LAOPINIÓN/A Coruña* : Burrada. Disparate. Barbaridad. Así es como califican los vecinos de Eirís el convenio que el Ayuntamiento firmó con la Xunta para realojar a 15 familias de chabolistas en el mismo edificio. Los residentes en el barrio destacan que los expertos en erradicación de los asentamientos recomiendan dispersar a los chabolistas para evitar que se formen nuevas barriadas y que la concejal de Servicios Sociales, Silvia Longueira, se comprometió a recolocar a los vecinos de Penamoa en diferentes barrios.
"Estamos indignados con el Ayuntamiento. Nos quieren mandar a todos a Eirís, estamos cabreadísimos. ¿Qué pasa?, ¿somos un barrio de cuarta categoría? Se va a formar un gueto", subraya Manuel Ponte, uno de los representantes vecinales de la zona. Los residentes en Novo Mesoiro, que también están afectados por la recolocación de chabolistas en el barrio, critican la concentración de realojados que va a haber en Eirís. "Nos parece una burrada. Va en contra del sentido común. Lo que no queremos que suceda en Mesoiro tampoco lo queremos para otro barrio", recalca Carlos Puente, uno de los miembros de la asociación vecinal.
La concejal de Servicios Sociales admitió ayer que, tal y como informó este diario, el Ayuntamiento firmó un convenio con la Xunta en 2002 en el que el Gobierno gallego se comprometía a cederle 15 viviendas en Eirís para que las adjudicase a "chabolistas de Penamoa, Oleoducto y O Portiño". Longueira, sin embargo, dijo que el Ejecutivo local renunció al convenio. "Hay una carta de la Concejalía de Servicios Sociales del 30 de enero donde desestima los pisos para el chabolismo porque el plan de chabolismo no incluye el aglutinar un realojo como el de Penamoa en un lugar concreto. Esa carta se remite a Urbanismo y esa concejalía se la remite en abril de 2008 a la Xunta con una carta del alcalde donde solicita la revisión de ese convenio", afirmó la edil.
Desde el Gobierno gallego niegan la existencia de esa misiva. "Estoy intentando reaccionar", dijo el delegado de la Xunta en A Coruña, Diego Calvo, al conocer las declaraciones de Longueira. "A día de hoy no tengo conocimiento de ninguna renuncia por parte del Ayuntamiento. La Xunta estará encantada si renuncia a los pisos. Si no los van a usar y renuncian, a la Xunta no le supone ningún problema", aseguró Calvo.
El Ejecutivo municipal, tal y como informó LA OPINIÓN, dispone de otros 18 pisos en Eirís y de 16 en Novo Mesoiro para adjudicárselos a personas con escasos recursos económicos. Los vecinos de Mesoiro confían en que el Ayuntamiento no utilice esos pisos para realojar a chabolistas.
Las asociaciones de residentes en estos dos barrios se concentrarán hoy a las 20.30 horas en la plaza de María Pita para exigir al Concello que colabore con la Xunta para que los chabolistas no se concentren en esas zonas. El Gobierno local elaboró las listas de adjudicatarios de las casas que tiene el Ejecutivo autonómico en Eirís y en Novo Mesoiro. La Xunta adjudicará las viviendas a principios del próximo año a sus beneficiarios, entre los que hay algunos chabolistas de Penamoa. Los afectados sospechan que la Concejalía de Servicios Sociales ayudó a los chabolistas a realizar los trámites para cumplir los requisitos para obtener los pisos.
Los más de veinte chabolistas a los que les tocó una vivienda de la Xunta sabrán en los primeros meses de 2010 si residirán en Eirís o en Mesoiro. A estos vecinos de Penamoa que están en las listas hay que sumarles las 15 familias que el Ayuntamiento se comprometió a realojar en Eirís.
Los perjudicados proponen al Concello que les cambie los pisos de los que son adjudicatarios por otros situados en diferentes barrios. Los afectados aseguran que si los vecinos de Penamoa aceptan el trueque, se evitaría la creación de nuevas barriadas.
* La Opinión A Coruña - TANIA SUÁREZ / RUBÉN GARCÍA - 22.1.09
Foto: El barrio de Eirís de Abaixo- GABRIEL TIZÓN, elpais.com
Es un ´disparate´ que 15 familias de chabolistas vivan en un edificio
La hora de las casas ilegales
ELPAÍS/Cádiz* : Durante los últimos 30 años crecieron como setas. Y ahora eliminarlas no va a ser nada fácil. El Ayuntamiento de Chiclana (Cádiz), auxiliado por la Junta de Andalucía, ha emprendido la fase decisiva de uno de sus objetivos más ambiciosos y complejos: regularizar más de 15.000 viviendas ilegales.
Ha buscado la solución mediante unas ordenanzas que han repartido la ciudad en áreas y que fija la disposición de servicios básicos como el agua potable o el alcantarillado. El coste ha de ser asumido por los propietarios que construyeron sin permiso. Y he ahí el problema. Los que llevan años viviendo en casas que levantaron sin licencia no están dispuestos a pagar el precio que el Consistorio, encabezado por el socialista José María Román, les pide. Lo consideran desorbitado. Si los vecinos no pagan, el plan está destinado al fracaso y prolongará sin fecha la compleja situación irregular urbanística de la ciudad. También pondrá en duda una política que el Gobierno andaluz quería extender a otros puntos de la comunidad.
La manifestación de ayer, que reunió a más de 4.000 personas, era la expresión pública de los que se oponen al proceso de regularización impulsado por el gobierno municipal socialista. El inventario realizado por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio establece que en Chiclana hay 15.007 casas ilegales. De ellas, 10.632 están dentro de las nuevas áreas de gestión básica y entran dentro de este proceso de legalización que ha comenzado con la apertura de una oficina y ha continuado con la elaboración de unas ordenanzas que establece los pasos que se deben seguir y se establecen los costes que, según la primera estimación, oscila entre los 30.000 y los 140.000 euros. En este precio está la solución administrativa para hacer la vivienda legal y las obras para dotarla de servicios básicos como alumbrado, alcantarillado o suministro de agua potable.
Pero muchos no están dispuestos a pagar ese dinero. Y no es una cuestión política. También rechazaron las anteriores ordenanzas propuestas por el anterior equipo de gobierno de IU y de PP. Es una cuestión económica. "Es algo inasumible y más en estos tiempos", advierte Miguel Pérez, portavoz de la plataforma que convocó la manifestación. La mayoría de ellos han solicitado, con el apoyo de la oposición municipal, que sea la Junta y el Ayuntamiento los que paguen el 75% de ese dinero. En su argumentario, el hecho de que ambas administraciones permitieron durante años que las setas del urbanismo ilegal crecieran sin control en Chiclana.
La última propuesta de esta plataforma, que engloba a un buen número de asociaciones, es que los propietarios paguen algunos servicios básicos, los más demandados, y que el Ayuntamiento retrase el resto del proyecto hasta tener un nuevo plan general, ya que el actual, aunque recurrido, está anulado por el TSJA.
Otras como José Antonio Sánchez, de la Federación Norte, proponen que sea el Ayuntamiento el que solicite, avalado por la Junta, un gran préstamo de 360 millones de euros (el coste estimado de la regularización) y que los propietarios paguen en cuotas mensuales no superiores a 80 euros al Consistorio. "Los bancos no nos van a dar préstamos a todos para pagar los precios que están pidiendo", advierte. El movimiento vecinal, que ha incorporado también tintes políticos, ha derivado también en la plataforma Chiclana justa, un colectivo que no quiere que el dinero público se invierta en ayudar a los que levantaron sus casas sin permiso. "Que pague quien en su momento no pagó", dice su portavoz, José Izquierdo.
El Ayuntamiento lo tiene difícil. Busca fórmulas para reducir el coste: créditos blandos, ampliación de plazos, o contratación individual de las obras. Pero sigue sin convencer a todos. Sin vecinos dispuestos a pagar, las setas del urbanismo ilegal seguirán en Chiclana.
* ELPAIS.com - PEDRO ESPINOSA - Cádiz - 22/11/2009
Foto: Chiclana zona ilegales - ELPAIS - Roman Ríos
El malestar por la corrupción sale por primera vez a la calle
ELPERIÓDICO/Barcelona* : Los últimos casos de corrupción en el Palau de la Música y en Santa Coloma de Gramenet han comenzado a despertar el descontento entre decenas de asociaciones y plataformas que se concentraron ayer en la plaza de Sant Jaume de Barcelona para protestar, por primera vez, contra la corrupción en Catalunya.
Cerca de un millar de personas asistieron a la convocatoria y lucieron pancartas con mensajes agresivos contra los partidos políticos y los empresarios de la construcción. «PSOE, PP, CiU, etc: delincuencia organizada» y «La única gripe que mata es la especulación inmobiliaria» fueron algunos de los mensajes que exhibieron los manifestantes mientras simulaban que cocinaban un gran chorizo en una pequeña olla.
Asociaciones diversas pero con un común denominador (las afectaciones por polémicos planes urbanísticos) pidieron la revisión de los proyectos que, a su juicio, vulneran el interés colectivo y favorecen a grupos empresariales y políticos.
Los afectados en Barcelona por la reforma de Can Ricart, la plataforma contra la reforma del Miniestadi en Les Corts y los contrarios a los planes urbanísticos en los barrios de Singuerlín y Serra de la Marina en Santa Coloma de Gramenet, fueron algunas de las agrupaciones más numerosas. Pero también asistieron manifestantes que protestaban contra la construcción de una guardería en malas condiciones en el Forat de la Vergonya o los vecinos de la Terra Alta, que se quejan de la instalación de molinos de viento.
TRABAJADORES EN PARO/ En la cita también se congregaron otros colectivos afectados por la crisis. La asamblea de parados de Catalunya denunció, a través de su portavoz, Oleguer Bohigas, que muchos trabajadores de las obras del Plan E llamados por empresas subcontratadas carecen de contrato laboral. El trabajador en paro se dirigió desde la tribuna a los asistentes y utilizó el popular lema de las revueltas de Argentina durante la crisis del corralito: «Que se vayan todos».
Tras su intervención, los vecinos de Santa Coloma de Gramenet pidieron a gritos la disolución del consistorio mientras uno de sus portavoces exigía desde la tribuna un cambio radical en la política urbanística de la ciudad. En el acto, vigilado por los Mossos d’Esquadra, también se mostraron pancartas que pedían prisión para Millet y no faltó su caricatura nadando en billetes.
* El Periódico - DAVID PLACER - 22.11.09
Foto: Una parte de los manifestantes, ayer, en la plaza de Sant Jaume. Foto: DANNY CAMINAL, elperiodico.com
Jerez: El final del 'pelotazo'
DIARIODEJEREZ* : La ciudad tiene 25.000 nuevas viviendas paralizadas de las que aún no se ha puesto ni un ladrillo. Hay otras miles a medio hacer y unas 12.000 construidas y deshabitadas. Completamente vacías. 9,3 millones de metros cuadrados de suelos rústicos fueron vendidos hace años un 50% por encima de lo que costarían ahora.
La realidad dicta que "ahora el suelo no vale nada; casi no hay suelo en venta porque no merece la pena, nadie da nada por nada", comenta un promotor inmobiliario. Ni se ha puesto un ladrillo de la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Jerez, con una previsión desfasada y más propia de los tiempos del 'pelotazo', "ni difícilmente se pondrá alguno a lo largo del año que viene". Así de claro lo ponen de manifiesto expertos del sector consultados por este periódico que operan en la ciudad desde mucho antes del 'boom' del ladrillo. Las promotoras no dan abasto, "no hay ni una que tenga liquidez", atestiguan. Las entidades financieras controlan a su antojo cuándo y cómo les insuflan oxígeno económico. Y los potenciales compradores andan más preocupados por no perder su puesto de trabajo o encontrar uno cuanto antes que por pelearse con un banquero para que les conceda, casi como obra de caridad, un crédito hipotecario.
La crisis global es sinónimo de crack del negocio inmobiliario, de fin de la era del 'pelotazo'. No se entiende lo primero sin lo segundo, al menos en España. En este mapa de poceros, sandokanes y demás hierbas, Jerez figura como uno de los municipios donde más dinero ha movido la construcción en los últimos tiempos. Hace casi cinco años, cuando arrancó la revisión del actual planeamiento, se decía que el PGOU aprobado en el año 95 estaba totalmente agotado, que no había ni un milímetro sobre el que construir y por eso los promotores se agolpaban a las puertas de Los Arcos demandando recalificaciones urbanísticas a mansalva. Sólo unos años después, hay millones de metros de suelo disponible pero, paradójicamente, ya ni hay dinero, ni casi quedan promotores con margen de maniobra. Todo eso se acabó. "Y no volverá", puntualizan rotundos desde el sector.
"Ha habido muchas inversiones millonarias en suelos que no valen ahora ni la mitad de lo que se pagó por ellos; además no hay bancos que financien extensiones de terreno tan enormes", señalan en alusión a los nuevos desarrollos que ha pintado con alegría el nuevo Plan General, que extiende el núcleo principal de Jerez como una mancha de aceite que baña todo el territorio municipal. Con suerte y mucho esfuerzo, confirman, las principales promotoras de la ciudad, Grupo Ángel Monreal, Rochdale, Basilio Iglesias y Jerezana de Comunidades, podrían poner algo en marcha para el segundo semestre de 2010. Monreal, por ejemplo, empezará en breve a edificar dos fases de Rancho Croft (un centenar de casas vendidas), pero la tónica imperante es que no se mueve ni un jaramago de los suelos sobre los que se alzará el Jerez del mañana. Desde la Delegación de Urbanismo, ávida de inversiones e impuestos que recaudar gracias al 'ladrillo', aseguran que habrá novedades el año que viene aunque lo cierto es que hay más promoción que ventas reales.
Hay casos curiosos, como el de promotoras que han concluido urbanizaciones en la ciudad, con sus jardines y columpios incluidos, pero que no han podido construir las casas porque nadie estaba dispuesto a comprarlas. Es el caso del complejo residencial promovido por la empresa alicantina Hansa Urbana, en sociedad con la poderosa Metrovacesa, en la zona de Pozoalbero. Ambas ya dieron carpetazo a todo proyecto en Jerez. Uno de los responsables de Hansa, Diego Chacón, asume que "tendremos que esperar a que la cosa mejore, pero es cierto que Jerez es ahora de lo peorcito de España". Sin querer entrar en más detalles, "nosotros decidimos terminar la urbanización que ya habíamos empezado, y ahora toca esperar, pero a este paso vamos a tener que regalar las casas en Jerez". Hay promociones lujosas, con localizaciones inmejorables en pleno centro, con las máximas calidades, que se venden a precio de hipoteca (rebajas de entre un 20-30%) y que sin embargo no se venden. Mejor dicho, apenas se venden. En los mejores casos, sus promotores han conseguido cubrir el 50% de la oferta, pero la otra mitad sigue deshabitada. Y probablemente "lo seguirá estando durante mucho más tiempo, hasta que el mercado se regularice definitivamente", apostillan a propósito de un negocio hasta ahora "ilógico" e "inflado", víctima de su propia ambición desmesurada. "Aquí todo el mundo invertía lo que ganaba; se ha ganado mucho, pero no es menos cierto que muchos beneficios están ahora bloqueados en inversiones que puede que nunca lleguen a materializarse", comenta un conocido promotor que prefiere mantener el anonimato.
"Dependemos al 100% de los bancos, tanto para edificar, como para vender", recalcan. Eso, con un handicap adicional: "Los bancos y cajas nos hacen ahora, para colmo, competencia desleal en toda regla, puesto que la mayoría se ha dedicado al negocio inmobiliario para dar salida a todo el stock". La ciudad, sólo hay que dar una vuelta, está repleta de enormes anuncios publicitarios de entidades financieras que venden pisos 'heredados' a través de filiales inmobiliarias.
En el último año, la actividad de la construcción ha perdido en la ciudad 4.500 empleos, pero a éstos hay que sumar el de las personas que tenían algún tipo de relación con el ladrillo aunque en el ámbito de los servicios. Las agencias y empresas inmobiliarias crecieron como setas por toda la ciudad hace tan sólo unos años y en la actualidad han desaparecido a idéntico ritmo vertiginoso como el que se generaron. "Sólo quedan los de toda la vida", dicen quienes aún tienen suerte de seguir vivos en el negocio de la compraventa.
A principios de 2007, cuando el 'boom' daba sus penúltimos coletazos, se llegaron a contabilizar 264 oficinas inmobiliarias distribuidas a lo largo y ancho de la ciudad. "Algunas grandes, como Tecnocasa, sumaron hasta 14 oficinas, pero quien más y quien menos tenía 2 ó 3 oficinas abiertas", rememoran. Y apostillan: "Era una barbaridad, pero lo más curioso es que todas vendían". Ni que decir tiene que la crisis ha arrasado con todo eso. Hoy día, afirman fuentes de toda solvencia, sólo se mantienen abiertas una veintena de oficinas y, además, "no hay nadie que tenga más de una". Esta drástica disminución de un 92,4% no ha afectado a históricos del negocio inmobiliario en la ciudad como Cambas, Gormaz, Mistercasa, Huertas o Zambrano. "Somos de las pocas que nos mantenemos, pero la verdad es que firmar no estamos firmando casi ninguna transacción, sólo a cuenta gotas; y algunas subsisten con los alquileres", admite Francisco Escot, gerente de Mistercasa, que llegó a tener dos oficinas en otros tantos puntos de la ciudad. "A nosotros nos pasa como a los promotores, ya sólo quedamos los de siempre y los más serios", apostilla Escot, que pese a todo entiende que "lo que ha pasado es que hemos vuelto a la normalidad. "Hay que ser conscientes de eso, aunque algunos no intuyésemos que la normalización sería tan severa", apostilla. El 'pelotazo' se ha ido y todos coinciden en que no volverá. Una muerte anunciada que pocos vislumbraron. Un conocido promotor avisa: "Yo hago una cosita ahora y no muevo nada más hasta al menos dentro de dos años". Tensa espera.
* Diario de Jerez - Francisco Sánchez Múgica - 22.11.09
Foto: diariodejerez.es
La UE denuncia a España por modificar los contratos públicos tras adjudicarlos
ElPAÍS* : La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia Europeo porque la normativa sobre modificación de contratos de la nueva ley de adjudicación pública no respeta los principios de igualdad de trato, no discriminación y transparencia.
En opinión del Ejecutivo comunitario, la Ley de contratos del sector público da a las administraciones "amplios poderes para modificar cláusulas fundamentales de los mismos después de su adjudicación, sin que las condiciones de modificación se hayan establecido en los documentos contractuales de manera clara, precisa e inequívoca".
Además, por lo que respecta a la realización de obras, la prestación de servicios o la entrega de suministros adicionales, la Comisión considera también que la ley permite que el órgano de contratación recurra a la utilización de procedimientos negociados sin publicación en contra de lo dispuesto en la legislación europea.
Se calcula que la contratación pública en la UE representa en total alrededor del 16 % del PIB de la Unión. Los procedimientos de licitación públicos y transparentes que exige la legislación comunitaria significan, según añade el Ejecutivo comunitario en un comunicado, más competencia, salvaguardias mayores contra la corrupción, y una mejora del servicio y la rentabilidad para los contribuyentes.
La Comisión exige cambios en la legislación sobre el IVA
La Comisión Europea ha pedido hoy oficialmente a España que modifique su legislación sobre agrupación a efectos del IVA por considerar que en su versión actual vulnera la normativa comunitaria. La directiva europea permite a los Estados miembros, en aras de la simplificación administrativa, la posibilidad de considerar como un único sujeto pasivo a aquellas personas que son jurídicamente independientes, pero que están estrechamente vinculadas entre sí desde los puntos de vista financiero, económico y organizativo.
Sin embargo, el Ejecutivo comunitario considera que España aplica incorrectamente esta norma porque permite a personas que no son sujetos pasivos formar parte de una agrupación a efectos del IVA. La solicitud de Bruselas adopta la forma de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción. Si España no modifica su legislación en el plazo de dos meses, la Comisión puede llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
El Ejecutivo comunitario también exigió la modificación de la legislación sobre el IVA a Países Bajos, Irlanda, Finlandia, Suecia, Reino Unido, República Checa y Dinamarca.
* ELPAIS.com - 20.11.09
Foto: Parlamento europeo, Strasbourg - Cédric Puisney, wikipedia.org
Colectivos cívicos de Alicante se unen contra la corrupción
ELPAÍS* : Los incesantes y abultados casos de corrupción política que sacuden las instituciones de la Comunidad Valenciana ha espoleado la conciencia de 12 colectivos cívicos de Alicante y han constituido la primera entidad meramente civil de la provincia para "denunciar y reflexionar" sobre sus causas y fórmulas para combatirla. En este segundo apartado, los mentores de la plataforma tienen claro que el fin a la corrupción pasa por cambiar el actual modelo económico que ha imperado en la Comunidad Valencia, es decir, enterrar el urbanismo salvaje y los grandes proyectos.
La primera iniciativa del colectivo ha sido la difusión de un manifiesto. "El documento es un primer paso para intentar despertar las conciencias de los ciudadanos ante la entidad de la corrupción, sus causas y, sobre todo, la convicción de que se puede combatir", aseveró Manuel Alcaraz, profesor de Derecho de la Universidad de Alicante y portavoz de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC).
Además, de la PIC, en la nueva entidad cívica se integran colectivos como Escola Valenciana, Ecologistas en Acción y Plataforma contra la Pobreza. Para Alcaraz, los tres pilares visibles de la economía valenciana han sido hasta ahora el urbanismo depredador, los grandes eventos y el modelo turístico de sol y playa. "Y se ha demostrado, que estos tres pilares han sido el nido perfecto de la corrupción, o sea, que todos los casos han tenido su origen en este modelo productivo. Por tanto, lo que urge es un cambio", explicó el académico.
El colectivo defiende que el caso Gürtel no es causa de la actual situación "sino consecuencia de hábitos enquistados en las administraciones". Alcaraz asegura que este caso no es "toda la realidad ni debemos olvidar otras situaciones".
La nueva plataforma cree "imprescindible" la dimisión del presidente de la Generalitat, Francisco Camps "con independencia de lo que resuelvan los tribunales" ya que, argumentan, "su errático comportamiento durante los últimos meses ha estado marcado por la mentira, la ausencia de transparencia y la indecisión".
En su manifiesto, el colectivo también pone en su punto de mira a Alicante y menciona las "reiteradas coincidencias" entre los intereses de algunos empresarios y los acuerdos municipales (plan Rabassa o Rico Pérez). También critican la pasividad del Ayuntamiento ante la crisis o la defensa de los servicios públicos. Por último, urgen a los partidos políticos a lograr acuerdos contra la crisis.
* ELPAIS.com - 21.11.09
Foto: Alicante, vista - J.Navarro, diarioinformacion.com
Andratx, lo peor estaba por llegar
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DIARIODEMALLORCA* : Un día soleado de noviembre, hace ya tres años, el entonces alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, salió del Ayuntamiento de su pueblo con las manos matrimoniadas por esposas. Un terremoto local. Los visionarios más atrevidos no imaginaron un seísmo mas allá de la frontera del municipio costero, salvo para engrilletar al director general de Urbanismo, Jaume Massot.
Por aquella época, Jaume Matas exprimía la recta final de su mandato en la Comunidad Autónoma sin temor a que le mordieran la mano o le tosieran sobre la solapa de su traje azul marino. Su entrecejo hundido imprimía terror en sus escasos contrincantes. Maria Antònia Munar dirigía el Consell de Mallorca sin más dolores de cabeza que los propiciados por Javier Rodrigo de Santos, quien manejaba los hilos de Palma desde su puesto de teniente de alcalde. Josep Juan Cardona departía afable en el Parlament porque, a los ojos de todos, gozaba del título de conseller más amistoso de todos los integrantes del gabinete. Dos escuderos de Munar, Miquel Ángel Flaquer y Miquel Nadal, disfrutaban del poder a la sombra de la todopoderosa. El segundo trazaba en secreto una traición freudiana. Rosa Estarás no necesitaba matar a su padre político porque ya infundía temor dentro y fuera de su partido, salvo al tecnócrata del territorio, Bartomeu Vicens, hombre enjuto pero simpático que, paradojas del destino, se dedicaba a denunciar las tropelías urbanísticas de Andratx. El alcalde de Eivissa con aspiraciones a dominar toda la isla se llamaba de Xicu Tarrés.
Bajo los figurones, una legión de concejales encabezados por Rafael Durán, directores generales al estilo Kurt Viaene o Juan Francisco Gálvez, gerentes grises de empresas más grises todavía en cuyas tarjetas de visita se leía Antonia Ordinas o Damià Vidal, un cuñado a tiempo parcial en la caja de ahorros y en el partido (Fernando Areal), un celador poco celoso... Así, varias decenas de nombres que jamás habían calibrado la temperatura de la madera de los banquillos. De los citados, Estarás no tiene cita con ningún magistrado, pero vive en Bruselas. Ya no inspira miedo a nadie.
¿Todo tranquilo?
"No existe trama urbanística", dijo Hidalgo al día siguiente de su detención. Tres años después, ya lleva sobre sus hombros dos sentencias por delitos contra el territorio –falta conocer la decisión del Tribunal Supremo en casación– y varios juicios por delante. De aquella operación Voramar, queda el sainete protagonizado por el entonces secretario general del PP, José María Rodríguez, y el ex president Matas. Los dos, junto a Hidalgo, vivieron horas frenéticas antes de la detención del ex alcalde el 27 de noviembre de 2006. Rodríguez le alertó del "lío" que se avecinaba en Andratx y Matas le emplazó en el Consolat dos días antes de la jornada de autos. Hidalgo tuvo tiempo para destruir pruebas y, además, recibió un telefonazo del ex secretario general a sólo 45 minutos de la irrupción de los guardias civiles. "Hoy es lunes y estoy en mi despacho". Rodríguez compendió la conversación con esta frase. Nunca una llamada había resultado tan absurda.
En la última entrevista concedida por Matas a este diario, el político estuvo a punto de levantarse del sofá y despedir al periodista con cajas destempladas. "El asunto está absolutamente explicado. Insisto, a usted no le interesa mi programa electoral. No hay ninguna novedad en este momento. No sé qué interés tiene usted en sacarlo, salvo que quiera tergiversar la entrevista de un candidato [al Govern]. ¿Cuál es la noticia para recuperar esto? No tengo nada más que añadir. El caso Andratx es un caso desgraciado. Lo peor que ha pasado en esta legislatura y hemos actuado con contundencia". Por desgracia, no fue lo peor de aquella legislatura.
* Diario de Mallorca - M.M.B. - 21.11.09
Foto: Andratx (Mallorca) - diariodemallorca.es
El 'caso Pretoria' fuerza el cese de la responsable de urbanismo de Santa Coloma
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ELPAÍS/Barcelona* : Desde que el martes Santa Coloma de Gramenet nombró alcaldesa se han sucedido las destituciones y dimisiones en el Ayuntamiento. Ayer fue Carmen Moraira, segunda teniente de alcalde y responsable de Urbanismo la que presentó su renuncia.
El escueto comunicado del Consistorio atribuía la dimisión a "los acontecimientos sucedidos" a raíz de la Operación Pretoria, de corrupción urbanística y a "la política urbanística" municipal, una política que Moraira había defendido a capa y espada antes de la detención del ex alcalde Bartomeu Muñoz y del ex concejal de Urbanismo Manuel Dobarco, imputados en el caso, y a pesar de que algunas obras habían recibido las críticas de vecinos y oposición.
Núria Parlón, la nueva alcaldesa, aceptó la renuncia de Moraira, que será sustituida por Esteve Serrano, hasta ahora concejal de Promoción Económica. La de Moraira era una dimisión anunciada, precisamente porque era hasta ayer la encargada de supervisar la concejalía de Urbanismo y los proyectos que están siendo investigados por el juez Baltasar Garzón.
Sin sorpresas
Desde que se destapó el caso Pretoria, a Moraria se la ha visto compungida en varios actos públicos, pero ha evitado hacer declaraciones sobre la polémica gestión del Ayuntamiento y la investigación judicial.
