El concejal de Urbanismo de Hellín renuncia al cargo al ser imputado

El hecho de que haya dimitido el concejal 'popular' de Urbanismo en Hellín (Albacete) llama la atención por lo inusual. Aunque al tratarse de la propia construcción de una vivienda ilegal en 2009 le atañe más directamente y, lógicamente, no era posible que un infractor activo de las normas municipales estuviera al frente de un área como Urbanismo. En cualquier caso no es lo habitual hoy día en que la hipocresía política roza los límites del esperpento por mantenerse en la poltrona a toda costa. El concejal imputado, a pesar de todo, sigue manteniendo su inocencia cuando parece evidente el delito urbanístico 'de libro'. Lo que habría aquí que preguntarse es cómo el alcalde del PP, último responsable de su equipo de gobierno, le ha seguido manteniendo en el cargo meses después de conocerse el grave hecho delictivo.
"DIARIOCRÍTICO* : El concejal de Urbanismo de Hellín, Jesús Tébar, ha presentado su renuncia como edil del Ayuntamiento, tras ser imputado en un presunto aprovechamiento de cargo, por unos hechos ocurridos en 2009 por la construcción de una casa en el campo. Tras formalizarse su renuncia este jueves en el pleno municipal, Jesús Tébar ha explicado, en rueda de prensa, que los hechos, por lo que ha pagado una multa, ocurrieron "cuando no era concejal".

"No se trata de cobro de comisiones, ni de desvío de fondos públicos, ni de ERES fraudulentos, ni de meter la mano en la caja del Ayuntamiento, es un asunto meramente privado en el que me he visto perjudicado por mi condición de concejal", ha indicado.

Así, ha explicado que su renuncia como edil es "una decisión personal para evitar perjudicar la dignidad del propio cargo", la de su familia y su partido, y ha recordado que él no vive de la política, ya que su sueldo "es y ha sido fruto" de su trabajo como profesor.

"Para que no haya lugar a dudas, quiero decir muy claro que mi conciencia está tranquila, mis manos están limpias, no he recibido ningún trato de favor y ni he robado ni he malgastado el dinero de los ciudadanos de Hellín. Me voy con la cabeza muy alta", ha comentado.

Finalmente, y tras repasar algunos de los logros de su Concejalía durante su mandato, ha asegurado que desde que entró en política su intención siempre ha sido hacer cosas por su pueblo y ayudar a los ciudadanos y que se ve "con la satisfacción de haber trabajado duro y de haber contribuido a tratar de solucionar los problemas de nuestros vecinos".

El PSOE cree que la renuncia les da la razón

Los integrantes del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Hellín creen que la dimisión del concejal de Urbanismo del Partido Popular, Jesús Tébar, supone "el reconocimiento de su error, que nos da la razón y que tanto nuestra denuncia en el Pleno como ante la Comandancia de la Guardia Civil eran ciertas y veraces".

Así lo aseguró hoy el secretario general del PSOE hellinero y también concejal, Ramón García, tras la celebración de una sesión plenaria en la que se hacía efectiva la dimisión del 'popular' que calificó como "histórica porque es la primera vez que un concejal de nuestro Consistorio dimite por un presunto aprovechamiento ilícito de su cargo".

García rechazó el hecho de que "hayan tenido que pasar siete meses" desde la denuncia del PSOE, que advirtió de la comisión de una posible infracción urbanística por parte del concejal de Urbanismo, basada en la construcción de un chalé sobre terreno rústico cuyas obras habían sido incluso precintadas. El socialista recordó que fue en febrero de 2014 cuando el Grupo Municipal Socialista de Hellín denunció "el presunto comportamiento ilegal y carente de ética del hasta ayer concejal de Urbanismo y de Policía, al construirse presuntamente una casa, en un terreno de su propiedad, sin contar con licencia de obras y cometiendo una infracción grave de carácter urbanístico".

Los hechos derivaron en la presentación de una denuncia ante la Comandancia de la Guardia Civil, más en concreto ante el Equipo de Patrimonio y Delincuencia Urbanística.

Ramón García declaró hoy que "cuando uno presenta su dimisión es porque tiene muy claro que ha metido la pata y que ha cometido un grave error" e interpretó que ha sido el propio Partido Popular el que "no ha querido que este señor vaya al Juzgado a declarar siendo concejal del Ayuntamiento de Hellín, por lo que de una u otra manera le han obligado a dimitir en fecha anterior al día 22 de septiembre, día en el que tiene que prestar declaración en calidad de imputado".

Responsabilidad del alcalde de Hellín. El concejal socialista pidió asimismo responsabilidades al alcalde del municipio, Manuel Mínguez, porque "durante siete meses ha estado dando cobijo a este concejal siendo él el máximo responsable de la situación que se ha originado por no cesarle de su cargo".

"Y lo que es más grave, no interpuso ningún tipo de denuncia ante la Fiscalía ni por la ruptura del precinto ni por si los hechos presuntamente denunciados pudieran haber sido constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio, lo que es una gran irresponsabilidad impropia de su cargo y por lo que no sé si se habrá producido el delito de prevaricación", expuso.

"Manuel Minguez es presidente del Partido Popular en Hellín, creo que es miembro del Consejo Nacional de su Partido y es el alcalde de Hellín, y como tal tiene que asumir las responsabilidades políticas derivadas de la inacción u omisión en todo este asunto", concluyó García.


* Diario Crítico - EP - 19.9.14
Foto: Hellín (Albacete), ayuntamiento - ayuntamiento.es

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La plaza de S.Fernando de Henares, en manos del banco

El sinsentido y la especulación continúan arrasando en la ordenación urbanística. Ahora es la plaza del pueblo madrileño de S.Fernando, nada menos que BIC autonómico, la que pasa a las manos sucias de Bankia, debido a la quiebra de la empresa encargada de remodelar la plaza. Una situación casi de película ya que al interés municipal se une el de los vecinos, el de la constructora y el del banco. Mal negocio el emprendido por el municipio, y corroborado por la Comunidad madrileña, que deberá resolverse en los tribunales, porque lo que es de sentido común es que un espacio público de tal importancia urbana jamás puede ser privado debido a un disparate económico de ciertas autoridades ignorantes.
"ELPAÍS* : Un juzgado ha decretado la liquidación de la empresa Plaza de España San Fernando, creada en 2008 por el Ayuntamiento de San Fernando de Henares (municipio a 15 kilómetros al este de la capital, con 41.000 habitantes) para remodelar esa plaza y su entorno, que están considerados como Bien de Interés Cultural por la Comunidad de Madrid. La sociedad, constituida con un 49% de capital municipal y un 51% aportado por los vecinos propietarios de las viviendas situadas en la plaza, acumula una deuda con acreedores de 94 millones, de los que 60 son a Bankia.

El auto judicial, fechado el 2 de septiembre, decreta la disolución de la sociedad, a la que el Ayuntamiento aportó el terreno de la plaza del pueblo (10.827 metros cuadrados) y su subsuelo para cubrir su participación en ella. Ahora se abre la incógnita de qué ocurrirá con la plaza pública, el aparcamiento de 600 plazas construido bajo ella y las 200 viviendas del entorno, que pueden pasar a manos de Bankia.

El alcalde, Ángel Moreno (IU) asegura no saber todavía cómo salir de esta situación: “Es muy compleja, porque se unen intereses del Ayuntamiento, de los 74 vecinos afectados, del banco y de las constructoras”. Esta semana tiene previsto reunirse con el administrador concursal, después de que este mantenga a su vez una reunión con Bankia. En un plazo de 15 días desde la notificación de la resolución judicial (8 de septiembre), el administrador debe tener listo el plan de venta de los bienes de la empresa.

El Ayuntamiento aprobó en el pleno del pasado mes de junio iniciar los trámites para recuperar la plaza. No todos estuvieron de acuerdo. La división en el seno de IU se hizo patente en la votación, que salió adelante con cinco votos de sus 11 ediles, más los ocho del PP y tres del PSOE. Los otros cinco ediles de IU (faltó uno al pleno) no apoyaron la propuesta, argumentando que existen alternativas menos lesivas, pues la recuperación implica en su opinión litigios seguros con los vecinos. Las negociaciones no parecen haber avanzado mucho en estos meses. Moreno explica; “La cuestión se encuentra en manos de los abogados”.

El portavoz del PP, Eusebio González, ha manifestado por su parte su gran preocupación por la liquidación, y ha pedido la apertura de una comisión informativa especial. “No sabemos qué va a ocurrir, pero el Ayuntamiento se puede ver obligado a responder por estas deudas”, opina. “El absurdo total es haber aportado una plaza pública, de todos los vecinos”, añade.

Un informe elaborado por la secretaria general del Ayuntamiento ve “sorprendente” que la titularidad de la plaza aparezca en el Registro de la Propiedad a nombre de la sociedad mercantil Plaza de España, porque es un bien público que es inalienable, inembargable e imprescriptible.

“Con idéntico estupor” se señala en el documento que el subsuelo corriera la misma suerte.

La rehabilitación de la plaza ha convulsionado al grupo de IU. Ángel Moreno tomó el relevo de Julio Setién al frente de la alcaldía tras la dimisión de este en marzo de 2013 “por motivos personales y familiares”. Moreno, que entonces era responsable de la concejalía de Hacienda, heredó así la también presidencia de la empresa Plaza de España.

A finales de ese mismo año, el regidor presentó ante la Fiscalía General del Estado un escrito donde se detallaban irregularidades presuntamente cometidas en la gestión de dicha empresa, que en ese momento se encontraba en concurso de acreedores.

La Fiscalía envió el documento al Juzgado de Instrucción número 5 de Coslada, que también investiga ahora otras posibles irregularidades, como la aportación de la plaza de España a la sociedad y denuncias de las constructoras. El Ayuntamiento considera culpables de la quiebra a los gestores de la empresa, que se habrían lucrado de forma personal, provocando un quebranto a los intereses de los vecinos, que habían confiado en el Ayuntamiento porque avalaba la operación.

Los ciudadanos dieron sus viviendas a la sociedad, con el objeto de recuperar su propiedad una vez remodeladas. Además, la sociedad obtuvo otros inmuebles, locales y el aparcamiento subterráneo que, tras su venta, supondrían ingresos para abonar los créditos pendientes.

Pero los 54 millones previstos inicialmente para las obras se convirtieron en 94. Y llegaron las denuncias y los embargos. El Ayuntamiento no puso coto a estas supuestas irregularidades de los gestores porque la empresa funcionaba como un organismo privado, sin intervención municipal, explican fuentes locales.

El Consistorio tampoco comunicó a la Comunidad de Madrid el impacto real de sus planes de rehabilitación, lo que supuso la apertura de un expediente sancionador. Los técnicos constataron que el espacio protegido desde 1983 se había alterado sustancialmente por salidas peatonales y respiradores, que emergen sobre la plaza y distorsionan la imagen de conjunto. En medio de este embrollo, los vecinos no saben cuándo podrán volver a sus casas, construidas a mediados del siglo XVIII y ya rehabilitadas.


* El País - Esther Sánchez - 15.9.14
Foto: La plaza de España del municipio madrileño de San Fernando de Henares. / ÁLVARO GARCÍA

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Las vecinas de un bloque ocupado en el centro de Madrid consiguen el realojo

Las acciones de la PAH empiezan a dar resultados visibles en toda la geografía del país. Así en Madrid, la campaña de Obra Social, impulsada por la PAH y grupos 'stop desahucios', consigue ahora la detención del desalojo de un bloque de la Caixa y ganar 19 alquileres sociales. El bloque fue ocupado el 5 de enero de este año por Vivienda Centro, uno de los colectivos del #15M que participan en la campaña de Obra Social y tenía amenaza de desalojo para este 26 de Septiembre. El acuerdo alcanzado con los propietarios de la Caixa significa otra victoria más en la larga lucha emprendida por la PAH y 'stop desahucios', con lo que ya son casi 1.200 personas realojadas en todo el país. Todo un ejemplo de constancia ciudadana a seguir.
"DIAGONAL* : Las vecinas de La Manuela, un bloque ocupado perteneciente a La Caixa en el centro de Madrid, han conseguido ser realojadas con alquileres sociales en otras viviendas pertenecientes a la entidad. Tras más de un año de contactos y negociaciones, que han incluido una amenaza de desalojo para el 26 de septiembre, las 19 familias que viven en el bloque han conseguido lo que han definido en un comunicado hecho público la tarde del viernes “un acuerdo con la Caixa donde se comprometen a realojar a todas las unidades familiares de La Manuela en régimen de alquiler social”.

