digna en 27 bloques vacíos en manos de la banca. Se trata del segundo realojo exitoso de la campaña en una semana, después de que PAH Sabadell anunciase la regularización de 40 familias con alquiler social en un inmueble perteneciente al conocido como 'banco malo'. En total, la Obra Social de la PAH ha conseguido en tres años regularizar a las vecinas de 5 bloques ocupados, mientras que uno fue desalojado el pasado diciembre en Salt (Girona). El último recuento hecho por la PAH cifra en 1.180 personas las realojadas por la Obra Social en bloques y pisos vacíos de los bancos.

“Estas dos victorias nos demuestran que sí se puede, que la Obra Social es una campaña legítima, que recuperar bloques de bancos para quien ha sido desahuciado por estas mismos no sólo es necesario, sino que es de justicia y funciona”, ha declarado Vivienda Centro, colectivo que mantiene en el distrito centro de Madrid otros dos bloques recuperados. En total, la Obra Social ha recuperado en esta región 8 bloques, al que se debe añadir un noveno bloque recuperado en la provincia de Guadalajara. La PAH decidió en su encuentro celebrado en Valencia el verano de 2013 reforzar la campaña de ocupación de bloques de los bancos como respuesta al rechazo en solitario por parte del PP a las Iniciativa Legislativa Popular por la dación en pago, el alquiler social y la moratoria de desahucios.


* Diagonal - 12.9.14
Foto: PAH, bloque recuperado en Madrid - diagonal

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La corrupción urbanística sigue creciendo de forma imparable en la Costa del Sol

A pesar del ejemplo significativo del 'caso Malaya', de corrupción urbanística en Marbella, los datos dicen que los delitos contra la Ordenación del Territorio siguen creciendo en la provincia de Málaga. Así en 2012 crecieron un 200% y en 2013 un 110%. Algo que debe tener su origen en la inalterable permisividad municipal y en la falta de mayor decisión judicial al sancionarlos, con lo que los delincuentes urbanísticos siguen pensando que merece la pena saltarse las laxas normativas existentes. Resultan indicativas del descontrol judicial las declaraciones del propio Fiscal General de Andalucía aduciendo que la corrupción urbanística no es todavía suficientemente combatida con la mayor eficacia. A estas alturas de la película dice esa insensatez nada menos que el mayor encargado de perseguir la delincuencia en Urbanismo. Así nos va.
"LAOPINIÓN* : Dicen los juristas que un macrocaso de corrupción siempre previene futuras conductas de idéntica naturaleza en el sector público. Si a tu compañero se le ha castigado duramente, tú te lo piensas más antes de meter la mano en la caja del dinero de todos. Sin embargo, la prevención general del Derecho Penal queda en agua de borrajas si se acude a la fría realidad estadística, que no engaña nunca: los delitos contra la Administración Pública, título del Código Penal que engloba los ilícitos típicos de la corrupción, han crecido un 109,6% entre 2012 y 2013 en Málaga, según los datos recogidos en la memoria de la Fiscalía General del Estado.

Pero es que, además, llueve sobre mojado, porque en 2012 este periódico ya informó de que estos ilícitos habían crecido un 200%. En 2013, se abrieron en los juzgados 239 diligencias previas relacionadas con estos ilícitos frente a los 114 de 2012. De esta forma, la prevaricación administrativa cae un ligero 3,7% hasta los 26 casos el pasado año; el cohecho o soborno, cuya primavera se alcanzó en Málaga durante el periodo en el que Juan Antonio Roca fue gerente de Urbanismo de Marbella, sube desde los siete casos a los nueve de 2013, es decir, un 28,7%, y la malversación de caudales, cuyos casos más representativos fueron Saqueo 1 y 2 de la época dorada de Gil, han crecido la friolera de un 71,4%, desde los siete hasta los doce procedimientos.

Todos estos datos se recogen en la memoria de la Fiscalía General del Estado relativa a 2013. Hay otros tipos cercanos a la naturaleza corrupta, tales como el blanqueo –ubicado en otro epígrafe del Código Penal–, de tal forma que en 2013 se abrieron en los juzgados 15 procesos frente a los nueve de 2012, lo que supone un incremento del 66,7%. En cuanto a los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, crecen un 28,6%, desde los 21 procedimientos hasta los 27, y los ilícitos contra la ordenación del territorio siguen cayendo en consonancia con el escaso pulso del ladrillo en la provincia, de tal forma que en 2013 hubo 97 casos de este tipo frente a los 173 de 2012, lo que se traduce en una caída del 43,9%.

La subida de 2012 superior al 200% en este tipo de delitos la explicó la Fiscalía General del Estado: en primer lugar, en la actividad administrativa se ventilan intereses económicos muy importantes y las decisiones sobre el suelo generan grandes beneficios; en segundo lugar, no hay en ese sector de la administración autoridades administrativas superiores con capacidad de sancionar a quienes actúan irregularmente. La respuesta Judicial suele llegar tarde y las ilegalidades se han consumado. En tercer lugar, el proceso de toma de decisiones es opaco.