En la oposición no sorprendió la noticia. El PP señaló incluso que pensaba pedir su dimisión la semana próxima, "porque, aunque finalmente no sea responsable de lo sucedido, debía haberse enterado de lo que estaba pasando". Pese a la rivalidad política, Manel Olivés, portavoz de CiU, señalaba: "se va una de las personas más válidas y honradas del gobierno". Olivés añadió que quienes deberían dimitir eran otros. En ICV atribuían la dimisión a la presión que rodea el caso.
El PSC trabaja ya para encontrar el sustituto de la teniente de alcalde, y para relevar a los tres cargos destituidos el jueves. El nuevo gobierno municipal deberá ponerse manos a la obra con proyectos urbanísticos envueltos en la polémica, como el mercado del Fondo, cuyos dueños de los puestos llevan un año en un emplazamiento provisional a la espera de que comience a levantarse el nuevo edificio. O el ARE de Safaretjos, que preveía la construcción de 300 viviendas, y la reforma del Singuerlín.
* ELPAIS.com - FERMÍN ROBLES - Santa Coloma de Gramenet - 21/11/2009
Foto: Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) - flickr.com
El Vicealcalde de Cartagena y una responsable jurídica municipal, imputados
VEGAMEDIA* : Aunque ya venía hablándose los últimos días por los pasillos del Ayuntamiento y la noticia estaba en la calle, nadie habló hasta hace unas horas. Pero lo cierto es que Agustín Guillén, mano derecha de Pilar Barreiro y vicealcalde de Cartagena; así como una responsable jurídica de Urbanismo han sido imputados en una investigación judicial iniciada como consecuencia de la concesión de una licencia urbanística.
La denuncia de un vecino de la diputación cartagenera de Perín dio paso a la apertura de las diligencias penales en los tribunales de Cartagena, en donde fuentes de los mismos ya han manifestado que se está tramitando su citación en calidad de imputados. La denuncia dio paso a las primeras investigaciones en las que ha participado el propio juez instructor y un fiscal de Cartagena.
El caso judicial, del que ya se ha defendido en una rueda de prensa el vicealcalde cartagenero, actual responsable de Hacienda, y en el momento de los hechos responsable del área urbanística, se inicia como consecuencia, según las mismas fuentes, después de que el referido político firmara una licencia urbanística en una zona en la que era necesario un informe previo medioambiental, y el mismo no se había realizado.
Se da la circunstancia de que la licencia fue firmada a favor del marido de Lolo Galindo (María Dolores Galindo) que ocupa un puesto de designación política en el propio Consistorio cartagenero, como coordinadora de exposiciones de la Concejalía de Cultura, ambos están vinculados a un conocido restaurante de la Ciudad Departamental.
Los hechos se remontan al año 2006 y la licencia se concedió en un espacio medioambientalmente sensible y que, de hecho, está afectado por el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de la Sierra de la Muela.
Las diligencias, en el día de ayer, ya eran plenamente conocidas en el Ayuntamiento de Cartagena y, al parecer, la defensa del Vicealcalde, al menos, se ha encargado a un despacho jurídico externo al propio Ayuntamiento.
Según una nota de prensa del Consistorio: “El hecho en discusión es la concesión por el Ayuntamiento de Cartagena de una licencia para construir una vivienda en el paraje de Los Pinchos de Perín, solicitada de D. José Luís Botella García el 8 de septiembre de 2006. La licencia fue firmada por Agustín Guillén como concejal de Urbanismo el 19 de diciembre de 2006, cuando llegó a su mesa acompañada de los informes jurídicos y técnicos que la ley exige”. El mismo comunicado oficial indica que “en el servicio de Información Urbanística hay dos arquitectos con capacidad para informar licencias. El arquitecto especialista en esa zona del Municipio se abstienen de informar por vinculación familiar con los arquitectos que firman la obra y el asunto pasa al segundo de ellos. El solar se encuentra en una zona afectada por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de La Muela, Cabo Tiñoso y Monte Roldán y cualquier licencia necesita de un informe previo de la Dirección General del Medio Natural. El arquitecto informó favorablemente sin pedir previamente el informe de Medio Natural” cuando ya hacía seis meses que estaba aprobado el PORN.
* Vegamedia Press - Chema Gil - 19.11.09
Foto: Cartagena - panoramio.com
Castro: Acayro ordena la paralización inmediata de las obras del Supercor y de unas 150 viviendas
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ELDIARIOMONTAÑÉS* : «Se ha realizado un desarrollo urbanístico fraudulento, a iniciativa de los promotores, en connivencia con los responsables municipales y con un grave perjuicio para el municipio, a lo que hay que añadir la destrucción de bienes de dominio público que se han producido en dicha unidad de ejecución (1.34 de Santa Catalina)». Esta es la principal conclusión a la que llegó ayer el juez Acayro en un auto en el que acordó -como medida cautelar -la paralización inmediata de la obra promovida por Castrum Varduliex (un supermercado Supercor y unas 150 viviendas) en esa polémica unidad de ejecución, ubicada junto al colegio Arturo Dúo.
Una decisión que según el instructor pretende «evitar la consolidación de una situación de ilegalidad que se produciría con la finalización de la misma y los perjuicios que ello supondría». Aunque durante la jornada de ayer no se hizo efectiva la paralización, el instructor castreño dio las indicaciones pertinentes para que se retire todo el material y la publicidad de la obra y se establezcan unas condiciones de seguridad mientras dure la presente instrucción, «cuya finalización es prácticamente inmediata».
En el auto, al que ha tenido acceso este periódico, el juez Acayro señala que «existen indicios sólidos de la comisión de un delito continuado de prevaricación administrativa y urbanística». Para llegar a esta conclusión, el instructor se apoya en varios aspectos. Por un lado, el ex secretario municipal, César Saiz, «reconoció en sede judicial la ilegalidad de todo lo realizado». «A parte de los informes de la Crotu (Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo) que lo advierten, consta en las actuaciones un informe jurídico de la secretaria municipal del que se desprende que todas las obras realizadas en la unidad de ejecución 1.34 y 1.33 son manifiestamente contrarias al planeamiento».
Por otro lado, el instructor señala que en el proyecto de reparcelación aprobado «se ha manipulado la cabida y situación jurídica de la parcela de equipamiento público que corresponde al Ayuntamiento y de viales al tiempo de inscribirlo en el registro de la propiedad, estando imputado el promotor y representante de Castrum Varduliex por un posible delito de falsedad de documento público». Acayro asegura en su auto que la apertura de un vial general sobre suelo destinado a equipamiento ha ocasionado un perjuicio al municipio, tal y como había advertido reiteradamente la Crotu.
Pérdidas
Dicho perjuicio consiste, según el instructor, en la pérdida en las unidades de ejecución 1.33 y 1.34 de, al menos, 1.512 metros cuadrados de equipamiento público. «En otras palabras, se ha eximido a los promotores de entregar dicha cantidad de suelo para hacer los viales; 412 metros cuadrados de la 1.34 y 1.100 metros de la 1.33.
Pero Acayro no se queda ahí. Asegura que el Ayuntamiento ha perdido entre 500.000 y un millón de euros, si nos atenemos a las valoraciones realizadas para la permuta que se llevó a cabo con el aprovechamiento urbanístico de la unidad de ejecución 1.34. «El suelo que debían entregar los promotores sólo en esas unidad de ejecución y que se han ahorrado en perjuicio del municipio tendría una valoración aproximada de 600.000 euros». Se espera que a lo largo del día la Guardia Civil haga efectiva la paralización de la obras.
* El Diario Montañés - ABEL VERANO / MARIO CERRO - 20.11.09
Foto: Imagen panorámica de la Unidad 1.34 donde Castrum Varduliex construye un Supercor y unas 150 viviendas con garajes. /ABEL VERANO, eldiariomontanes.es
Una firma de Correa invirtió 756.240 euros en un PAI tras cobrar comisión por los actos del Papa
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LEVANTE/Alicante* : Para la trama Gürtel el cemento fue un medio y un fin. Promotoras y constructoras pagaron comisiones a la red a cambio de concesiones en ayuntamientos cuyos políticos eran comprados por Correa (Madrid) o abonaron a Orange Market facturas de servicios que en realidad fueron prestados al PP (Comunitat Valenciana).
Pero, además, el urbanismo fue también un punto de destino, una inversión para blanquear parte del dinero negro utilizando sociedades patrimoniales gestionadas y a nombre de testaferros, pero bajo el paraguas del imperio mafioso de Correa, según Garzón y la Udef. Una de esas firmas pantalla es Castaño Corporate. El 19 de julio de 2006, esa sociedad compró un terreno de 12.605 metros en la Nucia (Marina Baixa) por 756.240 euros. La elección de la Nucia responde a la estrecha relación de Álvaro Pérez "El Bigotes", con el alcalde popular Bernabé Cano, quien dio contratos a la trama y ha aparecido en diversas grabaciones vinculado a los intentos de Correa de pegar un pelotazo en el municipio.
La finca rústica, de matorral y olivos, se escrituró en la notaría de Ángel Puras, en Madrid, apenas dos semanas después de que esa firma ingresara 230.000 euros a cuenta del negocio que generó el contrato de la constructora Teconsa con Canal 9 para dar cobertura (sonorización, instalación de pantallas y servicios audiovisuales) a los actos de la visita del Papa a Valencia.
Teconsa subcontrató a otras tres firmas, entre ellas la sevillana Apogee Telecomunicaciones. Mientras Valencia vivía consternada por el accidente del metro que segó la vida a 43 personas y aguardaba la llegada de Benedicto XVI, el número dos de la trama, Pablo Crespo, recogió en Sevilla dinero negro de comisiones por haber intercedido ante el anterior director general de RTVV, Pedro García, para lograr ese contrato para Teconsa y el resto de empresas, siempre según los informes policiales. El apunte de 230.000 euros para Castaño Corporate -dedicada a la compra-venta de inmuebles, que nada tiene que ver con luces y sonido- está en la contabilidad B incautada.
Plan bloqueado por el TSJ
El administrador único de esa empresa es Jacobo Gordon, amigo y testigo de la boda de Alejandro Agag con la hija de Aznar. Los dos apoderados de esa sociedad son Pablo Crespo y Ramón Blanco Balín, el número dos y el tres de la organización. Esto es, el hombre que ejecutaba las órdenes de Correa y el ingeniero financiero que diseñó el entramado societario internacional para la generación y blanqueo de capitales.
Al poco de su adquisición, los terrenos pasaron a ser urbanizables. Tal día como hoy, el 20 de noviembre de 2006, la comisión territorial de urbanismo de Alicante aprobó el PAI del Algar, que prevé 2.501 viviendas y del que forma parte la parcela de Castaño Corporate. El pasado mes de junio, el TSJ valenciano bloqueó el proyecto por no garantizar la suficiencia hídrica, por lo mismo que se paralizaron los otros dos PAI de la Nucia: la Serreta y Pie de Monte. El primero logró finalmente luz verde en los tribunales. El ayuntamiento avaló el Plan del Algar, como los otros dos, y de hecho está intentando desatascarlo por la vía judicial. Gordon llevó las negociaciones de esa operación como también los contactos con los propietarios de los PAI Pie de Monte y la Serreta, donde Correa pretendía comprar, desbloquear -gracias a sus conexiones con terminales políticas- y revender. El pelotazo no salió, pero las negociaciones resultaron de lo más divertidas según las grabaciones incorporadas al sumario del TSJ de Madrid. El amigo de Agag, el alcalde Cano, Correa y algún empresario "se lo montaron de puta madre con tías en un restaurante que cerraron" en Valencia. Entre las comisionistas de la visita del Papa figura otra firma administrada por Gordon: Parque Logístico Montalbo, que cobró 60.000 euros.
Castaño Corporate compró los terrenos a los administradores de la firma inmobiliaria Henk & kathy Invest SL, radicada en la Nucia.
El Tribunal Supremo (TS) prorrogó ayer por cuarta vez el secreto de las actuaciones en el caso Gürtel, lo que significa que las partes personadas, a excepción de la Fiscalía, seguirán sin tener acceso a las mismas. Lo acordó en un auto el magistrado instructor del caso en el TS, Francisco Monterde, quien el 17 de agosto prorrogó por primera vez el secreto de estas actuaciones.
Monterde alegó que subsisten las razones que motivaron mantener el secreto. Entre ellas, el instructor señala las necesidades de la instrucción, la naturaleza de los delitos perseguidos y el carácter de las diligencias urgentes de prueba que se están practicando. A ello se une, añadía, la situación en que se encuentra el procedimiento seguido ante el TSJ de Madrid, del que procede esta causa especial, y donde las actuaciones también están "declaradas secretas". Recordó que la prórroga del secreto de actuaciones está en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El Constitucional dijo que tal laguna no impide al juez proteger el valor constitucional que justifica el secreto del sumario "si el plazo ha resultado insuficiente para hacer efectiva plenamente esa protección"
El TS acordó en junio asumir la investigación de este caso sólo en lo que se refiere a los posibles delitos cometidos por el senador del PP, Luis Bárcenas, y el diputado Jesús Merino, y devolver el resto de la causa al magistrado del TSJM, Antonio Pedreira.
* Levante-EMV - FRANCESC ARABÍ - 20.11.09
Foto: Terrenos situados en el Plan del Algar, en el término municipal de la Nucia. rosario pagés, levante-emv.com
'Okupar' un piso en Barcelona, un euro
ELPAÍS* : Un juez deja que los intrusos de la vivienda social del Raval sigan en ella con una fianza mínima. Josep Mediñà y Antonia, su mujer, durmieron ayer en casa de su hijo. Igual que desde hace 16 meses, cuando, al volver de vacaciones se encontraron su piso, en el Raval de Barcelona, ocupado por otra familia. Desde entonces, viven enmarañados en una pesadilla judicial para recuperar su hogar.
El último episodio se produjo el mes pasado, cuando al fin habían logrado que se fijara fecha para el desalojo forzoso de los intrusos de la vivienda, un piso social de la Generalitat gestionado por el Patronato Municipal de la Vivienda por el que pagan un alquiler de 148 euros. Pero en el último momento, tras un recurso de la okupa, el juez sustituto del Juzgado de Primera Instancia número 57, Carlos Tortras, paralizó el proceso, según consta en el expediente judicial. El magistrado, el mismo que había ordenado desalojar el piso semanas antes, adujo en esta ocasión que quedaba "acreditada la precariedad económica" de María José O. E., a quien impuso una fianza de un euro.
El proceso para recuperar el piso ha sido complicado para los Mediñà desde el principio. La noche del 23 de julio de 2008, al volver de vacaciones apresuradamente porque les habían dicho que algo raro ocurría en su casa, el matrimonio descubrió que su llave no abría la puerta. Denunciaron el caso a los Mossos, pero éstos les dijeron que al haber otra familia en la casa, el caso debía resolverse en los tribunales.
La denuncia por vía penal contra la acusada por allanamiento de morada no prosperó. El Juzgado de Instrucción número 13 archivó el caso al apreciar contradicciones entre los testigos sobre si los Mediñà vivían realmente en el piso. Los Mediñà, finalmente, lograron demostrar en abril de este año, por vía civil y con la comparecencia de otros testigos y del Patronato Municipal de la Vivienda, que el piso ocupado sí era su residencia habitual.
Los procedimientos judiciales obligaron entonces a pedir la ejecución de la sentencia, mientras que María José O. E. logró presentar un recurso y que éste fuera admitido. El embrollo terminó, de momento, el pasado 1 de octubre, cuando el juez Tortras suspendió indefinidamente la orden de desalojo por la "precariedad económica" de la okupa.
En el piso viven al menos tres personas, pero sólo se ha procedido contra María José O. E. Ésta contó a la policía, según el sumario, que alquiló la vivienda a alguien llamado Jaime, con quien contactó gracias a un cartel colgado en un locutorio. Jaime le habría dado las llaves del piso a cambio de 1.500 euros, sin mediar documento alguno y sin que se volvieran a ver. EL PAÍS ha tratado repetidamente, sin éxito, de recabar la versión de María José O. E.
La vecina que declaró a su favor en la vía penal es la inquilina del piso 1º 1ª (el ocupado es el 1º 2ª). Esa vecina no está localizable: no pagaba el alquiler y el Patronato de la Vivienda instó un proceso de desahucio que se hizo efectivo hace unas semanas. Los Mediñà sostienen que fue ella la que facilitó a María José O. E. el acceso a la vivienda a través de una ventana trasera. Las ventanas de ambos pisos son contiguas y bajo ellas hay una cornisa metálica.
Las víctimas se han dirigido al juez para pedirle que si verdaderamente cree que la ocupante de su piso se halla en situación de necesidad, se dirija a los servicios sociales para que le faciliten una vivienda y así ellos puedan recuperar la suya. Esta petición, de momento, no ha tenido respuesta, por lo que la abogada, Esther Villaescusa, ha presentado una apelación contra la decisión de frenar el desahucio de la vivienda.Las administraciones públicas se mantienen a la espera. Incasòl (Instituto Catalán del Suelo), propietario de la finca, no interviene porque la gestión depende del Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona. "Desde el pasado mes de febrero, cualquier tipo de petición de viviendas en Barcelona se traslada al Patronato Municipal", señaló un portavoz del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda. La petición del matrimonio que se ha quedado sin piso se presentó tras paralizarse el desalojo, por lo que es posterior a febrero. El Patronato de la Vivienda sostiene que no puede hacer nada mientras no haya sentencia, pero que da apoyo jurídico a las víctimas.
La abogada del matrimonio pidió al patronato que, mientras se resuelve la situación diera otra vivienda a la familia afectada. La respuesta fue negativa: no se puede hacer nada hasta que se recupere el piso ocupado. El matrimonio Mediñà estaba ayer muy dolido con quienes decían que no vivían en el piso. "Vivíamos, claro que vivíamos. Cómo si no íbamos a tener en el piso desde las cartillas de ahorro hasta las fotografías de la familia. Y nos hemos quedado sin todo eso". La tienda de Antonia está justo enfrente. Otra vecina confirma que los Mediñà eran vecinos. "Sí que lo eran. Alguna noche se iban a dormir a casa de su hija porque tienen una nieta pequeña y aquí hay sarao todas las noches".
Las dos vías penales
- Allanamiento de morada. Si el residente de una vivienda -ya sea propietario o inquilino- se encuentra con que han ocupado su casa, debe acudir a la policía para denunciar el allanamiento de morada. Se trata de un delito tipificado en el artículo 202 del Código Penal y está castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años. En caso de que haya habido violencia, la sanción puede llegar a ser de cuatro años de cárcel.
- Usurpación. En el caso de que la vivienda esté vacía, se trata de un delito de usurpación, estipulado en el artículo 245 del Código Penal. Suele ser el más común en los casos de ocupaciones de viviendas, porque la mayoría de las casas en las que entra a vivir alguien indebidamente están deshabitadas. También en este caso el legislador tiene en cuenta si la ocupación ha sido con o sin violencia. En todo caso, la sanción para este delito es siempre una multa.
* ELPAIS.com - FRANCESC ARROYO - Barcelona - 20/11/2009
Foto: Antonia, ayer por la mañana, ante la tienda que regenta en la calle del Om, justo delante del edificio donde tiene el piso.- MARCEL.LÍ SÀENZ
Roca intentó vender su finca a precio de oro sabiendo que iba a ser expropiada
ELCONFIDENCIAL/Málaga* : Su gozo en un pozo. A Juan Antonio Roca le van a expropiar su lujosa finca de La Caridad, a pesar de los infructuosos intentos de éste por dar el pase al inmueble antes de que se hiciera pública la operación. La construcción de un nuevo parque tecnológico en Marbella, por el que se expropiarán 300 fincas ubicadas a lo largo de las 197 hectáreas del valle del río Guadaiza, disparó todas las alarmas en la familia Roca.
Tal es así que el cerebro de la Operación Malaya movió sus fichas a toda prisa, “manejando los hilos de sus marionetas judiciales a su antojo para vender sus propiedades a espaldas de los que en realidad debían recuperar el dinero que cogió de las arcas municipales de Marbella”, según señalan fuentes judiciales que llevan el caso a El Confidencial.
“Mientras Muñoz y otros presuntos delincuentes de Malaya pasean sus miserias por las televisiones, prisioneros de su pasado, Roca desde la prisión sigue siendo un perfecto arquitecto de su futuro, haciendo una buen acopio de sus propiedades para cuando salga en libertad. Sin duda es el más listo”, añaden estas mismas fuentes.
Tal y como adelantó este diario, la finca La Caridad, la vivienda preferida por Juan Antonio Roca, en la que tenía innumerables obras de arte y decenas de caballos de pura raza, ha intentado ser vendida en numerosas ocasiones sin que llegaran a buen término las negociaciones. La finca tiene una superficie de más de cinco hectáreas de terreno y está situada en la orilla del río Guadaiza que da a San Pedro de Alcántara.
“Roca tenía información privilegiada de que iban a ser expropiados los terrenos mucho antes que los demás propietarios, al igual que tuvo información en su día por la Policía del desarrollo de la Operación Malaya. Es por eso que decidió venderla a precio de oro antes de que el tema de las expropiaciones llegara a la opinión pública. Primero lo intentó a través de un intermediario de parte de la familia Roca que se llamaba Boris, pequeñito y con melena. Llegó en un Masserati plateado y realizó los primeros pasos, posteriormente, cuando las cosas se torcían, fue la propia María Roca quien tomó cartas en el asunto”.
Roca quiere quedarse Villagonzalo
Actualmente sólo hay un administrador de las propiedades de Juan Antonio Roca. Según ha podido saber El Confidencial, “el ex asesor de urbanismo está encantado con este administrador, ya que el anterior fue destituido de una manera un poco extraña, al no actuar tal como designaba las providencias el juzgado”.
El administrador Juan Macías ha estado al tanto de las negociaciones de la hija de Roca, “que se lleva un tanto por ciento por su papel de interventora en las negociaciones”. Las fuentes judiciales aseguran que “María Roca esta sacando dinero, supuestamente embargado, gracias a su cargo como interventora de algunas de las sociedades. Es una vergüenza que esta niña tenga un sueldo estando imputada y manejando las empresas a su antojo, ya que sin su consentimiento no se realizan muchas acciones ligadas a su padre”.
Otra de las propiedades, a la que Juan Antonio Roca no quiere renunciar, es el Palacio de Villagonzalo, valorado en unos 60 millones de euros. La cubierta de este palacio, considerado bien nacional, está medio en ruinas y con varias ordenes de embargos. “Había varios compradores interesados en el, pero se están yendo espantados, ya que Juan Antonio Roca va a intentar quedárselo por detrás una vez que salga en subasta” nos confirman fuentes cercanas al caso.
Juicio para recuperar su cargo en el Ayuntamiento
Juan Antonio Roca sigue desafiando a todo el sistema político actual con mensajes desde la cárcel, amenazando que volverá a ocupar su puesto de trabajo en el Consistorio cuando salga en libertad. Todo un desafío. El Ayuntamiento despidió a Roca el pasado 24 de agosto por comisión de una "falta muy grave" consistente en "faltas repetidas e injustificadas a su puesto de trabajo".
La representación de Roca alegó en su momento que podía recuperar su puesto ya que trabajó con la categoría profesional de director administrativo, con una antigüedad en la empresa desde el 22 de abril de 1992, con un salario mensual de 9.066,83 euros y con centro en la Gerencia de Obras del Ayuntamiento de Marbella. El juicio laboral sobre la demanda se celebrará el día 15 de diciembre en el Juzgado de lo Social número 11 de Málaga.
* El Confidencial - Amparo de la Gama (Marbella).- 20/11/2009
Foto: Cortijo dentro de la finca de Juan Antonio Roca (A. de la Gama), elconfidencial.com
La corrupción salpica Galicia
FARODEVIGO* : Galicia no es una isla en el mar de corrupción que afecta a medio centenar de ayuntamientos con un total de 730 causas abiertas contra cargos públicos. Malaya, Gürtel, Palma Arena o Pretoria son las tramas urbanísticas más recientes que sacaron a la palestra a empresarios, funcionarios, alcaldes, concejales e incluso presidentes autonómicos. En Galicia, la Justicia investiga decenas de casos por presunta prevaricación o tráfico de influencias.
Uno de las últimas operaciones policiales se llevó a cabo en el municipio lucense de Castro de Rei, de apenas 5. 800 habitantes.
Como en las redadas recientes de Palma de Mallorca o las registros en algunos municipios de Levante, hace un mes la Policía Nacional detuvo al alcalde de Castro de Rei, el socialista José Díaz Valiño, y a tres concejales –dos del PSdeG y uno de Terra Galega–. De forma paralela al registro en el Concello de Castro de Rei, en el Ayuntamiento limítrofe de Cospeito –gobernado por el PP– también se recogió documentación referida a aspectos relacionados con contrataciones de personal para la Mancomunidad de Municipios de A Terra Chá.
Con el arresto de Díaz Valiño en Castro de Rei, son ya 18 los alcaldes arrestados en España por corrupción desde el caso “Malaya”, investigación iniciada a finales de 2005 y que dio sus primeros frutos en 2006 con la detención de la entonces alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe (GIL).
Apenas una semana después de la detención del alcalde de Castro de Rei, la vicepresidenta de la Diputación de Lugo y máxima responsable del Instituto Lucense de Desarrollo Económico y Social, Lara Méndez (PSdeG), fue requerida, junto con otros dos funcionarios provinciales, por la juez para declarar en relación a procesos de adjudicación de obras en Lugo.
En febrero de 2007, los concejales del PP en Gondomar –Alejandro Gómez Garrido (Urbanismo) y José Luis Mosquera (Cultura)– así como el arquitecto municipal y la novia de Mosquera fueron detenidos por presunto delito de cohecho y tráfico de influencias por su supuesta relación con sobornos a funcionarios y cobro de comisiones para la concesión de licencias urbanísticas.
La lista de cargos públicos investigados por corrupción incluye también al alcalde de Portas, Roberto Vázquez. Para el registro popular, el fiscal pide dos años de inhabilitación por supuesto trato de favor a sus empresas desde el Ayuntamiento pontevedrés.
Reparto
Según informó el miércoles el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, la Justicia tiene abiertas en España un total de 730 investigaciones a cargos públicos por corrupción. La mayoría afectan a políticos del PSOE (264) frente a las 200 que salpican al PP. Los casos de corrupción no distinguen el color político. Tres políticos del BNG, junto a otros tres del PNV también están siendo investigados.
Al igual que otros 43 de Coalición Canaria, 30 de CiU, 24 del Partido Andalucista, 20 de Izquierda Unida, 17 del Grupo Independiente Liberal, 7 de Unión Mallorquina y 5 de Esquerra. Con estos estadísticas sobre la mesa, Conde-Pumpido destacó que las investigaciones afectan a tan sólo un 1% de lo de los más de 66.000 cargos públicos en España. Sobre las críticas del PP sobre la imparcialidad de la Fiscalía, el fiscal general le replicó que “no existe” esa “doble vara de medir” porque no se persigue a los delincuentes por su filiación política, “sino por los delitos que cometen”.
* Faro de Vigo - R. PRIETO - 20.11.09
Foto: Galicia, ría_de_Arosa - Luis M. Bugallo Sánchez - wikipedia.org
Amposta: Un juez critica los intereses urbanísticos de un senador
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ELMUNDO/Tarragona* : Que un alcalde sea a la vez consejero de una promotora urbanística de su municipio, la misma empresa que se beneficia del intento del Consistorio de recalificar unos terrenos no urbanizables, puede no ser delito, pero al menos es de dudosa moralidad. Y que el concejal de Urbanismo de la localidad haya trabajado como abogado de la promotora y tenga una vivienda muy cerca de la zona a urbanizar que resultará beneficiada con la operación es también incuestionable.
Así lo ha manifestado un juez de Barcelona en una sentencia en la que absuelve a EL MUNDO de CATALUNYA de toda responsabilidad penal en relación a una denuncia por calumnias del senador de CiU y ex alcalde de Amposta Joan Maria Roig, y el ex concejal de Urbanismo Daniel Rius. Ambos llevaron al juzgado las noticias que destapó este diario en 2006 acerca de sus vinculaciones empresariales con la promotora de una urbanización en Amposta, a la que ambos cargos intentaron beneficiar con la recalificación urbanística de una zona que quería acometer el Consistorio.
