Madrid.- Granados comenzó a amasar su fortuna con las mordidas del 'Tachuela' y 'Mortimer'

El exnúmero 2 de la Comunidad de Madrid con E.Aguirre, F.Granados (PP), tiene una larga carrera de delitos urbanísticos según se va sabiendo poco a poco. La macrooperación 'Púnica' en la que han sido detenidos e imputados más 50 personas está dejando a las claras la enorme trama mafiosa que se iba tejiendo en la Comunidad. Desde que Granados llegó a la alcaldía de Valdemoro (70.000 habitantes) en 1999, comenzaron sus ilegalidades con cuentas en Suiza y 'mordidas' a los empresarios de la construcción 'Tachuela' y 'Mortimer'. Lo que resulta inexplicable es que este delincuente de guante blanco haya conseguido llegar a lo más alto del escalafón en el PP madrileño, a la sombra de DªEsperanza, y que, según dicen, nadie lo supiera. Realmente sospechoso.
"JOSE LUÍS LOBO* : Francisco Granados, detenido el pasado lunes junto a medio centenar de políticos, empresarios y funcionarios en la macrooperación Púnica contra la corrupción, comenzó a amasar su fortuna nada más aterrizar en la alcaldía de Valdemoro, en junio de 1999. Ese mismo año, el que luego fuera secretario general del PP de Madrid y hombre de la máxima confianza de la presidenta autonómica, Esperanza Aguirre, abrió una cuenta en Suiza a su nombre en la que fue acumulando las mordidas, entre otras, de dos personajes muy cercanos y singulares: los constructores David Marjaliza, alias Mortimer, y Julián Jiménez de los Galanes, alias el Tachuela.

Marjaliza, que fue detenido también en la operación policial coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, era íntimo amigo de Granados y fue el intermediario entre la firma francesa Cofely, que se llevó la parte del león de los 250 millones de euros adjudicados en contratas por la trama corrupta ahora destapada, y los políticos que repartieron o favorecieron esas adjudicaciones a cambio de comisiones ilegales, Granados entre ellos. El grueso de las mordidas presuntamente pagadas por Cofely se concentró en el periodo 2009-2014, pero el exconsejero de Aguirre empezó a hacer caja mucho antes.

Tras ser investido alcalde, en 1999, Granados empezó a tejer una red de oscuros intereses, primero con su viejo amigo Mortimer, al que conocía desde su juventud, y más tarde con el Tachuela. La actividad mercantil de Marjaliza, alias Mortimer, ya era desenfrenada; su nombre aparece en los consejos de administración de más de 125 empresas y sociedades patrimoniales, la mayoría vinculadas al sector de la construcción. Muchas de esas compañías ya están extinguidas o en liquidación, entre ellas Obrum Urbanismo, una de las firmas que integraba la constructora DHO (Dico Harinsa Obrum), cuyo socio mayoritario era Grupo DICO, controlado por Jiménez de los Galanes, alias el Tachuela y también íntimo de Granados.

Un exdirectivo del Grupo DICO, David Merino, denunció en 2009 al Tachuela y otro de sus socios, Francisco Colado, ante la Fiscalía Anticorrupción. Merino, que fue director general de Operaciones y Estrategia de la constructora, acusó a ambos de pagar sobornos millonarios a cambio de favores urbanísticos a funcionarios y alcaldes de municipios gobernados por el PP en la Comunidad de Madrid, entre ellos el propio Granados. El 11 de febrero de aquel año, El Confidencial informaba de que el exdirectivo de DICO había aportado pruebas de las mordidas pagadas por sus jefes en Valdemoro, Majadahonda, Boadilla y otras localidades madrileñas.

Varios días más tarde, Merino aseguró, en unas explosivas declaraciones al semanario Interviú, que él mismo, siguiendo las instrucciones del Tachuela, entregó personalmente mordidas en efectivo a Granados, al que se refirió como "el tío más sucio del mundo". El exdirectivo de DICO se despachó a gusto en esa entrevista: "Son las putas reglas del juego. Si no juegas a esto, no haces nada. Tú te lo encuentras porque antes de llegar a ese ayuntamiento ya pagaron otros. El constructor no se ve como una víctima: es un gasto más, y punto. La condición humana".

La relación de Granados con el Tachuela se fue haciendo más estrecha en las cacerías que este organizaba en El Descanso, una finca de su propiedad de 100 hectáreas en Daimiel (Ciudad Real), a las que solían acudir el entonces alcalde de Valdemoro, David Mortimer Marjaliza, y otros muchos políticos y empresarios. Tras las batidas, el Tachuela y sus invitados regresaban a la finca, que disponía de más de una docena de habitaciones, para cenar y jugar partidas de póker y mus hasta altas horas de la madrugada. En esos encuentros, según Merino, se tejieron muchos de los negocios que hicieron ricos a Granados y otros alcaldes del PP, entre ellos José Miguel Moreno, que relevó a aquel en la alcaldía de Valdemoro cuando fichó como consejero de Esperanza Aguirre.

En 2006, Granados y su esposa, María Nieves Alarcón, fueron víctimas de un confuso incidente nunca aclarado, pero que tal vez pudo protagonizar alguno de los cadáveres que el entonces consejero y su red clientelar fueron dejando por el camino. Dicho de otra forma: empresarios marginados de las concesiones de obra pública por negarse a pagar sobornos. En octubre de aquel año, el matrimonio tuvo que mudarse del ático que ocupaba en Valdemoro después de que uno o varios desconocidos prendiesen fuego a su coche, un Mini aparcado en el sótano del inmueble. Curiosamente –y esto tampoco llegó a aclararse–, el vehículo estaba a nombre de una de las empresas del constructor Ramiro Cid Sicluna, otro de los reyes del ladrillo de Valdemoro.

Granados rompió amarras con el Tachuela en 2008, cuando los socios de la constructora DHO –entre los que estaba Marjaliza– forzaron la salida del Grupo DICO, su accionista mayoritario, que había quedado tocado y sin liquidez por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Mortimer se aupó entonces a la presidencia de DHO, que poco después fue también engullida por la crisis del ladrillo. Sin embargo, Granados y Marjaliza mantuvieron intactos sus vínculos. Hasta que el pasado lunes el juez Velasco y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil les dieron el sobresalto de sus vidas.


* El Confidencial - JL Lobo - 29.10.14
Foto: Granados y Aguirre - elconfidencial



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Condenado el exjefe de Urbanismo de Telde a tres años y medio de cárcel por falsificar documentos

El urbanismo de la ciudad grancanaria de Telde (101.000 habitantes) sigue enredado en los tribunales. A la espera de la resolución del importante caso Faycán donde está imputado todo el gobierno municipal, ahora ha sido condenado el exjefe de Urbanismo (PP), JL.Mena, a tres años y medio por falsedad al incluir un expediente fuera de plazo sobre las viviendas de la urbanización de Los Alisios. Además eso incidió en la condena de otro exedil de Urbanismo (NC), caso que, finalmente, fue aclarado y absuelto. Con este fallo, Mena ha sumado en apenas dos meses dos sentencias con penas de cárcel. En septiembre fue condenado a seis años y diez meses de cárcel por la comisión de los delitos de cohecho y falsedad de documento en el denominado caso Grupo Europa. Así que no se pueden pedir más ilegalidades delictivas.
"CANARIASAHORA* : La sección 2ª de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a José Luis Mena, exjefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde, a tres años y seis meses de cárcel por un delito de falsedad en documento oficial, al considerar probado que incorporó al expediente sobre las viviendas de la urbanización de Los Alisios, en La Garita, un informe jurídico elaborado en 2005, pero fechado en 2002.

El denunciante del caso, el exedil de Nueva Canarias Ildefonso Jiménez, fue condenado en diciembre de 2012 a un año y medio de cárcel y diez de inhabilitación por conceder en 2002, siendo concejal de Urbanismo de la corporación, varios reconocimientos de obra y licencias de primera ocupación en Los Alisios pese a tener conocimiento de que esas obras eran ilegales.

Jiménez defendió durante el juicio que en el expediente no solo habían desaparecido informes favorables que avalarían su actuación, sino que, además, figuraba un dictamen desfavorable firmado por Mena que había sido incorporado a posteriori con el propósito de poder acusarle de la comisión de un delito de prevaricación. Este informe concluía que no se podían otorgar las cédulas de habitabilidad hasta que no se subsanaran una serie de deficiencias.

En marzo de 2014, la Audiencia Provincial de Las Palmas revocó la sentencia del Juzgado de lo Penal 2 de la capital y absolvió al exconcejal de Nueva Canarias, que había dimitido y se había retirado de la vida política tras ser condenado.

El auto de la Audiencia Provincial de Las Palmas dado a conocer este martes acredita que el exjefe de Urbanismo de Telde hizo constar como fecha de redacción, emisión y firma de un informe elaborado en 2005 el 15 de noviembre de 2002 “a sabiendas de que no se correspondía con la realidad y con la intención de aparentar que había sido emitido antes de que se concediera la cédula (la resolución está datada el 18 de noviembre)”.

Durante la vista oral, celebrada el martes de la pasada semana, dos peritos, uno de ellos de la Guardia Civil –que cotejó 75 documentos firmados por Mena entre 2000 y 2006-, ratificaron que el mencionado informe y otros fechados en 2005 eran coetáneos, que habían sido realizados en el mismo periodo de tiempo y haciendo uso de similares medios de impresión.

Los magistrados de la sección segunda de la Audiencia subrayan en su sentencia “la seguridad” con la que se expresaron estos profesionales en contraposición con las “dudas” que suscitó la intervención del perito de la defensa, que ni siquiera pudo aclarar el origen del material con el que había realizado el análisis y dejó entrever que se trataba de documentos municipales oficiales sin certificación que fueron entregados por el propio Mena .

Además, ponen de manifiesto que el supuesto informe no estaba incluido en el lugar que le correspondía en el expediente, sino, “sorprendemente”, antes de una resolución del propio acusado en 2001. La sentencia desmonta el argumento de la defensa de que el documento y su supuesta alteración eran irrelevantes para el procedimiento puesto que existían informes técnicos que solicitaban corregir deficiencias. “Es como decir que los informes jurídicos del jefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde informando si procede o no conceder una cédula de habitabilidad eran totalmente inútiles e innecesarios”, explica el auto.

La Audiencia sentencia que Mena “abusó” del cargo que ostentaba y falsificó de forma intencionada un documento oficial. Es por ello por lo que lo condena a tres años y medio de prisión, a la inhabilitación por el mismo periodo y a una multa de ocho euros diarios durante diez meses, además de imponerle el pago de las costas.

Con este fallo, Mena ha sumado en apenas dos meses dos sentencias con penas de cárcel. En septiembre fue condenado a seis años y diez meses de cárcel por la comisión de los delitos de cohecho y falsedad de documento oficial en el denominado caso Grupo Europa.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) consideró entonces probado que el exjefe de Urbanismo de Telde percibió 30.000 euros del empresario José María Antón como contrapartida por la modificación puntual del Plan General de Urbanismo de Telde y por la concesión de licencias para facilitar a la empresa la construcción de las viviendas a las que se había comprometido. El TSJC le retiró recientemente el pasaporte por el "fundado riesgo" de que pueda eludir a la justicia huyendo del país.

