El concejal de Urbanismo de Marbella declarará como imputado por no paralizar una obra a pie de playa

Evidentemente la corrupción urbanística actual en Marbella no es comparable a la existente hace unos años, lo cual no significa que el nuevo gobierno 'popular' no continúe con esa lacra social que ha transformado para mal la famosa ciudad. Ahora se trata de una serie de construcciones irregulares para un club realizadas sobre una superficie de más de 500 metros cuadrados a pie de playa. Gracias a un informe técnico se descubrió esta ilegalidad urbanística ya que no poseían licencia municipal para ello, pero el ayuntamiento no paralizó la obra con lo que el concejal quedó al descubierto. Además se encuentra dentro de la zona de protección del dominio público marítimo terrestre, al estar lindando con la playa y con zona de servidumbre de tránsito. Demasiadas ilegalidades sospechosas.
"SUR* : Un juzgado de Marbella ha abierto diligencias contra el concejal de Urbanismo, Pablo Moro, tras una denuncia que lo acusa de no haber actuado contra una obra supuestamente ejecutada sin licencia para construir un club de playa. El edil ha sido citado a declarar para finales de este mes en calidad de imputado.

La causa tiene su origen en un informe elaborado por técnicos de la delegación de Urbanismo tras la inspección realizada el pasado 16 de abril sobre unas obras realizadas en la zona de ocio Funky Beach, en la playa de El Pinillo, para la instalación de pérgolas, la construcción de una estructura de unos 200 metros cuadrados y la excavación para una piscina, que finalmente también se acabó construyendo sobre una superficie de 560 metros cuadrados.

Tras esta inspección, dos semanas después se levantó un acta, y el Servicio de Disciplina Urbanística emitió sendos informes técnicos el 25 y el 30 de abril en los que se advertía de la presunta ilegalidad en la que se estaba incurriendo.

Un informe jurídico elaborado también en el área de urbanismo advirtió posteriormente de que si bien las obras de demolición detectadas en las inspecciones contaban con licencia de obras, la instalación de las pérgolas se había ejecutado sin permiso.

El suelo afectado por esta actuación se encuentra clasificado como no urbanizable de especial protección y además está afectado por el límite de edificación por afección de carreteras e incluido en zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre.

Este informe jurídico caracterizaba las obras como una infracción continuada, y señalaba que se debía proceder a «ordenar la reposición de la realidad física alterada».

Según la documentación que obra en el juzgado donde se han abierto diligencias, en el área de municipal de Urbanismo se llegó a redactar una orden de paralización de las obras. Esta resolución, sin firma del concejal, es la base de la denuncia en la que se afirma que el edil no actuó con diligencia para acabar con una ilegalidad.

Denuncia

El documento llegó de forma anónima al grupo municipal socialista, cuyo representante legal presentó el pasado 11 de agosto una denuncia ante la Fiscalía en la que se asegura que Moro se abstuvo de cumplir con su deber como cargo público «beneficiando objetivamente a los propietarios del establecimiento infractor e incurriendo con ello en hechos que pudieran ser constitutivos de los delitos de cohecho y prevaricación». En opinión de los denunciantes, hay una inactividad flagrante por parte del concejal de Urbanismo. Posteriormente, el fiscal dio traslado al juzgado.

Consultado por este periódico, Pablo Moro aseguró ayer que su departamento tramitó no una sino dos órdenes de paralización de las obras, y que la querella tiene por ello «una base absurda». En relación al citado documento, al que no ha tenido acceso, sostiene que puede tratarse de una de las dos órdenes que firmó y que pudieron ser copiadas antes de que pusiera su rúbrica al pie.

El edil indicó que como consecuencia del seguimiento de estas obras que se hizo desde el departamento de Disciplina Urbanística, se ordenó una primera paralización, se demolió una parte de las obras y se permitió seguir adelante una vez que la actuación contó con los permisos necesarios.

Moro atribuyó la querella a la «guerra sucia» y al «vale todo» con que en su opinión trabaja el grupo socialista, y explicó que se ha dado traslado al juzgado de todo el expediente, por lo que aseguró queuna vez que el juez analice toda la información la causa se acabará archivando.


* SUR - HÉCTOR BARBOTTA - 13.10.14
Foto: El concejal de Urbanismo, Pablo Moro, y la alcaldesa - sur

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La Fiscalía ve indicios de delito en una expropiación en Gernika

El exedil de Urbanismo, de EA, del Ayuntamiento de Gernika (Vizcaya) fue imputado por su actuación de expropiación ilegal de un solar en la pasada legislatura, hace ya 7 años. A pesar de que el caso ya lleva unos 3 años en manos de la Fiscalía, hasta ahora no se ha sabido nada de las indagaciones judiciales, algo que resulta incomprensible y muestra una ocultación deliberada a la opinión pública. Las maniobras del ejecutivo gernikarra no quedaron ahí, ya que el fiscal identifica la posible comisión de un delito de falsedad documental por la alteración de los documentos oficiales con los que trataron de encauzar el proceso expropiatorio. Un turbio asunto urbanístico del que se debería haber informado antes y con detalle.
"DEIA* : Ha permanecido oculto en el Ayuntamiento de Gernika durante años, lejos del debate político y sin que los afectados hayan aireado el asunto. Sin embargo, esta semana ha salido a la luz una opaca actuación urbanística de la administración local en Santa Ana Goian. Con el exedil de Urbanismo de EA entre 2007 y 2011, Julen Galarza, imputado en el caso, y la posibilidad de que el asunto salpique a más responsables municipales en un futuro, un escrito de la Fiscalía ha avalado la existencia de indicios de la comisión de sendos delitos de expropiación ilegal y falsedad documental.

La denuncia del ministerio público, datado en 2011 pero del que se ha tenido conocimiento ahora, relata los hechos que rodearon la expropiación efectiva -que no legal- de un solar en la pasada legislatura. El germen del asunto, sin embargo, hay que buscarlo en el proyecto de urbanización y la ejecución de las obras de una parcela contigua, que hoy en día alberga viviendas. Tras pasar por otras instancias judiciales, actualmente se instruyen diligencias previas por la vía penal en el Juzgado de la villa.

Sin que los afectados fueran advertidos previamente, la Fiscalía apunta que fue en octubre de 2007 cuando el Ayuntamiento de Gernika “ocupó” unos terrenos que ya tenían dueño, y no solo los precisos para construir un muro de contención entre ambas parcelas -como definía el proyecto primigenio-, sino para habilitar unos taludes ajardinados “que ocupaban un mayor espacio, y por ende suponían una mayor ocupación”. La obra que ocupaba dichos terrenos concluyó “a mediados de 2008”.

Pero no fue hasta diciembre de 2009 cuando el Ayuntamiento trató de dar un barniz de legalidad a la ocupación. Y es entonces cuando entra en juego otro documento clave en el caso: el anexo II del proyecto de urbanización que, aunque a hechos ya consumados, incluyó cambios en el plan constructivo. De forma paralela también echa a andar un expediente de expropiación forzosa. Un decreto de alcaldía, un trámite que debe de realizar de puño y letra un primer edil, da luz verde a ambos actos administrativos.

Esos hechos tendrían “encaje en la figura de delito de expropiación ilegal”, apunta el ministerio público. No en vano, “se aprecia indiciariamente en la realización de las obras sobre un terreno cuya titularidad no era propia -aunque sí conocida- y todo ello al margen del procedimiento previsto”, apunta sobre una actuación administrativa que, “en todo caso, se inició una vez culminadas dichas obras”. Es más, la documentación aportada por el propio Ayuntamiento de Gernika, que en aquellos momentos estaba en manos de EA y la izquierda abertzale, también reconocería esa situación. La denuncia avala los intentos de los afectados por buscar soluciones al problema. Una propuesta de convenio les “fue entregada” en marzo de 2009, “esto es, mucho después de finalizadas las obras y antes del decreto” de alcaldía que abrió un proceso expropiatorio que hoy en día está en tela de juicio.

Las maniobras del Ejecutivo gernikarra no quedaron ahí, ya que la Fiscalía identifica la posible comisión de un delito de falsedad documental por la alteración de los documentos oficiales con los que trataron de encauzar el proceso expropiatorio. Y es que “a fin de dotar de una cobertura de legalidad a lo realizado, se procedió a antedatar” el citado anexo del proyecto de urbanización, indicando que su redacción había tenido lugar en 2007 -es decir, antes de la conclusión de la obra- cuando en realidad su redacción y posterior aprobación definitiva aconteció en 2009.

Igualmente, y a la vista de la documentación aportada por el Ayuntamiento en el procedimiento civil y en el proceso contencioso-administrativo que durante los últimos años se han seguido en diferentes tribunales, el ministerio público advierte de la existencia dos anexos II al proyecto de urbanización. Con diferencias apreciables “a simple vista” entre uno y otro documento del plan constructivo, pero que portaba una misma identificación, la Fiscalía apunta que la modificación podrían tener un fin concreto: “expropiar unos terrenos concretos y su capacidad o superficie”, pudiendo dar de esta forma soporte a la actuación del Consistorio de la localidad foral.

Hasta la fecha, y a pesar de que han sido varias las personas con responsabilidades durante los últimos diez años en el Consistorio gernikarra que han declarado en los tribunales -entre ellas el que hasta 2007 fuera edil de Urbanismo, Juan Félix Arejita, con el PNV-, tan solo está imputado un exconcejal, Julen Galarza. Permaneció en su cargo desde 2007 a 2011 con EA y, al poco de arrancar la presente legislatura con Bildu, abandonó su puesto.


* Denia - Imanol Fradua - 12.10.14
Foto: Espacio de Santa Ana Goian de donde arranca el litigio judicial que mantiene el Ayuntamiento de Gernika. (I.Fradua)

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Córdoba descubre que la Iglesia también inmatriculó plazas públicas

Que la Iglesia Católica ha hecho y deshecho lo que le ha venido en gana desde hace siglos no es ninguna novedad, así ha vuelto a suceder en Córdoba donde, además del controvertido asunto de la Mezquita-Catedral, ahora surgen nuevos datos que confirman el abuso ilegítimo que ha estado haciendo al conocerse que 2 plazas públicas, y varios edificios en ellas, han sido registradas bajo su propiedad. El tema puede parecer una anécdota pero la realidad es que tras esas inmatriculaciones hay unas cifras económicas suculentas que con esta declaración pasan a ser privadas cuando deberían ser, lógicamente, de propiedad pública. Por supuesto, como suele ocurrir, nadie de la Iglesia Católica da explicaciones y el Ayuntamiento parece poco dispuesto a exigirlas, como debería ser su obligación al servicio de todos.
"ELDIARIO* : El debate sobre la apropiación que la Iglesia realizó sobre la Mezquita-Catedral inscribiéndola a su nombre en el Registro de la Propiedad gracias a un artículo franquista de la Ley Hipotecaria se ha reabierto con nuevos hallazgos. Se acaba de conocer que la Iglesia también ha inmatriculado como propias dos plazas de uso público y varias edificaciones en esos espacios de Córdoba.