De hecho, el juez también deja ir una crítica velada a Roig al subrayar que "sigue ostentando en la actualidad pese a su condición de senador diferentes intereses empresariales", aludiendo a su cargo en otra promotora, Club de Campo y Golf de Ronda.
La sentencia, del juzgado penal 4 de Barcelona, considera que «desde el punto de vista de la ética democrática» no parece ser conducta "muy adecuada y digna del respeto ciudadano, sobre todo si lo que se quiere transmitir a la ciudadanía son criterios de rigor y apariencia de legalidad" que se lleve a cabo una recalificación municipal "sobre un terreno extenso de uno de los concejales -o de su familia- del propio grupo político", de alguien que además ha sido el anterior alcalde de la localidad, "y que se apruebe la misma con ese voto del primer regidor municipal y que tiene además la máxima facultad de dirección del Ayuntamiento".
Durante el juicio, tanto Joan Maria Roig como Daniel Rius sostuvieron que sus cargos en la promotora Hort dels Capellans nada tenían que ver con sus funciones públicas, lo que al juez le llama la atención, "como si aquellos cargos empresariales pudieran calificarse de meramente honoríficos".
Así las cosas, la sentencia concluye que "se ha probado la vinculación de dichas personas públicas, cuyos cargos son de elección popular y deben rendir cuentas no sólo a sus electores sino también a los ciudadanos del municipio que gobiernan, con las empresas que ostentaban intereses empresariales y urbanísticos en el municipio".
El juez apunta que no es esencial que los terrenos sobre los que se plasmaban los intereses de la promotora fueran ya «urbanos, urbanizables o no urbanizables», porque en cualquier caso «fue necesario un cambio en el planeamiento que de alguna manera benefició» al ex alcalde y al que fuera concejal de urbanismo.
El juez rompe asimismo una lanza en favor de los medios de comunicación y de fiscales y jueces "gracias a cuyo trabajo", señala, «han salido a la luz muchas e importantes irregularidades jurídicas o de dudosa índole moral precisamente en el ámbito político municipal y especialmente por lo que se refiere a materia urbanística». Y además, añade, "es fácil establecer que los ciudadanos están muy interesados en conocer este tipo de cuestiones que afectan directamente a la buena o mala gestión de lo público", lo que convierte en necesarias estas noticias «en un contexto general de mala política urbanística y de necesaria persecución institucional de la corrupción - incluso moral o política, que no necesariamente penal- de este tipo de actuaciones".
* El Mundo - 20.11.09
Foto: Amposta (Tarragona) - costadoradaguide.com
Greenpeace advierte de que Carboneras prevé 250 viviendas en El Algarrobico para "legalizar el hotel"
EUROPAPRESS/Almería* : Greenpeace anunció hoy la elevación de un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en el que le informa de lo que califica como una "maniobra ilegal" emprendida por el Ayuntamiento de Carboneras al considerar que la adaptación parcial de las Normas Subsidiarias (NNSS) a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) "cambia la clasificación y convierte en urbanizable" el paraje de El Algarrobico y permite el desarrolló de un residencial de 250 viviendas "que allanaría -asegura- el terreno para que se inaugure el hotel".
En una nota, la organización ecologistas subraya que el Consistorio carbonero (PSOE) interpreta "en sentido contrario" el auto por el que el TSJA dictó hace un año la suspensión cautelar del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural Cabo de Gata-Níjar en lo que se refería a los suelos donde se levanta el hotel de Azata del Sol al sostener que "al anularse el PORN de 2008, los planos que clasifican el área como urbanizable, modificados irregularmente, son legales".
Tras acusar al Ayuntamiento de "seguir en su huida hacía adelante ignorando lo que dicen los tribunales", Greenpeace señala que esta "incumpliendo el auto de suspensión cautelar" en el que el TSJA aludía a que la nueva clasificación dada al suelo "podría reactivar el uso turístico del inmueble".
En esta línea, el colectivo asegura que la "actitud" mostrada por el Consistorio que preside Cristóbal Fernández "confirma, una vez más, lo que sentenció el titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Almería, que, al anular la licencia de obras del hotel, acusaba de abulia y desidia de la corporación y a la Junta de Andalucía" además de ideas una "burda maniobra para sustituir la planimetría del PORN en 1997 por otra".
El documento por el que se aprueba la adaptación parcial de las NNSS de Carboneras a la LOUA, publicado en BOP el pasado día 4, recoge la recomendación del informe de la Comisión Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística (CIVTU) y alega que debe mantener el anterior grado de proyección --D2-- en el sector ST-1 --Algarrobico-- a la vista de la resolución judicial antes citada.
"CONFORME A LA LEY"
Al tiempo, el Ayuntamiento carbonero señala para justificar su decisión, ahora denunciada por Greenpeace pero contra la que presentaron alegaciones el PP, Salvemos Mojácar y Ecologistas en Acción, que la citada comisión resaltó que la adaptación de las NNSS a la LOUA se trata de un procedimiento "y no un instrumento de planeamiento, por lo que no se puede alterar las clasificaciones de suelo ni otras determinaciones urbanísticas".
El decreto 11/2008, de 22 de enero, que regula el procedimiento de la adaptación parcial del planeamiento municipal a la ley anteriormente mencionada establece, sin embargo, tal y como se apunta en el documento y subrayan los colectivos ecologistas, que esta deberá clasificar como suelos no urbanizables de especial protección aquellos sectores sometidos a una aplicación directa por deslindes y planes sectoriales en materia de medio ambiente.
Desde Ecologistas en Acción y Salvemos Mojácar han interpretado la decisión del equipo de gobierno de Carboneras "y de la Administración autonómica" como un apuesta por la "legalización" del hotel de Azata del Sol que, según aseguraron, les deja "tan perplejos como la actitud ambigua de la Consejería de Medio Ambiente que por un lado garantiza la demolición del hotel y por otro aprueba "actuaciones urbanísticas dentro de un espacio natural protegido y alejadas de toda legalidad".
* Europa Press - 19.11.09
Foto: Algarrobico demolición - greenpeace.org
El fiscal pide cuatro años y 500.000 euros para el ex alcalde de La Línea
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DIARIODECÁDIZ* : La Fiscalía Provincial de Cádiz acusa a miembros de la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de La Línea en el caso Roseworld, originado por la venta de cuatro parcelas municipales a una empresa con ese nombre, de recibir dos millones de euros "en compensación por el trato de favor recibido" en esta operación.
En concreto, acusa a los miembros de la Mesa de Contratación que aprobó esta operación: el ex alcalde linense, Juan Carlos Juárez, y los ediles del PP María Cruz Atienza, Juan Francisco Montero y Francisco Muñiz, así como al ex coordinador de Hacienda, Carlos Ruiz Calama; el ex secretario general del Ayuntamiento, Agustín Sevillano, y el ex interventor municipal, Sergio Gómez.
Además, acusa a Anil Thakurdas, administrador de Roseworld, y a Rafael de los Reyes Medina, representante de Abuztúa Inversiones, empresa que compró luego dichas parcelas.
La Fiscalía concluye que son responsables de los delitos de prevaricación y cohecho pasivo Juárez, Atienza, Montero, Muñiz, Calama, Agustín Sevillano y Sergio Gómez, a los que por el segundo de los delitos solicita una pena de cuatro años de prisión y una multa de 500.000 euros a cada uno con responsabilidad personal subsidiaria, así como una pena de inhabilitación especial para el empleo de cargo público durante 8 años y seis meses.
Para Thakurdas solicita cuatro años de prisión y una multa de 500.000 euros por un delito de cohecho. La multa más cuantiosa es la que solicita para Rafael Reyes Medina por un delito de blanqueo. En concreto, la Fiscalía solicita una multa de 25 millones de euros, tres años de prisión y dos años de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria.
Así consta en el escrito de calificación que la Fiscalía Provincial de Cádiz ha derivado al juzgado número uno de La Línea, solicitando que las actuaciones se transformen en los trámites de procedimiento abreviado y que se abra juicio oral.
En el análisis de los hechos, el escrito de calificación de la Fiscalía recuerda que el Ayuntamiento acordó enajenar mediante concurso público y en un único expediente cuatro parcelas municipales en La Colonia. En una sesión plenaria de carácter extraordinario celebrada el 25 de octubre de 2005, fue aprobada por el pleno la propuesta efectuada por el alcalde para la enajenación y el pliego de cláusulas que debían regir el concurso, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y dando el plazo de 15 días naturales para la presentación de ofertas. Además se establecía como tipo de licitación la cifra de 12,2 millones de euros.
La Fiscalía considera que los acusados "se pusieron de acuerdo para favorecer a la empresa Roseworld frente a cualquier otra que presentara su oferta". De hecho, la empresa Promaga quedó excluida del concurso. La adjudicación se materializó en cuatro escrituras públicas, acordándose un primer pago de 6,1 millones de euros que se efectuó en cuatro cheques. El resto debía ser abonado con la aprobación provisional del PGOU.
Pese al inicio del procedimiento penal, que se hizo constar en el Registro de la Propiedad así como al inicio de un procedimiento contencioso-administrativo de impugnación a Roseworld, la Fiscalía explica que los acusados "en virtud del plan preconcebido, acordaron vender los terrenos objeto de litigio a Abuztúa Inversiones en febrero de 2007 para así simular la apariencia de tercero de buena fe y asegurarse el mantenimiento de las fincas, concertando el precio en 14,4 millones de euros más IVA". Además, señala que 22 días antes de efectuarse la transmisión, Lábaro, grupo al que pertenece Abuztúa, ordenó un ingreso en el Ayuntamiento de 1,3 millones de euros que Calama dijo era en concepto del pago de la deuda a Roseworld, constando otro importe igual fechado en marzo de 2008.
En marzo de 2007, el Ayuntamiento requirió a Abuztúa el pago aplazado del débito de Roseworld, 6,1 más 980.000 euros de IVA al constarle por comunicación del apoderado de ésta que se había producido la transmisión. Abuztúa pagó al Ayuntamiento la cantidad restante del precio que se aplazó a Roseworld, aunque no los 980.000 euros del IVA.
La Fiscalía concluye que los acusados de la Mesa de Contratación recibieron a través de la empresa Líneatrans, "de la que es único titular y administrador Calama, por parte de Thakurdas en compensación por el trato de favor recibido y tal y como habían acordado, dos millones de euros, constando efectuado el ingreso a través de la sociedad de la que el único administrador y titular es Thakurdas, Laxmi Developments", agrega en el escrito de acusación.
* Diario de Cádiz - Soraya Fernández - 19.11.09
Foto: La Línea de la Concepción (Cádiz) - Konstantin (wikipedia.org)
El fiscal superior ve desprotegido el patrimonio histórico debido a la falta de fondos de los concellos
LAVOZDEGALICIA* : El fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, ha pedido a los concellos que se asocien para obtener fondos con los que rehabilitar su patrimonio histórico formado por castillos, torres y pazos. Se trata de conseguir poner en valor esa riqueza histórica mediante la interlocución con los organismos europeos encargados de su protección, según explicó el fiscal durante su participación en la jornada organizada en la isla de San Simón (Redondela) por la Asociación de Concellos con Castelos.
Varela hizo este llamamiento a los responsables de los ayuntamientos gallegos ante la «precariedade financieira» de los municipios que acogen ese tipo de edificaciones. Esa circunstancia, añadió el fiscal, provoca que ese patrimonio monumental «estea totalmente desprotexido».
El fiscal superior de Galicia pidió a la Xunta que apoye y fomente, con dotación presupuestaria suficiente, con el fin de impedir «o deterioro progresivo desta arquitectura medieval defensiva». Recordó que el estado de este patrimonio varía en función de si su titularidad es pública o privada.
* La Voz de Galicia - 19.11,09
Foto: Lugo, Castillo de Pambre - espanolsinfronteras
Pueblos enteros ilegales en Almanzora... y en los juzgados
ELMUNDO/Almería* : Agentes del Servicio para la Protección de la Naturaleza (Seprona) y de la Policía Judicial de la Guardia Civil de la Comandancia de Almería han tramitado en los últimos años decenas de atestados sobre construcciones ilegales en el municipio de Arboleas y en otros pueblos del Almanzora, especialmente Zurgena y Albox, a raíz de denuncias interpuestas en la mayoría de los casos por ciudadanos particulares.
Entre las denuncias investigadas también se encuentra la presentada en octubre de 2006 por Ecologistas en Acción de Almería, que informó de la existencia de cientos de viviendas construidas ilegalmente en siete pedanías de Arboleas, municipio gobernado por el socialista Ángel García, así como de proyectos para construir otras 6.000.
Entre los casos más graves, los ecologistas se referían al núcleo de Los Carrascos, que en ese año ya alcanzaba la misma población que el pueblo de Arboleas, e informaba de que, además, se estaban realizando movimientos de tierras para construir más casas ilegales y volver a duplicar su número. El atestado instruido fue dirigido en su momento tanto a la Fiscalía de Medio Ambiente como al Juzgado de Huércal-Overa.
Los agentes de la Guardia Civil que acudieron al valle del Almanzora para investigar las denuncias presentadas dieron fe de la existencia de «pueblos enteros construidos en zonas no urbanizables», lo que, lógicamente, hicieron constar en los atestados correspondientes.
La mayoría de las denuncias fueron presentadas a partir de 2005, aunque han seguido goteando hasta este mismo año, y en su mayor parte ha sido confirmada la ilegalidad de las construcciones, algo que no es ningún secreto en la comarca, donde según estimaciones de la Junta de Andalucía existen más de 5.000 casas construidas al margen de la ley.
De ahí que la Consejería de Vivienda, al frente de la cual está Juan Espadas, haya concebido un plan de inspección al que se han sumado la mayoría de ayuntamientos, entre ellos los tres mencionados, donde se aglutina un mayor número de ilegalidades. Una vez realizado el recuento, se analizará cada caso para intentar la regularización de la mayor parte de casas posible, atendiendo a los criterios marcados por la Ley de Ordenación del Urbanismo en Andalucía (LOUA).
* El Mundo - M. Cabrera - 19.11.09
Foto: Albox, zonz viviendas ilegales - teleprensa.net
Un matrimonio lleva 16 meses con la casa ocupada y sin amparo judicial
ELPAÍS/Barcelona* : Josep M. y su mujer viven con su hijo en el barrio de El Poble-sec, en Barcelona. Lo hacen desde el 21 de julio del año pasado, una fecha que no olvidan. "Estábamos pasando unos días de vacaciones y nos llamaron por teléfono para decirnos que parecía que hubiera alguien en casa". Volvieron a uña de caballo, llegaron a la puerta de su piso, situado en el Raval de Barcelona, y trataron de abrir: la llave no iba. De ningún modo, pero dentro no se oía nada.
Josep (que pide el anonimato y se niega a ser fotografiado) tiene un primo cerrajero: lo llamó y acudió casi de inmediato. Cuando ya estaba abierta la puerta, alguien acabó de abrir desde dentro. Ahí empezaron más líos.
"¿Qué hacen aquí?"
"¿Cómo que qué hago? Ésta es mi casa".
"De eso nada".
Josep y su mujer decidieron acudir a los Mossos (la comisaría está a menos de 50 metros). Llegaron, pero pidieron al matrimonio que se mantuvieran al margen. Tras una conversación con los ocupantes, comentaron que no se podía hacer nada. Para sacarles del piso se necesitaba una orden judicial.
El matrimonio puso denuncia, ante los Mossos y en los juzgados. Su abogada, Esther Villaescusa, lo resume así:
"Primero instamos un proceso penal, por allanamiento de morada, pero fue archivado y se nos dijo que utilizáramos la vía civil para pedir un desahucio. Lo hicimos y en abril de este año hubo sentencia, que daba la razón a mis clientes. La otra parte recurrió. Yo, claro, pedí la ejecución de sentencia porque Josep y su mujer no tienen otra casa. Se fijó para octubre. Pero el día en que iba a ejecutarse, la juez la aplazó aduciendo que los ocupantes carecen de medios. Nos queda la apelación y la hemos presentado, pero es difícil que se resuelva antes de marzo. Todo resulta surrealista", concluye.
La vida de Josep M. y su mujer no es fácil. "Si fuera un piso de alquiler normal, dejaría de pagar y listo". Pero la cosa es mucho más complicada. El piso es una vivienda social propiedad del Incasòl y se halla en un bloque gestionado por el Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona, que reconoce estar al tanto de los hechos. El inquilino, además, no puede dejar de pagar porque, si lo hiciera, perdería los derechos adquiridos. De modo que el matrimonio no vive en el piso pero paga cada mes el alquiler "para no perder esos derechos adquiridos" y paga también la luz, el gas, el teléfono y el agua "porque nos han dicho que si no lo hacemos, luego las cosas pueden ser más complicadas".
Hace unos días, un vecino les avisó: los intrusos estaban tirando a la calle montones de cosas de su casa. Acudieron corriendo y lograron salvar un viejo televisor Elbe. Lo conservan. La mujer lo muestra y añade: "Sé que no vale mucho, pero es mío, como todo lo demás que había en el piso. A saber cómo estará ahora".Josep y su mujer viven (en realidad vivían) allí desde 1988, cuando fueron alojados procedentes del derribo de edificios que ocupaban lo que hoy es la rambla del Raval. Se habían arreglado el piso, de tres habitaciones y 80 metros cuadrados. "Hace unos años se hicieron unas obras, porque fallaban las tuberías y los desagües. Les dije que la cocina me la haría yo nueva", cuentan casi al unísono el hombre y la mujer. Hablan de la casa con una profunda nostalgia: la ropa, las fotos, los recuerdos y, sobre todo, proyectos de un futuro que ya no será. El buzón de casa es un buen ejemplo de ello: el intruso ha arrancado el nombre de la pareja y ha escrito el suyo con un rotulador.
El Patronato Municipal de la Vivienda dice que está al tanto de la situación y que sus servicios jurídicos se han puesto al servicio del matrimonio, pero que no pueden ir más allá. La abogada del matrimonio pidió al Patronato que, vista la situación, le facilitara otro piso, pero la respuesta fue que eso no es posible hasta que recuperen la suya. Tampoco accedió a congelar el pago del alquiler. "Además", dice Villaescusa, "los ocupantes [precaristas en lenguaje jurídico] se han empadronado en el piso y han dado de baja a mis clientes. Fui al Ayuntamiento a preguntar cómo se habían podido empadronar sin contrato y me respondieron que eso es muy fácil, que basta el recibo domiciliado de un teléfono móvil".
Josep y su mujer se aferran a lo poco que les queda de su vivienda: el papel del censo electoral, donde figuran sus nombres y la dirección objeto de litigio. Se les nota cariño por la vivienda, pero están pensando, cuando puedan, en proponer al Patronato de la Vivienda de Barcelona que les dé otra distinta. "No sé, a veces quisiera que hubiera pasado todo y otro pienso que no quiero volver nunca más a ese piso. Y eso que lo habíamos hecho a nuestra medida", dice ella con un tono entreabia y la pena.
* ELPAIS.com - FRANCESC ARROYO - Barcelona - 19/11/2009
Foto: Viandantes y jóvenes charlan frente a la entrada del edificio donde está el piso ocupado. - MARCEL.LÍ SÀENZ. elpais.com
La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para el alcalde de Canillas de Aceituno
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MÁLAGAHOY* : La Fiscalía de Málaga ha solicitado cuatro años de prisión y veinte de inhabilitación para el alcalde de Canillas de Aceituno, José Manuel Aranda (PSOE), por dos presuntos delitos de prevaricación urbanística por aprobar un proyecto para la construcción de una vivienda irregular, un extremo que fue confirmado a este periódico por el propio regidor.
La sección del Ministerio Público responsable de la ordenación del territorio y del medio ambiente pide, además, dos años de prisión y diez de inhabilitación para los seis concejales socialistas que integraban la Corporación entre 2003 y 2007, y que votaron a favor de esta resolución en un Pleno municipal.
Según la documentación muninicipal a la que ha tenido acceso este periódico, el Pleno aprobó por mayoría absoluta y con la abstención del Partido Andalucista, un proyecto de actuación para la construcción de una vivienda unifamiliar aislada vinculada a destino agropecuario. Por esta razón, según la Fiscalía, los seis concejales que forman el equipo de gobierno junto al alcalde están incluidos en el sumario que ha quedado abierto en el Juzgado número uno de Vélez-Málaga. Tras dar el visto bueno la Corporación y contar con su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, el expediente urbanístico quedó abierto a exposición pública para la presentación de alegaciones y se envío la certificación a la Junta de Andalucía que emitió un informe desfavorable. Pero a pesar de ello, y dado que es preceptivo pero no vinculante, el alcalde concedió la licencia. Por este hecho, Aranda se enfrenta a dos presuntos delitos de prevaricación urbanística. Uno por aprobar su resolución en el Pleno, y otro por conceder la licencia en base a una resolución plenaria irregular.
Además, la Fiscalía de Málaga, pide a los seis concejales presuntamente implicados una multa de 30 euros diarios durante 24 meses, y durante cuatro años, al regidor de Canillas de Aceituno.
En la comarca de la Axarquía, hace apenas una semana, la Audiencia Provincial condenaba al alcalde de Sayalonga, José Luis Navas Camacho (PSOE), a un año de cárcel y nueve de inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística. En la sentencia, el juez considera probado que el regidor "no sólo concedió una licencia ilegal, sino que posteriormente se archivó sin justificación alguna el expediente de reestablecimiento de la legalidad urbanística". No obstante, Navas ya ha anunciado que la recurrirá.
Los hechos se produjeron en marzo de 2000 cuando el Ayuntamiento de Sayalonga aprobó la concesión de una licencia solicitada por un particular para una vivienda unifamiliar. La autorización fue concedida pero en el decreto se especificaba que la obra no podría iniciarse sin la presentación del correspondiente proyecto de ejecución y dirección facultativa. En el expediente el técnico municipal emitió un informe desfavorable a la concesión de la licencia de obra al encontrarse en terreno no urbanizable. La construcción comenzó en octubre de 2006 y se inició un expediente sancionador y de reestablecimiento de la legalidad urbanística, sin embargo, un año después fue archivada.
También estos días se ha conocido que la Fiscalía de Málaga ha solicitado un año de prisión y ocho de inhabilitación para el alcalde de Casarabonela, Sebastián Gómez (PSOE), por un presunto delito contra la ordenación del territorio por conceder una licencia de obra que se supone ilegal. En esta causa también está acusado el promotor de la vivienda.
* Málaga Hoy - M. Cortés · R. Garrido - 19.11.09
Foto: Canillas de Aceituno (Málaga) - en-la-costa-del-sol.com
"Pretoria": Singla admite pagos de comisiones legales a 'Luigi' por su trabajo
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LAVANGUARDIA/Barcelona* : El presidente de la constructora catalana Proinosa, Josep Singla, imputado en la trama de corrupción urbanística de 'Pretoria', ha admitido que ha tenido contactos "esporádicos" con Luis García, Luigi, intermediario también imputado, y a quien ha pagado comisiones legales por su trabajo. No obstante se exculpó de los cargos que le imputa el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón: asociación ilícita y tráfico de influencias.
En una rueda de prensa, Singla, el director general de la empresa, Ramon Peñaranda, y el asesor legal, Javier Echevarría, explicaron que la vinculación de la promotora en la conocida como operación 'Pallaresa' en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) no tiene nada de ilegal. Recordaron que desde 2003 Proinosa ya no tiene nada que ver con este proyecto y que Garzón lo investiga en el periodo que ya era propiedad de otras sociedades. Proinosa compró los terrenos en 2001, junto a dos socios, para construir un centro comercial.
Tras un estudio de viabilidad, la promotora decidió no llevarlo a cabo, por lo que en 2003 lo vendió a una empresa vinculada a Luis García y a una sociedad holandesa vinculada a Eugenio Mora, ex dueño de Burberry España, por unos 12 millones de euros, con unos beneficios de "200.000 o 300.000" euros, una cifra pequeña para lo que suelen ser estos negocios, comentó Echevarría.
Posteriormente, el mismo solar fue vendido a Prosavi, operación que ya fue investigada por la Audiencia Nacional y que ahora vuelve a estar bajo la sospecha de Garzón. De hecho, los tres propietarios iniciales del solar ya fueron citados a declarar como testigos en 2006 por la Agencia Tributaria para que aportaran documentación sobre el proyecto y la venta.
Para ejemplificar que su vinculación con Santa Coloma no es sospechosa, como deja entrever Garzón, Singla explicó que en los últimos tres años Proinosa ha ganado menos del 15 por ciento de los concursos licitados por la empresa pública Gramepark, teniendo en cuenta los presupuestos, ninguno de los cuales fue del fondo de inversión local del Gobierno. Además, los proyectos en la ciudad suponen alrededor de un 4 por ciento de los más de 200 millones de facturación total de la empresa, que trabaja en decenas de municipios catalanes y del resto de España.
El empresario explicó que conocía al ex alcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz y al ex concejal de Urbanismo Manuel Dobarco, también imputados y en la cárcel, igual que conoció a la anterior alcaldesa, Manuela de Madre, o a numerosos políticos municipales de Catalunya. Sobre su relación con Luigi, dijo que sabía que una empresa suya había hecho suspensión de pagos hace años, pero desconocía si le habían imputado antes. También admitió que gracias al intermediario compró un ático en la calle Beethoven de Barcelona justo al lado de un piso de Muñoz, porque era "una buena oportunidad".
Del ex conseller de la Generalitat Macià Alavedra y el ex secretario general de Presidencia Lluís Prenafeta en tiempos de CiU, Singla dijo que no les conocía sino de vista. Singla también desvinculó totalmente su empresa de algunos proyectos en Badalona y Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona) en los que supuestamente hubo irregularidades también vinculadas en el caso Pretoria.
En Llavaneres, Proinosa sí está promoviendo un polideportivo en las afueras a cambio de construir pisos libres y públicos en la actual zona deportiva. No obstante, según la empresa, la plataforma SOS Llavaneres no denunció a la empresa sino al anterior equipo de gobierno por el concurso público.
Preguntado por su relación con el ex concejal de Urbanismo de esta localidad, Antonio Jiménez, Singla dijo que le conocía "muy poco".
El presidente de Proinosa se mostró "tranquilo" y convencido de que será exculpado, por lo que ofreció su plena colaboración a la justicia para esclarecer el caso "cuanto antes".
* La Vanguardia - E.P. - 18.11.09
Foto: Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) - flickr.com
Aguirre esconde la desprotección de la Sierra de Guadarrama tras la escenificación de El Paular
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ECOLOGISTASENACCIÓN/Madrid* : Decir que el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de la Sierra de Guadarrama ordena 109.00 ha y protege 76.650 ha es una falacia es pura falacia. El PORN desprotege la Sierra y eliminará a medio plazo los espacios más emblemáticos de la región, el Parque Natural de Peñalara y su Zona Periférica de Protección y el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.Además el PORN abre la mano a más urbanismo irracional y más infraestructuras.
El PORN desbloquea 20 planes generales con una previsión de 25.930 viviendas (más cuatro campos de golf) y 50.000 viviendas potenciales.
Para ocultar esta realidad Aguirre envuelve este nefasto documento en una puesta en escena grotesca donde la información se sustituye por propaganda. Ecologistas en Acción contesta a las principales falacias inventadas por el Gobierno regional.
¿Se protege más superficie de la que actualmente está protegida?
No, el PORN se limita a proteger lo ya protegido, es decir, el área ya incluida en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, el Parque Natural de Peñalara y su zona periférica de protección, los montes de utilidad pública y los montes preservados, además de los Lugares de Interés Comunitario (LIC).
Las zonas del piedemonte que son las más amenazadas quedan dentro de las Zonas de Transición donde no se ponen límites a la expansión urbanística. Además se permite reclasificar las dehesas y pastizales aunque actualmente estén clasificadas por el planeamiento municipal como suelo no urbanizable especialmente protegido.
¿El Parque Nacional aumentará la protección de la Sierra?
