El juez procesa al alcalde de Montroi y 18 personas por los chalés ilegales

Nuevo caso de corrupción urbanística, esta vez en la localidad valenciana de Montroi donde han sido procesadas 19 personas: el alcalde de Montroi; el ex primer edil; cinco promotores y constructores; un delinenante; un abogado, dos notarios; un oficial de notario; un registrador de la propiedad; un arquitecto; dos arquitectos técnicos; un ingeniero técnico; y dos intérpretes. La causa son las obras de construcción de un total de 114 viviendas unifamiliares, de las que 62 se encuentran ubicadas en la urbanización de Las Palomas, por contravención de las disposiciones reguladoras de la Ordenación del Territorio. Con esta urbanización ilegal se pretendía estafar a ciudadanos, la mayoría extranjeros. Es decir, una auténtica trama de corrupción mafiosa encabezada por el propio alcalde, lo que demuestra la gravedad del asunto y el poco control, también, de la Generalitat valenciana.
"ELPAÍS* : El juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Picassent ha procesado al alcalde de Montroi, Antonio Polo, del PSPV, al exalcalde Francisco Javier Carrión, y a otras 17 personas más acusadas de la construcción y venta de chalés en suelo no urbanizable, mayoritariamente a extranjeros. En lugar de un campo de golf o de un lago, tal y como se prometía, algunas viviendas se edificaron sobre viales o caminos agrícolas y no disponían ni de luz ni agua potable.

Así consta en un auto de incoación de palo, con fecha 29 de septiembre, en el que el juez da por concluidas las diligencias de investigación y abre un procedimiento abreviado. Da un plazo de 20 días a las acusaciones para solicitar la apertura de juicio o el sobreseimiento de la causa.

En total, en la causa hay 19 procesados: el alcalde de Montroi; el ex primer edil; cinco promotores y constructores; un delinenante; un abogado, dos notarios; un oficial de notario; un registrador de la propiedad; un arquitecto; dos arquitectos técnicos; un ingeniero técnico; y dos intérpretes. Inicialmente también estaba imputado otro promotor sobre el que se le ha sobreseido el procedimiento al haber fallecido.

El juez estima que los hechos investigados; sobre los que hay cerca de 200 víctimas, pueden ser constitutivos de delitos contra la ordenación del territorio; de cohecho; de prevaricación; de omisión del deber de promover la persecución de delitos; de deslealtad profesional; de estafa; de falsedad de documento público; de falsificación de certificación; y de intrusismo.

La investigación de la causa se ha centrado en la construcción de viviendas unifamiliares aisladas y en suelo no urbanizable o rústico en las partidas de Las Palomas; Pla Galán; Los Corrales; L'Hospitalet; y Les Valletes. Las viviendas carecían de autorización y estaban ejecutadas al margen de los procedimientos legalmente establecidos.

En concreto, de las diligencias practicadas se ha constatado la existencias de indicios razonables de delito en la ejecución de las obras de construcción de un total de 114 viviendas unifamiliares, de las que 62 se encuentran ubicadas en la urbanización de Las Palomas, por contravención de las disposiciones reguladoras de la ordenación del territorio.

A los ciudadanos, mayoritariamente extranjeros, se les vendía la propiedad exclusiva de una parcela, perfectamente identificada y aparentemente independiente y delimitada por cuatro puntos cardinales, cuya concreta ubicación se mostraba según un plano particular de la urbanización ya terminada y completamente parcelada.

Para la construcción de las viviendas se exhibían unos modelos de edificación estandarizados. Se presentaban las villas con las dotaciones y servicios públicos esenciales, valiéndose además de un centro comercial, una comisaria de policía y un hotel que ni siquiera consta que se hubieran proyectado.

Sin embargo, en realidad, las fincas rústicas de las que derivan las parcelas eran indivisibles y no habrían sido objeto de procedimiento previo alguno, pues seguirían formando parte de la finca registral. Carecían de la preceptiva licencia de parcelación o de la declaración de innecesariedad municipal.

Como consecuencia, ni todos los perjudicados tienen vivienda, ni todos los que la tienen lograron que la misma se correspondiese con la que aparecía documentada en el contrato privado; ni que en el caso de que se llegara a escriturar éste, los derechos derivados de la adquisición tampoco se corresponderían con lo contratado, y ello a pesar de las importantes cantidades desembolsadas.


* El País - 123.10.14
Foto:  Montroi (Valencia), urbanización Els Mallars - levante



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Barcelona.- Los vecinos del Paral.lel paran las obras contra la reurbanización

Fuera de los grandes titulares que estos días llenan páginas sobre la consulta catalana, la realidad cotidiana es muy diferente en una ciudad como Barcelona, donde casi a diario hay protestas y manifestaciones contra el urbanismo desnortado del gobierno municipal de X.Trías (CiU). Así está ocurriendo con los vecinos del Paral.lel, los de Ciutat Vella, los de la Sagrada Família y hace poco los del Born. En el primero de los casos la protesta es contra las obras de reordenación de la avenida que une el puerto con la plaza de Espanya, que parece más pensada para atraer a turistas de cruceros que para las auténticas necesidades del barrio. Tengan más o menos razón, la realidad es que los ciudadanos tienen cada vez más voz activa en los procesos urbanos, lo cual es signo evidente de madurez.
"ELPAÍS* : No hay fin de semana sin protesta de los vecinos de algún barrio de Barcelona. Si hace tres semanas fueron los del Born los que bajaron a la calle a merendar para reivindicar el uso del espacio público; y la semana pasada fueron los de la Barceloneta quienes recorrieron el centro de la ciudad contra los efectos del turismo masivo, hoy han salido a la calle los vecinos del Paral.lel, los de Ciutat Vella y los de la Sagrada Família.

En la avenida del Paral.lel, unas sesenta personas han detenido por la mañana las obras de reordenación de la avenida que une el puerto con la plaza de Espanya. Han precintado simbólicamente la maquinaria y han logrado detener los trabajos durante unas dos horas. La acción, a la que los trabajadores de las obras asistieran asistido atónitos, llega después de tres tardes parando el tráfico de la avenida. Los vecinos de la plataforma Som Paral.lel rechazan un plan de ensanchamiento de aceras e instalación de farolas presupuestadas en 2,8 millones de euros (a 6.500 la farola) que están convencidos de que está pensado para atraer turistas, sobre todo cruceristas. La millonaria inversión en iluminación explica que la mayor pancarta de ayer afirmara desafiante: “Farolas más altas han caído”.

Marc Serra, de la plataforma SomParal.lel explica que la zona teme un desembarco de terrazas, hoteles y tiendas que puede poner en riesgo el actual comercio tradicional y encarecer el mercado inmobiliario. La plataforma ha roto las negociaciones con el Ayuntamiento y mantiene que no volverá a sentarse hasta que la moratoria de apertura de terrazas del Poble-sec comprenda también la avenida del Paral.lel y se haga un estudio sobre el impacto que cualquier cambio puede tener sobre el actual tejido socioeconómico del barrio.

Mientras, a mediodía ha comenzado en el Casc Antic una comida popular de los vecinos que se oponen a que el antiguo Economato, en el Rec Comptal, se convierta en un hotel en un distrito, Ciutat Vella, que concentra la mayoría de establecimientos de la ciudad. Y por la tarde está prevista otra protesta en la Sagrada Família de la plataforma Recuperem el Niza, que además de clamar contra los efectos de los turistas en el entorno de la basílica, rechazan que el antiguo cine se convierta en un supermercado Mercadona.


* El País - CLARA BLANCHAR - 18.10.14
Foto: Protesta de los vecinos contra las obras del Paral.lel. / CONSUELO BAUTISTA

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El Estado ha tenido que rescatar a una de cada tres autopistas de peaje desde 1967

Los datos son terribles y demuestran una doble vertiente en las autopistas de peaje construidas en casi medio siglo. Por un lado la incapacidad del Estado en la planificación y puesta en marcha de unas infraestucturas muchas veces de dudosa utilidad pública; y por otro, que la iniciativa privada de las empresas adjudicatarias no ha estado a la altura de las circunstancias, limitándose en bastantes ocasiones a aprovecharse políticamente de ilegales concesiones para su lanzamiento particular a nivel especulativo. En 47 años se han adjudicado a empresas privadas 38 concesiones con 6.277 kilómetros; 14 de ellas, con 1.304 kilómetros, se arruinaron y fueron nacionalizadas. Esto significa, ahora mismo, un nuevo rescate estatal de 3.400 millones que volveremos a pagar los ciudadanos, como siempre.
"ELDIARIO* : El Gobierno ha utilizado una vía atípica para presentar ante el contribuyente español la operación de la nacionalización de nueve autopistas radiales de peaje que están en quiebra casi desde el momento de su inauguración hace más de una década. Su rescate, por un pasivo de 3.400 millones, se negocia con las concesionarias arruinadas y con la banca acreedora desde hace dos años.

El Ministerio de Fomento presentó el viernes, minutos antes del cierre del Juzgado Mercantil número 6 de Madrid, una propuesta de convenio de acreedores para las ruinosas radiales R-3 y R-5 de los accesos a la capital. En su comunicación, el departamento que dirige Ana Pastor reconoce que tiene previsto agrupar en el mismo paquete a otras siete infraestructuras de alta capacidad en quiebra (las radiales 2 y 4 de Madrid, la M-12 Eje Aeropuerto de Barajas, la AP-41 de Madrid a Toledo, la AP-36, la circunvalación de Alicante y la Cartagena-Vera), que entre todas suman un riesgo para las arcas públicas de 3.400 millones de euros. Para digerir tal atracón de deuda, plantea refinanciarla con una quita del 50% y convertir el resto en un bono a 30 años para que al final del proceso la rentabilidad de estos títulos pueda rozar el 2%.

Modelo dudoso

Más allá de la atípica vía por la que se materializa una multimillonaria nacionalización de activos y empresas ruinosas y de las promesas de la titular de Fomento de que “la operación no costará un euro al erario público”, la oficialización del proyecto del nuevo ‘banco malo’ de las radiales supone un nuevo reconocimiento de la incapacidad del sector privado para construir y gestionar grandes infraestructuras de manera rentable, al menos en España.

Al final, es la red protectora del dinero público la que tiene que hacerse cargo de los platos rotos. Ocurre ahora, pero ya se vivió la misma situación cuando en 1984 el Gobierno salió al rescate de seis autopistas de peaje en quiebra: las del Atlántico, Ruta de la Plata, la Costa da Morte, Val Miñor, Navarra, y Central Gallega. El 'banco malo' que se creó entonces fue bautizado como Empresa Nacional de Autopistas (ENA).

Teniendo en cuenta que la primera autopista de peaje se construyó en España entre Barcelona y Montmeló en 1967 y sumando los dos procesos de nacionalización, el de hace 30 años y el que se implementa hoy, el resultado del modelo se antoja dudoso. En medio siglo se han adjudicado a empresas privadas 38 concesiones para la construcción y gestión de 6.277 kilómetros de este tipo de infraestructuras de alta capacidad. Con el tiempo, 14 de ellas, con sus 1.304 kilómetros, se arruinaron y fueron nacionalizadas. Traduciendo a porcentajes estas cifras, resulta que el 37% de las concesiones otorgadas y el 21% de los kilómetros han quebrado y han sido rescatados.