Se trata, por un lado, del Triunfo de San Rafael y la plaza del mismo nombre que lo alberga, un espacio de unos mil metros cuadrados junto a la Mezquita-Catedral. Este espacio aparecía en el inventario municipal de patrimonio público y, a la vez, en documentos del Archivo Municipal que señalan cómo en 1850 fue donado al municipio. Sin embargo, se acaba de conocer que el Cabildo Catedralicio de Córdoba lo inscribió a su nombre en el Registro de la Propiedad en abril de 2011, haciendo uso de la Ley Hipotecaria que le concede la potestad de inmatricular un bien sin presentar título de propiedad y sólo con que el Obispo de fe de su posesión.

Por otro lado, también se ha descubierto ahora la inmatriculación de la Plaza de la Fuensanta, un espacio de 4.460 metros cuadrados que alberga además una iglesia, la casa del párroco, jardines y el Pocito –una edificación de gran tradición en este popular barrio de Córdoba-. El Cabildo Catedralicio lo inscribió a su nombre en el Registro de la Propiedad en febrero de 1987 siguiendo también la Ley Hipotecaria pero, un año antes de que la reforma de Aznar permitiera que la Iglesia inmatriculara también templos. Sin embargo, la inscripción de este espacio que incluye una iglesia fue posible porque en la descripción de la finca inscrita no se hace referencia específica a la parroquia.

Ambos espacios, la plaza del Triunfo de San Rafael y la plaza de la Fuensanta, son espacios de uso público en los que tradicionalmente se vienen celebrando actividades vecinales con permisos otorgados por el Ayuntamiento, que también se ha encargado de financiar años atrás obras de restauración y acondicionamiento de ambos lugares.

Y ante estos hallazgos, adelantados por Diario Córdoba, el debate sobre las inmatriculaciones de la Iglesia en Córdoba ha dado un nuevo giro al desconocerse hasta ahora la apropiación sobre bienes y espacio de uso público. El Ayuntamiento, de momento, ha encargado un informe para averiguar si el Triunfo de San Rafael, que aparecía en el inventario de bienes municipales, es de propiedad pública.

El alcalde, José Antonio Nieto, ha destacado que estas inmatriculaciones se han hecho antes de que él ostentara dicho cargo y quiere esclarecer si ha habido errores en el inventario municipal de bienes, un registro que "se corregirá y se procederá conforme a la lógica y el sentido común". Aduce, en ese sentido, que en otros documentos municipales como el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Córdoba figura "con toda claridad" que el Triunfo de San Rafael era el Obispado. Y sobre el otro espacio público inmatriculado, la plaza de la Fuensanta, el alcalde no ha llegado a pronunciarse.

Silencio del obispo y preguntas de la oposición municipal

Preguntado al respecto sobre estas inmatriculaciones el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, sólo ha dicho que "la Iglesia siempre cumple la ley", sin entrar en ninguna otra valoración sobre las inscripciones hechas sobre espacios de uso público. Tanto él como el presidente del Cabildo Catedralicio, Manuel Pérez Moya, fueron preguntados por los periodistas a este respecto pero se negaron a informar sobre ello aludiendo a que no era el momento para hablar del tema antes de la inauguración de una exposición en la que participaban ambos.

Desde la oposición municipal, las respuestas ante estas inmatriculaciones también han llegado. IU ha exigido al alcalde que defienda "los intereses municipales y no los de la Iglesia" y que, en ese sentido, se investiguen todos los espacios y monumentos que hayan podido ser inmatriculados por la Diócesis cordobesa.

Por su parte, desde el PSOE, el senador Juan Pablo Durán ha registrado una pregunta al Gobierno central en la que solicita el listado de bienes inmatriculados desde 1998, al amparo del artículo 206 de la ley y del 304 del reglamento hipotecario, no sólo en Córdoba sino "debidamente desglosado por años, provincias y por naturaleza de los bienes inmatriculados".


* El Diario - Carmen Reina - 7.10.14
Foto: Vista de la plaza y el Triunfo de San Rafael de Córdoba - el diario

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Asturias.- SOS por la expansión de un urbanismo a la norteamericana

Son conocidas las diferencias de 2 modelos de crecimiento urbanístico: el latino, de carácter compacto y unitario; y el anglosajón, más disperso y naturalizado. Ambos modelos tienen sus ventajas e inconvenientes, aunque actualmente, debido al enorme aumento poblacional, se tiende más hacia el primer modelo, que tiene la ventaja de ocupar menos territorio (en mayor altura) y permitir, todavía, ciertos espacios libres. En Asturias se corre el peligro de una cierta dispersión de núcleos urbanos, según han advertido estudios de la Universidad, alertando sobre el nacimiento de una gran metrópoli central con hasta tres núcleos de idéntica jerarquía. El desarrollo de una urbe al estilo estadounidense complicará más aún la gestión de los servicios públicos, algo que incidirá negativamente en la calidad de vida de sus habitantes.
"PABLO ZARIQUIEGUI* : Cada vez más familias asturianas optan por establecer su residencia en entornos semirrurales o urbanizaciones cercanas a los grandes núcleos poblacionales de Oviedo, Gijón y Avilés. La Universidad de Oviedo ha lanzado ya un SOS por el crecimiento de este modelo de desarrollo a la americana.

El estudio Análisis de la situación y perspectivas demográficas del Principado, coordinado por Fernando Rubiera, del Laboratorio de Análisis Económico Regional de la Universidad de Oviedo (Regiolab), llama a tomar cartas en el asunto para corregir esta tendencia.

El informe, primero de una serie encargada por el Gobierno de Asturias, destaca que la ausencia de una coordinación urbanística en Oviedo provoca que algunos municipios, especialmente bien situados en el área central, hayan desarrollado "políticas agresivas" que incentivan un modelo de desarrollo típico de países como Estados Unidos. Pequeñas viviendas unifamiliares que se ubican en espacios semirrurales o urbanizaciones emplazadas a solo unos kilómetros de Oviedo, Gijón o Avilés salpican cada vez con más frecuencia el mapa central de Asturias. ¿La consecuencia? El nacimiento de una metrópolis policéntrica. Dicho de forma más sencilla, la zona central de Asturias ya no tiene un único centro sino que empieza e emerger un área con dos o tres centros de parecida magnitud.

Los expertos de Regiolab subrayan que, si esta conducta aún no generalizada sigue extendiéndose, puede tener consecuencias sobre el uso del suelo, la intensidad en la utilización del automóvil privado como medio de transporte, el coste de los servicios públicos y la accesibilidad sanitaria y educativa.

METRÓPOLI POLICÉNTRICA
Más en concreto, el modelo urbanístico de Asturias, a juicio de estos expertos, presenta dos rasgos complejos sobre los que es necesario reflexionar. De un lado, un problema de dispersión residencial, tradicional en el ámbito rural, pero que está emergiendo con fuerza en el entorno urbano del área central. De otro y relacionado con el primero, la existencia de un modelo metropolitano policéntrico en el centro de la región con varios núcleos de casi igual importancia.

Los especialistas de Regiolab recuerdan que la dispersión puede producirse tanto en entornos rurales como urbanos. En el ámbito rural, depende más de la orografía, el clima y la actividad económica. En el ámbito urbano, guarda más relación con los estilos de vida.

Muchas grandes metrópolis --señala el estudio-- tienden a crecer con modelos residenciales de viviendas similares a los de las grandes urbes estadounidenses. "Si este modelo se extiende, la ciudad se expande enormemente y genera grandes problemas de gestión urbana", asegura el informe. ¿Resultados? El uso del vehículo privado se incrementa, se invaden recursos medioambientales y se dificulta enormente la prestación de servicios públicos básicos como el transporte público, el suministro de agua o energía, la recogida de residuos o el acceso a la sanidad y la educación.

El informe de la Universidad de Oviedo señala que en el caso de Asturias la dispersión es especialmente llamativa en el área central de Asturias hasta el punto de ser equivalente a la de las grandes metrópolis norteamericanas. Las ciudades europeas, que han crecido principalmente antes de la generalización del automóvil, son por esta razón núcleos compactos.

Dentro de España solo algunas ciudades turísticas del mediterráneo han evolucionado con una "preocupante dispersión invasora" de la costa. Madrid y Barcelona presentan también barrios periféricos que reproducen modelos similares a las ciudades estadounidenses. Este fenómeno, sin embargo, no llega a ser relevante en otras urbes de menor tamaño como Sevilla, Bilbao, Valencia o, ya más cerca, Santander o Coruña.

El área central de Asturias está viendo emerger, concluye el estudio, una gran metrópoli, fruto de la integración de tres ciudades y varios núcleos poblacionales de su entorno. A diferencia de Valencia o Bilbao, esta ciudad enorme no tiene un único centro sino dos o tres de idéntica jerarquía.


* Asturias 24 - PZ - 3.10.14
Foto: Asturias, evolución_de_la_dispersión_urbana - regiolab



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El alcalde y el edil de Urbanismo de Alcanar, detenidos por corrupción

De nuevo un Ayuntamiento ha sido registrado por incumplimiento de las leyes y los máximos responsables, el alcalde y el concejal de Urbanismo (ambos de ERC), detenidos en la operación contra esta trama mafiosa que gobernaba el pueblo costero de Alcanar (Tarragona). La investigación del caso se remonta a 2008 para rastrear los amaños ilegales en la adjudicación de los concursos de obras públicas por parte de los implicados municipales, favoreciendo a una serie de empresarios 'amiguetes', que también han sido detenidos en la misma operación. Como se vuelve a ver el color político es independiente de la corrupción urbanística y los siempre críticos de Esquerra Republicana de Catalunya ahora deberán tragarse sus palabras y admitir ante los ciudadanos que ellos son también culpables en algunos de los ayuntamientos que gobiernan. Sería necesaria esa regeneración ética en la política habitual que tanto daño está haciendo en todas las autonomías.
"ELPAÍS* : La Guardia Civil detuvo ayer por presunta corrupción al alcalde de Alcanar (Montsià), Alfons Montserrat (ERC), al regidor de Urbanismo, Manel Martí (ERC), y a tres empresarios locales. Todos ellos están acusados de delitos contra la Administración Pública, entre los que se encuentran prevaricación, malversación, tráfico de influencias y alteración de concursos públicos, explicaron fuentes policiales.

ERC dirige el Consistorio en minoría y la oposición está formada por CiU, PSC y PP, con tres concejales por partido.

Los empresarios son constructores locales que han realizado obras para el Ayuntamiento. Los tres quedaron en libertad por la tarde tras ser interrogados por la Guardia Civil. Dos se negaron a declarar y el tercero contestó a las preguntas de los agentes. La Guardia Civil les atribuye delitos de falsedad documental, alteración de precios en concursos públicos y fraude fiscal. Los agentes también registraron tres inmuebles vinculados a sus empresas.