No, el PORN propone un Parque Nacional que no cumple las principales directrices del Plan Director de Parques Nacionales. En el Parque Nacional no se prohíbe la el desarrollo de carreteras, ni la caza y no se mejora la gestión de la biodiversidad. Se excluye la zona de mayor biodiversidad de la Sierra, donde se encuentra la mayor colonia de buitre negro (especie en peligro de extinción) de la Comunidad de Madrid.
Además, el PORN disminuye la protección de las zonas de Máxima Protección del Parque Natural de Peñalara (por ejemplo las lagunas y humedales) y del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares (por ejemplo La Pedriza).
¿Por qué disminuye la protección de la Sierra?
El PORN disminuye los niveles de protección porque permite usos y actividades que ahora están prohibidos. Por ejemplo, el PORN, permite la construcción de vivienda unifamiliar aislada en suelo no urbanizable de protección, algo que ahora está prohibido. Esta actividad se autoriza en concreto en la Zona de Aprovechamiento Ordenado de Recursos Naturales. También legaliza construcciones irregulares en suelo protegido.
¿Qué pasa con las estaciones de esquí?
El PORN consolida las estaciones de esquí de Navacerrada y de Valdesquí. Permite su unión, lo que va en contra de la normativa del Parque Natural de Peñalara, dado que Valdesquí se encuentra en la Zona Periférica de Protección de este espacio. Además autoriza la construcción de nuevos edificios y la ampliación de los existentes. Actualmente ya se están construyendo nuevas pistas de esquí con la excusa de que son rehabilitación de otras ya existentes, algo que permite el PORN.
¿Se ha paralizado la tramitación de los nuevos planes generales?
No. Durante la tramitación del PORN se ha aprobado las Normas Transitorias de Los Molinos con 790 viviendas y el Plan Parcial del Sector Navaluenga, en Bustarviejo con 400 viviendas. Además, de los 37 municipios incluidos en el ámbito del PORN, 20 están tramitando nuevos planes generales. Sumando las nuevas viviendas previstas se alcanzan las 25.930 que podrían llegar a 50.000, si se tiene en cuenta el suelo que se reclasifica como urbanizable no sectorizado. También hay previstos cuatro campos de golf en Miraflores de la Sierra, Soto del Real, Buitrago de Lozoya y Guadarrama. Este último acaba de iniciar la tramitación del procedimiento de evaluación ambiental.
¿Se toman medidas para frenar las recalificaciones de terrenos?
No, el PORN sólo declara suelo no urbanizable protegido el terreno que está protegido por diversas leyes. Para el resto del suelo se remite a la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. Como es bien sabido, esta Ley permite construir todo el suelo que no esté protegido. Es decir, todas las dehesas y pastizales que ahora no estén declaradas Montes de Utilidad Pública o Montes Preservados podrán ser recalificados.
¿Se protege la Cerca de Felipe II?
No. La Cerca de Felipe II es un territorio histórico de 11.980 ha formado por el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial y diferentes fincas adquiridas por Felipe II. Este enclave fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2006 y el propio Decreto de declaración establece que todo el ámbito debe incluirse en el ámbito del PORN. Por tanto, es una obligación legal incluir La Cerca en el PORN. Pero esta inclusión se hace sin aplicarle ninguna normativa de protección especial. Por tanto, no se limita la reclasificación que de este espacio que, por ejemplo, pretende el nuevo Plan General de San Lorenzo de El Escorial y la inminente urbanización del sector terciario-industrial del SAU-2 cuyas obras están a punto de iniciarse, en este mismo municipio.
¿Ha habido participación pública?
No, la única manera de participar ha sido mediante la presentación de alegaciones. Estas alegaciones no se han contestado y han sido desestimadas en su mayoría sin saber las razones. No se organizado mesas de participación, ni grupos de trabajo a pesar de que la Consejera Ana Isabel Mariño se había comprometido a ello.
¿El PORN es legal?
No, el PORN es ilegal. Está incompleto, carece de diagnóstico, inventario, cartografía temática y memoria económica, entre otras cosas. Esto supone un incumplimiento de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Además reduce los niveles actuales de protección. Por todo ello, Ecologistas en Acción recurrirá el PORN ante el Tribunal Superior de Justicia el PORN, en cuanto sea publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
* Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid - 18.11.09
Foto: Guadarrama, sierra (Madrid) - madridiario.es
Vecinos de Barrika denuncian otro plan de 130 viviendas
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ELPAÍS/Vizcaya* : Una asociación vecinal de Barrika, creada este año para hacer frente a lo que califican de "desmanes urbanísticos" del Ayuntamiento, ha denunciado un nuevo plan inmobiliario que prevé edificar 138 viviendas. El pleno municipal aprobó el pasado 9 de octubre la modificación de las normas urbanisticas de la localidad, pese a que ya existe un avance para elaborar un nuevo planteamiento en el llamado sector de Lepola.
Barrika es ahora el primer caso de Euskadi en el que hay una urbanización de chalés con riesgo de ser derribada, después de que el Tribunal Supremo haya declarado ilegales, en julio, las 14 viviendas construidas y habitadas en la zona de Barrikabaso, pegada a la costa. En esta zona se intentaba edificar desde 1997, cuando se plantearon 349 chalés, y el proyecto que se empezó a acometer contemplaba 97 viviendas, pero fue anulado por el Tribunal Superior por dos veces, en 2001 y 2004. Pese a estas sentencias, los promotores siguieron con la construcción.
Este caso, junto al "crecimiento salvaje" del avance urbanístico presentado por el Ayuntamiento (que gobierna el PNV, con cuatro ediles, frente a los cinco de la oposición), llevó en febrero pasado a que se formase la asociación vecinal Gertuko. El colectivo citó el plan de Lepola como la actuación más censurable, ya que el pleno, con los únicos votos a favor del PNV, aprobó duplicar el aprovechamiento urbanístico (se pasa de 0,2 a 0,45), que posibilita construir 138 viviendas. Este cambio se produce cuando "recientemente se han comprado los terrenos por los actuales propietarios". Agregan que se trata "de un pelotazo urbanístico, ya que el valor de los terrenos aumentaría en seis millones de euros".
Los vecinos aseguran que es la "zona más importante" para el desarrollo de Barrika, "que quedaría totalmente hipotecado", y resaltan la "altísima" edificabilidad, al proponerse en 420 metros de longitud ocho edificios seguidos de cinco plantas de altura.
* ELPAIS.com - A. URIONA - Bilbao - 18/11/2009
Foto: Barrika (Vizcaya) - P.J. Phanse, elpais.com
Arona: Técnicos y políticos hacen la vista gorda con ciertas obras
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LAOPINIÓN/Tenerife* : Técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento de Arona hacen la vista gorda a los incumplimientos de algunas obras y, al menos en varias ocasiones, lo han hecho con el conocimiento y connivencia de gobernantes como el alcalde, José Alberto González, según queda de manifiesto a través de las escuchas telefónicas vinculadas al conocido como caso Arona.
Entre otros casos, figura por ejemplo una conversación en la que el alcalde y un técnico municipal identificado como Damián sobre las dificultades que tiene una edificación ubicada en Guaza para poder contar con informe técnico favorable y como en un momento dado el técnico plantea qué requisitos se deben cumplir para que él y los arquitectos municipales en general hagan la vista gorda y emitan informe favorable.
En particular, después de que ese técnico valorara durante esa conversación los problemas que puede tener con el servicio jurídico el peticionario de la primera ocupación para el citado edificio de Guaza si pide una revisión de licencia al tratarse de una edificación ubicada en una unidad de actuación, y después de que alcalde le planteara que la preocupación del solicitante de la licencia alude a varios flequillos pendientes con el código técnico, el funcionario de Urbanismo le plantea al alcalde "que respecto al código técnico puede escapar porque ellos (arquitectos del Ayuntamiento de Arona) no van a revisar si cumple" ese código.
Y, en ese sentido, este arquitecto municipal también le comenta al alcalde que si el arquitecto del solicitante de la licencia "dice en el proyecto que el edificio cumple el código técnico, ellos -los arquitectos municipales- lo asumen".
Y en relación a esos incumplimientos a los que plantea hacer la vista gorda si el arquitecto del solicitante de la licencia colabora, concreta que "lo que más le puede afectar respecto al código técnico puede ser el aislamiento acústico del edificio, que necesitaría una doble pared o colocar unas placas de escayola dentro y el edificio con placas solares".
Al término de esa conversación, el alcalde telefoneó al solicitante de la licencia y le comentó, entre otras cosas, "que Damián le ha dicho que el proyecto tendrá que sufrir modificación pero que es mínima por el código técnico. Le dice que ellos (arquitectos del Ayuntamiento) no entran a valorar si cumple o no siempre que su arquitecto (el de Leonardo) ponga que cumple con el código técnico, que ellos ponen que cumple. Que solo es lo del aislamiento y el tema de las placas".
* La Opinión Tenerife - B. SALAZAR - 17.11.09
Foto: Arona (Tenerife), ayuntamiento - coralia, picasaweb.google.com
Un magistrado del Supremo culpa a las autonomías de permitir delitos urbanísticos
LEVANTE* : El magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Rafael Fernández Valverde, aseveró en Palma que después de una infracción urbanística «la responsabilidad siempre ha recaído en los Ayuntamientos», pese a que a su parecer la Comunidad Autónoma también tiene «parte de esa responsabilidad» por permitir a las corporaciones municipales que concedan determinadas licencias, al tiempo que en esta misma línea apuntó igualmente a los promotores.
El juez apostó por una mínima intervención del derecho penal en los procesos urbanísticos al considerar que las sanciones penales no ayudan a hacer frente a los problemas de la corrupción, por lo que apostó por una mayor autonomía local a la hora de proyectar un municipio así como por una discrecionalidad técnica que permita desarrollar los proyectos urbanísticos, potenciando el papel de los técnicos en este ámbito. Así lo manifestó durante la ponencia El restablecimiento de la legalidad urbanística: los delitos urbanísticos y medio ambientales, enmarcada en las jornadas Ley del Suelo, ordenación territorial, urbanismo y valoraciones celebrada en la capital balear, y en la que incidió en que «no se puede hacer urbanismo desde la perspectiva del derecho penal sino afrontar de otra forma la corrupción», por lo que recalcó la importancia de reforzar la presencia de los técnicos municipales en la gestión urbanística.
Además, consideró que el restablecimiento de la legalidad urbanística es «una de las zonas grises del ordenamiento jurídico». Fernández Valverde subrayó por otro lado que «nos encontramos en un momento histórico ciertamente interesante» en este terreno, al destacar que «caminamos hacia un urbanismo más transparente y menos concertado», frente a la «tensión permanente», señaló, que anteriormente generaba la rúbrica de convenios urbanísticos entre distintas administraciones.
El fiscal delegado de Medio Ambiente en Baleares, Julio Cano, apuntó que los fiscales «somos fans del principio de intervención mínima del derecho penal en el urbanismo».
* Levante-EMV - E. P. - 16.11.09
Los tesoreros del PP avisaron a Aguirre del pelotazo de Correa en Arganda
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ELPAÍS/Madrid* : En noviembre de 2004, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, a la sazón gerente y tesorero nacional del PP, informaron a la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, en presencia del líder del partido, Mariano Rajoy, de que se estaba gestando una operación urbanística corrupta por parte de Francisco Correa en el ayuntamiento madrileño de Arganda del Rey, en torno a la venta de una parcela municipal (la 124), con respaldo de los principales cargos municipales del PP.
El presunto pelotazo de Martinsa, que la policía investiga como una de las operaciones ilegales de Correa, tiene los siguientes componentes: la parcela se vendió por 19 millones de euros menos del valor tasado oficialmente, era la mayor y mejor parcela municipal, ya que disponía de una boca de metro en el centro de sus 160.000 metros cuadrados; la adjudicación fue objeto de polémica entre las constructoras licitantes, y el sumario del caso Gürtel da pistas del presunto cobro de comisiones por sus gestores municipales.
En dicha operación, según denunciaron Bárcenas y Lapuerta ante Rajoy y Aguirre, se encontraban presuntamente implicados Francisco Correa; el alcalde de Arganda, Ginés López, que dimitió el pasado marzo; y el presidente de la sociedad de Fomento municipal responsable de la venta de la parcela, Benjamín Martín Vasco -los tres últimos posteriormente imputados en el caso Gürtel-; el empresario del sector audiovisual y constructor Pedro Pérez Fernández de la Puente y la empresa Martinsa. Un reciente informe policial, tras reflejar que Correa diseñó una estrategia para captar negocios urbanísticos en ayuntamientos madrileños del PP a cambio de comisiones, cita la adjudicación de una parcela municipal en Arganda a Martinsa.
Pero Aguirre no dio crédito, en noviembre de 2004, a la denuncia de Bárcenas y Lapuerta, quienes han declinado ofrecer su versión a este diario sobre su advertencia. Tampoco el líder del PP, Mariano Rajoy, ha aceptado confirmar los detalles de la denuncia interna que recibió y trasladó a Aguirre, cuya versión fue solicitada también sin éxito.
No obstante, varios cargos del PP han confirmado la existencia de esta alerta, que el partido puso en manos de Aguirre y ella desatendió. La denuncia partió de Bárcenas que, si bien ahora está investigado por el presunto cobro de dádivas de Correa, en aquel momento declaró la guerra a su antiguo amigo y se opuso al pelotazo urbanístico que tramaba. Este aviso influyó decisivamente para que Rajoy declarara a Correa persona no grata en Génova, mientras que consejerías del Gobierno de Aguirre siguieron contratando sus servicios.
Lapuerta, según fuentes del PP conocedoras de la reunión con Rajoy, apostó a fondo por su versión ante Aguirre: "Si en diciembre no resulta Martinsa adjudicataria de esa parcela en Arganda, yo te pediré perdón, Esperanza, y mi información resultará falsa; pero si la parcela de Arganda se la venden a Martinsa, será la prueba de que quien estaba mal informada eras tú". Lapuerta y Bárcenas, no obstante, dieron por hecho que Aguirre no conocía con anterioridad esta operación urbanística.
La denuncia de Bárcenas y Lapuerta fue tan precisa como premonitoria: Martinsa, en diciembre de 2004, resultó adjudicataria de la parcela 124 y, años después, los gestores municipales de dicha operación, Ginés López y Martín Vasco, imputados por recibir presuntas comisiones de la red de Correa. El sumario del caso Gürtel no ha arrojado públicamente hasta la fecha ninguna vinculación con dicha operación de Pedro Pérez Fernández de la Puente, ex presidente de Vía Digital, aunque sí figura en el sumario como uno de los interlocutores de Correa identificados por la policía. Pérez, actual presidente de la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales, ha confirmado a este diario que ha tenido relación personal con Correa y negocios con Martinsa, pero ha negado que interviniera en ningún asunto urbanístico de Arganda del Rey.
La presidenta de Madrid -amiga de Martín Vasco, a cuya boda asistió como testigo-, mostró su incredulidad de que tal operación urbanística fuera a salir. Pero la operación en favor de Martinsa sí salió. Y, entre otros motivos, gracias a la puntuación favorable que dio a Martinsa en el concurso municipal Plarquin, la empresa vinculada al entonces director general de Urbanismo de Aguirre, Enrique Porto, cuyas irregularidades durante su gestión investiga un juzgado madrileño. Aguirre Newman, empresa con la que tiene vínculos familiares la presidenta madrileña, valoró el suelo de dicha parcela en casi 95 millones de euros, mientras que el Ayuntamiento de Arganda la vendió por 66 millones y otros diez en futuras obras municipales, que recayeron en empresas próximas a la trama.
* ELPAIS.com - FRANCISCO MERCADO - Madrid - 17/11/2009
Foto: Arganda del Rey (Madrid) - cosasdemadrid.es
Objetivo, impulsar la vivienda de alquiler
ELPAÍS/Reportaje* : La ingente cantidad de viviendas construidas sin vender y la profunda recesión del sector inmobiliario han supuesto mordiscos en los precios de los pisos de hasta un 30%. Pero eso no ha facilitado el acceso a una casa a la mayoría de la población. En la otra cara de la moneda están las restricciones crediticias y, sobre todo, la voraz destrucción de puestos de trabajo.
Un lastre, el del paro, que va ligado a un sector de la vivienda rígido, mayoritariamente en propiedad, que impide la movilidad laboral. Varios expertos reclaman reformar el mercado inmobiliario para impulsar el alquiler a través de ayudas, pero también eliminar la vivienda de protección pública (VPP). ¿No creará eso más exclusión? ¿Supondría eso ir hacia una política de cheques también en vivienda?
Tras la controvertida propuesta de crear un contrato laboral único, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) elaboró un texto con medidas para potenciar el alquiler, que en España sólo supone el 13,2% de todo el parque de vivienda (hasta hace un año era el 11%, como indica el gráfico), muy lejos, por ejemplo, de Alemania, donde el 51% de sus ciudadanos arrienda su casa. La medida más polémica es la que propugnan algunos de los economistas que firman el documento: dejar de construir vivienda pública y crear un sistema permanente de subsidios al alquiler. El debate está servido. Todos los países europeos tienen un parque de VPP, aunque para arrendar. Y España ahí está a la cola: sólo un 1% de todos los pisos son de alquiler social, frente al 19% de Francia o el 21% de Suecia.
El informe de Fedea hace hincapié en todos los males que acarrea un mercado inmobiliario arraigado en la propiedad: un excesivo endeudamiento de las familias, una baja movilidad laboral que impide que los trabajadores del sur se desplacen al norte, donde hay menos paro, o una tasa de emancipación muy baja en comparación con otros países. Según Fedea, el 65% de los jóvenes de entre 25 y 29 años vive con sus padres, cuando en Francia, Holanda y Reino Unido está proporción se mueve entre el 20% y el 22%.
Ahora bien, ¿por qué debe dejarse de construir VPP? El profesor de la London School of Economics y firmante del documento Luis Garicano sostiene que una primera razón es coyuntural. Con un stock de pisos que las estimaciones más conservadoras sitúan en un millón, levantar más pisos sociales supondrá "agravar" la crisis del sector. Pero hay más. "El principal motivo es el componente de lotería que tiene una vivienda pública, además del fraude que hay en las adjudicaciones. A quien le toca uno de estos pisos recibe una subvención enorme, mientras que otros se quedan sin nada", afirma Garicano.
A su juicio, el Gobierno debe eliminar, primero, las desgravaciones fiscales por la compra de vivienda. A la vez, prosigue, el Ejecutivo debe poner las bases para fomentar el alquiler de precio de mercado, dejar de construir VPP y crear un sistema de ayudas para subvencionar parte de la renta a las familias que no puedan acceder a una vivienda. Son palabras mayores para un país de propietarios y donde la construcción de pisos públicos es una de las principales políticas sociales de la agenda de cualquier partido.
Desde el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero la respuesta es clara: se coincide en el fin, el fomento del alquiler, pero no en el método. El subsecretario de Vivienda, Marcos Vaquer, explica que, a raíz de la crisis inmobiliaria y de las nuevas medidas del Gobierno, los contratos de alquiler subieron un 18%, lo cual ha permitido que el arrendamiento haya pasado del 11% del parque de viviendas español al 13,2%. Y este incremento se da incluso en ciudades donde el mercado de alquiler era más amplio y en el que se temía que hubiera tocado techo, como Barcelona, donde uno de cada cuatro ciudadanos arrienda.
Vaquer asegura que el Ministerio apuesta por el alquiler. Ahora bien, también "por un parque amplio y estable de vivienda protegida en régimen de arrendamiento. No hay país que carezca de él". En estados como Dinamarca, Francia, Austria o Suecia el alquiler social representa más del 15% de todas las casas, y eso que en algunos países las políticas de signo neoliberal de las décadas de 1980 y 1990 liquidaron parte de ese parque. En Holanda, los pisos protegidos que se arriendan suponen incluso el 35% del total.
En cualquier caso, Vaquer rechaza que la política de vivienda se base "al 100% en cheques". Una fórmula que también rechazan los sindicatos. La secretaria de Política Social de UGT, Carmen López, recuerda que "la vivienda es un derecho constitucional" que requiere "políticas activas y no simplemente regulaciones del mercado". Por ello, López defiende "patrimonios públicos de suelo" y más VPP. Fuentes de CC OO aseguran, por su parte, que basarse en el alquiler libre es inviable, puesto que la oferta es reducida y los precios todavía son muy altos.
Tampoco las inmobiliarias lo aceptan, puesto que temen que el efecto acabe siendo nulo, como ocurre con las desgravaciones por la compra de vivienda. Pedro Pérez, presidente del G-14, la asociación de grandes inmobiliarias, opina que hay que ir "con mucha cautela" con las ayudas permanentes. "Hay fórmulas alternativas mejores y más limpias que estas subvenciones", sostiene.
Sin embargo, Pérez admite que la obtención de un piso protegido en propiedad sí es una lotería. "Resulta una política poco ponderada: o accedes a una vivienda en propiedad o bien te quedas sin tus necesidades resueltas", añade. La propiedad de la VPP plantea, además, otro debate: el de la inequidad.
Los detractores de la vivienda protegida de compra ponen siempre el mismo ejemplo: un joven de 24 años, por ejemplo, puede ser beneficiario de una VPP. Y este joven, al cabo de tres años, puede conseguir un buen empleo. Incluso puede ser directivo de una empresa al cabo de otros tres. Y no tendrá la obligación de devolver su piso a pesar de que ya puede acceder al mercado libre. En cambio, en el mismo concurso se habrá presentado alguien sin recursos que transcurridos seis años se hallará en la misma situación. Y además, al cabo de unos años -por regla general, 30- el piso pondrá venderse a precio de mercado libre.
Para evitar que la subvención acabe siendo un negocio y tener un parque de VPP estable, la Generalitat decidió que los pisos en suelo público sean protegidos durante 90 años. La secretaria de Vivienda del Gobierno catalán, Carme Trilla, rebate, además, el argumento de la inequidad. "Los veinteañeros no son el perfil de los que buscan un piso protegido de propiedad, entre otras cosas porque la mayoría no tiene los ingresos necesarios para comprarlo. Estamos viendo que la mayoría de los que tienen entre 22 y 30 años nos está pidiendo alquiler", asegura Trilla, que opina que la política de vivienda debe ser el resultado de usar "todos los instrumentos disponibles".
El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra José García Montalvo, que también firma el documento de Fedea, rechaza la VPP de compra, pero no se opone a un parque público de vivienda de alquiler. "Lo ideal sería que los subsidios al alquiler funcionaran bien, pero el problema es que pueden ser inflacionistas", indica.
Ahí está el ejemplo de las ayudas al alquiler para jóvenes, de 210 euros, que en algunos casos supusieron que los alquileres se encarecieran porque el propietario sabía que el inquilino iba a disponer de más recursos. Luis Garicano, no obstante, no cree que ese sea ahora el problema más acuciante. "Puede ser un revulsivo. Imaginemos que una ayuda de 120 euros se reparte a partes iguales entre arrendador y arrendatario. Es una forma de ayudar a la oferta y a la demanda", asegura.
* ELPAIS.com - LLUÍS PELLICER 16/11/2009
Foto: La recesión no ha facilitado el acceso a las viviendas protegidas. En la imagen, uno de estos edificios en Barcelona- elpais.com
El Ayuntamiento de Arboleas preveía construir 6.000 viviendas y multiplicar por 15 su población
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ELCONFIDENCIAL/Almería* : El Ayuntamiento de Arboleas, intervenido ayer para recabar documentación de licencias urbanísticas, preveía construir 6.000 viviendas para multiplicar por 15 su población. De esta forma, la localidad almeriense, de 4.000 habitantes, alcanzaría los 50.000 habitantes, según las denuncias de Ecologistas en Acción ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil.
Estas “ilegalidades urbanísticas”, como critican los grupos ecologistas, se están cometiendo en siete pedanías del municipio de Arboleas: Los Carrascos, Los Garcías, La Perla, El Germán, Los Llanos de Arboleas, Limaria y Los Higuerales.
“La situación de efervescencia urbanística que presenta este municipio ha hecho que al mismo lleguen promotoras de municipios vecinos, sobre todo de Albox, y promotoras de otros puntos de la provincia, Almería capital fundamentalmente, todas ellas atraídas por la facilidad con que se gana dinero con el ladrillo”, critican en Ecologistas en Acción.
El modus operandi en este municipio se basaba en crear “nuevos macro-núcleos de población dotados con centro comercial”. Es el caso de la construcción en los Llanos de Arboleas con más de 2.000 viviendas, arrancando numerosas hectáreas de arbolado y destruyendo parte de la Cañada Real Cullar-Arboleas.
Un pueblo copado por británicos
El municipio, en el que residen 1.000 británicos, aprobó su PGOU a finales de la década de los noventa con la bendición de la Junta de Andalucía. El problema fue la manga ancha en la aplicación de las normas subsidiarias urbanísticas, ya que se aplicó como núcleo de población consolidada cualquier cortijo de Arboleas, “ante lo que podría ser un claro ejemplo de abuso de ley de la figura urbanística de los diseminados de ámbito rural”, según destacó a este diario un portavoz del grupo ecologista. En Arboleas se han construido nuevos núcleos de población donde antes sólo existían dos o tres cortijos.
Para Ecologistas en Acción, además de la “destrucción del territorio” y el avance del desierto se une la “contaminación producida por el ingente volumen de aguas residuales sin depurar provocada por las miles de viviendas ilegales, y los pozos ilegales que se están realizando, para -entre otros usos- piscinas, en una zona de una gran dependencia y escasez de agua”.
Según un comunicado de prensa enviado ayer por la tarde por el alcalde socialista del municipio, Ángel Jesús García, el registro sólo se había limitado al despacho del que ha sido secretario accidental del Ayuntamiento de Arboleas, Fernando García. Este secretario accidental ha desarrollado esta función desde el año 2000 hasta el mes de junio de 2009, cuando fue sustituido por una secretaria de habilitación.
* El Confidencial - Agustín Rivera (Málaga).- 17/11/2009
Foto: Vista de Arboleas (web del municipio)
El TSJA anula el acuerdo para urbanizar un monte en Málaga
ELPAÍS* : La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado en sentencia firme el acuerdo que en septiembre de 2002 adoptó el pleno municipal de Málaga, con los votos del PP, que declaró de utilidad pública el complejo residencial centro ruso de Málaga, lo que significaba la autorización a construir en suelo no urbanizable con protección paisajística en el monte San Antón, uno de los pulmones de la ciudad.
El TSJA ha dictaminado que una declaración de utilidad pública en no urbanizable requiere el visto bueno de la Junta, que primero lo negó y luego impugnó judicialmente el acuerdo municipal. La sentencia considera además que el Ayuntamiento optó por una vía equivocada, un plan especial, que "se excedía" porque alteraba el plan general de ordenación urbana.
El centro ruso, que contemplaba 70 viviendas, hoteles e instalaciones deportivas y culturales, quedó desechado en 2005. Su promotor ha sido sancionado varias veces por construir en suelo no urbanizable y desobediencia.
* ELPAIS.com - D. N. - Málaga - 17/11/2009
Foto: Málaga, monte san Antón - diariosur.es
Castelló: El PP vuelve a aprobar en solitario el mismo PGOU de 2000 que anuló el Supremo
LEVANTE* : El Partido Popular del Ayuntamiento de Castelló utilizó ayer su mayoría absoluta para volver a aprobar en solitario el Plan General de Ordenación Urbana de 2000 - anulado desde diciembre por el Tribunal Supremo- y rechazó tanto las 662 alegaciones ciudadanas como los requerimientos legales del secretario.
La revisión del plan se rubricó en un pleno extraordinario que, diez años después, ha ratificado un documento idéntico al de 1999 que finalmente fue anulado por los tribunales, punto por punto, coma por coma... El gobierno local argumenta que no fue el contenido del plan lo que el Supremo invalidó, sino un mero "error formal de procedimiento".
La sentencia del Alto Tribunal concluye que el ayuntamiento privó a los vecinos de su derecho a presentar alegaciones y anula el PGOU al tiempo que ordena un nuevo proceso de alegaciones.
