La Guardia Civil registra el Ayuntamiento de Llíria en busca de informes urbanísticos

¿Quién había dicho que el tiempo de la grave corrupción urbanística había pasado ya? En Llíria (Valencia) ha vuelto a suceder un registro del ayuntamiento por parte de la guardia civil y la policía judicial. El ocultamiento de pruebas e informes sigue siendo un problema para muchos municipios que tratan así de evitar el descubrimiento de delitos urbanísticos. Finalmente tienen que intervenir las fuerzas de orden público, bajo mandato judicial, naturalmente. El asunto aquí se debe a contrataciones ilegales de diversas empresas privadas dedicadas al desarrollo de programas de actuación integrada (PAI). Los agentes permanecieron en el interior del edificio consistorial por espacio de más de cinco horas y se interesaron especialmente por aquellos procesos de adjudicación de obras de urbanización que se han llevado a cabo durante los últimos años en el municipio.
"LEVANTE* : Agentes del equipo de Delitos Económicos de la Guardia Civil de Valencia se personaron ayer en las dependencias del Ayuntamiento de Llíria para registrar los departamentos de Urbanismo y Contratación del consistorio, entre otros. Al menos cuatro investigadores movilizaron a la mitad de los funcionarios para hacer acopio de documentos relacionados con la gestión indirecta de Planes de Actuación Urbanística (PAI) y con la Agencia Municipal de Información y Asesoramiento para la Gestión Urbanística (Amigu), una oficina del consistorio edetano que dejó de funcionar en agosto de 2011.

Esta actuación policial, que se inició a primera hora de la mañana y se prolongó hasta las 18 horas, se enmarca en la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción a partir de la denuncia interpuesta ante el ministerio fiscal por MOVE „Movimiento Vecinal„ hace más de un año. Los especialistas en delitos económicos de la Benemérita se llevaron cuantiosa documentación de las dependencias municipales con el objetivo de determinar si se ha cometido un presunto delito de prevaricación en la gestión y adjudicación indirecta de una serie de PAI y en la propia Amigu. «No se investigan a personas „señalaron fuentes de toda solvencia„, se investiga la gestión indirecta de los PAI» para determinar si ha podido existir alguna conducta delictiva cotra la administración.

Los agentes de la Guardia Civil interrogaron a varios funcionarios a lo largo de todo el día y se llevaron diversos expedientes municipales. El alcalde de Llíria, el popular Manuel Izquierdo, señaló ayer a Levante-EMV que no tenía conocimiento de quién ha presentado la denuncia contra el equipo de gobierno del PP. «Sabemos que existe una denuncia en Fiscalía „contestó a este diario„ pero se ha decretado secreto de sumario y no puedo hacer más declaraciones». Izquierdo delegó ayer en el secretario de la corporación para que entregase a los representantes de la autoridad todos los papeles que le solicitaran. Por su parte, este periódico trató sin éxito de localizar a la concejala de Urbanismo y teniente de alcalde, Reme Mazzolari, sin que esta devolviese las llamadas. Mazzolari es la máxima responsable de la gestión urbanística de Llíria, que ha motivado multitud de quejas de vecinos y afectados por PAI, como ha ido publicando este rotativo. Además, hace un año, este diario ya publicó que la entonces concejala de MOVE, Elena Jiménez, había presentado junto a otros compañeros de partido un dossier de presuntas irregularidades en la Fiscalía Anticorrupción. Entre las supuestas prácticas irregulares, MOVE y Elena Jiménez en un comunicado remitido a la prensa, destacaban una serie de «preadjudicaciones a agentes urbanizadores» en un conjunto de PAI, que se tramitaron en Amigu y en los que los vecinos «recibían cartas de adhesión gestionadas desde esta oficina municipal».

Por su parte, Mazzolari respondió entonces con otro comunicado a Jiménez que se querellaría contra ella por injurias y resaltó que todos los PAI que se tramitan, «se someten a la aprobación de unas bases particulares, que no son otra cosa que el pliego de condiciones del concurso de licitación pública, que se publica en el BOP y se remite al Diario Oficial de la Unión Europea, con el fin de que se presente quien quiera». Por lo tanto, «es un concurso público con sus normas y controles.


* Levante - J.M.VIGARA/ T.DOMÍNGUEZ - 16.4.14
Foto: Llíria (Valencia), ayuntamiento - montserrat.es



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La lucha por el oro azul

Se ha advertido que la próxima guerra que va a llegar al planeta va a ser la del agua; hoy en día ya lo es en amplias zonas de África y de Asia, pero además, debido al cambio climático y el aumento de la temperatura global, pronto llegará también al sur de Europa. Las grandes empresas constructoras, de energía, financieras y otros grupos de presión ya se están posicionando al respecto, tratando de controlar un mercado que se antoja ávido para estos buitres especuladores. El tema es grave y aquí en este país está ya sucediendo con la privatización paulatina de los servicios de gestión del agua. Recientemente ha habido movilizaciones y protestas vecinales en El Puerto de Sta.María (Cádiz) o en Alcázar de S.Juan (Ciudad Real), lo que demuestra su importancia creciente.
"LAMAREA* : ¿Dejaríamos un fármaco indispensable para la vida de todos los seres humanos en manos de empresas privadas? Eso es precisamente lo que está ocurriendo, pero no con un fár­maco, sino con algo mucho más importante: el agua. Controlar el agua supone controlar las volunta­des de los seres humanos. Por el agua pasa todo: la ali­mentación, la energía, la industria… Las grandes corpo­raciones saben que quien sea dueño del grifo será dueño de todo lo demás. La sociedad civil está reaccionando y cada vez surgen más voces reclamando que el acceso al agua potable sea considerado un derecho humano.

“El agua ha sido un recurso público, bajo dominio público, durante más de 2.000 años. Cedérselo a entidades pri­vadas es peligroso y moralmente equivocado”, señaló en 2011 a la revista Newsweek el abogado especializa­do en agua James Olson. España, Grecia e Italia, tres de los países europeos más afectados por la crisis finan­ciera y debilitados por las llamadas ‘políticas de auste­ridad’, se han convertido en un nuevo campo de batalla en esta guerra global por el control del agua, una guerra en la que se mezclan los intereses de grandes grupos de presión, constructoras, bancos, eléctricas e industria agroalimentaria, ávidos por obtener liquidez inmediata y, también, por tomar posiciones de cara a un mercado clave para el futuro inmediato.

Pero para hacerse una idea de la magnitud de lo que está en juego cuando los vecinos de un pueblo como el Puerto de Santa María (Cádiz) o Alcázar de San Juan (Ciudad Real) se movilizan contra la privatización de la gestión del agua, hay que dar un paso atrás y ver la foto desde la distancia. Hoy, casi 800 millones de personas carecen de acceso a agua potable en el mundo. La po­blación mundial en 2050 pasará de los más de 7.000 mi­llones de la actualidad a 9.000 millones y, según el últi­mo Informe sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo, publicado por Naciones Unidas en 2009, ese rápido incremento ha causado que las extracciones de agua se hayan triplicado en los últimos 50 años. Las estimaciones hablan de que para 2050 serán 2.000 mi­llones de personas las que no tengan acceso a agua po­table, mientras la demanda de alimentos se disparará un 70%. A esto hay que añadir las consecuencias del ca­lentamiento global provocado por la actividad humana: las predicciones hablan de que las zonas con escasez de agua (en la jerga, estrés hídrico) se incrementarán en el centro y sur de Europa y que el número de habitantes afectados en esta zona pasará de 28 a 44 millones ha­cia el año 2070.

El agua, además, es pieza clave en la geopolítica mun­dial. Existen 276 ríos transfronterizos en el mundo. En 2009 el Ministerio de Defensa de Canadá publicó el in­forme El futuro de la seguridad medioambiental 2008- 2030 en el que advertía que, si bien la lucha por recur­sos tales como agua y alimentos “no parece que vaya a causar conflictos entre Estados”, sí pueden estallar “disputas internas o interregionales entre personas que traten de asegurarse estos recursos para su supervi­vencia”. En África, el fenómeno conocido como hidroco­lonialismo está a la orden del día. “La presión sobre los países es enorme, y tres de los principales territorios de la cuenca del Nilo (Etiopía, Sudán y Sudán del Sur) ya han cedido vastas extensiones de tierra. En Sudán y Sudán del Sur se han entregado 4,9 millones de hec­táreas (una superficie superior a la de los Países Bajos) desde 2006 a firmas extranjeras. En Gam­bela (Etiopia), en la frontera con Sudán del Sur, multi­nacionales como Karuturi Global (India) o Saudi Star (Arabia Saudí), capitaneadas por los multimillonarios Ramakrisha Karuturi y Sheikh Al-Amoudi, están cons­truyendo canales de riego para extraer agua del Nilo desde Etiopía”, publicaba en El País el periodista Miguel Ángel García Vega en diciembre de 2012.

“Se puede hablar con absoluta propiedad de la exis­tencia, a veces larvada, de una guerra del agua tanto en­tre naciones como entre grupos sociales antagónicos con intereses contrapuestos. Se establece de hecho una pugna entre quienes piensan que el agua debe ser con­siderada un bien comercializable (como el trigo, la soja, el café o la carne) y quienes sostienen que se trata de un bien social relacionado con el derecho a la vida”, apunta José Antonio Segrelles Serrano, catedrático de Geogra­fía Humana de la Universidad de Alicante, en su estudio Geopolítica actual del agua en el mundo.

Los nuevos dueños del agua

Mientras que en 2000 el 5% de la población mundial recibía en alguna medida el servicio de agua a través de empresas privadas, esa proporción se ha elevado al 14% en 2011, hasta los 962 millones de personas. El por­centaje llega al 27% si hablamos de población urbana (los cálculos de Naciones Unidas estiman que en 2030 el 60% de la población mundial vivirá en ciudades). Sólo en 2011, 53 millo­nes de personas han pasado a de­pender de empresas privadas para el consumo cotidiano de agua, se­gún datos del último Libro del Agua de Pinsents Masons (Pinsents Masons Water Book 2012-2013).

Esta tendencia se ha visto ace­lerada en los países emergentes por las políticas del Banco Mun­dial. Esta organización dependien­te de Naciones Unidas ofrece líneas de crédito a países en desarrollo a cambio de que privaticen total o parcialmente la gestión del agua. En su informe de 2003 Los barones del agua, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en sus siglas inglesas) analizó 276 préstamos ofre­cidos entre 1990 y 2002 por el Banco Mundial y etique­tados como ‘suministro de agua’. Al menos 84 de esos préstamos estaban condicionados a la privatización. “Las compañías han trabajado junto al Banco Mundial y otras entidades financieras internacionales para ganar terreno en todos los continentes. Ejercen una presión agresiva para lograr un marco legal y unas condiciones de mercado que fuerce a las ciudades a privatizar su agua”, apuntan desde el ICIJ.

La privatización supone en muchos casos un aumen­to de las tarifas que pagan los ciudadanos por el agua. El caso quizá más célebre se dio en el año 2000 en la ciu­dad boliviana de Cochabamba. La

La privatización auspi­ciada por el Banco Mundial, de la mano de un consorcio de empresas (entre otras la estadounidense Bechtel y la española Abengoa) fue frenada por las protestas ciuda­danas, algo que ya empieza a ser frecuente en España.

Los dos gigantes empresariales en la privatización del agua, que operan en decenas de países (entre ellos España) a través de filiales, son franceses. Se trata de Suez Environnement (que sirve a más de 117 millones de personas) y Veolia Environnement (con más de 131 mi­llones de clientes). Entre las 15 grandes compañías mun­diales, se cuela una española, Fomento de Construccio­nes y Contratas (FCC), propiedad de Esther Koplowitz. A través de su filial Aqualia, FCC sirve a 28,3 millones de personas en todo el mundo.