La Guardia Civil registró también el Ayuntamiento. Una treintena de agentes accedieron a las dependencias del Consistorio en busca de pruebas de presuntos delitos continuados contra la Administración de Justicia y la Hacienda Pública, demás de buscar datos de una trama organizada para perpetrarlos. El juzgado de Instrucción 4 de Amposta (Montsià) y la Fiscalía de Tortosa (Baix Ebre) investigan el caso.

Los agentes centraron el registro en las áreas de Urbanismo y Servicios Técnicos. La investigación policial buscaba pruebas de una posible manipulación continuada en el tiempo (2008-2013) de concursos públicos de obras de la localidad, entre los que se encuentran la urbanización de calles, adecuación de edificios públicos y la concesión de licencias de obras y la compra de una finca en Mas d’En Serra. El 21 de noviembre del año pasado la Guardia Civil ya irrumpió por sorpresa en el Ayuntamiento de la localidad en busca de pruebas. Los agentes requirieron abundante documentación ligada a proyectos urbanísticos. Permanecieron seis horas en el Consistorio, del que se llevaron 18 cajas de documentación sobre contratos, facturas, adjudicaciones y licencias de obras.

La operación se realizó a requerimiento del juez que tramitaba una denuncia interpuesta por un vecino que acusaba al Ayuntamiento de presuntas irregularidades en la gestión y adjudicación de entre 15 y 20 proyectos urbanísticos. Se trataban de obras de diversa índole, como las actuaciones en las instalaciones deportivas del núcleo de Les Cases d’Alcanar, las obras de un albergue o la compra de los terrenos en los que se encuentra el poblado ibero de Sant Jaume-Mas d’en Serrà, explicó el alcalde, Alfons Montserrat. “Esta finca rústica la compramos porque en ella se encuentra el poblado íbero. Costó 22.000 euros y nos han denunciado por sobreprecio”, afirmó Montserrat. “Si andas por Alcanar te das cuenta que han denunciado prácticamente todo lo que hemos hecho en materia urbanística desde que empezamos a gobernar”, aseguró entonces el alcalde.


* El País - MERCÈ PÉREZ PONS - 16.10.14
Foto: Alcanar (Tarragona), playa y pueblo - turismo



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La Xunta ignora al Consello da Cultura y defiende su hotel en un castillo protegido

El Consello da Cultura ha dado un fuerte varapalo a la Xunta de Galicia por intentar transformar el Castillo de Monterrei (Ourense), catalogado como BIC, en un hotel de lujo. Entre otras cosas el informe del Consello hace hincapié en que ya existe un Parador a escasos 400m del lugar, cercano al municipio de Verín, que ya tiene problemas para sostenerse económicamente y que, además, el conjunto histórico del Castillo de Monterrei debe ser preservado como tal, por su gran valor arquitectónico y cultural. Pero la Agencia de Turismo, dependiente del propio presidente de la Xunta, Feijoo, parece tener otros intereses crematísticos y ya ha comenzado por su cuenta las obras, haciendo caso omiso del largo informe negativo del Consello. También los ciudadanos de la comarca han mostrado su oposición a los intereses espurios de la Xunta y han iniciado movilizaciones al respecto.
"ELPAÍS* : El Gobierno de Feijóo no parará las obras ni un minuto para “reflexionar”, como le pidió el Consello da Cultura Galega, después de conocer el informe que este organismo emitió, la crítica más contundente que ha recibido la Xunta desde que se empeña en hacer del Castelo de Monterrei un hospedaje que luego pondrá en manos de Paradores. El Consello publicaba un informe de 118 páginas en el que echaba por tierra los argumentos de la Axencia de Turismo, directamente dependiente de Presidencia, para transformar los edificios más singulares de este conjunto declarado Bien de Interés Cultural en alojamiento para visitantes con posibilidades económicas.

La institución pedía que se parasen las obras adjudicadas a Dragados mientras no se tuviesen en cuenta los consejos de su informe, y reclamaba al Gobierno gallego que revisase “el destino para uso hotelero”. Esto lo basaba, entre otras cosas, en que “ya existe un edificio destinado a este fin a 400 metros”, el actual Parador de Verín, “que tiene problemas para sostenerse” (pasa buena parte del año cerrado por falta de turistas) y para el que el Consello recomendaba “un plan de viabilidad”.

Pero la Xunta seguirá adelante, insiste en un comunicado oficial, porque está convencida de que este nuevo parador que no va a tener más que 13 habitaciones está llamado a ser un “establecimiento de referencia internacional de cuatro estrellas, abierto los 365 días del año”. Y avisa: “Este uso turístico es el único compatible con la conservación del conjunto histórico, ya que permite que la inversión económica pueda ser sostenible al generar unos ingresos garantizados en el tiempo”. El futuro parador de Monterrei, que pretende inaugurar Feijóo en el próximo Entroido, “pondrá en valor” uno de los monumentos “más importantes de Galicia” y generará “empleo y riqueza en la comarca”. Según el Gobierno, existe un estudio económico de viabilidad en el que se basa, pero los vecinos, contrarios a que se “usurpe” a la sociedad un inmueble que el Estado cedió para usos cívicos y culturales, no han logrado que se lo facilite. “En cuanto al actual parador de Verín” (que el Consello sugería reactivar) “su reforma requeriría una nueva inversión pública que se sumaría a la del castillo con el correspondiente dispendio”, responde la Xunta.

Turismo insiste en que “el 83% de la superficie y la totalidad de los espacios exteriores podrán ser visitados por los ciudadanos”. Pero la Plataforma Cidadá pola Defensa do Castelo ha hecho sus propios cálculos y cree que la Xunta hace la cuenta tomando como base la superficie total de la acrópolis, que no le pertenece, porque de los edificios más monumentales, donde promueve las obras, “el 80% será para el hotel”.

El Consello dedicaba buena parte de su informe a defender que el enclave medieval “es un ejemplo del arraigo que se da entre la ciudadanía y su patrimonio, del que es depositaria y con el que tiene unos importantes lazos de identidad”. “Esa ciudadanía no quiere cualquier destino para su patrimonio”, recordaba a continuación a la Xunta, que actuó en todo momento de espaldas al pueblo, mayoritariamente contrario a que se haga un hotel en el castillo público.


* El País - Silvia R.Pontevedra - 14.10.14
Foto: Castillo de Monterrei / NACHO GÓMEZ

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La ruina del AVE: tras 22 años en marcha los ingresos no cubren ni un tercio de la inversión

Desde este blog ya hemos criticado en numerosas ocasiones el terrible despilfarro público acontecido con las nuevas líneas del AVE en este país. Desde que en 1992 se inaugurara el Madrid-Sevilla hasta la construcción de radiales y otros trazados sin sentido, o la estupidez de que cada capital de provincia tuviera su lujosa estación de AVE. Que un país mediano, en todos los sentidos, como España, tenga la mejor y mayor línea de Tren de Alta Velocidad de Europa y la 2ª del mundo (tras China) en km totales, es un disparate propio de una novela de ciencia-ficción. Los altos responsables todavía están esperando un juicio justo por ese tremendo delito contra la razón y la Ordenación del Territorio. Mientras tanto la red AVE acumula una inversión superior a los 47.000 millones de euros desde su puesta en marcha mientras que los ingresos apenas superan los 14.200. Un sinsentido 'insostenible'.
"RAÚl POZO* : La alta velocidad está siendo una de las grandes apuestas del Gobierno para revitalizar la inversión en obra pública. Sin embargo, cada vez será más difícil que el Estado rentabilice la inversión en una red cuyo mastodóntico coste se aleja cada vez más de los ingresos que logra obtener por su explotación.

Desde que se puso en marcha el AVE, con la apertura al tráfico de la línea Madrid-Sevilla, la inversión se ha disparado por encima de los 47.000 millones de euros, mientras que los ingresos apenas han superado los 14.200 millones.

Es decir, la cantidad recaudada por la venta de billetes no cubre ni siquiera un tercio de la inversión que se ha realizado hasta este momento. Y al ritmo actual de incremento del número de pasajeros, aún deberían transcurrir 40 años para llegar a amortizar la inversión aunque se diera la red por concluida, algo que está lejos de suceder, dado los planteamientos del Ministerio de Fomento.

Actualmente, la obra en curso del gestor de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) asciende a más de 12.500 millones de euros, a los que hay que sumar los costes de mantenimiento de los cerca de 2.300 kilómetros que actualmente se encuentran en funcionamiento.

Otra lectura de estas cifras es que hubiera hecho falta el triple de pasajeros que ha empleado las líneas de larga distancia y alta velocidad para poder amortizar la inversión realizada durante las últimas dos décadas.

Sin comparación con Alemania y Francia

Pero este capítulo también va a ser complicado. El pasado año, Renfe logró su un registro histórico de 24 millones de pasajeros de larga distancia y alta velocidad. Pero son cifras que quedan en ridículo si se comparan con los 160 millones de pasajeros que registró Alemania, con una red de alta velocidad con la mitad de kilómetros que la española.

Y tampoco admiten paralelismo alguno con las que exhibe Francia, con 120 millones de viajes en 2013, con una red aún más pequeña que la alemana.

Con estas cifras no son de extrañar las palabras pronunciadas la pasada semana por el presidente de Adif. En un desayuno informativo organizado por Executive Forum, Gonzalo Ferre admitió que la red de alta velocidad en España “no tiene ni pies ni cabeza” con tan sólo 24 millones de pasajeros. “Es insostenible”, remarcó Ferre para después admitir que “vamos a necesitar mucha imaginación para hacerla rentable”.

Una red insostenible

Los números justifican las palabras de Ferre. Desde que se abrió la primera línea de AVE, la cifra de pasajeros ha superado los 388 millones, lo que ha resultado tremendamente insuficiente para hacer rentable ninguna de las líneas que actualmente está en funcionamiento.

Además, cabe añadir que las tasas media de ocupación y aprovechamiento de los trenes no supera en ninguno de los ejercicios el 70%.

Los esfuerzos de Renfe Operadora por incrementar la cifra de pasajeros se han visto reflejados en estrategias como una notable reducción del precio de los billetes y la incorporación de nuevos servicios como los denominados vagones silenciosos, en los que no está permitido el uso de dispositivos móviles.

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha mostrado repetidamente su satisfacción por el hecho de que la cifra de pasajeros de larga distancia y alta velocidad se haya incrementado y que tenga como horizonte inmediato la cota de 28 millones de pasajeros. Sin embargo, para el presidente de Adif no es suficiente.

¿22 millones más en cuatro años?

Gonzalo Ferre estima que la red debería contar con el doble de pasajeros de los que actualmente se registran en los próximos cuatro años. El objetivo sería alcanzar los 50 millones para 2018 o, como mucho, para 2019.

Una meta que se corresponde más con los deseos que con una realidad palpable. Bien es cierto que la entrada en servicio de cerca de 1.000 kilómetros más de trayectos de alta velocidad contribuirá a aproximarse al objetivo.

Pero tampoco escapa a nadie que, igualmente, volverá a poner en lugar inalcanzable la ansiada rentabilidad.