Dicho periodo se abrió el pasado mes de julio después de más de seis meses de pugna del ayuntamiento para eludir la ejecución del fallo y tras una decisión definitiva del Tribunal Constitucional, que rechazó la admisión del recurso del consistorio. El documento se expuso en su totalidad a los ciudadanos por orden de la Conselleria de Territorio y Vivienda y la posibilidad de interponer alegaciones se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia.
Sin embargo, tanto el PP como el Arquitecto Director del Plan General, Javier Vidal, descartan 617 de los escritos por "improcedentes" al considerar que no se refieren a las modificaciones sustanciales. Además, desestiman por razones técnicas los 45 restantes que sí son relativos a las mencionadas modificaciones.
Debate
Los concejales iniciaron el debate siendo conocedores de que hasta dos informes del secretario advertían sobre deficiencias legales del plan y reclamaban que la asesoría jurídica clarificara si era necesario adaptarlo a la legislación actual -especialmente a la Ley Urbanística Valenciana (LUV)-. Entre las supuestas irregularidades destaca la autorización para construir en zonas verdes.
La sesión estuvo marcada por las pancartas de protesta contra el proyecto del trolebús en el parque Ribalta y por la intervención del alcalde, Alberto Fabra, para prohibir el aplauso vecinal a la oposición. "Les advierto que no se puede aplaudir para mostrar agrado o rechazo y es una falta grave; si aplauden tendrán que abandonar la sala y, lamentablemente, someterse además a esa falta grave".
Las críticas de la oposición no se hicieron esperar. La primera de ellas llegó de la mano del portavoz del Bloc, Enric Nomdedéu, que cuestionó que el PP considere la mayor parte de las alegaciones "improcedentes" y puso en duda que el proceso haya cumplido la sentencia del Supremo. "Si ustedes invitan a la población a presentar alegaciones, incluso en el Boletín Oficial, a todo el documento, cómo nos dicen después que no se puede. No tiene sentido. Por otro lado, los informes técnicos hacen dudar de si con esto hemos cumplido la sentencia del Supremo. No podemos votar a favor".
Por su parte, el portavoz socialista, Juan María Calles, hizo hincapié en "la falta de sensatez y la ceguera del PP al despreciar todas las opiniones de los ciudadanos sin dar la respuesta motivada que exige la ley. Este Plan General agoniza ¿Me dice que ni un solo ciudadano tenía una idea positiva?".
* Levante-EMV - NACHO MARTÍN - 17.11.09
Foto: Castellón, ayuntamiento - panoramio.com
La presidenta del Parlamento de Baleares declara como imputada en un caso de corrupción urbanística
ELPAÍS* : La presidenta del Parlamento de Baleares e imagen de Unió Mallorquina (UM), Maria Antònia Munar (Barcelona, 1955), declara hoy como imputada ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Está citada por el magistrado Javier Muñoz que investiga el caso de supuesta corrupción en el proceso de venta a mitad de su precio real de la parcela pública de Can Domenge, apta para 600 viviendas, cerca del centro de Palma de Mallorca.
"Me he sentido realmente apoyada por los míos", ha asegurado Munar, tras su declaración en el juzgado, en una breve comparecencia en la que no ha admitido preguntas. La presidenta del Parlamento ha añadido que los políticos sufren "penas de telediario" y que cualquier cargo con responsabilidad puede tener que ir a declarar si alguien presenta una querella.
A la entrada de Munar en el tribunal un centenar de personas exigían su dimisión, mientras un grupo de seguidores de su partido la vitoreaban.
El caso penal nació de la querella criminal que presentó en 2007 contra políticos de UM y PP del Consell de Mallorca el promotor barcelonés José Luís Núñez, que ofertó 60 millones de euros por el negocio inmobiliario que se adjudicó en 2006 a la firma catalana Sacresa por 30 millones. En la causa se investigan supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales, negociaciones prohibidas y revelación de secretos en el proceso de adjudicación.
La minoría bisagra UM decide el signo del poder en Baleares desde 1983. En la actual legislatura 2007-2011 Munar y sus otros dos diputados 'bisagra' de UM apoyan la mayoría de centro izquierda que encabeza el PSOE, en los gobiernos de Palma, Mallorca y Baleares. Durante más de una década el urbanismo en Mallorca ha estado controlado por los mallorquinistas, alternativamente con la derecha y los socialistas. El negocio de Can Domenge, según un diseño de Jean Nouvel, fue anulado por la actual alianza de gobierno.
Además de Munar otras tres figuras de UM están encausadas en este asunto de Can Domenge: Miquel Nadal, consejero de Turismo y ex líder de UM; Tomeu Vicens, ex secretario general del partido y diputado (suspendido de militancia), y el actual presidente del grupo y consejero insular, Miquel Àngel Flaquer. El diputado del PP, Fernando Rubio, está imputado y hoy acudirá a declarar. También está implicado en la causa el ex consejero de Cultura de la Generalitat de Cataluña por CIU, Joan Maria Pujals, que trabajaba como mediador asesor para la expansión de la inmobiliaria Sacresa que adquirió el solar. Pujals trató con Miquel Nadal -que era vicepresidente del Consell- detalles del concurso antes de que fuera público.
* ELPAIS.com - ANDREU MANRESA - Palma - 16/11/2009
Foto: Palma, Can Domenge - concatel
La Policía Autonómica interviene el Ayuntamiento de Arboleas por orden judicial
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ELALMERÍA* : La Policía Autonómica están interviniendo por orden judicial el Ayuntamiento de Arboleas (Almería) desde primera hora de la mañana de hoy, según confirmaron a Europa Press fuentes de la investigación, que precisaron que agentes de paisano se encuentran en el interior del Consistorio gobernado por el PSOE solicitando documentación oficial relacionada con la concesión de licencias urbanísticas.
La operación, que se inició pasadas las 10,00 horas en presencia de un funcionario del juzgado de Huércal-Overa que instruye las diligencias y por agentes vestidos de paisano, se centra en la persona del ex secretario municipal, Fernando García, que se encuentra retenido en su despacho, que está siendo registrado mientras que el resto de dependencias del Ayuntamiento funcionan a pleno rendimiento y con normalidad.
Así lo reveló a Europa Press el alcalde, Ángel Jesús García, quien informó de que García fue cesado en las funciones que venía ejerciendo desde el año 2000 el pasado mes de julio en virtud de una de las primeras decisiones "que adopte --explicó-- al llegar a la Alcadía de Arboleas" tras el fallecimiento en enero del anterior regidor, Francisco Pérez Miras.
El primer edil aseguró, en esta línea, que los agentes de la Policía Autonómica le han informado de una orden judicial de registro para el despacho del ahora técnico de la Administración General y de la necesidad de intervenir una documentación oficial que se refiere "a los primeros años de su gestión como secretario municipal, pero no en periodos recientes".
Permisos de obras "conformes a la norma"
Si bien declinó precisar si la citada documentación está relacionada con la concesión de licencias urbanística presuntamente fuera de ordenación, defendió que los permisos de obra concedidos "siempre han sido conformes a las Normas Subsidiarias (NNSS) que operaban en el municipio", al tiempo que resaltó la reciente aprobación del Plan General de Ordenación Urbana por parte de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.
García, quien asumió la Alcaldía el 30 de enero tras seis años como concejal en el equipo de Gobierno, afirmó sentirse "sorprendido" por la presencia de la Policía Autonómica en el Consistorio de Arboleas que --ahondó-- "nos ha pillado un poco a contrapié", aunque resaltó la "discreción" del operativo que le ha permitido continuar "con la agenda de visitas a obras y reuniones que tenía previsto para esta jornada".
* El Almería - E.P. - 16.11.09
Foto: Arboleas (Almería), ayuntamiento - ideal.es
Una sentencia del TSJA anula la aprobación del plan general de La Viñuela
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SUR/Málaga* : La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justifica de Andalucía (TSJA) con sede en Málaga ha declarado la nulidad radical del acuerdo del pleno por el que el Ayuntamiento de La Viñuela, gobernado por el PSOE, acordaba en octubre de 2007 la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana del municipio (PGOU), por silencio administrativo de la Junta de Andalucía.
El Consistorio axárquico, presidido por el socialista Juan Millán, que se enfrenta a varias denuncias por presuntos delitos urbanísticos todavía pendientes de resolución judicial, justificaba en su momento la aprobación del documento sin el visto bueno de la Junta al no pronunciarse en ningún sentido la entonces Consejería de Obras Públicas y Transportes (hoy de Vivienda y Ordenación del Territorio), dentro del plazo de cinco meses que establece la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA).
La sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, expresa que no sólo no hubo silencio administrativo, sino que además el Ayuntamiento no cumplió con su obligación de remitir el expediente del plan general completo, a pesar de los reiterados requerimientos realizados desde la Consejería.
Mismo color político
Obras Públicas decidió recurrir el acuerdo plenario al negarse el Ayuntamiento a proceder a su revocación, a la vez que por no contar el documento con las bendiciones de la Junta. El hecho de compartir el mismo color político que el Gobierno andaluz no impidió al regidor viñolero continuar con el proceso de aprobación, todo ello en un momento en el que la política de la Junta con relación al urbanismo en la Axarquía se había endurecido de manera notable aprobando un plan de ordenación territorial para la comarca y recurriendo todas las licencias de obras concedidas por los ayuntamientos para construcciones en el campo, actuación que ha desembocado en la anulación, también por vía judicial, de un buen número de licencias municipales.
Según el fallo del Contencioso Administrativo, la aprobación del PGOU por parte del pleno se produjo a pesar de que la Consejería había comunicado hasta en diversas ocasiones que el procedimiento para la aprobación definitiva del documento estaba interrumpido precisamente por estar incompleto.
La sentencia menciona que existen incluso hasta cuatro requerimientos por deficiencias y una amenaza de caducidad por paralización imputable al Ayuntamiento de La Viñuela.
No hubo silencio
«La Administración autonómica cumplió su obligación de requerir por una sola vez, lo hizo tres veces más innecesariamente, para que el instrumento de planeamiento estuviera completo. El Ayuntamiento consintió todos los requerimiento y actuó para cumplirlos, luego era consciente de que el expediente no estaba completo. Sin embargo, después decide cambiar de criterio, y sin motivo o justificación alguna, vuelve a remitir un expediente incompleto y ante la conducta de la Administración, que le recuerda que todavía no ha cumplido los anteriores requerimientos, y por tanto no está corriendo el plazo para aprobar el expediente originario, mantiene su postura y acabar declarando aprobado por silencio el PGOU», expresa la sentencia.
Además la sala hace constar que para que se produzca silencio administrativo positivo es necesario que el expediente esté completo, a la vez que señala que la resolución por silencio es una competencia de la Administración autonómica.
Asimismo expresa que se está ante un supuesto de nulidad radical del acuerdo, nulidad que alcanza incluso a la publicación de la decisión del pleno en el Boletín Oficial de la Provincia.
El fallo judicial ha sido recurrido por el Ayuntamiento de La Viñuela por entender, entre otras cosas, que es competencia municipal declarar la aprobación definitiva de los planes generales municipales en caso de silencio administrativo.
* SUR - 16.11.09 -AGUSTÍN PELÁEZ
Foto: La Viñuela (Málaga) - vinuela.es
Aguirre cambia la Ley del Suelo
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ELPAÍS/Madrid* : La Comunidad podrá autorizar proyectos urbanísticos de particulares sin el permiso de los ayuntamientos. Dos meses ha tardado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en incumplir su propia promesa de modificar la Ley del Suelo con un amplio debate en la Asamblea de Madrid. "Quiero que la ley sea más transparente, ágil y sostenible", dijo a los diputados autonómicos el pasado 15 de septiembre, durante el debate del estado de la región.
La Ley del Suelo se modificará antes de final de año, pero por la vía acelerada. Porque el Gobierno de Aguirre ha incluido la reforma en el anteproyecto de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, conocida como Ley de Acompañamiento, que de un plumazo revisará 11 normas regionales. Eso evita la discusión pormenorizada del articulado de cada texto legal, primero en comisión y luego en el pleno de la Cámara regional. Y los diputados votarán el próximo diciembre en conjunto todas las modificaciones. La ley saldrá adelante, porque el PP cuenta con la mayoría absoluta: 64 diputados de los 120 de la Asamblea.
Además de que la forma sea cuestionable, también lo es el fondo de la reforma, según las fuentes del sector consultadas, que la tachan de "aberración jurídica". Aguirre modificará el artículo 161 de la Ley del Suelo, que regula el procedimiento excepcional de urgencia de las actuaciones urbanísticas de las administraciones públicas. Ahora lo ampliará a proyectos de particulares.
Este procedimiento permite que, por razones motivadas de excepcionalidad, se eluda la obligación de obtener licencia municipal en un proyecto urbanístico, que se sustituye por una decisión motivada del Gobierno regional. Por ejemplo, es la vía que utilizó la Comunidad de Madrid para dar luz verde al Campus de la Justicia, el macroproyecto para agrupar las sedes de los juzgados en Valdebebas.
Con la modificación de la ley, el Gobierno regional permite este procedimiento excepcional para "cualquier tipo de proyecto", sea "promovido por particulares o administraciones públicas", según la nueva redacción del artículo 161. Es decir, que se amplía el supuesto a los proyectos de promotores privados.
La ley actual lo limita a actuaciones de los ayuntamientos, la Comunidad de Madrid o "entidades por ella creadas, de ella dependientes o adscritas a la misma". Porque se entiende que es un procedimiento excepcional destinado a actuaciones supramunicipales, como ha reiterado la jurisprudencia. El Tribunal Supremo establece, desde 1984, que no es necesaria licencia para grandes obras públicas del Estado o de las comunidades autónomas, que justifica en la distinción entre obras urbanísticas y obras de ordenación del territorio.
Además, el Supremo (14 de octubre de 1992) sostiene que "no sólo las razones de urgencia o excepcional interés público han de estar debidamente justificadas, sino que su interpretación ha de hacerse con carácter restrictivo". Parece dudoso que los proyectos de un promotor particular sean de interés público.
Además, la modificación que está tramitando el Gobierno de Aguirre permitirá aprobar fuera de un planeamiento urbanístico -y, por tanto, en contra- un desarrollo urbanístico de un particular (que no tiene por qué ser el titular del suelo) como si fuera una simple licencia de obras. Este cambio contraviente la autonomía municipal, al permitir que los proyectos se salten los procedimientos de información de los municipios, que pasan de ser superiores a un mes a 15 o 10 días, según el caso. De ahí que, previsiblemente, la Comunidad de Madrid va a tener de frente a los ayuntamientos, si persiste en esta reforma legal.Para compensar, la nueva Ley del Suelo establece la necesidad de que los ayuntamientos emitan un informe previo para actuaciones que no sean de la Comunidad. Por tanto, no será necesario para las actuaciones del Gobierno regional o de las entidades creadas por él.
Es decir, que el Ejecutivo de Aguirre podría decidir la construcción en cualquier localidad de un vertedero, un campo de golf o incluso un asentamiento para realojar a la población marginal de la Cañada Real, por ejemplo, sin tener que contar con el visto bueno del Consistorio de ese término municipal. Hasta podría hacerlo en suelo no urbanizable, sin que pudiera impedirlo el Ayuntamiento afectado. Bastaría alegar interés regional, ni siquiera público.
Otro de los aspectos en reforma es el concepto de "urgente o de excepcional interés público" de la ley, que se sustituye por el de "urgencia o un motivado interés regional". La reforma de la Ley del Suelo va en contra de la autonomía municipal y deja a la discreción del Ejecutivo de Aguirre la promoción urbanística.
* ELPAIS.com - SOLEDAD ALCAIDE - Madrid - 16/11/2009
Foto: Madrid, sede presidencia Comunidad - JL. De Diego (wikipedia.org)
Condenan a cinco ex alcaldes de la provincia de Jaén en un año, y sólo a un regidor en el cargo
IDEAL* : Tenían el bastón de mando de sus pueblos y lo usaron para amenazar con él a sus vecinos, negarles información, cometer delitos urbanísticos o desobedecer a los tribunales de Justicia. Luego las urnas, el partido o las circunstancias de la vida los sacaron de la alcaldía. Y después llegaron las condenas. Hay constancia de al menos cinco ex alcaldes de la provincia de Jaén condenados por los tribunales en apenas un año. Sin embargo, la Justicia aún no ha castigado a ningún alcalde en activo, pese a que actualmente hay abiertas más de una docena de causas penales contra regidores.
La veda al ex alcalde se abrió con Antonio Castillo (PSOE) a finales de octubre de 2008. El Penal 1 de Jaén lo condenó a seis meses de inhabilitación por permitir urbanizaciones ilegales en La Iruela, en el corazón del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Una condena significativa, por que aún es la primera y única a un regidor jienense por omisión del deber de perseguir delitos. Junto al ex alcalde cayeron cuatro compañeros socialistas que formaban la Junta de Gobierno.
José Antonio Álvarez López (PSOE) fue alcalde de Torres de Albanchez. Ahora es habitual de los juzgados. Acumula ya varias condenas de diez años de inhabilitación cada una por permitir naves industriales ilegales en el Parque Natural de Sierra Mágina, Aún le falta al menos un juicio por salir. Se está declarando culpable en todos.
Más curiosa -por urbanismo hay una decena de alcaldes imputados- es la condena al ex alcalde de Cazorla, José Luis Díaz (PSOE). Los dos alcaldes citados anteriormente están hoy fuera de la política. Díaz es diputado provincial, y según su curriculum en la web de Diputación es secretario general del PSOE de Cazorla y secretario de Ciudades y Política Municipal de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Jaén. Además, ostenta el cargo de vicepresidente de la Junta Rectora del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. En abril de este año la Audiencia confirmó una condena contra él por amenazas a un ciudadano de Cazorla. «Tarde o temprano pagará el daño que hace», dijo sobre él en un medio de comunicación. No llega a delito. Se queda en falta.
También por una falta, de desobediencia, fueron condenados en junio pasado los ex alcaldes de Castellar María Inmaculada Ortega (PSOE) y Juan Escudero (PA) por no cumplir una sentencia del TSJA que les obligaba a reintegrar a una trabajadora municipal en su puesto y a pagarle una indemnización.
El único alcalde en activo del que hay constancia de una condena por una falta es a Amador Santiago (PSOE) tras una denuncia del PP por no facilitarles información municipal.
De la nómina de alcaldes en activo, la Justicia ha estado a punto de sentar en el banquillo a dos en poco más de un mes. Primero fue Manuel Vallejo (PSOE), al que iban a juzgar en el Penal 1 por supuestos delitos urbanísticos. El juicio ya venía suspendido de meses atrás. Un día antes de celebrar el 8 de octubre, su abogado renunció a llevar el caso. Le han vuelto a dar fecha: para dentro de un año.
El martes 10 de noviembre debía haberse celebrado el juicio por el caso Megatín, con el alcalde de Torredelcampo, Blas Sabalete, en el banquillo de los acusados. Otro de los acusados aportó parte de enfermedad y forzó la tercera suspensión ya.
* Ideal - J. E. POVEDA- 16.11.09
Foto: Jaen, parador - elviajero.elpais.com
Santa Pola incumplió el PGOU en dos edificios
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ELPAÍS/Alicante* : El Ayuntamiento de Santa Pola, gobernado por el PP con mayoría absoluta, autorizó en 2004 a dos promotores levantar en dos edificios tres alturas más de lo permitido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) entonces vigente. La irregularidad no fue corregida hasta cinco años después con el nuevo planeamiento, y con uno de los edificios ya terminado y habitado.
Propietarios de una urbanización afectada por las dos nuevas torres denunciaron primero los hechos al Consistorio y, más adelante, llevaron la infracción urbanística a los tribunales con el propósito de demoler el exceso de obra, en total 50 viviendas.
Los dos edificios supuestamente ilegales se ubican a unos 500 metros de la primera línea del mar de la población, frente a las viviendas de la urbanización Paraíso II. El origen de estas dos promociones de viviendas se remonta a 2004, cuando el Ayuntamiento y las mercantiles Gecoinsa, SL, y Promociones Las Gaviotas, SA, acordaron dos permutas, recogidas en sendos convenios urbanísticos. El Ayuntamiento compensó el valor del suelo entregado por los promotores con un aumento de edificabilidad en dos promociones, Miramar II y Las Gaviotas, que estaban desarrollando en la mencionada zona del casco urbano. En el primer caso amplió la edificabilidad de 57 a 82 casas; y en el segundo, de 36 a 61.
Los propietarios de la urbanización Paraíso II reaccionaron de inmediato contra las dos futuras edificaciones: primero por el negativo impacto visual (los bloques actúan de pantalla sobre sus casas) y, segundo, por vulnerar el planeamiento vigente y, según un informe pericial, la Ley de Costas.
Las denuncias de los afectados surtieron un efecto pasajero. El Consistorio abrió sendos expedientes por infracción urbanística el 17 de octubre de 2006 y paralizó las obras. En el caso del promotor de Miramar II el expediente se incoó por comenzar las obras sin licencia.
No obstante, el 17 de enero de 2007 el Consistorio atendió el recurso del empresario relativo a que tenía licencia por silencio administrativo y prosiguieron los trabajos. Este bloque fue terminado y habitado antes de entrar en vigor el actual planeamiento urbano, en mayo pasado. Mientras, el Consistorio revocó el expediente al promotor de Las Gaviotas el 1 de abril de 2007. El Ayuntamiento cedió al argumento del empresario de que era necesario continuar las obras para rematar los forjados de la estructura. Este bloque en la actualidad no está terminado, pero la obra alcanza ya la quinta planta.
El visto bueno del Ayuntamiento a las obras obligó a los afectados a recurrir a los tribunales y en 2008 presentaron dos demandas que instruye el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Elche.
En su recurso, los afectados adjuntan un dictamen del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana que ratifica la nulidad de la licencia otorgada al promotor de Miramar II y un informe pericial de un ingeniero de caminos del Colegio de Cantabria. El técnico concluye que las dos nuevas urbanizaciones vulneran la Ley de Costas por constituir una pantalla visual a menos de 500 metros de la primera línea del mar. El juzgado todavía no ha emitido ninguna resolución.
El Ayuntamiento de Santa Pola, a través de la concejal de Urbanismo, Dolores Gadea, defiende la "legalidad" de las dos construcciones. "Las permutas estaban plenamente justificadas", señala. "Y el exceso de edificabilidad ya estaba previsto en el PGOU que estaba en trámite y, ahora, ya aprobado definitivamente", añade la edil popular.
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 16/11/2009
Foto: Santa Pola (Alicante) - elportaldelosbarcos.es
Veinte años esperando la piqueta
ELCORREO/Bilbao* : Suena muy fuerte cuando oyes a algún vecino de El Peñascal decir que ojalá las inundaciones del 83 se hubiesen llevado -sin dramas personales, por supuesto- toda la infravivienda de Iturrigorri y Gardeazabal. Esta expresión de hartazgo tiene su explicación: un cuarto de siglo después de las riadas, las viviendas de estas zonas que se salvaron entonces siguen en pie, desafiando al tiempo, a los planes urbanísticos y a las normas de habitabilidad.
No sucumbieron al agua ni a los derribos posteriores, que echaron abajo casas afectadas de enclaves cercanos, entre ellas, todo el barrio de San Antonio. Así que, a día de hoy, los dos vecindarios, donde residen unas 70 familias, siguen ahí y se han convertido en uno de los últimos reductos de infravivienda de Bilbao.
«Casi todos los residentes son familias de etnia gitana. Queda poca gente del barrio de toda la vida. Más que nada algunas viudas sin recursos económicos para marcharse a otro sitio. Porque casi todos los que han podido se han ido», explica Pedro Castañares, presidente de la Asociación de Familias de Iturrigorri-Peñascal. «Como agrupación, llevamos quince años luchando para que se regenere la zona, pero la reivindicación viene de antes. Hubo un acuerdo con el anterior Gobierno vasco y yo les decía a los vecinos que me preguntaban por el tema que ya estaba el asunto 'amarrao'. Pero ahora, con el cambio de Ejecutivo, lo que les tengo que contar es que todo depende de que dejen una partida en los presupuestos. Si no lo hacen y tenemos que esperar otros cuatro años....». Castañares resopla. «La zona está fatal. Sin saneamiento y con graves problemas de accesibilidad -apunta mientras muestra unas empinadísimas escaleras-. Hay grietas imponentes, nadie sabe cómo está la cimentación, ni por dónde van las tuberías. Los bomberos no pueden acceder, es imposible meter el gas, el butanero y el cartero tampoco suben... No valen parches, esto tiene que desaparecer ya».
Según explica, quienes llevan en el barrio el suficiente tiempo recuerdan cómo en la década de los sesenta aparecieron muchas de esas viviendas de la noche a la mañana. Literalmente. «Las levantaron de noche, para que no les viese la Guardia Civil. Y, cuando les pillaban, les invitaban a un café y listo -asegura-. Eran otros tiempos».
Tras muchas reivindicaciones, en abril de este año, Javier Madrazo, el anterior consejero de Vivienda del Gobierno vasco, firmó en uno de sus últimos actos oficiales un convenio de intenciones para recuperar la zona con la construcción de pisos de promoción pública que permitan derribar la infravivienda y realojar a sus habitantes. Esta misma semana, responsables del Ayuntamiento y del Ejecutivo autonómico han abordado en una reunión la marcha del proyecto -cuya primera fase prevé la construcción de 30 pisos cerca de Iturrigorri y 45 en la ladera de Uretamendi- que no acaba de salir de una madeja interinstitucional de requisitos burocráticos.
«Les toca mover ficha»
Según explica Julia Madrazo, edil de Urbanismo del Consistorio, los trámites municipales para edificar los bloques de Uretamendi se han solventado ya en el pleno y el Gobierno vasco asegura que ya trabaja en el proyecto de urbanización. Y los otros 30 están pendientes de que la Comisión de Ordenación del Territorio, dependiente del Ejecutivo autonómico, dé el visto bueno a un informe de Urbanismo para la aprobación definitiva del Plan General. «Les toca mover ficha. No dudo de que lo vayan a hacer, pero tienen que meter caña y crear las viviendas previstas, si no el realojo no será pacífico», advierte Madrazo.
Portavoces del gabinete de Patxi López zanjan estos temores y aseguran que se mantienen los planes de sus antecesores en cuanto a número de pisos. Y, según recuerdan, terminadas las dos primeras promociones, se prevé la construcción de un inmueble con otras 85 viviendas en Gardeazabal. Aunque en la reunión de la pasada semana no se avanzaron fechas, fuentes cercanas al proyecto afirman que los primeros pisos podrían empezar a edificarse a principios de 2011.
* El Correo Digital - SOLANGE VÁZQUEZ | BILBAO - 16.11.09
Foto: Las casas están en malas condiciones. / M. ATRIO, elcorreodigital.com
La fiebre de la corrupción urbanística
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ELPAÍS/Cataluña* : El caso Pretoria ha destapado una trama con patas, por ahora, en Santa Coloma, Llavaneres y Badalona. No son los únicos casos en Cataluña. Desde el año 2000 la justicia ha destapado al menos 11 casos de corrupción de distintas envergadura, cerrados o aún investigándose, que tienen como protagonistas a alcaldes o ediles.
- Extorsión en el Eixample. Desde abril está pendiente de juicio la trama de corrupción en la que está acusado el inspector técnico de licencias del distrito del Eixample, en Barcelona, Eduard Cabestany, y siete personas más, que supuestamente cobraron a cambio de tramitar expedientes para legalizar locales comerciales. Las diligencias se iniciaron en 2004 y el Ayuntamiento ejerce de acusación particular. El fiscal solicita entre 8 y 21 meses de cárcel.
- Licencia del Store Café. La gerente del distrito de Gràcia, María Carmen Fernández, el consejero de distrito del PP Alberto Belón y el concejal del Ayuntamiento de Vallirana Antonio Penalba, también del PP, están imputados por cohecho, prevaricación y tráfico de influencias en el caso Store Café. Según la querella, Penalba y Belón exigieron a la dueña 6.000 euros para agilizar la apertura. En fase de instrucción.