Además, Mena se enfrenta a una pena de un año y seis meses de prisión por un delito contra la integridad moral de un funcionario y permanece imputado en el denominado caso Faycán de corrupción generalizada en el Ayuntamiento de Telde a la espera de la apertura del juicio oral.


* El Diario - CA - Iván Suárez - 28.10.14
Foto: Telde, Jose Luis Mena, exconcejal Urbanismo PP condenado - EFE



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La juez imputa al alcalde y a seis ediles de Roquetas por prevaricación urbanística

El alcalde Roquetas (Almería), Gabriel Amat, no es un advenedizo precisamente, lleva casi 20 años en el cargo, compatibilizándolo a veces con el de presidente de la Diputación almeriense y el del PP en la provincia. Es decir, estamos ante el auténtico cacique 'popular' de Almería. El crecimiento desordenado y desmesurado de Roquetas de Mar (66.000 habitantes) le ha llevado a continuos conflictos judiciales, de los que no se sabe muy bien cómo ha escapado hasta ahora. Y nuevamente es acusado de prevaricación urbanística, por aprobar en 2007 la licencia que permitió la construcción de 10 chalés en la finca La Fabriquilla. Veremos cómo se libra esta vez.
"ELPAÍS* : El Juzgado de Instrucción 1 ha citado a declarar en calidad de imputados a seis ediles del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) y al alcalde, Gabriel Amat (PP), por aprobar en 2007 la licencia que permitió la construcción de 10 chalés en la finca La Fabriquilla. La citación, que incluye también a dos técnicos municipales, responde a la petición de la fiscalía para investigar un presunto delito de prevaricación administrativa.

Tras conocer la imputación, la portavoz del PSOE en la Diputación, Esperanza Pérez, exigió este jueves a Amat que dimita como presidente de la Diputación por “dignidad”.

La juez cita a Amat para el 17 de noviembre junto a los concejales Francisca Toresano y Antonio García. Para el día 14, llama a Pedro Antonio López, a Juan José Rubí, a José Galdeano y al exedil Francisco Martín.

La causa se inició en enero de 2012, después de que el ministerio público considerara “no legal” un permiso de obra en una zona donde “no se podía autorizar”, la parcela UE-109.

La licencia fue concedida en 2007 por el entonces concejal de Urbanismo, José María González, quien prestó declaración en calidad de imputado el 28 de octubre de 2013 y trasladó a la juez instructora que la licencia se concedió por “acuerdo de comisión de gobierno” y “sin ningún reparo” por parte de los “servicios técnicos y jurídicos”.

El informe jurídico de 7 de mayo de 2007 concluyó, según informa Europa Press, que “procedía la concesión de la licencia”. Del mismo modo, un informe de la oficina técnica de 4 de mayo de 2007, cuyo responsable también debe declarar, se pronunció de manera “favorable” al permiso de obra en la zona al “cumplir los parámetros establecidos en el PERI 1/09”, el planeamiento urbano local.


* El País - 23.10.14
Foto: Roquetas de Mar (Almería), Gabriel Amat alcalde - teleprensa.net



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Cárcel e inhabilitación por derribar un edificio protegido en El Puerto de Santa María

Nada menos que 10 años (diez) ha tardado la justicia en sentenciar un caso flagrante de atentado contra el Patrimonio Histórico-artístico por derribar un antiguo palacio protegido en El Puerto (Cádiz). No hay justificación posible para esa tardanza desmesurada que solo perjudica a la población y que ha permitido que los culpables sigan en la calle. Pero hay más aún, solo se piden penas de cárcel para los constructores, artífices materiales del delito, pero no para los políticos que lo permitieron desde sus poltronas. Así solo se solicita inhabilitación para el exalcalde independiente, H.Díaz y su concejal de Urbanismo. Un despropósito que demuestra, otra vez más, la complicidad judicial en el expolio público alarmante.
"ELPAÍS* : La Audiencia Provincial de Cádiz ha confirmado penas de prisión e inhabilitación por el derribo ilegal, en el año 2004, del Palacio de Vizarrón, una casa de Cargadores a Indias del siglo XVII situada en el casco histórico de El Puerto de Santa María, conocida popularmente como la Casa de las Cadenas.

La Audiencia desestima los recursos presentados por los condenados en primera instancia y reconoce como responsables a los promotores inmobiliarios que ejecutaron el derribo parcial del ala este del palacio y a los entonces responsables municipales, por haber ejecutado o consentido el derribo a pesar de las directrices en contra que había fijado la delegación de Cultura de la Junta y las recomendaciones del área de Patrimonio del propio Ayuntamiento de El Puerto.

La sentencia, de 38 folios, señala penas de un año y medio de cárcel contra cada uno de los constructores, los empresarios locales Rufino Naves y su hijo Juan; les ordena al restablecimiento de la legalidad urbanística, esto es a la “reconstrucción lógica del inmueble”, “respetando la fisonomía de las fechadas preexistentes” y les fija el pago de una indemnización. La Audiencia confirma la consideración de culpables de un delito contra el patrimonio, y les inhabilita para el ejercicio de su profesión.

Por otra parte, el fallo fija una condena de 8 años de inhabilitación para cargo público contra el entonces alcalde independiente de El Puerto, Hernán Díaz Cortés, su concejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez y el jefe del área de disciplina urbanística Fernando Jiménez, al considerarlos responsables de un delito de prevaricación administrativa.

La única modificación sustancial que hace la Audiencia está referida al pago de las costas de la acusación particular que, ahora, recae en los condenados. La Audiencia reconoce el mal estado en el que se encontraba el inmueble, pero cree equivocado el derribo ya que considera que no se valoraron otras posibles medidas alternativas.

La sentencia señala que la prevaricación administrativa está en “burlar de forma consciente los mecanismos esenciales puestos por la legislación para depurar el control de la legalidad urbanística”. Una vez conocida la sentencia, la actual delegada de Cultura de la Junta en Cádiz, Cristina Saucedo, anunció que su departamento va a reclamar la ejecución de la sentencia, en especial en lo referido a la recuperación del edificio.

Por su parte, el actual alcalde de El Puerto, Alfonso Candón (PP), señaló a través de un breve comunicado que el Ayuntamiento aún no había recibido este miércoles la sentencia y aseguró que, en cuanto esté en su poder, “procederá a su estudio para su cumplimiento”.

El pronunciamiento de la Audiencia de Cádiz responde a una denuncia presentada en origen por el grupo municipal de IU en El Puerto, cuyo entonces portavoz, y hoy parlamentario Ignacio García, insistió en el cumplimiento de la orden de reconstrucción del edificio y pidió una investigación para conocer a dónde han ido a parar los restos del palacio original tras el derribo. Contra esta segunda sentencia condenatoria cabe aún posibilidad de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.


* El País - F. JOSÉ ROMÁN - 22.10.14
Foto: El Puerto (Cádiz), casa de las cadenas - esacademic



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Detienen al exdirigente del PP Francisco Granados y a otras 50 personas, acusados de cobrar comisiones por obras

Un escándalo urbanístico de proporciones aterradoras es el que se acaba de hacer público, con una importante trama mafiosa de cobro de comisiones de obras a cambio del beneficio de promotores y constructores afines al PP. Uno de los capos de esta nueva corrupción en Urbanismo era el exnúmero 2 de la Comunidad de Madrid con E.Aguirre, Francisco Granados. Pero la llamada 'Operación Púnica' actuaba en varios niveles de la Administración —Ayuntamientos, Diputaciones y Comunidades Autónomas— principalmente en las regiones de Madrid, Murcia, León y Valencia. El número de altos dirigentes imputados sobrepasa los 50, pero es de esperar que vaya creciendo según avancen las investigaciones. Hay varios alcaldes madrileños y hasta el presidente de la Diputación PP de León. También se habla de, al menos, 250 millones de euros de dinero público adjudicado irregularmente. Algo que veremos multiplicarse en los próximos días, a poco que la justicia actúe con decisión y diligencia.
"20MINUTOS* : Cincuenta y una personas, entre ellas el exdirigente del PP Francisco Granados, seis alcaldes madrileños y el presidente de la Diputación de León, han sido acusadas de formar parte de una supuesta trama de corrupción que en los últimos dos años se adjudicó contratos de varios ayuntamientos y comunidades autónomas por importe de 250 millones de euros. La 'operación Púnica', dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y la Fiscalía Anticorrupción, se ha saldado de momento con la detención de 37 implicados y la imputación de otros 14, todos ellos ediles, funcionarios y empresarios de la construcción y de empresas de servicios energéticos, acusados de cobrar y pagar comisiones ilegales por la adjudicación de obras y servicios.

La trama de corrupción que ha desmantelado la Guardia Civil estaba "infiltrada" en varios Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, según la Fiscalía Anticorrupción, y operaba sobre todo en Madrid, aunque se extendía por León, Valencia y Murcia. Entre los detenidos, está Francisco Granados, que fue 'número dos' de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, pues ocupó la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior entre 2004 a 2011. Granados, que fue también secretario general del PP de Madrid en el mismo periodo, es amigo del empresario David Marjaliza, acusado de ser uno de los "conseguidores" de la trama. Precisamente, la operación ha sido bautizada "Púnica" en alusión al exconsejero madrileño, ya que en latín el árbol del granado se llama 'Punica granatum'.

También han sido detenidos los alcaldes madrileños de Parla, José María Fraile (PSOE); de Valdemoro, José Carlos Boza Lechuga (PP); de Collado-Villalba, Agustín Juárez (PP); de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas Navarro (PP); de Casarrubuelos, David Rodríguez (PP), y de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez (Unión Demócrata Madrileña-UDMA). Uno de los primeros arrestados fue el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez (PP), que sustituyó en mayo a la asesinada Isabel Carrasco, mientras que en la comunidad murciana fueron arrestados, entre otros, el exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso (PSOE). Los implicados han sido acusados de pertenencia a organización criminal y otros 10 delitos de corrupción: blanqueo de capitales, falsificación, delito fiscal, cohecho, tráfico de influencias, malversación, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios y fraude a la Administración. Inicio de la investigación La investigación contra esta supuesta trama se inició en diciembre de 2013 a raíz del descubrimiento de una cuenta en Suiza a nombre de Francisco Granados y del empresario David Marjaliza, según informaron a España a las autoridades helvéticas.

A raíz de este descubrimiento, la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación y las autoridades suizas ordenaron el bloqueo de la cuenta y avisaron de que iban a tomar declaración a Granados y Marjaliza, por lo que el pasado julio el fiscal presentó una querella contra ambos que recayó en el juez Velasco.

La investigación ha permitido sacar a la luz una trama organizada que usaba influencias políticas para introducirse en la administración pública en todos los niveles -ayuntamiento, diputación y comunidad autónoma- y obtener irregularmente adjudicación de contratos y de servicios públicos. La red gravitaría en torno a los empresarios Marjaliza y Alejandro de Pedro Llorca, detenidos y estrechamente vinculados a Granados, que mediaban entre políticos y empresarios como "conseguidores" de contratos públicos para estos últimos a cambio de comisiones. En el caso de los políticos, las pesquisas se centran fundamentalmente en cargos públicos que supuestamente decidieron colaborar con la trama "al final" de su carrera política, según fuentes jurídicas. Estos políticos que presuntamente formaban parte de la trama desarticulada cobraban supuestamente comisiones de hasta el dos y el tres por ciento de cada contrato. Uno de los imputados por un delito de revelación de secretos es un agente de la Guardia Civil que avisó a Granados de que estaba siendo investigado en relación a la cuenta que tenía abierta en Suiza.