* VozPópuli - RP - 13.10.14
Foto: AVE no, Tren sí - ecologistasenaccion.org



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Madrid.- El Supremo anula la sentencia que tumbó la Operación Calderón

El TSJM anuló en su sentencia de 2012 el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid (entonces y ahora, en manos del PP) del 29 de diciembre de 2009 que validaba la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de 1997 en el ámbito del estadio Calderón y la antigua fábrica de cerveza Mahou. Ahora, en una nueva vuelta de tuerca, el Tribunal Supremo anula esa sentencia de hace 2 años por lo que obliga a repetir el proceso judicial. La situación en este momento ya es distinta, pues se está haciendo un nuevo Plan urbanístico en ese ámbito y, además, hay una nueva Ley comunitaria, pero la gravedad de lo ocurrido marcará el futuro de la zona. Es impresentable la disparidad de criterios judiciales en estos asuntos urbanos graves y todo se debe a la falta de interés de la justicia en solucionar 'urgentemente' el Urbanismo ilegal. No se puede permitir que se aduzca falta de medios judiciales en unos temas que afectan a tantos ciudadanos que, al final, son los que pagan las irregularidades de las distintas administraciones implicadas.
"ELPAÍS* : El Tribunal Supremo anuló el pasado 2 de octubre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que envió al limbo la operación urbanística diseñada por el Atlético de Madrid y el Ayuntamiento de la capital para tirar abajo el estadio Vicente Calderón y construir en su lugar 2.000 viviendas. El fallo del Supremo estima el recurso de la cervecera Mahou, que forma parte de la operación (su antigua fábrica, junto al campo de fútbol, ya ha sido derruida y sobre ese suelo se construirán parte de las viviendas) pero a la que el TSJM no permitió participar en el proceso judicial.

El tribunal estima el recurso de la cervecera y obliga al TSJM a repetir el proceso desde el principio; no entra a juzgar así el fallo emitido el 20 de enero de 2012. En cuanto al futuro de la operación urbanística, la decisión del Supremo lo allana al dar una segunda oportunidad para lograr su visto bueno judicial, cuando además ha cambiado la legislación autonómica que llevó a los magistrados a anularla hace dos años. Además, como ha recalcado el Ayuntamiento, el Supremo no suspende las actuaciones en marcha. El gobierno municipal (PP) está tramitando ya un nuevo plan urbanístico en el ámbito, que prevé la construcción de dos rascacielos de 36 pisos, ocho bloques de pisos y un gran parque.

El TSJM anuló en su sentencia de 2012 el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid (entonces y ahora, en manos del PP) del 29 de diciembre de 2009 que validaba la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de 1997 en el ámbito del estadio y la antigua fábrica de cerveza. En opinión de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, la operación no se ajustaba a derecho al permitir la construcción de torres de viviendas de hasta 17 pisos cuando la ley regional prohibía edificar más de cuatro alturas.

El Ayuntamiento, gobernado entonces por Alberto Ruiz-Gallardón (PP), firmó en 2008 un convenio con el Atlético de Madrid para que se trasladara al estadio municipal de La Peineta, “infrautilizado” y “en un importante estado de deterioro”, según el propio gobierno municipal, desde su inauguración en 1994. El club se comprometió a comprar la parcela de San Blas sobre la que se asienta La Peineta (por 41,2 millones), a derruir el estadio y hacer otro nuevo (con un presupuesto de 195 millones).

Para pagarlo, el Atlético se alió con Mahou y firmó en junio de 2010 un acuerdo con Fomento de Construcciones y Contratas; esta empresa se encargaría de derribar el Vicente Calderón y la cervecera para levantar 2.000 viviendas en su lugar, y de derribar La Peineta y construir el nuevo estadio sobre esa parcela. Además, soterraría el tramo de la autovía M-30 junto al Calderón para completar el parque Madrid Río (la constructora asumiría un 57% del coste, estimado entre 80 y 150 millones; el resto, correría a cargo del Ayuntamiento).

El Ayuntamiento aprobó en octubre de 2009 la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para reformar el área, con los votos del PP (que tenía, como ahora, mayoría absoluta) y la abstención de socialistas e IU (UPyD no tenía entonces representación en el pleno municipal). El Gobierno regional sancionó el proyecto dos meses después, pero la Asociación Señales de Humo (integrada por seguidores del Atlético de Madrid críticos con la gestión del club) lo recurrió judicialmente.

El TSJM le dio la razón en virtud al incumplimiento de la limitación de alturas. La expresidenta regional Esperanza Aguirre (PP) había añadido en 2007 un artículo (el 13) a la Ley del Suelo aprobada en 2001 por Gallardón (entonces al frente del Gobierno autonómico). Rezaba: “No podrá edificarse con una altura superior a tres plantas más ático (...). No obstante, los Ayuntamientos podrán autorizar la construcción de edificios singulares con una altura superior, cuando concurran circunstancias especiales debidamente apreciadas y motivadas”.

Para mitigar el impacto, Aguirre incluyó una disposición transitoria: la limitación solo sería de aplicación en los planes urbanísticos aprobados a partir de la entrada en vigor de la norma. Es decir, todos aquellos que ya contaran con el visto bueno municipal, aunque fuera provisional, podrían seguir adelante sin restricciones.

Cuando el TSJM tumbó la operación urbanística al considerar que las torres de hasta 17 pisos proyectadas incumplían esta disposición, Aguirre se negó a cambiar la ley. El Ayuntamiento, el club y la cervecera recurrieron entonces ante el Supremo. Pero Aguirre dejó la presidencia regional en septiembre de 2012, y fue sustituida por su hasta entonces ‘número dos’, Ignacio González. Este incluyó en abril de 2013 en la Ley de Patrimonio Histórico un nuevo párrafo que alteraba la mencionada disposición transitoria de la Ley del Suelo aprobada por Aguirre: “En todo caso, no será de aplicación dicha limitación al suelo que estuviera clasificado como urbano antes de la entrada en vigor de la Ley 3/2007, ni a las futuras modificaciones o revisiones de planeamiento que se tramiten sobre el mismo ni a los instrumentos de planeamiento de desarrollo que afecten a dicho suelo”.

La limitación de alturas de Aguirre dejó así de afectar al suelo que ya era urbano en el momento de la aprobación de la ley, se hiciera lo que se hiciera en él. Es decir, dejó de afectar a la operación del Calderón. La sentencia del TSJM ya estaba dictada, pero la intención del Ayuntamiento y del club era que el Supremo sí tomara en cuenta este cambio normativo. Ahora el Supremo ha obligado al TSJM a repetir el proceso judicial desde cero, debido eso sí a un defecto no relacionado con el fondo del asunto. El Ayuntamiento confía en que los magistrados tengan en cuenta ahora, en la repetición del proceso, el nuevo cambio normativo: “Habrá que esperar a lo que determine la nueva sentencia del TSJM tras emplazar a Mahou, pero se debe tener en cuenta que la cuestión de fondo ha sido resuelta por la propia legislación de la Comunidad de Madrid, al haber introducido en 2013 una modificación en la regulación de las alturas, dejando claro que esta limitación de altura sólo se aplicará a los nuevos desarrollos de suelo urbanizable, nunca a aquellos que se lleven a cabo en suelo urbano, que es el caso, como se ha dicho, de los suelos del ámbito”.

Sin embargo, el abogado de Señales de Humo, Francisco Estévez, cree que el TSJM debe atenerse a la legislación anterior al cambio para juzgar su demanda, y recuerda que ni ellos ni el Ayuntamiento ni el club pueden cambiar sus posiciones. Mahou, sin embargo, si puede dar la suya y aludir al cambio legal en ella.

El Ayuntamiento prevé que las obras en el ámbito se realicen en tres fases: comenzarán el año que viene, cuando estén concluidos todos los trámites administrativos y si la justicia lo permite, y estarán concluidas en 2022 o 2023. Se iniciarán en el área más apartada del río, que ya está completamente urbanizada, para que FCC pueda ir comercializando los bloques a medida que se concluyan y así aliviar el coste de esta obra y de La Peineta. El Atlético tiene previsto mudarse a su nuevo estadio en 2016.


* El País - BRUNO GARCÍA GALLO / JOSÉ MARCOS - 8.10.14
Foto: Vista aérea del Calderón, con la fábrica de Mahou detrás. / RICARDO GUTIÉRREZ

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Al Ayuntamiento de Carboneras se le deberían retirar las competencia urbanísticas

Carboneras es un pueblo de la costa almeriense castigado por una industria carbonífera que ha arruinado el paradisíaco lugar. Quizás ese detalle tenga que ver con la decisión de los sucesivos gobiernos municipales en perpetuar un modelo insostenible y aplaudir las ilegalidades urbanísticas. En una playa virgen cercana, dentro de un espacio protegido por Ley, se levantó en 2003 por la promotora Azata del Sol un gran hotel de numerosas alturas: el famoso 'El Algarrobico'. La licencia fue concedida por el ayuntamiento socialista y la construcción provocó una fuerte oposición y movilización debido a su ilegalidad por incumplimiento de la Ley de Costas, entre otras. El caso tuvo un gran impacto mediático y por sus dimensiones ha sido usado por los medios de comunicación como símbolo de la mala conservación de la costa española. El hotel paradigmático ha terminado enredado en los Tribunales de justicia, con sentencias contradictorias. Ahora Ecologistas solicita a la Junta de Andalucía que retire las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Carboneras por mantener el Algarrobico como urbanizable.
"ECOTICIAS* : Ecologistas en Acción se ha dirigido a la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para solicitar le sean retiradas las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Carboneras en el ámbito del Algarrobico. Esta es una posibilidad recogida en la legislación vigente y que ha sido aplicada en otros municipios por casos mucho menos escandalosos que el del hotel El Algarrobico, incluso ya se aplicó al municipio de Carboneras.

En marzo de 1997, el entonces Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Carboneras, el independiente D. Antonio Hermosilla, no desarrolló urbanísticamente el sector de El Algarrobico por tratarse de espacio protegido, no urbanizable, en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, PORN del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, publicado en el BOJA de fecha 22 de diciembre de 1994. Ante la negativa municipal a desarrollar el sector, la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Almería, en sesión celebrada el 21 de marzo de 1997, acordó retirar las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Carboneras por su inactividad en la tramitación del expediente de El Algarrobico.

De esta forma, la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, aprobó el proyecto de urbanización de El Algarrobico, el 29 de octubre de 1997, en espacio protegido, no urbanizable, con un grado de protección C1, áreas naturales de interés general, vulnerando así los artículos 5 y 19 de la Ley 4/89 de 27 de marzo que obligaban a adaptar la normativa urbanística municipal a los PORN. Quién vulneró entonces la legalidad fue la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo y quien defendió la normativa fue el Ayuntamiento de Carboneras que se negaba a urbanizar un espacio protegido. A pesar de que la actitud del Ayuntamiento de Carboneras era legal, le fueron retiradas las competencias urbanísticas.