España en el punto de mira

A diferencia de otros países, en España el agua (las aguas continentales, superficiales y subterráneas) son de dominio público, es decir, propiedad de todos. Así lo establece la Ley de Aguas, de 1985. La clave está en la gestión de ese recurso. El Gobierno del PP acaba de mo­dificar esa Ley de Aguas mediante disposiciones adicio­nales a la Ley de Evaluación Ambiental. “Se han relajado y acortado todos los plazos para realizar declaraciones de impacto ambiental con la intención de facilitar pro­yectos de todo tipo a empresas de todo tipo”, indica Julio Barea, responsable de la campaña de agua de Greenpea­ce y miembro del Consejo Nacional del Agua.

El endeudamiento y la falta de liquidez de los ayun­tamientos que causó el estallido de la burbuja inmobi­liaria y la quiebra del sistema de cajas de ahorros ha ori­ginado que la privatización de la gestión del agua haya pasado a ser vista como una fuente de ingresos para las arcas públicas. El agua se suma a las presiones privati­zadoras en la Sanidad, la Educación, etcétera: las joyas de la corona del Estado de bienestar. “El dinero del res­cate a los bancos se va a pagar con el agua de Grecia, Ita­lia y España”, señala Pilar Esquinas, abogada especializada en aguas que asesora a 12 comunidades de regan­tes y a vecinos de 23 pueblos. Los municipios están usando sus em­presas de agua para financiar la deuda que arrastran, en muchos ca­sos repercutiendo en la factura que pasan a los ciudadanos costes que no son reales, sólo para obtener li­quidez. “No nos parece ético que el dinero obtenido por dar un ser­vicio esencial, como es el agua de beber, se use para pagar los fuegos

La privatización auspi­ciada por el Banco Mundial, de la mano de un consorcio de empresas (entre otras la estadounidense Bechtel y la española Abengoa) fue frenada por las protestas ciuda­danas, algo que ya empieza a ser frecuente en España.

Los dos gigantes empresariales en la privatización del agua, que operan en decenas de países (entre ellos España) a través de filiales, son franceses. Se trata de Suez Environnement (que sirve a más de 117 millones de personas) y Veolia Environnement (con más de 131 mi­llones de clientes). Entre las 15 grandes compañías mun­diales, se cuela una española, Fomento de Construccio­nes y Contratas (FCC), propiedad de Esther Koplowitz. A través de su filial Aqualia, FCC sirve a 28,3 millones de personas en todo el mundo.

ESPAÑA EN EL PUNTO DE MIRA

A diferencia de otros países, en España el agua (las aguas continentales, superficiales y subterráneas) son de dominio público, es decir, propiedad de todos. Así lo establece la Ley de Aguas, de 1985. La clave está en la gestión de ese recurso. El Gobierno del PP acaba de mo­dificar esa Ley de Aguas mediante disposiciones adicio­nales a la Ley de Evaluación Ambiental. “Se han relajado y acortado todos los plazos para realizar declaraciones de impacto ambiental con la intención de facilitar pro­yectos de todo tipo a empresas de todo tipo”, indica Julio Barea, responsable de la campaña de agua de Greenpea­ce y miembro del Consejo Nacional del Agua.

El endeudamiento y la falta de liquidez de los ayun­tamientos que causó el estallido de la burbuja inmobi­liaria y la quiebra del sistema de cajas de ahorros ha ori­ginado que la privatización de la gestión del agua haya pasado a ser vista como una fuente de ingresos para las arcas públicas. El agua se suma a las presiones privati­zadoras en la Sanidad, la Educación, etcétera: las joyas de la corona del Estado de bienestar. “El dinero del res­cate a los bancos se va a pagar con el agua de Grecia, Ita­lia y España”, señala Pilar Esquinas, abogada especializada en aguas que asesora a 12 comunidades de regan­tes y a vecinos de 23 pueblos. Los municipios están usando sus em­presas de agua para financiar la deuda que arrastran, en muchos ca­sos repercutiendo en la factura que pasan a los ciudadanos costes que no son reales, sólo para obtener li­quidez. “No nos parece ético que el dinero obtenido por dar un ser­vicio esencial, como es el agua de beber, se use para pagar los fuegos artificiales del pueblo o un audito­rio… Un bien de primera necesidad como es el agua no puede utilizarse como una fuente de recaudación de impuestos”, afirma Santiago Mar­tín Barajas, responsable de agua de Ecologistas en Acción.

Cerca del 50% de la gestión del agua en España está en manos pri­vadas, ese porcentaje llegará al 69% en 2025, según estimaciones del Li­bro del Agua de Pinsents Masons. La privatización avanza pese a que las dudas sobre la eficiencia de la ges­tión privada son bastante concluyentes. El caso de An­dalucía es notorio: “Desde finales de los 80 muchos mu­nicipios andaluces han optado por la privatización de la gestión del servicio de aguas. Una de las razones ex­puestas por la literatura para explicar la decisión es que el gestor privado es más eficiente que el público. (…) Contrariamente a las tesis que mantienen que la gestión privada es más eficiente que la pública, los resultados muestran que la empresa pública es más eficiente que la privada”. Estas son las conclusiones del estudio La ges­tión del servicio de abastecimiento de agua en las ciuda­des: ¿empresa pública o privada?, realizado por investi­gadores de la Universidad Granada y publicado en 2009.

Al igual que ocurrió con la Sanidad, otro argumen­to para justificar la privatización pasa por la ‘austeri­dad’. Pedro Arrojo, Profesor Titular del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza, utiliza un símil inmobiliario para explicar así la situa­ción en un vídeo publicado por la asociación Attac: “Nos van a comprar nuestra propia casa con el dinero público que está cediendo el Banco Central Europeo (ese billón de euros al 1% y a tres años) para la banca privada, que es la que en última instancia actúa a través de Agbar y de las grandes multinacionales del agua. De manera que nos compran nuestra casa con nuestro propio dine­ro y encima nos cobran un 5% o un 6% de beneficio por la transacción. Es un escándalo que se esté empleando dinero público europeo en privatizar las instituciones públicas de gestión del agua”.

Un ‘holding’ mixto

La mayor parte del pastel en España se lo lleva precisa­mente Agbar (Aguas de Barcelona), que actúa a través de numerosas filiales, Hidraqua, Aquagest, Aquadom… y también con el nombre comercial de Aqualogy. Agbar es un holding que pertenece en un 75% a la francesa Suez Environnement y en un 24% a La Caixa. Ofrece servicio a más de 1.200 ayuntamientos y 12,6 millones de perso­nas. “El 50% del agua que circula por España está bajo un régimen de gestión privada. Y de este 50%, el 51% es de Aguas de Barcelona. Lo gestiona Aguas de Barcelona. El agua es un derecho público y el agua es pública. Lo que hace Aguas de Barcelona es distribuirla y tratarla para que llegue en cantidad y calidad suficiente”, señaló en febrero el presidente de Agbar, Ángel Simón, en el pro­grama El Matí de Catalunya Radio. En 2012 Agbar factu­ró más de 1.900 millones de euros.

A través de la marca comercial Aqualia, FCC opera en 800 municipios españoles y da servicio a 13 millones de personas. La compañía de Esther Koplowitz también cuenta entre sus accionistas con una caja de ahorros (Caja España Duero, con el 2,4%) y el rescatado Royal Bank of Scotland (con un 3,4%). En 2013 facturó más de 6.700 millones de euros, pero su deuda financiera roza los 6.000 millones de euros. En ene­ro, Aqualia cortó el agua a 200 fa­milias de Jerez que no podían hacer frente a las tarifas. “No creo que de­jando sin agua a 200 familias, la em­presa vaya a estabilizar sus cuentas de resultados”, dijo entonces el vice­presidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas (IU).

La tercera gran compañía espa­ñola que opera en España es Accio­na, formada a partir de la construc­tora Entrecanales, da servicio a 180 poblaciones y 7,5 millones de habi­tantes. En 2012 su cifra de ventas alcanzó los 506 mi­llones de euros. Acciona es precisamente la compañía que ha encargado a la consultora PriceWaterhouseCoo­pers (PwC) un informe que justifique la necesidad de “una reforma profunda del actual modelo de gestión del agua en España”. En el documento se defiende el “nue­vo modelo de colaboración pública-privada” y se exige el desarrollo de “un marco regulatorio estable y predeci­ble que atraiga inversión de operadores especializados”. PwC asegura que si se aplicaran sus recomendaciones se generaría un incremento de las inversiones de 15.700 millones de euros, con un impacto en el PIB de 12.600 millones, la creación de 23.700 nuevos empleos (no es­pecifica en qué condiciones laborales) y un incremento de la recaudación tributaria de 6.900 millones de euros.

Desde Ecologistas en Acción lo ven de otra mane­ra: “No hace falta una nueva legislación en materia de aguas en España. Lo que han hecho con la Ley de Eva­luación Ambiental es una chapuza antidemocrática to­tal y lo han hecho para evitarse la discusión del tema. La gran asignatura pendiente en España son las depurado­ras, mejorar la eficiencia de la red (que no haya fugas) y, sobre todo el establecimiento de los caudales ecológicos de todos los ríos”. Julio Barea, de Greenpeace, apostilla: “España tiene más de 1.200 grandes presas. Todos los ríos compartimentados, machacados, si no muertos. Y, a pesar de eso, cuando tenemos un estornudo de sequía estamos todos temblando”.

Agbar, FCC y Acciona son las compañías que han co­laborado en el gran evento celebrado en Madrid con mo­tivo del Día Mundial del Agua, el 22 de marzo. El acto lo organizaba una de las joyas, todavía pública, más codi­ciadas por estas empresas: el Canal de Isabel II (CYII). La Comunidad de Madrid, presidida por Ignacio González (PP), busca privatizar el Canal pese a que en 2013 obtuvo unos beneficios de casi 200 millones de euros y pese a la resistencia que oponen organizaciones sociales y ciu­dadanas agrupadas en torno a la Plataforma contra la privatización del CYII.

Controlar la tierra para controlar el agua

Hacerse con el control del suministro en ciudades es apetecible porque si al usuario no le gusta el servicio, no puede cambiar de compañía. Pero el grueso del pro­blema del agua en España no está en las ciudades (el consumo urbano es el 15% del total), sino en el campo, que consume cerca del 80% del agua. “Hay un sobre­consumo insostenible. De las 3,6 millones de hectáreas de regadío que hay en España deberíamos quedarnos en 3 millones. Se cubriría la demanda presente y futu­ra y quedaría producción para la exportación”, indican desde Ecologistas en Acción. En 2005, WWF ya denun­ció que sólo cuatro cultivos de regadío (maíz, algodón, arroz y alfalfa) usan casi 1.000 hectómetros cúbicos al año para producir excedentes: “Su consumo equivale a una cantidad de agua que podría abastecer a 16 mi­llones de habitantes en un año. En los cultivos del fre­són y tomate, se producen retiradas del producto para mantener los precios del mercado, tirándose miles de toneladas”.

La abogada Pilar Esquinas asegura que, con la excusa del plan para modernización de regadíos, grandes em­presas en sintonía con comunidades de regantes frau­dulentas están acaparando tierras con la intención de controlar el agua: “Las grandes constructoras que aho­ra mismo no pueden construir carreteras ni grandes infraestructuras, supuestamente modernizan los rega­díos con unos presupuestos llenos de trampas. Son cré­ditos sobredimensionados y son las tierras las que se ponen como garantía de pago. Los agricultores las aca­barán perdiendo. Cuando un pueblo entra en la cartera de FCC, de Agbar o de Acciona, pasa a ser un cheque de cambio en un futuro gran mercado de derechos de agua, a nivel mundial. Por eso China está comprando en Ar­gentina la soja, aunque en realidad está comprando los derechos del agua. Se va a poder especular con el agua igual que con el gas y la luz”.