Además del medio centenar de detenidos e imputados, en la operación Púnica se han llevado a cabo registros en diversos ayuntamientos afectados y en los domicilios de los implicados, así como 259 mandamientos a registros de la propiedad para bloquear los bienes atribuidos a la trama. También se han efectuado 400 mandamientos dirigidos a entidades bancarias para el bloqueo de cuentas corrientes y 30 embargos de vehículos de alta gama de los principales investigados. La mayoría de los detenidos han sido trasladados a la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos y al cuartel madrileño de Las Rozas para ponerlos a disposición judicial en los próximos días.


* 20 Minutos - Agencias - 27.10.14
Foto: Agentes de la Guardia Civil salen del registro del Ayuntamiento de Villalba. / CARLOS ROSILLO

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Peñíscola deberá afrontar una nueva sentencia urbanística millonaria

Son varios los asuntos económicos que el Ayuntamiento de Peñíscola (Castellón) deberá solucionar próximamente, debidos a antiguas sentencias urbanísticas contrarias. Así ocurre con el 'caso Llopis' (seis millones de euros), el edificio Mirad’Or y, ahora también, la actual zona ajardinada situada junto a Peñismar (cuatro millones de euros), un contencioso de los años 80's. Como siempre, hay acusaciones políticas cruzadas sobre quién es el responsable de estas actuaciones ilegales, pero la realidad es que el Urbanismo de la localidad lleva muchos años siendo caótico, perdiendo gran parte del encanto paisajístico que poseía, y que, al final, los paganos de estos delitos municipales serán los ciudadanos, una vez más.
"MEDITERRÁNEO* : El Ayuntamiento de Peñíscola se enfrenta a un nuevo mazazo económico, en forma de indemnización por decisiones urbanísticas tomadas en el pasado. Si en los últimos años se ha llegado a acuerdos para proceder al pago aplazado de la llamada sentencia Llopis --con un montante global de seis millones de euros-- y por el caso del edificio Mirad’Or --por un importe de 720.000 euros--, ahora deberá hacer frente al pago por una expropiación realizada en los años 80 que la justicia ha sentenciado como irregular.

Tras haber agotado todas las vías legales, el consistorio debe asumir este nuevo asunto, que tiene como ubicación la actual zona ajardinada situada junto a Peñismar. Aunque el montante total aún está por precisar, podría alcanzar los cuatro millones de euros.

El alcalde, Andrés Martínez, mencionó en el pleno que para este caso “se va a proponer un plan de pagos, con la intención de que en un plazo de 10 años queden abonadas todas estas sentencias, intentando que el Ayuntamiento no tenga que asimilarlas de forma traumática”, ni incrementar la presión fiscal.

Al igual que en el caso Llopis, este nuevo contencioso tiene como origen la era en la que Rafael Serrat --actual concejal de Esquerra Unida-- era alcalde por el PSOE. Desde hace meses, las acusaciones cruzadas entre el equipo de gobierno y Serrat se han convertido en un asunto transversal en las sesiones plenarias, independientemente del tema que se trate en el orden del día. El alcalde ha señalado que se citará a Serrat “en una comisión de investigación, para analizar estos hechos a los que tenemos que hacer ahora frente”, si bien las hipotéticas responsabilidades penales ya habrían prescrito.

Por su parte, Serrat niega que se cometieran irregularidades y acusa “a los más de 20 años de gobiernos del PP en el consistorio” de las decisiones urbanísticas que perjudican al municipio. Desde el equipo de gobierno calculan que el conjunto de sentencias puede sumar los 13 millones de euros. Una cifra inasumible en un mismo ejercicio, pues las cuentas locales de este año ascienden a poco más de 13,5 millones.

El Ayuntamiento ha logrado un plan de pagos aplazado de los casos Llopis y Mirad’Or y espera que pueda hacerse lo mismo en este nuevo asunto. Esto supone mantener cierta normalidad en la gestión, aunque afecta al apartado de inversiones. Este verano, la Concejalía de Urbanismo detalló algunas obras que no se pueden acometer, como la mejora de la avenida de la Mar, el asfaltado de calles o trasladar la sede de la Policía al Centro de Estudios.


* Mediterráneo - Bartolomeu Roig - 29.9.14
Foto: Peñíscola (Castelló), avance ladrillo - levante



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El urbanismo pendiente de Santa Cruz de Tenerife

La confusión y los casos urbanísticos delictivos continúan en Santa Cruz, como si de otra cruz se tratara. En Ifara y Residencial Anaga existen en la actualidad 6 sentencias firmes de derribo que no se acaban de cumplir. Una de las viviendas en cuestión es propiedad del diputado nacional del PP, ML.Torres Herrera. Lógicamente, la mayoría de ciudadanos y la Plataforma contra el PGO de la capital tinerfeña consideran que existe parcialidad a la hora de hacer cumplir las sentencias de derribo. El problema viene ya de años atrás y además, después, se han seguido cometiendo más ilegalidades urbanas, con lo que ya llueve sobre mojado en este enclave céntrico y cotizado de la ciudad. Pero la corrupción municipal, junto a la débil y poco diligente justicia, están consiguiendo que el proceso de los derribos se eternice y no se vea el final de este turbio túnel urbanístico.
"CANARIASAHORA* : Nadie sabe muy bien dónde empieza el barrio de Ifara y dónde el de Residencial Anaga. Y la misma confusión parece existir entre promotores y responsables de la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife a la hora de hacer cumplir la ley. En este ámbito se concentran desde hace años seis sentencias firmes de derribo que no se acaban de ejecutar.

Los problemas surgen por tratarse de un enclave en pendiente muy codiciado por unas vistas que los propietarios pagan a precio de oro. Sin embargo la construcción de otros edificios en sus propias narices y sin respetar las normas han implicado que en ocasiones este privilegio se vea mermado o reducido a cero. A partir de aquí surgen las denuncias y los fallos que en su mayor parte quedan luego en el aire.

La Plataforma en contra del Plan General de la capital tinerfeña ha criticado en varias ocasiones lo que está ocurriendo e incluso considera que no es casual que algunas de las viviendas sobre las que hay sentencias firmes sin cumplir sean de familiares de los antiguos redactores del Plan o de un diputado nacional del Partido Popular (PP). Durante los últimos años se han sucedido batallas judiciales que en todos los casos han ido a favor de los denunciantes y en contra de los denunciados. La posición de la Gerencia de Urbanismo no ha resultado demasiado clara y en no pocas ocasiones los juzgados han emitido sentencias dándole severos tirones de oreja o bien acusando al Ayuntamiento de clara inactividad a la hora de hacer cumplir la legalidad. En todos los casos se trata de irregularidades urbanísticas que tienen su origen a finales de la década de los años noventa.

Caso paradigmático es el fallo judicial sin posibilidades de recurso del Tribunal Supremo (TS) que obliga al derribo de cinco metros del edificio La Ninfa en Ifara. Años después de dictarse, se ha hecho lo posible e imposible para no darle cumplimiento. Y ha sido así hasta tal punto que en la actualidad, el Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz ha imputado a los anteriores concejales de Urbanismo, Manuel Parejo y Norberto Plasencia, y el ex gerente de Urbanismo, José Tomás Martín, por presuntamente incumplir el sentido de aquella resolución judicial. El fallo es inminente después de años de espera.

En concreto, mientras la sentencia del TS era clara al apuntar el derribo de cinco metros de este edificio por invadir un aparcamiento, finalmente el Ayuntamiento hizo una interpretación muy particular y procedió a cederle unos metros más al edificio o, lo que es lo mismo, a forzar la parcela sobre la que se levanta. El TS rechazó el recurso de casación interpuesto en su momento por Urbanismo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que ordenaba esta demolición y que databa de diez años antes. Aunque el fallo es contundente también en un momento dado la Sala admite que no se les escapa "la posible dificultad técnica" de la demolición.

Por ello el Tribunal pidió al Ayuntamiento que a través de su servicio técnico presentase un proyecto de demolición, con especificaciones sobre la forma de realizarla, alcance y posibles efectos en la estructura del edificio. Durante años se produjo un baile de cifras sobre los metros que estaban afectados y que oscilaban desde los diez hasta los dos, pasando por cinco, que fue la cifra que finalmente dio por válida el TS tras realizar un peritaje. El Supremo descartó que se le hubiera causado indefensión a Urbanismo y además condenó a este organismo al pago de tres mil euros. Por si fuera poco este edificio es denunciado por los vecinos de la parte inferior ante la cíclica caída de piedras, sobre todo cuando llueve.

En Residencial Anaga los problemas se concentran en la calle Cornisa y más concretamente en los números 16, 17, 18 y 19 sobre las que penden sentencias firmes de demolición. Estas licencias fueron otorgadas por el actual diputado nacional del PP, Pablo Matos, cuando ejercía como concejal de Urbanismo. En el número 19 se encuentra el chalet de Manuel Luis Torres Herrera, destacado miembro del PP que ejerció de viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias cuando se acabó esta casa a finales de los años noventa y diputado nacional en la actualidad.

Los problemas se iniciaron a principios de esta década, cuando el TSJC no sólo ratificó la necesidad de restaurar el orden urbanístico infringido sino que dio un tirón de orejas al Ayuntamiento por su pasividad a la hora de hacer respetar la legalidad en este ámbito. La correspondiente denuncia la presentó la empresa Administradora Patrimonial Radazul SL y un vecino. A mediados de la década se empieza a intentar encontrar alguna alternativa para legalizar estas obras.

La Unidad municipal de Edificación y Disciplina informó a principios de 1998 del proyecto de construcción de una vivienda unifamiliar de dos plantas y un sótano. A finales del año Matos había considerado que el edificio estaba de acuerdo con las determinaciones contenidas en el Plan Parcial y le otorgó la licencia. Sin embargo, dos años después se realiza un informe donde se detecta el incumplimiento en uno de los muros del edificio. Se estima que tanto este error como otros del inmueble no son legalizables.

Urbanismo pudo comprobar que efectivamente la edificación no se ajustaba a lo establecido en el Plan Parcial del Centro Residencial Anaga y al PGO en vigor. Para legalizar la obra, además, es necesario llevar a cabo la demolición de los muros ejecutados que no se ajustan a la licencia concedida. En concreto, este lindero supera en cinco metros lo permitido. De forma automática se determinó que el inmueble estaba fuera de ordenación, dado que la edificación ejecutada no se ajustaba a lo establecido en los distintos planes.

Tanto en este caso como en otros más que se suceden también en el ámbito de Residencial Anaga, la Gerencia de Urbanismo había introducido en la versión del PGO de 2008 una cláusula indicando que, una vez aprobado el planeamiento, "se podrá instar la legalización del inmueble, siempre y cuando dicha opción sea posible conforme a las nuevas determinaciones de ordenación urbana".