En el momento actual la situación se ha invertido. Quien vulnera la legalidad y la sentencia del TSJA de fecha 11 de junio de 2012, es el Ayuntamiento de Carboneras que se niega a adaptar el PGOU de Carboneras al PORN y continúa clasificando El Algarrobico como urbanizable en el PGOU, en base al Auto de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA con sede en Granada de fecha 25 de noviembre de 2008 que dispone exactamente lo contrario.

Si en 1997, la Junta de Andalucía retiró las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Carboneras cometiendo una ilegalidad, con mayor razón procede retirárselas ahora para restablecer la legalidad urbanística y adaptar el PGOU al PORN, de acuerdo con los artículos 16 y 18 de la Ley 42/07 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad que obligan a adaptar la normativa urbanística municipal al PORN.

Por estos motivos, Ecologistas en Acción ha pedido a la Consejera de Medio Ambiente que si verdaderamente tienen interés en demoler el hotel que obligue al Ayuntamiento de Carboneras a cumplir las sentencias y las leyes y no permita que siga clasificando El Algarrobico como urbanizable en contra de lo establecido en el PORN y en la sentencia firme de fecha 11 de junio de 2012.


* Ecoticias - EA - 9.10.14
Foto: Algarrobico ILEGAL pintado por Greenpeace - A.Rodríguez (EFE)



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La rueda del Urbanismo coruñés

El urbanismo coruñés ha tenido diferentes etapas 'desarrollistas' que han hecho saltar por los aires la imagen de una ciudad controlada y armónica. Esto es obvio viendo el perfil de la ciudad con unas torres y espacios claramente fuera de escala. Durante los años del socialista F.Vázquez se hicieron quizás demasiadas obras urbanas, quedando algunas como testigo sin resolver de aquella época de fastos. Así están los casos del edificio de Fenosa y del polígono de Someso. La construcción en 1997 del primero, en un lugar céntrico de la ciudad, ha sido sentenciada ya como ilegal por el propio Tribunal Supremo, quedándole, pues, poco recorrido para evitar su derribo y adecuación. Las cifras que se deberían abonar a los perjudicados serían de muchos millones y de difícil encaje en la economía coruñesa. Habrá que esperar todavía para saber la solución definitiva, dada la rapidez habitual de la justicia.
"LAOPINIÓN* : "Es normal la defensa de las acciones que adoptó el Ayuntamiento en su momento. Y el gobierno que salga de las elecciones de mayo de 2015 tendrá que defender actuaciones que haga este gobierno". Y así sigue la rueda, puede que hasta el infinito. Es la reflexión de José Nogueira, uno de los concejales del grupo socialista superviviente de los tiempos de Francisco Vázquez, cuya gestión urbanística sigue dando malos frutos judiciales. Urbanismo de juzgado sin responsables y sin siquiera reprobaciones políticas.

Solo un conato de investigación administrativa por Someso cuyo planteamiento se estrelló a la primera de cambio. Este fracaso lo puso como ejemplo el mismo edil del PSOE para argumentar que el alcalde habla "con bastante ligereza" cuando promete buscar responsabilidades.

La "pesada mochila" o "herencia envenenada" fueron dos de los bautismos discurridos por el Partido Popular para calificar la gestión pasada cuando llegaron a la Alcaldía, con los que justificaron y justifican el tiempo, esfuerzo y dinero dedicados a pleitear en los tribunales con propietarios de tierras, vecinos o promotores por asuntos urbanísticos mal curados, siempre sin nombrar al exembajador.

Las cicatrices son millonarias y pueden agrandarse. Porque a la situación generada por Someso, que ya se está pagando, puede sobrevenir una sangría a costa del edificio Conde de Fenosa, tras más de tres lustros de pleitos. Su construcción, en 1997, perpetuaba el modelo desarrollista de la ciudad en la segunda parte del siglo XX e inauguraba simbólicamente el boom inmobiliario que marcó la economía, la gestión y la política de la última mitad de Ejecutivo vazquista.

La construcción de un edificio, que hacía saltar por los aires la normativa urbanística vigente justo un año antes de la aprobación del plan general de 1998, y los inútiles intentos de legalización posteriores han llegado hasta hoy. Es el propio Partido Popular el que cifra que el coste podría superar los 40 millones de euros. El parking de O Parrote más el soterramiento del tráfico en la Marina cuestan unos 50 millones, la reforma de Tabacos son trece y la depuradora de Bens superó los 100 millones de inversión. El presupuesto municipal para 2014 es de 244 millones de euros.

Tras darse de bruces con el Tribunal Supremo, que sentenció que la actuación del Concello en este caso había "distado mucho de los dictados de la buena fe", solo queda acudir al Constitucional, donde no parece verse la luz al final del túnel. Entre las incógnitas futuras: cómo serán las obras para devolver la legalidad al inmueble de Fernando Macías, si el coste de los trabajos se le exigirá a Martinsa-Fadesa -que ha superado el mayor concurso de acreedores de la historia de España- y si el Ayuntamiento y los vecinos de la ciudad acabarán siendo responsables subsidiarios de la desfeita.

En cuanto a Someso, el agujero del urbanismo vazquista ronda los veinte millones de euros, que están siendo pagados, también sentencia firme mediante, por la hucha colectiva de los coruñeses a los propietarios originales de los terrenos de la zona, a los que se les expropió para un campo de fútbol y una carretera. En su lugar, se levantó el polígono interruptus en el que Vázquez quiso ver un "paseo de la Castellana" a la coruñesa.

Y el polígono de San Pedro de Visma. Y el de San Amaro. También el de Náutica. Son otros ejemplos del urbanismo de juzgados de las últimas décadas, concentrando los esfuerzos de servicios jurídicos y asesorías externas. San Amaro no tiene, por el momento, consecuencias, después de que los jueces hayan ido rechazando las peticiones de los promotores con intereses del lugar, cuya edificabilidad se quedó a cero con el título de Patrimonio de la Humanidad de la Torre.

Tras el batacazo con el edificio Fenosa, Negreira habló por primera vez, respecto a este caso, de pedir responsabilidades si hay "perjuicios" para el Ayuntamiento, un "deber fuera de toda opinión". Un análisis de las votaciones en plenos del Partido Popular con Negreira en la oposición, por un lado, y ya como alcalde, por otro, ofrece resultados dispares al respecto. El 11 de enero de 2011, cinco meses antes de ganar las elecciones, el grupo municipal del PP en la oposición se quedaba solo en una moción en la que por enésima vez pedían una triple investigación en tres conflictos urbanísticos: el caso Relámpago, como bautizaron el tema de Someso; la concesión de la licencia para el edificio Fenosa; y la devolución de parcelas en el ofimático (que mantiene a la Xunta también en los jugados).

El PP reprochaba además al BNG su cambio de parecer tras pasar de ser azote del urbanismo de Vázquez a estar silenciado como parte de una coalición de Gobierno en la legislatura con Tello y Losada como cabezas. Tras las elecciones y solo nueve meses después, en el pleno de octubre, el BNG planteaba una comisión de investigación que era rechazada por el PP del Negreira alcalde porque, alegaron entonces, "no tocaba", a la espera de trabajar por la resolución judicial.

¿Y ahora que la hay sobre el edificio Fenosa? Los arquitectos lo tienen claro. Su delegado coruñés, Carlos Pita, afirma que "se consintió una ilegalidad, avisada desde el primer día". "Si pasan estas cosas, que paguen los responsables, no los ciudadanos", opina, "creo que lo vamos a tener difícil, pero transparencia: qué pasó, por qué pasó, quién firmó esto, quién lo aceptó y quién se benefició de esto".


* La Opinión Coruña - A.Rodríguez - 11.10.14
Foto: A Coruña, edificio Fenosa - laopinioncoruna.es



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Madrid.- Pelotazos urbanísticos en cadena: ¿la traca final de Botella?

La especulación y corrupción urbanística en Madrid se está preparando para la gran traca final. Los desastres en el urbanismo madrileño bajo el gobierno de I.González en la Comunidad y de A.Botella en el Ayuntamiento van a alcanzar su climax en las próximas fechas, antes de que sea aprobado el nuevo Plan General. Como prácticamente no hay tiempo material para que sean incluidos en el Plan antes de las elecciones, la alcaldesa está separando los casos más conflictivos y especuladores para ejecutarlos ya, con la mayoría que posee en el gobierno municipal. Así se van a acelerar actuaciones urbanas que incluyen aumentos de edificabilidad, expolio de suelos y dotaciones públicas, o de descatalogación y destrucción de edificios históricos protegidos, todo ello con el objetivo de satisfacer el lucro de propietarios, promotores o fantasmales inversores afines a las filas 'populares'.
"ECOLOGISTASENACCIÓN* : La Plataforma No a este plan urbanístico, de la que forma parte Ecologistas en Acción, denuncia que en los últimos meses el Ayuntamiento de Madrid está impulsando una verdadera avalancha de actuaciones urbanísticas que benefician a determinados sectores financieros, inmobiliarios y grupos afines al Partido Popular.

Muchas de estas actuaciones incluyen aumentos desorbitados de edificabilidad, expolio de suelos y dotaciones públicas o la descatalogación y destrucción de edificios históricos protegidos, todo ello con el único objetivo de satisfacer los deseos y maximizar el lucro de los propietarios, promotores o fantasmales “inversores”. Estas operaciones especulativas son social, ambiental y económicamente insostenibles, no dan respuesta a las necesidades reales de la población y tendrán un impacto negativo e irreversible en la calidad de vida de la ciudadanía de Madrid.

La lista de operaciones urbanísticas es muy larga: reforma-demolición del Edificio España y reforma de la Plaza España con centro comercial subterráneo; Operación Mahou-Calderón; Plan Especial de la Quinta Torre Arias; reforma de la Plaza de la Cebada; Operación Canalejas; recalificación especulativa de las Cocheras del Metro de Ventas, Cuatro Caminos y Plaza de Castilla y de las instalaciones de Pacífico; enajenación y recalificación del Parque Móvil de Ministerios en Cea Bermúdez; modificación de la plaza de la Villa de París; venta de las viviendas públicas de la EMVS y del IVIMA a fondos buitres; proyecto para instalación de terrazas acotadas en Sol y en la Plaza Mayor (ambas son BIC); proyecto de conversión en centros comerciales del Palacio de la Música y del Teatro Albéniz; además de actuaciones en Delicias y Legazpi. A ellas hay que sumar las operaciones que vienen de antes, muchas de ellas en el aire por decisiones judiciales adversas: Operación Chamartín; Cornisa-Vistillas-Seminario; ampliaciones de tres centros de El Corte Inglés; PERI del Paseo de la Dirección en Tetuán; o la ampliación del Estadio Bernabéu. Por último, recientemente concluyó el periodo de alegaciones del Plan de Sectorización de la Nueva Centralidad del Este (el extenso terreno entre La Peineta y Coslada en el que se iba a haber construido la Villa Olímpica y ahora se pretende construir 12.000 viviendas y un centro comercial); se ha anunciado que se retomará vía concesión el proyecto de la Ciudad de la Justicia en Valdebebas; y se ha anunciado un megacentro comercial de “escala Eurovegas” del grupo chino Wanda (el mismo que ha comprado el Edificio España), posiblemente en los terrenos de la Operación Campamento.