Para poder mover el agua y llevarla allá donde la re­clame el cliente, hacen falta grandes canalizaciones. La Ley de Evaluación Ambiental consagra la ‘conexión intercuencas’, aunque desde el Ministerio de Agricul­tura niegan que haya obras previstas: “Establece nor­mas en relación a los desembalses que se aplicarán con carácter general a las transferencias ya existen­tes. Pero en ningún caso prevé la construcción de nin­guna infraestructura”. Los ecologistas denuncian que la nueva norma contempla trasvases “automáticos” y elimina la capacidad de decisión de administraciones locales y regionales. Por eso el Parlamento de Aragón ha recurrido la ley ante el Constitucional. El Ministerio no ceja y ya ha anunciado un nuevo Plan Hidrológico Nacional y reformas de la Ley de Aguas. De momento, no hay dinero para esas grandes obras que serían rea­lizadas y explotadas por la iniciativa privada, pero – como bien saben los agricultores– todo es cuestión de ir preparando el terreno.

*Este artículo está incluido en el informe especial sobre El negocio del agua’ número 15 de la revista en papel de La Marea

* La Marea - 10.4.14
Foto: Delta del Ebro - elpais




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Desidia pública y abandono del Patrimonio cultural en el "museo más grande del mundo"

El Patrimonio Cultural ha sido uno de los grandes perjudicados con la 'burbuja inmobiliaria' que ha caído como una losa sobre este país. Si normalmente aquí se habían descuidado bastante los monumentos y obras histórico-artísticas de todo el territorio, con la explosión constructiva especuladora la situación se ha vuelto trágica. El lugar donde esto es más apreciable es en 'Castilla y León' al ser el que posee la mayor cantidad de Patrimonio, algo difícil de igualar en otro punto del planeta. Las autoridades competentes autonómicas y centrales son las responsables de este abandono público delictivo, junto con la Iglesia, propietaria de la mayoría de monumentos. Más de 160 BIC y lugares figuran en la lista roja de Hispania Nostra, de los que sobresalen las localizaciones en el mundo rural: monasterios en ruinas, castillos desmoronados, o ermitas olvidadas. Algo indignante desde cualquier punto de vista.
"JUSTINO SANCHÓN* : La lista roja del Patrimonio ha dado de nuevo la voz de alarma a través de Hispania Nostra. Los datos generales sobre la ruina de nuestros bienes culturales nos muestran un cuadro verdaderamente desolador en todo el país, y los más específicos de Castilla y León nos confirman la incapacidad pública y social para asumir con mínima responsabilidad la conservación y gestión de "el museo más grande del mundo", según califica a la región la propaganda de la Junta en la última feria de FITUR.

Más de 160 bienes de interés cultural y lugares de todas las provincias de la región castellano-leonesa figuran en la lista roja, sobresaliendo las localizaciones en el mundo rural: monasterios en ruinas, castillos desmoronados, o ermitas olvidadas son hechos comunes y reiterativos. Con más de veinte llamadas de atención figuran Palencia(28), León (25), Soria (25), Burgos (22), seguidas de Segovia (15), Valladolid (14), Salamanca (13), Zamora (12) y Ávila (13). No faltan en la lista ejemplos en las capitales de provincia o en las ciudades de la región como la presencia de la cerca medieval de León.

Estos días se ha sumado a la relación el jardín histórico de El Bosque, en Béjar, ante la gravedad de su deterioro y la negligencia en la gestión de las autoridades locales y autonómicas. El informe no deja lugar a dudas: abandono general y desatención de los jardines, sustracción de aguas, entorno maltratado o incumplimiento del Plan Director del Bien de Interés Cultural en la categoría de Jardín Histórico, “facilitando el expolio, el avance de la ruina y del abandono de la villa renacentista”. Béjar se muere; a la ruina textil, se suma ahora el desamparo de los bienes históricos e industriales.

Alguien se preguntará sobre las circunstancias que atraviesa nuestro patrimonio más privilegiado. Y ciertamente diremos: ¿cómo no vamos estar apasionados por los paisajes y patrimonio del Camino de Santiago, de las herencias históricas de la Vía de la Plata, de los corredores ecológicos y culturales de las cañadas ganaderas, o de nuestras tres ciudades patrimonio de la humanidad? ¿Cómo no vamos a sentirnos orgullosos de labor tan encomiable realizada en los últimos tiempos por La Fundación Las Edades del Hombre en defensa y recuperación del patrimonio religioso, de las tareas tan enriquecedoras emprendidas desde Aguilar de Campoo por la Fundación Santa María la Real en torno al románico, o de esos esfuerzos locales en convertir sus bienes culturales y patrimonio en señas de referencia comarcal a través de las programas Leader o Proder?

Pero hay algo más allá del “museo” y del decorado turístico. Y también, más allá de la denuncia tan bien documentada y localizada de Hispania Nostra, aunque nos demos de bruces con una realidad vergonzosa y descorazonadora. La región de Castilla y León sufre el deterioro irreparable de todo su patrimonio rural y de la memoria colectiva depositada en las ermitas solitarias, en los barrios y lugares abandonados, en las sendas de herradura y caminos carreteros de ayer, o en esos enclaves agrícolas y de frescor de los pequeños valles y vegas donde los cultivos y la trama vital desaparecieron hace décadas, dejándonos hermosas norias ya herrumbrosas o humildes acequias e ingeniosas caceras ya derruidas o cubiertas por la vegetación. Aquí, en cientos de parajes de expresiva toponimia y con arquitecturas elocuentes, el patrimonio se guarda o se oculta en auténticos palimpsestos del paisajes de lectura cada vez más dificil y entrañable, eso si, despreciados por las autoridades ignaras y soberbias de nuestra región.

La imagen y las circunstancias nos recuerdan la voz dolorida de aquel notario regeneracionista de Frómista comprometido con el futuro de la región, Julio Senador, cuando escribio hace cien años aquella obra tan lúcida y crítica: Castilla en escombros: las leyes, las tierras, el trigo y el hambre (1915).

Además de conocer y defender las herencias patrimoniales, nuestra sociedad y nuestra política cotidiana necesitan de una sensibilidad afectiva y de un respeto colectivo hacia estos bienes culturales. Por ello, consideramos que nuestra matriz educativa debería manejar con inteligencia una mirada verdaderamente transversal y con capacidad para integrar el patrimonio en la vida escolar -por supuesto, incluída la Universidad- y en el quehacer responsable y comprometido de los ciudadanos. Salvo ejemplos honrosos de asociaciones o fundaciones como la propia Hispania Nostra o “Pro Monumenta” (León), que merecen el reconocimiento público, nuestra política y nuestras prioridades están muy alejadas de los anteriores principios y comportamientos, propios de una sociedad sensible y culta. Más bien, con los recortes y políticas recientes, sin “musculos financieros” y sin entusiasmo social, asistimos lamentablemente a una nueva fase de abandono y de expolio del patrimonio que raya en la necedad e insensatez más inadmisibles. Así nos va.


* El Diario - Blog La Meseta - 14.4.14
Foto: La ermita-santuario de Santa Catalina, en Tierra de Almanza (León), en la lista roja de patrimonio de Castilla y León.- Hispanianostra

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Una jueza investiga tráfico de influencias del ex alcalde de Bermeo

El juez indaga una reclasificación de un solar para construir 40 pisos en el que está imputado el actual edil de Urbanismo y regidor de Bermeo durante 16 años, JK.Goienetxea (EH Bildu). La denuncia sostiene que el cambio urbanístico se produjo sin informes técnicos y que Goienetxea hizo "notas manuscritas e indicaciones que se elevaron a definitivas" en el nuevo Plan General que avaló el cambio. Como se ve las irregularidades urbanísticas alcanzan a todos los partidos y no hay peor cosa que el poder impune para caer en el oscuro pozo de la corrupción, con las graves consecuencias que esto conlleva para la credibilidad de los políticos partidistas y sus amiguetes cómplices del mundo de la construcción.
"ELDIARIONORTE* : Un juzgado investiga presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación del ex alcalde de Bermeo y actual concejal de Urbanismo Juan Karlos Goienetxea (EH Bildu) y un constructor por la reclasificación de un solar para construir 40 pisos. La demanda, investigada desde diciembre por la titular del juzgado de instrucción nº2 de Bilbao, que ya tomado declaración al denunciante, sostiene que el Ayuntamiento cambio un terreno de urbanizable a urbano sin informes técnicos que lo avalasen, lo que ha supuesto un beneficio de tres millones de euros. En la documentación presentada hasta ahora ante el juzgado por el consistorio, no se ha aportado ningún estudio técnico que avale el cambio.

Fuentes municipales han asegurado que la licencia concedida a estas viviendas "se ha dado en base a un plan general aprobado inicialmente en la legislatura anterior, un plan cuya tramitación ha transcurrido durante unos cuantos años y ha seguido todo los pasos legales en base a los informes jurídicos y urbanísticos de los técnicos, los propios del ayuntamiento y también de la Diputación y de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco". Han agregado que el plan general fue aprobado "por unanimidad en el pleno municipal. En esta legislatura no se ha procedido a ninguna modificación para conceder la licencia que se ha ooncedido en base a la legalidad vigente".

Este caso se une a otro en tramitación en el ayuntamiento de Bermeo contra otro ex alcalde, Xabier Legarreta (PNV) –actual director de Igualdad de la Diputación de Bizkaia- por otra operación urbanística que supuso un quebranto de 3,4 millones para las arcas municipales y al que se le imputan dos delitos.

El denunciante es propietario de terrenos colindantes al solar reclasificado y en 2008 pidió que pasaran de urbanizables a urbanos. Este cambio es sustancial ya que evita, en caso de una actuación urbanística, importantes gastos: no hay que pagar al ayuntamiento costes de urbanización, ni entregar al municipio el 10% de los aprovechamientos urbanísticos y se exime de la obligatoriedad de edificar un 65% de vivienda protegida, con bastantes menos márgenes de beneficio que la libre.

La solicitud de reclasificación fue denegada por el Ayuntamiento de Bermeo en 2008 y posteriormente el constructor imputado, Tomás Tardío, que empezó a comprar terrenos en la zona, también pidió el cambio, rechazado igualmente por los técnicos municipales.

"Notas manuscritas"

En esos años comenzó a tramitarse el cambio del Plan General Urbanístico (PGOU) de Bermeo, que quedó aprobado en 2012, y “en un momento que no ha podido concretar” el denunciante, aparece el cambio a urbano del solar adquirido por el constructor. La demanda agrega que no aparecen informes técnicos que avalen el cambio pero que “en copias del PGOU entonces en tramitación aparecen notas manuscritas e indicaciones del Sr. Goienetxea alterando determinaciones del documento en tramitación que finalmente se elevaron a definitivas”.

La construcción de las viviendas avanza rápido y ya se están edificando 16 de las 40 previstas. Además de señalar la posible comisión de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, el denunciante exige la suspensión de las edificaciones y que no se concedan más licencias de obras.

En su declaración ante el juzgado, el pasado 24 de enero, el denunciante señala que ha presentado la demanda penal al estar paralizada su reclamación en la vía contenciosa y “ante la falta de respuesta” del ayuntamiento tras entrevistarse con Goienetxea (quien fue alcalde durante 16 años) y la alcaldesa de Bermeo. “Me consta que el señor Goienetxea tiene relaciones de amistad con los constructores que actúan en Bermeo, entre ellos el señor Tardío”.