Nacionalización trabajada

No puede decirse que esta nueva tanda de nacionalizaciones haya sido una operación improvisada por el Gobierno, que durante meses ha estado preparando la operación con diversas iniciativas. Su plan para crear el ‘banco malo’ precisa unificar en un solo proceso y juzgado todos los concursos de acreedores en que están inmersas las nueve radiales quebradas. Con este objetivo, Fomento utilizará la última reforma de la Ley Concursal, aprobada el 5 de septiembre.

Por otra parte, y también durante el mes de septiembre, Fomento ha recibido un crédito extraordinario de Hacienda por 540 millones, de los que 531 se dedicarán a pagar los atrasos que el Gobierno ha reconocido que adeuda a las concesionarias quebradas.

El departamento de Pastor tiene adelantado un pacto con una quita del 50% de la deuda con la banca nacional, pero todavía tiene flecos pendientes con los acreedores internacionales.

En el frente comunitario, el Gobierno sabe que la nueva Comisión encabezada por Jean-Claude Juncker es más favorable a otorgar sus bendiciones a la operación de esta nueva ‘Sareb’ que su antecesor.


* El Diario - Antonio Ruiz del Árbol - 18.10.14
Foto: La autopista AP-36 Ocaña-La Roda, una de las que están en quiebra y que rescatará el Gobierno.- eldiario

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El Tribunal Supremo no da vía libre a Marinas de Aguamarga

De nuevo estamos ante la judicialización lamentable del Urbanismo, algo que no está haciendo ningún bien a la Ordenación del Territorio y que tiene más que ver con la politización y falta de recursos de una justicia lenta y partidista. El Supremo ha vuelto a dar un tirón de orejas al Tribunal Superior de Andalucía a cuenta de la urbanización prevista en Aguamarga (Almería). Es inconcebible que, al igual que ocurre con el famoso hotel de 'El Algarrobico', los criterios para las sentencias del Tribunal andaluz sean tan erróneos, denotando una falta de capacidad técnica de sus miembros para juzgar correctamente el Urbanismo. Ahora el Supremo exige una nueva sentencia, teniendo en cuenta una serie de factores pasados por alto anteriormente. Vergonzoso.
"ELALMERÍA* : El Tribunal Supremo (TS) ha anulado la sentencia por la que se revocó la protección ambiental dada por la Junta de Andalucía al paraje del parque natural de Cabo de Gata-Níjar donde se proyecta la urbanización Marinas de Aguamarga y que daba vía libre al proyecto, con 350 viviendas y un hotel de 300 habitaciones.

El Tribunal Supremo ordena al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que dicte una nueva sentencia teniendo en cuenta dos sentencias previas del Alto Tribunal sobre el mismo tema y la clasificación del suelo como "no urbanizable" en la normativa urbanística municipal de Níjar de 1996 y sometiendo a la consideración de las partes inmersas en el proceso estos motivos.

El TSJA sentenció en 2012, estimando parcialmente la demanda de la promotora, que el cambio de calificación del sector conocido como SAU AA-5 que hizo la Junta, que lo pasó de área urbanizable sin interés ambiental específico -D2- a área natural de interés general y marcado carácter forestal, fue "arbitraria" y carente de "razones" y, por tanto, anulaba esa parte del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata aprobado en 2008.

El Alto Tribunal declara, de este modo, que ha lugar a los recursos de casación que interpusieron la asociación conservacionista Plataforma en Defensa de Aguamarga y la Junta de Andalucía, que alegaron que la sentencia del TSJA no había tenido tiene en cuenta "como hecho probado" estas sentencias previas donde se declaraba que la zona debía ser espacio protegido no urbanizable por su valor medioambiental y paisajístico.

En la sentencia, hecha pública este viernes y dada a conocer ayer por Europa Press, el Supremo expone que el planteamiento efectuado por el TSJA "no se corresponde" con la realidad normativa expuesta "dado que no se ha tenido en cuenta la revisión de las Normas Subsidiarias (NNSS)" que el Ayuntamiento de Níjar aprobó en 1.996 y las "dos sentencias de diciembre de 2007" del propio Tribunal Supremo que anulan sendos fallos del Alto Tribunal andaluz donde se declaraban los terrenos urbanizables.

La resolución de la que es ponente el magistrado Mariano de Oro Pulido y López reprocha que esta situación, de la que se desprende que el suelo no era urbanizable, "no era desconocida ni para la Junta de Andalucía, que fue parte en este proceso, ni para la mercantil recurrente ya que consta que formuló reclamación patrimonial tomando como base las citadas sentencias".

El magistrado remarca, en esta línea también, que "tampoco debió serlo para la sala de lo contenciosos-administrativo del TSJA" al haber sido "anuladas", según subraya, las sentencias por ella dictadas por las "tan reiteradas resoluciones de este tribunal de 13 y 13 de diciembre de 2007".

Tras argumentar esto, concluye el Supremo que el TSJA debió, atendiendo a la naturaleza de norma de carácter general de la revisión de la NNSS de Níjar de 1996, someter a la consideración de las partes, antes de dictar la sentencia, la incidencia "tanto de dicha normativa municipal como de las sentencias del TS", y acuerdo anular el fallo.

Del mismo modo, en la sentencia dictada el juez ordena, sin imponer costas a ninguna de las partes, la retroacción de las actuaciones para el dictado de una nueva resolución.

La sentencia ahora anulada criticaba el expediente administrativo elaborado por la Consejería andaluza de Medio Ambiente al estimar que no contenía ni la más mínima justificación del cambio de calificación" del suelo sobre el que se proyectaba la macrourbanización y estimaba que era "exigible" una explicación de cómo se determinó que la zona cumplía los requisitos para ser calificada como zona B1 si en la normativa municipal eran urbanizables, en alusión a las que estaban en vigor antes de la modificación aprobada por el Ayuntamiento en 1996.

Señalaba que en el PORN no constaban las razones por las que la Junta determinaba que las 48 hectáreas de finca donde se preveía el desarrollo del complejo turístico sí afecta a hábitats naturales ni tampoco las especies naturales que motivaron la inclusión de este espacio en la Red Natura 2000 "ya que carecían de interés ambiental específico cuando fueron considerados suelo urbanizable en la normativa de 1994 y en 2005, cuando fue redactado el proyecto de PORN actual", según recordaba.


* El Almería - 11.10.14
Foto: Aguamarga - Níjar (Almería) - teleprensa.net



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La mayor obra del Gobierno en Sevilla es una autovía que acaba en el río

Los disparates urbanísticos continúan apareciendo por toda la geografía del país, a medida que se va informando sobre ellos. Así en Sevilla la mayor inversión del Gobierno central es una autovía en la parte sur de la ciudad que lleva a ninguna parte, ya que se termina al llegar al río, sin que de momento se sepa cuándo se concluirá y, en cualquier caso, demuestra otro despilfarro delictivo del ministerio de Fomento. Pero como los escándalos se imitan, la Junta de Andalucía también mantiene paralizada y sin uso la plataforma ferroviaria Sevilla-Antequera, otro despilfarro más del que nadie parece ser culpable. Porque lo grave de estas actuaciones sin sentido es que, al final, serán pagadas por todos los ciudadanos y la justicia, como siempre, no llevará al banquillo de los acusados a sus responsables políticos.
"ELPAÍS* : Tiempo de elecciones, tiempo de inversiones. La proximidad de los comicios municipales ha reavivado proyectos de infraestructuras larvados por la crisis. Sin embargo, la prioridad en las obras retomadas tanto por la Junta de Andalucía como por el Gobierno central no cuenta con el consenso de todos. La mayor parte de la inversión más significativa en la capital andaluza, de 37,6 millones, va destinada a una carretera sin salida que acaba en el río. Cuatro carriles a ninguna parte.

La Junta también mantiene paralizada y sin uso la plataforma ferroviaria Sevilla-Antequera, en la que se han gastado 280 millones de euros mientras el PP reclama inversiones en los transportes colectivos.

Ambos Gobiernos prevén un esfuerzo en el gasto. La inversión de los Presupuesto Generales del Estado en infraestructuras para Andalucía el próximo año es de 1.310 millones de euros, 268,5 por encima del gasto del año anterior (un 25,8% más). La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, anunció en el Parlamento que las inversiones en obra pública subirán en 90 millones de euros durante 2015, un 17% más.

En la provincia de Sevilla, la inversión más significativa del Gobierno central es sobre el proyecto de SE-40, una segunda ronda de circunvalación que se lleva 37,6 millones de euros (casi el doble que en 2014). De esta cantidad, la partida más alta se corresponde con los 24,2 millones para unir la localidad de Espartinas con la orilla del río. Nada más. Estos dos tramos, que suman 13,4 kilómetros, acaban en un callejón sin salida o, en el mejor de los casos, en una conexión con una carretera interior que vuelve a unir Coria con la SE-30. Es decir, algo más de una docena kilómetros que vuelven a la ronda a la que ya se accede en menos tiempo y con mayor seguridad continuando por la A-49 (Huelva-Sevilla). El tramo entre Alcalá de Guadaíra y Dos Hermanas, de 8,1 kilómetros, recibirá 4.112.000 euros.

La razón del callejón sin salida de la inversión presupuestada es que atravesar el río para unir la A-49 con la Nacional IV sin pasar por la SE-30 supone una inversión de 674.166.000 euros en los túneles previstos. Sin embargo, este proyecto de paso subterráneo cuenta para este año con solo ocho millones de euros.

Otras grandes vías andaluzas suman 277 millones de euros. La mayor parte son para la finalización del nuevo puente de Cádiz (59 millones), la A-7 (135 millones) y la A-32 entre Úbeda y Torreperogil (45 millones). El desdoble la N-IV entre Dos Hermanas y Los Palacios cuenta con una partida de 43 millones para la bonificación del peaje para desviar el tráfico pesado.

Frente a estas partidas, la inversión en transporte colectivo se reduce a cantidades insignificantes, como los menos de 200.000 euros para la red de cercanías en la capital y el olvido del plan para conectar la vía que pasa por la Cartuja con el metro a la altura de Blas Infante.

Esta misma crítica hacia la planificación estatal coincide con la del PP en relación con las cuentas autonómicas. En este sentido, esta formación pedirá en el Parlamento la finalización de las redes de transporte metropolitanas, como la de Sevilla.

Según esta formación, la ausencia de esta infraestructura desarticula social y económicamente el entorno de las capitales y contribuye al aumento del consumo de combustible y la contaminación.

No disponer de una red tranviaria de más de 42 kilómetros implica, según los populares, una pérdida de inversión que supera los 440 millones de euros y de puestos de trabajo, además de un perjuicio que, solo en el caso de Sevilla, afecta a 354.000 ciudadanos. Según sus cálculos, una red completa en el área metropolitana de la capital andaluza permitiría transportar a 13.800.000 viajeros al año y aportaría 4.500.000 de usuarios al año a la única línea existente.