Las operaciones se están tramitando al margen de la ciudadanía y de las necesidades de los barrios, en ocasiones con un fortísimo rechazo vecinal. Es el caso del Plan Especial de la Quinta de Torre Arias (San Blas), por el que se pretende ceder el palacio de la Quinta a una entidad privada, posiblemente a la Universidad de Navarra, y contra el que se han presentado 1.190 alegaciones que fueron rechazadas. La Operación Mahou-Calderón (Arganzuela), que prevé la construcción de diez torres, dos de ellas de 36 plantas, ha suscitado 60.000 firmas en su contra. El llamado #PelotazoBernabéu (Chamartín) ha sido paralizado cautelarmente por la justicia tras el recurso de Ecologistas en Acción, que contó con los donativos de cientos de personas para sufragar los costes del mismo.

Del análisis del conjunto de estas actuaciones, la Plataforma No a este plan urbanístico concluye que estamos ante un nuevo escenario. Se están sacando adelante y de forma individual todas las operaciones a las que la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) pretendía dar carta legal, pero ante la dificultad de poder aprobar el PGOUM antes de las próximas elecciones municipales de 2015, se pretende blindar preventivamente ciertas operaciones especulativas ante un posible cambio de gobierno. Se evita así el debate ciudadano de las mismas y de lo que suponen, en conjunto, como modelo de ciudad. No se trata de actuaciones aisladas sino de un “plan de hecho”, una estrategia territorial de “pelotazos” para el sector financiero-inmobiliario que significan desposesiones y atentados contra el derecho a la ciudad que tenemos los ciudadanos.

La Plataforma No a este plan urbanístico -que está formada por asociaciones vecinales, ecologistas, de defensa del patrimonio, urbanistas, sindicatos y partidos políticos- a la vez que mantiene su rechazo al Avance de la Revisión del PGOUM, amplía su actividad a la denuncia de este “plan de hecho”, y defiende la apertura de un auténtico proceso de debate y participación pública sobre el urbanismo de la ciudad.


* Ecologistas en Acción - 9.10.14
Foto: Madrid, Quinta de Torres Arias - dinastias



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Marbella.- El caso Malaya se atasca en el Supremo

Raro es el día que no hay que hablar de la débil y poco diligente justicia urbanística en este país. Cuando no es un tribunal es otra instancia judicial la culpable del atasco monumental en los casos de delitos contra la Ordenación Territorial y, lamentablemente, así sigue la historia año tras año. La trama mafiosa más famosa de la corrupción urbanística en el país, el 'caso Malaya' de Marbella, lleva camino ya de los 10 años desde que saltó a la información pública. Tras una larga instrucción, hace un año que la débil sentencia fue conocida. Desde entonces se han producido nuevas apelaciones al Supremo y todavía no se ve la luz al final del túnel. La sentencia, se ha repetido mil veces, fue muy benévola con los principales acusados, faltando, además, numerosos implicados en la corrupción masiva marbellí, pero eso es lo que hay hasta el momento.
"LAOPINIÓN* : El caso Malaya no sólo indigestó a la Audiencia Provincial de Málaga, sino que ha provocado la misma acidez estomacal en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que a mediados de julio acogió la vista de los 52 recursos de casación interpuestos por defensas y acusaciones del proceso y que, en un principio, pensaba tener lista la sentencia definitiva antes de que acabase 2014: inicialmente se barajaron dos fechas, mediados de septiembre o diciembre, aunque fuentes jurídicas aseguraron ayer que no habrá un fallo definitivo del asunto hasta 2015.

El magistrado ponente y presidente de la Sala, Juan Saavedra, pensaba tener lista la sentencia a finales de este año. De hecho, el caso llegó al Supremo procedente de la Audiencia Provincial de Málaga –que dictó su sentencia en octubre de 2013– a principios de 2014, por lo que sorprendió a las partes, y mucho, que se fijara la vista de los recursos de casación el 16 de julio pasado y días siguientes. Algunos abogados reflexionaron así a requerimiento de este periódico: «Si tenemos en cuenta que el presidente del tribunal malagueño, José Godino, lideró dos años de juicio –doscientas sesiones– y tardó 15 meses en poner un fallo que atañía a 95 acusados, es imposible que Saavedra, que no conoce el proceso, ponga una sentencia antes de que termine 2014».

Estos juristas entendían que la vista debería haberse celebrado no antes de enero próximo para que el ponente Saavedra y sus compañeros de tribunal –Andrés Martínez Arrieta, Miguel Colmenero, Alberto Barreiro (ponente del caso Pantoja) y Andrés Palomo– tuvieran tiempo de analizar al detalle los informes de blanqueo de capitales y de urbanismo. «En un caso de asesinato puedes ir a la vista sin leer antes el sumario, pero en Malaya los delitos son tan sumamente complejos que es difícil enterarte de algo si antes no te sabes la letra pequeña de los informes», precisa un letrado.

Algunos de estos abogados han preguntado que cuándo estará la sentencia, ya que los rumores más optimistas apuntaban a septiembre y los menos, a diciembre. Sin embargo, en la Sala Segunda se le ha contestado a varios de estos juristas así: «Estará en 2015, pero bien entrado el año».

Aunque es el ponente el que hace una propuesta de sentencia y el resto de sus compañeros votan, hay tres magistrados «trabajando en el tema», según estas fuentes jurídicas. «Nos aseguraron que se iban a leer y van a responder a todos los recursos, y esas respuestas hay que argumentarlas», precisaron las fuentes.

De cualquier forma, las fuentes judiciales valoran positivamente este retraso, puesto que ahora la sentencia tendrá «una mayor profundidad teórica, dada la entidad de los delitos».

Sólo hay que hacer un ejercicio para ver el enorme trabajo, tal vez titánico, al que debe hacer frente el tribunal –que, por cierto, tiene sus letrados auxiliares de apoyo para ir elaborando el documento–: cada uno de los 52 recursos de casación tiene una media de cien páginas, salvo casos excepcionales como el de la abogada de Juan Antonio Roca, Rocío Amigo, que ha presentado un escrito de 750. Todo ello suma unas 5.000 páginas. Asimismo, es necesario añadir los escritos de impugnación de las partes al recurso de la Fiscalía, que tienen entre 50 y 70 folios por unidad, es decir, más de 3.600, y el correspondiente de Anticorrupción, que posee 1.500 folios. Es decir, que la Sala ha de hacer frente a la lectura de más de 10.000 folios, así como también habrán de consultar continuamente los informes de blanqueo, de Hacienda o los policiales. Un trabajo lento y laborioso.

En el fondo, se trata, una vez más, del caso de corrupción urbanística más voluminoso de la historia judicial española, y eso que el Supremo cuenta con la mitad de encausados de los que tuvo que hacer frente la Sala malagueña.

El fiscal Anticorrupción Juan Carlos Campo se quedó a gusto en la sesión del pasado julio: calificó la sentencia del caso Malaya como «blanda» y afeó el buenismo de la Audiencia Provincial. En su opinión, la condena de 11 años a Roca está adulterada con muchos atenuantes, que hay que quitar porque su confesión de que untaba con dinero a los concejales fue «parcial, inocua e inveraz». «Hablar de codicia es poco», precisó, al tiempo que reclamó una sentencia «justa, no ejemplar».

Amigo, representante de Roca, atacó duramente al primer instructor del caso, Miguel Ángel Torres, de quien dijo que era «enemigo» de su cliente.


* La Opinión Málaga - Jose A. Sau - 24.9.14
Foto: Marbella, caso Malaya sesión - laopinion



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La mancha se extiende en Sanxenxo

Los delitos urbanísticos en Sanxenxo (Pontevedra) parecen no tener fin. Los gobiernos municipales 'populares' están inmersos en cinco procedimientos judiciales desde 2011 en que se denunció el primer asunto. Actualmente las causas por corrupción urbanística suman ya 19 imputados, lo cual no quiere decir que no debieran ser más, dada la sempiterna laxitud judicial. Hay casos que ocurrieron ya hace 8 años (ocho) y no parece que haya demasiada prisa por concluir las sentencias. Así hay ejemplos sangrantes, como el de Encarnación Rivas, que sigue siendo secretaria general de Urbanismo de la Xunta y que dirigió este área en el Ayuntamiento durante los últimos años del gobierno 'popular' anterior. ¿Cómo se puede permitir esto hoy día? Pues con una caradura y una complicidad evidente de todas las instituciones implicadas.
"ELPAÍS* : Desde que el 1 de marzo de 2011 el Juzgado de Instrucción nº2 de Cambados incoase diligencias por las denuncias de tres vecinos de Sanxenxo a los que el Ayuntamiento les había denegado licencia de construcción, el proceso ha dado un vuelco al aumentar la lista de imputados y dividirse en cinco procedimientos. A la espera de lo que decida el ministerio fiscal —si redacta su escrito de acusación o solicita más medios de prueba— el balance ya es de 19 personas implicadas, entre políticos, técnicos y constructores.

Lo que en principio parecía una simple denuncia administrativa entre los cientos de expedientes urbanísticos para edificar que se tramitaron en Sanxenxo en la pasada década, el caso puso en evidencia los excesos de un urbanismo incontrolado en el epicentro turístico de las Rías Baixas. Sin embargo, el PP local, que se encuentra en la diana de todos los dardos, cree que detrás de las denuncias están antiguos miembros y desertores del partido contrarios a la candidatura de la alcaldesa popular, Catalina González, una de las imputadas en este proceso, y aunque acabó repitiendo mandato tras los anteriores ya anunció que no se presentará a la tercera reelección en 2015.

Con los responsables del urbanismo local desde 2006 tocados por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y contra la ordenación del territorio y de la administración pública , el caso ha pasado el ecuador de unas complejas diligencias que se han ido ampliando de forma exponencial al numeroso elenco de imputados. Ahora, la causa podría iniciar su recta final cuando la Audiencia Provincial de Pontevedra resuelva los recursos presentados por la parte demandada contra el auto del juez por el que acordó instruir por separado las cinco licencias investigadas que ponen en entredicho la actuación de la cúpula de la Xerencia de Urbanismo, ya desaparecida en mayo pasado después de 11 años gestionando la oferta y la demanda de una descomunal burbuja inmobiliaria.

Algunos imputados aparecen implicados en varias causas. Es el caso de Encarnación Rivas, actual secretaria general de Urbanismo de la Xunta, que dirigió esta área en Sanxenxo durante los últimos años del gobierno del anterior regidor, Telmo Martín, también del PP, el creador de la Xerencia de Urbanismo. Uno de los dos asuntos que afectan a Rivas se refiere a la licencia de dos polémicos bloques de viviendas construidos en la calle Progreso por la constructora Balboa y Chan, con nueve imputados. Este es uno de los casos más paradigmáticos porque, mientras se instruían las diligencias contra prácticamente todos los responsables de la antigua Xerencia de Urbanismo, se decretó el derribo del inmueble que ahora acaba de aplazar el tribunal contencioso administrativo de Pontevedra hasta que no se resuelva el incidente de paralización promovido por el Ayuntamiento. La demolición ya ha sido adjudicada por 150.000 euros aunque los constructores, también imputados, y varios propietarios han reclamado la devolución de su patrimonio al Ayuntamiento. El otro asunto que salpica a la actual responsable de Urbanismo de la Xunta es la pieza separada número cinco, abierta por presuntas irregularidades en la legalización de un chalé en la playa de Montalvo y por la que está igualmente imputada María Soledad Leiro, exconcejal de Urbanismo.