En su testimonio, como señala en la denuncia, incluye que, al denunciar los hechos, el ayuntamiento le abrió un “expediente penal” (luego retiró la expresión penal, que no compete a un ayuntamiento) por las obras de un caserío de su propiedad, que atribuye a una venganza. La denuncia “la ha interpuesto [el constructor] Tardío según me ha llegado aunque he solicitado documentación para verificarlo”.


* El Diario Norte - Alberto Uriona - 18.3.14
Foto: Bermeo (Vizcaya), ayuntamiento - wikipedia



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Barcelona.- Los vecinos se movilizan contra la polución de las cementeras

La ciudadanía está cada vez más concienciada de la necesidad de actuar en movimientos vecinales o Plataformas para resolver problemas urbanísticos acuciantes. Es lo que sucede en Montcada, en el entorno de Barcelona, con la contaminación causada por la enorme cementera que allí funciona. El asunto de salud es grave y viene ya desde hace casi 40 años, cuando se iniciaron las primeras protestas, obligando a la compañía multinacional a tomar medidas. Sin embargo las quejas siguieron hasta que en 2013 la justicia anuló la licencia ambiental. Todavía la sentencia no es firme, pero en ella incide también la dejadez de la Generalitat en la gestión del tratamiento de los residuos producidos.
"LAMAREA* : José Luis Conejero y Manolo Gómez muestran con espanto los botes de vidrio que les han ido trayendo los vecinos a la sede de la Asociación de Vecinos de Can Sant Joan, en Montcada i Reixac, a las afueras de Barcelona. Contienen el polvo de cemento que han recogido de sus terrazas y balcones. Procede, denuncian, de la cementera que la multinacional francesa Lafarge tiene a escasos metros de sus casas. “Aquí los tejados no los verás rojos, si no hace muy poco que los han puesto”, asegura Conejero, que junto a otros habitantes del municipio creó en 2006 la Plataforma Antiincineración de Montcada i Reixac.

La actividad de la cementera, alertan, es la causante de los problemas respiratorios que padecen los vecinos de Montcada, y de los numerosos casos de cáncer que se han dado en la población. “Hace cuatro meses enterramos a dos chicas, una de 35 y otra de 37 años, de cáncer las dos”, lamenta Gómez. “Muchas familias de Montcada han trabajado en la fábrica. A las charlas que damos suele venir un chico que perdió a su padre y a su tío de cáncer. Su padre siempre le decía que ni se le ocurriese trabajar en la fábrica”, explica Conejero.

En 1975, participaron en las primeras protestas contra la fábrica, presente en el municipio desde 1917. “A partir de entonces se empezaron a poner los primeros filtros, obligados por los vecinos”, rememora Conejero. “Antes íbamos andando y cuando llovía se nos quedaban los pies pegados del cemento”, asegura Gómez. Las incipientes medidas de seguridad no frenaron los riesgos a los que se ve abocada esta población, formada por la llegada de trabajadores de otros puntos de España, y donde permanecen construcciones precarias en callejuelas estrechas y desordenadas.

En el 2008, las entidades de Montcada denunciaron el caso ante el fiscal de Medio Ambiente, que envió a agentes de los Mossos d’Esquadra a hacer mediciones. “Estuvieron unos tres meses tomando mediciones de incógnito, y a nosotros nos decían: Madre mía lo que tenéis aquí”, relata Gómez. El fiscal se querelló por un delito contra el Medio Ambiente y el entonces alcalde de Montcada, César Arrizabalaga; la concejala del ramo, Eva Gonzalo; y el director de la fábrica, Osvaldo Pereda, fueron imputados. Los Mossos constataron que las emisiones a la atmósfera de polvo de cemento generaban “una evidente contaminación sobre las viviendas y los habitantes” del barrio de Can Sant Joan, el más próximo a la fábrica. Lo mismo pasaba con el ruido, que “vulneraba” de forma “reiterada” los límites.

Licencia anulada

En septiembre de 2013, y después de una demanda de los vecinos, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló la autorización ambiental de la cementera. La Generalitat y la empresa recurrieron la sentencia, que aún no es firme, y ahora están pendientes de lo que dicte el Tribunal Supremo. Mientras, la actividad en la fábrica continúa. A la producción de cemento se ha añadido otra más preocupante si cabe: la quema de residuos urbanos. Una actividad que la empresa niega. “Nosotros no estamos incinerando. Nuestra actividad es producir cemento, no es incinerar”, sostuvo el responsable de Medio Ambiente de Lafarge, Jaume Ramón, en el programa Els Matins de TV3. Sin embargo, según los propios planes de la Generalitat, así como estudios universitarios y la investigación de los vecinos, la incineración de residuos se lleva a cabo en todas las cementeras de Cataluña.

“Queman residuos en las cementeras porque los gobiernos han hecho una mala gestión de residuos”, afirma el doctor en Medicina y miembro del Centro de Análisis y Programas Sanitarios, Josep Martí Valls. En 2009, encabezó un manifiesto firmado por médicos, profesores universitarios e investigadores, cuya difusión acabó por paralizar la construcción de una incineradora en la Zona Franca de Barcelona. “Continuaron teniendo el problema de dónde poner los residuos –explica Valls-. A partir de entonces, con el eufemismo de que es un combustible barato, que las cementeras han perdido producción y por tanto no se ganan la vida, se han puesto a quemarlo en las cementeras de toda Cataluña”, asegura, a la vez que advierte: “Lo cual aun es peor, porque son instalaciones que fabrican cemento, no están pensadas para quemar residuos”.

Con la quema de residuos urbanos, mantiene Valls, “nunca puedes saber qué saldrá por la chimenea, porque no sabes lo que estás quemando. Depende de lo que llega a los que preparan los residuos, desde materia orgánica hasta plástico, algunos metales…”. “Hay unas 120 y pico substancias tóxicas que salen de la incineración de residuos. Los más frecuentes son óxidos de nitrógeno, óxido de azufre, monóxido de carbono, furanos, dioxinas, hidrocarburos policíclicos aromáticos…. Todo esto es muy tóxico”, afirma.

La peligrosidad de las micro-partículas

Las partículas ultrafinas que emite la incineración de residuos, sostiene el doctor, pueden provocar patologías en todo el organismo. “Las partículas menores a 10 micras (de cemento o amianto, por ejemplo) las respiramos pero se quedan en el pulmón, y el daño lo hacen allí. Pueden provocar cáncer pulmonar o de pleura, enfisemas pulmonares, insuficiencia respiratoria, bronquitis crónica, ataques de asma… Pero las más peligrosas son las que no se ven. Las partículas menores de 2,5 micras, que salen mucho de las chimeneas de las incineradoras porque son muy difíciles de contener, del pulmón pasan a la sangre”. La acumulación de estas partículas a lo largo de los años, detalla, pueden provocar “cáncer de todo tipo, aumento de los infartos de miocardio y cerebrales, diabetes, trastornos de la reproducción, sensibilidad química múltiple, fibromialgia…”.

Un estudio del Instituto de Salud Carlos III de Madrid concluye que la población que vive alrededor de un área de cinco kilómetros de un centro de quema de residuos tienen un mayor riesgo de padecer cáncer. Sin embargo, la problemática no es local, afirma Valls. “El 80% de la contaminación nos entra por vía digestiva. Las partículas y gases caen al suelo, quedan en las hortalizas, en la hierba que comen los animales, y entran en la cadena trófica. Los que viven muy cerca del foco están mucho más expuestos que el resto de población, pero es indiferente que vivas en Montcada o en Barcelona”.

En Montcada, los problemas respiratorios afectan a varias generaciones, asegura Gómez: “Los críos van con ventolín al colegio. Es que ya nacen así”. Varios estudios médicos señalan que las mujeres son las únicas que pueden depurar los metales pesados que se acumulan en el organismo, transmitiéndolos al feto durante el embarazo.

Sin embargo, no se ha realizado ningún estudio específico que trate de determinar la causa-efecto de la actividad de la cementera señala Valls. “Es muy difícil comprobar el nivel de incidencia de una incineradora en la población. Los estudios epidemiológicos en población humana son muy costosos porque son muy largos, hay muchas variables que se deben controlar, porque quizás haya más fumadores, o una dieta peor… Además, deberías seguir a la población durante 15 o 20 años, porque es el periodo de inducción de muchos cánceres”. “Por eso también es muy difícil que los jueces acepten demandas de daños para la salud, porque faltan pruebas para demostrar que la chimenea de determinada fábrica es la que causa las muertes”, añade.

La empresa niega causar la contaminación

Según Lafarge, los altos niveles de contaminación de Montcada i Reixac no proceden de la actividad de la cementera. “Hemos comprobado que durante la marcha de la instalación no hay variación del nivel de partículas en el aire. El principal problema de este entorno es debido a las infraestructuras viarias que tiene alrededor”, afirma el responsable de Medio Ambiente de la empresa. Los datos que la misma empresa envía, obligada por ley, al Ministerio de Medio Ambiente, sin embargo, señalan emisiones de monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), Óxidos de Nitrógeno (NOx y NO2), partículas PM10 y también los más peligrosos: amoniaco, mercurio y hidrocarburos aromáticos policíclicos, entre otros. “Los datos son muy tozudos y desmienten lo que dicen”, constata Conejero.

“Además, para nuestra compañía la prioridad es la salud y la seguridad de nuestros trabajadores”, añade Jaume Ramón en referencia a las posibles afectaciones en la salud de los empleados. Algunos de estos empleados, miembros del comité de empresa, defienden en las charlas de la Plataforma Antincineradora a las que acuden la incineración de residuos. “Nosotros les decimos que hagan cemento, pero que no quemen residuos, y nos dicen oh, es que si no quemamos residuos (que ellos llaman valorizar) no somos competitivos”, explica Gómez. “Lo mismo decían los de la uralita en Cerdanyola, y los primeros que cayeron con cáncer pulmonar fueron los trabajadores y sus familias, porque llevaban la fibra de amianto en la ropa y la respiraban las mujeres y los niños”, apunta Valls, que comprende que la cementera niegue que está quemando residuos urbanos. “La fábrica qué va a decir. Ha pasado de 17 toneladas de producción al año a 1,5. Está prácticamente en la ruina, seguramente se mantiene gracias a quemar residuos”, sostiene.

Y es que los residuos urbanos son un combustible barato, y además, permiten a las cementeras hacer negocio en el mercado de CO2. Según detalla Valls, el tratado de Kyoto fijó como generador del cambio climático la quema de combustibles fósiles, tales como el carbón y el petróleo, pero no la combustión de biomasa ni la de residuos urbanos. “Con una excusa: que la biomasa, y la fracción orgánica de los residuos urbanos, han absorbido CO2 de la atmósfera durante su vida, y cuando se quema, lo devuelve, por lo tanto el balance es neutro, es decir, no crea nuevo CO2, aunque produzca muchos más contaminantes que afecten a la salud de las personas”. Como método para que las empresas redujeran sus emisiones de CO2 se creó un mercado, en el que a cada fábrica se le asigna un volumen máximo de emisiones. Si al cabo de un año sus emisiones de CO2 son menores al cupo fijado, puede vender estos derechos de emisión a otras empresas que estén emitiendo por encima de lo que tienen asignado.