Sobre una vivienda situada en la parcela 17 se emitió en su momento una sentencia que también apuntaba a la existencia de irregularidades en el edificio al entender que estaba fuera de ordenación ya que no se ajustaba a lo contenido en el PGO de Santa Cruz. Sin embargo otro fallo determinó que debía ejecutarse la demolición del inmueble, al menos en la parte que no cumple con la normativa. "Todo ello para llevar a su puro y debido efecto el cumplimiento de la declaración contenida en la sentencia" emitida entonces.

El caso de la parcela 18 en este ámbito repite casi matemáticamente los mismos perfiles. La licencia se solicitó en el año 1998. Se trataba de una vivienda unifamiliar de tres plantas y sótano y se concedió la correspondiente licencia. Sin embargo poco después se inició un expediente de Disciplina Urbanística para legalizar las obras que no estaban amparadas por la licencia municipal. Por esa misma época se presentó la primera denuncia.

Ya entonces Urbanismo estaba escaldada y alertó que se habían emitido sentencias por casos parecidos que habían concluido ordenando demoliciones. Y es que se comprobó que se habían realizado modificaciones sobre la licencia original. Poco después el Juzgado emite una sentencia que va en el mismo sentido que las anteriores de este ámbito. Así se repite el procedimiento para comprobar si se ha respetado la legalidad y la orden de dejar sin efectos los acuerdos plenarios para legalizar el inmueble.

Paradigmático es también lo ocurrido con la vivienda situada en la parcela 16 de Residencial Anaga. En este caso, la licencia se solicitó en el año 1996 y se trataba de un inmueble de dos plantas con sótano, ocupando una superficie total de 528 metros cuadrados. En principio la Gerencia de Urbanismo concedió la correspondiente licencia. Sin embargo posteriormente se llevaron a cabo unas obras de ampliación que fueron informadas desfavorablemente. De forma paralela se presenta una denuncia ante el Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 que obliga a comprobar la situación del inmueble en cuanto a los muros de contención, alturas, volumetrías y ocupación de la parcela. La propia Gerencia comprobó que efectivamente se había infringido la normativa.

Dos demoliciones por el camino

Dos dolorosas demoliciones son las que se han quedado por el camino en la historia de Residencial Anaga. La primera es la de la vivienda conocida como la casa Roja y la otra, el edificio Mogán. En el primer caso se trataba de un chalet que incumplió determinadas normas en la altura de los muros. Fue denunciado por los vecinos y finalmente los tribunales le dieron la razón. Sus propietarios iniciaron entonces una denuncia pública al considerar que habían sido objeto de discriminación. Lo cierto es que todos los fallos admitieron que efectivamente se concedió en su momento una licencia que luego no se ajustó a las normas de este entorno.

La Gerencia de Urbanismo se comprometió a abonarles una indemnización, pagarles la redacción del nuevo proyecto, les entregó unos 150.000 euros para construir la nueva casa y otra licencia. Curiosamente, aunque todo el mundo daba por hecho que iban a ganar en los tribunales lo cierto es que su incursión en este terreno no resultó demasiado favorable. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y el Tribunal Supremo (TS) indicaron que la responsabilidad del Ayuntamiento se limitó hasta el momento en el que anunciaron la paralización de las obras. De esta manera la cantidad a abonar era notablemente inferior que si se hubiese tenido en cuenta todo el procedimiento.

En este entorno se situaba también el edificio Mogán que igualmente bloqueaba las vistas de sus vecinos. El Ayuntamiento procedió a su derribo y a través de una sentencia del TSJC le abonó a su propietario más de 300.000 euros a lo que habría que sumar otro tanto de intereses. Esta cantidad, no obstante, resultaba notablemente inferior a los tres millones que reclamaban los propietarios, la empresa Brevala SA pero muy superior a los doscientos mil euros que había calculado el Ayuntamiento. El derribo se hizo efectivo en el año 2006.

Geriátrico

Como un “calvario judicial” definió el propio Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) la lucha que durante años entablaron los vecinos de Ifara en contra de un geriátrico. El Consejo Consultivo de Canarias emitió recientemente su preceptivo informe en el que avala la anulación de las licencias que permitieron la construcción de este edificio por incumplirse las determinaciones del Plan General de Ordenación (PGO) y superarse con creces la edificabilidad. Hasta ahora todas las batallas judiciales han sido ganadas por los vecinos pero de poco ha servido ya que al final las sentencias no se han llegado a cumplir. Por ello el TSJC a principios de año reprochó a la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz por su desinterés en aplicar los fallos judiciales.

Los vecinos han venido defendiendo desde hace años que la mitad del inmueble tendrá que ser demolido y así lo han avalado también los tribunales, informes del propio Ayuntamiento y luego el Consejo Consultivo. En todos los casos se ha determinado que las licencias otorgadas en el año 2003 para construir este inmueble son "disconformes" con el PGO. Con el fin de legalizar el edificio se otorgaron posteriormente otras autorizaciones en 2008 y 2009 que también deben ser anuladas según el Consejo. En caso de concretarse el derribo, el Ayuntamiento de Santa Cruz podría verse obligado a desembolsar cantidades millonarias a la empresa propietaria, Residencias Atlántidas S.A.

Pero cuando parecía que por fin los elementos se ponían del lado de los vecinos desde la Gerencia de Urbanismo se acaba de emitir un informe en el que se viene a decir que el dictamen del Consultivo carece de validez. La abogada interpreta que sería absurdo ir contra una resolución dictada por la propia Gerencia y limita los problemas a la planta alta del inmueble. Pero se niega en todo momento que se pueda hablar de ilegalidad alguna.


* El Diario - Canarias Ahora - Noé Ramón - 19.10.14
Foto: Santa Cruz de Tenerife, perfil centro - canarias ahora



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Antequera.- El anillo fantasma: un audaz proyecto ferroviario… en vía muerta

Continuando con los despilfarros delictivos en infraestructuras, un caso ejemplar es el del anillo ferroviario del AVE en Antequera (Málaga), una especie de circuito de pruebas donde se iban a alcanzar las mayores velocidades del planeta. Una idea desmesurada que se basaba, sobre todo, en fondos europeos para su realización, ya que la iniciativa privada no estaba muy interesada. Pero, una vez más, las contradicciones y el juego sucio político echó por tierra el proyecto destinado a dar un empujón a una comarca bastante deprimida. La Junta de Andalucía trató de buscar una solución utilizando otros tramos ferroviarios alternativos, pero el Gobierno 'popular' se negó tajantemente, con lo que la suerte estaba echada para los 380 millones del coste inicial de la obra y los 7.000 empleos prometidos (4.800 directos).
"ANA ISABEL CERRO* : El príncipe azul resultó ser una rana. El anillo ferroviario de Antequera iba a ser el mayor circuito de pruebas de trenes del mundo. No uno de los mayores, sino el mayor. En él se iban a alcanzar 500 kilómetros por hora, ríase de los apenas 250 de los anillos de Wildernrath o Transrapid Emsland (Alemania), Valenciennes (Francia), Pueblo (Colorado, EEUU), Old Dalby (Gran Bretaña), Shcherbinka (Rusia) o Velim (Chequia). Porque nadie le tose a España cuando se habla de AVE. El anillo, tal y como lo presentó el Gobierno en 2010, cuando aprobó el proyecto, iba a crear más de 7.000 empleos. No unos miles, ni siquiera alrededor de 7.000, sino exactamente 7.204, de los que 4.800 serían directos y 2.404 indirectos.

En fin, una maravilla: empleo, I+D+i, liderazgo mundial en AVE, economía del conocimiento con valor añadido… Se agotan los adjetivos para definir el proyecto, perfecto salvo por un detalle: no existe. Y de momento no tiene visos de convertirse en realidad. Es más, el anillo lleva camino de convertirse en un auténtico quebradero de cabeza para el Gobierno central.

EL SOCIO QUE NUNCA LLEGÓ

Ni el PSOE, padre del proyecto cuando dirigía el Ministerio de Fomento, ni el PP, actual partido en el Gobierno y que siempre lo ha defendido, dan por enterrado el megaproyecto. El Gobierno no dice ni mu, si acaso (y a media voz) mantiene viva la expectativa a la espera de que aparezca un supuesto socio privado que salvaría los muebles en el último minuto.

Oficialmente, el anillo de Antequera sigue siendo un proyecto viable que está “en fase de expropiaciones”, lo cual explicaría su aparente parálisis. Es incómodo dar carpetazo a un proyecto cuya inversión iba a ser en principio de 344,45 millones, aunque más tarde la previsión creció (ya se sabe que prever inversiones es muy resultón y además sale barato) hasta los 380. Y más incómodo aún en una comarca, la de Antequera, castigada ya en el ámbito ferroviario por el bajo ritmo inversor del tramo Algeciras-Bobadilla del Corredor Mediterráneo.

Pero los hechos, no sólo el silencio del Gobierno, hablan tozudamente por sí solos del desinterés en el proyecto: en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) al anillo le corresponde un cero rotundo. Un cero que por otra parte no supone ninguna sorpresa.

Y he aquí quizás la gran particularidad del caso del anillo ferroviario. Todo el mundo sabe que es inviable, porque para desarrollarse necesita el interés de las empresas privadas, y dicho interés actualmente no existe. La mejor prueba es que en la licitación del proyecto en 2013 no se presentó ninguna empresa. Demasiadas incógnitas, mucho riesgo. Nulo interés de las entidades financieras en avalar un jaleo semejante.

DOS PÁJAROS DE UN TIRO

Bueno, no todo el mundo ha permanecido de brazos cruzados ante la evidencia del fracaso del proyecto. El Gobierno andaluz ha intentado poner en la presente legislatura una cierta dosis de realismo. Lo ha hecho sin verbalizar que el proyecto está muerto, sobre todo porque el partido mayoritario en el Ejecutivo autonómico, el PSOE, está ligado en origen al anillo ferroviario y formalmente lo sigue reivindicando al Gobierno Rajoy, aunque ya con evidente falta de entusiasmo, con el aire mecánico de quien rellena el expediente.

El pasado mes de febrero, la Consejería de Fomento y Vivienda ofreció formalmente al Ministerio de Fomento el tramo Marchena-Antequera del AVE, construido por la Junta de Andalucía entre 2004 y 2008, y paralizado la legislatura pasada cuando el monstruo de la crisis dio definitivamente la cara. La idea era la siguiente: que el Gobierno, ya que no puede impulsar el anillo ferrovario, utilice el tramo Marchena-Antequera para ofrecer allí los ensayos, licitando el proyecto en esta plataforma, ya construida y que permite velocidades similares a las del anillo.

El departamento que dirige Elena Cortés (Izquierda Unida) pretendía con el ofrecimiento matar dos pájaros de un tiro: de un lado, dar utilidad al tramo del AVE andaluz, en el que se invirtieron 270 millones durante la década pasada y que es a día de hoy absolutamente inútil, y de otro lado evitar la pérdida de los más de 250 millones de euros que la Unión Europea ha asignado a España en concepto de I+D+i a través del anillo ferroviario de Antequera. Dichos fondos, de no estar ejecutado el proyecto el 31 de diciembre de 2015, se perderán, por corresponder al marco Feder 2007-2013.