Leiro aparece además en otras dos causas. También estám doblemente imputados la alcaldesa; el que fuera gerente de Urbanismo y actual arquitecto municipal, Rafael Vázquez Abal; la asesora de urbanismo, Ana Belén Louro; y el arquitecto técnico municipal Pablo Guío del Amo. Guío, que se apartó una larga temporada del Ayuntamiento por estrés aunque ya se ha reincorporado, está imputado en tres causas, una de ellas junto a su mujer, al ser la promotora de las obras ilegales que hizo en su chalé de Sanxenxo.

Pese a la inesperada repercusión política que ha lastrado el caso, los tres denunciantes que dieron origen a estas investigaciones (los hermanos Valentina y Manuel Afonso Martínez y Francisco Otero Vázquez) no tienen abogado, por lo que no han ejercido por ahora la acusación particular ni parece que vayan a hacerlo, según las fuentes consultadas, por lo que el futuro procesal de los imputados solo depende del criterio del juez y el fiscal con las pruebas que se han recabado.

El representante del PSdeG en la comisión de urbanismo —el órgano que heredó las competencias de la extinta gerencia y en la que tienen voz los tres partidos de la oposición— ha denunciado la licencia “bajo sospecha” que concedió este año el Ayuntamiento y que solicitó el marido una de las denunciantes, Valentina Afonso, después de negársela sistemáticamente, una medida que acabó siendo uno de los detonantes del proceso judicial.

En donde se había denegado la construcción de una vivienda, en el lugar de A Barrosa, el Ayuntamiento concedió licencia para almacén de aperos de labranza. La oposición cree que es una solución “solapada” porque infringe las ordenanzas debido a las características del proyecto. El PSOE ha exigido explicaciones a la alcaldesa para que aclare el expediente y que se haga un seguimiento exhaustivo de las obras. Quiere saber por qué un proyecto que antes era ilegalizable ahora no lo es.



La lista de imputados

Causa inicial. Edificaciones de inmuebles por Ferro-Mesego CB y Promociones Inmobiliarias Lucasor, SL, en la parroquia de San Xoán de Dorrón, lugar de A Torre.
Angel Casal Moldes. Exconcejal de Urbanismo del PP.
María del Carmen Montes Gómez. Particular.
Rubén Campos Ferro. Empresa Ferro Mesego.
Juan Manuel Ferro Aboy. Empresa Ferro Mesego.
José Luis Orge Valladares. Particular.
Jesús María Mesego Fernández. Empresa Ferro Mesego.
Pieza separada 2. Edificación de dos bloques de viviendas en la calle Progreso por la constructora Balboa y Chan, SL.
Catalina González Bea. Alcaldesa de Sanxenxo por el PP.
María Encarnación Rivas Díaz. Secretaria general de Urbanismo de la Xunta de Feijóo.
Rafael Vázquez Abal. Arquitecto municipal de Sanxenxo.
Pablo Guío del Amo. Arquitecto técnico del Ayuntamiento de Sanxenxo.
Angel Luis López Pita. Secretario del Ayuntamiento de Sanxenxo.
Ana Belén Louro Pais. Exasesora de Urbanismo de Sanxenxo.
Juan Manuel Balboa Chan. Constructor y promotor.
José Balboa Chan. Constructor y Promotor.
Carlos Daniel Besada Ferreiro. Arquitecto.
Pieza separada 3. Promoción de chalés que la mercantil Canaleiro Inversión, SL llevó a cabo en el lugar de Bascuas, Montalvo.
María Soledad Leiro López. Exconcejala de Urbanismo del PP.
Pablo Guío del Amo.
Rafael Vázquez Abal.
Catalina González Bea.
Ana Belén Louro Pais. Exasesora de Urbanismo de Sanxenxo.
Elena López Fernández. Arquitecta.
José Balboa Chan.
Juan Manuel Balboa Chan.
Pieza separada 4. Los hechos relacionados con la construcción y reformas llevadas a cabo en la vivienda del arquitecto técnico municipal, Pablo Guío.
Pablo Guío del Amo.
María Jesús Porta Sanz. Propietaria y mujer de Pablo Guío.
Juan Antonio Lorenzo Ramírez. Asesor técnico de Urbanismo.
Rafael Vázquez Abal.
María Soledad Leiro López.
Pieza separada 5. Legalización de la construcción llevada a cabo por Alberta Rosalí Aspres en el lugar de Montalvo, Adina.
Alberta Rosalí Aspres Martínez. Promotora.
María Soledad Leiro López.
María Encarnación Rivas Díaz.


* El País - Eloísa Lois - 4.10.14
Foto: Sanxenxo (Pontevedra) - mma.es

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Las Palmas.- Ni un solo municipio llevó a la fiscalía casos de Urbanismo

Si ya es difícil que la justicia actúe en los casos de delitos urbanísticos o los saque a la luz pública para su enjuiciamiento, tampoco los municipios ponen las cosas nada fáciles para evitar la especulación y corrupción generalizada. Es más, en la mayoría de ocasiones son los propios ayuntamientos los que propician esta actividad delictiva, ya sea para favorecer a empresarios de la construcción amiguetes o, directamente, para sacar tajada los miembros de una corporación municipal. Es lo que sucede en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, según la memoria de la Fiscalía, que constata este lamentable hecho tras 12 años de advertencias inútiles.
"CANARIAS7* : Ningún ayuntamiento de la provincia de Las Palmas llevó a la Fiscalía una denuncia medioambiental durante el año pasado. La memoria del Ministerio Público denuncia que sigue fallando el primer eslabón de la cadena creada para preservar el territorio.

Doce años después de que, en la memoria de la Fiscalía sobre 2001, el entonces fiscal de medio ambiente de Las Palmas Juan Pablo Lozano advirtiera que «en la gran mayoría de las veces es la propia administración el verdadero delincuente medioambiental», la memoria del Ministerio Público sobre 2013 advierte que de todas las investigaciones llevadas a cabo en la provincia por delitos contra la ordenación del territorio, «ninguna de ellas ha sido originada por un departamento de disciplina urbanística de algún municipio de la isla».

La Fiscalía de Las Palmas advierte en su memoria sobre 2013: «los servicios de inspección de los Ayuntamientos que tiene competencia en materia de disciplina urbanística deberían detectar si realmente una obra está autorizada o no /(...). Si falla este primer eslabón en la cadena, es difícil detectar con celeridad la construcción ilegal, y al no advertir estas infracciones (...) se corre el riesgo de consolidación de urbanizaciones y/o construcciones contrarias a la normativa urbanística».

Apunta el fiscal que el 80% de las diligencias de investigación incoadas en 2013 por delitos urbanísticos partieron de denuncias de particulares, y el resto de la denuncias de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno canario.


* Canarias 7 - Antonio F. de la Gándara - 30.9.2014
Foto: El ex alcalde de Yaiza José Francisco Reyes (de frente), acusado por la Fiscalía de Medio Ambiente.- JL. Carrasco

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El Constitucional avala la Ley de Suelo de 2008 recurrida por el PP

La ley de Suelo aprobada en 2007-2008 bajo el Gobierno Zapatero ha sido refrendada casi en su totalidad por el Tribunal Constitucional, desestimando así el recurso presentado por el grupo 'popular' en el Congreso y los gobiernos regionales de Madrid, La Rioja, Valencia y Canarias por la inconstitucionalidad de la norma al considerar que se inmiscuía y vulneraba varias competencias de las propias comunidades autónomas. El asunto no es pequeño ya que se trata de la mayor normativa que existe en el país referente a la Ordenación Territorial, donde se ponen las bases de todo el ordenamiento urbanístico subsiguiente, tanto por el Estado como por las propias Comunidades Autónomas y Municipios.
"SER* : El Tribunal Constitucional avala la Ley del Suelo que aprobó el gobierno de Zapatero en 2007 y que se refundió en una nueva norma en 2008, después de que varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, la región de Canarias y el propio Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, la consideraran inconstitucional e interpusieran varios recursos en ese sentido.

Tanto la Comunidad de Madrid, como La Rioja, Valencia, Canarias y el Partido Popular, consideraron que esta norma no se ajustaba a los preceptos constitucionales al inmiscuirse, extralimitarse e invadir competencias de los propios gobiernos regionales.

El Constitucional considera que no hay invasión de competencias por parte del Estado porque "la competencia autonómica en materia de urbanismo ha de coexistir con aquella que el Estado ostenta" y que el Estado puede "condicionar, lícitamente, la competencia de las Comunidades Autónomas sobre el mencionado sector material", dicta.

Ahora, el tribunal de garantías avala la conformidad con la carta magna tanto de la ley primaria como del propio texto refundido un año después y desestima parcialmente los recursos. Solo considera inconstitucional uno de los apartados del artículo 22 de la Ley. En el, se fija el método de cálculo de las indemnizaciones a los propietarios del suelo en el momento de su expropiación forzosa.

Dice el Constitucional que "se ha de atender no a las circunstancias precisas que en cada supuesto concreto puedan darse, sino a la existencia de una proporcional equilibrio? entre el valor del bien o derecho expropiado y la cuantía de la indemnización ofrecida", por lo que no es justo fijar una cantidad máxima de indemnización, tal como dictaba la norma.


* SER - Jesús Poveda - 25.9.14
Foto: Urbanismo



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Un centro deportivo de Alcalá de Henares terminado en 2011 sigue cerrado

La época del despilfarro urbanístico delictivo continúa dejando ejemplos como esta Ciudad Deportiva en Alcalá de Henares, acabada de construir, tardíamente, en 2011 y que continúa cerrada y abandonada desde entonces. La Comunidad madrileña 'popular' invirtió 25 millones en su inútil realización, que se podían haber dedicado a otros asuntos urbanos de mayor necesidad. Pero ahí queda varada como barco naufragado y los responsables, empezando por la propia presidenta, E.Aguirre, continúan sin haber sido juzgados por tamaño despropósito despilfarrador. Como siempre, la justicia no ha estado a la altura de las circunstancias y ni siquiera ha investigado este grave delito urbanístico.
"ELPAÍS* : La Ciudad Deportiva de Espartales, en Alcalá de Henares (205.000 habitantes), aguarda cerrada pese a que la terminaron de construir en julio de 2011 tras sucesivos aplazamientos y revisiones del proyecto. La mole, al lado de la A-2, resume los excesos de una época en la que el ladrillo y las excesivas expectativas económicas cegaron a la Administración. Y refleja las promesas vacías de quienes abanderaron el proyecto en 2003, en 2007 y en 2011. Todos ellos años electorales.