También se aferra el PP en sus críticas a la construcción del eje ferroviario transversal entre Sevilla y Antequera, que iba a generar una inversión de 1.300 millones y, por el contrario, ha supuesto un gasto de 280 millones de euros para una plataforma paralizada y sin posibilidad de uso.

La Junta de Andalucía defiende que las obras reanudadas por la Consejería de Fomento y Vivienda en 2014 y las que reactivará en 2015 suponen la ejecución de una inversión total de 159,3 millones de euros que permite la puesta en servicio de 50 kilómetros de autovías y vías de gran capacidad, y de otros 126 kilómetros de la red convencional (un total de más 176 kilómetros de nueva infraestructura viaria), consolidando así la red viaria autonómica, que ya suma 10.800 kilómetros.

Entre las inversiones previstas, por la Junta destacan las autovías del Almanzora entre Baza y la autovía del Mediterráneo; del Olivar, entre Úbeda y Estepa; el metro de Granada y el tranvía de la bahía de Cádiz.


* El País - RAÚL LIMÓN / ÁNGELES LUCAS - 13.10.14
Foto: Final del tramo de la SE-40 previsto para los próximos presupuestos. / P. PUENTES

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El excalde de Tegueste, Vidal Suárez, imputado por prevaricación urbanística

Tegueste es una población del norte de la isla de Tenerife, cercana a La Laguna, cuyo exalcalde Vidal Suárez (CC), que gobernó durante más de 20 años, ha tenido varios problemas judiciales urbanísticos. Ahora aparece otro más, ya que la Fiscalía Provincial le imputa por un presunto delito en la construcción de la plaza y el centro social de Lomo Las Rías, detectando irregularidades en el expediente del proyecto. En 2004, hace 10 años (diez), se aprobó dicho proyecto sin que se emitiera informe jurídico urbanístico alguno que diera viabilidad a la actuación municipal. Así que al delito del Ayuntamiento habría que añadir la inexplicable tardanza de la justicia en intervenir en este asunto.
"ELDÍA* : La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha imputado al exalcalde de Tegueste, Vidal Suárez, un presunto delito de prevaricación urbanística por la construcción del centro social y plaza de Lomo Las Rías, un enclave que contó con un presupuesto de 748.612 euros que fue subvencionado por el Servicio Canario de Empleo (SCE) y cofinanciado por el Fondo Social Europeo y que tenía como objeto la formación y autoconstrucción por desempleados del municipio.

Según el escrito de acusaciones de la propia Fiscalía, la edificación referida está enclavada en terreno urbano "no consolidado sin que conste desarrollada la correspondiente Unidad de Actuación y en un ámbito suspendido por la Cotmac en 2004".

El Centro Social Lomo Las Rías fue construido por los 33 jóvenes menores de 24 años que integraron la antigua Escuela Taller de Lomo Las Rías, un proyecto formativo que nació para crear este es este espacio. Fue el 30 de diciembre de 2003 cuando el exalcalde Vidal Suárez solicita formalmente ante el SCE la aprobación del proyecto formativo, que permitía, además, la construcción de una plaza pública.

A través de un decreto de 19 de enero de 2004 del entonces alcalde Vidal Suárez, la corporación asume la condición de promotor y se aprueba el proyecto sin que se emitiera "informe jurídico urbanístico alguno que diera viabilidad al proyecto municipal", dice el fiscal Rafael Ruiz en su escrito, a lo que añade que "a día de hoy, tampoco constan emitidos los preceptivos informes técnico-jurídicos del proyecto.

A juicio de la Fiscalía, de la documentación remitida por el ayuntamiento de Tegueste, no se deduce la existencia de un expediente administrativo "al uso" y no consta, además, emitido un informe técnico ni jurídico urbanístico alguno que diera viabilidad al proyecto municipal.

Señala la Unidad de Delitos Urbanísticos en su informe remitido al fiscal que se detectan "irregularidades" en la tramitación del expediente, que la zona no reúne los requisitos urbanísticos de suelo urbano y que no cuenta con los "instrumentos necesarios para su desarrollo urbanístico.

Asegura también que el informe jurídico, en caso de existir, debería haber sido "necesariamente desfavorable, puesto que la construcción fue anterior al instrumento de reparcelación y al proyecto de urbanización".

Se recoge que el propio Ayuntamiento de Tegueste, según el informe del secretario del consistorio, José Tomás Martín, a fecha de 11 de julio de 2013, admite "la inexistencia del obligatorio informe jurídico-urbanístico de viabilidad de obras. Además, se hace constar que no están tramitados los obligatorios instrumentos de Desarrollo.

Es por todo ello por lo que la Fiscalía concluye que "se advierten irregularidades tales como la ausencia de trámites esenciales del procedimiento, ya sea el preceptivo informe por la Oficina Técnica Municipal o el informe jurídico-urbanístico sobre la viabilidad urbanística de las obras y cuya falta no permitiría en ningún caso dictar decreto autorizando el proyecto".

"También consta claramente en la memoria del proyecto que la edificación denunciada se encuentra dentro del ámbito de la Unidad de Actuación 2 (Lomo Las Rías), que es suelo urbano no consolidad, ámbito que tanto a fecha de autorización del proyecto como a día de hoy, carece del oportuno desarrollo urbanístico, lo que no permite la realización no solo de esta, sino de ninguna construcción allí, hasta que exista proyecto de reparcelación y urbanización oportuno", según consta en sus conclusiones el fiscal Rafael Ruiz Ibáñez.

Colaboración del Ayuntamiento de Tegueste

Fuentes del Ayuntamiento de Tegueste aseguraron que el actual grupo de Gobierno local no tiene implicación en este asunto y, en este sentido, "desde la corporación actual se ha enviado toda la información requerida por parte de la Fiscalía, los Juzgados de La Laguna y la Guardia Civil. En ningun caso se ha dejado de enviar ningún tipo de documentación a las instancias competentes. La última petición de información y/o documentación fue en abril de este año, y se hizo sin ningún tipo de problema". Por otra parte, El Día intentó contactar sin éxito con el exalcalde del municipio Vidal Suárez para recabar su opinión al respecto.


* El Día - 19.10.14
Foto: Tegueste (Tenerife) - trekearth



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Cataluña tiene 450.000 pisos vacíos y 230.000 familias sin vivienda

En Cataluña, como en el resto de la costa mediterránea, la burbuja inmobiliaria de pasados años llevó a la construcción indiscriminada de viviendas e infraestructuras de todo tipo, quedando el paisaje desolado cuando estalló la crisis-estafa que aun sigue afectando a gran parte del Territorio. Existen 450.000 viviendas vacías producto de esta grave circunstancia, pero solo el 2% del total de los inmuebles residenciales catalanes son de alquiler social, lo que demuestra la falta de rigor y la especulación urbanística propiciada por el gobierno autonómico durante los últimos 15 años, al menos. Del total, unos 100.000 pisos vacíos están en manos de las entidades bancarias (incluyendo los del Sareb, el banco malo), y deberían salir ya al mercado en buenas condiciones (alquiler social, etc) para beneficio de las familias que no tienen casa ni posibilidades económicas actualmente.
"ELPAÍS* : En Cataluña hay 450.000 pisos vacíos. Y 231.000 familias que necesitan una vivienda asequible. Es decir, el número de inmuebles desocupados duplica el de hogares con necesidad de un techo. Estas cifras forman parte de la radiografía sobre el alquiler social en Cataluña, que ayer presentó la Mesa del Tercer Sector.

Àngels Guiteras, presidenta de la entidad, se quejó una vez más del atraso en políticas de vivienda social. Solo el 2% del total de parque de pisos se dedica a este fin, mientras que la media europea es 13 puntos superior.

El informe fue realizado por Carme Trilla, jefa del Servicio de Mediación en la Vivienda de Cáritas Diocesana de Barcelona, y Tere Bermúdez, encargada del programa Sin hogar ni vivienda de la misma ONG. Los cálculos de ambas expertas muestran que unos 100.000 pisos vacíos están en manos de las entidades bancarias (incluyendo los del Sareb, el banco malo), otros 80.000 son inmuebles de nueva construcción que el mercado no ha podido absorber y la gran mayoría, unos 270.000, son propiedad de particulares que no les dan uso.

De otro lado, Trilla y Bermúdez utilizan dos métodos para establecer cuántas unidades familiares, por su situación económica o porque su hogar no cumple con las normas mínimas de habitabilidad, serían el objetivo de las políticas de alquiler asequible. Ambas maneras, sin embargo, dan un número similar: alrededor de 231.000. Ambas investigadoras aceptan la dificultad de realizar estos cálculos.

La primera estimación se hace de acuerdo a una detección de necesidades. Se tienen en cuenta, por ejemplo, las 50.000 familias que han sido desahuciadas de su vivienda en los últimos cinco años (50.000, según las cifras del Consejo General del Poder Judicial), los registrados en las listas de pisos protegidos de la Generalitat (69.000) y unas 65.000 familias en riesgo de exclusión social. “Cinco de cada mil ciudadanos tiene algún tipo de problemática de mal alojamiento. Según las cifras de 2009, las últimas disponibles, serían unas 37.000 personas sin techo, sin vivienda, con una casa insegura o inadecuada”, explica Trilla. El cálculo también incluye una demanda oculta de 10.000 familias.

La segunda estimación fue realizada siguiendo los estándares europeos. Se parte de la meta de un 15% del total del parque de vivienda dedicado a alquiler asequible y se le resta la oferta disponible. Así, Cataluña debería tener 440.000 viviendas de alquiler público, pero solo cuenta con 60.000, y otras 150.000 de un parque privado con rentas reducidas. Por tanto, el déficit es de 230.000.

Trilla aseguró que “es una evidencia que no dispondremos en los próximos años de un parque de vivienda capaz de absorber esta demanda sino adoptamos soluciones radicales”. Una de estas podría sería multar los pisos vacíos, algo que ya han puesto en marcha varios ayuntamientos. El de Barcelona, por ejemplo, aprobó la medida en enero pero aún no ha impuesto ninguna multa. Aún no ha desarrollado el reglamento para imponer las sanciones. Una portavoz municipal explica que igualmente se trabaja con las entidades bancarias para poder lograr la cesión de pisos y se han comprado algunas promociones de Regesa para alquile asequible. Santa Coloma de Gramanet y Terrassa, con normativas similares, sí han puesto multas de hasta 5.000 euros.

La Mesa del Tercer Sector pidió hacer “una utilización decidida” de estos pisos vacíos y potenciar fórmulas público privadas de gestión. Se trataría de que entidades sin ánimo de lucro o especializadas en vivienda social gestionen y que las diferentes Administraciones regulen.