El bloque fue ocupado el 5 de enero de este año por Vivienda Centro, uno de los colectivos del 15M que participan en la campaña de Obra Social. Mediante esa campaña, la PAH y grupos stop desahucios han realojado a personas sin vivienda digna en 27 bloques vacíos en manos de la banca. Se trata del segundo realojo exitoso de la campaña en una semana, después de que PAH Sabadell anunciase la regularización de 40 familias con alquiler social en un inmueble perteneciente al conocido como 'banco malo'. En total, la Obra Social de la PAH ha conseguido en tres años regularizar a las vecinas de 5 bloques ocupados, mientras que uno fue desalojado el pasado diciembre en Salt (Girona). El último recuento hecho por la PAH cifra en 1.180 personas las realojadas por la Obra Social en bloques y pisos vacíos de los bancos.

“Estas dos victorias nos demuestran que sí se puede, que la Obra Social es una campaña legítima, que recuperar bloques de bancos para quien ha sido desahuciado por estas mismos no sólo es necesario, sino que es de justicia y funciona”, ha declarado Vivienda Centro, colectivo que mantiene en el distrito centro de Madrid otros dos bloques recuperados. En total, la Obra Social ha recuperado en esta región 8 bloques, al que se debe añadir un noveno bloque recuperado en la provincia de Guadalajara. La PAH decidió en su encuentro celebrado en Valencia el verano de 2013 reforzar la campaña de ocupación de bloques de los bancos como respuesta al rechazo en solitario por parte del PP a las Iniciativa Legislativa Popular por la dación en pago, el alquiler social y la moratoria de desahucios.


* Diagonal - 12.9.14
Foto: PAH, bloque recuperado en Madrid - diagonal

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La corrupción urbanística sigue creciendo de forma imparable en la Costa del Sol

A pesar del ejemplo significativo del 'caso Malaya', de corrupción urbanística en Marbella, los datos dicen que los delitos contra la Ordenación del Territorio siguen creciendo en la provincia de Málaga. Así en 2012 crecieron un 200% y en 2013 un 110%. Algo que debe tener su origen en la inalterable permisividad municipal y en la falta de mayor decisión judicial al sancionarlos, con lo que los delincuentes urbanísticos siguen pensando que merece la pena saltarse las laxas normativas existentes. Resultan indicativas del descontrol judicial las declaraciones del propio Fiscal General de Andalucía aduciendo que la corrupción urbanística no es todavía suficientemente combatida con la mayor eficacia. A estas alturas de la película dice esa insensatez nada menos que el mayor encargado de perseguir la delincuencia en Urbanismo. Así nos va.
"LAOPINIÓN* : Dicen los juristas que un macrocaso de corrupción siempre previene futuras conductas de idéntica naturaleza en el sector público. Si a tu compañero se le ha castigado duramente, tú te lo piensas más antes de meter la mano en la caja del dinero de todos. Sin embargo, la prevención general del Derecho Penal queda en agua de borrajas si se acude a la fría realidad estadística, que no engaña nunca: los delitos contra la Administración Pública, título del Código Penal que engloba los ilícitos típicos de la corrupción, han crecido un 109,6% entre 2012 y 2013 en Málaga, según los datos recogidos en la memoria de la Fiscalía General del Estado.

Pero es que, además, llueve sobre mojado, porque en 2012 este periódico ya informó de que estos ilícitos habían crecido un 200%. En 2013, se abrieron en los juzgados 239 diligencias previas relacionadas con estos ilícitos frente a los 114 de 2012. De esta forma, la prevaricación administrativa cae un ligero 3,7% hasta los 26 casos el pasado año; el cohecho o soborno, cuya primavera se alcanzó en Málaga durante el periodo en el que Juan Antonio Roca fue gerente de Urbanismo de Marbella, sube desde los siete casos a los nueve de 2013, es decir, un 28,7%, y la malversación de caudales, cuyos casos más representativos fueron Saqueo 1 y 2 de la época dorada de Gil, han crecido la friolera de un 71,4%, desde los siete hasta los doce procedimientos.

Todos estos datos se recogen en la memoria de la Fiscalía General del Estado relativa a 2013. Hay otros tipos cercanos a la naturaleza corrupta, tales como el blanqueo –ubicado en otro epígrafe del Código Penal–, de tal forma que en 2013 se abrieron en los juzgados 15 procesos frente a los nueve de 2012, lo que supone un incremento del 66,7%. En cuanto a los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, crecen un 28,6%, desde los 21 procedimientos hasta los 27, y los ilícitos contra la ordenación del territorio siguen cayendo en consonancia con el escaso pulso del ladrillo en la provincia, de tal forma que en 2013 hubo 97 casos de este tipo frente a los 173 de 2012, lo que se traduce en una caída del 43,9%.

La subida de 2012 superior al 200% en este tipo de delitos la explicó la Fiscalía General del Estado: en primer lugar, en la actividad administrativa se ventilan intereses económicos muy importantes y las decisiones sobre el suelo generan grandes beneficios; en segundo lugar, no hay en ese sector de la administración autoridades administrativas superiores con capacidad de sancionar a quienes actúan irregularmente. La respuesta Judicial suele llegar tarde y las ilegalidades se han consumado. En tercer lugar, el proceso de toma de decisiones es opaco.

De cualquier forma, muchos de estos procedimientos provienen de años anteriores, del boom de la construcción en la Costa del Sol, pero lo cierto es que se siguen repitiendo estas prácticas en el sector público, y más en una provincia en la que han sido llevados a juicio o están a punto de llegar a plenario trece grandes sumarios de esta naturaleza: Saqueo 1 y 2, Malaya, Minutas, Pantoja, El Pinillo, Fergocon y Goldfinger, todos ellos relacionados con Marbella; el caso Troya, ya juzgado, por corrupción en Alhaurín el Grande; Arcos, en Alcaucín y Astapa en Estepona, así como los procedimientos de Acinipo, en Ronda, y Casares.

El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, afirma en la memoria autonómica: «Los factores desencadenantes de la corrupción política y financiera se vinculan por el incumplimiento de la legalidad administrativa; la falta de desarrollo de labores de intervención en el uso de fondos públicos y la insuficiente fiscalización contable dando inmediato traslado al ministerio fiscal de todas aquellas irregularidades que sean detectadas y poniendo a disposición de los investigadores todos los antecedentes documentales que sean necesarios para la actuación de la jurisdicción penal, de la jurisdicción contable o de ambas jurisdicciones a la vez».

García Calderón, quien por cierto se queja de las dificultades informáticas para recoger los datos en Málaga, apunta que el fenómeno de la corrupción, «como forma de crimen organizado en sus manifestaciones más graves, no es todavía suficientemente conocido para ser combatido con la mayor eficacia y aún requiere un seguimiento adecuado y suficiente del resultado definitivo de la actuación institucional».

El jefe de los acusadores públicos andaluces llama la atención sobre la importancia de dar a conocer a la opinión pública datos tan esenciales como «el importe de los activos obtenidos o recuperados».

Por cierto, en las próximas semanas se conocerá la sentencia del caso Malaya que elabora actualmente Juan Saavedra, el ponente del Tribunal Supremo que se va a encargar de dar contestación a los recursos de casación interpuestos por las defensas de la mayor trama de corrupción de la historia judicial española.


* La Opinión Málaga - José Antonio Sau - 17.9.14
Foto: Una sesión del caso Malaya contra la corrupción en Marbella.- laopinion

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Un juez embarga a los propietarios del Talaso Atlántico de Oia

La situación del ilegal hotel Talaso en Oia (Pontevedra) continúa siendo problemática. El llamado 'Algarrobico' del Atlántico tiene orden judicial de derribo desde hace 5 años por sus numerosas irregularidades urbanísticas, pero el ayuntamiento 'popular' sigue dando largas, por lo que el alcalde ya ha sido apercibido desde el juzgado. Pero aquí, como en su modelo almeriense, parece que todo da igual y que la justicia es incapaz de acabar con los casos más sangrantes del urbanismo salvaje que asola las costas y ciudades del país. Incluso, el ilegal hotel recibió ayudas del sector público, que no se sabe si serán recuperadas al ser embargados ahora los propietarios delincuentes. En cualquier caso, estamos ante otro caso emblemático de corrupción urbanística y no se apunta que ningún implicado vaya a ser sentenciado con cárcel por su evidente delito.
"ELPAÍS* : Se acumulan los problemas legales para el Talaso Atlántico de Oia, el hotel construido prácticamente sobre la roca junto al mar en Mougás con orden de derribo desde 2009. Después de que el Ayuntamiento se prestase finalmente y a regañadientes a encargar el estudio para tirar el complejo, un juzgado de Vigo ha dictado un embargo contra los dueños, los hermanos Jesús y José Pérez Gil, por una deuda con un exsocio que, entre el principal y los intereses, ronda el medio millón de euros.

La lista de propiedades que embargar es bastante exhaustiva y alcanza a las participaciones en las más de 20 sociedades que suman uno y otro hermano. También incluye a las dos a través de las que se gestiona el propio hotel, una como propietaria del inmueble y otra que lo alquila y presta los servicios hoteleros. El embargo resulta de una deuda cercana a los 300.000 euros de los Pérez Gil con Carlos Quintás, uno de los socios originales que se enemistó con los hermanos y acabó saliendo de la empresa a cambio de la compra de sus participaciones. A la hora del pago hubo problemas que acabaron en un largo proceso concluido en abril con la condena al abono de aquellos 300.000 euros, que sumados intereses son casi 500.000.

El hotel está en una situación legal precaria. Tras recibir 4,5 millones de euros de ayudas para su construcción —incluidas indemnizaciones por los daños de la marea negra del Prestige— los tribunales acabaron determinando que la ordenanza municipal que habilitó su construcción era ilegal, porque no había llegado a aprobarse. Desde hace cinco años el gobierno local se hace de rogar para ejecutar el derribo, hasta el punto de que el regidor, el popular Alejandro Martínez, recibió sucesivos apercibimientos de un juzgado de Pontevedra, que le avisaban de que si no ponía en marcha el proceso le impondría multas sucesivas de 1.500 euros.

Los propietarios y el alcalde confían en que un nuevo plan de ordenación pueda legalizar la situación del complejo y recabaron el apoyo de otros regidores de la zona, del actual presidente de los empresarios gallegos, José Manuel Fernández Alvariño. El propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, dijo en enero que estaba buscando una “solución legal”.


* El País - Victor Honorato - 12.9.14
Foto: Oia (Pontevedra), aérea hotel Talaso ilegal - elpais



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Arona.- El exalcalde repite hoy en el Juzgado como imputado por el ´caso Relinche´

El urbanismo en el importante municipio turístico de Arona (Tenerife) está en la picota desde hace bastantes años (mirar en el buscador interno de este Blog). La situación ha llegado a ser asfixiante debido al empecinamiento de los últimos alcaldes de 'CoaliciónCanaria' en mantener una situación insostenible desde todos los puntos de vista. Ahora el exalcalde, G.Reverón, ha vuelto a declarar en calidad de imputado por intentar mantenerse en el cargo pese a una sentencia que lo inhabilitaba. Es decir, ya ni siquiera vale una condena por corrupción urbanística para que los alcaldes y altos cargos municipales dimitan o se vayan, ahora es necesario que las fuerzas de seguridad acudan al domicilio del sentenciado y llevarlo de nuevo a la justicia condescendiente. Mucho más fácil era cazarlos con lazo y meterlos directamente en chirona una larga temporada.
"LAOPINIÓN* : El exalcalde de Arona, José Alberto González Reverón, tuvo que declarar ayer en calidad de imputado por intentar mantenerse en el cargo pese a una sentencia que lo inhabilitaba, pero su presencia ante la Justicia se repite otra vez hoy porque también está siendo investigado por conceder una licencia para una supuesta cuadra de caballos. Está previsto que el regidor local durante nueve años y medio en el municipio sureño se presente sobre las 09:30 horas junto a otras personas involucradas, como el actual concejal de Presidencia y Medio Ambiente, Antonio Sosa.