- Pagos en Santa Susanna. El alcalde de Santa Susanna (Maresme) Joan Campolier, de CiU, dimitió en 2007. La Audiencia de Barcelona le condenó a cuatro años de inhabilitación por prevaricación. Campolier, que gobernó con mayoría absoluta desde 1976, recurrió sin éxito al Constitucional. El ex alcalde encargó y pagó proyectos municipales al que era arquitecto municipal, al margen del sueldo de funcionario.
- Indemnización en Canet. El TSJC condenó en 2007 al Ayuntamiento de Canet a indemnizar con 60.000 euros al promotor Manuel Fernández por los perjuicios causados por la demora en los trámites para construir viviendas en Cal Rectoret. Fernández acabó vendiendo el terreno. El promotor denunció en 2004 por prevaricación y falsedad en documento público al alcalde Joaquim Mas (PSC) y los entonces concejales Ibis Puig (CiU) y Òscar Figuerola (ERC).
- Terres Cavades. El proyecto de construir en Terres Cavades (Tarragona) casi 5.000 pisos desató una tormenta política en 2004. El entonces concejal de Urbanismo, Ángel Fernández (CiU), votó a favor del plan ocultando que él y su hermano eran accionistas de una de las constructoras. Le costó el cargo. La Generalitat anuló la urbanización. En 2007 la Audiencia de Tarragona advirtió indicios de tráfico de influencias y sentó a los principales actores en el banquillo.
- Los Ferran de Salou. En 2006 la fiscalía investigó a Esteve Ferran Gombau, entonces edil de urbanismo de Salou e hijo del alcalde Esteve Ferran Ribera. El padre supuestamente consiguió plusvalías en 2004 por la venta de una finca comprada en 2000 que cambió de uso. Padre e hijo eran del partido Ferran Units per Salou y gobernaban con CiU que abandonó el gobierno cuando el alcalde mantuvo a su hijo en el cargo. Los Ferran esperan sentencia.
- Pelotazo en Querol. El juez imputó en 2008 en Querol (Alt Camp) al ex alcalde, el independiente Albert Carreño, al actual edil Miguel Uroz (PSC) y otras siete personas por el planeamiento urbanístico de L'Arboçar. La zona fue comprada por 70.000 euros a comienzos de esta década y revendida por 700.000 cuatro años después, tras la aprobación inicial de un Plan de Ordenación Urbana que preveía la construcción de 550 casas. Un segundo plan permitió hasta 1.400 pisos y el valor del suelo ascendió a 3,68 millones. Querol no llega a los 500 habitantes. El caso está pendiente de juicio. La Generalitat suspendió el plan urbanístico.
- El alcalde de Ginestar. El alcalde de Ginestar (1.098 habitantes, Ribera d'Ebre) Josep Bru (CDC) renunció a su cargo en 2007, cuando se hallaba en funciones tras perder la alcaldía a favor del PSC, en vísperas del juicio al que le llevó un empresario de la construcción que le denunció por corrupción. Bru, que acumuló mayorías absolutas desde 1987, fue grabado por unos detectives negociando con unos compradores de fincas a quienes aconsejaba cómo sortear los trámites para edificar en un solar agrícola. El ex alcalde fue expulsado del partido.
- Vilaller.
La fiscalía acusó en 2007 y 2008 por un presunto delito urbanístico y de tráfico de influencias al entonces alcalde, Josep Monsó, que concurrió por ERC, y a cinco concejales de Vilaller (700 habitantes, Alta Ribagorça) por autorizar en 2006 la construcción de 24 viviendas en una zona de equipamientos. El caso no está cerrado y la fiscalía ha extendido el cargo de prevaricación a otros tres ex ediles.
- Culebrón en la Vall de Ruda. El grupo ecologista Ipcena denunció en verano al ex alcalde de Naut Aran (342 habitantes, Val d'Aran) Víctor León por prevaricación al dar una licencia de obras en 2004 para la urbanización de 500 viviendas en la Vall de Ruda, en Baqueira Beret. El TSJC anuló en abril la urbanización por no ajustarse a la normativa. En octubre, la fiscalía archivó la causa contra León: no apreció indicios de delito, pero sí irregularidades administrativas.
- Almacelles. El alcalde de Almacelles (Segrià), Josep Ibarz (CiU), el secretario del Ayuntamiento y un policía local fueron imputados en septiembre por prevaricación y falsedad documental. La denuncia, presentada por una vecina, les acusa de falsificar un documento para multar una supuesta irregularidad urbanística.
- Palau-saverdera. El TSJC ratificó en primavera el derribo de la urbanización de lujo Sun Village, de Palau-saverdera (Alt Empordà), construida en un solar para equipamientos. A regañadientes, el Ayuntamiento, gobernado desde hace 30 años por Narcís Deusedas (CiU), se ha visto obligado a acatar la orden, que prevé que sean los 42 vecinos quienes costeen el derribo. Deben hacerlo antes del día 5 y piden 12 millones de indemnización al Consistorio, que podría verse obligado a ejecutar subsidiariamente los derribos.
* ELPAIS.com - CLARA BLANCHAR - Barcelona - 16/11/2009
Foto: Badalona (Barcelona), front marítim - elperiodico.com
Vigo: Medio millar de personas salen a la calle para reclamar "el fin de la destrucción de la ría"
FARODEVIGO* : "Es hora de respetar el medioambiente, el paisaje, el marisqueo, y la forma de vida de miles de personas". La marcha organizada por la red "A Ría non se vende" congregó ayer a medio millar de personas, según los datos de la Policía, para exigir "el fin de la destrucción del litoral". Grupos ecologistas y numerosos marineros y mariscadores recorrieron el centro desde Plaza de España hasta las inmediaciones de la sede de la Autoridad Portuaria, y leyeron un manifiesto en el que proclamaron que "llegó el momento de decir basta a los rellenos, los puertos deportivos y las macrodepuradoras".
La protesta provocó atascos durante una hora y media.
Los manifestantes reclaman el fin de las obras en los dos márgenes de la ría desde Baiona a Cangas. Entre otras se oponen a las ampliaciones de Areal, Bouzas y el muelle de trasatlánticos; la construcción de la macrodepuradora proyectada en el Lagares; y los puertos deportivos en la ETEA y Massó (Cangas); además de exigir la paralización de la construcción del silo para vehículos de Bouzas. Bajo el lema "Os recheos matan a Ría", y con cánticos como "Goberne quen goberne, a Ría non se vende", descendieron por el centro, en algunos momentos con una intensa lluvia, para terminar haciendo un alegato en defensa de la Ría. "Es uno de los ecosistemas marinos más ricos del mundo, fuente de vida y sustento para siempre. Están destruyendo un tesoro común de una forma irresponsable", explicó una de las lectoras del manifiesto.
Los participantes mostraron su satisfacción además por la reciente sentencia del Tribunal Supremo que declara ilegal el relleno de 300.000 metros cuadrados de Marín, y defienden que "es válida para Vigo y cualquier lugar". Ya han iniciado trámites para recurrir las ampliaciones previstas en el puerto en base al fallo judicial. Sus críticas se extendieron desde a la presidenta del Puerto, Corina Porro, a la que acusan de "creer que es dueña de la Ría", hasta el alcalde, Abel Caballero; los demás regidores de los municipios del litoral; y las empresas que proyectan obras a pie de mar. Por la noche se celebró un concierto solidario en un local de Churruca.
* Faro de Vigo - 15.11.09
Foto: Los manifestantes bajaron por Gran Vía hacia la sede de la Autoridad Portuaria. // Jesús de Arcos, farodevigo.es
El Defensor del Pueblo dice que los costes recaigan en los dueños de casas ilegales
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EUROPASUR/Cádiz* : Las consideraciones de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz sobre las parcelaciones ilegales, a través de un informe presentado el pasado 10 de noviembre en el Parlamento de Andalucía, fueron contundentes a la hora de definirse sobre quién debería afrontar los costes de urbanización en cualquier proceso de regularización de viviendas.
Así, en ese informe se deja claro que los gastos deben soportarlos los propios beneficiarios de la parcelación "que, además, es frecuente que adquieran sus parcelas a un precio menor porque las parcelaciones ilegales no habían asumido las obligaciones que deben abordar los promotores privados, e incluso es probable que muchos participaran como promotores en la propia edificación de las viviendas, evitando unos costes muy diferentes de los que tendrían que asumir si hubieran realizado la construcción en una urbanización legal", dice literalmente.
Estas observaciones engloban a todo el conjunto de la Comunidad andaluza, aunque cabe precisar que a nivel provincial e incluso nacional, Chiclana es la población donde se ha puesto en marcha uno de los procesos más ambiciosos y controvertidos sobre la legalización de viviendas, ya que la aplicación de unas nuevas ordenanzas en este municipio afectarán a 10.500 parcelaciones.
El reseñado informe del Defensor del Pueblo incide en la idea de que son los propios vecinos los que tienen que enfrentarse a los pagos de urbanización, al considerar esta institución que los propietarios de esas viviendas serían los beneficiarios, sin que el Ayuntamiento tenga que desembolsar importe alguno. En este sentido, destaca que "a la hora de abordar esa regularización y sin perjuicio de la cooperación pública a la hora de redactar proyectos técnicos, asesoramiento, mediación ante los residentes, etc., se evite que los costes de la regularización de las parcelaciones ilegales se trasladen a las arcas municipales, debiéndola afrontar los promotores y los residentes en ellas".
Este punto de vista se ve reforzado al entender la institución que se cometería un agravio comparativo con aquellos vecinos que aportaron sus correspondientes pagos en conceptos de licencias y otras exigencias administrativas cuando construyeron o adquirieron sus viviendas de manera legal. Es por ello que en el documento se hace hincapié en el concepto de que "el resto del vecindario no tiene por qué asumir los costes de regularización, por vía indirecta con cargo a sus impuestos, o dejando de recibir servicios de calidad que no se podrían atender por destinar recursos públicos a aquella finalidad".
Según el Defensor otra de las causas que tal vez esté presente en los referidos procesos de urbanización es la relativa a la "escasa cultura urbanística existente en la población, donde el Urbanismo y las consecuencias de la regulación no se han asumido por los ciudadanos como una garantía de calidad de vida, de bienestar a medio y corto plazo, sino como una injerencia en su patrimonio. Y es que la función social de la propiedad no ha sido asumida por muchos ciudadanos como límite y condicionamiento de su utilización". En esa línea, cree que no resulta extraño que algunos ayuntamientos "hayan propuesto que se realicen campañas de información para hacer comprender el significado del concepto de función social de la propiedad", indica.
Chiclana no es el único municipio que se enfrenta a un proceso de regularización de viviendas, sino que también se aplicará en otros de la provincia, como, por ejemplo, puede ser el caso de El Palmar (Vejer). Esta medida acarrea polémica, impopularidad y disputas entre los ayuntamientos y los vecinos afectados. Sin embargo, el Defensor del Pueblo se inclina por la regularización "siempre que las circunstancias lo permitan y lo aconsejen, porque estamos convencidos de que la clandestinidad y, en general, la ilegalidad o la simple irregularidad, cualquiera que sea el ámbito en el que se desarrolla, si no es afrontada termina por generar graves problemas".
* Europa Sur - F. M. / Chiclana - 15.11.09
Foto: Chiclana (Cádiz), zona diseminados - lavozdigital.es
Las medidas anticorrupción se quedan en el papel
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PÚBLICO* : No basta con tomar medidas si luego no se llevan a la práctica. La primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero ha sida la más prolífica de la democracia en medidas contra la corrupción pero, como subrayan unánimemente los expertos en derecho consultados por Público, también han resultado ser (con muy pocos matices) absolutamente ineficaces.
Entre las más destacadas se cuentan la modificación de la ley de financiación de los partidos políticos, la nueva regulación de los contratos del sector público, la reforma de la Ley del Suelo, las creación de secciones de medio ambiente y urbanismo en todas las fiscalías, la aprobación del Código del Buen Gobierno, la regulación de los conflictos de intereses de los altos cargos, o el Estatuto Básico del Empleado Público.
Manuel Villoria, profesor de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos y miembro del comité de dirección de la sección española de Transparencia Internacional (TI), destaca en la lista de actuaciones positivas la ratificación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y de la Convención de la OCDE contra el soborno a funcionarios extranjeros en transacciones internacionales, así como la firma (pendiente de ratificación) de la Convención Penal contra la Corrupción del Consejo de Europa. Pero "el problema es que estas convenciones y las normas españolas deben implementarse para que sirvan para algo y muchas de ellas no se implantan adecuadamente. Parece como si una vez aprobada la norma ya todo se olvidara", lamenta Villoria. Y "la norma hay que desarrollarla, cumplirla, ejecutarla".
Sin informe anual
Un buen ejemplo, razona, es el Código de Buen Gobierno, que "no lo conocen ni los ministros, ni los altos cargos", del que nunca "se ha redactado el informe anual" estipulado y para el que no existe ningún órgano independiente encargado de vigilar su cumplimiento.
Algo parecido pasa con la reforma de la Ley del Suelo que introdujo la exigencia de dar publicidad a los registros de patrimonio e intereses de los alcaldes y concejales. "No llega al 10% el número de ayuntamientos donde eso se ha hecho", denuncia. "Sí ha mejorado", admite Villoria, "el trabajo de la Guardia Civil, de la Unidad de delitos económicos del Cuerpo Nacional de Policía o de la Fiscalía, pero estas instituciones trabajan ya cuando el mal se ha producido".
Lo que mejor ha funcionando es el refuerzo de la investigación
El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca Rafael Bustos coincide con esta opinión ("lo que mejor está funcionando es el reforzamiento de las unidades especializadas de represión de la corrupción", asegura) pero Jorge F. Malem, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Pompeu Fabra, echa en falta más medios materiales y humanos al servicio de la fiscalía anticorrupción y de los distintos organismos policiales encargados de luchar contra "la delincuencia político-económica".
Sin comparación
Entre lo que no está funcionando Bustos incluye también el Código de Buen Gobierno. "Si lo comparamos con otros códigos parecidos, por ejemplo el del gobierno británico, resulta un poco ridículo". Y "la nueva ley de financiación de los partidos, sinceramente, me parece que no cambia los aspectos esenciales y problemáticos de la financiación".
El profesor salmantino es más benévolo a la hora de juzgar la Ley del Suelo. "Lo cierto es que la gestión del urbanismo es tan compleja que sólo la ley no puede evitar la aparición de fenómenos de corrupción", expone. Y es que, como señala Francisco Alcaraz, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante, las medidas adoptadas no atajan las verdaderas causas del problema: un modelo de crecimiento económico basado en "el todo vale de la construcción, que exige negocios rápidos y connivencias múltiples para maximizar el beneficio en el menor tiempo posible", y unos partidos políticos que insisten en hacer listas electorales sin atender al interés público y en jugar a la falta de transparencia.
En parecidos términos se expresa el profesor de Ciencia Política de la Universidad de Granada Rafael Vázquez, según el cual los fallos en la puesta en marcha de muchas medidas anticorrupción son consecuencia de que la cultura política de los ciudadanos "se acerca mucho más a los parámetros de la cultura de súbdito (aquel que asume y hasta legitima cualquier actuación de los poderes públicos) y cultura política parroquial (propia de los individuos preocupados por el entorno privado más inmediato) que a una verdadera cultura cívica, el modelo ideal de ciudadano respetuoso con los valores democráticos".
Un problema al que hay que sumar, añade, "la tradicional forma de hacer política y de gestionar cualquier asunto público", que "se ha venido basando en la maximización del beneficio propio a cualquier precio". Es "la cultura del pelotazo, que ya existía en el franquismo y que ha seguido desarrollándose", explica.
Entre los fallos de las medidas anticorrupción Vázquez, como muchos de los expertos consultados, destaca el escaso éxito cosechado por la reforma de la Ley del Suelo. Puesto que la gestión urbanística corresponde por lo general a los ámbitos municipales, donde menor control ha existido hasta el momento, los gobiernos autonómicos "aún no han sido capaces de atajar los excesos urbanísticos existentes", muchas veces por imposibilidad normativa de actuación y en otras ocasiones por connivencia con los propios consistorios municipales, asegura.
La complejidad urbanística
En opinión de Fernando Jiménez, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Murcia, en España "conviven problemas de naturaleza normativa (una regulación deficiente que introduce incentivos para la corrupción) con problemas de aplicación efectiva de las normas". A veces se regula "más o menos bien un tema (por ejemplo las incompatibilidades), pero fallan los mecanismos para que tales normas se apliquen en la práctica y se sancionen adecuadamente los incumplimientos". En su opinión, "quizás el campo que tenga una mejor regulación es el de la contratación pública, pero tiene una aplicación ciertamente mejorable: habría que mejorar la transparencia de las adjudicaciones y la aplicación de sanciones a las desviaciones".
La ley de financiación de los partidos, que debería ser la clave de bóveda de la lucha contra la corrupción, ha seguido siendo un coladero incapaz de cortar el flujo irregular de fondos del sector privado hacia las arcas de las organizaciones políticas. Aunque Enrique García Viñuela, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, se distancia de las críticas a la nueva ley de financiación de los partidos polítcios. "No sabemos cómo está funcionando en la práctica debido a que no disponemos de los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre las contabilidades de los partidos. La ley entró en vigor en enero de 2008 y el último informe publicado por el Tribunal de Cuentas corresponde al año 2005. Por tanto, desconocemos si los partidos están aplicando la nueva ley o si van a ser sancionados por las infracciones que cometan. Mientras estuvo en vigor la ley de financiación de los partidos anterior, la de 1987, no se hizo ninguna de ambas cosas", asegura.
* Público - FERNANDO VARELA - MADRID - 15/11/2009
Foto: Funcionarios policiales registran las dependencias del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, centro de la última gran operación contra la corrupción. - EFE
Quinientos vecinos protestan contra el centro de residuos de Alcazarén
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ELNORTE/Valladolid* : Medio millar de personas se manifestaron ayer por las calles de la capital en contra del proyecto del Centro de Transferencia de Residuos que se pretende instalar en Alcazarén (726 habitantes). Entre pitos y al grito de 'Alcazarén unido jamás será vencido' y 'Tengo un burro muy inteligente que no se parece nada a los de Medio Ambiente', los asistentes, muchos de ellos ataviados con mascarillas y batas blancas, llevaron un burro con una pancarta que rezaba: 'Soy técnico de Medio Ambiente'.
La pancarta que encabezó la protesta, con el lema 'Alcazarén por una comarca limpia. Residuos tóxicos y peligrosos no', era portada por vecinos de pueblos de la comarca como Cogeces, Megeces, Hornillos, Mojados, Olmedo, Íscar, Pedrajas y Matapozuelos. Junto a la cabecera unos niños llevaban otro cartel en el que se podía leer: 'Comisión de Urbanismo. Nuestro futuro depende de vosotros'.
Con más de una hora de retraso sobre el horario previsto -los asistentes fueron llegando en distintos autobuses-, la marcha partió de la plaza de Zorrilla para recorrer la calle Santiago y llegar a la Plaza Mayor, donde un vecino de Alcazarén, Justino Yastas, leyó un manifiesto en el que advirtió de que aún no han leído ni un sólo informe sobre los riesgos de la futura planta.
El regidor del municipio, Alfonso García, criticó que los políticos «no hagan ni caso» a los vecinos que se manifiestan para evitar posibles problemas de salud y les acusó de interesarse por los vecinos tan sólo en época electoral. «Eso me duele muchísimo», dijo.
«Prefieren ponerse a favor de intereses de empresas privadas que de los vecinos», destacó el regidor, quien vaticinó que la Comisión de Urbanismo, tras la licencia concedida por Medio Ambiente, dictaminará en favor del proyecto, informa Europa Press.
Sobre un acuífero
Tras reiterar que el centro se ubicaría junto a la carretera, sobre un acuífero, en medio de dos empresas agroalimentarias y a 800 metros del casco urbano, García acusó a la Junta de decir «verdades maliciosas», ya que, aunque la decisión final tendrá que tomarla el Consistorio, cuando éste deniegue el permiso, la empresa acudirá a los tribunales.
«Que se mentalicen de que abren la puerta a que decida un juez cuando ellos lo podrían parar», criticó el regidor antes de calificar de «irónica» la postura de la Junta, a la que pidió que «no engañe a la gente».
«No vamos a dejar nunca que nos lo coloquen», defendió Alfonso García antes de calificar el proyecto de «barbaridad», apostar por que el pueblo decida sobre las empresas que quiere que se asienten allí, pedir que les dejen «vivir en paz» y reclamar información sobre las consecuencias en caso de un accidente en el centro.
* El Norte de Castilla - 15.11.09
Foto: Los vecinos de Alcazarén llevaron a la protesta un burro con una pancarta. / RICARDO OTAZO, nortecastilla.es
Cómo garantizar el derecho a la vivienda
RAFAEL PLA LÓPEZ* : Para garantizar el derecho a la vivienda en el Estado Español desde un marco de viviendas vacías e hipotecas fallidas se plantea en primer lugar estimar el coste asumible por cada persona en función de sus ingresos, en segundo lugar resolver los impagos de hipotecas evitando desahucios y inmovilización de viviendas y en tercer lugar articular un parque público de viviendas en alquiler de gestión pública. Para ello es necesario establecer un salario social que garantice unos ingresos mínimos y asegurar su financiación pública, contemplándose un impuesto adicional sobre los ingresos elevados que puede suponer un tope superior variable de los ingresos netos.
Introducción
La conjunción de miles de personas sin hogar y miles de viviendas vacías a fecha de hoy, en mayo de 2009, revela una clara ineficiencia del sistema de gestión de viviendas en el Estado Español, que por un lado genera insatisfacción de necesidades sociales, y por otro lado inmovilización de activos inmobiliarios con consecuencias negativas para la actividad económica del país.
Señalemos que de acuerdo con el artículo 47 de la vigente Constitución Española "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho". En lo que sigue se plantean una serie de criterios para el cumplimiento de esta norma constitucional.
Señalemos no obstante que lo que se expone es un modelo matemático genérico, cuya aplicación debería hacerse a partir de los datos de que los mismos poderes públicos pueden disponer. Cuando se planteen concreciones numéricas será únicamente a guisa de ejemplo.
Por otra parte, dado que los procesos sociales están sistémicamente inter-relacionados, para conseguir el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda se hace imprescindible abordar otras cuestiones, como la garantía de unos ingresos mínimos y la fiscalidad.
El coste asumible de la vivienda
En ocasiones se plantea limitar tanto el eventual pago de un alquiler como el de las cuotas de una hipoteca por un porcentaje de los ingresos. Pero ello no parece razonable, dado que alguien con ingresos suficientemente elevados podría optar por dedicar una parte mayor de los mismos a sufragar una vivienda de mayor valor, siempre que con la parte restante pueda subvenir al pago de sus demás necesidades. Será por tanto preferible determinar el máximo dedicable a sufragar la vivienda con un criterio sustractivo y no de proporcionalidad.
Así, si tenemos
1. = ingresos netos
2. = coste mínimo de la satisfacción de las necesidades independientes de la vivienda
3. = proporción estimada del coste de la vivienda para sufragar gastos de mantenimiento y uso de la misma (luz, agua, limpieza, etc.)
entonces, si se dedica una cantidad D' a sufragar la vivienda, D'+D'·C=D'·(1+C) no podrá ser mayor que A-B, y por tanto la cantidad máxima que podrá dedicarse a sufragar la vivienda, bien por el pago de un alquiler, bien por el pago de una cuota hipotecaria, será
4. = (A-B)/(1+C)
Señalemos que ese tipo de cálculo lo realiza normalmente un banco solvente previamente a la concesión de un crédito, y los poderes públicos para estimar el coste de la vida en que se habría de basar la fijación del salario mínimo interprofesional. Señalemos también que el coste mínimo D de necesidades será menor si los poderes públicos aseguran la gratuidad de servicios públicos como la sanidad y la educación.
Así por ejemplo, si se estimara mensualmente B=600€ y C=1/3, alguien cuyos ingresos netos fueran de 1000€ podría dedicar al pago de la vivienda
D = (1000-600)/(1+1/3) = 400/(4/3) = 300€
Por tanto, con un salario mínimo interprofesional neto de 1000€ al mes los poderes públicos deberían garantizar la existencia en número suficiente de viviendas en alquiler con un precio no superior a 300€ . Si por el contrario el salario mínimo interprofesional neto es de 800€ deberían garantizarse viviendas con un alquiler mensual no superior a
D = (800-600)/(1+1/3) = 200·3/4 = 150€
Naturalmente, los cálculos hacen referencia al coste asumible por una persona. En caso de que una vivienda fuera compartida por un determinado número de personas, deberíamos multiplicar por dicho número el valor de D correspondiente a los ingresos netos medios de las mismas. Así, dos personas con un ingreso neto medio de 800€ podrían compartir una vivienda con coste de 300€ mensuales.
En todo caso, los poderes públicos habrían de optar o bien por aumentar los ingresos mínimos (correspondientes al salario mínimo interprofesional, las pensiones mínimas o un salario social) o bien por garantizar viviendas de un coste inferior. Ambas políticas serían compatibles con el modelo aquí expuesto.
Evitar los desahucios
Evitar los deshaucios por impago de hipotecas debe ser una prioridad, dado que dichos deshaucios agravan por partida doble el problema de la vivienda, generando por una parte más personas sin hogar y cargando por otra parte a los bancos con viviendas que tienen muy difícil rentabilizar.
En las actuales circunstancias no parece razonable pretender una solución en la que todos ganen, por lo que deberíamos conformarnos con una solución que minimice las pérdidas de las distintas partes.
Para ello habría que regular debidamente las condiciones en que puede darse la ejecución de las hipotecas fallidas, y en segundo lugar dar a los bancos la opción de optar entre dicha ejecución o renegociar el pago de las mismas.
En primer lugar, habría que establecer que la ejecución de una hipoteca cancele la deuda correspondiente. Si de alguna manera el establecimiento de una hipoteca supone una apuesta por ambas partes, quien la solicita y quien la concede, si las circunstancias económicas de los hipotecados les impiden seguir pagando las cuotas y la desvalorización de la vivienda lleva a que su valor tasado sea inferior a la deuda pendiente, la ejecución de la hipoteca debe implicar que ambas parten pierdan: el hipotecado la propiedad de la vivienda, y el prestatario el resto de la deuda. Por otra parte, si se trata del domicilio habitual y no de una segunda vivienda, habría que garantizar que el hipotecado pueda seguir ocupándolo durante un período de tiempo adecuado (por ejemplo, de un año) desde la ejecución de la hipoteca hasta que los poderes públicos puedan proporcionarle en su caso una vivienda alternativa. Durante ese período, el hipotecado debería pagar un alquiler igual al coste asumible D de la vivienda en función de sus ingresos.
En caso de que el banco o entidad prestataria quisiera evitar dichas condiciones para la ejecución de la hipoteca, debería renegociarla a su costa, con una cuota no superior al coste asumible D de la vivienda en función de los ingresos de los hipotecados, hasta la cancelación de la misma. En caso de que una ulterior disminución de los ingresos de los hipotecados hiciera también inasumible dicha cuota, la entidad prestataria podría optar de nuevo entre la ejecución de la hipoteca en las condiciones anteriormente indicadas o una nueva renegociación adaptando de nuevo la cuota al coste asumible D en función de los nuevos ingresos.
Al mismo tiempo, para las futuras hipotecas habría que regular sus condiciones para evitar que devengan en fallidas. Se han hecho propuestas de limitar las cuotas por un porcentaje fijo de los ingresos y fijar también de modo general un período de tiempo máximo para su amortización. Pero ello no parece razonable por los mismos motivos aducidos en relación al coste asumible de la vivienda. Se trataría, por el contrario, de establecer que la cuota no fuera superior a dicho coste asumible D en función de los ingresos de los hipotecados, práctica por otra parte normal en bancos solventes que no concedan hipotecas "subprime" o basura. Por lo que se refiere al tiempo de amortización, parece razonable que éste no supere el tiempo pendiente hasta la edad de jubilación obligatoria, a no ser que se garantice que las pensiones de jubilación no sean inferiores a los ingresos previamente percibidos, en cuyo caso la referencia podría ser la esperanza de vida. En todo caso, habría que establecer que la defunción conllevara la anulación de la deuda pendiente, salvo en caso de suicidio doloso, que la causa de la muerte conllevara una indemnización que permitiera el pago de la misma, o la existencia de otras propiedades cuyo valor pudiera compensarla.