QUÉ HACER PARA NO PERDER 250 MILLONES

La propuesta tuvo su intríngulis político en el seno del Gobierno andaluz, ya que hubo quien la interpretó como una enmienda indirecta de IU al proyecto de AVE andaluz del PSOE. Una especie de pellizco con mala uva entre socios. En Fomento y Vivienda niegan esta lectura. “Nuestro ofrecimiento es simplemente un acto de eficiencia. Evitamos perder fondos europeos y damos utilidad a una infraestructura ya construida. Miramos hacia delante, no hacia atrás”, argumenta Manuel García Peláez, delegado territorial de Fomento y Vivienda en Málaga.

La respuesta del PP y del propio Gobierno fue nítida desde que se conoció la propuesta en febrero de este año: no. Pese a que el tramo ofrecido coincide en dimensiones con el del anillo (77 kilómetros frente a 75) y permite velocidades superiores a 400 kilómetros por hora, el Gobierno desechó la idea de entrada y volvió a señalar que el anillo de los sueños no podía sustituirse por un parche. No hubo argumentación técnica alguna. Simplemente no, porque el anillo aún es posible, respondieron. Es más, Pastor llegó a afirmar que el Ministerio seguía en sus trece de licitar el proyecto ”lo antes posible”. Hace siete meses de eso. Y nada.

Desde que quedó negro sobre blanco que la propuesta de la Junta caía en saco roto, en marzo de 2014, no se ha movido un papel. No hay noticia de interés privado. Incluso la oposición social al anillo ha rebajado el tono, sabedora de que ha ganado de facto la batalla. Dicha plataforma, integrada fundamentalmente por agricultores y ecologistas y que cuenta con el apoyo de IU, siempre ha sostenido que el proyecto resta más de lo que suma. Sin haber impuesto de forma explícita sus tesis, sí han terminando venciendo de forma silenciosa con cada plazo incumplido por el proyecto. A día de hoy, es matemáticamente imposible que el Gobierno concluya el anillo el 31 de diciembre de 2015 aunque lo licitara hoy mismo y lo adjudicara en tiempo récord.

Un inmenso cadáver ferroviario

“Es un acto de irresponsabilidad que el Gobierno haya rechazado el ofrecimiento de la Consejería, que permitía que llegase a Andalucía el dinero europeo y generar empleo en el ámbito ferroviario aprovechando una infraestructura ya construida”, señala Manuel García Peláez, delegado territorial de Fomento y Vivienda en Málaga.

El PP ha preferido encastillarse en el ‘no‘ y, en una vuelta de tuerca, exige al Gobierno andaluz la terminación del tramo Sevilla-Antequera, al que pertenece el tramo ofrecido. Pero lo cierto es que aquel llamado AVE andaluz en quela Junta se embarcó en tiempos de bonanza no va a continuar, al menos a corto plazo. Es más, aparte de la propuesta de Cortés para dar uso al inmenso cadáver ferroviario, la única noticia que ha dado el AVE andaluz esta legislatura ha sido la devolución del crédito europeo a la Junta de 180 millones.

El día de la devolución la Junta se tragó un sapo tamaño AVE. Ahora el Gobierno central parece no querer tragarse un sapo tamaño anillo ferroviario. Y por eso guarda silencio, resistiéndose a enterrar formalmente el proyecto, y menos con las municipales a ojos vista. Pero no lo va a tener fácil. La Unión Europea, que cuando pone a funcionar su fría burocracia acreedora no se para en diplomacias electoralistas, ha hecho llegar al Gobierno central una petición de información, según ha publicado Málaga Hoy. Un “qué tal va mi anillo” que también contiene una advertencia: sin anillo, no hay millonada europea. “Ya advertimos que el empecinamiento del Gobierno y su negativa a nuestro ofrecimiento supondría perder más de 250 millones”, señala García Peláez, que insiste en que “la propuesta sigue en pie”. Quizás es lo único que sigue en pie en esta historia de castillos de naipes derribados el viento.


* Andaluces Diario - AI.Cerro - 18.10.14
Foto: Antequera (Málaga), proyecto anillo AVE - andaluces



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Galicia.- La Lei do Solo nace sin consenso como las 10 reformas anteriores

Desde 2002 en que se redactó la anterior Ley de Suelo, el urbanismo gallego ha sufrido una inestabilidad sin precedentes, debida a las numerosas reformas que se han ido introduciendo políticamente. Pues ahora aparece una nueva Ley y ocurre más de lo mismo. La incapacidad para llegar a acuerdos en un asunto tan fundamental como el Urbanismo es un lastre demasiado pesado para una autonomía tan fragmentada como la gallega, con 199 ayuntamientos menores de 5.000 habitantes que ocupan el 65% del territorio. El mayor conflicto está basado en la necesidad o no de que esos pequeños municipios tengan un Plan Básico dictado por la Xunta, ya que ahora va a resultar obligatorio, cuando algunos de esos municipios no parecen necesitarlo por su escasa actividad. El lío está servido.
"ELPAÍS* : La nueva Lei do Solo, llamada a dar estabilidad al urbanismo gallego tras 10 reformas parciales de la norma anterior, de 2002, nace también sin consenso, como la inmensa mayoría de los cambios que el PP y el bipartito PSOE-BNG fueron introduciendo en la última década. El nuevo texto incluye una novedosa figura, la del plan básico, dictado desde la Xunta para los municipios de menos de 5.000 habitantes incapaces de elaborar por sí solos un plan de urbanismo completo, único cambio que el PSOE acogía en principio favorablemente ya que liberaría también a sus alcaldes de la presión de sus vecinos y la trasladaría al Gobierno gallego.

Pero como en el resto de la nueva ley, tampoco en ese punto hay acuerdo ya que los socialistas quieren que sea cada ayuntamiento el que voluntariamente pida a la Xunta que le elabore ese plan básico mientras que en el texto que ayer expuso al público el Gobierno gallego se reserva para sí la capacidad de “promover” esos documentos aunque no se lo pidan los municipios.

En Galicia hay 199 ayuntamientos con menos de 5.000 habitantes que ocupan el 65% del territorio. La inmensa mayoría carece de plan de ordenación y tampoco registra una gran presión urbanística que les anime a elaborar uno. Otros, precisamente porque sí tienen esa presión, llevan años empantanados en la redacción de esos planes. Así que en principio alcaldes de todo color político ven bien que sea la Xunta la que asuma ese trabajo. Pero la discrepancia aparece en si lo debe hacer por iniciativa propia o solo si se lo pide el ayuntamiento en cuestión. Hace seis meses, el portavoz popular en materia de urbanismo, Román Rodríguez, se mostraba favorable a que fuese cada ayuntamiento el que solicitase a la Xunta un plan básico y su homólogo socialista, Xosé Sánchez Bugallo, mostró su apoyo a esa nueva figura. Pero el texto final que la Xunta ha expuesto al público amenaza con torpedear ese acercamiento. “La consellería competente en materia de urbanismo promoverá la redacción de los planes básicos”, dice el documento, que a continuación limita la actuación municipal a presentar alegaciones a ese plan autonómico.

Esa redacción ha cogido por sorpresa al grupo parlamentario popular mientras que ha provocado el rechazo inmediato del PSdeG. “Es una ley expropiatoria de competencias municipales”, dijo ayer Bugallo, que solo aceptaría ese trasvase de competencias de los ayuntamientos a la Xunta si es “voluntariamente”. En AGE y BNG esa figura nunca ha gustado ya que consideran que al dejar en manos de la Xunta los planes urbanísticos se dificulta la transparencia y la participación de los ciudadanos.

Al margen de esa medida, el PSdeG critica especialmente que la nueva ley desprotege el suelo rústico, todo aquel que aún no ha sufrido transformación urbanística y que debe ser preservado así, y en especial el que está destinado a actividades agropecuarias. Por el contrario, la Xunta y el PP destacan que la simplificación normativa de la nueva ley facilitará el desarrollo en esos terrenos de actividades económicas compatibles con la preservación de sus valores. En general, el socialista Bugallo considera que la norma no aporta grandes novedades sobre la ya existente sino que es un “hacer que hacemos” por parte de la Xunta, a la que pide que simplifique la redacción de los planes de urbanismo para que no supongan un obstáculo para los municipios.

La norma aún puede cambiar notablemente ya que, tras la actual exposición al público y las correcciones que pueda introducir la Xunta, el texto deberá ser debatido en el Parlamento antes de su aprobación. El Gobierno gallego, en todo caso, prevé que entre en vigor esta legislatura.


* El País - Davis Reinero - 13.10.14
Foto: Galicia, paisaje - flickr



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Piden cárcel para el exalcalde de Agrón por posible prevaricación urbanística

Otro caso más de urbanismo ilegal en la provincia de Granada. La fiscalía pide 3 años de cárcel y 10 de inhabilitación para el exalcalde independiente de Agrón, G.López Romero, por un delito continuado de prevaricación urbanística. Se trata de la concesión de una licencia para construir un edificio, en 2006, sin informes técnicos positivos y sin proyecto visado como es reglamentario. Demasiadas irregularidades que vienen a demostrar la poca importancia que se le concede al Urbanismo desde muchos municipios, donde todo depende de decisiones de los políticos de turno, sabedores, además, de la lentitud y dejadez de la justicia para atajar estas ilegalidades 'de libro'.
"IDEAL* : La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada juzgará el próximo 28 de octubre el exalcalde de Agrón (Granada), Guillermo López Romero (Independientes por Agrón), por presuntamente permitir la construcción de un edificio que contravenía la normativa al respecto a sabiendas de su ilegalidad.

La Fiscalía le atribuye un delito continuado de prevaricación urbanística, por el que le solicita tres años de prisión, diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, y multa de 7.200 euros; o alternativamente un delito de prevaricación urbanística, con dos años de prisión y ocho de inhabilitación; o prevaricación ordinaria, con una pena de ocho años de inhabilitación.

En principio, el procesado iba a ser enjuiciado el 10 de diciembre del año pasado, pero la vista tuvo que ser aplazada 'sine die' al renunciar su abogado a representarlo, lo que llevó a la Audiencia a tener que esperar a una nueva designación de letrado para fijar nueva fecha, que finalmente se ha señalado para casi un año después.

Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, el inculpado, en su condición de alcalde, concedió, en fecha 28 de diciembre de 2006, licencia para la construcción en dos calles del municipio una edificación con tipología de vivienda plurifamiliar (siete viviendas y trasteros), con bajo y dos alturas en una de ellas, y con bajo y tres alturas en la otra vía, a favor de la promotora 'La casona de Agrón'.

Lo hizo, según el fiscal, "sin el preceptivo informe jurídico" sobre la adecuación de la licencia a la legalidad urbanística vigente, contraviniendo así la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), y sin la correspondiente presentación por parte de la promotora del proyecto básico y de ejecución oportunamente visado y firmado por el Colegio Oficial de Arquitectos, "a sabiendas de que con ello contravenía las garantías y normas aplicables".

Además, el Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Diputación de Granada informó de la no adecuación del proyecto de edificación a la legalidad urbanística, recomendando como medida cautelar la paralización de las obras que se estaban ejecutando, en tanto no se adoptaran las medidas correctoras pertinentes destinadas a la restauración de la normativa.

Por ello, el alcalde acordó mediante decreto el 18 de febrero de 2008 la paralización de las obras, "imponiendo verbalmente" al mismo tiempo tanto al secretario del Ayuntamiento como a una auxiliar administrativa la no notificación de esa orden a los interesados.