Por la primera causa están imputados un total de 15 políticos: 12 de los 13 concejales que forman hoy el Gobierno local, los dos ediles de Centro de Arona y González Reverón. Los hechos tuvieron lugar en 2012 y se centran en un presunto caso de prevaricación continuada.

El caso Okupa surge cuando el antiguo mandatario nacionalista fue condenado en junio de ese año por enchufar a dos funcionarias en el Consistorio y, aún así, se mantuvo en el cargo cinco meses avalado por el apoyo de su partido y el del grupo de la oposición, mientras que el resto –Ciudadanos por Arona (CxA), el PP y el PSOE– abandonó todos los plenos donde se trató su condena para no caer en una presunta ilegalidad. Para justificar su continuidad en el Ayuntamiento, el Ejecutivo municipal solicitó dos informes externos en los que poder escudarse, uno de los principales argumentos utilizados por los imputados para defender su comportamiento.

Por lo pronto, ya ayer se cerró el ciclo de declaraciones de las 15 personas que están siendo investigadas por la Justicia, pero aún falta algunos testigos, como el denunciante, José Antonio Reverón (de CxA), y la secretaria municipal, quien elaboró un informe en el que advertía de que el exregidor tenía que dejar su cargo público. Junto a González Reverón, que estuvo dentro de la sala en torno a una hora y media, también fue llamado uno de los nueve testigos, el concejal del PP Dionisio Rocha.

En el caso Okupa, los abogados Felipe Campos, representante del edil que llevó el caso ante la Fiscalía, y José Pérez Ventura, por Izquierda Unida, se encargan de la acusación popular.

A esta causa se suma el caso Relinche, por el que tiene que ir a declarar hoy en calidad de imputados el antiguo alcalde de Arona y el actual concejal de Medio Ambiente. La Justicia investiga si el exregidor y el edil, que antes era el responsable de Urbanismo, permitieron la construcción de un supuesto chalet en suelo rústico con un permiso para una cuadrada de caballos.

Un vecino de la zona denunció hace tres años la ejecución de las obras asegurando que el dueño de la edificación, aún sin terminar, es familiar de José Alberto González Reverón. La acusación defendió que el Ayuntamiento solo dio permiso para levantar en el terreno una cuadra de caballos sin tener licencia de actividad clasificada y, según él, a una distancia muy inferior a la legalmente establecida para este tipo de instalaciones.

Aseveró, además, que la Corporación local también concedió a este mismo allegado la prescripción urbanística de la primera planta de su vivienda "mientras no lo estaba", a lo que se suma la posterior construcción de una segunda planta, excediendo la volumetría y camuflando el techo, según el denunciante.

Por lo que defendió el vecino, es la segunda obra supuestamente irregular que forma parte de este caso y que el Consistorio aronero le autoriza a la misma persona. El denunciante, asimismo, dejó claro en su momento que en varias ocasiones le advirtió al Consistorio de que los trabajos que se estaban llevando a cabo no se ajustaban a la licencia concedida y que, en el caso de la cuadra, en vez de ser un establo consideraba que era un chalet de dos plantas.

Según él, tanto González Reverón como Antonio Sosa eran "conscientes" de las presuntas ilegalidades. Pero a estas dos actuaciones también se suma otra llevaba a cabo "con una licencia menor cuando era mayor", afirmó.

Por otro lado, tanto el exalcalde como ese mismo concejal también están acusados por el caso Arona, una presunta trama de corrupción que gira en torno a unos 80 contratos a dedo y 200 licencias ilegales. Aunque estaba previsto que fuera la Sección Sexta de la Audiencia Provincial quien lo juzgara, ha comunicado que se abstiene, por lo que tendrá que adjudicarse de nuevo.


* La Opinión Tenerife - Ylenia Lorenzo - 17.9.14
Foto: Arona (Tenerife), ayuntamiento - coralia, picasaweb.google



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Madrid.- El legado de Botella condiciona el futuro económico y urbanístico de la capital

La situación económica de Madrid sigue siendo de 'juzgado de guardia', debido a los excesos urbanísticos de los últimos años. El exalcalde Gallardón dejó una deuda de más de 6.000 millones tras 9 años en el gobierno municipal, y su sucesora Botella no solo no la ha disminuido, sino que la ha acrecentado, ya que en los tres años de su mandato ha pagado a los bancos casi 4.000 millones de euros, sin lograr bajar un solo euro la deuda heredada. La alcaldesa 'popular' dice que no repetirá, pero dejará un legado preocupante, con muchas obras pendientes que deberán pagarse y, sobre todo, un nuevo Plan General municipal 'privatizador' que deberá solucionar los PAUs paralizados y traerá nuevos conflictos para la ciudad, ya que pretende desproteger numerosas edificaciones que caerán en las garras de los amiguetes de turno. Una perspectiva urbanística caótica y complicada para el próximo alcalde de la capital.
"ELPAÍS* : “Esto es un anuncio, pero todavía no es una despedida. Quedan muchos meses de trabajo y muchos proyectos por culminar”, dijo el martes la alcaldesa de Madrid, Ana Botella. El anuncio fue su descarte como candidata del Partido Popular en las elecciones municipales de 2015. Los meses de trabajo que le quedan son apenas ocho, pero suficientes para “culminar” un puñado de proyectos que no sólo hipotecarán la gestión de su sucesor sino que modelarán la ciudad durante años.

“Tengo en la cabeza el futuro de Madrid, independientemente de quién lo encabece”, dijo Botella hace meses. Su sucesor tendrá que convivir mucho tiempo con ese futuro.

La deuda no baja. El Ayuntamiento debe 6.204 millones. Pese a dedicar uno de cada tres euros a amortizarla, y a que en los últimos tres años ha pagado a los bancos casi 4.000 millones de euros (su presupuesto anual), la deuda actual es la misma que dejó Alberto Ruiz- Gallardón cuando se marchó al Ministerio de Justicia, en diciembre de 2011, tras gastarse 10.500 millones (la mayoría, a crédito) en obras durante sus nueve años de mandato. Pese a que Botella ha centrado su gestión en reducir la deuda, está no ha dejado de crecer por flecos pendientes de su predecesor: empresas en quiebra, facturas impagadas, etcétera.

Parques y bibliotecas. Para evitar su colapso, el Ministerio de Hacienda rescató en tres ocasiones al Ayuntamiento. En contrapartida, lo tiene en la práctica intervenido: no puede gastar ni un euro extra sin su consentimiento. Y así seguirá hasta 2022. Pero, a partir del año que viene Hacienda prevé una mejora de ingresos que, con el nivel de gasto actual, dotaría a Madrid de 2.400 millones adicionales en ocho años.

Un polideportivo, un centro de mayores o una biblioteca cuestan unos siete millones. Una escuela infantil, tres. Un parque como Madrid Río, 370 millones. Pese al déficit de dotaciones de barrio (colegios, centros de salud, piscinas...), Botella decidió prescindir de esos ingresos extraordinarios, usándolos para amortiguar la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles. Su sucesor aún puede cambiar eso, pero se encontrará ya con 150 millones menos al año por la eliminación de la tasa de basuras.

Jardineros y barrenderos. Botella puso el año pasado los servicios municipales (alumbrado, limpieza viaria, parques, asfaltado, etcétera) en manos de empresas privadas con contratos de más de una década que, sin embargo, concentran buena parte de su inversión en los primeros meses. Gracias a ello, por ejemplo, se están reasfaltando las calles desde hace unos meses. Este esfuerzo extraordinario, explicable por el abandono anterior y muy útil políticamente a un año de las elecciones, dejará paso a una década de servicios adjudicados con fuertes recortes: menos barrenderos y jardineros en calles y parques, y manos atadas para solucionarlo.

Por si fuera poco, Botella ha aplazado hasta después de las elecciones el nuevo contrato de basuras, que, para no descuadrar las cuentas, debería rebajar su coste, con el riesgo que eso supone: una huelga como la de los barrenderos de hace un año.

Urbanismo y burbuja. El Plan de Ordenación Urbana define el crecimiento y salud de una ciudad. El anterior, aprobado en 1997, fue desastroso —lo admite hasta el PP—, que dejó Madrid en manos de las constructoras. El resultado: barrios enteros planificados y abandonados, una burbuja que dificultó el acceso a la vivienda pese a planearse medio millón más, y el deterioro de industria y comercio en favor del ladrillo como motor económico.

Botella ultima ahora el nuevo plan, que debe solucionar, entre otras cosas, los desarrollos (PAU) paralizados, la falta de dotaciones de barrio y el fracaso de la rehabilitación del centro. Fijará además, qué edificios seguirán protegidos y cuáles podrán derribarse. El Ayuntamiento ya ha avanzado que será un plan “liberalizador”, que permitirá convertir grandes edificios públicos (como Torrespaña o los juzgados de la plaza de Castilla) en oficinas y tiendas.

Obras pendientes. Botella podrá inaugurar el mercado de Barceló y el Museo Municipal, pero dejará a medias el mercado de la Cebada y legará la reforma de la plaza de España, la reconversión de los recintos de la Casa de Campo en sede policial (15,4 millones hasta 2017), el traslado de un parque de bomberos (2,7 millones hasta 2015) para hacer un hotel de lujo en la plaza Mayor, y la nueva sede de Asuntos Sociales (6,1 millones). Sigue empantanada la catedral de Nuevas Tecnologías y la obra del paseo de la Dirección.

Elefantes blancos. Madrid tiene elefantes blancos (edificios inútiles) pese a no haber tenido Juegos Olímpicos. Harían falta 1.500 millones para acabar lo que quedó a medias, y lo que se terminó (la Caja Mágica costó 294 millones) apenas sirve de nada. El Centro Acuático acumula siete años de retraso y un 40% de sobrecoste. Es un esqueleto a medias que nunca se terminará tal y como se diseñó. Y queda por solucionar (o sea, vender) el agujero del Centro de Convenciones de la Castellana, que ya ha costado 100 millones.

Turismo, vivienda y mendigos

El nuevo alcalde se encontrará en 2015 una Empresa Municipal de la Vivienda esquilmada: Botella paralizó la construcción de pisos sociales, y los que ya hay se están vendiendo a fondos de inversión a precio de saldo para sortear la quiebra de la sociedad. No mucho mejor marcha la empresa municipal de cultura y turismo. En lo que le queda de mandato, la alcaldesa podría privatizar el teatro Fernán-Gómez.

Y ya ha decidido poner en manos de un ente de mayoría privada la estrategia turística de Madrid. No tendrá tiempo, eso sí, de decidir el futuro de la empresa funeraria, que tiene como fecha de extinción el mes de septiembre de 2016.
En materia de seguridad, Botella ha abierto el proceso para elegir al nuevo inspector jefe de la Policía Municipal (el anterior, que dimitió hace días tras ser imputado en el caso Madrid Arena, estuvo siete años en el cargo), y dejará al próximo alcalde el pago de la previsible indemnización por responsabilidad civil por la tragedia. Además de la multa millonaria que la UE planea imponer por rebasar los límites de contaminación desde 2010.

Queda en el aire para estos meses el futuro del museo que el arquitecto Emilio Ambasz quiere levantar en un edificio municipal del paseo de Recoletos. Y la reforma integral de la plaza de España, que Botella pretende iniciar este mismo año aunque será costeada y llevada a cabo a partir de 2015.

Está por ver además si autoriza antes de dejar el cargo la reconversión del Palacio de Música en tienda de ropa.
El nuevo alcalde heredará, además, dos investigaciones judiciales por el abandono por parte del Ayuntamiento de sendos edificios históricos protegidos de su propiedad. Y tendrá que pensar además qué hacer con uno de ellos (el otro ya ha sido derribado), el palacio de la Duquesa de Sueca, arruinado por la desidia municipal, y sin destino conocido.
El sucesor de Botella se encontrará además con que buena parte de los aparcamientos públicos para residentes se han vendido a los vecinos que tienen ahora sus plazas en concesión. La alcaldesa aprobará también, en sus últimos meses de mandato, una ordenanza de convivencia que prohibirá la mendicidad junto a colegios y mercados y multará a los clientes de prostitutas.