* El País - CAMILO S. BAQUERO - 14.10.14
Foto: Viviendas públicas en El Prat del Llobregat. / CARLES RIBAS

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Imputan a los tres últimos alcaldes de Andratx por el caso Sant Elm

El urbanismo de Andratx (Mallorca) lleva años en primera línea de las noticias por corrupción y delitos varios. Ya ingresaron en la cárcel por el denominado 'caso Andratx' el exalcalde de la localidad, Eugenio Hidalgo (PP), y el ex director general de Ordenación del Territorio del Govern balear (PP) Jaume Massot. Ahora, de nuevo, por corrupción urbanística, son imputados los últimos tres regidores del gobierno municipal, cada uno de un partido político diferente, lo que viene a demostrar la enorme complicidad delictiva que existe en la turística localidad mallorquina. El tema que se trata ahora es la concesión ilegal de una licencia para aparcamiento privado en Sant Elm, un asunto de largo recorrido.
"DIARIODEMALLORCA* : El juzgado de instrucción nº1 de Palma ha citado a declarar en calidad de imputados a los tres últimos alcaldes de Andratx –el actual mandatario, Llorenç Suau (PP), y sus antecesores Isabel Alemany (UM) y Francesc Femenias (PSIB-PSOE)– por presuntas irregularidades en torno a la licencia del aparcamiento privado de Sant Elm, propiedad de la familia Alemany.

Los próximos días 20 y 21 de octubre, también acudirán a declarar otros querellados en el caso, como la actual primera teniente de alcalde de Andratx, Katia Rouarch (PI), la madre de Isabel Alemany y el arquitecto que intervino en la redacción de las normas subsidiarias.
El origen de esta actuación judicial reside en una querella presentada por un vecino del municipio, que atribuye a los representantes políticos presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y falsedad, por no haber procedido a cerrar esta zona de estacionamiento, que la parte querellante sostiene que es ilegal.

Para sostener este argumento, esgrime informes técnicos de la dirección general de Recursos Hídricos del Govern, que señalan que la parcela donde se ubica el aparcamiento está afectada por una zona inundable vinculada al torrente que atraviesa la parte meridional de estos terrenos.
Además, en la querella se advierte de que el Ayuntamiento no ha solicitado a la madre de Alemany que proceda a abonar el 10% del aprovechamiento de un proyecto urbanizador en esta misma localidad turística.

Cambio de criterio
En un primer momento, el juzgado de instrucción, siguiendo los argumentos de la Fiscalía, había decidido el archivo de las actuaciones, al considerar que no se había acreditado "maniobra alguna tendente a modificar la voluntad del Consistorio en la aprobación" de las normas urbanísticas para regularizar el aparcamiento de Sant Elm.

La parte querellante recurrió esta decisión ante la Audiencia Provincial. Lo hizo con el argumento de que no se habían practicado todas las actuaciones necesarias antes de decidir archivar la causa, actuaciones como tomar declaración a los querellados. El pasado mes de mayo, la Audiencia admitió que la investigación de los hechos no había concluido. La instrucción "no se ha agotado", dijeron en aquel entonces los jueces.

Los magistrados resolvieron que, además de las pruebas documentales realizadas (consistentes en la recopilación de información técnica), debería atenderse la solicitud de la parte querellante para pedir esas declaraciones. La Audiencia pidió también que prestasen declaración como testigos el arquitecto municipal, el abogado asesor de Urbanismo y el secretario del Ayuntamiento.


* Diario de Mallorca - i. moure / l. gutiérrez - 11.10.14
Foto: Andratx (Malloca), Sant-Elm - mallorcaweb



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El concejal de Urbanismo de Marbella declarará como imputado por no paralizar una obra a pie de playa

Evidentemente la corrupción urbanística actual en Marbella no es comparable a la existente hace unos años, lo cual no significa que el nuevo gobierno 'popular' no continúe con esa lacra social que ha transformado para mal la famosa ciudad. Ahora se trata de una serie de construcciones irregulares para un club realizadas sobre una superficie de más de 500 metros cuadrados a pie de playa. Gracias a un informe técnico se descubrió esta ilegalidad urbanística ya que no poseían licencia municipal para ello, pero el ayuntamiento no paralizó la obra con lo que el concejal quedó al descubierto. Además se encuentra dentro de la zona de protección del dominio público marítimo terrestre, al estar lindando con la playa y con zona de servidumbre de tránsito. Demasiadas ilegalidades sospechosas.
"SUR* : Un juzgado de Marbella ha abierto diligencias contra el concejal de Urbanismo, Pablo Moro, tras una denuncia que lo acusa de no haber actuado contra una obra supuestamente ejecutada sin licencia para construir un club de playa. El edil ha sido citado a declarar para finales de este mes en calidad de imputado.

La causa tiene su origen en un informe elaborado por técnicos de la delegación de Urbanismo tras la inspección realizada el pasado 16 de abril sobre unas obras realizadas en la zona de ocio Funky Beach, en la playa de El Pinillo, para la instalación de pérgolas, la construcción de una estructura de unos 200 metros cuadrados y la excavación para una piscina, que finalmente también se acabó construyendo sobre una superficie de 560 metros cuadrados.

Tras esta inspección, dos semanas después se levantó un acta, y el Servicio de Disciplina Urbanística emitió sendos informes técnicos el 25 y el 30 de abril en los que se advertía de la presunta ilegalidad en la que se estaba incurriendo.

Un informe jurídico elaborado también en el área de urbanismo advirtió posteriormente de que si bien las obras de demolición detectadas en las inspecciones contaban con licencia de obras, la instalación de las pérgolas se había ejecutado sin permiso.

El suelo afectado por esta actuación se encuentra clasificado como no urbanizable de especial protección y además está afectado por el límite de edificación por afección de carreteras e incluido en zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre.

Este informe jurídico caracterizaba las obras como una infracción continuada, y señalaba que se debía proceder a «ordenar la reposición de la realidad física alterada».

Según la documentación que obra en el juzgado donde se han abierto diligencias, en el área de municipal de Urbanismo se llegó a redactar una orden de paralización de las obras. Esta resolución, sin firma del concejal, es la base de la denuncia en la que se afirma que el edil no actuó con diligencia para acabar con una ilegalidad.

Denuncia

El documento llegó de forma anónima al grupo municipal socialista, cuyo representante legal presentó el pasado 11 de agosto una denuncia ante la Fiscalía en la que se asegura que Moro se abstuvo de cumplir con su deber como cargo público «beneficiando objetivamente a los propietarios del establecimiento infractor e incurriendo con ello en hechos que pudieran ser constitutivos de los delitos de cohecho y prevaricación». En opinión de los denunciantes, hay una inactividad flagrante por parte del concejal de Urbanismo. Posteriormente, el fiscal dio traslado al juzgado.

Consultado por este periódico, Pablo Moro aseguró ayer que su departamento tramitó no una sino dos órdenes de paralización de las obras, y que la querella tiene por ello «una base absurda». En relación al citado documento, al que no ha tenido acceso, sostiene que puede tratarse de una de las dos órdenes que firmó y que pudieron ser copiadas antes de que pusiera su rúbrica al pie.

El edil indicó que como consecuencia del seguimiento de estas obras que se hizo desde el departamento de Disciplina Urbanística, se ordenó una primera paralización, se demolió una parte de las obras y se permitió seguir adelante una vez que la actuación contó con los permisos necesarios.

Moro atribuyó la querella a la «guerra sucia» y al «vale todo» con que en su opinión trabaja el grupo socialista, y explicó que se ha dado traslado al juzgado de todo el expediente, por lo que aseguró queuna vez que el juez analice toda la información la causa se acabará archivando.


* SUR - HÉCTOR BARBOTTA - 13.10.14
Foto: El concejal de Urbanismo, Pablo Moro, y la alcaldesa - sur

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La Fiscalía ve indicios de delito en una expropiación en Gernika

El exedil de Urbanismo, de EA, del Ayuntamiento de Gernika (Vizcaya) fue imputado por su actuación de expropiación ilegal de un solar en la pasada legislatura, hace ya 7 años. A pesar de que el caso ya lleva unos 3 años en manos de la Fiscalía, hasta ahora no se ha sabido nada de las indagaciones judiciales, algo que resulta incomprensible y muestra una ocultación deliberada a la opinión pública. Las maniobras del ejecutivo gernikarra no quedaron ahí, ya que el fiscal identifica la posible comisión de un delito de falsedad documental por la alteración de los documentos oficiales con los que trataron de encauzar el proceso expropiatorio. Un turbio asunto urbanístico del que se debería haber informado antes y con detalle.
"DEIA* : Ha permanecido oculto en el Ayuntamiento de Gernika durante años, lejos del debate político y sin que los afectados hayan aireado el asunto. Sin embargo, esta semana ha salido a la luz una opaca actuación urbanística de la administración local en Santa Ana Goian. Con el exedil de Urbanismo de EA entre 2007 y 2011, Julen Galarza, imputado en el caso, y la posibilidad de que el asunto salpique a más responsables municipales en un futuro, un escrito de la Fiscalía ha avalado la existencia de indicios de la comisión de sendos delitos de expropiación ilegal y falsedad documental.

La denuncia del ministerio público, datado en 2011 pero del que se ha tenido conocimiento ahora, relata los hechos que rodearon la expropiación efectiva -que no legal- de un solar en la pasada legislatura. El germen del asunto, sin embargo, hay que buscarlo en el proyecto de urbanización y la ejecución de las obras de una parcela contigua, que hoy en día alberga viviendas. Tras pasar por otras instancias judiciales, actualmente se instruyen diligencias previas por la vía penal en el Juzgado de la villa.

Sin que los afectados fueran advertidos previamente, la Fiscalía apunta que fue en octubre de 2007 cuando el Ayuntamiento de Gernika “ocupó” unos terrenos que ya tenían dueño, y no solo los precisos para construir un muro de contención entre ambas parcelas -como definía el proyecto primigenio-, sino para habilitar unos taludes ajardinados “que ocupaban un mayor espacio, y por ende suponían una mayor ocupación”. La obra que ocupaba dichos terrenos concluyó “a mediados de 2008”.

Pero no fue hasta diciembre de 2009 cuando el Ayuntamiento trató de dar un barniz de legalidad a la ocupación. Y es entonces cuando entra en juego otro documento clave en el caso: el anexo II del proyecto de urbanización que, aunque a hechos ya consumados, incluyó cambios en el plan constructivo. De forma paralela también echa a andar un expediente de expropiación forzosa. Un decreto de alcaldía, un trámite que debe de realizar de puño y letra un primer edil, da luz verde a ambos actos administrativos.

Esos hechos tendrían “encaje en la figura de delito de expropiación ilegal”, apunta el ministerio público. No en vano, “se aprecia indiciariamente en la realización de las obras sobre un terreno cuya titularidad no era propia -aunque sí conocida- y todo ello al margen del procedimiento previsto”, apunta sobre una actuación administrativa que, “en todo caso, se inició una vez culminadas dichas obras”. Es más, la documentación aportada por el propio Ayuntamiento de Gernika, que en aquellos momentos estaba en manos de EA y la izquierda abertzale, también reconocería esa situación. La denuncia avala los intentos de los afectados por buscar soluciones al problema. Una propuesta de convenio les “fue entregada” en marzo de 2009, “esto es, mucho después de finalizadas las obras y antes del decreto” de alcaldía que abrió un proceso expropiatorio que hoy en día está en tela de juicio.