El negocio del CO2

De esta forma, al utilizar residuos urbanos como combustible reducen de forma considerable el gasto de este cupo máximo de emisiones, y pueden vender los derechos a otras empresas, lo que les reporta grandes beneficios. Según los cálculos elaborados por la Plataforma de Montcada, las seis cementeras que existen en Cataluña tenían asignadas emisiones por algo más de 6 millones de toneladas de CO2 en 2012, de las cuales solo emitieron algo menos de 3 millones. El resto, según estos cálculos, les reportó 19 millones de euros en el mercado de CO2.

“Hemos creado una coordinadora estatal, porque los mismos problemas que tenemos aquí los tienen en todo el Estado español”, explica Conejero. “En mayo seguramente se creará la coordinadora en Cataluña, porque aquí es una de las zonas donde más concentrada está la industria cementera, sólo en la provincia de Barcelona hay seis, y es que, además, tienen la manía de ponerlas pegadas a la población”, concluye.


* La Marea - Brais Benítez - 7.4.14
Foto: José Luis Conejero, con la cementera y el barrio de Can Sant Joan de Montcada i Reixac al fondo. BB

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El suelo urbanizable actual cubre la demanda de viviendas para 30 años

Ahora que se empiezan a oír voces 'interesadas' clamando por una nueva burbuja inmobiliaria, conviene aportar algunos datos auténticos para evitar otra vez la barbarie en el territorio. Aunque la construcción siga prácticamente paralizada, hay todavía varios millones de viviendas vacías (entre 3,5 y +5 según quién facilite los datos) y los precios siguen sin haber tocado fondo, sobre todo por la acción delictiva de Bancos y Cajas que los mantienen artificialmente contra viento y marea. Otro dato importante es el del suelo urbanizable actual, que sigue siendo suficiente para la construcción de viviendas durante unos 30 años, algo que conviene recordar a la hora de querer urbanizar 'nefastamente' hasta el último metro del territorio.
"ELPAÍS* : El mercado inmobiliario sigue sin pulso siete años después del estallido de la crisis. Y nadie, salvo la Generalitat, dispone con precisión de datos sobre la cantidad de suelo rústico reclasificado en la conocida como década prodigiosa, la de la fiebre inmobiliaria. El catedrático de Geografía de la Universitat de València Eugenio Burriel ha hecho una estimación sobre la reserva de suelo para edificar y el resultado es que, a un ritmo normal de construcción, el stock no se agotaría en al menos tres décadas.

“Es enorme la cantidad de suelo (urbanizable y urbano no consolidado) cuyo desarrollo ha quedado paralizado por la crisis”, apunta Burriel en su estudio El estallido de la burbuja inmobiliaria y sus efectos en el territorio. El stock o reserva de suelo actualizada a fecha de 2013 (con datos de base del Siose —sistema de información sobre ocupación de suelo en España— ascendería a 52.000 hectáreas de terreno, de las que 43.500 permanecerían en estado rústico y otras 8.500 se han quedado a medio ejecutar con la crisis y parecen “desiertos urbanizados”. Estos suelos incluyen desde solares dispersos por los cascos urbanos a grandes desarrollos urbanísticos aprobados que no han visto la luz. Todo no se ha generado en los años del boom inmobiliario, pero sí en su mayor parte, matiza el académico.

Según Burriel, hay suelo suficiente para atender una demanda normal de vivienda durante más de tres décadas. “El potencial edificatorio sería de 1,35 millones de viviendas, de las que 215.000 se podrían construir enseguida. Casi la mitad se concentraría en la provincia de Alicante y otro 22% en la de Castellón, muy por encima del peso poblacional y territorial de ambas”, expone Burriel. Se atenderían las necesidades de vivienda por espacio de 38 años, a razón de 35.000 anuales (la demanda natural es de 4 o 5 residencias por cada 1.000 habitantes).

La Generalitat no ha facilitado datos precisos de los planes en cola. Preguntado por su proliferación masiva durante la década prodigiosa, el director general de Evaluación Ambiental y Territorial, Juan Giner, respondió este jueves que “muchos, tal vez no, pero sí [se gestó todo] muy deprisa”. Insistió en la intensidad y concentración del proceso inmobiliario.

Lo que sí ha propiciado la Administración autonómica tras el estallido de la burbuja es que muchos de los programas que quedaron en el limbo con la recesión no caduquen para evitar perjuicios a las promotoras, pero hasta que el mercado remonte será complejo saber los que salen adelante y los que se declaran fallidos. Lo cierto, y en ese coincide tanto Burriel como otros urbanistas, es que la ejecución del planeamiento vigente llevaría casi a duplicar la superficie actual de suelo urbano.

Tanto los años de bonanza como el batacazo posterior no tiene precedentes. Las estadísticas sobre construcción residencial en España —no es solo un fenómeno de la Comunidad Valenciana—, “muestran una crisis inmobiliaria sin precedentes por la intensidad y rapidez de la caída y por la bajísima producción actual de viviendas”. El ritmo actual [en España] no es solo muy inferior al que había antes de la burbuja, sino que “es la cifra más baja desde 1960”. Los mayores descensos, explica el catedrático, se registran en Castellón, Las Palmas, Murcia, Málaga, Almería y Alicante.

Burriel añade a este drama el de las viviendas edificadas que siguen sin venderse. Madrid, Barcelona y Valencia reunían el 20,4% de toda la reserva de España en 2012. “Esta situación de miles de viviendas construidas y no vendidas ha llevado a que no pocas urbanizaciones se hayan convertido en auténticas ciudades fantasma”. El profesor pone como ejemplo Seseña, municipio castellano-manchego situado a 36 kilómetros de Madrid, donde el promotor construyó 13.000 pisos.


* El País - CRISTINA VÁZQUEZ - 10.4.14
Foto: Alicante, maqueta del anulado Plan Rabasa - diarioinformacion.com



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Gijón.- Un movimiento ciudadano se rebela contra los planes de la Ería y el Marítimo

De nuevo la indignación ciudadana ante una negativa actuación urbanística, que cuenta con la complicidad de los partidos políticos, hace que se movilicen los vecinos para protestar por la ejecución al margen de su opinión. La nueva asociación 'Amigos de la Bahía' en Gijón advierte de que, con este asalto del cemento, el Ayuntamiento va a permitir "otro muro enfrente del Muro". La prepotencia política, que no deja resquicio para la participación de todos, vuelve a ser clave en este enfrentamiento urbanístico vecinal que pretende proteger uno de los pocos espacios libres del litoral en la ciudad, algo de lo que, inexplicablemente, parecen no darse cuenta las autoridades gijonesas.
"LNE* : Hay unanimidad entre los partidos políticos con representación municipal, pero no a pie de calle. Los planes urbanísticos del Ayuntamiento para entorno de la Ería del Piles y el Sanatorio Marítimo han dado lugar a un nuevo movimiento ciudadano que pretende proteger "el único gran espacio del litoral gijonés que queda por asaltar". Bajo el nombre de Asociación Amigos de la Bahía de Gijón ya han presentado alegaciones en el Ayuntamiento. El siguiente paso: hacer públicas sus objeciones con el ánimo de generar debate sobre "una zona clave para la ciudad".

La tramitación de los dos planes que critican se encuentra ya muy avanzada. Uno de ellos -el llamado PERI 11- reordena la franja costera que discurre entre el Bellavista y el Sanatorio Marítimo con edificios de viviendas, un parque y exigencias estéticas para los negocios de hostelería preexistentes. El gobierno de Foro Asturias propuso su aprobación inicial en la Comisión de Urbanismo del pasado viernes. Y recibió el visto bueno de los demás grupos municipales.

"Pretenden hacer otro muro enfrente del Muro", advierten los Amigos de la Bahía de Gijón, que hace extensible su denuncia al plan especial de reforma interior de la unidad de actuación 100, donde está previsto construir un complejo de ocio. En este caso, el proyecto -que acaba de superar un período de alegaciones- está a la espera de que el Ayuntamiento lo someta a una nueva fase de información pública.

"El Ayuntamiento está defendiendo los intereses de los Tascón y de Astur Promotora frente al interés general de la ciudad. No se entiende, si no, que tengan tanta prisa por tramitar estas dos operaciones cuando todo el Plan General de Ordenación de la ciudad está en proceso de revisión", lamentan. La familia Tascón tiene intereses en la zona del Marítimo y Astur Promotora, en la Ería del Piles. "Deberían plantearse otras alternativas de ordenación para que la bahía gijonesa no quede secuestrada por el hormigón", plantean.

No sólo cuestionan "las prisas" en la tramitación. También las volumetrías, diseños y usos que están ahora mismo encima de la mesa de los técnicos del área de Urbanismo. "Es una zona tremendamente jugosa. Pero el cemento no lo arregla todo. Y si saltan esta barrera, urbanizarán lo siguiente en cascada", sostienen portavoces de este nuevo colectivo ciudadano, integrado por vecinos del entorno y personas que, aun residiendo en otros barrios de la ciudad, están muy sensibilizadas con los temas mediambientales y el paisaje de Gijón.

En su opinión, "la ciudadanía debería participar en el futuro diseño de este enclave marítimo, uno de los pocos espacios libres que quedan al borde del mar". Más allá de su proyección turística, ven la posibilidad de que estos terrenos se destinen a disfrute público. Sobre todo ahora que "nos estamos quedando sin playa", incide la asociación, al tiempo que se pregunta "por qué el Ayuntamiento ha dejado que los propietarios de esas parcelas las tengan así de abandonadas".


* La Nueva España - Miriam SUÁREZ - 9.4.14
Foto: La zona de la polémica, con la Ería en primer término y el Marítimo al fondo.

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Y el pueblo salvó el río Sarria

Otra vez la lucha vecinal ha impedido una acción vandálica de las autoridades en la población lucense de Sarria. Al igual que en el burgalés Gamonal o en el Cabanyal valenciano, la gente se echó a la calle para protestar contra una actuación urbanística degradante: el encauzamiento y la tala de árboles en el río que cruza la población. Formaron una plataforma de actuación, al margen de los cómplices partidos políticos, y lucharon por algo que realmente les afectaba cotidianamente. Un ejemplo más del camino a seguir en muchas ocasiones cuando la indignación ciudadana crece ante la injusticia y la pasividad o complicidad política en casos de urbanismo salvaje.
"ELPAÍS* : Un día de diciembre, los alisos del Malecón aparecieron tatuados con espray naranja. Aspas, o cruces de San Andrés, que indicaban su inminente ejecución. José María Díaz sumó uno por uno los viejos árboles de ribera señalados y la cuenta le dio 178. Esa misma tarde, él, Roberto Irimia y otros sarrianos inquietos, reunidos en una taberna, garabatearon en una servilleta de papel las razones de un vecindario decidido a salvar el paisaje de su vida. Acordaron no aceptar vinculación política alguna, y repartir el trabajo para estudiar a fondo las leyes ambientales y el que consideraban “absurdo, horroroso e inútil” proyecto de encauzamiento preparado por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil para el río Sarria.

Cuentan que la localidad entró en un mapa de zonas de riesgo de crecidas por causa de una “extraña jugada administrativa” a principios de la década pasada. Los vecinos afirman que el río que da nombre al pueblo puede desbordarse en otros tramos, pero no en el Malecón, y sin embargo el Gobierno central va a actuar únicamente allí. El plan para abrir paso a la corriente de agua, aunque reducido solo a su primera fase, 300 metros y unos cinco millones de euros, había sido heredado del tiempo en que el socialista Francisco Fernández Liñares, principal imputado de la Operación Pokémon, presidía el organismo de cuenca.