Lo que no podrá cumplir de ninguna forma es la promesa que hizo Gallardón en mayo de 2011 de crear 150.000 empleos. Botella la refrendó al llegar a la alcaldía, pero hasta el momento ha crecido el paro.


* El País - BRUNO GARCÍA GALLO - 11.9.14
Foto: Alcaldesa Botella y exalcalde Gallardón - ayuntamiento



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El juez cita como imputados al alcalde de Tui y a su antecesor por una querella urbanística

En el ayuntamiento de Tuy (Pontevedra) existía una auténtica trama de corrupción urbanística, con implicación de las máximas autoridades municipales, incluyendo también a ciertos técnicos que seguían normas contrarias a las legales. No es la primera vez que el gobierno 'popular' de Tuy aparece en las noticias de este blog (mirar en el buscador interno) y es que la laxitud y la permisividad abusiva en Urbanismo son la moneda común en la ciudad fronteriza. Ahora el juez actúa instancias del fiscal de Medio Ambiente por varios casos, uno referente a la concesión de licencia para una vivienda con informe técnico desfavorable, otro por silencio administrativo con sentencia judicial firme, y alguno más con imputación de los dos últimos alcaldes 'populares'. Una plaga que se ha extendido por la mayoría de municipios de la corrupta urbanísticamente provincia de Pontevedra.
"FARODEVIGO* : El titular del Juzgado de Primera Instancia nº2 de Tui ha llamado a declarar como imputados por supuestas irregularidades en el ámbito urbanístico al alcalde de Tui, Moisés Rodríguez Pérez, a su antecesor en el cargo Antonio F. Fernández Rocha; al aparejador municipal ya jubilado José María Melero González; a la abogada que ha representado al Concello de Tui desde el año 2008 al 2013, Pilar Fernández González; al abogado Jorge Buján Garrido, letrado y asesor de codemandados con el Concello de Tui en diversos procedimientos judiciales; y a Miriam Buján Garrido, técnica de administración general municipal de Tui y hermana del anterior.

El juez actúa a instancias de la querella presentada por la Fiscalía de Medio Ambiente de Vigo donde se sostiene que hay hechos que "revisten inicialmente caracteres de delitos de prevaricación, prevaricación urbanística, deslealtad profesional y tráfico de influencias". La Fiscalía no descarta ampliar la relación de delitos y la lista de denunciados, según prosigan las diligencias.

Tal como figura en la querella, a la que ha tenido acceso este diario, el primer caso investigado es un expediente de concesión de licencia para la rehabilitación y ampliación de una vivienda en Abilleira 17 de Randufe (Tui), con informe desfavorable y denegación de licencia. Hubo recurso posterior y el aparejador municipal informó a favor de la obra, en contra de lo dicho por el arquitecto municipal.

El segundo caso bajo la lupa de la fiscal es la ejecución de una sentencia judicial firme contra la desestimación por silencio administrativo de denuncia por infracción urbanística, por lo que se impone al Concello la obligación de incoar expedientes de reposición de legalidad urbanística y de sanción. En el proceso intervino el aparejador municipal, el arquitecto municipal y la técnica de administración general a la que se requirió informe que no fue emitido. La secretaria municipal dio cuenta de la posible causa de abstención de la técnica "al ser hermana de Jorge Buján, letrado que ha intervenido en diversos expedientes en defensa de los intereses de la empresa".

En otro caso, una vecina denunció una infracción urbanística relacionada con obras de ampliación de vivienda y de un galpón en Vermún 17, de Randufe. Una resolución judicial declaró las obras ilegalizables, por lo que se instó al Concello a incoar el expediente. El siguiente caso se refiere a unas obras denunciadas en la rúa Placer 14 de Tui que debían ser demolidas. Ante la falta de ejecución de los titulares, el Concello comenzó a imponer multas coercitivas. La titular del inmueble es la abogada Pilar Fernández González que fue letrada del Concello hasta el año 2013.

El alcalde de Tui confirmó ayer que declarará ante el juez y ofreció la máxima colaboración del Concello. "Siempre se ha actuado conforme los informes de técnicos municipales", declaró. Añadió que, de momento no tomará medida cautelar alguna sobre la técnica de administración general, Miriam Buján, y aguarda un informe de la asesora judicial, que resulta ser la secretaria municipal.

Miriam Buján informó que presentará precisamente una querella judicial contra la secretaria municipal "por persecución laboral con la connnivencia del alcalde". Explica que desde el año 2011 ha enviado escritos a la Alcaldía informando de esta situación y ha recibido "amenazas por esta causa". Ya ha denunciado ante el Juzgado, y está en trámite, la interpuesta contra un auxiliar administrativo eventual "que está a la orden de la secretaria". Manifiesta que en la mayoría de los expedientes que cita la Fiscalía no ha intervenido. "Sólo insté al alcalde, en algunos casos, a instruir recurso de reposición de legalidad", explica. Sobre el motivo de las diferencias con la secretaria alude a que fue por "informar desfavorablemente expedientes que ella informaba a favor." "Yo no me prestaba a estas actuaciones y así comenzó la persecución", dice, asegurando que "en su momento, las cosas se pondrán en su sitio".

Jorge Buján Garrido, hermano de Miriam Buján, indica que está citado para declarar el 24 de octubre. Afirma que sólo intervino como abogado en el caso de la ampliación de la casa de Randufe "pero no es ninguna de las cosas que se citan", precisa. Atribuye la querella de la Fiscalía a la denuncia de la secretaria municipal. Valora la posible presentación de querella por falsedad y reitera que "nunca" llevó temas relativos a licencias urbanísticas en el Concello de Tui. "Ssólo actúo en defensa judicial de ciudadanos. Soy abogado", añade. Su relación con el Concello de Tui "es inexistente", insiste. No ha sido abogado de una empresa encausada, remarca. En el caso de su pareja, la abogada Pilar Fernández, "la ejecución de la sentencia de demolición de la obra en su propiedad está en proceso, después de pedirse la inejecución y resultar denegada".

La secretaria municipal, Irene Suárez López, preguntada al respecto de la querella y si fue ella quien presentó la denuncia que dio lugar a la querella de Fiscalía solo manifestó: "Soy una funcionaria que hago mi trabajo".

Desde la oposición municipal, Enrique Cabaleiro, portavoz del PSOE, informó que hace año y medio trasladó a la fiscalía expedientes de urbanismo con informes de la secretaria que indicaban la posibilidad de que se pudieran cometer irregularidades en su tramitación.


* Faro de Vigo - Eva González - 10.9.14
Foto: Tui (Pontevedra), vista - wikipedia.org



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Carboneras.- La pugna por los terrenos acrecienta la incertidumbre sobre El Algarrobico

El hotel ilegal de El Algarrobico, situado en una playa virgen y protegida de Carboneras (Almería), continúa siendo 'el cuento de nunca acabar'. El último episodio lo ha protagonizado le inepta Junta de Andalucía, que prometió demagógicamente hacerse con los terrenos del hotel, pero que la delictiva promotora 'Azata' se niega a cederlos al precio pactado. De nuevo se avecina un nuevo proceso judicial, de los innumerables que ha habido, en esta lamentable historia del icono representativo del Urbanismo salvaje en el país. Ya han pasado 8 años (ocho) desde que se paralizara 'cautelarmente' la construcción por la justicia, tras estar prácticamente terminado el horroroso mamotreto. Demasiado errores, demasiados culpables, demasiados ineptos y un solo perjudicado: la ciudadanía del país que contempla asombrada semejante disparate permitido por las diferentes administraciones.
"ELPAÍS* : La promotora del hotel levantado en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), no se ha presentado este viernes en la notaría en la que había sido citada por la Junta para formalizar el retracto que convierte a la Administración andaluza en propietaria de los terrenos. Pese a la negativa de la constructora Azata —que podía haberse embolsado 2,3 millones, lo que le costó en 1999 hacerse con los suelos— la Consejería de Medio Ambiente ha insistido “en que solicitará la inscripción a su nombre” de esos terrenos. La pugna por los suelos acrecienta la incertidumbre sobre el futuro de esta construcción, que hasta hace poco más de cuatro meses parecía condenada a la demolición.

El retracto que este viernes ha intentado cerrar la consejería fue ejercido por la Junta en 2006. Pero Medio Ambiente se ha había resistido hasta ahora a formalizarlo y a entregar los 2,3 millones a Azata.

El paso dado ahora por la Junta está motivado por el temor a que la promotora entre en los terrenos y continúe con la construcción del hotel, que fue paralizada hace ocho años por un juzgado de Almería. Esa suspensión de las obras ha quedado en entredicho tras el cambio de rumbo que este caso ha dado en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Cuando la sección tercera de la sala de lo contencioso, con sede en Granada, ha empezado a analizar la legalidad de la construcción se ha decantado por las tesis de la promotora y ha contradicho varias sentencias de otros compañeros del TSJA, el Supremo y la Audiencia Nacional.

A finales de julio, la sección tercera —con el juez Rafael Toledano a la cabeza— sentenció que la licencia de obras era válida, con lo que la suspensión de las obras quedaba levantada. Fue entonces cuando la Junta anunció que formalizaría el retracto de 2006 para quedarse con los terrenos e impedir que las obras se retomaran. Citó en una notaría de Almería a la empresa y le instó a que no ejecutara “actos que supongan transformación de la finca”.

Pero Azata no ha acudido a la cita, algo que era previsible. La empresa no está de acuerdo con el precio fijado por la Junta. Además, la promotora recuerda que ha recurrido el retracto ante el Supremo, que aún no se ha pronunciado. Pero el TSJA sí ha considerado legal ya la expropiación de los terrenos, algo a lo que se agarra la Junta para intentar inscribir los suelos a su nombre.

Lo que no está claro es cómo lo hará. El abogado de Ecologistas en Acción, José Ignacio Domínguez, asegura que la Junta podría ir directamente al registro de la propiedad con la sentencia del TSJA en la que se avala el retracto. Esa misma opinión fue la que este viernes se le ha trasladado a la Junta desde la notaría de Almería, según apuntan fuentes de la Administración autónoma. Sin embargo, la consejería y los representantes de la notaria han quedado en intercambiar más información a lo largo de la semana que viene.

La Consejería de Medio Ambiente ha reiterado que “agotará todos los recursos administrativos, judiciales y gubernativos que estén en su mano para garantizar la plena disponibilidad del terreno”. Las fuentes consultadas no han detallado los pasos concretos que los servicios jurídicos van a dar tras la negativa de Azata a formalizar el retracto. La Junta sopesa si directamente se dirige al registro para inscribir como suyos los suelos. También cabría la posibilidad de que la Administración acuda al TSJA para que ejecute la sentencia que declaraba válido el retracto de 2006. "O las dos cosas", han añadido fuentes de Medio Ambiente.

En cualquier caso, Azata ha dejado claro que seguirá “argumentando contra el retracto en todas las instancias posibles”, lo que hace prever un nuevo litigio en este enmarañado y desgajado caso judicial.

El Supremo y el TSJA, hasta el cambio de jueces dentro del tribunal andaluz, habían dado claros pasos que apuntaban a la ilegalidad de la construcción. Por un lado, el Supremo ha establecido ya que la construcción invade los 100 metros de protección de la costa. Por otro, la sección primera de lo contencioso del TSJA, con sede en Granada, fijó que la construcción estaba en una zona del parque de Cabo de Gata-Níjar en la que no se puede construir. Pero en marzo, la sección tercera del mismo tribunal dijo justo lo contrario: que los suelos eran urbanizables. El Supremo tendrá que resolver esta contradicción.

El nivel de protección del terreno y la invasión de los 100 metros de costa eran los argumentos que empleó un juzgado de Almería en 2006 para suspender la licencia del hotel. Pero el TSJA anuló esta decisión en julio.