Las maniobras del Ejecutivo gernikarra no quedaron ahí, ya que la Fiscalía identifica la posible comisión de un delito de falsedad documental por la alteración de los documentos oficiales con los que trataron de encauzar el proceso expropiatorio. Y es que “a fin de dotar de una cobertura de legalidad a lo realizado, se procedió a antedatar” el citado anexo del proyecto de urbanización, indicando que su redacción había tenido lugar en 2007 -es decir, antes de la conclusión de la obra- cuando en realidad su redacción y posterior aprobación definitiva aconteció en 2009.

Igualmente, y a la vista de la documentación aportada por el Ayuntamiento en el procedimiento civil y en el proceso contencioso-administrativo que durante los últimos años se han seguido en diferentes tribunales, el ministerio público advierte de la existencia dos anexos II al proyecto de urbanización. Con diferencias apreciables “a simple vista” entre uno y otro documento del plan constructivo, pero que portaba una misma identificación, la Fiscalía apunta que la modificación podrían tener un fin concreto: “expropiar unos terrenos concretos y su capacidad o superficie”, pudiendo dar de esta forma soporte a la actuación del Consistorio de la localidad foral.

Hasta la fecha, y a pesar de que han sido varias las personas con responsabilidades durante los últimos diez años en el Consistorio gernikarra que han declarado en los tribunales -entre ellas el que hasta 2007 fuera edil de Urbanismo, Juan Félix Arejita, con el PNV-, tan solo está imputado un exconcejal, Julen Galarza. Permaneció en su cargo desde 2007 a 2011 con EA y, al poco de arrancar la presente legislatura con Bildu, abandonó su puesto.


* Denia - Imanol Fradua - 12.10.14
Foto: Espacio de Santa Ana Goian de donde arranca el litigio judicial que mantiene el Ayuntamiento de Gernika. (I.Fradua)

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Córdoba descubre que la Iglesia también inmatriculó plazas públicas

Que la Iglesia Católica ha hecho y deshecho lo que le ha venido en gana desde hace siglos no es ninguna novedad, así ha vuelto a suceder en Córdoba donde, además del controvertido asunto de la Mezquita-Catedral, ahora surgen nuevos datos que confirman el abuso ilegítimo que ha estado haciendo al conocerse que 2 plazas públicas, y varios edificios en ellas, han sido registradas bajo su propiedad. El tema puede parecer una anécdota pero la realidad es que tras esas inmatriculaciones hay unas cifras económicas suculentas que con esta declaración pasan a ser privadas cuando deberían ser, lógicamente, de propiedad pública. Por supuesto, como suele ocurrir, nadie de la Iglesia Católica da explicaciones y el Ayuntamiento parece poco dispuesto a exigirlas, como debería ser su obligación al servicio de todos.
"ELDIARIO* : El debate sobre la apropiación que la Iglesia realizó sobre la Mezquita-Catedral inscribiéndola a su nombre en el Registro de la Propiedad gracias a un artículo franquista de la Ley Hipotecaria se ha reabierto con nuevos hallazgos. Se acaba de conocer que la Iglesia también ha inmatriculado como propias dos plazas de uso público y varias edificaciones en esos espacios de Córdoba.

Se trata, por un lado, del Triunfo de San Rafael y la plaza del mismo nombre que lo alberga, un espacio de unos mil metros cuadrados junto a la Mezquita-Catedral. Este espacio aparecía en el inventario municipal de patrimonio público y, a la vez, en documentos del Archivo Municipal que señalan cómo en 1850 fue donado al municipio. Sin embargo, se acaba de conocer que el Cabildo Catedralicio de Córdoba lo inscribió a su nombre en el Registro de la Propiedad en abril de 2011, haciendo uso de la Ley Hipotecaria que le concede la potestad de inmatricular un bien sin presentar título de propiedad y sólo con que el Obispo de fe de su posesión.

Por otro lado, también se ha descubierto ahora la inmatriculación de la Plaza de la Fuensanta, un espacio de 4.460 metros cuadrados que alberga además una iglesia, la casa del párroco, jardines y el Pocito –una edificación de gran tradición en este popular barrio de Córdoba-. El Cabildo Catedralicio lo inscribió a su nombre en el Registro de la Propiedad en febrero de 1987 siguiendo también la Ley Hipotecaria pero, un año antes de que la reforma de Aznar permitiera que la Iglesia inmatriculara también templos. Sin embargo, la inscripción de este espacio que incluye una iglesia fue posible porque en la descripción de la finca inscrita no se hace referencia específica a la parroquia.

Ambos espacios, la plaza del Triunfo de San Rafael y la plaza de la Fuensanta, son espacios de uso público en los que tradicionalmente se vienen celebrando actividades vecinales con permisos otorgados por el Ayuntamiento, que también se ha encargado de financiar años atrás obras de restauración y acondicionamiento de ambos lugares.

Y ante estos hallazgos, adelantados por Diario Córdoba, el debate sobre las inmatriculaciones de la Iglesia en Córdoba ha dado un nuevo giro al desconocerse hasta ahora la apropiación sobre bienes y espacio de uso público. El Ayuntamiento, de momento, ha encargado un informe para averiguar si el Triunfo de San Rafael, que aparecía en el inventario de bienes municipales, es de propiedad pública.

El alcalde, José Antonio Nieto, ha destacado que estas inmatriculaciones se han hecho antes de que él ostentara dicho cargo y quiere esclarecer si ha habido errores en el inventario municipal de bienes, un registro que "se corregirá y se procederá conforme a la lógica y el sentido común". Aduce, en ese sentido, que en otros documentos municipales como el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Córdoba figura "con toda claridad" que el Triunfo de San Rafael era el Obispado. Y sobre el otro espacio público inmatriculado, la plaza de la Fuensanta, el alcalde no ha llegado a pronunciarse.

Silencio del obispo y preguntas de la oposición municipal

Preguntado al respecto sobre estas inmatriculaciones el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, sólo ha dicho que "la Iglesia siempre cumple la ley", sin entrar en ninguna otra valoración sobre las inscripciones hechas sobre espacios de uso público. Tanto él como el presidente del Cabildo Catedralicio, Manuel Pérez Moya, fueron preguntados por los periodistas a este respecto pero se negaron a informar sobre ello aludiendo a que no era el momento para hablar del tema antes de la inauguración de una exposición en la que participaban ambos.

Desde la oposición municipal, las respuestas ante estas inmatriculaciones también han llegado. IU ha exigido al alcalde que defienda "los intereses municipales y no los de la Iglesia" y que, en ese sentido, se investiguen todos los espacios y monumentos que hayan podido ser inmatriculados por la Diócesis cordobesa.

Por su parte, desde el PSOE, el senador Juan Pablo Durán ha registrado una pregunta al Gobierno central en la que solicita el listado de bienes inmatriculados desde 1998, al amparo del artículo 206 de la ley y del 304 del reglamento hipotecario, no sólo en Córdoba sino "debidamente desglosado por años, provincias y por naturaleza de los bienes inmatriculados".


* El Diario - Carmen Reina - 7.10.14
Foto: Vista de la plaza y el Triunfo de San Rafael de Córdoba - el diario

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Asturias.- SOS por la expansión de un urbanismo a la norteamericana

Son conocidas las diferencias de 2 modelos de crecimiento urbanístico: el latino, de carácter compacto y unitario; y el anglosajón, más disperso y naturalizado. Ambos modelos tienen sus ventajas e inconvenientes, aunque actualmente, debido al enorme aumento poblacional, se tiende más hacia el primer modelo, que tiene la ventaja de ocupar menos territorio (en mayor altura) y permitir, todavía, ciertos espacios libres. En Asturias se corre el peligro de una cierta dispersión de núcleos urbanos, según han advertido estudios de la Universidad, alertando sobre el nacimiento de una gran metrópoli central con hasta tres núcleos de idéntica jerarquía. El desarrollo de una urbe al estilo estadounidense complicará más aún la gestión de los servicios públicos, algo que incidirá negativamente en la calidad de vida de sus habitantes.
"PABLO ZARIQUIEGUI* : Cada vez más familias asturianas optan por establecer su residencia en entornos semirrurales o urbanizaciones cercanas a los grandes núcleos poblacionales de Oviedo, Gijón y Avilés. La Universidad de Oviedo ha lanzado ya un SOS por el crecimiento de este modelo de desarrollo a la americana.

El estudio Análisis de la situación y perspectivas demográficas del Principado, coordinado por Fernando Rubiera, del Laboratorio de Análisis Económico Regional de la Universidad de Oviedo (Regiolab), llama a tomar cartas en el asunto para corregir esta tendencia.

El informe, primero de una serie encargada por el Gobierno de Asturias, destaca que la ausencia de una coordinación urbanística en Oviedo provoca que algunos municipios, especialmente bien situados en el área central, hayan desarrollado "políticas agresivas" que incentivan un modelo de desarrollo típico de países como Estados Unidos. Pequeñas viviendas unifamiliares que se ubican en espacios semirrurales o urbanizaciones emplazadas a solo unos kilómetros de Oviedo, Gijón o Avilés salpican cada vez con más frecuencia el mapa central de Asturias. ¿La consecuencia? El nacimiento de una metrópolis policéntrica. Dicho de forma más sencilla, la zona central de Asturias ya no tiene un único centro sino que empieza e emerger un área con dos o tres centros de parecida magnitud.

Los expertos de Regiolab subrayan que, si esta conducta aún no generalizada sigue extendiéndose, puede tener consecuencias sobre el uso del suelo, la intensidad en la utilización del automóvil privado como medio de transporte, el coste de los servicios públicos y la accesibilidad sanitaria y educativa.

METRÓPOLI POLICÉNTRICA
Más en concreto, el modelo urbanístico de Asturias, a juicio de estos expertos, presenta dos rasgos complejos sobre los que es necesario reflexionar. De un lado, un problema de dispersión residencial, tradicional en el ámbito rural, pero que está emergiendo con fuerza en el entorno urbano del área central. De otro y relacionado con el primero, la existencia de un modelo metropolitano policéntrico en el centro de la región con varios núcleos de casi igual importancia.

Los especialistas de Regiolab recuerdan que la dispersión puede producirse tanto en entornos rurales como urbanos. En el ámbito rural, depende más de la orografía, el clima y la actividad económica. En el ámbito urbano, guarda más relación con los estilos de vida.

Muchas grandes metrópolis --señala el estudio-- tienden a crecer con modelos residenciales de viviendas similares a los de las grandes urbes estadounidenses. "Si este modelo se extiende, la ciudad se expande enormemente y genera grandes problemas de gestión urbana", asegura el informe. ¿Resultados? El uso del vehículo privado se incrementa, se invaden recursos medioambientales y se dificulta enormente la prestación de servicios públicos básicos como el transporte público, el suministro de agua o energía, la recogida de residuos o el acceso a la sanidad y la educación.