Preveía no solo la tala masiva del único pulmón verde de la localidad, sino la eliminación de presas históricas, la amputación de buena parte de una isla fluvial y una metamorfosis total de la zona más popular de Sarria al alterar por completo cuatro puentes. Uno de estos (Ponte Ribeira) tiene base medieval y está en pleno Camino Francés, un itinerario declarado BIC y patrimonio de la Unesco. Otro de ellos (el de la rúa Calvo Sotelo) fue proyectado y construido en el siglo XIX, en concreto por un bisabuelo ingeniero que tenía Álvarez Cascos. La Escola Galega da Paisaxe ha criticado duramente estas reformas.

Desde aquella primera reunión en el bar, los vecinos han pasado de recoger firmas y organizarse a través de una web (www.plataformariosarria.org) y una página de Facebook, a manifestarse por las calles, convocar caceroladas, montar un campamento base en la isla del río, cosechar miles de apoyos y encadenarse durante un mes entero a los árboles para defenderlos de una tala que ya había comenzado. Al final, la mañana del pasado día 25, un número desproporcionado de guardias civiles se presentó en el Malecón y los desalojó.

Para los miembros de la Plataforma Sarriana polo Río no fue ninguna sorpresa. Aseguran que un representante del PP, el partido que gobierna este municipio lucense, había pasado varias veces por su acampada “jactándose” de que pronto llegaría de arriba la orden de la evacuación forzosa. Tras el desalojo, los indignados vecinos se concentraron inmediatamente en el Ayuntamiento, y el alcalde, José Antonio García, terminó logrando marchar de allí, pero escoltado, y con la misma acusó a sus vecinos de actuar “de forma radical y violenta”. Entonces, la plataforma se fue al juzgado de Sarria y puso una denuncia. El efecto fue fulminante, porque la titular mandó parar las motosierras. La empresa maderera había retomado la tala, suspendida hacía un mes, nada más desalojar a los vecinos. Y eso que un grupo formado por cuatro de los profesores de Botánica e Ingeniería Agroforestal más influyentes de Galicia acababan de advertir que aquel bosque de ribera, uno de los pocos conjuntos de alisos sanos de la comunidad, debía ser “especialmente protegido”.

Sin embargo, un día antes de que los guardias civiles se llevasen a los últimos de la isla de O Toleiro, la Confederación Hidrográfica Miño-Sil había sorprendido a todos con un anuncio que hoy se puede tomar, si no como una rendición —porque la polémica transformación de los puentes sigue adelante—, sí como una claudicación. El organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente aceptó varias de las reclamaciones de la plataforma cívica y redujo el número de árboles talados en un 95%; amnistió la barandilla del paseo, que para los sarrianos y los peregrinos es un símbolo; y suspendió el brutal rebaje previsto para la isla de O Toleiro, que iba a perder perímetro y 70 centímetros de capa vegetal, incluidos todos sus árboles, y la rica fauna que en ella se refugia.

“Ahora que hay un procedimiento penal, accedimos a informes que habíamos solicitado y nunca nos entregaron”, echaba en cara el colectivo al conselleiro Hernández en una carta esta semana. Mientras, en sus notas de prensa la Confederación que preside Francisco Marín insiste en su “total transparencia”. El colectivo vecinal cree que detrás de las obras, respaldadas por Xunta y consistorio, se acumulan “un delito contra el medio ambiente, uno contra el patrimonio, y posiblemente otro de prevaricación”. “Estos días supimos que algunos informes de la Xunta fueron contradictorios, llegaron un año tarde y obviaron incluso el número de árboles que iban a caer”, asegura Díaz. “Además, la juez ha reclamado el permiso de obra municipal y nadie se lo entrega”.

Por ahora, desde que se cortaron los primeros en diciembre, en el Malecón no han caído ni una veintena de árboles, con tan buena suerte que los pocos que según las nuevas cuentas de la Confederación quedan por caer nadie podrá cortarlos hasta octubre. La guerra vecinal agotó el plazo del permiso dado por Conservación da Natureza: por razones “fitosanitarias”, para que no se transmitan enfermedades entre árboles, la tala solo está permitida del 1 de octubre al 1 de abril. Una vez que se supo que el ministerio renunciaba a talar la mayoría de los ameneiros, el alcalde se apresuró a darse la enhorabuena: “Es una mejora medioambiental tremenda”.

Nueva denuncia por burlar la paralización de las talas

Los vecinos de Sarria han informado de que han tenido que volver a denunciar a la Confederación Hidrógrafica. Hoy lunes por la mañana descubrieron que había desaparecido un árbol junto a la pasarela de O Toleiro. Un ejemplar que todavía permanecía en pie cuando la juez ordenó la paralización cautelar de la tala. La prueba está recogida en dos fotografías, la de antes y la de después, tomadas el pasado día 1 y hoy mismo. El tronco, según la Plataforma Sarriana polo Río, fue retirado rápidamente y la marca del tocón cubierta con áridos de relleno.

"A pesar de la paralización judicial de la tala acordada el 25 de marzo por el juzgado de Instrucción de Sarria, a primera hora de la mañana los operarios que llevan a cabo las obras del proyecto de encauzamiento del río Sarria eliminaron un árbol", denuncian en un comunicado los vecinos. Luego, "se lo llevaron en un camión y ocultaron el lugar que ocupaba con tierra y piedras. Ante estos hechos, en la misma mañana se formuló la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil por un presunto delito de quebrantamiento de medida cautelar".

La Plataforma Sarriana polo Río se declara "asombrada e indignada por el absoluto desprecio por la legalidad vigente que la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil ha venido mostrando en todo este asunto del proyecto de encauzamiento", sigue criticando la nota de prensa. "Parece evidente que sigue dispuesta a ignorar y despreciar no solo la ley, sino también las resoluciones judiciales". El colectivo advierte que continuará vigilante, siguiendo de cerca el desarrollo de las obras: "Seremos su martillo pilón", avisan los vecinos que salvaron el río. En los últimos días, han fotografiado algunas escenas de los trabajos en el puente de O Toleiro entre las que se puede ver cómo se suelta una red de contención y caen materiales de la obra al río. El día que esto ocurrió exigieron una medición del pH de las aguas.


* El País - SILVIA R. PONTEVEDRA - 7.4.14
Foto: Vecinos de Sarria concentrados en el malecón en febrero pasado. / XOSÉ MARRA

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El triunfo de la ciudad sin fin

Dado el enorme problema actual del aumento de la población mundial y las consecuencias graves que ha traído consigo como el cambio climático, algo que ya nadie niega, es preciso aclarar unos conceptos que todavía se mezclan sin mucho sentido. Las enormes aglomeraciones urbanas existentes no deberían ser consideradas 'urbanismo' en sentido estricto de agente civilizador, sino más bien como agregaciones dispersas situadas junto a las antiguas ciudades. En la mayoría de los casos, que también incluye a países como España y su costa, estas inmensas urbanizaciones del territorio no tienen un fin específico de mejorar las condiciones de vida de una población, sino más bien de un crecimiento 'economicista' para dar asiento a multitudes que nunca formarán parte de lo que desde la antigüedad se ha considerado ciudad (polis griega). Más o menos es lo que viene a decir este artículo.
"ANATXU ZABALBEASCOA* : Urbanizar no es civilizar. Urbanizar no implica civilizar. No se puede llamar ciudad a una aglomeración urbana. Por eso buena parte de las megalópolis del mundo –las grandes urbes que, con frecuencia, se han desarrollado en pocas décadas, cuya población no deja de aumentar y cuya extensión no deja de crecer– no son tales polis sino territorios urbanizados en los que se hacina una población que busca su oportunidad para dejar de sobrevivir y empezar a vivir.

Así, en las periferias de ciudades como Shanghai o Guangzhou, en China, Sao Paulo, en Brasil, Bombay en India, Manila en Filipinas, Seúl en Corea del Sur o el D.F. en México, la máxima Lefebvreriana que asegura que cada sociedad produce su propio espacio no ha perdido vigencia, aunque hayan pasado cuatro décadas desde que el filósofo y sociólogo francés la incluyera en su monumental testamento, La producción del espacio recientemente traducida, por primera vez al castellano, por Emilio Martínez Gutiérrez para Capitán Swing.

La urbanización de la sociedad sigue en marcha. Y a la escasez programada de los centros urbanos y a la expulsión de los habitantes de esos centros con el aumento de los precios de los alquileres, han seguido los desplazamientos de una población que ha hecho estallar las periferias rompiendo los límites de las urbes y convirtiendo muchas de las grandes ciudades actuales en territorios sin fin.

La situación es peliaguda, porque es la idea de progreso la que atrae a las grandes migraciones y es ese supuesto progreso el que desata la urbanización. Sin embargo, ya conocemos cómo, entre otras abyecciones, es el exceso de construcción y su falta de planificación lo que termina por ahogar la vida en muchos lugares y las economías de tantos inmigrantes cuando logran superar la subsistencia.

La subsistencia es, efectivamente, el primer paso. Y es el que genera que más de mil millones de personas vivan en la realidad paralela de las ciudades informales, los slums o hacinamientos urbanos que conviven, ya con más costumbre que vergüenza, con buena parte de las megaciudades del mundo.

Aunque Asia concentra el mayor crecimiento urbano del planeta, esos enormes asentamientos hacen difícil averiguar cual es, realmente, la ciudad más poblada del mundo. El recuento no coincide entre las instituciones que manejan estadísticas y la realidad cambiante y opaca en los extrarradios de las ciudades. La vida en esa periferia está al margen de la burocracia, al margen de los sistemas de bienestar, al margen de la planificación urbana y, sin embargo, metida de lleno en el desarrollo del futuro de las ciudades. Lo que suceda en 2050, cuando el 70% de la población de la tierra viva en zonas urbanas, dependerá de lo que hoy hagamos con el crecimiento desordenado que supone la otra globalización, la de la ciudad informal: esa masa de chabolas y barracas capaz de homogeneizar cualquier lugar del mundo y, con ello, acercar las vidas de sus habitantes.

Es evidente que si las ciudades no fueran un territorio para las oportunidades el chorreo de inmigrantes que llega hasta ellas cesaría. Pero también lo es que se ha hecho muy poco por mantener a la gente en el campo. Las razones no son precisamente altruistas. En muchos países, es en las ciudades donde los habitantes se convierten en consumidores y así, para buena parte de quienes llegan hasta allí, las urbes dejan de ser escenario de oportunidad para convertirse en terreno de desigualdad y deshumanización.

No son pocos los que consideran que, en poco más de un lustro, en China, veremos cómo será el futuro. Para 2020 se espera que haya concluido la gran migración interna que llevará a más de mil millones de personas (dos tercios de su población) a vivir en las nuevas ciudades que llevan algo más de dos décadas construyendo. Hace apenas 30 años Guangzhou era un pueblo de pescadores y hoy, con más de 15 millones de habitantes, habla de la transformación promovida por el gobierno chino. Ese cambio tan radical contiene, entre muchos riesgos, algunas apuestas lógicas: a la descentralización de un país en torno a una única gran urbe –como sucede en Francia o en Reino Unido- en China suman la descentralización interna dentro de las propias nuevas megalópolis: allí no es uno sino muchos los barrios que organizan la trama y la nueva vida urbana.

El arquitecto indio Charles Correa declaró a este periódico que el mayor problema de las ciudades es: “Que el poder político emplee suelo urbano para financiarse”. Y ese asunto, aunque evidentemente no es privativo de las grandes megalópolis, es el que permite pasar de urbanismo a civismo, pues es el mundo urbano de las calles y el espacio público compartido el que convierte las urbanizaciones en ciudades. Así, ¿cómo hacer las ciudades a la velocidad que llega la gente?