La sentencia es firme, y el Gobierno central y la Junta aún estudian si pueden recurrirla en el Supremo. Mientras, la incertidumbre ante la posibilidad de que la constructora retome las obras sobrevuela El Algarrobico. El delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Almería, José Manuel Ortiz, ha afirmado que “sería una locura” que Azata reiniciara la construcción.


* El País - Manuel Planelles - 12.9.14
Foto: Hotel ubicado en el paraje de El Algarrobico. / FRANCISCO BONILLA


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Victoria de La PAH de Sabadell, que ha conseguido la cesión de uno de sus bloques ocupados en el municipio para alquiler social

La que empezó siendo una plataforma semiclandestina para el gobierno y la justicia, La PAH, ha ido consiguiendo, gracias a la movilización ciudadana, éxito tras éxito en la defensa de una vivienda digna, bien sea a través de los desahucios impedidos o, como ahora en Sabadell, con nuevas viviendas para alquiler social. El inmueble salvado por La PAH consta de 40 pisos que cumplen la función de realojar a un total de 146 personas, 58 de ellas menores, y se encontraba en peligro de desalojo. El éxito social es rotundo y debe servir como ejemplo para otros lugares del país que se encuentran en parecida situación de abandono institucional. El derecho a una vivienda digna recupera así todo su valor primario y fundamental.
*DIAGONAL* : La Conselleria de Territori i Sostenibilitat afirmaba el martes pasado, mediante un comunicado, la cesión de hasta 600 viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) –popularmente conocida como el 'banco malo'– para dedicarlas al alquiler social, a raíz de un acuerdo entre el Govern y la Sareb firmado el mes de julio.

Esta mañana, miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la Crisis (PAHC) de Sabadell recibían la noticia de que una de estas viviendas es el tercer bloque ocupado por la PAHC hace más de un año, propiedad de la Sareb y sito en la calle Sant Ferran número 109 del municipio catalán. El inmueble consta de 40 pisos que cumplen la función de realojar a un total de 146 personas, 58 de ellas menores, y se encontraba en peligro de desalojo.

En la pasada reunión a tres bandas entre la PAHC Sabadell, el Ayuntamiento de Sabadell y la Generalitat de Catalunya, ya se exigió que el bloque fuera cedido a la Generalitat. Ahora, después de la cesión, la Sareb queda totalmente fuera de las negociaciones, que se llevarán a cabo entre administraciones locales y autonómicas y la Agència de l’Habitatge de Catalunya, que hasta ahora hacía de interlocutora para la PAHC Sabadell.

La Agencia efectuará los trámites correspondientes para que la Generalitat acredite que las familias que viven en el inmueble cumplen los requisitos necesarios para ser beneficiarios del alquiler social, que se situaría entre los 150 y los 400 euros mensuales. Sin embargo, la PAHC ha anunciado que el umbral del 30% de los ingresos es innegociable y que las familias sin ingresos no pagarán los alquileres.

El portavoz de la PAHC de Sabadell ha afirmado que la Obra Social PAH "es la única respuesta posible para gargarizar una política real y reconocida por el derecho a la vivienda" y que "esta victoria debe servir de precedente para el resto de PAH del territorio".


* Diagonal - La Directa - Cristina Castaño Gómez - 9.9.14
Foto: Imagen de la fachada del bloque ocupado en Sabadell - diagonal

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El Tribunal Superior declara ilegales obras de la ex alcaldesa en el puerto vigués

La pugna política en Vigo está perjudicando notablemente el urbanismo de la importante ciudad gallega. Los continuos despropósitos de unos y otros suelen acabar en los tribunales con la consiguiente demora e inestabilidad para un correcto planeamiento urbano, que siempre debe tener miras de mayor recorrido. La exalcaldesa 'popular', Corina Porro, siendo presidenta de la autoridad portuaria, hace ya varios años, realizó unas obras ilegales en el puerto que ahora la justicia se ha encargado de anular. Pero lo peor es que el daño ya está realizado y, como siempre, serán los propios ciudadanos los que paguen estas ilegalidades y despilfarros delictivos. La culpable del asunto seguirá sentada en otra poltrona 'ad hoc', ya que la justicia no ha dispuesto nada contra ella y su equipo asesor. Así se sigue contando la historia en multitud de ciudades de este país corrupto.
*EUROPAPRESS* : El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha fallado a favor del Ayuntamiento de Vigo en el proceso iniciado por la administración local en contra de la Autoridad Portuaria, por la realización de varias obras en el muelle de comercio y en la zona de las antiguas naves de rederos.

En su día, el Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, presentó un contencioso administrativo contra las resoluciones del Puerto (en aquel momento presidido por Corina Porro, del PP, anteriormente alcaldesa de la ciudad) que aprobaron el proyecto, licitación y adjudicación de las obras en el muelle de comercio (en la zona conocida como el 'Tinglado') y en las antiguas naves de rederos, donde se iban a instalar locales de restauración vinculada a la pesca fresca).

El alto tribunal gallego ha estimado ese recurso, y considera que esas resoluciones del Puerto "no son conformes a derecho" y, por tanto, las anula. Así, el TSXG considera que el Ayuntamiento tenía razón cuando alegaba que esas obras no se ajustaban al Plan Especial del Puerto y no tenían licencia municipal. En cualquier caso, esta sentencia es susceptible de recurso de casación. El alcalde, el socialista Abel Caballero, ha mostrado su satisfacción por la resolución del TSXG, y ha recordado las críticas de las que fue objeto por ese contencioso, incluida una "falsa querella" de Porro contra él.

"Lo ganamos todo, el dictamen anula esos actos del Puerto, y ahora ¿quién paga todo aquello?", ha señalado en referencia a las obras, que están paralizadas y sin concluir desde hace años.


* El País - EP - 10.9.14
Foto: Vigo, muelle puerto - galiciadigital.com

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Valencia.- El TSJ anula la modificación urbanística que permite el hospital privado en Malilla

Otra vez más la alcaldesa 'popular' de Valencia, R.Barberá, está implicada en delitos urbanísticos. En este caso se trata de los nuevos hospitales privados que está permitiendo en la ciudad. Si ya habían sido paralizados tres anteriormente debido a la crisis/estafa del PP, ahora la justicia anula el del barrio de Malilla por un procedimiento urbanístico ilegal, como es el conocido de las transferencias de edificabilidad. Urbanismo permitió transferir irregularmente este suelo edificable desde el PAI Camino de Moncada a Malilla, lo que originó una protesta por carecer de competencias que, finalmente, se ha saldado con este nuevo varapalo judicial. Hay que pensar que, como siempre, tampoco ahora habrá culpables políticos o técnicos de semejante delito, a pesar de las evidencias.
"EXPANSIÓN* : Nuevo varapalo judicial a la tramitación urbanística. El TSJ ha estimado parcialmente el recurso de una inmobiliaria y anula la modificación por la que el Ayuntamiento de Valencia trasvasó suelo edificable del PAI Camino de Moncada al de Malilla para desarrollar el futuro hospital de Nisa. La crisis ha paralizado los tres proyectos de nuevos hospitales privados en Valencia y ahora en el caso del proyectado por el grupo valenciano Nisa en la capital se suma una decisión del Tribunal Superior de Justicia.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo ha estimado parcialmente un recurso y ha anulado el acuerdo del Ayuntamiento de Valencia por el que se aprobó la modificación puntual del Plan Parcial “Malilla Norte” y del Plan de reforma Interior de Mejora” Camino de Moncada”. Esa modificación básicamente permitió trasvasar 4.709,95 metros cuadrados de techo edificable del plan urbanístico del Camino de Moncada al de Malilla para que la parcela donde se preveía el hospital privado tuviese edificabilidad suficiente.

La sentencia, a instancias de un recurso de la promotora alicantina Obras y Edificaciones Galiana, considera que el Ayuntamiento no tiene competencias para realizar esta modificación, ya que supone un cambio en el tipo de aprovechamiento de carácter estructural cuya competencia corresponde a la Generalitat.

Además, también considera nulo uno de los artículos de la modificación, ya que incluye "una planta técnica no computable" en términos de edificabilidad. Según el tribunal, la Administración no justifica la excepcionalidad de esta medida. Eso sí, la sentencia es recurrible.

Nisa no había comenzado las obras del centro, en el que se estimaba una inversión de 55 millones de euros y 120 habitaciones. De hecho, la coyuntura económica ha paralizado los tres nuevos hospitales privados previstos en Valencia. Además del de Nisa, Imed tenía un proyecto en un inmueble de NAU que lleva años parado y Quirón también tiene un solar previsto para trasladar su hospital cerca de la Ciudad de la Justicia.


* Expansión - A.C.A - 20.8.14
Foto: Valencia, hospital la Fe - P.Enzo



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Lugo.- Fomento impulsa una autovía de 170 millones para un trayecto sin tráfico

El despilfarro público del ministerio de Fomento continúa con las autopistas y autovías, como vemos en este nuevo caso de la provincia de Lugo. La actual conexión entre Monforte y Chantada la usan unos 3.000 coches diarios, es decir un tráfico que está muy por debajo de los 'standards' necesarios para justificar la construcción de una nueva autovía. Pero la ministra Pastor está empeñada en su construcción, aunque la deuda actual sea de campeonato mundial. Sin duda debe haber factores político-empresariales de peso que justifiquen esta absurda decisión, es decir, más corrupción pura y dura. En este país de los récords, a diferencia de otros de nuestro entorno, se construyen alegremente autopistas o autovías carísimas, cuando por mucho menos dinero se podían ofrecer alternativas técnicas viables. Otro delito absurdo de los poderes públicos responsables que nos han sumido en esta crisis/estafa.
"ELPAÍS* : Por la actual carretera autonómica que une Monforte y Chantada, al sur de la provincia de Lugo, circulan en su punto de mayor tráfico unos 3.000 coches al día. Son menos de tres coches al minuto, lo que sitúa la vía muy lejos de ser de las de más tráfico de Galicia. Aun así, el Ministerio de Fomento acaba de aprobar el trazado definitivo y el coste estimado de una nueva autovía de titularidad estatal entre ambas poblaciones de cuya rentabilidad y necesidad duda el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.

Serán casi 37 kilómetros que costarán 171 millones de euros y que permitirán unir las futuras autovías A-56 Ourense-Lugo, con las obras a ralentí, y A-76 Ourense-Ponferrada, aún en fase de diseño y con un trazado que está recibiendo fuertes críticas.

Entre Monforte y Chantada, de 20.000 y 9.000 habitantes respectivamente, ya discurre actualmente una carretera de alta capacidad en buena parte del trayecto, unos 20 kilómetros, con un solo carril por sentido pero con zonas de adelantamiento a vehículos pesados, con accesos restringidos y curvas lo suficientemente amplias como para que la velocidad máxima sea de 100 kilómetros por hora. Ese corredor se aprovechará como una de las dos calzadas de la futura autovía. Es en el tramo más próximo a Chantada, en el cruce del cañón del río Miño, donde esa vía se transforma en carretera convencional, más sinuosa y empinada, a lo largo de unos 6 kilómetros. Allí la velocidad se limita a 80 y puntualmente a 60, pero siguen existiendo carriles adicionales de adelantamiento a vehículos pesados.

Es precisamente en esa zona más escarpada de cruce del Miño donde la nueva autovía tendría más efectos sobre el territorio. El primer trazado que se expuso al público en mayo de 2007, entonces con un coste estimado de 130 millones de euros, tenía “impacto”, admite el ministerio, sobre el monasterio románico de San Estevo de Ribas do Miño, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) y situado a 150 metros de la carretera actual. En 2009 Fomento propuso un nuevo trazado más alejado de esa zona, en la que habrá un viaducto de 670 metros sobre el Miño, y desde entonces el expediente apenas avanzó hasta el pasado abril, cuando el Ministerio de Medio Ambiente aprobó su Declaración de Impacto Ambiental, pero estableció que, “como condición previa para considerar la viabilidad ambiental del proyecto, deberá justificarse de forma rigurosa su necesidad” ya que “del estudio económico realizado se deduce que en ningún caso estaría justificada la inversión”. Ahora, ocho meses antes de las elecciones municipales, Fomento aprueba definitivamente su estudio informativo, pero ayer no pudo aclarar si ya ha sido capaz de justificar la rentabilidad de la obra ante Medio Ambiente.

