Valencia.- El juez procesa a tres consejeros de Camps en el ‘caso Gürtel’

Las ramificaciones del caso de corrupción urbanística 'Gurtel' son enormes. La Comunidad valenciana, con Zaplana y Camps de presidentes, es uno de los focos más importantes del país, junto al de Madrid. Ahora son procesados tres consejeros más de Camps, con lo que la cuenta de altos cargos de la Generalitat se sigue disparando. Como siempre, son acusados de delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental. No obstante hay algunos nombres importantes que han quedado fuera de esta operación corrupta, con lo que parece que la justicia, de nuevo, ha actuado con demasiada benevolencia.
"ELPAÍS* : El juez del Tribunal Superior de Justicia valenciano J.Ceres ha procesado a tres consejeros de la etapa del expresidente de la Generalitat Francisco Camps y a otros 18 cargos de su Administración como presuntos autores de cuatro delitos que habrían cometido al adjudicar a dedo decenas de contratos a la trama Gürtel. El magistrado ha dejado también a un paso del banquillo de los acusados a la plana mayor de la red: Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, El Bigotes, y a tres de sus subordinados.

Aunque la pieza separada de la causa que Ceres ha concluido este jueves es conocida como la de los contratos menores de la Generalitat, las empresas del grupo de Correa captaron con estas adjudicaciones más de 760.000 euros.

Los exconsejeros procesados son Alicia de Miguel, que fue titular de Bienestar Social; Manuel Cervera, exresponsable de Sanidad y exdiputado en el Congreso por Castellón, y Luis Rosado, que le sucedió al frente de la Consejería de Sanidad. A ellos y al resto de acusados el instructor les atribuye los supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

El juez narra en un auto de 263 páginas la extraordinaria acogida que El Bigotes recibió prácticamente en todos los departamentos y entes dependientes de la Administración valenciana durante la presidencia de Camps y hasta que el exjuez Baltasar Garzón desmanteló la trama en el año 2009.

“La irregular y plural contratación administrativa” se extendió por nueve consejerías, dos agencias, una fundación y cinco sociedades públicas. En todas ellas se produjeron “una gran cantidad de contrataciones con vulneración de los principios de publicidad y libre concurrencia”, con el objetivo aparente de “beneficiar” al entramado empresarial de Correa.

El magistrado recalca la sospechosa coincidencia de que las adjudicaciones presenten “un similar modus operandi pese a tratarse de muy diversas contrataciones y muy diversos órganos de contratación”. Como si en ellas hubiera existido “cierta influencia política”. El juez señala que en aquella época Orange Market, la empresa de la red que dirigía Álvaro Pérez, “organizaba los actos del Partido Popular en la Comunidad Valenciana”. Y que, según declaró un antiguo empleado de esa sociedad, aquella circunstancia les “favoreció para las adjudicaciones”.

Para eliminar la competencia, el Gobierno valenciano y la red utilizaron, según el juez, un amplio repertorio de corruptelas. La primera vía para asegurar el resultado consistió en emplear “procedimientos negociados de contratación sin publicidad”, en los que bastaba con invitar a tres empresas. Una era “siempre” Orange Market; y las otras dos, empresas del mismo grupo de Correa. “No se encuentra explicación razonable de la causa de realizar invitaciones a sociedades del grupo radicadas en Madrid, que nunca habían trabajado en el respectivo órgano de contratación. Ni que ningún empleado público sepa explicar por qué se seleccionaron para ser invitadas, o quién era su interlocutor y a las que nadie conoce”.

“En muchas otras ocasiones”, prosigue el juez, el procedimiento fue incluso menos sofisticado. La Generalitat recurrió a “la técnica del fraccionamiento de la contratación”. Si un mismo acto era dividido en adjudicaciones inferiores a los 12.020,24 euros, podía concederse directamente.

De ese modo, para la organización del Congreso de Software Libre de 2005 en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, por ejemplo, El Bigotes cobró exactamente 12.020,20 euros por el “alquiler, transporte y montaje del mobiliario” en general. Y otros 12.020,20 euros por el “alquiler, transporte y montaje” solo de la moqueta.

“La confianza en la adjudicación era tal” que los empleados de Correa solían empezar los trabajos antes del inicio del procedimiento para adjudicarlos. Los pliegos administrativos en ocasiones “se diseñaban a posteriori, en función de las ofertas” que había presentado El Bigotes. Y otras veces los cargos procesados sugerían a los miembros de la red “cambiar conceptos esenciales de las facturas”, con la presunta finalidad “de obstaculizar la detección de irregularidades”. El juez exculpó al alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, al considerar que los contratos fraccionados que firmó le vinieron dados. Pero no así a sus dos antiguos jefes en la Consejería de Sanidad, Cervera y Rosado.