Las megalópolis sin límites son insostenibles: requieren recursos energéticos desmesurados y exigen del ciudadano una hipoteca vital para pagarse no ya la vivienda en propiedad sino el transporte para llegar al lugar de trabajo. Además de dejarlo sin dinero, las horas empleadas en atascos en el transporte público dejan a buena parte de la población sin dinero y sin tiempo para vivir, es decir, con poco sentido. Eso es un gran peligro para las personas, pero también para el mundo.

La gran ciudad no ofrece una pobreza humana y, sin embargo, más de 1.000 millones de personas viven en suburbios y otros tantos en el chabolismo menos visible de los pisos patera. La ciudad con varios centros (los barrios) es vista como una alternativa a la periferia sin límites. Como en China, también en India conviven centros urbanos de similar importancia. Allí Delhi y Mumbai crecen a la par, de la misma manera que Shanghai es la ciudad más poblada, Hong Kong pugna por la capitalidad económica mientras Guangzhou y Tianjin son las economías que más se desarrollan en China. Al mismo tiempo, según el proyecto Urban Age de la London School of Economics, otras capitales asiáticas, como Bangkok, decrecen.

Frente a la ciudad sin límites, que funciona como un imán para la gente, vivimos también la era de las grandes ciudades menguantes. Seis de las 16 ciudades estadounidenses mayores de hace medio siglo (Búfalo, Cleveland, Detroit, Nueva Orleans, Pittsburg y St. Louis) han perdido más de la mitad de su población. En Europa Barcelona, Nápoles o Riga pierden habitantes. Eso sí, casi todas ganan turistas.

Henri Lefebvre escribió que es imposible inmovilizar lo urbano. Pero advirtió también sobre la pasividad de los ciudadanos, convertidos en consumidores. Justo donde el profesor de economía de Harvard Edward Glaeser cree que ver el motor de las ciudades en el siglo XXI –“van a ser los trabajadores, en su faceta de consumidores los que harán crecer las ciudades”–, el filósofo francés advertía, antes de morir en 1991, sobre del peligro de pasar de la pasividad (ante el espectáculo) a la participación ciudadana (como espectáculo).

En las megalópolis conviven el primero, el segundo y el tercer mundo. Así, la ciudad solo puede ser un terreno dialogante, y por lo tanto, conflictivo. Si las megaciudades son el lugar de lo posible deberán serlo también de lo imprevisible: el mejor escenario para la vida, no para el letargo. ¿Cómo hacerlo cuando el viejo modelo caduca y el nuevo todavía resulta imprevisible? Puede que sea de esa imprevisión de la que convenga tomar nota, de la imposibilidad de hacer coincidir la ciudad proyectada con la real. Todo invita a pensar que las ciudades del siglo XXI serán más una reacción que una planificación.


* El País - Opinión - 8.4.14
Foto: México-city - destination360.com



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Greenpeace recurre la urbanización del Algarrobico por violar espacios protegidos europeos

Ya hemos comentado aquí las desgraciadas actuaciones político-judiciales que han sucedido en los últimos tiempos hasta llegar a evitar el derribo de este icono del Urbanismo salvaje en todo el país. Gracias a Ecologistas en Acción, Salvemos Mojácar y Greenpeace se han dado pasos importantes para acabar con este enorme hotel ilegal almeriense. Tras la última sentencia 'salvatoria' del sospechoso Tribunal andaluz, Greenpeace recurrirá otra vez ante el Supremo cargada de pruebas incriminatorias contra este atentado a la Ordenación Territorial. Si para evitar una ilegalidad tan evidente hacen falta tantos recursos, económicos y humanos, imagínense que será ante la multitud de asuntos irregulares urbanísticos menos claros. ¡Terrible!
"ELDIARIO* : Normativa europea, leyes españolas y una larga jurisprudencia: los ecologistas de Greenpeace creen que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha infringido tanto leyes como sentencias a la hora de declarar urbanizable el suelo sobre el que se alza el hotel del Algarrobico, creando así inseguridad jurídica. Por esa razón ha decidido presentar un recurso de casación ante el propio Tribunal Supremo contra el TSJA y lo ha hecho a pesar de que, según los magistrados del tribunal andaluz, contra la sentencia no cabía recurso.

En el escrito judicial se insiste en que la sentencia incumple varias directivas europeas que protegen los ecosistemas, la fauna y la flora a través de 'Zonas de Especial Protección para las Aves' o 'Lugares de Importancia Comunitaria', destacando que en estos "sólo se puede urbanizar por razones de interés público". Además, subrayan que los terrenos forman parte de la Red Natural 2000 es una Reserva de la Biosfera, la zona norte de este sector es un hábitat prioritario con plantas amenazadas y que se trata, en definitiva, de un espacio protegido por el PORN del Parque Natural Cabo de Gata de 1994, tal y como han venido defendiendo el Supremo, el TSJA o la Audiencia Nacional a través de las veinte resoluciones judiciales que el Algarrobico ha acumulado en su contra. Los ecologistas denuncian que la sentencia es c ontradictoria con las figuras de protección internacional del Cabo de Gata bajo el amparo de Naciones Unidas como el Convenio Ramsar, el de Barcelona o la Reserva de la Biosfera de la UNESCO.

En el recurso se indica además que el Tribunal Supremo había restablecido "cautelarmente el nivel de protección que tenía en el PORN de 1994 como espacio protegido no urbanizable con nivel C1", es decir, áreas naturales de interés general. Según los ecologistas, se "supedita el interés público de proteger El Algarrobico" a favor de los intereses privados de la promotora, Azata del Sol, y se hace en contra de lo acordado por el Tribunal Supremo. Se crea así una inseguridad jurídica que impide saber "si los terrenos donde se concedió la licencia son urbanizables o no lo son".

En ese sentido, recuerdan que en 2008 el propio TSJA paralizó las obras del Algarrobico "por estar en espacio protegido", no urbanizable. Según Greenpeace, "la sentencia recurrida no cita en ningún momento a la sentencia de fecha 17 de marzo de 2008, ni por tanto rebate los argumentos totalmente contrarios a los de la sentencia que se recurre".

En cuanto a la legislación nacional, el recurso destaca que la ley de patrimonio natural "sólo permite que en la Red Natura 2000 se desarrollen proyectos por razones imperiosas de interés público de primer orden" y que los terrenos del S-T1 y S-T2 del Algarrobico "solo benefician a sus propietarios, causando un perjuicio de incalculables consecuencias a estos terrenos incluidos en la Red Natura 2000". Indican además que la ley del suelo "exige que para desproteger los terrenos de espacios naturales protegidos se requiere que hayan sido degradados por causas exclusivamente naturales, científicamente demostradas, pero no por la mano del hombre, como ha sucedió en El Algarrobico".

Asimismo, el grupo ecologista denuncia la "doble indefensión" que han supuesto irregularidades como el cambio de juez o que se les haya notificado el cambio de sección, fecha de votación y fallo "cuando ya había tenido lugar, haciendo irreversible el cambio de sección y el sentido de la sentencia". Insisten también en que se ha retrasado de manera injustificada la resolución en el propio TSJA sobre la licencias de obras del hotel, procedimiento que consideran "fundamental pues va a determinar con carácter firme si la licencias de obra es legal o no".

Por otro lado, Greenpeace recuerda en su nota de prensa que ha tenido que pagar 1.290 euros "debido a la nueva Ley de Tasas judiciales aprobada por el Ministro Gallardón, lo que supone un nuevo escollo por la lucha ecologista en El Algarrobico y encarece notablemente un proceso cuyo final todavía es incierto y que dura 25 años de ilegalidades" .

La responsable de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, ha declarado que "el hotel ya es ilegal". "Esta sentencia ratifica que si los políticos de la Junta de Andalucía y del Gobierno siguen esperando a que la justicia desenmarañe el lío creado por la posición ambigua de la Junta, nunca veremos el final de este gigante edificio ilegal de 14 plantas y 411 habitaciones" y ha invitado al nuevo ministro de Medio Ambiente a que proceda a su demolición.


* El Diario - Alejandro Ávila - 10.4.14
Foto: Algarrobico (Almería), protesta Greenpeace - A.Rodríguez, Greenpeace



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Gibraltar compra 55.000 toneladas de rocas más para seguir ampliando su superficie

Vuelven las negativas noticias acerca de Gibraltar. Originalmente era solo una roca con un estrecho istmo que la unía con tierra firme, es decir con España tras el tratado de Utrecht. Pero ya en el siglo pasado se fue aumentando paulatinamente la superficie construida, ganando espacio al mar. Así se hizo con el ilegal aeropuerto, el nuevo puerto y terrenos rellenados junto a éste. Numerosos bloques de viviendas empezaron a aparecer al oeste de la Roca, en plena bahía de Algeciras. Y, lejos de quedarse ahí, el gobierno 'llanito' actual, con total impunidad jurídica, pretende ampliar esta superficie ilegalmente hasta 20.000 m/2 más, con los graves problemas añadidos de población y de aguas circundantes. Un tema político conflictivo que debería haberse resuelto hace tiempo en la UE u organismos internacionales existentes.
"ELCONFIDENCIAL* : El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, sigue adelante con sus planes expansionistas, a pesar de las supuestas buenas relaciones que mantienen en estos momentos los Ejecutivos de Madrid y Londres. La colonia británica acaba de sacar a concurso la adquisición de otras 55.000 toneladas de rocas similares a las que ha utilizado hasta ahora para ampliar la superficie del istmo y restar espacio a aguas de soberanía española.

Las condiciones de licitación del suministro de esta nueva partida de rocas fueron publicadas en el boletín oficial del Peñón el pasado 13 de marzo. La oferta económica más baja que se presente antes del próximo 2 de mayo se llevará el contrato.
Un portavoz oficial de la colonia ha rechazado a preguntas de este diario detallar el destino que tendrán ese material y se ha limitado a informar de que se utilizará para “construcción”. Pero expertos consultados por este diario precisan que las rocas que pretende adquirir Gibraltar sólo son utilizadas como material de relleno. Para poder emplearlas en construcción, las autoridades del Peñón tendrían que trocearlas y procesarlas, un laborioso proceso para el que no disponen de la infraestructura necesaria. Se da la circunstancia, además, de que la colonia ya ha utilizado estas mismas rocas con anterioridad para ampliar su superficie en la zona de Catalan Bay y, más recientemente, para crear dos espigones en la parte de Sandy Bay. En ambos casos, las extensiones de terreno se han producido invadiendo aguas de soberanía española.

Equivalente a tres campos de fútbol

Colocadas unas junto a otras, las 55.000 toneladas de rocas que va a adquirir Gibraltar ocuparían una superficie equivalente aproximada a tres campos de fútbol de 100 metros de longitud por 65 de ancho, es decir, unos 19.500 metros cuadrados. Para poder transportarlas hasta la colonia, serían necesarios más de 3.200 viajes en camión. Pero el Gobierno de Picardo no las introducirá por tierra, sino por mar, debido a las restricciones que ha impuesto el Gobierno de Mariano Rajoy en la frontera de la Línea de la Concepción.

El Ejecutivo español ha prohibido que crucen la verja rocas, arenas y cualquier otro producto que pueda ser utilizado por la colonia para ampliar su superficie tras comprobar que los diferentes Gobiernos del Peñón estaban ampliando irregularmente sus dominios terrestres con materiales procedentes de España. Al menos 40 camiones de la arena utilizada en la zona de Catalan Bay, en la vertiente oriental de La Roca más próxima a territorio español, habrían salido de los arenales protegidos de Valdevaqueros, en Tarifa (Cádiz).

El proveedor de las rocas tampoco podrá ser una empresa española por las mismas restricciones. Cualquier compañía que no sea española puede optar a este contrato, que sólo pone como condiciones que el vencedor entregue el lote completo. Vencerá la oferta más baja que se presente antes de las 12 horas del próximo 2 de mayo.