Como sucede con todas las autovías, cuando esté construida es de prever que capte más tráfico que el de la carretera convencional ya existente. La realidad es que la vía actual no destaca por su elevada circulación. Según los datos de la Xunta, en 2013 pasaron por su punto de tráfico más intenso, a la salida de Monforte, 3.353 vehículos al día, con picos máximos de 4.100 vehículos diarios en agosto. En las horas punta, el tráfico no llega a los tres vehículos por minuto.

Pero el tráfico es aún inferior a mitad de recorrido entre Monforte y Chantada, a la altura de la localidad de Escairón, en el municipio de O Saviñao, donde la media es de 2.481 vehículos y el pico de agosto apenas alcanza los 3.045. Tampoco la crisis justifica el tráfico ya que en 2010, cuando la cifra fue más elevada, la intensidad media diaria apenas superó los 3.700 vehículos.

En toda la red de carreteras de la Xunta, que suma 5.500 kilómetros, la mitad, unos 2.700, tuvieron en 2013 más tráfico que la Monforte-Chantada. De ellos apenas 430 kilómetros son hoy vías de alta capacidad y no existen previsiones de convertir en tales la mayoría de los más de 2.000 kilómetros de vías convencionales restantes por los que circulan actualmente más de 3.000 vehículos al día. Como comparación, por el ya corredor Lugo-Sarria, que está en obras también hasta Monforte, circulan cada día 5.700 vehículos sin que esté planificado su desdoblamiento.

Desde el Plan Galicia

La autovía A-72 Monforte-Chantada es una vieja promesa del Plan Galicia diseñado por el Gobierno de José María Aznar en 2003 en compensación por la catástrofe del Prestige. De todas las infraestructuras dibujadas entonces, este vial, que se anunció para 2010, es el que más lentamente ha avanzado en su desarrollo. Pero siempre se ha mantenido en todos los planes de infraestructuras que han ido diseñando los gobiernos central y autonómico, gobernase en Madrid o en Santiago tanto el PP como el PSOE.

Una vez aprobado su trazado, con la publicación de la decisión el jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), Fomento indica en una nota de prensa que la vía “se desarrollará ahora en los correspondientes proyectos constructivos”, que serán los que definan cómo ejecutar sus 12 enlaces, seis viaductos (incluido uno sobre el río Miño de 670 metros de longitud), 25 pasos superiores y 26 pasos inferiores. El vial contará también con un túnel doble de cerca de un kilómetro y medio de longitud.


* El País - DAVID REINERO - 5.9.14
Foto: Tramo de la actual carretera autonómica entre Monforte y Chantada que pasa junto al monasterio románico, ubicado arriba a la derecha. / NACHO GÓMEZ

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Gamonal se moviliza contra la última "obra faraónica" del alcalde de Burgos

En este blog ya se publicó hace poco tiempo la despilfarradora construcción de una nueva Plaza de Toros cubierta en Burgos. Un proyecto del corrupto alcalde 'popular' J.Lacalle adjudicado a dedo al, ya sentenciado por corrupción, constructor local Méndez Pozo. Ambos coincidentes también en la criticada y especuladora operación del barrio Gamonal, famoso por la lucha vecinal contra esta mafia de poderes burgalesa. Los vecinos de Gamonal ganaron aquella contienda y ahora se preparan también para combatir esta nueva agresión del ayuntamiento del PP. Parece que los especuladores y corruptos siempre quieren más y no aprenden de las lecciones pasadas. Contando además, casi siempre, con una justicia inoperante, son los propios ciudadanos los que deben parar estos abusos urbanísticos que les afectan directamente en su modo de vida. En el barrio del Gamonal lo saben muy bien y siguen siendo todo un ejemplo a seguir en otros lugares del país.
"ELDIARIO* : Nueva movilización de los vecinos del barrio burgalés de Gamonal contra un proyecto urbanístico del PP. La asamblea de Gamonal ha convocado una "primera protesta pública" contra la adjudicación por seis millones de euros de la obra para remodelar la plaza de toros de Burgos. Ese contrato se adjudicó en pleno mes de agosto a una UTE integrada por Sacyr y Río Vena, una empresa de Miguel Méndez Pozo, el constructor que fue condenado por corrupción en los 90 y que participó en el negociado de la obra del bulevar que provocó las protestas del barrio de Gamonal en enero.

Los vecinos que lograron paralizar ese proyecto han seguido desde entonces organizados y han convocado una movilización este viernes contra el "espacio multiusos" de la plaza de toros. Ese proyecto no convence ni a la oposición, que está convencida de que la adjudicada es sólo una "primera fase" que supondrá un mayor desembolso en el futuro para funcionar a pleno rendimiento, ni a los distintos colectivos implicados, como los taurinos o el equipo de baloncesto. "Queremos ver la respuesta de la gente y hasta dónde somos capaces de llegar", expresa Manolo Alonso, miembro de la asamblea.

Esta primera acción pública consistirá en la celebración de una asamblea en la Plaza Mayor a las 12 horas de este viernes. También intervendrán en el pleno del Ayuntamiento para explicar "por qué nos oponemos". "Consiste en dar obras a una persona determinada -señala Alonso-. No tiene sentido esta obra cuando hay otras necesidades".

Los vecinos de Gamonal no quieren monopolizar la protesta contra el nuevo proyecto, pero consideran que "hay razones suficientes" para movilizarse y comprobarán qué fuerzas aglutinan. "Queremos ver si hay más que palabras contra la situación en Burgos", señala Alonso, que explica que esta convocatoria pretende ser el germen de un "movimiento asambleario" para acabar con el proyecto.

Mejor oferta según criterios subjetivos

Al igual que sucedió con el polémico proyecto del bulevar de Gamonal en Navidad, el equipo de gobierno de Burgos, liderado por Javier Lacalle, ha aprovechado la baja intensidad del periodo vacacional para aprobar la adjudicación en pleno mes de agosto. Tanto el PSOE como IU rechazan esta "obra faraónica" y la fórmula de adjudicación.

La UTE Sacyr-Río Vena no era la mejor oferta económica, pero ganó gracias a los criterios subjetivos después de que FCC fuera rechazada por "baja temeraria", una oferta que no resulta creíble por ser anormalmente baja en términos económicos. PSOE e IU sostienen que el Ayuntamiento no atendió a la "justificación" presentada por la empresa. Tras la salida de FCC del concurso, los criterios subjetivos bastaron para entregar la obra a la unión de empresas en la que participa Méndez Pozo, un empresario que ha participado en otros múltiples proyectos públicos, como el hospital de Burgos, que acumuló retrasos y abultados aumentos de presupuesto.

"No hay ningún informe que diga cómo se ha hecho esa valoración", denuncia la concejala socialista Esther Peñalba, que sostiene que "es difícil de justificar objetivamente esa adjudicación". "Han cogido una legislación que es corrupta para darle una adjudicación que estaba dirigida a un corrupto", opina el concejal de IU Raúl Salinero, que califica el proyecto como "chapuza".

Los dos ediles coinciden en que esa obra no es necesaria en un momento en que se ha disparado el recorte en gasto social. "El PP se empeña en distribuir dinero público entre los caciques municipales y han vaciado las arcas municipales: hay que recuperar el gasto social; no pasa nada si tenemos la plaza de toros cerrada", destaca Salinero.

"Lacalle no ha aprendido nada"

"Apenas unos meses después de Gamonal se vuelve a repetir el mismo error: el mismo proyecto, con los mismos implicados y las mismas circunstancias", expresa el diputado burgalés Luis Tudanca: "Lacalle muestra que no ha aprendido nada del momento social y político que vivimos". "No encuentro en este proyecto otro factor más que la provocación y que eso pueda favorecerles mediante la atomización del voto en Burgos que, junto con el pucherazo electoral, les beneficie", añade Tudanca.

"Con lo de Gamonal, Lacalle no quiso escuchar a nadie y él es el que puede hacer algo por esta situación", dice en la misma línea Salinero: "Ahora si no es la gente la que se levanta, poquito podemos hacer", admite el concejal de IU.

Mientras tanto, los miembros de la asamblea continúan difundiendo la convocatoria de este viernes, en la que verán si el 'espíritu de Gamonal' sigue vigente y con fuerzas.


* El Diario - Irene Castro - 8.9.14
Foto: Burgos, alcalde Lacalle (centro) y Mendez Pozo (izq) - ayuntamientoburgos

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Inhabilitado durante nueve años el exalcalde de Miraflores de la Sierra

La sierra de Madrid continúa siendo un foco atractivo para la especulación urbanística, como se ha demostrado en numerosas ocasiones. El pueblo de Miraflores no podía ser menos debido a su atractivo turístico. Hace 7 años (siete) el gobierno municipal presidido por el alcalde socialista J.Esteban aprobó una urbanización en el arroyo de un cauce, evidentemente sin los preceptivos informes técnicos. Las obras se comenzaron ilegalmente, pero el caso fue denunciado por vecinos y ecologistas y el juzgado las paralizó cautelarmente, algo digno de ser imitado en otros lugares. No obstante, hasta hace pocos días la justicia no se pronunciado condenando al alcalde prevaricador, demasiado tiempo para hacer cumplir la ley en toda su amplitud.
"ECOLOGISTASENACCIÓN* : Mediante sentencia de los juzgados Penales de Madrid se condena a nueve años de inhabilitación al exalcalde de Miraflores de la Sierra por un delito continuado de prevaricación. En 2007 el entonces alcalde aprobó la construcción de una urbanización en el cauce del arroyo El Carrascal, conociendo esta circunstancia y sin contar con los informes y autorizaciones preceptivas. Ecologistas en Acción que ha sido acusación particular en el procedimiento se siente satisfecha con el fallo judicial.

El 26 de enero de 2007, el entonces alcalde de Miraflores de la Sierra, el socialista José Esteban Esteban, aprobó definitivamente por decreto, el proyecto de urbanización del ámbito denominado El Tomillar. Esta decisión se tomó a pesar de que durante varios meses antes, el movimiento vecinal agrupado alrededor de la plataforma SOS Miraflores y Asociación Ecologista Peñalosa-Ecologistas en Acción de Miraflores de la Sierra, se venía oponiendo a la realización de la urbanización, basándose en informes geológicos que lo desaconsejaban. La construcción de la urbanización El Tomillar, estaba proyectada sobre una ladera de fuerte pendiente sobre el cauce del arroyo El Carrascal. De hecho tres de las parcelas residenciales y los muros de contención invadían el cauce.

El decreto de alcaldía que autorizó definitivamente la urbanización se emitió sin atender al informe técnico del propio ayuntamiento que resolvía admitir las alegaciones vecinales, en el sentido de que el proyecto debía ser remitido a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), antes de ser aprobado. De hecho cuando la CHT recibió la propuesta, emitió informe denegando la autorización, pero esto fue en mayo de 2008, cuando el alcalde había autorizado el proyecto de urbanización en enero de 2006 y se habían iniciado las obras en el 2007.

Ante estos hechos, la plataforma vecinal SOS Miraflores, presentó denuncia ante los juzgados de Colmenar Viejo que decidió paralizar cautelarmente las obras que se habían iniciado. En ese momento se habían levantado cuatro muros que iban a hacer de contención de las tierras de la ladera. Ecologistas en Acción, integrante de la plataforma vecinal se personó como acusación particular desde el inicio del procedimiento dando voz, de esta forma, a las denuncias vecinales a las que el alcalde hizo caso omiso.

La sentencia emitida por el Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid, de fecha 22 de julio y trasladada a las partes en septiembre, se expresa en términos muy duros. En el fundamento de derecho tercero dice textualmente: "nos hallamos ante la adopción de una resolución por el alcalde imputado que es evidentemente arbitraria, por ser a simple vista contraria a la legalidad (…). Se acredita además que el imputado era consciente de dicha arbitrariedad al ser advertido por previas alegaciones y por el informe técnico sobre las mismas (…)".