De cualquier forma, muchos de estos procedimientos provienen de años anteriores, del boom de la construcción en la Costa del Sol, pero lo cierto es que se siguen repitiendo estas prácticas en el sector público, y más en una provincia en la que han sido llevados a juicio o están a punto de llegar a plenario trece grandes sumarios de esta naturaleza: Saqueo 1 y 2, Malaya, Minutas, Pantoja, El Pinillo, Fergocon y Goldfinger, todos ellos relacionados con Marbella; el caso Troya, ya juzgado, por corrupción en Alhaurín el Grande; Arcos, en Alcaucín y Astapa en Estepona, así como los procedimientos de Acinipo, en Ronda, y Casares.

El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, afirma en la memoria autonómica: «Los factores desencadenantes de la corrupción política y financiera se vinculan por el incumplimiento de la legalidad administrativa; la falta de desarrollo de labores de intervención en el uso de fondos públicos y la insuficiente fiscalización contable dando inmediato traslado al ministerio fiscal de todas aquellas irregularidades que sean detectadas y poniendo a disposición de los investigadores todos los antecedentes documentales que sean necesarios para la actuación de la jurisdicción penal, de la jurisdicción contable o de ambas jurisdicciones a la vez».

García Calderón, quien por cierto se queja de las dificultades informáticas para recoger los datos en Málaga, apunta que el fenómeno de la corrupción, «como forma de crimen organizado en sus manifestaciones más graves, no es todavía suficientemente conocido para ser combatido con la mayor eficacia y aún requiere un seguimiento adecuado y suficiente del resultado definitivo de la actuación institucional».

El jefe de los acusadores públicos andaluces llama la atención sobre la importancia de dar a conocer a la opinión pública datos tan esenciales como «el importe de los activos obtenidos o recuperados».

Por cierto, en las próximas semanas se conocerá la sentencia del caso Malaya que elabora actualmente Juan Saavedra, el ponente del Tribunal Supremo que se va a encargar de dar contestación a los recursos de casación interpuestos por las defensas de la mayor trama de corrupción de la historia judicial española.


* La Opinión Málaga - José Antonio Sau - 17.9.14
Foto: Una sesión del caso Malaya contra la corrupción en Marbella.- laopinion

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Un juez embarga a los propietarios del Talaso Atlántico de Oia

La situación del ilegal hotel Talaso en Oia (Pontevedra) continúa siendo problemática. El llamado 'Algarrobico' del Atlántico tiene orden judicial de derribo desde hace 5 años por sus numerosas irregularidades urbanísticas, pero el ayuntamiento 'popular' sigue dando largas, por lo que el alcalde ya ha sido apercibido desde el juzgado. Pero aquí, como en su modelo almeriense, parece que todo da igual y que la justicia es incapaz de acabar con los casos más sangrantes del urbanismo salvaje que asola las costas y ciudades del país. Incluso, el ilegal hotel recibió ayudas del sector público, que no se sabe si serán recuperadas al ser embargados ahora los propietarios delincuentes. En cualquier caso, estamos ante otro caso emblemático de corrupción urbanística y no se apunta que ningún implicado vaya a ser sentenciado con cárcel por su evidente delito.
"ELPAÍS* : Se acumulan los problemas legales para el Talaso Atlántico de Oia, el hotel construido prácticamente sobre la roca junto al mar en Mougás con orden de derribo desde 2009. Después de que el Ayuntamiento se prestase finalmente y a regañadientes a encargar el estudio para tirar el complejo, un juzgado de Vigo ha dictado un embargo contra los dueños, los hermanos Jesús y José Pérez Gil, por una deuda con un exsocio que, entre el principal y los intereses, ronda el medio millón de euros.

La lista de propiedades que embargar es bastante exhaustiva y alcanza a las participaciones en las más de 20 sociedades que suman uno y otro hermano. También incluye a las dos a través de las que se gestiona el propio hotel, una como propietaria del inmueble y otra que lo alquila y presta los servicios hoteleros. El embargo resulta de una deuda cercana a los 300.000 euros de los Pérez Gil con Carlos Quintás, uno de los socios originales que se enemistó con los hermanos y acabó saliendo de la empresa a cambio de la compra de sus participaciones. A la hora del pago hubo problemas que acabaron en un largo proceso concluido en abril con la condena al abono de aquellos 300.000 euros, que sumados intereses son casi 500.000.

El hotel está en una situación legal precaria. Tras recibir 4,5 millones de euros de ayudas para su construcción —incluidas indemnizaciones por los daños de la marea negra del Prestige— los tribunales acabaron determinando que la ordenanza municipal que habilitó su construcción era ilegal, porque no había llegado a aprobarse. Desde hace cinco años el gobierno local se hace de rogar para ejecutar el derribo, hasta el punto de que el regidor, el popular Alejandro Martínez, recibió sucesivos apercibimientos de un juzgado de Pontevedra, que le avisaban de que si no ponía en marcha el proceso le impondría multas sucesivas de 1.500 euros.

Los propietarios y el alcalde confían en que un nuevo plan de ordenación pueda legalizar la situación del complejo y recabaron el apoyo de otros regidores de la zona, del actual presidente de los empresarios gallegos, José Manuel Fernández Alvariño. El propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, dijo en enero que estaba buscando una “solución legal”.


* El País - Victor Honorato - 12.9.14
Foto: Oia (Pontevedra), aérea hotel Talaso ilegal - elpais



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