* Ideal - EP - 28.9.14
Foto: Agrón (Granada)- ideal

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Viviendas ilegales: de la permisividad a la cultura urbanística

España es un país con poca cultura urbanística, a pesar de poseer una enorme herencia desde tiempos antiguos, como fue la romanización y la pertenencia a un modelo clásico occidental. Hasta el año 1956, en plena dictadura, no hubo una Ley de Suelo auténtica, que nació con buenas intenciones pero dejando enormes lagunas, como se vio en el 'desarrollismo' posterior. Actualmente, aunque la situación legislativa ha mejorado, su puesta en práctica sigue dejando mucho que desear. El caso de la reciente burbuja especulativa y la corrupción urbanística lo demuestran claramente. En el apartado de las viviendas ilegales construidas en suelo rústico, la complicidad política, y luego judicial, ha permitido llegar al caos actual, donde muchas miles de viviendas esperan una solución no siempre fácil, por desgracia.
"JOSEFINA CRUZ VILLALÓN* : Que en Andalucía existan centenares de miles de viviendas en suelo no urbanizable (y en España más de un millón) no es producto de una noche de borrachera. Solo puede ser producto de una acción continuada en el tiempo, como resultado de la inexistencia de normas precisas al respecto; o con normas, pero sin voluntad ciudadana ni política de cumplirlas. Solo cuando se ha plantea la necesidad de controlarlas, o derribarlas de acuerdo con la legalidad, se han convertido en un problema social y político.

La cultura urbanística se ha ido construyendo lentamente. Nuestra primera ley urbanística, de 1956, es reconocida por ser un texto de una gran calidad técnica, pero de escasos resultados efectivos. El Urbanismo empieza a ser una prioridad política en los años setenta, coincidiendo con los primeros ayuntamientos democráticos y la fuerte expansión urbana. En esos momentos lo prioritario era dar respuestas al crecimiento de las grandes ciudades; el campo no era un problema urbanístico. Quizás por ello, la legislación estableció tres conceptos y clases de suelos: el Urbano, el Urbanizable y el No Urbanizable, que se mantienen hasta hoy. Se ha advertido con frecuencia que este último recibe una denominación inadecuada, en negativo; pero a mi modo de entender refleja muy bien la idea de que es el espacio ajeno a la ciudad, el espacio ignoto de los mapas antiguos con el territorio que estaba más allá del mundo conocido.

La cultura urbanística empieza a extenderse entonces en los suelos urbanos y urbanizables. Ha habido también mucha indisciplina urbanística, pero hoy todo propietario sabe que si el Plan Urbanístico dice que se pueden construir cuatro plantas, no construye seis (antes se hacía); si el Plan declara que un inmueble está protegido por sus valores arquitectónicos, el propietario sabe que no puede demolerlo (antes se hacía para construir un centro comercial o un bloque de viviendas); los terrenos destinados a la construcción de un parque, se respetan (antes, no siempre).

Sin entrar en detalles, hoy el Plan urbanístico se cumple en los ámbitos urbanos y los Ayuntamientos ejercen el control de las actuaciones y la disciplina urbanística. Mientras tanto el Suelo No Urbanizable es un gran contenedor que no solo es ocupado por el espacio productivo agrario. Es donde se construyen carreteras o aeropuertos (¿dónde si no?) donde se instalan grandes vertederos de basura o cementerios de vehículos (¿dónde si no?), se abren canteras (¿dónde si no?), … y se construyen viviendas (por qué no?).

Viviendas en suelo no urbanizable ha habido antes de que la legislación urbanística existiera. La mayoría son viviendas vinculadas a la explotación agropecuaria y ninguna legislación urbanística establece prohibición alguna a su existencia, ni a la de los edificios anexos: casas de aperos de labranza, establos y naves para el ganado, bodegas, cortijos, pabellones de caza y un largo etcétera. Aquí no está el problema, salvo que se haya solicitado autorización para ampliar la caseta de los aperos de labranza y el resultado sea la construcción de un chalet con piscina. El problema se genera con la proliferación de viviendas no vinculadas a la agricultura.

El coste politico

La proliferación de vivienda “en el campo”, y en términos jurídicos en suelo no urbanizable, está vinculada a diversos factores: La disminución de la actividad agraria, la mejora del nivel de vida, el incremento del parque de automóviles y de la movilidad, la demanda de segunda residencia para españoles o de primera residencia para extranjeros, son factores que se concatenan para provocar tal ocupación del territorio. Pero ¿por qué ilegales? ¿Por qué en suelos no urbanizables? Por tres razones muy simples: porque son más baratas, por la permisividad de las Administraciones y porque no existe una concienciación ciudadana que repruebe esos comportamientos.

Con frecuencia, la Administración que ha de vigilar el cumplimiento de la legalidad urbanística no ha ejercido su responsabilidad, bien porque no ha sido capaz de ejercer la disciplina urbanística en todos los rincones de su término municipal, bien porque ha sido permisiva ante el coste político que suponía le podría acarrear frenar tales actuaciones, e incluso se ha visto como una diversificación de la actividad económica en sus pueblos, con las nuevas construcciones y el incremento de residentes.

En los suelos que se ocupan legalmente, la construcción de viviendas viene precedida de la urbanización de esos suelos a los que se les dota de alcantarillado, abastecimiento de agua, luz y telefonía, pavimentación y acerado de las calles, y las administraciones reciben una parte de esos suelos para la construcción de viviendas protegidas y para los equipamientos que el nuevo sector urbano requiere (colegios, centros de salud, parques y jardines, …). Finalmente, todos estos costes de urbanización son repercutidos en el precio de la vivienda; pero ninguno de ellos es asumido por el comprador de una parcela en suelo no urbanizable, de ahí que su coste sea bastante inferior. Los adquirientes de estas viviendas, una vez asentados, reclaman los mismos servicios y acceso a dotaciones públicas y se organizan para que se legalice su vivienda, algunas adquiridas de buena fe y otras no tanto. El tiempo transcurrido desde su construcción y la inactividad de los poderes públicos son argumentos que juegan a su favor.

Mientras el número de estas viviendas ilegales se va incrementando hasta cifras inasumibles y se pone de manifiesto la insostenibilidad de ese “modelo” de ocupación del territorio por el consumo excesivo y desordenado de los recursos naturales, el deterioro ambiental y paisajístico, y el deficiente funcionamiento de infraestructuras y dotaciones, una nueva cultura del territorio reclama una actuación más firme y eficaz que es recogida por algunas leyes urbanísticas autonómicas, entre ellas la andaluza, y la Ley del Suelo estatal de 2008. Se identifican sus valores naturales, culturales y patrimoniales y se prohíbe la ocupación residencial de esos suelos.

De igual modo, el Código Penal de 1995 tipifica por vez primera el delito contra la Ordenación del Territorio como un delito penal. Las Administraciones empiezan a actuar de forma algo más decidida (algunas más convencidas que otras), ya no se conceden tan irresponsablemente licencias de construcción, las empresas abastecedoras de servicios públicos (agua y luz, sobre todo) conocen también su responsabilidad si prestan tales servicios a viviendas no legales, notarios y registradores se cuidarán de inscribir estas propiedades; en fin, los Tribunales de Justicia intervienen, se dictan sentencias de demolición, y hasta se demuelen alguna viviendas.

Una caótica situación heredada del pasado

Pero para entonces ya tenemos sobre el territorio esas cientos de miles/ese más del millón de viviendas en suelos no urbanizables. Con situaciones administrativas, territoriales y de legalidad muy diversas. Las hay legales, donde el delito ha prescrito, con licenciadas impugnadas o no, con sentencia de demolición, en suelos inundables, en suelos protegidos, aisladas junto a otras decenas (o centenares) de viviendas aisladas, formando parte de parcelaciones ilegales, … Y todas reclamando “sus derechos”, además con mayor insistencia en la medida que han pasado a ser primeras residencias.

Las Administraciones han de hacer frente entonces a la resolución de una caótica situación heredada del pasado y de la que en parte es responsable, por su propia ineficacia o inactividad. Las Comunidades Autónomas de una u otra manera han ido adoptando medidas, como ha sido el caso de Andalucía con el Decreto aprobado a principios de 2012 o con las medidas que ahora ha anunciado la Presidenta, sin que aún se conozcan los detalles técnicos de la solución propuesta, y que ha suscitado aplausos, críticas, declaraciones ambiguas, expectativas infundadas y bastante demagogia.

Por ello, junto a la voluntad de querer dar solución a parte del problema, porque debe quedar claro que no todas las viviendas construidas en suelo no urbanizable son legalizables, no solo son importantes los instrumentos técnicos y los procedimientos de legalización o regularización, sino es mucho más importante la actitud política con la que se aborde.

En relación a los primeros, las medidas que se hayan de tomar para legalizar o reconocer de facto la existencia de estas viviendas no deben implicar cambios legislativos que supongan una desprotección frente a previsibles actuaciones futuras; no se puede modificar la Ley urbanística para dar solución a una situación heredada del pasado, porque se están incorporando marcos de actuación futuros.

Por otra parte, la legalización o reconocimiento de estas viviendas debe ir acompañado de la contribución de sus propietarios a la creación o ampliación de las infraestructuras y equipamientos públicos necesarios: De no ser así, será el conjunto de la sociedad la que soportará su coste. En este punto es donde hay mucha ambigüedad y bastante demagogia; y ejemplos no nos faltan de procesos de regularización anteriores, en los que los posibles beneficiarios se han negado a realizar tales contribuciones.

Pero más importante aún es la actitud política con lo que se debe afrontar este problema. Obviamente en la prohibición de construir viviendas en suelo no urbanizable hay una posición política de una determinada forma de hacer las cosas, hay un modelo de ocupación del territorio, hay una opción clara por la “utilización racional y sostenible de los recursos naturales” y “de la subordinación de los usos del suelo … al interés general” (art. 3º de la LOUA). Y en ese sentido, las Administraciones responsables tienen que controlar eficazmente posibles intentos de sortear la norma. La legislación tiene instrumentos más que suficiente para abordarlos; la única condición es que haya voluntad política de hacerlo. Y al mismo tiempo hay que avanzar en la concienciación ciudadana de que este modo de proceder es contrario al interés general, pues mientras la ciudadanía no repruebe estos comportamientos, todo será inútil y seguirán poniéndose puertas en el campo.

* Josefina Cruz Villalón. Catedrática de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla. Ha sido Consejera de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía.

* El Diario - 2.10.14
Foto: Axarquía (Málaga), casas diseminadas ilegales - sur.es



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El juez procesa al alcalde de Montroi y 18 personas por los chalés ilegales

Nuevo caso de corrupción urbanística, esta vez en la localidad valenciana de Montroi donde han sido procesadas 19 personas: el alcalde de Montroi; el ex primer edil; cinco promotores y constructores; un delinenante; un abogado, dos notarios; un oficial de notario; un registrador de la propiedad; un arquitecto; dos arquitectos técnicos; un ingeniero técnico; y dos intérpretes. La causa son las obras de construcción de un total de 114 viviendas unifamiliares, de las que 62 se encuentran ubicadas en la urbanización de Las Palomas, por contravención de las disposiciones reguladoras de la Ordenación del Territorio. Con esta urbanización ilegal se pretendía estafar a ciudadanos, la mayoría extranjeros. Es decir, una auténtica trama de corrupción mafiosa encabezada por el propio alcalde, lo que demuestra la gravedad del asunto y el poco control, también, de la Generalitat valenciana.
"ELPAÍS* : El juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Picassent ha procesado al alcalde de Montroi, Antonio Polo, del PSPV, al exalcalde Francisco Javier Carrión, y a otras 17 personas más acusadas de la construcción y venta de chalés en suelo no urbanizable, mayoritariamente a extranjeros. En lugar de un campo de golf o de un lago, tal y como se prometía, algunas viviendas se edificaron sobre viales o caminos agrícolas y no disponían ni de luz ni agua potable.