La condena se ha impuesto en base a las penas establecidas en el artículo 404 del Código Penal referido a los supuestos de prevaricación que engloba a las autoridades que a sabiendas de su injusticia dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo. La pena de nueve años roza el máximo establecido en diez años, debido a la contumacia en las decisiones ilegales.

Ecologistas en Acción se muestra satisfecha por la sentencia aunque lamenta que sea necesario recurrir a la vía judicial para paralizar actuaciones urbanísticas que son evidentemente ilegales. Ahora quedan los cuatro muros construidos que tendrán que ser demolidos y restaurado el daño provocado.


* Ecologistas en Acción - 10.9.14
Foto: Miraflores de la Sierra (Madrid) - brujulasierra

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Una burbuja de hormigón de 52 millones en plena Soria

Es conocido el poco interés de la Junta 'popular' de Castilla y León, presidida por J.Herrera, por todo lo que signifique Medio Ambiente y Ordenación Territorial; por eso llamó la atención que en 2005/2007 aprobaran un proyecto como la Ciudad del Medio Ambiente en medio de la meseta soriana que, según se vio más tarde, solo tenía el nombre como reclamo fraudulento. En 2013 el Tribunal Constitucional la anuló definitivamente por sus manifiestas irregularidades legales. Demasiado tarde, como siempre le ocurre a la justicia con estos asuntos urbanísticos, pues ya se había construido una parte de la conflictiva Ciudad. El problema era su edificación en terrenos protegidos, saltándose, además, todos los controles exigidos para ese tipo de proyectos. Hoy en día quedan los restos monumentales de tamaño desastre y pelotazo urbanístico, con 52 millones tirados a la basura, sin que los responsables del PP autonómico, una vez más, hayan pagado por ello.
"PEDRO SIMÓN* : Si no fuera porque hay un pastor que deja comer tranquilamente a las ovejas en este soto, si no fuera porque los milanos que se cruzan tienen dos alas y no tres, y un solo pico, uno creería que a ocho kilómetros de Soria se trató de levantar un Chernobyl. Que un día estalló algo inesperado y todo el mundo se fue dejando a medias una ciudad que iba a tener más de 500 hectáreas. Los garajes subterráneos vacíos. Las pistas de acceso sin rematar. La ferralla señalando al cielo como dedos oxidados y acusadores. Las cúpulas de la energía que ven en la fotografía, como mordidas por un monstruo.

Un Chernobyl inocuo. Un Chernobyl sin explosión nuclear. Un Chernobyl sin muertos.

O con muchos. Eso depende de cómo se mire y del significado de la palabra muerto.

-¿Y viene mucha gente al pueblo?

-Hace cinco años apostamos por la mierda ésta. Y montamos este negocio en Garray -cuenta Ana Modrego, dueña de La Posada de Numancia, aspiradora en la mano-. Ahora debo 100.000 euros. Pierdo dinero cada mes. Estoy muerta.

El fantasma de hormigón blanco se yergue a ocho kilómetros de Soria, en el término municipal de Garray (400 habitantes), en medio de un monte calificado de especial interés paisajístico a sólo 300 metros del río Duero y en un enclave con sello propio: por ejemplo, la explanada desde donde salieron los aviones que bombardearon Guernica; por ejemplo, la mayor concentración de cigüeñas de la provincia; por ejemplo, el mayor de los escarnios perpetrado con dinero público que se recuerda en la comarca: 52 millones de euros pulidos en este pelotazo de dimensiones atómicas.

La paradoja es que la hoy espectral Ciudad del Medio Ambiente de Soria -que iba a ser un Silicon Valley mesetario y audaz, blasón en defensa de la naturaleza- terminó enclavada en un espacio protegido donde no se había puesto ni un solo ladrillo. Entre garduñas y flora silvestre, en 2010 se colocó la primera piedra. Comenzaron luego las termitas de las retroexcavadoras. El resto ya lo ven.

Aquí -en las 500 hectáreas de terreno que equivalen a 500 campos de fútbol- iba a haber instalaciones de tecnología punta. Aquí habría viviendas de lujo con su vitola de renovables. Aquí estaría obligado el uso del coche eléctrico. Aquí edificarían unos centros deportivos la mar de integrados. Y cómo no, una escuela nacional de equitación. Y por qué no, un parque fluvial y lacustre. Por haber habría hasta un polígono industrial... Todo bajo la mirada de ese ojo de Sauron que eran las cúpulas de la energía. Hoy tuertas, qué se le va a hacer.

"En este lugar hay fresnos que ni cinco personas juntas abarcarían, bosques de abedules increíbles, cerca de 200 aves distintas catalogadas...", enumera Carlos González, de la Asociación Soriana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza, que se llena las botas de barro y abre un plano encima de un promontorio.

("Aquí iban a ir casas", dice apuntando con el índice).

("Y aquí, aparcamientos").

"Pero el daño que le han hecho al soto es irreparable", prosigue. "Han desviado el Arroyo de la Vega con lo construido, los canales naturales de desbordamiento del Duero se están desecando, dado que cortaron el paso de forma artificial. El colmo es que hicieron todo esto en una zona inundable. Y en 2013 el agua del Duero llegó a medio metro de las cúpulas".

Todas las ambiciones sofisticadas de futuro han apisonado el presente. Como hace el rodillo con la masa del pan.

Paseamos por una pista asfaltada de varios kilómetros en mitad de la nada. Nos metemos a uno de los tres garajes abandonados de la ciudad, a modo de gigantescas naves de cemento pulido -con sus ventanales de lamas giratorias, con sus interruptores de la luz esperando ser pulsados, con su inexorable vacío-. Y uno imagina que acabará topándose con aquella escena de El planeta de los simios: la imagen de la Estatua de la Libertad semienterrada en cualquier parte. Como si esto no fuera real ni posible.

El proyecto que la Junta de Castilla y León acometió con dinero público es hoy un inmenso osario paralizado por el Constitucional. En la foto fija -atrapados en ella- queda gente como Ana Modrego. Que sigue con la aspiradora en la mano e insiste: "Los políticos nos han llevado a esta ruina. Éramos cuatro empleados y ahora estamos sólo mi marido y yo. Tengo 45 años y me gustaría tener hijos. Pero quién se atreve".

No se ve ni rastro de las 3.000 o 4.000 personas que iba a albergar el proyecto, pero en la puerta del restaurante Casa Abel de Garray hablamos con un vecino de Canredondo, a cuyo pueblo le expropiaron 90 hectáreas para mayor gloria del ogro que ya no tiene dientes.

-¿Y qué hacemos con eso ahora, jefe?

-No las tiremos abajo, no las derribemos -sostiene Juan Antonio, que apunta con la barbilla hacia donde debe de caer la Ciudad del Medio Ambiente-. No nos jodamos más. Vamos a darle una utilidad. ¿Vale para un palomar? Pues hagamos un palomar. ¿Vale para un caseto? Pues hagamos un caseto. ¿Que hay que meter a 10 a la cárcel? Pues metámoslos.

CIUDAD DEL MEDIO AMBIENTE DE SORIA

COSTE: 52 millones de euros. ORIGEN: Las Cortes de Castilla y León aprobaron el proyecto en 2005. La primera piedra se colocó en 2010. DESARROLLO: La Junta de Castilla y León (PP) compró más de 300 hectáreas por seis millones de euros y algo más de 200 hectáreas a Caja Duero por 3,8. SITUACIÓN ACTUAL: Paralizado por el Constitucional en 2013 después de un recurso de diputados del PSOE. El órgano considera que la norma creada ad hoc para sacar adelante el proyecto es ilegal. Del plan inicial sólo quedan una estructura a medio construir, una estación depuradora de aguas residuales y una planta térmica de biomasa.


* El Mundo - Pedro Simón - 31.8.14
Foto: Las cúpulas de la energía de la Ciudad del Medio Ambiente de Soria, en el Soto de Garray, fotografiadas en julio. ALBERTO DI LOLLI

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El rescate de autopistas: un "cúmulo de errores" que costará 2.400 millones más de dinero público

El despilfarro público en ciertas autopistas, que no eran necesarias, ha sido claramente delictivo. Las radiales de Madrid, y alguna más periférica, han sido ya suficientemente criticadas en este blog. La deuda total de semejante desastre político-financiero se cifra en 4.600 millones de euros, de los cuales ya se han abonado en el rescate bancario (otro delito económico de envergadura) casi la mitad. Cantidades mareantes para la situación de un país al borde de la catástrofe social. Sin embargo, los culpables de tal fechoría siguen sentados en sus poltronas sin que la justicia se haya atrevido a ponerlos en su sitio, que no debería ser otro que tras las rejas de la cárcel. Los responsables del ministerio de Fomento, de varios gobiernos, y de las empresas adjudicatarias no han sido siquiera citados a declarar por esta trágica deuda pública. Así continúa la triste historia de un país depauperado por culpa de unos pocos 'elegidos'.
"NICOLAS M.SARRIES* : El Gobierno anunció esta semana su intención de rescatar una decena de autopistas de peaje —que han declarado o están próximas a declarar el concurso de acreedores— tras asumir alrededor de la mitad de la deuda contraída por las mismas con la banca (BBVA, Santander, Bankia Caixabank y Sabadell, entre otras). En su conjunto, la operación supondría un importe público de unos 2.400 millones de euros, respecto de un endeudamiento total de más de 4.600 millones de euros. Con este desembolso, según la ONG Cáritas, se podrían haber rescatado a 700.000 familias sin recursos.

El plan de rescate, que aún está en proceso de negociación con bancos, constructoras y empresas concesionarias, contemplaría además la creación de un fondo de titulización que emitiría bonos a 30 años y con una rentabilidad mínima del 1%, en función del tráfico de estas vías. El motivo: Posibilitar el rescate de estas vías sin que el desembolso pase a aumentar el déficit público español.

Los altos precios y la euforia en las previsiones a futuro provocadas por la burbuja del ladrillo, entre otros factores, están en el origen del descalabro de las nuevas vías de pago españolas, que se "diseñaron con los pies" en palabras de una fuente del sector financiero consultada por 20minutos.

¿De quién son las autopistas de peaje?

Tal como señala el propio Ministero de Fomento en su último informe, su accionariado está integrado por constructoras (48,5%), otras sociedades concesionarias (16%), administraciones públicas (13,9%), cajas de ahorros (6,4%), bancos, entidades financieras, otras empresas y accionistas a título individual.

¿Cómo se financiaban estas obras?

Con el fin de liberar recursos públicos, las administraciones idearon modelos de financiación alternativos con las autopistas de peaje. La idea, que las obras se llevaran a cabo con capital privado, que se compensaría con la concesión, por un periodo de años determinado, de la explotación de los peajes. Durante ese tiempo, serían las propias concesionarias las encargadas del mantenimiento y de los medios técnicos y humanos para tal responsabilidad. El sistema tiene otras ventajas, tal como señalan desde la patronal de las autopistas Aseta: "Permite adelantar en varios años la ejecución de las obras al no tener que depender de la disponibilidad de fondos públicos", aseguran, al tiempo que defienden que los peajes son una sólida fuente de ingresos públicos gracias al IVA que recauda.

Sin embargo, el sistema también tiene riesgos, ya que a menudo los dueños de las concesionarias eran las propias empresas constructoras encargadas de llevar a cabo la obra. Así, es evidente un cierto incentivo perverso en cargar un coste mayor de la obra para dar un beneficio a corto plazo a la constructora a costa de la concesionaria, que sin embargo tiene un plazo de 20, 25 o 30 años para enjuagar la posible deuda. Además, el modelo de financiación elegido (conocido como project finance) suponía que la garantía para el prestamista era la propia obra, lo que a su vez incentiva una mayor asunción de riesgos por parte de la concesionaria.

¿Por qué han quebrado estas autopistas de peaje?

Son varias las razones y "un cúmulo de errores", tal como señala Miguel de la Fuente, director general del Foro PPP, organización sin ánimo de lucro que estudia la colaboración público-privada en infraestructuras. En opinión de este experto, hubo un mal enfoque en la planificación y descoordinación por parte de las administraciones, y se sacaron a concurso obras cuyo objetivo era posibilitar que otra infraestructura "no contabilizase en el presupuesto público". Así, por ejemplo, se planificaron las radiales madrileñas "como una forma de pagar, sin coste para el Erario Público, la construcción de la M-50. Éstas son cosas que distorsionaron la planificación de las radiales", asegura.