El informe de la Universidad de Oviedo señala que en el caso de Asturias la dispersión es especialmente llamativa en el área central de Asturias hasta el punto de ser equivalente a la de las grandes metrópolis norteamericanas. Las ciudades europeas, que han crecido principalmente antes de la generalización del automóvil, son por esta razón núcleos compactos.

Dentro de España solo algunas ciudades turísticas del mediterráneo han evolucionado con una "preocupante dispersión invasora" de la costa. Madrid y Barcelona presentan también barrios periféricos que reproducen modelos similares a las ciudades estadounidenses. Este fenómeno, sin embargo, no llega a ser relevante en otras urbes de menor tamaño como Sevilla, Bilbao, Valencia o, ya más cerca, Santander o Coruña.

El área central de Asturias está viendo emerger, concluye el estudio, una gran metrópoli, fruto de la integración de tres ciudades y varios núcleos poblacionales de su entorno. A diferencia de Valencia o Bilbao, esta ciudad enorme no tiene un único centro sino dos o tres de idéntica jerarquía.


* Asturias 24 - PZ - 3.10.14
Foto: Asturias, evolución_de_la_dispersión_urbana - regiolab



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El alcalde y el edil de Urbanismo de Alcanar, detenidos por corrupción

De nuevo un Ayuntamiento ha sido registrado por incumplimiento de las leyes y los máximos responsables, el alcalde y el concejal de Urbanismo (ambos de ERC), detenidos en la operación contra esta trama mafiosa que gobernaba el pueblo costero de Alcanar (Tarragona). La investigación del caso se remonta a 2008 para rastrear los amaños ilegales en la adjudicación de los concursos de obras públicas por parte de los implicados municipales, favoreciendo a una serie de empresarios 'amiguetes', que también han sido detenidos en la misma operación. Como se vuelve a ver el color político es independiente de la corrupción urbanística y los siempre críticos de Esquerra Republicana de Catalunya ahora deberán tragarse sus palabras y admitir ante los ciudadanos que ellos son también culpables en algunos de los ayuntamientos que gobiernan. Sería necesaria esa regeneración ética en la política habitual que tanto daño está haciendo en todas las autonomías.
"ELPAÍS* : La Guardia Civil detuvo ayer por presunta corrupción al alcalde de Alcanar (Montsià), Alfons Montserrat (ERC), al regidor de Urbanismo, Manel Martí (ERC), y a tres empresarios locales. Todos ellos están acusados de delitos contra la Administración Pública, entre los que se encuentran prevaricación, malversación, tráfico de influencias y alteración de concursos públicos, explicaron fuentes policiales.

ERC dirige el Consistorio en minoría y la oposición está formada por CiU, PSC y PP, con tres concejales por partido.

Los empresarios son constructores locales que han realizado obras para el Ayuntamiento. Los tres quedaron en libertad por la tarde tras ser interrogados por la Guardia Civil. Dos se negaron a declarar y el tercero contestó a las preguntas de los agentes. La Guardia Civil les atribuye delitos de falsedad documental, alteración de precios en concursos públicos y fraude fiscal. Los agentes también registraron tres inmuebles vinculados a sus empresas.

La Guardia Civil registró también el Ayuntamiento. Una treintena de agentes accedieron a las dependencias del Consistorio en busca de pruebas de presuntos delitos continuados contra la Administración de Justicia y la Hacienda Pública, demás de buscar datos de una trama organizada para perpetrarlos. El juzgado de Instrucción 4 de Amposta (Montsià) y la Fiscalía de Tortosa (Baix Ebre) investigan el caso.

Los agentes centraron el registro en las áreas de Urbanismo y Servicios Técnicos. La investigación policial buscaba pruebas de una posible manipulación continuada en el tiempo (2008-2013) de concursos públicos de obras de la localidad, entre los que se encuentran la urbanización de calles, adecuación de edificios públicos y la concesión de licencias de obras y la compra de una finca en Mas d’En Serra. El 21 de noviembre del año pasado la Guardia Civil ya irrumpió por sorpresa en el Ayuntamiento de la localidad en busca de pruebas. Los agentes requirieron abundante documentación ligada a proyectos urbanísticos. Permanecieron seis horas en el Consistorio, del que se llevaron 18 cajas de documentación sobre contratos, facturas, adjudicaciones y licencias de obras.

La operación se realizó a requerimiento del juez que tramitaba una denuncia interpuesta por un vecino que acusaba al Ayuntamiento de presuntas irregularidades en la gestión y adjudicación de entre 15 y 20 proyectos urbanísticos. Se trataban de obras de diversa índole, como las actuaciones en las instalaciones deportivas del núcleo de Les Cases d’Alcanar, las obras de un albergue o la compra de los terrenos en los que se encuentra el poblado ibero de Sant Jaume-Mas d’en Serrà, explicó el alcalde, Alfons Montserrat. “Esta finca rústica la compramos porque en ella se encuentra el poblado íbero. Costó 22.000 euros y nos han denunciado por sobreprecio”, afirmó Montserrat. “Si andas por Alcanar te das cuenta que han denunciado prácticamente todo lo que hemos hecho en materia urbanística desde que empezamos a gobernar”, aseguró entonces el alcalde.


* El País - MERCÈ PÉREZ PONS - 16.10.14
Foto: Alcanar (Tarragona), playa y pueblo - turismo



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La Xunta ignora al Consello da Cultura y defiende su hotel en un castillo protegido

El Consello da Cultura ha dado un fuerte varapalo a la Xunta de Galicia por intentar transformar el Castillo de Monterrei (Ourense), catalogado como BIC, en un hotel de lujo. Entre otras cosas el informe del Consello hace hincapié en que ya existe un Parador a escasos 400m del lugar, cercano al municipio de Verín, que ya tiene problemas para sostenerse económicamente y que, además, el conjunto histórico del Castillo de Monterrei debe ser preservado como tal, por su gran valor arquitectónico y cultural. Pero la Agencia de Turismo, dependiente del propio presidente de la Xunta, Feijoo, parece tener otros intereses crematísticos y ya ha comenzado por su cuenta las obras, haciendo caso omiso del largo informe negativo del Consello. También los ciudadanos de la comarca han mostrado su oposición a los intereses espurios de la Xunta y han iniciado movilizaciones al respecto.
"ELPAÍS* : El Gobierno de Feijóo no parará las obras ni un minuto para “reflexionar”, como le pidió el Consello da Cultura Galega, después de conocer el informe que este organismo emitió, la crítica más contundente que ha recibido la Xunta desde que se empeña en hacer del Castelo de Monterrei un hospedaje que luego pondrá en manos de Paradores. El Consello publicaba un informe de 118 páginas en el que echaba por tierra los argumentos de la Axencia de Turismo, directamente dependiente de Presidencia, para transformar los edificios más singulares de este conjunto declarado Bien de Interés Cultural en alojamiento para visitantes con posibilidades económicas.

La institución pedía que se parasen las obras adjudicadas a Dragados mientras no se tuviesen en cuenta los consejos de su informe, y reclamaba al Gobierno gallego que revisase “el destino para uso hotelero”. Esto lo basaba, entre otras cosas, en que “ya existe un edificio destinado a este fin a 400 metros”, el actual Parador de Verín, “que tiene problemas para sostenerse” (pasa buena parte del año cerrado por falta de turistas) y para el que el Consello recomendaba “un plan de viabilidad”.

Pero la Xunta seguirá adelante, insiste en un comunicado oficial, porque está convencida de que este nuevo parador que no va a tener más que 13 habitaciones está llamado a ser un “establecimiento de referencia internacional de cuatro estrellas, abierto los 365 días del año”. Y avisa: “Este uso turístico es el único compatible con la conservación del conjunto histórico, ya que permite que la inversión económica pueda ser sostenible al generar unos ingresos garantizados en el tiempo”. El futuro parador de Monterrei, que pretende inaugurar Feijóo en el próximo Entroido, “pondrá en valor” uno de los monumentos “más importantes de Galicia” y generará “empleo y riqueza en la comarca”. Según el Gobierno, existe un estudio económico de viabilidad en el que se basa, pero los vecinos, contrarios a que se “usurpe” a la sociedad un inmueble que el Estado cedió para usos cívicos y culturales, no han logrado que se lo facilite. “En cuanto al actual parador de Verín” (que el Consello sugería reactivar) “su reforma requeriría una nueva inversión pública que se sumaría a la del castillo con el correspondiente dispendio”, responde la Xunta.

Turismo insiste en que “el 83% de la superficie y la totalidad de los espacios exteriores podrán ser visitados por los ciudadanos”. Pero la Plataforma Cidadá pola Defensa do Castelo ha hecho sus propios cálculos y cree que la Xunta hace la cuenta tomando como base la superficie total de la acrópolis, que no le pertenece, porque de los edificios más monumentales, donde promueve las obras, “el 80% será para el hotel”.

El Consello dedicaba buena parte de su informe a defender que el enclave medieval “es un ejemplo del arraigo que se da entre la ciudadanía y su patrimonio, del que es depositaria y con el que tiene unos importantes lazos de identidad”. “Esa ciudadanía no quiere cualquier destino para su patrimonio”, recordaba a continuación a la Xunta, que actuó en todo momento de espaldas al pueblo, mayoritariamente contrario a que se haga un hotel en el castillo público.


* El País - Silvia R.Pontevedra - 14.10.14
Foto: Castillo de Monterrei / NACHO GÓMEZ

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La ruina del AVE: tras 22 años en marcha los ingresos no cubren ni un tercio de la inversión

Desde este blog ya hemos criticado en numerosas ocasiones el terrible despilfarro público acontecido con las nuevas líneas del AVE en este país. Desde que en 1992 se inaugurara el Madrid-Sevilla hasta la construcción de radiales y otros trazados sin sentido, o la estupidez de que cada capital de provincia tuviera su lujosa estación de AVE. Que un país mediano, en todos los sentidos, como España, tenga la mejor y mayor línea de Tren de Alta Velocidad de Europa y la 2ª del mundo (tras China) en km totales, es un disparate propio de una novela de ciencia-ficción. Los altos responsables todavía están esperando un juicio justo por ese tremendo delito contra la razón y la Ordenación del Territorio. Mientras tanto la red AVE acumula una inversión superior a los 47.000 millones de euros desde su puesta en marcha mientras que los ingresos apenas superan los 14.200. Un sinsentido 'insostenible'.
"RAÚl POZO* : La alta velocidad está siendo una de las grandes apuestas del Gobierno para revitalizar la inversión en obra pública. Sin embargo, cada vez será más difícil que el Estado rentabilice la inversión en una red cuyo mastodóntico coste se aleja cada vez más de los ingresos que logra obtener por su explotación.

Desde que se puso en marcha el AVE, con la apertura al tráfico de la línea Madrid-Sevilla, la inversión se ha disparado por encima de los 47.000 millones de euros, mientras que los ingresos apenas han superado los 14.200 millones.