Lo más caro, el transporte

Fuentes del sector aseguran que las 55.000 toneladas de rocas tienen un precio en el mercado de unos 300.000 euros. La tonelada se vende a entre cinco y seis euros, dependiendo de la calidad. La más común en los rellenos es la roca caliza. Se trata de uno de los materiales más baratos que existen en el segmento de los áridos y areniscas por su gran abundancia. De hecho, lo más caro es el transporte, que puede superar el precio del propio producto. Lo lógico es que las rocas acaben siendo suministradas desde Portugal o Marruecos y en un solo envío, para abaratar al máximo los costes.

Algunas embarcaciones disponen de compuertas o pontonas que permiten descargar las rocas directamente en el lecho marino. El lanzamiento unilateral de bloques de hormigón en aguas de soberanía española por parte de Gibraltar fue precisamente el detonante que desencadenó la crisis con la colonia del pasado verano. El Gobierno de Rajoy reaccionó intensificando los controles policiales y aduaneros en la frontera de La Línea, desatando una espiral de respuestas que acabó llegando a la Comisión Europea.

Enfrentamientos en el mar

La tensión volvió a repuntar el pasado mes de noviembre cuando el buque oceanográfico español Ramón Margalef entró en aguas que reivindica la colonia y fue acosado por embarcaciones de la Armada británica. Finalmente, tras unas horas en las inmediaciones del Peñón, el buque de investigación se alejó de la zona con escolta de la Guardia Civil. El Foreign Office, equivalente al Ministerio de Asuntos Exteriores español, citó al embajador español en Londres, Federico Trillo, para abordar este incidente.

Hace una semana se vivió un suceso similar cuando un buque del Instituto Oceanográfico Español entró en aguas españolas reivindicadas por la colonia. Hasta cuatro patrulleras gibraltareñas abordaron al buque español y a las embarcaciones de la Guardia Civil que habían acudido en su ayuda. El Foreign Office volvió a convocar a Trillo y calificó el incidente de “grave intrusión”. Será difícil que baje el tono del conflicto en los próximos meses. Gibraltar celebra elecciones en diciembre de 2015 y Picardo opta a la reelección.


* El Confidencial - José María Olmo - 10.4.11
Foto:  Gibraltar, vista aérea - turismo





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Valencia.- Soler, rey de los 'pelotazos'

A menudo se ha comentado en este blog de la íntima relación existente entre presidentes y mandatarios del fútbol y la especulación inmobiliaria. Los palcos de un campo de fútbol es uno de los mejores lugares para hacer negocios ilícitos y contactar con personajes inmersos en el mundo delictivo del urbanismo depredador que nos rodea. Es el caso del expresidente del Valencia, J.Soler, aupado en el cargo por políticos corruptos como Camps y Barberá, arruinó al club de Mestalla y a sí mismo con las especulaciones urbanísticas. Este nefasto personaje llegó al cargo en 2004 y desde entonces sus 'pelotazos' han tenido más que ver con operaciones ilegales relacionadas con el urbanismo que con su actividad deportiva, lamentablemente.
"ELPAÍS* : En una comida con periodistas, a finales de 2004, el entonces presidente del Valencia, Juan Soler, anunció la buena nueva: “Voy a dar una serie de pelotazos para el Valencia. Ingresaremos 550 millones. Si fuera médico, trataría de descubrir una vacuna; como soy promotor, hago esto. Vamos a ser la envidia del Madrid y del Barcelona”. Soler, de 57 años, es un símbolo de la burbuja inmobiliaria. Cuando llegó a Mestalla, en noviembre de 2004, era presidente de los promotores valencianos. Contó con el total beneplácito de las autoridades locales, encabezadas por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Vía libre de las administraciones públicas para todas sus especulaciones urbanísticas, las propias y las que llevaban detrás el nombre del Valencia CF.

En 2006, Barberá le recalificó 130.000 metros cuadrados del estadio de Mestalla, 92.000 metros de edificabilidad, el doble de lo permitido por ley en esa zona norte de la ciudad. Como los socialistas valencianos del PSPV votaron en contra, Soler les echó a los peñistas encima. El club emitió un comunicado a favor del PP y en contra del PSPV. Fue cuando el consejero de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, tachó al líder socialista, Joan Ignaci Pla, de “Mijatovic” [el delantero montenegrino traspasado del Valencia al Madrid y acusado de traidor por los valencianistas más radicales]”.

En Riba-roja, a 20 kilómetros de Valencia, Soler concibió otro pelotazo: una nueva ciudad deportiva a pesar de que la de Paterna estaba a pleno funcionamiento. Con la ayuda del alcalde de la localidad, Francisco Tarazona, del PP, y del siguiente consejero de Territorio y Vivienda de la Generalitat, Rafael Blasco –juzgado ahora como supuesto autor del saqueo de seis millones de las ayudas que destinaba la Generalitat a los países en desarrollo-, el promotor compró 1.651.650 metros cuadrados de campos de naranjos por 35 millones y, tras recalificarlos, los vendió por 168.

El tercer pelotazo sería el estadio nuevo, presentado con boato el 10 de noviembre de 2006, en el Museo Príncipe Felipe. A instancias de la alcaldesa, Soler preguntó a la UEFA cómo sería el campo más lujoso posible, un cinco estrellas. Y se lo encargó al arquitecto holandés Mark Fenwick. Pero, tras gastarse 150 millones, el nuevo Mestalla se quedó a medio construir, paradas las obras desde febrero de 2009, un monstruo de cemento abandonado, sin nadie que pueda acabarlo.

En realidad, el millonario era el padre, el constructor Bautista Soler, que, años después, lloraría ante un amigo por haber dejado el Valencia en manos de un hijo tan poco capacitado. Cuatro años devastadores en Mestalla, desde 2004 a 2008. La deuda pasa de 120 millones a 550. Los fichajes son un ‘todo a 18 millones’: Manuel Fernandes, Zigic, Banega… Los rivales de fuera y los buitres de dentro se aprovechan de la candidez y megalomanía del presidente. Para llegar al palco de Mestalla, Soler había comprado acciones compulsivamente, a un precio hinchadísimo, y, al marcharse del club, se las vendió a su sucesor en el cargo, Vicente Soriano. Con una gran diferencia: Soriano no iba a pagárselas, un total de 85 millones.

Soler ha arruinado al Valencia, a las puertas de ser vendido a un fondo extranjero de inversión. Pero también a sí mismo. En noviembre pasado, Urbanas de Levante, su principal empresa, presentó la solicitud de concurso voluntario de acreedores en el juzgado mercantil número 2 de Valencia. Este miércoles, Soler volvió a los juzgados acusado de tentativa de secuestro sobre su principal acreedor. Así ha acabado quien fue, a principios de milenio, el rey del pelotazo en Valencia.


* El País - CR - 9.4.14
Foto: Valencia, viejo Mestalla con las nuevas gradas anuladas - levante



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Llanes se declara en rebeldía y no revisa la licencia del hotel Kaype como exigió Urbanismo

Aquí cualquier administración puede declararse en rebeldía, todos menos los ciudadanos de a pie, claro. Es vergonzosa la falta de criterio y los intereses creados entre municipios y autonomías en lo referente a Urbanismo. El caso de Llanes (Asturias) es paradigmático al respecto, un ayuntamiento reincidente que defiende lo indefendible respecto a la licencia ilegal concedida a la ampliación de un gran hotel situado en primera línea de playa. Sin entrar en más detalles jurídicos, lo más grave parece que no se den cuenta que ya hay suficientes 'Algarrobicos' en la costa de este país y que no se pueden consentir nuevos ejemplos de urbanismo salvaje y atentados contra el ya degradado territorio.
"LNE* : El Ayuntamiento de Llanes se ha declarado en rebeldía, al desoír la orden de la Dirección General de Urbanismo de revisar la licencia concedida para ampliar el hotel Kaype, situado en primera línea de la playa de Barru. En una decisión que algunos expertos consideran "sin precedentes" y "presuntamente delictiva", la alcaldesa de Llanes, la socialista Dolores Álvarez Campillo, con el respaldo de varios informes del secretario municipal, Santiago Fernández Molpeceres, ha decidido "inadmitir" la resolución de la Dirección General del Urbanismo por la que se le concedió un mes de plazo para revisar la licencia municipal concedida hace un año para ampliar el hotel Kaype, al considerar el organismo regional que los "incumplimientos" observados constituyen "una infracción grave" de la legalidad vigente y, en consecuencia su "nulidad de pelo derecho".

La regidora basa su decisión en los informes técnicos y jurídicos, así como en la alegación presentada por la propiedad -la empresa Carrera y Pérez S. L.-. Entre los argumentos que esgrime la dirigente llanisca figura que la resolución por la que se le exigió revisar la licencia estaba firmada por el director general de Urbanismo, José Manuel Cañal Villanueva, y no por la consejera, Belén Fernández.

El Ayuntamiento de Llanes considera un "hecho irrefutable" que la solicitud de revisión de oficio de la licencia "ha sido instada por órgano incompetente". Además, las autoridades llaniscas insisten en que la razón está de su parte en el conflicto suscitado con la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) en torno al cálculo de la edificabilidad. El organismo regional considera que el Ayuntamiento de Llanes otorgó a los propietarios del Kaype una edificabilidad muy superior a la máxima legal permitida (unos 1.600 metros cuadrados de más).

Asimismo, los servicios técnicos y jurídicos llaniscos mantienen, contra el criterio de Urbanismo, que fue correcto otorgar cuatro alturas (tres, más ático). Ello pese a que en aquellos concejos carentes de planeamiento urbanístico general (Llanes ha visto anulados por los tribunales de justicia todos los planes que aprobó) la legislación vigente señala que "en suelo urbano, mientras no exista planeamiento o norma urbanística que lo autorice, no podrá edificarse con una altura superior a tres plantas medidas en cada punto del terreno, sin perjuicio de las demás limitaciones que sean aplicables". Y añade: "cuando se trate de solares enclavados en núcleos o manzanas edificados en más de dos terceras partes, los ayuntamientos podrán autorizar alturas que alcancen la media de los edificios ya construidos". Urbanismo interpreta que este artículo impide superar las tres alturas en Barru, mientras que el Ayuntamiento cree que permite levantar cuatro.

Las autoridades municipales han desoído también la orden de Urbanismo de proceder a la "suspensión de los efectos" de la licencia; esto es de paralizar las obras. De hecho, los trabajos continúan y el nuevo edificio está ya a medio construir.

La orden de Urbanismo vino a dar la razón al abogado Gerardo de la Iglesia, representante de un vecino de Barru, y a la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL), que recurrieron la licencia, al rechazar todos los argumentos en los que el Ayuntamiento de Llanes basó la concesión del permiso, otorgado tiempo después de que empezaran las obras, lo que motivó también un expediente sancionador.

De la Iglesia, experto en Derecho Público y Urbanismo, indicó ayer que no admitir a trámite la resolución de la Dirección General es "un acto de presunta prevaricación como la copa de un pino". Añadió que nunca en el ejercicio de su profesión se encontró con "una decisión semejante" y lamentó que la previsible "responsabilidad patrimonial futura" por las actuaciones del equipo de gobierno tengan que ser sufragadas "por los vecinos". Según De la Iglesia, el Ayuntamiento, al margen de otras supuestas irregularidades, ha hecho "trampas", al computar bajo rasantes para el cálculo de la edificabilidad.


* La Nueva España - Ramón DÍAZ - 8.4.14
Foto: Llanes (Asturias), hotel ilegal playa Barru - lne



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