Los contratos que Sanidad concedió a la trama, con motivo de la organización de los Premios Salud y Sociedad, fueron divididos no solo entre diferentes empresas de la red, sino entre distintos departamentos de la consejería. Todas esas contrataciones son presuntamente “pluralmente irregulares, coordinadas y dirigidas por alguien superior a las respectivas direcciones generales que aparecen formalmente como órganos de contratación”. Los “técnicos cualificados a nivel de contratación” interrogados por el magistrado respondieron que esa “superior coordinación de las facturas y su pago se residencian primordialmente en el consejero [Cervera] y el secretario autonómico”, por entonces Rosado.

Varios testigos y algún imputado (incluido Bataller) declararon que Cervera se reunió con personal de Orange Market, y que la dispersión de las facturas partió del gabinete del consejero. El exjefe de gabinete y su antigua jefa de prensa señalaron, a su vez, “que actuaron cumpliendo las indicaciones” que les dio Cervera.

También ha sido capital para el procesamiento de Alicia de Miguel la declaración de su exjefe de gabinete. Éste “reiteradamente manifestó que fue la señora consejera quien organizó los actos, eligió a la empresa [Orange Market] y que incluso ella fue quien personalmente le presentó a Álvaro Pérez como la persona que se iba a encargar de organizar los actos de la consejería investigados”.

De Miguel, que fue miembro del Consell entre los años 2000 y 2007, tenía delegadas las competencias de contratación y, según su jefe de gabinete, le gustaba controlar todos los detalles: “La decisión sobre qué empresa hacía el acto siempre la tomaba la consejera. Daba cerrado el acto y la empresa”. En similar sebtido declararon otros subalternos de la consejera, que negaron tener “animadversión” hacia De Miguel.


* El País - IGNACIO ZAFRA - 24.7.14
Foto: Manuel Cervera, uno de los exconsejeros ahora procesados, con Rita Barberá y Francisco Camps en 2011. / CARLES FRANCESC

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Barcelona.- A 10 años del Forum de las Culturas. El Parc del Fòrum: una plaza sin gente para gente sin plaza

La Barcelona que llevó adelante proyectos como las Olimpiadas del 92 quedó atrás y desde entonces, gracias a unos alcaldes especuladores, contagiados del espíritu faraónico madrileño o valenciano, el urbanismo dio un giro espectacular a peor, con operaciones tan fraudulentas como la del Fórum de las Culturas. Se remodeló toda una gran zona con edificios absurdos y espacios públicos vacíos y sin vida. Plazas gigantescas, fuera de escala y de sentido, algo de diseño inútil y, detrás, una enorme operación especulativa con nombres y apellidos de las empresas que se repartieron el pastel y los políticos que lo hicieron posible (P.Maragall y J.Clos entre otros).
"DIAGONAL* : ¿Quién crea una plaza?, ¿los arquitectos y diseñadores en sus gabinetes y despachos?, o ¿la gente, transitándola y habitándola, en definitiva, viviéndola? Para encontrar una respuesta a tal pregunta, decidimos hacer un pequeño experimento y pasar una calorosa tarde de julio deambulando por la plaza más grande de Catalunya, del Estado español y de Europa, y la segunda en dimensiones a nivel mundial justo detrás de la de Tiananmen, en Pekín. ¿Cuál es esa plaza?, os preguntaréis. Pues ni más ni menos que una con 16 hectáreas de extensión, la del Parc del Fòrum, en Barcelona. Sin embargo, para entender el por qué de las dimensiones y la situación actual de esta plaza hay que remontarse, no solo a su más inmediato origen, sino también a la forma de entender la ciudad que tuvieron sus creadores.