Así consta en un auto de incoación de palo, con fecha 29 de septiembre, en el que el juez da por concluidas las diligencias de investigación y abre un procedimiento abreviado. Da un plazo de 20 días a las acusaciones para solicitar la apertura de juicio o el sobreseimiento de la causa.

En total, en la causa hay 19 procesados: el alcalde de Montroi; el ex primer edil; cinco promotores y constructores; un delinenante; un abogado, dos notarios; un oficial de notario; un registrador de la propiedad; un arquitecto; dos arquitectos técnicos; un ingeniero técnico; y dos intérpretes. Inicialmente también estaba imputado otro promotor sobre el que se le ha sobreseido el procedimiento al haber fallecido.

El juez estima que los hechos investigados; sobre los que hay cerca de 200 víctimas, pueden ser constitutivos de delitos contra la ordenación del territorio; de cohecho; de prevaricación; de omisión del deber de promover la persecución de delitos; de deslealtad profesional; de estafa; de falsedad de documento público; de falsificación de certificación; y de intrusismo.

La investigación de la causa se ha centrado en la construcción de viviendas unifamiliares aisladas y en suelo no urbanizable o rústico en las partidas de Las Palomas; Pla Galán; Los Corrales; L'Hospitalet; y Les Valletes. Las viviendas carecían de autorización y estaban ejecutadas al margen de los procedimientos legalmente establecidos.

En concreto, de las diligencias practicadas se ha constatado la existencias de indicios razonables de delito en la ejecución de las obras de construcción de un total de 114 viviendas unifamiliares, de las que 62 se encuentran ubicadas en la urbanización de Las Palomas, por contravención de las disposiciones reguladoras de la ordenación del territorio.

A los ciudadanos, mayoritariamente extranjeros, se les vendía la propiedad exclusiva de una parcela, perfectamente identificada y aparentemente independiente y delimitada por cuatro puntos cardinales, cuya concreta ubicación se mostraba según un plano particular de la urbanización ya terminada y completamente parcelada.

Para la construcción de las viviendas se exhibían unos modelos de edificación estandarizados. Se presentaban las villas con las dotaciones y servicios públicos esenciales, valiéndose además de un centro comercial, una comisaria de policía y un hotel que ni siquiera consta que se hubieran proyectado.

Sin embargo, en realidad, las fincas rústicas de las que derivan las parcelas eran indivisibles y no habrían sido objeto de procedimiento previo alguno, pues seguirían formando parte de la finca registral. Carecían de la preceptiva licencia de parcelación o de la declaración de innecesariedad municipal.

Como consecuencia, ni todos los perjudicados tienen vivienda, ni todos los que la tienen lograron que la misma se correspondiese con la que aparecía documentada en el contrato privado; ni que en el caso de que se llegara a escriturar éste, los derechos derivados de la adquisición tampoco se corresponderían con lo contratado, y ello a pesar de las importantes cantidades desembolsadas.


* El País - 123.10.14
Foto:  Montroi (Valencia), urbanización Els Mallars - levante



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Barcelona.- Los vecinos del Paral.lel paran las obras contra la reurbanización

Fuera de los grandes titulares que estos días llenan páginas sobre la consulta catalana, la realidad cotidiana es muy diferente en una ciudad como Barcelona, donde casi a diario hay protestas y manifestaciones contra el urbanismo desnortado del gobierno municipal de X.Trías (CiU). Así está ocurriendo con los vecinos del Paral.lel, los de Ciutat Vella, los de la Sagrada Família y hace poco los del Born. En el primero de los casos la protesta es contra las obras de reordenación de la avenida que une el puerto con la plaza de Espanya, que parece más pensada para atraer a turistas de cruceros que para las auténticas necesidades del barrio. Tengan más o menos razón, la realidad es que los ciudadanos tienen cada vez más voz activa en los procesos urbanos, lo cual es signo evidente de madurez.
"ELPAÍS* : No hay fin de semana sin protesta de los vecinos de algún barrio de Barcelona. Si hace tres semanas fueron los del Born los que bajaron a la calle a merendar para reivindicar el uso del espacio público; y la semana pasada fueron los de la Barceloneta quienes recorrieron el centro de la ciudad contra los efectos del turismo masivo, hoy han salido a la calle los vecinos del Paral.lel, los de Ciutat Vella y los de la Sagrada Família.

En la avenida del Paral.lel, unas sesenta personas han detenido por la mañana las obras de reordenación de la avenida que une el puerto con la plaza de Espanya. Han precintado simbólicamente la maquinaria y han logrado detener los trabajos durante unas dos horas. La acción, a la que los trabajadores de las obras asistieran asistido atónitos, llega después de tres tardes parando el tráfico de la avenida. Los vecinos de la plataforma Som Paral.lel rechazan un plan de ensanchamiento de aceras e instalación de farolas presupuestadas en 2,8 millones de euros (a 6.500 la farola) que están convencidos de que está pensado para atraer turistas, sobre todo cruceristas. La millonaria inversión en iluminación explica que la mayor pancarta de ayer afirmara desafiante: “Farolas más altas han caído”.

Marc Serra, de la plataforma SomParal.lel explica que la zona teme un desembarco de terrazas, hoteles y tiendas que puede poner en riesgo el actual comercio tradicional y encarecer el mercado inmobiliario. La plataforma ha roto las negociaciones con el Ayuntamiento y mantiene que no volverá a sentarse hasta que la moratoria de apertura de terrazas del Poble-sec comprenda también la avenida del Paral.lel y se haga un estudio sobre el impacto que cualquier cambio puede tener sobre el actual tejido socioeconómico del barrio.

Mientras, a mediodía ha comenzado en el Casc Antic una comida popular de los vecinos que se oponen a que el antiguo Economato, en el Rec Comptal, se convierta en un hotel en un distrito, Ciutat Vella, que concentra la mayoría de establecimientos de la ciudad. Y por la tarde está prevista otra protesta en la Sagrada Família de la plataforma Recuperem el Niza, que además de clamar contra los efectos de los turistas en el entorno de la basílica, rechazan que el antiguo cine se convierta en un supermercado Mercadona.


* El País - CLARA BLANCHAR - 18.10.14
Foto: Protesta de los vecinos contra las obras del Paral.lel. / CONSUELO BAUTISTA

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El Estado ha tenido que rescatar a una de cada tres autopistas de peaje desde 1967

Los datos son terribles y demuestran una doble vertiente en las autopistas de peaje construidas en casi medio siglo. Por un lado la incapacidad del Estado en la planificación y puesta en marcha de unas infraestucturas muchas veces de dudosa utilidad pública; y por otro, que la iniciativa privada de las empresas adjudicatarias no ha estado a la altura de las circunstancias, limitándose en bastantes ocasiones a aprovecharse políticamente de ilegales concesiones para su lanzamiento particular a nivel especulativo. En 47 años se han adjudicado a empresas privadas 38 concesiones con 6.277 kilómetros; 14 de ellas, con 1.304 kilómetros, se arruinaron y fueron nacionalizadas. Esto significa, ahora mismo, un nuevo rescate estatal de 3.400 millones que volveremos a pagar los ciudadanos, como siempre.
"ELDIARIO* : El Gobierno ha utilizado una vía atípica para presentar ante el contribuyente español la operación de la nacionalización de nueve autopistas radiales de peaje que están en quiebra casi desde el momento de su inauguración hace más de una década. Su rescate, por un pasivo de 3.400 millones, se negocia con las concesionarias arruinadas y con la banca acreedora desde hace dos años.

El Ministerio de Fomento presentó el viernes, minutos antes del cierre del Juzgado Mercantil número 6 de Madrid, una propuesta de convenio de acreedores para las ruinosas radiales R-3 y R-5 de los accesos a la capital. En su comunicación, el departamento que dirige Ana Pastor reconoce que tiene previsto agrupar en el mismo paquete a otras siete infraestructuras de alta capacidad en quiebra (las radiales 2 y 4 de Madrid, la M-12 Eje Aeropuerto de Barajas, la AP-41 de Madrid a Toledo, la AP-36, la circunvalación de Alicante y la Cartagena-Vera), que entre todas suman un riesgo para las arcas públicas de 3.400 millones de euros. Para digerir tal atracón de deuda, plantea refinanciarla con una quita del 50% y convertir el resto en un bono a 30 años para que al final del proceso la rentabilidad de estos títulos pueda rozar el 2%.

Modelo dudoso

Más allá de la atípica vía por la que se materializa una multimillonaria nacionalización de activos y empresas ruinosas y de las promesas de la titular de Fomento de que “la operación no costará un euro al erario público”, la oficialización del proyecto del nuevo ‘banco malo’ de las radiales supone un nuevo reconocimiento de la incapacidad del sector privado para construir y gestionar grandes infraestructuras de manera rentable, al menos en España.

Al final, es la red protectora del dinero público la que tiene que hacerse cargo de los platos rotos. Ocurre ahora, pero ya se vivió la misma situación cuando en 1984 el Gobierno salió al rescate de seis autopistas de peaje en quiebra: las del Atlántico, Ruta de la Plata, la Costa da Morte, Val Miñor, Navarra, y Central Gallega. El 'banco malo' que se creó entonces fue bautizado como Empresa Nacional de Autopistas (ENA).

Teniendo en cuenta que la primera autopista de peaje se construyó en España entre Barcelona y Montmeló en 1967 y sumando los dos procesos de nacionalización, el de hace 30 años y el que se implementa hoy, el resultado del modelo se antoja dudoso. En medio siglo se han adjudicado a empresas privadas 38 concesiones para la construcción y gestión de 6.277 kilómetros de este tipo de infraestructuras de alta capacidad. Con el tiempo, 14 de ellas, con sus 1.304 kilómetros, se arruinaron y fueron nacionalizadas. Traduciendo a porcentajes estas cifras, resulta que el 37% de las concesiones otorgadas y el 21% de los kilómetros han quebrado y han sido rescatados.

Nacionalización trabajada

No puede decirse que esta nueva tanda de nacionalizaciones haya sido una operación improvisada por el Gobierno, que durante meses ha estado preparando la operación con diversas iniciativas. Su plan para crear el ‘banco malo’ precisa unificar en un solo proceso y juzgado todos los concursos de acreedores en que están inmersas las nueve radiales quebradas. Con este objetivo, Fomento utilizará la última reforma de la Ley Concursal, aprobada el 5 de septiembre.

Por otra parte, y también durante el mes de septiembre, Fomento ha recibido un crédito extraordinario de Hacienda por 540 millones, de los que 531 se dedicarán a pagar los atrasos que el Gobierno ha reconocido que adeuda a las concesionarias quebradas.