Es decir, la cantidad recaudada por la venta de billetes no cubre ni siquiera un tercio de la inversión que se ha realizado hasta este momento. Y al ritmo actual de incremento del número de pasajeros, aún deberían transcurrir 40 años para llegar a amortizar la inversión aunque se diera la red por concluida, algo que está lejos de suceder, dado los planteamientos del Ministerio de Fomento.

Actualmente, la obra en curso del gestor de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) asciende a más de 12.500 millones de euros, a los que hay que sumar los costes de mantenimiento de los cerca de 2.300 kilómetros que actualmente se encuentran en funcionamiento.

Otra lectura de estas cifras es que hubiera hecho falta el triple de pasajeros que ha empleado las líneas de larga distancia y alta velocidad para poder amortizar la inversión realizada durante las últimas dos décadas.

Sin comparación con Alemania y Francia

Pero este capítulo también va a ser complicado. El pasado año, Renfe logró su un registro histórico de 24 millones de pasajeros de larga distancia y alta velocidad. Pero son cifras que quedan en ridículo si se comparan con los 160 millones de pasajeros que registró Alemania, con una red de alta velocidad con la mitad de kilómetros que la española.

Y tampoco admiten paralelismo alguno con las que exhibe Francia, con 120 millones de viajes en 2013, con una red aún más pequeña que la alemana.

Con estas cifras no son de extrañar las palabras pronunciadas la pasada semana por el presidente de Adif. En un desayuno informativo organizado por Executive Forum, Gonzalo Ferre admitió que la red de alta velocidad en España “no tiene ni pies ni cabeza” con tan sólo 24 millones de pasajeros. “Es insostenible”, remarcó Ferre para después admitir que “vamos a necesitar mucha imaginación para hacerla rentable”.

Una red insostenible

Los números justifican las palabras de Ferre. Desde que se abrió la primera línea de AVE, la cifra de pasajeros ha superado los 388 millones, lo que ha resultado tremendamente insuficiente para hacer rentable ninguna de las líneas que actualmente está en funcionamiento.

Además, cabe añadir que las tasas media de ocupación y aprovechamiento de los trenes no supera en ninguno de los ejercicios el 70%.

Los esfuerzos de Renfe Operadora por incrementar la cifra de pasajeros se han visto reflejados en estrategias como una notable reducción del precio de los billetes y la incorporación de nuevos servicios como los denominados vagones silenciosos, en los que no está permitido el uso de dispositivos móviles.

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha mostrado repetidamente su satisfacción por el hecho de que la cifra de pasajeros de larga distancia y alta velocidad se haya incrementado y que tenga como horizonte inmediato la cota de 28 millones de pasajeros. Sin embargo, para el presidente de Adif no es suficiente.

¿22 millones más en cuatro años?

Gonzalo Ferre estima que la red debería contar con el doble de pasajeros de los que actualmente se registran en los próximos cuatro años. El objetivo sería alcanzar los 50 millones para 2018 o, como mucho, para 2019.

Una meta que se corresponde más con los deseos que con una realidad palpable. Bien es cierto que la entrada en servicio de cerca de 1.000 kilómetros más de trayectos de alta velocidad contribuirá a aproximarse al objetivo.

Pero tampoco escapa a nadie que, igualmente, volverá a poner en lugar inalcanzable la ansiada rentabilidad.


* VozPópuli - RP - 13.10.14
Foto: AVE no, Tren sí - ecologistasenaccion.org



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Madrid.- El Supremo anula la sentencia que tumbó la Operación Calderón

El TSJM anuló en su sentencia de 2012 el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid (entonces y ahora, en manos del PP) del 29 de diciembre de 2009 que validaba la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de 1997 en el ámbito del estadio Calderón y la antigua fábrica de cerveza Mahou. Ahora, en una nueva vuelta de tuerca, el Tribunal Supremo anula esa sentencia de hace 2 años por lo que obliga a repetir el proceso judicial. La situación en este momento ya es distinta, pues se está haciendo un nuevo Plan urbanístico en ese ámbito y, además, hay una nueva Ley comunitaria, pero la gravedad de lo ocurrido marcará el futuro de la zona. Es impresentable la disparidad de criterios judiciales en estos asuntos urbanos graves y todo se debe a la falta de interés de la justicia en solucionar 'urgentemente' el Urbanismo ilegal. No se puede permitir que se aduzca falta de medios judiciales en unos temas que afectan a tantos ciudadanos que, al final, son los que pagan las irregularidades de las distintas administraciones implicadas.
"ELPAÍS* : El Tribunal Supremo anuló el pasado 2 de octubre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que envió al limbo la operación urbanística diseñada por el Atlético de Madrid y el Ayuntamiento de la capital para tirar abajo el estadio Vicente Calderón y construir en su lugar 2.000 viviendas. El fallo del Supremo estima el recurso de la cervecera Mahou, que forma parte de la operación (su antigua fábrica, junto al campo de fútbol, ya ha sido derruida y sobre ese suelo se construirán parte de las viviendas) pero a la que el TSJM no permitió participar en el proceso judicial.

El tribunal estima el recurso de la cervecera y obliga al TSJM a repetir el proceso desde el principio; no entra a juzgar así el fallo emitido el 20 de enero de 2012. En cuanto al futuro de la operación urbanística, la decisión del Supremo lo allana al dar una segunda oportunidad para lograr su visto bueno judicial, cuando además ha cambiado la legislación autonómica que llevó a los magistrados a anularla hace dos años. Además, como ha recalcado el Ayuntamiento, el Supremo no suspende las actuaciones en marcha. El gobierno municipal (PP) está tramitando ya un nuevo plan urbanístico en el ámbito, que prevé la construcción de dos rascacielos de 36 pisos, ocho bloques de pisos y un gran parque.

El TSJM anuló en su sentencia de 2012 el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid (entonces y ahora, en manos del PP) del 29 de diciembre de 2009 que validaba la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de 1997 en el ámbito del estadio y la antigua fábrica de cerveza. En opinión de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, la operación no se ajustaba a derecho al permitir la construcción de torres de viviendas de hasta 17 pisos cuando la ley regional prohibía edificar más de cuatro alturas.

El Ayuntamiento, gobernado entonces por Alberto Ruiz-Gallardón (PP), firmó en 2008 un convenio con el Atlético de Madrid para que se trasladara al estadio municipal de La Peineta, “infrautilizado” y “en un importante estado de deterioro”, según el propio gobierno municipal, desde su inauguración en 1994. El club se comprometió a comprar la parcela de San Blas sobre la que se asienta La Peineta (por 41,2 millones), a derruir el estadio y hacer otro nuevo (con un presupuesto de 195 millones).

Para pagarlo, el Atlético se alió con Mahou y firmó en junio de 2010 un acuerdo con Fomento de Construcciones y Contratas; esta empresa se encargaría de derribar el Vicente Calderón y la cervecera para levantar 2.000 viviendas en su lugar, y de derribar La Peineta y construir el nuevo estadio sobre esa parcela. Además, soterraría el tramo de la autovía M-30 junto al Calderón para completar el parque Madrid Río (la constructora asumiría un 57% del coste, estimado entre 80 y 150 millones; el resto, correría a cargo del Ayuntamiento).

El Ayuntamiento aprobó en octubre de 2009 la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para reformar el área, con los votos del PP (que tenía, como ahora, mayoría absoluta) y la abstención de socialistas e IU (UPyD no tenía entonces representación en el pleno municipal). El Gobierno regional sancionó el proyecto dos meses después, pero la Asociación Señales de Humo (integrada por seguidores del Atlético de Madrid críticos con la gestión del club) lo recurrió judicialmente.

El TSJM le dio la razón en virtud al incumplimiento de la limitación de alturas. La expresidenta regional Esperanza Aguirre (PP) había añadido en 2007 un artículo (el 13) a la Ley del Suelo aprobada en 2001 por Gallardón (entonces al frente del Gobierno autonómico). Rezaba: “No podrá edificarse con una altura superior a tres plantas más ático (...). No obstante, los Ayuntamientos podrán autorizar la construcción de edificios singulares con una altura superior, cuando concurran circunstancias especiales debidamente apreciadas y motivadas”.

Para mitigar el impacto, Aguirre incluyó una disposición transitoria: la limitación solo sería de aplicación en los planes urbanísticos aprobados a partir de la entrada en vigor de la norma. Es decir, todos aquellos que ya contaran con el visto bueno municipal, aunque fuera provisional, podrían seguir adelante sin restricciones.

Cuando el TSJM tumbó la operación urbanística al considerar que las torres de hasta 17 pisos proyectadas incumplían esta disposición, Aguirre se negó a cambiar la ley. El Ayuntamiento, el club y la cervecera recurrieron entonces ante el Supremo. Pero Aguirre dejó la presidencia regional en septiembre de 2012, y fue sustituida por su hasta entonces ‘número dos’, Ignacio González. Este incluyó en abril de 2013 en la Ley de Patrimonio Histórico un nuevo párrafo que alteraba la mencionada disposición transitoria de la Ley del Suelo aprobada por Aguirre: “En todo caso, no será de aplicación dicha limitación al suelo que estuviera clasificado como urbano antes de la entrada en vigor de la Ley 3/2007, ni a las futuras modificaciones o revisiones de planeamiento que se tramiten sobre el mismo ni a los instrumentos de planeamiento de desarrollo que afecten a dicho suelo”.

La limitación de alturas de Aguirre dejó así de afectar al suelo que ya era urbano en el momento de la aprobación de la ley, se hiciera lo que se hiciera en él. Es decir, dejó de afectar a la operación del Calderón. La sentencia del TSJM ya estaba dictada, pero la intención del Ayuntamiento y del club era que el Supremo sí tomara en cuenta este cambio normativo. Ahora el Supremo ha obligado al TSJM a repetir el proceso judicial desde cero, debido eso sí a un defecto no relacionado con el fondo del asunto. El Ayuntamiento confía en que los magistrados tengan en cuenta ahora, en la repetición del proceso, el nuevo cambio normativo: “Habrá que esperar a lo que determine la nueva sentencia del TSJM tras emplazar a Mahou, pero se debe tener en cuenta que la cuestión de fondo ha sido resuelta por la propia legislación de la Comunidad de Madrid, al haber introducido en 2013 una modificación en la regulación de las alturas, dejando claro que esta limitación de altura sólo se aplicará a los nuevos desarrollos de suelo urbanizable, nunca a aquellos que se lleven a cabo en suelo urbano, que es el caso, como se ha dicho, de los suelos del ámbito”.

Sin embargo, el abogado de Señales de Humo, Francisco Estévez, cree que el TSJM debe atenerse a la legislación anterior al cambio para juzgar su demanda, y recuerda que ni ellos ni el Ayuntamiento ni el club pueden cambiar sus posiciones. Mahou, sin embargo, si puede dar la suya y aludir al cambio legal en ella.