Asimismo, y para que las proyecciones fueran fiables, habría que establecer que el interés con el que se calcula el tiempo de amortización de una hipoteca no pudiera sufrir un incremento superior al del coste de la vida.
Es claro que esta regulación dificultaría en determinados casos la concesión de hipotecas para acceder a la propiedad de una vivienda, por lo que debería acompañarse de una actuación de los poderes públicos para facilitar el acceso a la vivienda en régimen de alquiler.
Alquilar bajo gestión pública
Se han hecho propuestas para la adquisición con fondos públicos de las viviendas invendibles. Pero no parece razonable incrementar el déficit público para garantizar beneficios a quienes impulsando la burbuja inmobiliaria han obtenido beneficios desmesurados y sido detonantes de la crisis. Otra opción es que los poderes públicos asuman la gestión de dichas viviendas, sin alteración de su propiedad, poniéndolas en alquiler a precios asequibles y entregando a sus propietarios el importe del alquiler (descontando, en su caso, gastos de gestión). Ello permitiría por un lado atender a las necesidades sociales de vivienda y por otro lado proporcionar a las empresas inmobiliarias, o en su caso a las entidades bancarias propietarias de las viviendas, unos ingresos que faciliten su actividad, respectivamente inmobiliaria o financiera, aunque dichos ingresos sean inferiores a sus expectativas previas en el contexto del boom inmobiliario. Y todo ello sin coste para el erario público.
En caso de que se optara por la expropiación de viviendas para pasarlas a propiedad pública, su indemnización debería abonarse también con el importe obtenido de su alquiler, hasta cubrir su valor tasado en el momento de la expropiación.
En todo caso, debería regularse la intervención pública forzosa de las viviendas que hubieran permanecido deshabitadas durante un año, excluyendo así las que tuvieran una ocupación estacional, bien como segunda residencia de sus propietarios, bien en alquiler durante períodos de vacaciones.
En el caso de viviendas transferidas a entidades bancarias por ejecución de hipoteca, dichas entidades podrían optar por solicitar la intervención pública una vez transcurrido una vez transcurrido el período adicional garantizado de ocupación por el hipotecado. En caso contrario, pasarían a intervención forzosa al año de estar deshabitadas. Naturalmente, en caso de prorrogarse el alquiler al anterior hipotecado no procedería la intervención.
El alquiler de las viviendas bajo gestión pública debería regularse de forma precisa.
En primer lugar, deberían catalogarse dichas viviendas en una escala de alquileres.
En segundo lugar, debería calcularse el coste asumible F del alquiler de una vivienda por quienes tuvieran un puesto de trabajo predeterminado, que sería su coste asumible D de vivienda menos
5. = coste estimado del transporte mensual entre la vivienda y el puesto de trabajo
6. = D - E
En ausencia de un puesto de trabajo predeterminado sería E=0, y por tanto F=D . En todo caso, únicamente podría optarse al alquiler de una vivienda en caso de que el importe del mismo no fuera superior al del coste asumible F del alquiler en función de los ingresos y en su caso el puesto de trabajo.
En tercer lugar, tendría preferencia en su caso el anterior hipotecado que estuviera ocupando la vivienda, siempre que su alquiler catalogado no fuera superior a su coste asumible F del alquiler. En tal caso, se estipularía el alquiler por una cantidad igual a dicho coste F. Ahora bien, si el alquiler catalogado fuera inferior, tendría opción a la recompra de la vivienda, recuperando su propiedad sin cargos en el momento en amortizara el resto de su valor, tasado en el momento en que adopte dicha opción, con una tasa de interés igual al incremento del coste de la vida, con el fin de que la entidad bancaria propietaria de la vivienda, aunque no se lucre por ella, no tenga nuevas pérdidas por la misma.
En su defecto, y entre quienes pudieran optar a ella, tendrían preferencia para el alquiler de una vivienda aquéllos cuyo coste estimado D de vivienda estuviera dentro de una franja inferior de la escala de alquileres, dado que quienes tuvieran ingresos superiores podrían tener la posibilidad de optar a una vivienda con un alquiler superior. Y dentro de la misma franja, deberían tener preferencia quienes tuvieran un menor coste estimado E de transporte entre dicha vivienda y su eventual puesto de trabajo, a fin de minimizar los costes globales de transporte con sus consiguientes efectos nocivos para el medio ambiente.
En cuarto lugar, y para garantizar que todo solicitante sin hogar pueda acceder a una vivienda en tanto haya viviendas disponibles, el sistema debe funcionar a medio plazo a modo de una subasta inversa, como corresponde a un mercado bien regulado en el que los precios bajan cuando la oferta excede de la demanda solvente. Así, si hubiera solicitantes que no pudieran optar a ninguna vivienda con un alquiler no superior a su coste asumible F del alquiler de la misma, se procedería a rebajar la catalogación de tantas viviendas como fuera necesario, escogiéndolas de modo que se hiciera mínimo el coste estimado E de transporte entre las viviendas en cuestión y los eventuales puestos de trabajo predeterminados de dichos solicitantes, es decir, de modo que su ubicación fuera próxima al correspondiente puesto de trabajo, minimizando así los costes globales de transporte.
Señalemos que, en tanto que los solicitantes sin un puesto de trabajo predeterminado tendrían un coste estimado de transporte E=0, podrían optar a cualquier vivienda cuyo alquiler no fuera superior al coste estimado D de vivienda de dichos solicitantes. Por tanto, solamente sería necesario rebajar la catalogación de viviendas para ellos cuando se hubieran agotado todas las viviendas de catalogación inferior. En tal caso no se podría recurrir al coste estimado E de transporte para escogerlas, y deberían utilizarse otros criterios, como el arraigo familiar o las tareas socialmente necesarias que pudieran realizar en una zona determinada.
Garantizar unos ingresos mínimos
Para que todo lo anterior sea viable es necesario garantizar unos ingresos mínimos. En caso contrario, si los ingresos mínimos fueran A=0, incluso en el caso de que se subviniera públicamente a cubrir las necesidades independientes de la vivienda (y por tanto B=0), la cantidad que podría dedicarse a sufragar la vivienda sería D=0, es decir, habría que garantizar la gratuidad de la vivienda para quienes no tuvieran ingresos. Esta es también una opción posible, pero que no resulta compatible con el modelo aquí propuesto de alquiler bajo gestión pública con un efecto reactivador de la economía.
La opción alternativa es que los poderes públicos garanticen unos ingresos mínimos que permitan subvenir a las necesidades, incluyendo el pago de la vivienda. Tal como se explicaba en el coste asumible de la vivienda, el establecimiento de dichos ingresos mínimos condiciona el alquiler mínimo de las viviendas (por ejemplo, 300€ de alquiler con unos ingresos mínimos de 1000€, o 150€ de alquiler con unos ingresos mínimos de 800€).
La propuesta sería establecer un
G. = salario social
para quien no tuviera otros ingresos, en principio equiparable al salario mínimo interprofesional neto. Dicho salario social no tendría un carácter de "beneficiencia", sino que estaría sujeto a la contraprestación de la realización de actividades de interés comunitario o de formación para la adquisición de capacidades profesionales socialmente necesarias. El conjunto de dichas actividades supondría un tiempo de dedicación equivalente al de la jornada laboral máxima ordinaria legalmente regulada (por ejemplo, de 35 horas a la semana). El coste del alquiler se establecería en
H. = (G-B)/(1+C)
Recordemos que es este caso se estimaría un coste de transporte E=0, en tanto que se asegure la proximidad de las actividades a realizar y la ubicación de la vivienda concedida. El coste H del alquiler podría abonarse directamente por los poderes públicos a la entidad propietaria de la vivienda, previniendo así posibles impagos del mismo, de modo que la cantidad entregada en metálico sería
I. = G-H
Alternativamente, y de forma subsidiaria en caso de impago de las mismas, podría establecerse también el pago directo de las necesidades vinculadas a la vivienda (luz, agua...) para evitar la interrupción de su suministro, en cuyo caso la cantidad entregada en metálico sería
I. = G-H(1+C) = B
Naturalmente, en caso de incumplimiento de las actividades de contraprestación del salario social, se dejaría de abonar éste, y en su caso se procedería al desahucio de la vivienda concedida (a menos, naturalmente, que el abandono de dichas actividades se produjera por la incorporación a un puesto de trabajo en el mercado laboral). En este caso, la satisfacción de las necesidades de alojamiento, como las de manutención u otras, se situaría en el marco de la beneficiencia o del sistema sanitario en caso de incapacidad psicológica de trabajar o estudiar, en albergues, residencias o centros hospitalarios en condiciones estrictamente controladas. Ésta, naturalmente, es una situación indeseable a la que habría que recurrir únicamente en última instancia para la preservación de la vida. El sistema de contraprestaciones vinculadas al salario social debe permitir que, salvo casos patológicos, todo el mundo pueda realizar actividades socialmente útiles, adaptando éstas a las capacidades de cada persona o alternativamente proporcionando una formación adecuada.
Debe entenderse que el sistema de salario social correspondería a personas en edad laboral, en tanto que complementariamente habría que asegurar una pensión mínima por una cantidad equivalente a las personas en edad de jubilación.
La financiación pública del salario social
Señalemos que en el modelo propuesto para garantizar el derecho a la vivienda el único gasto público directo es el correspondiente al abono del salario social, dado que en éste se incluye el coste del alquiler. Suponiendo
J. = número de personas perceptoras del salario social
el gasto público necesario será
K. = J·G
Por ejemplo, si (tal como se estima actualmente) hay un millón de personas en España sin ninguna fuente de ingresos, y se fijara el salario social en G=1000€ mensuales, el gasto público necesario sería de K=1000 millones de euros mensuales.
Si se opta por impulsar un fuerte sector público productivo, dicho gasto público, junto a otros gastos sociales, podría financiarse con los beneficios de dicho sector público. Para ello no bastaría con nacionalizar sectores estratégicos como la energía o las comunicaciones, no tanto para obtener beneficios como para garantizar su suministro a precios asequibles a la ciudadanía y a las empresas, sino que se requeriría hacer descansar en buena medida los presupuestos del Estado sobre los beneficios de las empresas públicas, más que sobre los impuestos, siguiendo así una vía socialista como la de Venezuela, donde se utilizan los beneficios del petróleo para financiar gastos sociales.
Si por el contrario se opta por mantenerse, aunque sea temporalmente, en el marco de un sistema económico capitalista, los gastos sociales deberán financiarse mediante impuestos. Y para cubrir el gasto correspondiente al salario social podría establecerse un impuesto especial fuertemente progresivo a las personas con ingresos elevados. Para ello habría que sumar todos los ingresos de cada persona, y añadir un porcentaje (calculado por ejemplo a partir del Euríbor) de su patrimonio inactivo, es decir aquél que no genera renta directamente pero supone una acumulación de anteriores ingresos.
A tal efecto habría que decidir la cantidad
L.= ingreso mínimo a partir del cual aplicar el impuesto adicional
de modo que, siendo
M. = ingreso neto después de deducir los otros impuestos
se calcularía
N. = (M-L)/L
fijándose una cuota diferencial
P. = (exp(N)-Q)/(exp(N)+Q)
de modo que con
R(N). = integral de P desde 0 a N = 2·ln((exp(N)+Q)/(1+Q)) - N
(que naturalmente vale cero si N=0, es decir, si M=L) el monto del impuesto adicional fuera
S(M).= R·L
De este modo, el ingreso neto resultante sería
T(M). = M-S = L·[1+2·ln((1+Q)·exp(N)/(exp(N)+Q))]
representa gráficamente el cálculo del impuesto adicional en el caso particular de Q=1 y L=renta media (estos valores no estaban pensados para este problema, sino para la devolución de un préstamo-renta), de modo que el área más oscura correspondería al valor de R(N) con N=3 (para M=4L), y el área más clara al ingreso neto relativo, T/L.
El parámetro Q deberá fijarse de modo que la recaudación total cubriera el gasto público total K necesario para pagar el salario social.
De este modo, si la distribución de los ingresos M viene dada por una función
U(M). = número de personas con ingresos M
deberá cumplirse
K = sumatorio de U(M)·S(M) desde L a infinito
Supongamos, por ejemplo, que tomamos L=5000€ mensuales y que la distribución de los ingresos M superiores L, calculados por tramos de un euro, es U(M)=1'5·1013/M3 , lo que supondría un número total de 300000 personas con ingresos M superiores a L (para hacer los cálculos podemos aproximar el sumatorio por la integral, de modo que obtendríamos 300000 al integrar U(M) entre 5000 e infinito). De modo que, suponiendo K=109=1000 millones de euros, debería cumplirse que la integral de
U(M)·S(M) = U(M)·L·R(N) = U(M)·L·R((M-L)/L) = U(M)·L·[2·ln((exp((M-L)/L)+Q)/(1+Q)) - (M-L)/L] =
= 1'5·1013/M3·5000·[2·ln((exp((M-5000)/5000)+Q)/(1+Q)) - (M-5000)/5000] entre 5000 e infinito valga 109.
A través de un proceso iterativo podemos encontrar que ello ocurre cuando Q=0'56831, a lo que correspondería un impuesto adicional
S(M) = 100000·ln((exp((M-5000)/5000)+0'56831)/1'56831) - M - 5000
y el ingreso neto resultante sería
T(M) = 5000·[1+2·ln(1'56831·exp(N)/(exp(N)+0'56831)] con N=(M-5000)/5000
En estas condiciones el ingreso neto resultante máximo mensual sería
V. = lim (M tiende a infinito) T(M) = 5000·[1+2·ln(1'56831)] = 9500€
En general, sería
T(M) < v =" L·[1+2·ln(1+Q)]" q="0," v="L,">1 el impuesto adicional sólo se aplicaría a quienes tuvieran un ingreso neto después de deducir los otros impuestos mayor que
W. = L·(1+2·ln(Q))
dado que para ingresos M comprendidos entre L y W daría S(M)<0 k =" sumatorio" q="1," g="1000€," l="5000€" k="1000·J">
* FUENTE:http://www.uv.es/pla/models/derevivi.htm
* Rafael Pla López Departament de Matemàtica Aplicada de la Universitat de València
Andalucía: Ecologistas critican que la disciplina urbanística "ha sido la gran ausente en la gestión municipal"
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GRANADADIGITAL* : La organización Ecologistas en Acción criticó hoy que la proliferación de urbanizaciones y viviendas ilegales se ha convertido en un "cáncer que devora territorio y paisaje en toda Andalucía, crea situaciones de absoluta impunidad, genera corrupción y termina por justificar todo tipo de infracciones al planeamiento urbanístico", lamentando que la disciplina urbanística "ha sido la gran ausente en la gestión municipal, y el gran pacto político y ciudadano para hacer frente a este problema sigue sin aparecer".
Tal y como señalaron en un comunicado, los procesos urbanizadores son "un modo más de contaminación y destrucción de recursos naturales no renovables como el suelo y el paisaje", lamentando la existencia de un modelo de ciudad "extensivo y que se hace insostenible, la agudización de los problemas de la movilidad urbana y la dependencia del vehículo motorizado para los desplazamientos, el encarecimiento de los servicios urbanos, los incrementos en los consumos de agua, o los de contaminación de los acuíferos por las infiltraciones de las aguas fecales de este tipo de edificaciones, carentes de cualquier sistema de tratamiento de vertidos".
"Sólo cuando aparecen sentencias judiciales a tantas infracciones de las leyes, el debate se reabre y la búsqueda de soluciones globales, que no son otras que la legalización de todo lo construido ilegalmente, se plantean", reprocharon. Ante ello, insistieron en que la medida "más eficaz" para impedir nuevas urbanizaciones y construcciones ilegales es la prevención.
Por ello, pidieron tanto a las corporaciones municipales como a la Junta de Andalucía que "paralicen todo proceso de parcelación o construcción ilegal desde sus inicios, imponiendo las medidas sancionadoras y de restauración de la legalidad estipuladas en la legislación y planeamientos urbanísticos vigentes, y muy particularmente convirtiendo en normal la demolición de todo lo ilegalmente construido".
Asimismo, instaron a poner todas las construcciones ilegales en suelo no urbanizable en conocimiento de la Fiscalía y no considerar a las asociaciones de propietarios de viviendas ilegales como "interlocutores válidos a la hora de modificar planeamientos para favorecer la situación de estas urbanizaciones y construcciones ilegales".
Además, señalaron que la legalización de estas urbanizaciones y construcciones ilegales "debe de ser la excepción, planteándose sólo la legalización de las urbanizaciones y construcciones en las que por su antigüedad hayan prescrito las infracciones urbanísticas y sea inviable su demolición".
Insistieron en que "no se legalice ninguna urbanización, vivienda, ni construcción existente en Sistemas Generales, suelos no urbanizables de especial protección por razones forestales, medioambientales o culturales, o terrenos de propiedad o dominio público, incluidas las vías pecuarias estén deslindadas o no".
Igualmente, apostaron porque la superficie de las urbanizaciones ilegales que se recalifiquen a suelo urbano o urbanizable computen como "nuevos suelos urbanos o urbanizables a efecto del cálculo del 40 por ciento máximo de crecimiento previsto en el POTA, pero no a efectos del cálculo de la tendencia de crecimiento seguida en los últimos diez años".
Apuntaron que la legalización de las urbanizaciones ilegales "debe de contar las infraestructuras necesarias para la correcta depuración de sus aguas residuales y un compromiso temporal de cierre de los pozos ciegos y fosas sépticas que, en todo caso, debe de estar concluido antes de la legalización o la concesión de licencias de obras o de primera ocupación".
DERECHO DE ACCESO A VPO
En el caso de las vías pecuarias y caminos públicos ocupados ilegalmente y para los que no exista solución urbanística para su recuperación, "hay que garantizar trazados alternativos financiados por los dueños de las viviendas ilegales, manteniendo como mínimo la misma superficie, la continuidad de los trazados y la interconexión con el resto de la red pecuaria".
De otro lado, señalaron que las urbanizaciones ilegales construidas parcial o totalmente en suelo forestal "tienen que llevar como medidas compensatorias la cesión de suelos en su periferia de la misma superficie para reforestarlos e incorporarlos al patrimonio forestal municipal".
Indicaron que los propietarios de las viviendas que se legalizarán deberán hacerse cargo del coste de la urbanización interna y de la parte correspondiente de las infraestructuras generales --carreteras de accesos, variantes, conducciones y depósitos de agua, conducciones y estaciones de bombeo de aguas residuales-- que no se hubieran construido si no existieran estas urbanizaciones ilegales.
Por último, subrayaron que la lucha contra el urbanismo ilegal tiene que ir pareja al fomento de políticas de las administraciones públicas que garanticen el derecho constitucional a una vivienda digna de todos los ciudadanos, en base a la construcción de las VPO que demande la población, a viviendas sociales para las rentas más bajas, a viviendas para jóvenes en régimen de bajo alquiler con opción a compra, y destinando suelos públicos a planes racionales de autoconstrucción en terrenos urbanizados y con los servicios y equipamientos necesarios.
* Granada Digital - E.P. - 12.11.09
Foto: Chiclana (Cádiz), zona ilegales - diariodecadiz.es
Millet desvió dinero público a las obras de su casa de L'Ametlla del Vallès
ELPAÍS/Barcelona* : Ya hay pruebas para un posible delito de malversación de fondos públicos. Así lo afirmaron ayer los nuevos gestores del Palau de la Música, que cifran en 23,7 millones de euros la estafa que cometió Fèlix Millet al frente de la institución. De esta cantidad, al menos 2,95 millones proceden de subvenciones públicas que en su mayor parte fueron a parar a obras de la casa de Millet en L'Ametlla del Vallès, regalos y viajes familiares.
El nuevo equipo gestor y la Generalitat presentaron ayer el resultado de sus auditorías al Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona.
De momento, Millet y Montull están imputados por apropiación indebida y falsedad documental. Pero las administraciones públicas manifestaron, a través de sus representantes en el Palau, que confían en que la justicia recoja también las pruebas que indican que Millet malversó dinero público, puesto que así lo determina la auditoría elaborada por los interventores del Departamento de Economía y Finanzas.
El Palau está gestionado por tres entidades: la asociación, propietaria del edificio; la fundación, que se nutre de aportaciones privadas, y el consorcio, integrado por las administraciones. El ex presidente del Orfeó usó a su antojo las tres entidades. El director general del Palau de la Música, Joan Llinares, explicó que el modus operandi era casi siempre el mismo: aprovechaba que el Orfeó no estaba auditado para derivar dinero del consorcio y la fundación hacia allí.
La mayor parte del dinero del consorcio se desvió a través de las aportaciones que el organismo -integrado por el Ayuntamiento, la Generalitat y el Ministerio de Cultura- efectuaba a la asociación. Entre 2002 y 2008, Millet se embolsó 1,7 millones de euros con el pretexto de que era dinero que iba al Orfeó, cuando éste nunca llegaba a ingresar esas cantidades. De hecho, las auditorías que el Departamento de Economía había elaborado sobre los ejercicios de 2002 y 2003 ya advertían de que había ingentes cantidades de dinero público que iban a la asociación y que no estaban debidamente justificadas. Finalmente, tras entrevistar a dos empleados del consorcio, la Generalitat ha acreditado que Millet extendía cheques al portador que cobraban varios empleados en Caixa Catalunya y que luego le entregaban. Algunas cantidades también se retiraron en efectivo.
La segunda fórmula era la falsificación de facturas. En conjunto, Millet se hizo con 750.154 euros procedentes del consorcio a través de certificados que validaron las empresas Triobra, Clos 9, Clos Interiors, Manteniments Integrals FM2, Eiffage Energía, Instal·lacions i Manteniments Tècnics de Catalunya y Vigilancia y Sistemas de Seguridad. La empresa Triobra facturó al Palau 392.175,43 euros que correspondían a las obras que realizó en su casa de L'Ametlla del Vallès, según admite el anterior consejero delegado de la sociedad, Emilio Vidal, a los interventores. Vidal fue presidente hasta enero de la Asociación Española de Dirección Integrada de Proyectos, que reúne a las empresas que, curiosamente, deben encargarse de controlar que no haya desvíos presupuestarios o temporales en las obras.
Además, el Instituto Catalán de Finanzas, el banco de crédito de la Generalitat, concedió dos créditos al consorcio, uno por 1,26 millones y otro por 731.710 euros. La auditoría acredita que Millet usó al menos 172.308,45 euros de este dinero para su uso particular y, además, la mayoría de este dinero corresponde a las facturas de Triobra, por lo que fuentes de la investigación apuntan que también fueron a sufragar su casa de L'Ametlla. A todo este dinero hay que añadir varias cantidades que suman 637.286,37 euros, aportadas por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (ICAEM), sin justificar.
El fraude final en las tres entidades suma más de 23 millones, y eso sin contar las remuneraciones que cobraron Millet, Montull, la ex directora financiera Gemma Montull y la ex directora general Rosa Garicano. Los cuatro, según Llinares, se subieron el sueldo sin motivo alguno ni amparo legal.
* ELPAIS.com - LLUÍS PELLICER - Barcelona - 14/11/2009
Foto: Barcelona, Palau_de_musica - wikipedia.org
Greenpeace, contra la ley que legaliza el Algarrobico
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ELALMERÍA* : La asociación ecologista Greenpeace ha presentado un recurso contra la adaptación de las normas subsidiarias de Carboneras a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, que convierten en urbanizable el paraje protegido de la playa del Algarrobico, donde se asienta el hotel.
La organización ecologista considera que tanto la Junta de Andalucía como el Ministerio de Medio Ambiente "han faltado a su compromiso de demolición y promueven con sus actos y pasividad que el hotel ilegal siga en pie". Asimismo, acusa al Ayuntamiento de Carboneras de seguir apostando "por el desarrollo más insostenible de su municipio".
"A la paralización de la expropiación de los terrenos por parte del Gobierno se suma ahora que el Ayuntamiento de Carboneras pretenda aprobar una norma del todo ilegal. El caso de El Algarrobico sobrepasa todos los límites de la vergüenza administrativa conocidos", aseguró el director de Greenpeace España, Juan López de Uralde.
Para Greenpeace, esta norma urbanística es "del todo inviable" e indica que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural (PORN) Cabo de Gata-Níjar está paralizado cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), organismo que, según la ONG, consideró que urbanizar El Algarrobico sería "demoledor" para el Parque.
Así, recuerda que el TSJA devolvió a El Algarrobico la protección que tenía en el PORN de 1994, es decir espacio protegido no urbanizable y, por tanto, las normas urbanísticas de Carboneras "son ilegales".
Greenpeace recuerda también que la licencia de construcción del hotel de Azata del Sol debe ser revisada, según establece la sentencia de septiembre de 2008 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Almería. Según los ecologistas, el hotel acumula 18 pronunciamientos judiciales a favor del medio ambiente y de su demolición desde que los tribunales comenzaron a pronunciarse en el año 2006.
* El Almería - Agencias / Almería, carboneras - 14.11.09
Foto: El Algarrobico (Almería), protesta Greenpeace (archivo) - A.Rodríguez, Greenpeace
Valencia: Cercle Obert de Benicalap solicita la aprobación de un plan destinado a la regeneración de zonas urbanas degradadas
Cercle Obert de Benicalap* solicita la creación de un fondo especial para acometer la regeneración de La Parreta, rehabilitando Agryfersa y creando equipamientos y servicios públicos básicos en su entorno inmediato. A juicio de "Cercle Obert de Benicalap", el gobierno central, la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia deben consensuar un programa de inversiones, destinados a reurbanizar adecuada y dignamente la zona conocida como La Parreta, al lado del barrio de Benicalap.
Al lado del Hospital LA FE, muy cerca de la Avenida de Campanar, hay un enorme bloque de edificios, con una antigüedad superior a los 50 años, conocido popularmente como “Agryfersa” donde hay cerca de 400 pequeños apartamentos. A la carencia histórica de equipamientos sociales, culturales, deportivos, asistenciales, lúdicos… en la mencionada zona de La Parreta, se une la falta total de programas institucionales destinados a la rehabilitación, conservación y mantenimiento de edificios donde viven personas mayores, con escasos recursos, emigrantes…
Para nuestra entidad “Cercle Obert de Benicalap” – Iniciativas Sociales y Culturales de Futuro, se impone la necesidad urgente de que se invierta en aquellos edificios donde se detecten grandes y crónicas problemáticas sociales y asistenciales, como el referido edificio de Agryfersa. Rehabilitar las zonas comunes y dotar de bancos, zonas ajardinadas y espacios de encuentro (guarderías, ludotecas, centro socio-cultural, centros de formación profesional, oficinas de atención municipal, reten de policía local…) a los numerosos habitantes de la zona, debe constituir una prioridad municipal y autonómica, en aras a favorecer la socialización e integración de los diversos colectivos humanos que habitan en el mencionado espacio urbano y alrededores.
El elevado número de personas en situación de precariedad, marginación y exclusión, nos obliga a solicitar al Ayuntamiento de Valencia, que proceda a destinar parte del presupuesto que ha destinado el gobierno de España, a la atención de las necesidades y demandas que precisan recibir los vecinos y residentes de la Comunidad de Agryfersa – La Parreta.
Somos conscientes de que los más de 141 millones de € que le corresponderían a Valencia suponen el doble del presupuesto de inversiones para 2009 del Ayuntamiento de Valencia y sobrepasa en 24’2 millones los 116.933.530 € de la Generalitat.La aportación extra supondrá triplicar el presupuesto municipal de inversiones para 2009 y que pase de los 71’9 millones previstos a en torno 213 millones de €.
La financiación prevista debe estar destinada a proyectos que conlleven mejoras en las dotaciones municipales de infraestructuras, tanto productivas como de utilidad social.
Promover la construcción y rehabilitación de viviendas sociales y degradadas, así como potenciar programas formativos, asistenciales, lúdicos… entre la población ubicada en los barrios periféricos como Benicalap… deben ser prioridades municipales. Por tanto, y a tenor de la existencia de los 141 millones de euros que le corresponden a la ciudad de Valencia, nuestra entidad cívica y cultural, reclama que se atiendan las legítimas e históricas propuestas de “Cercle Obert de Benicalap” a favor de la Comunidad de Agryfersa y resto de la zona conocida como “La Parreta”, recordando la intolerable e inadmisible existencia de espacios y solares convertidos en basureros y ubicados al lado de la Ciudad Sanitaria La FE.