El departamento de Pastor tiene adelantado un pacto con una quita del 50% de la deuda con la banca nacional, pero todavía tiene flecos pendientes con los acreedores internacionales.

En el frente comunitario, el Gobierno sabe que la nueva Comisión encabezada por Jean-Claude Juncker es más favorable a otorgar sus bendiciones a la operación de esta nueva ‘Sareb’ que su antecesor.


* El Diario - Antonio Ruiz del Árbol - 18.10.14
Foto: La autopista AP-36 Ocaña-La Roda, una de las que están en quiebra y que rescatará el Gobierno.- eldiario

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El Tribunal Supremo no da vía libre a Marinas de Aguamarga

De nuevo estamos ante la judicialización lamentable del Urbanismo, algo que no está haciendo ningún bien a la Ordenación del Territorio y que tiene más que ver con la politización y falta de recursos de una justicia lenta y partidista. El Supremo ha vuelto a dar un tirón de orejas al Tribunal Superior de Andalucía a cuenta de la urbanización prevista en Aguamarga (Almería). Es inconcebible que, al igual que ocurre con el famoso hotel de 'El Algarrobico', los criterios para las sentencias del Tribunal andaluz sean tan erróneos, denotando una falta de capacidad técnica de sus miembros para juzgar correctamente el Urbanismo. Ahora el Supremo exige una nueva sentencia, teniendo en cuenta una serie de factores pasados por alto anteriormente. Vergonzoso.
"ELALMERÍA* : El Tribunal Supremo (TS) ha anulado la sentencia por la que se revocó la protección ambiental dada por la Junta de Andalucía al paraje del parque natural de Cabo de Gata-Níjar donde se proyecta la urbanización Marinas de Aguamarga y que daba vía libre al proyecto, con 350 viviendas y un hotel de 300 habitaciones.

El Tribunal Supremo ordena al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que dicte una nueva sentencia teniendo en cuenta dos sentencias previas del Alto Tribunal sobre el mismo tema y la clasificación del suelo como "no urbanizable" en la normativa urbanística municipal de Níjar de 1996 y sometiendo a la consideración de las partes inmersas en el proceso estos motivos.

El TSJA sentenció en 2012, estimando parcialmente la demanda de la promotora, que el cambio de calificación del sector conocido como SAU AA-5 que hizo la Junta, que lo pasó de área urbanizable sin interés ambiental específico -D2- a área natural de interés general y marcado carácter forestal, fue "arbitraria" y carente de "razones" y, por tanto, anulaba esa parte del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata aprobado en 2008.

El Alto Tribunal declara, de este modo, que ha lugar a los recursos de casación que interpusieron la asociación conservacionista Plataforma en Defensa de Aguamarga y la Junta de Andalucía, que alegaron que la sentencia del TSJA no había tenido tiene en cuenta "como hecho probado" estas sentencias previas donde se declaraba que la zona debía ser espacio protegido no urbanizable por su valor medioambiental y paisajístico.

En la sentencia, hecha pública este viernes y dada a conocer ayer por Europa Press, el Supremo expone que el planteamiento efectuado por el TSJA "no se corresponde" con la realidad normativa expuesta "dado que no se ha tenido en cuenta la revisión de las Normas Subsidiarias (NNSS)" que el Ayuntamiento de Níjar aprobó en 1.996 y las "dos sentencias de diciembre de 2007" del propio Tribunal Supremo que anulan sendos fallos del Alto Tribunal andaluz donde se declaraban los terrenos urbanizables.

La resolución de la que es ponente el magistrado Mariano de Oro Pulido y López reprocha que esta situación, de la que se desprende que el suelo no era urbanizable, "no era desconocida ni para la Junta de Andalucía, que fue parte en este proceso, ni para la mercantil recurrente ya que consta que formuló reclamación patrimonial tomando como base las citadas sentencias".

El magistrado remarca, en esta línea también, que "tampoco debió serlo para la sala de lo contenciosos-administrativo del TSJA" al haber sido "anuladas", según subraya, las sentencias por ella dictadas por las "tan reiteradas resoluciones de este tribunal de 13 y 13 de diciembre de 2007".

Tras argumentar esto, concluye el Supremo que el TSJA debió, atendiendo a la naturaleza de norma de carácter general de la revisión de la NNSS de Níjar de 1996, someter a la consideración de las partes, antes de dictar la sentencia, la incidencia "tanto de dicha normativa municipal como de las sentencias del TS", y acuerdo anular el fallo.

Del mismo modo, en la sentencia dictada el juez ordena, sin imponer costas a ninguna de las partes, la retroacción de las actuaciones para el dictado de una nueva resolución.

La sentencia ahora anulada criticaba el expediente administrativo elaborado por la Consejería andaluza de Medio Ambiente al estimar que no contenía ni la más mínima justificación del cambio de calificación" del suelo sobre el que se proyectaba la macrourbanización y estimaba que era "exigible" una explicación de cómo se determinó que la zona cumplía los requisitos para ser calificada como zona B1 si en la normativa municipal eran urbanizables, en alusión a las que estaban en vigor antes de la modificación aprobada por el Ayuntamiento en 1996.

Señalaba que en el PORN no constaban las razones por las que la Junta determinaba que las 48 hectáreas de finca donde se preveía el desarrollo del complejo turístico sí afecta a hábitats naturales ni tampoco las especies naturales que motivaron la inclusión de este espacio en la Red Natura 2000 "ya que carecían de interés ambiental específico cuando fueron considerados suelo urbanizable en la normativa de 1994 y en 2005, cuando fue redactado el proyecto de PORN actual", según recordaba.


* El Almería - 11.10.14
Foto: Aguamarga - Níjar (Almería) - teleprensa.net



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La mayor obra del Gobierno en Sevilla es una autovía que acaba en el río

Los disparates urbanísticos continúan apareciendo por toda la geografía del país, a medida que se va informando sobre ellos. Así en Sevilla la mayor inversión del Gobierno central es una autovía en la parte sur de la ciudad que lleva a ninguna parte, ya que se termina al llegar al río, sin que de momento se sepa cuándo se concluirá y, en cualquier caso, demuestra otro despilfarro delictivo del ministerio de Fomento. Pero como los escándalos se imitan, la Junta de Andalucía también mantiene paralizada y sin uso la plataforma ferroviaria Sevilla-Antequera, otro despilfarro más del que nadie parece ser culpable. Porque lo grave de estas actuaciones sin sentido es que, al final, serán pagadas por todos los ciudadanos y la justicia, como siempre, no llevará al banquillo de los acusados a sus responsables políticos.
"ELPAÍS* : Tiempo de elecciones, tiempo de inversiones. La proximidad de los comicios municipales ha reavivado proyectos de infraestructuras larvados por la crisis. Sin embargo, la prioridad en las obras retomadas tanto por la Junta de Andalucía como por el Gobierno central no cuenta con el consenso de todos. La mayor parte de la inversión más significativa en la capital andaluza, de 37,6 millones, va destinada a una carretera sin salida que acaba en el río. Cuatro carriles a ninguna parte.

La Junta también mantiene paralizada y sin uso la plataforma ferroviaria Sevilla-Antequera, en la que se han gastado 280 millones de euros mientras el PP reclama inversiones en los transportes colectivos.

Ambos Gobiernos prevén un esfuerzo en el gasto. La inversión de los Presupuesto Generales del Estado en infraestructuras para Andalucía el próximo año es de 1.310 millones de euros, 268,5 por encima del gasto del año anterior (un 25,8% más). La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, anunció en el Parlamento que las inversiones en obra pública subirán en 90 millones de euros durante 2015, un 17% más.

En la provincia de Sevilla, la inversión más significativa del Gobierno central es sobre el proyecto de SE-40, una segunda ronda de circunvalación que se lleva 37,6 millones de euros (casi el doble que en 2014). De esta cantidad, la partida más alta se corresponde con los 24,2 millones para unir la localidad de Espartinas con la orilla del río. Nada más. Estos dos tramos, que suman 13,4 kilómetros, acaban en un callejón sin salida o, en el mejor de los casos, en una conexión con una carretera interior que vuelve a unir Coria con la SE-30. Es decir, algo más de una docena kilómetros que vuelven a la ronda a la que ya se accede en menos tiempo y con mayor seguridad continuando por la A-49 (Huelva-Sevilla). El tramo entre Alcalá de Guadaíra y Dos Hermanas, de 8,1 kilómetros, recibirá 4.112.000 euros.

La razón del callejón sin salida de la inversión presupuestada es que atravesar el río para unir la A-49 con la Nacional IV sin pasar por la SE-30 supone una inversión de 674.166.000 euros en los túneles previstos. Sin embargo, este proyecto de paso subterráneo cuenta para este año con solo ocho millones de euros.

Otras grandes vías andaluzas suman 277 millones de euros. La mayor parte son para la finalización del nuevo puente de Cádiz (59 millones), la A-7 (135 millones) y la A-32 entre Úbeda y Torreperogil (45 millones). El desdoble la N-IV entre Dos Hermanas y Los Palacios cuenta con una partida de 43 millones para la bonificación del peaje para desviar el tráfico pesado.

Frente a estas partidas, la inversión en transporte colectivo se reduce a cantidades insignificantes, como los menos de 200.000 euros para la red de cercanías en la capital y el olvido del plan para conectar la vía que pasa por la Cartuja con el metro a la altura de Blas Infante.

Esta misma crítica hacia la planificación estatal coincide con la del PP en relación con las cuentas autonómicas. En este sentido, esta formación pedirá en el Parlamento la finalización de las redes de transporte metropolitanas, como la de Sevilla.

Según esta formación, la ausencia de esta infraestructura desarticula social y económicamente el entorno de las capitales y contribuye al aumento del consumo de combustible y la contaminación.

No disponer de una red tranviaria de más de 42 kilómetros implica, según los populares, una pérdida de inversión que supera los 440 millones de euros y de puestos de trabajo, además de un perjuicio que, solo en el caso de Sevilla, afecta a 354.000 ciudadanos. Según sus cálculos, una red completa en el área metropolitana de la capital andaluza permitiría transportar a 13.800.000 viajeros al año y aportaría 4.500.000 de usuarios al año a la única línea existente.

También se aferra el PP en sus críticas a la construcción del eje ferroviario transversal entre Sevilla y Antequera, que iba a generar una inversión de 1.300 millones y, por el contrario, ha supuesto un gasto de 280 millones de euros para una plataforma paralizada y sin posibilidad de uso.

La Junta de Andalucía defiende que las obras reanudadas por la Consejería de Fomento y Vivienda en 2014 y las que reactivará en 2015 suponen la ejecución de una inversión total de 159,3 millones de euros que permite la puesta en servicio de 50 kilómetros de autovías y vías de gran capacidad, y de otros 126 kilómetros de la red convencional (un total de más 176 kilómetros de nueva infraestructura viaria), consolidando así la red viaria autonómica, que ya suma 10.800 kilómetros.

Entre las inversiones previstas, por la Junta destacan las autovías del Almanzora entre Baza y la autovía del Mediterráneo; del Olivar, entre Úbeda y Estepa; el metro de Granada y el tranvía de la bahía de Cádiz.


* El País - RAÚL LIMÓN / ÁNGELES LUCAS - 13.10.14
Foto: Final del tramo de la SE-40 previsto para los próximos presupuestos. / P. PUENTES

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