Más allá de esos errores de enfoque, el tiempo ha demostrado también que las previsiones de tráfico pecaron de optimismo. Preveían unos aumentos continuados en el número de vehículos y conductores que se han venido abajo con la crisis, "lo cual es culpa de la Administración y de las empresas privadas", indica De la Fuente. Solo en este año ya han perdido un 8% de viajeros, y acumulan un desplome del 42% desde 2007, según la patronal Seopan. Especialmente fuerte es la falta de tráfico en las radiales madrileñas, que han visto caer el número de vehículos en un 48%.

Otra de las claves que hizo de las autopistas un mal negocio fueron, en su opinión, "la mala conectividad y la mala penetrabilidad de estas infraestructuras". Buena parte de estas vías de pago pecan de unas malas conexiones, así como de una deficiente penetración en el centro de la ciudad, al tiempo que han demostrado, según Miguel de la Fuente, tener "un problema al no distinguir entre usuarios y clientes. Un conductor no puede llegar a una autopista de peaje y no tener buena información, accesible, de las ventajas de utilizarla". Mención aparte merece el problema de las expropiaciones, que multiplicó el coste de las obras.

¿Por qué las expropiaciones fueron un problema?

"Cuando se planificaron las autopistas, las administraciones previeron que las expropiaciones de las trazas (los terrenos donde discurre la autopista) tendrían un coste X, pero al final han tenido un coste de 10 veces más. Se pagaron precios propios del centro de Madrid por terrenos rurales en Toledo", explica Miguel de la Fuente, para quien el problema residió en parte en el hecho mismo de adjudicar a las empresas privadas la labor de expropiar, "algo que hace mejor la administración, pero que no quiso hacer para que no figurara como un gasto público", opina.

En medio de la mayor burbuja inmobiliaria de la historia de España, la expropiación de los terrenos para las nuevas autopistas "se convirtió en un gran negocio". Tanto que el incremento de costes de las mismas superó los 1.830 millones de euros, según los cálculos de la patronal constructora Seopan: La previsión era pagar unos 387 millones, pero el monto total que pagaron las concesionarias superó los 2.217 millones.

El origen de estos sobrecostes está en parte en la Ley del Suelo del Gobierno de José María Aznar, que vino a proclamar que todo el suelo era potencialmente urbanizable. Así, se dispararon los precios, al tiempo que los tribunales de expropiación fueron favorables a valorarlo como terrenos urbanos (lo que incrementó su precio).

¿Por qué ha salido el Gobierno al rescate de las autopistas?

Desde su puesta en marcha, las nuevas autopistas de peaje han sido "absolutamente inviables", tal como señalan fuentes financieras a este diario. Así, los diferentes Gobiernos han tratado de salvar su situación de distintas formas: "Emitiendo créditos participativos, ampliándoles los periodos de concesión, haciéndoles cuentas de compensación [el Estado pagaba cierta cantidad si el negocio caía]...". En ningún caso estas soluciones temporales sirvieron para llevar a las concesionarias a beneficios, por lo que la situación de quiebra era cuestión de tiempo.

En la situación actual la quiebra de las autopistas y su liquidación era inevitable. En este contexto, el Estado ha decidido hacerse cargo de estas vías pagando a sus acreedores —bancos y constructoras— alrededor de 2.400 millones de euros, y aplicándoles quitas del entorno del 50%. "La Administración se queda con todo a un coste menor que todo el dinero invertido, ya que si el Gobierno no hubiera hecho nada los bancos hubieran ejecutado la RPA (Responsabilidad Patrimonial de la Administración), lo que hubiera supuesto un coste de casi 5.000 millones", advierten estas mismas fuentes.

¿Qué es la RPA? ¿Por qué existen?

Se tratan de unos instrumentos "que prevén una responsabilidad del Estado respecto de una infraestructura, e impide que las Administraciones Públicas puedan hacerse con una infraestructura sin coste alguno en el caso de que a la concesionaria le vaya mal", explica Miguel de la Fuente, que añade que las distintas RPA han servido "para que los bancos financiaran estas mismas obras, ya que éstas se pignoraban y servían como garantía última del propio proyecto", señala. Es decir, que las RPA eran un seguro público para la banca.

El pasado 24 de enero, el Gobierno aprobó una modificación de la legislación en materia de RPA, ya que las sentencias judiciales estaban obligando al Estado a hacerse responsable de unas deudas que en puridad correspondían a las concesionarias. Por ello, y "para evitar que el Estado acabe asumiendo dos veces el pago de la expropiación en beneficio del concesionario se reconoce al Estado, como resultado del pago por cuenta de otro, el derecho a subrogarse en el crédito del expropiado frente al concesionario". Es decir, que se reducía el nivel de responsabilidad a pagar por los contribuyentes. Todo un golpe a la banca, que tendría entonces que provisionar esa parte de la deuda que no vaya a cobrar.

¿Qué planea hacer el Gobierno?

El plan del Gobierno pasa porque "todo el mundo tenga que dejar pelos en la gatera", señalan fuentes conocedoras de la situación, pero evitando frentes judiciales con los afectados y sin que los mercados internacionales boicoteen a España por otra muestra más de inseguridad jurídica. Se creará una sociedad pública en la que se agrupen todas las autopistas rescatadas. Esta es una opción que ya se llevó a cabo en 1984, con la Empresa Nacional de Autopistas, que luego se privatizó en 2003. A la vez, se crearía un fondo de titulización mediante el que se emitirían bonos a 30 años con los que se pagarían las deudas pendientes, a los que se restarían las quitas correspondientes. De llevarse a cabo definitivamente, los bancos renunciarían a cerca de la mitad de sus cobros, así como las constructoras. Por su parte, las concesionarias lo perderían todo (más de 1.799 millones de capital).

Por su parte, la administración se quedaría con el derecho de uso de unas infraestructuras "que costaron bastante más". Esto lo haría de una forma que el desembolso no pasaría a contabilizar como déficit público (ya que los bonos emitidos no tendrían garantía del Estado). Esta solución plantea un problema en los bancos, que tendrían que provisionar más de 2.000 millones de euros en pérdidas. Sin embargo, fuentes financieras han explicado a 20minutos que se está estudiando un sistema alternativo de valoración de los bonos: "Su rentabilidad podría variar en función del tráfico, lo que abriría la puerta a que la banca no tuviera que provisionar dichas pérdidas", explican.

¿Había alternativas?

Como se señaló antes, la alternativa de no hacer nada suponía afrontar la ejecución de unos RPA que hubieran supuesto un coste de aproximadamente del doble de lo ahora propuesto. Sin embargo, organizaciones como la patronal de las autopistas han propuesto otras medidas, como cobrar peajes en las autovías. Con esta propuesta se recaudarían más de 10.000 millones a costa de los usuarios (y no del contribuyente), tal como reflejan sus cálculos.

¿Cuáles son y dónde están las autopistas de peaje afectadas?

Autopista AP-41 (Madrid-Toledo). Esta autopista, que se abrió en diciembre de 2006, fue la primera en declararse en quiebra en mayo de 2012 tras arrastrar una deuda de 530 millones de euros (380 millones a los bancos y 150 a los expropiados). Entre sus propietarios figuran empresas como Isolux, Comsa y Sando.

Radial 4 (Madrid-Ocaña). La autopista radial R-4 se declaró en concurso de acreedores en octubre de 2012, ya que las sociedades concesionarias no pudieron hacer frente a la deuda de 575 millones de euros. Las constructoras Cintra-Ferrovial y Sacyr y la antigua Caja Castilla-La Mancha están detrás de esta inversión. Su tráfico cayó un 16,4% (hasta 4.949 vehículos diarios) entre enero y septiembre de 2013.

Radial 3 (Madrid-Arganda) y Radial 5 (Madrid-Navalcarnero). La compañía Accesos de Madrid, que logró las concesiones de la R-3 y R-5 (participada por Abertis, Sacyr y ACS), declaró concurso voluntario de acreedores días después de hacerlo la R-4 para refinanciar la deuda de 666 millones contraída con los bancos.

Radial 2 (Madrid-Guadalajara). Henarsa, sociedad que ostenta la concesión de la R-2 madrileña, fue declarada en concurso voluntario de acreedores en septiembre de 2013 tras acumular una deuda financiera de al menos 450 millones de euros. Está participada por Abertis, ACS, Acciona y Globalvía. Es la autopista que más tráfico perdió en 2013, un 22,5%.

Autopista AP-36 Ocaña-La Roda. La empresa concesionaria —gestionada por Ferrovial, Sacyr y Kutxa— entró el concurso voluntario de acreedores en diciembre de 2012 —tras solicitarlo en octubre— al no poder hacer frente a un endeudamiento de 522 millones de euros que vencía a finales de ese año. En su momento se justificó su construcción por ser la alternativa de pago para llegar al Mediterráneo.

Circunvalación de Alicante. Se declaró en concurso de acreedores en el verano de 2013. La concesionaria Ciralsa reconocía así su situación de insolvencia al declarar un pasivo superior a los 400 millones de euros. Su tráfico en 2013 había disminuído un 7,3% (hasta los 5.293 tránsitos al día).

Autopista AP-7 Cartagena-Vera. La falta de tráfico —cayó un 3% solo en 2013— y la imposibilidad de atender el pago de intereses y los sobrecostes por obras y expropiaciones llevaron a Aucosta, la sociedad concesionaria —participada por Ploder, Globalvía (FCC y Bankia), Unicaja, BMN y CAM— a declararse en concurso de acreedores en febrero de 2013 con un endeudamiento total de unos 550 millones de euros.

Autopista AP-7 Alicante-Cartagena. Ausur, la sociedad que explota la infraestructura, aún no se ha declarado en concurso de acreedores pese a la importante deuda que mantiene con el consorcio bancario—Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Popular— que le concedió un crédito de 210 millones de euros. Los bancos creen que la única solución pasa por la nacionalización, pero los accionistas de Ausur están intentando renegociar la deuda. La autopista alcanzó su tráfico máximo en 2007, con 20.410 vehículos, y ha ido perdiendo usuarios hasta rozar los 17.000.

Autopista Eje Aeropuerto M-12. Esta vía, de la que la constructora OHL (propiedad de la familia Villar Mir) es titular al 100%, ha sido declarada en concurso de acreedores en enero de este año, con una deuda de unos 550 millones de euros.

¿Se podía evitar lo que ocurrió?

Todas las fuentes consultadas por este diario coinciden en que, restrospectivamente, las cosas se hicieron muy mal, si bien el optimismo y la euforia provocados por la burbuja inmobiliaria minimizaron las precauciones. Sin embargo, no faltan los estudios (como éste de la Asociación Libre de Economía) que inciden en la relación directa entre la actividad económica y el tráfico de las autopistas de peaje. Los autores concluyen así que "en etapas expansivas el crecimiento [del tráfico] supera el crecimiento del PIB y lo contrario ocurre en etapas recesivas".

Este otro estudio publicado por la Universidad Politécnica de Madrid concluyó que la metodología utilizada por las administraciones para prever los flujos de tráfico de autopistas radiales madrileñas se basó en un enfoque "muy simplificado y básico" y se utilizó un modelo de evaluación que "parece carecer de la profundidad que proyectos de estas características exigirían".

Más duras aún son las conclusiones de otro estudio universitario publicado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), que apunta directamente a un sistema concesional "viciado" y que peca de optimismo. Los autores del informe resaltan que "a la Administración le faltó prudencia a la hora de valorar objetivamente las ofertas presentadas debido a la fuerte presión política por adjudicar las infraestructuras cuanto antes, y al menor coste inicial posible —que no coste total en el ciclo de proyecto".


* 20 Minutos - NICOLAS M.SARRIES - 28.3.14
Foto: La autopista Madrid-Toledo, la primera del sector que ha presentado concurso de acreedores. (ARCHIVO)

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