Conviene que el Ayuntamiento de Valencia, en colaboración con la Diputación Provincial, el gobierno central (Ministerio de la Vivienda) y la Generalitat, elaboren un programa destinado a potenciar la rehabilitación, urbanización y saneamiento de las calles, plazas, solares... que conforman la zona denominada La Parreta, reservando las correspondientes Partidas Presupuestarias y asignando los recursos técnicos y humanos que permitan la regeneración del tejido urbano y social en un plazo no superior a cinco años, dada la alarmante existencia de numerosas personas y colectivos en situación de precariedad y exclusión social.
Recordamos que Benicalap, La Parreta y Ciudad Fallera, son los espacios urbanos de Valencia con mayor número de emigrantes y personas de escasos recursos económicos, formativos... de toda la Comunidad Valenciana, así como la que menos atención y ayuda recibe de las instituciones públicas.
Se impone con urgencia, la implantación de programas de inversión pública, que permitan la regeneración urbanística, ambiental y social de la zona, así como la creación de los equipamientos y servicios públicos adecuados al alto nivel demográfico existente.
"Cercle Obert de Benicalap" - Iniciativas Sociales y Culturales de Futuro, estima básico y prioritario, dotar de un comedor social y un albergue para indigentes y personas sin recursos a la zona conocida como La Parreta, así como se valora por las instituciones públicas valencianas, la creación de un fondo económico especial que permita la total y completa rehabilitación del conjunto de edificios conocido como AGRYFERSA, donde conviven cerca de 400 familias con muy escasos recursos y casi nula formación laboral...
El edificio y toda la zona merece recibir una especial protección por parte de las instituciones públicas competentes en materia de rehabilitación y regeneración urbanística, ambiental, social, dada las peculiaridades extraordinarias que concurren, tal y como disfruta la FINCA ROJA de Valencia.
Luchar contra la exclusión y contra la existencia de zonas marginadas y degradadas, es una labor urgente y básica que deben acometer y asumir con rigor y esmero todas las instituciones públicas, desde el Congreso de los Diputados, el gobierno central, hasta la Generalitat (Dirección General de Vivienda y Proyectos Urbanos), Defensor del Pueblo, Cortes Valencianas y el Ayuntamiento de Valencia, contando siempre con el concurso y colaboración de los colectivos vecinales activos, que han demostrado a través del tiempo, su implicación solidaria y altruista en aras a favorecer la convivencia pacífica y armónica de todas las personas.
* Otro Madrid - Antonio Marín Segovia - 6.11.09
Foto: Valencia - Cercle Obert de Benicalap
Madrid: Los okupas del Patio Maravillas inician una campaña para evitar su desalojo
TELECINCO* : El Espacio Polivalente Autogestionado Patio Maravillas pide ayuda para evitar el desalojo. Este centro social ocupado en pleno barrio de Malasaña de Madrid lleva más de dos años ocupado y sobre él pende ahora una orden de desalojo. Aunque paralizada en febrero de este año, ahora el Tribunal Superior de Justicia ha desestimado el recurso presentado por el Patio y en el que 57 personas se autoinculpaban de ocupación.
El 30 de octubre terminaron de testificar ante el juez las 57 personas autoinculpadas en el proceso jurídico del Patio Maravillas. Pero, el mismo día, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimaba el recurso y reactivaba la amenaza de desalojo.
Hace dos años y medio, este antiguo colegio era ocupado por la iniciativa Rompamos el Silencio (ReS). Tras finalizar la Semana de Lucha Social que realiza este colectivo, el espacio fue gestionado por un grupo de personas que, dentro del proyecto, empezaron a realizar actividades como talleres, charlas, proyección de documentales y actividades alternativas abiertas al barrio.
En una página web creada para su defensa, el Patio invita a "las gentes de la ciudad, a los colectivos y movimientos sociales, a las AMPAS, asociaciones vecinales, colectivos de artistas, gays, heteros, lesbianas, migrantes, autóctonos, parados, amas de casa, estudiantes, científicos, poetas, conductores de autobús, precarios y precarias, gentes de Madrid, a que participe con el Patio de este proceso de resistencia". Para ello, piden que se propongan actividades, se les visite o se acuda a hablar con ellos.
El Patio alega que el propietario del edificio está imputado en "casos de corrupción urbanística". Un propietario que, aseguran, " lleva dos años y medio intentando que el Patio no exista para volver a especular con un edificio calificado como dotación social para el barrio y abandonado durante años". Al mismo tiempo, denuncian a "la clase política", más preocupada "por espiarse, pelearse por cuotas de poder y mirar para otro lado a los problemas de la ciudadanía y al terrible modelo urbanístico que han creado y que solo sirve a sus intereses particulares".
El colectivo okupa indica que "depende de nosotros y nosotras, de la sociedad civil madrileña, que impidamos el saqueo de lo común en nuestra ciudad. Que impidamos la impunidad de los especuladores. Que le demos la vuelta al modelo de ‘ciudad marca’ que nos han querido imponer a costa de deudas, paro y precariedad".
"Como tantas otras veces, quieren aislarnos para hacernos desaparecer, invisibilizarnos, negar nuestra existencia. Sin embargo, seguimos con vida. Seguimos respirando. Y así vamos a seguir", concluyen.
* Telecinco Informativos - 13.11.09
El Puerto: E.A. critica las propuestas de Urbanismo al Plan de Ordenación de la Bahía
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DIARIODECÁDIZ* : Ecologistas en Acción ha criticado que el Área de Urbanismo haya planteado a la empresa redactora del Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz y Jerez (POTBC) una serie de propuestas "que contradicen al PGOU aprobado provisionalmente hace menos de dos semanas".
Entre las propuestas se encuentra la creación de un polígono industrial en el entorno de Doña Blanca, el desarrollo de Las Beatillas y el rediseño del corredor verde para legalizar varios grupos de viviendas. Según el colectivo conservacionista, la edil de Urbanismo, Patricia Ybarra, "debe defender los intereses generales y no los particulares de determinados promotores o entidades financieras, y menos los de los constructores ilegales".
En este sentido, Ecologistas se pregunta en un comunicado "por qué no ha planteado al equipo redactor del POTBC que se incluya en esta norma urbanística ampliar las zonas forestales protegidas, que se constituya una red metropolitana de vías pecuarias y caminos públicos, que se conserve y ponga en valor el patrimonio arqueológico, que se restaure y adecue como parque metropolitano la Sierra de San Cristóbal, sus yacimientos arqueológicos y sus cuevas canteras… en vez de seguir con más de lo mismo, más construcción, más interceder por los ilegales, y menos defender los intereses generales de los portuenses".
Para Ecologistas, el polígono en Doña Blanca "no tiene sentido" ya que hay suelos industriales en el término municipal que siguen sin desarrollarse mientras que recuerda que el proyecto de Las Beatillas fue anulado por su impacto ambiental.
* Diario de Cádiz - 13.11.09
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz) - juntadeandalucia.es
Alicante pagará el nuevo estadio del Hércules con plusvalías urbanísticas
ELPAÍS* : El dueño del Hércules, el contratista Enrique Ortiz, arrancó ayer al Ayuntamiento de Alicante un compromiso institucional para asegurar a corto plazo la supervivencia económica del club de fútbol y relanzar, en el futuro, su impronta deportiva y social. El primer aspecto pasa por afrontar la deuda de la entidad con Hacienda y la Seguridad Social (un total de 14 millones de euros). Y el segundo, y de mayor calado económico, por la construcción de un nuevo estadio.
El acuerdo se alcanzó ayer en una reunión entre la alcaldesa Sonia Castedo, del PP, el contratista, y el portavoz del primer y único grupo de la oposición, Roque Moreno, del PSPV.
Tras la reunión impulsada por la alcaldesa de Alicante, los tres rezumaron optimismo, pese a la vaguedad del acuerdo global: la creación de una comisión municipal para estudiar una solución financiera para la construcción del nuevo estadio. En este terreno, no se fijó ninguna fórmula concreta. La alcaldesa subrayó que, inicialmente, caben todas las posibilidades: terrenos aledaños al estadio Rico Pérez hasta la compensación al empresario con una zona comercial. En cuanto a la deuda del Hércules, el Ayuntamiento se comprometió a mediar con las administraciones implicadas para alcanzar una fórmula de pago que evite la asfixia económica de la entidad.Por segunda vez en 15 años, el Ayuntamiento de Alicante se ha sentido en la obligación de salir en auxilio de la primera sociedad deportiva de la capital, el Hércules CF. La primera fue en 1994, cuando el consistorio, entonces presidido por el socialista Ángel Luna, adquirió el estadio Rico Pérez por 5,4 millones de euros. Con esa cifra el club saldó sus deudas con Hacienda y la Seguridad Social.
El estadio retornó en 2007 de nuevo al Hércules, más en concreto a la empresa Aligestión, máxima accionista de la sociedad deportiva, liderada por el contratista Enrique Ortiz, que llegó al club en 1999. La firma abonó al Ayuntamiento 7,8 millones de euros. El acuerdo incluía una cláusula que comprometía al dueño del Hércules a invertir 4,2 millones en la reforma del vetusto Rico Pérez. Ortiz anunció ayer que ejecutará la condición. "En un mes comenzará la reforma del Rico Pérez", señaló.
Dos años después de la recompra del estadio, el club, en claro ascenso deportivo y con aspiraciones de dar el salto a la anhelada Primera División, ha vuelto a la senda negativa en su cuadro económico. En la actualidad, acumula una deuda con el fisco y la Seguridad Social de 11 y 3 millones de euros, respectivamente. El promotor ha dejado entrever en las últimas semanas que dejaría la dirección del Hércules si no obtenía la colaboración del Ayuntamiento para garantizar su viabilidad económica y, especialmente, en la construcción del nuevo estadio.
La alcaldesa, Sonia Castedo, del PP, consciente del impacto del club en la sociedad, máxime en este dulce momento deportivo, ha recogido el guante. Castedo también se ha hecho eco de las demandas de la oposición del PSPV de participar en cualquier acuerdo con Ortiz.
Ayer se dio el primer paso para plasmar el segundo salvavidas que lanza el Ayuntamiento al Hércules. El consistorio mediará con las administraciones públicas para alcanzar una fórmula del pago de la deuda compatible con la continuidad del club. "No vamos a aportar nada, sólo a mediar", dijo Castedo.
Salvado este primer escollo, se abordó la segunda y más ambiciosa apuesta de la entidad, la "colaboración" del Ayuntamiento en el proyecto del promotor de dotar al Hércules de un nuevo estadio.
También aquí hubo acuerdo, aunque más difuso: la creación de una comisión municipal para estudiar las distintas alternativas. "No estamos cerrados a nada, y todo se hará con transparencia", dijo Castedo. "Me da igual si la operación se llama recalificación o aportación", apostilló Ortiz. Moreno se congratuló de que el proyecto que surja sea fruto del consenso.
El coste del futuro estadio no fue desvelado. Un proyecto presentado por Ortiz a los pocos meses de la recompra del Rico Pérez preveía un nuevo estadio por 65 millones. El plan se completaba con un hotel de 120 metros de altura y un área comercial. Tampoco esta opción está descartada, pese al rechazo inicial de los comerciantes. Lo único claro es que el nuevo estadio se levantará sobre los cimientos del actual. "No vamos a tirar el dinero", dijo Ortiz en alusión a los 4,2 millones que vale la reforma del Rico Pérez.
Idas y venidas de un campo de fútbol
- Primera intervención del Ayuntamiento: En 1994, el consistorio, presidido entonces por el socialista Ángel Luna, compró el Rico Pérez por 5,4 millones de euros. El club eludió la desaparición.
- Desembarco de Ortiz: En 1999, Enrique Ortiz llega al Hércules. En 2007 formaliza con el entonces alcalde, Luis Díaz Alperi, del PP, la recompra del estadio por 7,8 millones y el compromiso de invertir 4,2 millones en su reforma.
- Proyecto de nuevo campo: Tras recomprar el estadio, Ortiz presentó un proyecto para su reforma que incluía una zona comercial y un hotel en altura de 120 metros.
- Segunda Intervención pública: El Ayuntamiento colaborará con el Hércules en el pago de la deuda y en la construcción del nuevo estadio, sobre los cimientos del actual.
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 13/11/2009
Foto: Alicante, estadio Rico Pérez - urbanity
Caso Calero: Las primeras 48 horas de investigación se salda con la imputación de 12 personas en Telde
TELDEACTUALIDAD* : Las primeras 48 horas del caso se saldan con un total de 12 personas imputadas, La mayoría funcionarios municipales. Cinco de ellos fueron llevados a la Jefatura Superior de Policía el martes y puestos en libertad a lo largo de las últimas 48 horas, salvo el ex responsable de Urbanismo José Luis Mena, que al cierre de esta edición aún prestaba declaración ante la policía.
La Operación Calero lleva 12 imputados, entre ellos el ex alcalde, Francisco Valido. El empresario Félix Machín, su trabajador, Ignacio Calandria, y su hermano Adolfo, el ex registrador de la propiedad de Telde, salieron libres entre la tarde y la noche del martes.
Ayer fue declarando el resto de detenidos. Conforme lo hacían, salían libres. Álvarez no quiso hablar. Por la mañana declararon el ex secretario municipal, jubilado, Jorge Lang-Lenton, al que se imputan falsificación y prevaricación; y el funcionario Diego López, que hizo de secretario en parte del papeleo.El caso lo instruye el Juzgado número 1 de Telde, que citará a los imputados estos días.
Francisco Valido. Alcalde de Telde en el periodo 2004-2005 en el que se sitúan los hechos de El Calero. Tras prestar declaración y señalar a Guillermo Reyes como responsable, quedó en libertad el martes con el cargo de prevaricación.
José Luis Mena. Jefe del Servicio de Urbanismo en la época citada. Está directamente relacionado con el expediente de reparcelación y otras decisiones posteriores sobre El Calero. Imputado por prevaricación y tráfico de influencias.
Jorge Lang-Lenton. Secretario municipal. Encargado de controlar la legalidad del expediente de reparcelación de los terrenos, participó en la comisión que aprobó la reparcelación. Se lo acusa de prevaricación y falsedad documental.
Pedro Pablo Santana. ‘Mano derecha’ de José Luis Mena en la Concejalía de Urbanismo, de la que era funcionario. Prestará declaración el próximo viernes y está imputado por prevaricación y tráfico de influencias.
Diego López. Secretario accidental del Ayuntamiento de Telde. Se le relaciona con informes relacionados con las licencias de demolición, construcción y urbanización de la parcela. Estas licencias no llegaron a concederse.
Félix Machín. Es el empresario que compró la parcela de El Calero, en la que tenía previsto construir una promoción de 78 viviendas. Se le imputa un presunto delito de tráfico de influencias, tras lo que presuntamente consiguió la reparcelación.
Ignacio Calandria. Es empleado de la constructora de Félix Machín y hermano del registrador de la propiedad Adolfo Calandria. Está imputado por un delito de tráfico de influencias, al igual que el dueño de la empresa de construcción.
Miguel Á. Martín. Abogado del Ayuntamiento en el momento de los hechos. La investigación lo relaciona con la elaboración de informes técnico-jurídicos favorables al expediente de El Calero.
Jesús Álvarez. Redactor del PGO. Se le acusa de firmar informes sin ser funcionario y está imputado por tráfico de influencias, inducción a la prevaricación y suplantación de funciones.
Emilio Hernández. Funcionario de Urbanismo. La investigación lo relaciona con informes técnicos de la demolición, construcción y urbanización del solar de El Calero Alto.
Fermín Peñate. Otro empleado de Urbanismo. La función que ejerce como topógrafo dentro de aquel departamento explicaría su convocatoria. Ayer se pospuso su declaración para el viernes.
Adolfo Calandria. Registrador de la Propiedad en Telde en el momento en el que se procedió a la inscripción de los terrenos. También se encuentra imputado.
Fuente: La Provincia y Canarias7.
* Telde Actualidad - 12.11.09
Foto: Sede de la Jefatura Superior de Policía - TELDEACTUALIDAD
Mallorca: 30 entidades presentarán mociones para que se retire el Plan de Carreteras
DIARIODEMALLORCA : La Asamblea de colectivos contra el Plan de Carreteras, que está formada por una treintena de entidades como el GOB o Unió de Pagesos, anunció hoy la intensificación de su campaña contra éste y avanzó que presentarán mociones en los ayuntamientos de la isla para que pidan al Consell de Mallorca su retirada.
Asimismo, desarrollarán varias iniciativas a través de internet, una de ellas de alcance internacional, para que todos los ciudadanos que lo deseen se sumen a ellas enviándole una misiva a las autoridades expresando la necesidad de plantear nuevas actuaciones a través de una "política integral de movilidad".
Tras registrar la moción en el Ayuntamiento de Palma, y antes de conocer que PSIB, UM y Bloc habían llegado a un "preacuerdo" para aprobar el Plan de Carreteras de Mallorca tras suprimir el 3º Cinturón, la portavoz del GOB, Margalida Ramis, no descartó llevar a cabo movilizaciones próximamente para demostrar el malestar de la sociedad ante la normativa, puesto que hay un "margen de actuación corto" ya que se espera que éste sea aprobado en el pleno de la institución insular del próximo mes de diciembre.
Asimismo, consideró que si hay que resolver de forma inminente el problema de los accesos al hospital de Son Espases, se tendría que hacer una modificación puntual del Plan de Carreteras actual que desbloquee la ejecución de la denominada vía conectora de Palma y que en 2010 se presente a aprobación inicial un Plan de Carreteras alternativo, hecho "desde la consideración de la movilidad" y desde unos criterios "racionales" desde el punto de vista territorial.
Por otra parte, la Asamblea desarrollará una campaña local, a través de la página web del GOB, donde están detalladas las consecuencias del Plan y, además, los internautas tendrán la posibilidad de enviar una carta a personalidades como el presidente del Govern, Francesc Antich, la presidenta del Consell, Francina Armengol, o el conseller insular de Obras Públicas, Antoni Pascual.
INICIATIVA INTERNACIONAL PARA ALERTAR DE LOS EFECTOS
La iniciativa internacional se llevará a cabo debido a las consecuencias que la Asamblea cree que tendrá el Plan en la afectación a espacios naturales de Baleares y, consecuentemente, en el turismo.
Asimismo, los 30 colectivos realizarán diferentes charlas en pueblos y diferentes entidades para informar de las consecuencias que tendría la aprobación del Plan. Según la Asamblea, algunas de ellas son el favorecimiento del crecimiento, la especulación urbanística y el transporte privado, se olvida el "reto del cambio climático".
Además, provocará, según opinó, impactos sociales "espectaculares", un coste económico "astronómico", una reducción de la permeabilidad del territorio y consecuencias para el patrimonio como es la destrucción de gran cantidad de elementos arquitectónicos.
PSIB, UM y Bloc alcanzaron hoy un "preacuerdo global" para aprobar el Plan de Carreteras, tras suprimir el Tercer Cinturón de Palma, eliminar todos los proyectos de autovías y autopistas y "suavizar" el impacto de los acondicionamiento de carreteras de la Red Secundaria "atendiendo a criterios paisajísticos elaborados por el Departamento de Territorio y reduciendo la velocidad máxima".
Según explicó la portavoz del Bloc, Joana Lluïsa Mascaró, quedan algunos "flecos" como la variante de Sineu y el desdoblamiento de la carretera Manacor-Sant Llorenç, si bien remarcó que ello no impedirá que el Plan de Carreteras "se pueda tramitar y aprobar sin problemas".
Asimismo, Mascaró indicó que el preacuerdo contempla la eliminación de las variantes "conflictivas" de Felanitx, Santa Margalida, norte y sur de Bunyola, la ronda Sa Ràpita-s'Estanyol y la carretera interior de la Bahía de Alcúdia, mientras que señaló que la autopista prevista entre Llucmajor-Campos pasará a ser un desdoblamiento a partir de 2017 "en función de las necesidades del tráfico y de la siniestralidad que pueda haber".
* Diario de Mallorca - EUROPA PRESS - 12.11.09
Foto: diariodemallorca.es
No debemos resignarnos a la corrupción
JESÚS LIZCANO, ANTONIO GARRIGUES WALKER, JESÚS SÁNCHEZ LAMBÁS Y MANUEL VILLORIA* : La corrupción es como un cáncer que avanza imparable si no se toman medidas para detenerlo. Las redes de corrupción se expanden y van controlando empresas, municipios, Comunidades Autónomas y hasta unidades esenciales del Estado si los partidos, los Gobiernos y la sociedad no se alían para detener esta enfermedad social. La causa de la expansión es que, si se percibe la impunidad, resulta racionalmente rentable arriesgarse a ganar mucho dinero, robando a una colectividad difusa, sin peligro de ir a la cárcel por ello. Es obvio que personas con principios éticos sólidos no aceptarán este intercambio, pero, por desgracia, la solidez de los principios no está garantizada entre nuestra clase política.
Lo cual no quiere decir que todos los políticos sean corruptos. En todo caso, cuanto más se expande la corrupción más difícil es mantenerse ajeno a su tentadora llamada. En España, la corrupción, que era una enfermedad de la que creíamos haber salido, se ha ido extendiendo de nuevo. Poco a poco, redes corruptas han ido generando una tupida serie de intercambios deshonestos que, al final, han puesto en peligro la legitimidad de nuestra clase política y de nuestras instituciones.
Para algunos políticos irresponsables esto es la consecuencia del crecimiento, como si la corrupción fuera un peaje a pagar por una economía desarrollada. Nada más lejos de la realidad, las economías más sólidas, los países con mayor índice de desarrollo humano son países bastante honestos. La corrupción, como nos demuestran sólidos estudios del Banco Mundial, aleja la inversión, genera gastos innecesarios y reduce los ingresos públicos. Un país con alta corrupción elabora políticas para beneficio de unos pocos, no de la sociedad en su conjunto; un país con alta corrupción genera infraestructuras deficientes, regula mal los servicios públicos privatizados, y obliga a los empresarios honestos a esfuerzos sobrehumanos para sostener sus empresas. La corrupción produce un deterioro en el funcionamiento de la justicia, daña el Estado de derecho y genera profundas desigualdades sociales.
Para explicarse la situación actual en nuestro país sería bueno que considerásemos tres variables, que no son las únicas, pero sí son importantes. En primer lugar, un clientelismo y una falta de transparencia en las instituciones públicas. En España, la opacidad con la que actúan los Gobiernos es casi propia de países con democracias fallidas. Además, el clientelismo, sobre todo en el nivel local y en la administración instrumental de todos los niveles de gobierno (empresas públicas, fundaciones, gerencias, etc.), es muy elevado. Nuestros municipios y empresas públicas están plagados de empleados públicos que están allí por ser del partido o amigos de la persona oportuna. Empleados públicos que entraron de forma provisional y se quedaron allí de por vida, que carecen de valores de servicio público y que nunca se jugarán su puesto por defender el interés general. Es incomprensible el uso y abuso de la libre designación en la provisión de puestos en nuestras Administraciones. También es incomprensible que, salvo pequeñas excepciones, no existan mecanismos mínimamente rigurosos de evaluación del desempeño de nuestros empleados públicos. Como consecuencia, la carrera está demasiadas veces vinculada a las fidelidades personales y no a la valía y profesionalidad.
En segundo lugar, los mecanismos de control sobre la actividad de los partidos políticos y sobre su financiación son manifiestamente mejorables, como ya advirtió hace tiempo el propio Tribunal de Cuentas. Los españoles financiamos generosamente a los partidos, que cada vez ingresan más de los presupuestos públicos del Estado, de las CC AA y de los municipios; sin embargo, las cuentas que nos ofrecen son opacas, dejan fuera a sus empresas y fundaciones, no incorporan la contabilidad desagregada al nivel local y, desde luego, no explican las razones de las condonaciones de sus deudas. Eso lo saben sus dirigentes y lo sabemos muchos más. Si incumplen no hay sanciones, no hay responsabilidad penal de la persona jurídica, no devuelven el dinero público recibido.
En tercer lugar, en España tenemos demasiadas normas innecesarias, sin embargo, muchas leyes necesarias no existen, y cuando existen no se cumplen y no ocurre nada. Las leyes de incompatibilidades son sistemáticamente violadas; en numerosas CC AA no se regulan los conflictos de interés; se crean empresas mixtas público-privadas para otorgar contratos sin concurrencia a las empresas que se unen a la pública, y tiene que ser la Unión Europea la que nos lleve ante el Tribunal de Justicia Europeo. En fin, parece que no nos tomamos muy en serio la prevención y la lucha contra la corrupción y así nos va.
Sin embargo, desde Transparencia Internacional creemos que no debemos resignarnos, que es posible luchar contra la corrupción y ganarle la batalla. Para ello, es ineludible que los partidos políticos y la propia sociedad nos tomemos el problema en serio y propugnemos mejores medidas y controles. En ese afán de contribuir a la movilización contra esta enfermedad social, proponemos:
1. Un reforzamiento de los mecanismos preventivos. Por ejemplo, realizar análisis de riesgos en todas las Administraciones para detectar peligros y anticiparse a ellos; formación mayor en ética, aplicar rigurosamente las normas sobre conflictos de interés, etc...
2. Un reforzamiento de los mecanismos de mérito e igualdad en el acceso y carrera dentro de la Administración y una evaluación objetiva del rendimiento de nuestras Administraciones y empleados públicos.
3. Una mejora de los mecanismos de transparencia en la Administración; tenemos muchos Gobiernos opacos que no rinden cuentas a la ciudadanía. Es urgente una Ley de Transparencia y Acceso a la información, como tienen casi todos los países europeos.
4. Una simplificación de las normas y procedimientos, permitiendo a los ciudadanos resolver sus asuntos con la Administración de forma más ágil: muchas licencias y permisos podrían concederse on line.
5. Hay que modernizar y agilizar una justicia decimonónica y adaptar el Código Penal a las nuevas realidades de la delincuencia económica y la corrupción. Nuevos tipos penales deben ser generados para luchar contra la corrupción, es necesario introducir la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
6. Una mejora de la Ley de Financiación de los partidos, para prohibir las donaciones de inmuebles, así como la condonación de deudas, etc. Sobre todo, es necesario que se exija más transparencia a los partidos, que se incorporen los datos de sus fundaciones y empresas al sistema de control, y que se refuerce el papel del Tribunal de Cuentas.
7. Una preocupación mayor por dar formación e información a la ciudadanía sobre los enormes daños que causa a un país la corrupción. Deberíamos incorporar a la educación reglada un análisis de la corrupción y sus efectos. La sociedad civil debe implicarse en la lucha contra la corrupción, liderada probablemente por los medios de comunicación.
8. Una mejora de los mecanismos de denuncia de la corrupción con protección a los denunciantes. Quien denuncia con fundamento la corrupción no es un chivato, es una persona que actúa con lealtad institucional y social, y que merece nuestro agradecimiento.
9. Un reforzamiento de los mecanismos que permitan recuperar el dinero robado y dificultar el blanqueo del mismo.
10. Una demostración por parte de los partidos políticos de que están verdaderamente dispuestos a combatir la corrupción, para lo cual deberían concertar un Pacto de Estado contra la corrupción, con medidas concretas para su implantación, y facilitando a la sociedad el control efectivo de su cumplimiento.
Finalmente, creemos que resulta insostenible para nuestra economía y nuestra democracia la situación actual, de ahí la llamada que hacemos a una respuesta contundente y efectiva de la sociedad civil contra la corrupción, una sociedad que no puede resignarse a esta degradación moral y que debe exigir urgentemente de nuestros representantes una respuesta consensuada y efectiva contra esta lacra social.
* Jesús Lizcano Álvarez, Antonio Garrigues Walker, Jesús Sánchez Lambás y Manuel Villoria Mendieta integran el comité de dirección de Transparencia Internacional España.
* ELPAIS.com- Opinión - 11.11.09
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