El Ayuntamiento prevé que las obras en el ámbito se realicen en tres fases: comenzarán el año que viene, cuando estén concluidos todos los trámites administrativos y si la justicia lo permite, y estarán concluidas en 2022 o 2023. Se iniciarán en el área más apartada del río, que ya está completamente urbanizada, para que FCC pueda ir comercializando los bloques a medida que se concluyan y así aliviar el coste de esta obra y de La Peineta. El Atlético tiene previsto mudarse a su nuevo estadio en 2016.


* El País - BRUNO GARCÍA GALLO / JOSÉ MARCOS - 8.10.14
Foto: Vista aérea del Calderón, con la fábrica de Mahou detrás. / RICARDO GUTIÉRREZ

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Al Ayuntamiento de Carboneras se le deberían retirar las competencia urbanísticas

Carboneras es un pueblo de la costa almeriense castigado por una industria carbonífera que ha arruinado el paradisíaco lugar. Quizás ese detalle tenga que ver con la decisión de los sucesivos gobiernos municipales en perpetuar un modelo insostenible y aplaudir las ilegalidades urbanísticas. En una playa virgen cercana, dentro de un espacio protegido por Ley, se levantó en 2003 por la promotora Azata del Sol un gran hotel de numerosas alturas: el famoso 'El Algarrobico'. La licencia fue concedida por el ayuntamiento socialista y la construcción provocó una fuerte oposición y movilización debido a su ilegalidad por incumplimiento de la Ley de Costas, entre otras. El caso tuvo un gran impacto mediático y por sus dimensiones ha sido usado por los medios de comunicación como símbolo de la mala conservación de la costa española. El hotel paradigmático ha terminado enredado en los Tribunales de justicia, con sentencias contradictorias. Ahora Ecologistas solicita a la Junta de Andalucía que retire las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Carboneras por mantener el Algarrobico como urbanizable.
"ECOTICIAS* : Ecologistas en Acción se ha dirigido a la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para solicitar le sean retiradas las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Carboneras en el ámbito del Algarrobico. Esta es una posibilidad recogida en la legislación vigente y que ha sido aplicada en otros municipios por casos mucho menos escandalosos que el del hotel El Algarrobico, incluso ya se aplicó al municipio de Carboneras.

En marzo de 1997, el entonces Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Carboneras, el independiente D. Antonio Hermosilla, no desarrolló urbanísticamente el sector de El Algarrobico por tratarse de espacio protegido, no urbanizable, en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, PORN del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, publicado en el BOJA de fecha 22 de diciembre de 1994. Ante la negativa municipal a desarrollar el sector, la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Almería, en sesión celebrada el 21 de marzo de 1997, acordó retirar las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Carboneras por su inactividad en la tramitación del expediente de El Algarrobico.

De esta forma, la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, aprobó el proyecto de urbanización de El Algarrobico, el 29 de octubre de 1997, en espacio protegido, no urbanizable, con un grado de protección C1, áreas naturales de interés general, vulnerando así los artículos 5 y 19 de la Ley 4/89 de 27 de marzo que obligaban a adaptar la normativa urbanística municipal a los PORN. Quién vulneró entonces la legalidad fue la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo y quien defendió la normativa fue el Ayuntamiento de Carboneras que se negaba a urbanizar un espacio protegido. A pesar de que la actitud del Ayuntamiento de Carboneras era legal, le fueron retiradas las competencias urbanísticas.

En el momento actual la situación se ha invertido. Quien vulnera la legalidad y la sentencia del TSJA de fecha 11 de junio de 2012, es el Ayuntamiento de Carboneras que se niega a adaptar el PGOU de Carboneras al PORN y continúa clasificando El Algarrobico como urbanizable en el PGOU, en base al Auto de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA con sede en Granada de fecha 25 de noviembre de 2008 que dispone exactamente lo contrario.

Si en 1997, la Junta de Andalucía retiró las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Carboneras cometiendo una ilegalidad, con mayor razón procede retirárselas ahora para restablecer la legalidad urbanística y adaptar el PGOU al PORN, de acuerdo con los artículos 16 y 18 de la Ley 42/07 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad que obligan a adaptar la normativa urbanística municipal al PORN.

Por estos motivos, Ecologistas en Acción ha pedido a la Consejera de Medio Ambiente que si verdaderamente tienen interés en demoler el hotel que obligue al Ayuntamiento de Carboneras a cumplir las sentencias y las leyes y no permita que siga clasificando El Algarrobico como urbanizable en contra de lo establecido en el PORN y en la sentencia firme de fecha 11 de junio de 2012.


* Ecoticias - EA - 9.10.14
Foto: Algarrobico ILEGAL pintado por Greenpeace - A.Rodríguez (EFE)



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La rueda del Urbanismo coruñés

El urbanismo coruñés ha tenido diferentes etapas 'desarrollistas' que han hecho saltar por los aires la imagen de una ciudad controlada y armónica. Esto es obvio viendo el perfil de la ciudad con unas torres y espacios claramente fuera de escala. Durante los años del socialista F.Vázquez se hicieron quizás demasiadas obras urbanas, quedando algunas como testigo sin resolver de aquella época de fastos. Así están los casos del edificio de Fenosa y del polígono de Someso. La construcción en 1997 del primero, en un lugar céntrico de la ciudad, ha sido sentenciada ya como ilegal por el propio Tribunal Supremo, quedándole, pues, poco recorrido para evitar su derribo y adecuación. Las cifras que se deberían abonar a los perjudicados serían de muchos millones y de difícil encaje en la economía coruñesa. Habrá que esperar todavía para saber la solución definitiva, dada la rapidez habitual de la justicia.
"LAOPINIÓN* : "Es normal la defensa de las acciones que adoptó el Ayuntamiento en su momento. Y el gobierno que salga de las elecciones de mayo de 2015 tendrá que defender actuaciones que haga este gobierno". Y así sigue la rueda, puede que hasta el infinito. Es la reflexión de José Nogueira, uno de los concejales del grupo socialista superviviente de los tiempos de Francisco Vázquez, cuya gestión urbanística sigue dando malos frutos judiciales. Urbanismo de juzgado sin responsables y sin siquiera reprobaciones políticas.

Solo un conato de investigación administrativa por Someso cuyo planteamiento se estrelló a la primera de cambio. Este fracaso lo puso como ejemplo el mismo edil del PSOE para argumentar que el alcalde habla "con bastante ligereza" cuando promete buscar responsabilidades.

La "pesada mochila" o "herencia envenenada" fueron dos de los bautismos discurridos por el Partido Popular para calificar la gestión pasada cuando llegaron a la Alcaldía, con los que justificaron y justifican el tiempo, esfuerzo y dinero dedicados a pleitear en los tribunales con propietarios de tierras, vecinos o promotores por asuntos urbanísticos mal curados, siempre sin nombrar al exembajador.

Las cicatrices son millonarias y pueden agrandarse. Porque a la situación generada por Someso, que ya se está pagando, puede sobrevenir una sangría a costa del edificio Conde de Fenosa, tras más de tres lustros de pleitos. Su construcción, en 1997, perpetuaba el modelo desarrollista de la ciudad en la segunda parte del siglo XX e inauguraba simbólicamente el boom inmobiliario que marcó la economía, la gestión y la política de la última mitad de Ejecutivo vazquista.

La construcción de un edificio, que hacía saltar por los aires la normativa urbanística vigente justo un año antes de la aprobación del plan general de 1998, y los inútiles intentos de legalización posteriores han llegado hasta hoy. Es el propio Partido Popular el que cifra que el coste podría superar los 40 millones de euros. El parking de O Parrote más el soterramiento del tráfico en la Marina cuestan unos 50 millones, la reforma de Tabacos son trece y la depuradora de Bens superó los 100 millones de inversión. El presupuesto municipal para 2014 es de 244 millones de euros.

Tras darse de bruces con el Tribunal Supremo, que sentenció que la actuación del Concello en este caso había "distado mucho de los dictados de la buena fe", solo queda acudir al Constitucional, donde no parece verse la luz al final del túnel. Entre las incógnitas futuras: cómo serán las obras para devolver la legalidad al inmueble de Fernando Macías, si el coste de los trabajos se le exigirá a Martinsa-Fadesa -que ha superado el mayor concurso de acreedores de la historia de España- y si el Ayuntamiento y los vecinos de la ciudad acabarán siendo responsables subsidiarios de la desfeita.

En cuanto a Someso, el agujero del urbanismo vazquista ronda los veinte millones de euros, que están siendo pagados, también sentencia firme mediante, por la hucha colectiva de los coruñeses a los propietarios originales de los terrenos de la zona, a los que se les expropió para un campo de fútbol y una carretera. En su lugar, se levantó el polígono interruptus en el que Vázquez quiso ver un "paseo de la Castellana" a la coruñesa.

Y el polígono de San Pedro de Visma. Y el de San Amaro. También el de Náutica. Son otros ejemplos del urbanismo de juzgados de las últimas décadas, concentrando los esfuerzos de servicios jurídicos y asesorías externas. San Amaro no tiene, por el momento, consecuencias, después de que los jueces hayan ido rechazando las peticiones de los promotores con intereses del lugar, cuya edificabilidad se quedó a cero con el título de Patrimonio de la Humanidad de la Torre.

Tras el batacazo con el edificio Fenosa, Negreira habló por primera vez, respecto a este caso, de pedir responsabilidades si hay "perjuicios" para el Ayuntamiento, un "deber fuera de toda opinión". Un análisis de las votaciones en plenos del Partido Popular con Negreira en la oposición, por un lado, y ya como alcalde, por otro, ofrece resultados dispares al respecto. El 11 de enero de 2011, cinco meses antes de ganar las elecciones, el grupo municipal del PP en la oposición se quedaba solo en una moción en la que por enésima vez pedían una triple investigación en tres conflictos urbanísticos: el caso Relámpago, como bautizaron el tema de Someso; la concesión de la licencia para el edificio Fenosa; y la devolución de parcelas en el ofimático (que mantiene a la Xunta también en los jugados).

El PP reprochaba además al BNG su cambio de parecer tras pasar de ser azote del urbanismo de Vázquez a estar silenciado como parte de una coalición de Gobierno en la legislatura con Tello y Losada como cabezas. Tras las elecciones y solo nueve meses después, en el pleno de octubre, el BNG planteaba una comisión de investigación que era rechazada por el PP del Negreira alcalde porque, alegaron entonces, "no tocaba", a la espera de trabajar por la resolución judicial.

¿Y ahora que la hay sobre el edificio Fenosa? Los arquitectos lo tienen claro. Su delegado coruñés, Carlos Pita, afirma que "se consintió una ilegalidad, avisada desde el primer día". "Si pasan estas cosas, que paguen los responsables, no los ciudadanos", opina, "creo que lo vamos a tener difícil, pero transparencia: qué pasó, por qué pasó, quién firmó esto, quién lo aceptó y quién se benefició de esto".


* La Opinión Coruña - A.Rodríguez - 11.10.14
Foto: A Coruña, edificio Fenosa - laopinioncoruna.es



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