“Su historia es la historia de un gran despropósito”, resume el portavoz municipal del PSOE, Javier Rodríguez Palacios.

Con un presupuesto inicial de 60 millones de euros, la Comunidad terminó invirtiendo 25 en una parcela de 63.597 metros cuadrados (18.000 edificados) cedida por el Ayuntamiento en julio de 2007. El complejo se ejecutaría en tres fases. El coste de la primera parte de las obras sería de 25 millones y debía estar terminado para la primavera de 2007. Es decir, a tiempo para las elecciones de ese año. Para entonces la Ciudad Deportiva debía haber contar con varias piscinas, espacios deportivos cubiertos, 12 pistas de pádel, dos campos de fútbol 11 con césped artificial y un rocódromo. La segunda fase quedaría ya para el siguiente mandato municipal: un campo de fútbol para 10.000 espectadores, un campo con pista de atletismo, un pabellón cubierto con graderío. También habría bolera, petanca, deporte playa, un palacio de hielo y dos pistas de patinaje.

La directora general del Instituto Madrileño del Deporte, Carmen Castell Díaz, apeló a unas “circunstancias sobrevenidas” para justificar el cierre del complejo el pasado abril en la Asamblea de Madrid. La principal, la modificación de la adjudicación en octubre de 2008 del contrato de obras de la primera fase a la empresa Ortiz, Construcciones y Proyectos por un importe de 18,8 millones: 6,2 menos que los 25 millones del presupuesto base de licitación de mayo de ese año.

Finalmente, el 6 de febrero de 2009 se realizó el acto de colocación de la primera piedra. Entre los asistentes estaba el consejero de Deportes, Alberto López Viejo. Tres días después, abandonó el cargo por el caso Gürtel. Tres meses después de ser destituido, López Viejo resultó imputado. A raíz de la decisión del Ejecutivo autonómico de ampliar en septiembre de 2010 el presupuesto del contrato en siete millones más, dejándolo nuevamente en 25 millones, el Consejo Consultivo advirtió de las “irregularidades” que habían acompañado al proceso de contratación. También avisaba de las “importantes irregularidades observadas en el desarrollo de la obra”, animando a exigir responsabilidades. Castell Díaz justificó la paralización del proyecto en la Asamblea porque la Comunidad permanecía a la espera del resultado final de una auditoría sobre el estado de la obra ejecutada. “El Gobierno regional admite que las obras ni tan siquiera habían sido recepcionadas, que están pendientes de una auditoría de las obras”, lamenta Rodríguez Palacios, el candidato socialista a las elecciones locales de mayo de 2015.

El pleno municipal aprobó en septiembre de 2011, a propuesta del PSOE, exigir al Gobierno regional la apertura de la Ciudad Deportiva. El PP votó en contra, al igual que en un pleno extraordinario en 2012 en el que los socialistas volvieron a solicitar la apertura del complejo. El PP gobierna de forma ininterrumpida la localidad desde 2003 (el alcalde actual es Javier Bello). Esta legislatura cuenta con 12 concejales por nueve del PSOE, tres de IU, dos de UPyD y uno de España 2000, partido de ultraderecha.

Promesa electoral (incumplida) de 2003

La historia de la ciudad deportiva de Espartales se remonta a la campaña de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2003. La legislatura se agotó y la promesa electoral del PP, con Bartolomé González en la alcaldía y Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad, no pasó de las palabras.

“El compromiso de construir la ciudad deportiva es absoluto. Tanto el alcalde como la presidenta regional lo plantearon en sus respectivas campañas electorales y el interés de ambos es total. De hecho, podemos decir que esta tercera ciudad deportiva es un proyecto de la Comunidad puesto que se ha comprometido a financiarlo íntegramente”, afirmó en abril de 2005 el concejal de Deportes Marcelo Isoldi. “La tercera ciudad deportiva empezará a construirse en primavera”, insistió en enero de 2006.

A finales de octubre de 2008, el entonces consejero de Deportes, Alberto López Viejo, asistió con el alcalde a la entrada de las excavadoras y movimiento de tierras que anunciaban el inicio de la construcción del recinto deportivo. López Viejo, imputado por su participación en el caso Gürtel por cobrar supuestamente mordidas de hasta el 10% por cada acto que montó la trama corrupta, señaló que el Ejecutivo autónomo y la constructora habían acordado un plazo de ejecución de 18 meses, de forma que las piscinas y las otras infraestructuras deportivas estuvieran listas para finales de 2010. El nuevo plazo tampoco se cumplió.


* El País - José Marcos - 8.10.14
Foto: La abandonada Ciudad Deportiva de Espartales, en Alcalá de Henares. / ÁLVARO GARCÍA

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Andalucía.- PSOE e IU llegan a un acuerdo para la regularización de 25.000 casas ilegales

Lo que se temía en Andalucía ha llegado finalmente, la coalición política que gobierna en la Junta ha vuelto a permitir nuevas 'regularizaciones' de viviendas ilegales. Si ya hace 2 años sacó un Decreto aprobando la legalización de unas 300.000 viviendas en suelo no urbanizable, ahora abunda en el tema con nuevas legalizaciones, modificando para ello la Ley de Ordenación andaluza. La caradura política no tiene límites, aunque tenga que saltarse toda la normativa urbanística existente, dejando así en papel mojado todo lo que a partir de ahora suceda ya que existe este precedente imperdonable. Demasiadas presiones de los delincuentes urbanísticos y una manga ancha delictiva (tal vez con sobres por medio), han llevado a consumar este grave atentado contra el Territorio que, una vez más, pagarán las generaciones futuras. Esperemos que pronto se renueve esta bazofia política que permite tales desmanes públicos 'interesadamente'.
"ELPAÍS* : PSOE e IU han cerrado un acuerdo para modificar la ley urbanística andaluza. Se trata de permitir la regularización de unas 25.000 casas ilegales que no pudieron acogerse al decreto que la Junta aprobó en 2012 para normalizar la situación de decenas de miles de viviendas levantadas en suelos no urbanizables. La presidenta de la Junta, la socialista Susana Díaz, anunció en el debate del estado de la comunidad una modificación de la LOUA para dar una salida a esas 25.000 edificaciones.

Pero sus socios de IU votaron en contra de la propuesta en el Parlamento.

Desde un principio, los dirigentes de la federación de izquierdas dejaron entrever que era un problema más de formas de que fondo, con lo que había recorrido para el acuerdo. Y así ha sido. Finalmente, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobará el próximo martes un anteproyecto de ley para modificar la LOUA. Permitirá la regularización de las casas levantadas en pequeñas parcelaciones —divisiones de suelos no urbanizables— que hasta ahora tenían imposible normalizar su situación debido al artículo 185 de la ley urbanística andaluza, que declara imprescindible la parcelación de un terreno rústico.

En la negociación, IU ha pedido que la modificación de la normativa haga mención expresa a que sólo podrán regularizar su situación las edificaciones de carácter residencial, según informan fuentes de la Consejería de Medio Ambiente. Este departamento y la Consejería de Fomento (en manos de IU) han sido los que han negociado el cambio de la LOUA, que se cerró el viernes pasado.

En el anteproyecto que se aprobará la semana que viene también se obligará a los Ayuntamientos a que en los próximos dos años den los pasos necesarios, que se fijaban en el decreto de 2012, para identificar y regularizar la situación de las urbanizaciones ilegales que existan en su término municipal. El decreto de hace dos años ha tenido una bajísima aplicación, entre otros motivos, por la lentitud de los Consistorios a la hora de aplicar los cambios en su normativa. Para que se iniciara el proceso hacía falta que los Ayuntamientos incluyeran en su planeamiento los asentamientos y hábitats diseminados. De los 772 municipios andaluces, 108 han empezado ese trámite.

Los avances, como se llama ese trámite, están listos sólo en 60 localidades. En el cambio acordado ahora entre PSOE e IU Se fija que si transcurridos dos años los alcaldes no tienen listos los avances, la Junta "podrá asumir esa competencia municipal", detallaron ayer fuentes del Gobierno andaluz.

Fuera de todo ese proceso se quedaron las parcelaciones aisladas, que son las que ahora encontrarán una salida. El problema afecta de forma especial al levante almeriense y a la comarca de la Axarquía malagueña. Y muchas de esas casas estaban en manos de británicos, lo que ha provocado que la embajada del Reino Unido haya mantenido varias reuniones con la Junta para abordar este asunto.


* El País - Manuel Planelles - 4.10.14
Foto: Axarquía (Málaga), vista diseminados - wikimedia.org

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El juez levanta la imputación de doce excargos de Adif por el accidente de Santiago

Otra vez la lamentable actuación judicial, teñida de política partidista, sale a la luz en el caso del accidente del AVE (Alvia) Ourense-Santiago donde murieron unas 80 personas en julio de 2013. La justicia ha sentenciado que el único imputado sea el maquinista del tren, mientras salva a 12 imputados de la empresa pública ADIF y, por supuesto, a los responsables políticos del ministerio de Fomento, con la ministra A.Pastor a la cabeza. La gravedad de este accidente queda diluida así en un despiste del maquinista, frente a la evidente responsabilidad técnica de un tramo mal señalizado, en pésimas condiciones y que nunca debería haber entrado en funcionamiento en ese estado. Pero así suele ocurrir siempre en este país y los poderosos políticos se siguen salvando de sus hechos chapuceros, por no decir delictivos, frente a la gran mayoría que lo observa indignada.
"ELDIARIO* : El maquinista del Alvia que descarriló en 2013 en Santiago vuelve a ser el único imputado por esta tragedia ferroviaria, toda vez que la Audiencia Provincial de A Coruña estimó los recursos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra las imputaciones de doce ex cargos de Adif, informaron fuentes judiciales.

Ninguna de estas personas que formaban parte de la cúpula de esta empresa pública en 2011, cuando se puso en servicio la línea entre Santiago y Ourense en la que se accidentó el tren que cubría la ruta entre Madrid y Ferrol, llegó a prestar declaración ante el magistrado instructor de la causa.

Los argumentos esgrimidos por todos ellos para no declarar fueron que todavía permanecían sin resolver por la Audiencia Provincial los recursos presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra sus imputaciones, y que sus letrados no contaron con el tiempo necesario para leer el sumario.

El maquinista, Francisco José Garzón Amo es en este momento, y de nuevo, el único imputado, después de que la Audiencia Provincial de A Coruña, ya en otra ocasión, exonerase a los miembros del consejo de administración del gestor ferroviario Adif y a los cinco técnicos responsables de la seguridad en la circulación.

El auto con el que el órgano de apelación levantó entonces la imputación de estos cargos supuso que la instrucción judicial retornase al punto en el que se encontraba a los cuatro días del suceso, con el conductor, -que no redujo la velocidad del convoy-, acusado de homicidio imprudente.


* El Diario - EFE - 8.10.14
Foto: Santiago de Compostela, tren curva accidente - EFE

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