Aunque se suele señalar a los Juegos Olímpicos, celebrados en Barcelona en 1992, como el punto de inflexión más importante en la transformación urbana que ha venido sufriendo Barcelona, la verdad es que habría que remontarse a años antes, incluso décadas, si quisiéramos poner fecha y hora al inicio real de dicho proceso. Ya durante el controvertido periodo de gobierno de Josep Maria de Porcioles, alcalde franquista que rigió el destino de la ciudad de 1957 a 1973, fue patente la obstinación por recuperar la idea de la “Gran Barcelona”, traducida ésta en un desarrollo urbanístico sin precedentes caracterizado, básicamente, por la proyección de la ciudad como sede de congresos y ferias internacionales. Para llevar a cabo esta idea, el régimen necesitaba espacio, es decir, suelo urbano. En este sentido, el auge que la economía franquista experimentó durante los años 60 y 70 del pasado siglo, creó las condiciones necesarias para la obtención de cuantiosas plusvalías gracias a la recalificación descontrolada de suelo. Unas recalificaciones producidas al margen de los planes generales, sistemáticamente modificados para convertir zonas industriales en residenciales y áreas rurales en edificables. A todo este proceso no fueron ajenas las clases dominantes de la capital catalana que, al calor de las recalificaciones de terrenos y con el apoyo de la dictadura, logró grandes beneficios.

Fue a partir de aquella época que grandes empresas constructoras e inmobiliarias, propias de la oligarquía franquista, consolidaron su poder político y económico. De hecho, muchas de ellas permanecen hoy en pie, como la promotora inmobiliaria Juban, de la familia Banús, el grupo DRAGADOS, la constructora ACS de Florentino Pérez y, en parte, de la familia March, o el grupo Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), de la familia Koplowitz. Los orígenes del éxito económico del Estado español de los últimos años del siglo XX y principios del XXI, basado principalmente en la especulación inmobiliaria, podemos encontrarlos ya durante el frenesí desarrollista ocurrido hace más de cinco décadas. En la Ciudad Condal destaca de sobremanera el Plan Barcelona 2000, presentado por el mismo alcalde Porcioles en 1967 con el objetivo de “regenerar y dignificar la ciudad”, “embellecer la vía pública” y acabar de una vez por toda con “el desorden de los barrios populares”. De esta forma, podríamos decir que la era porciolista es el origen de eso que conocemos como “el urbanismo de las grandes obras públicas”, un eufemismo tras el cual se esconde la colaboración pionera entre los sectores público y privado en la promoción de grandes obras que facilitaban enormes beneficios económicos. El ambicioso Plan de la Ribera, de finales de los 60, por ejemplo, es otro de los proyectos que manifestaron esta línea de actuación. A pesar de la destitución de Porcioles en el año 1973, el legado ideológico de estos planes fue recogido finalmente por el Plan General Metropolitano de 1976, origen de la planificación actual, y prueba más que evidente de que el periodo democrático ha supuesto, únicamente, la consolidación de un modelo urbanístico ya prefigurado durante la Dictadura.

Con la construcción del complejo comercial y urbanístico de Diagonal Mar en el año 2001, enfocado hacía las clases medias y altas y ciertamente aislado de los barrios circundantes, estas dinámicas alcanzaron el margen derecho del río Besòs, generando una fuerte desarticulación del tejido urbano. Barrios fuertemente estigmatizados, como la Mina, quedaron definitivamente aislados y ocultos a la sombra de imponentes estructuras hoteleras, inmobiliarias y comerciales de la zona recuperada. Es en este punto cuando llegamos al origen del actual Parc del Fòrum.

Con la puesta en marcha del Projecte Fòrum 2004, la urbanización del terreno comprendido entre la Rambla de Prim, la Gran Via, el río Besòs y el mar, se convirtió de repente en un propósito internacionalmente promocionado y reconocido. Para hacernos una idea de sus dimensiones, basta echar un ojo a la superficie objeto de intervención, ya que, conjuntamente con el área del Distrito 22@ y Diagonal Mar, el espacio transformado llegaría a sumar más de 330 hectáreas, cifra cuatro veces superior a la intervenida durante los Juegos Olímpicos. Con un presupuesto, generado mediante la consabida colaboración público/privada del Modelo Barcelona, de más de 3.200 millones de euros, la recalificación de la zona preveía un campus universitario, hoteles, una zona de negocios, pisos para niveles altos de renta, en venta libre y alquiler, un puerto turístico y, cosa digna de subrayar, un gran área de equipamientos para toda la ciudad. Es dicha gran área de equipamientos lo que hoy conocemos como Parc del Fòrum, una obra que funcionó como inmejorable justificación para llevar a término la conversión de un área históricamente muy significativa, pero hasta entonces mantenida en precario y olvidada, en una nueva centralidad consagrada al ocio y al consumo, así como a encuentros y congresos de calado internacional. Sin embargo, a día de hoy, las mismas administraciones que lo pusieron en marcha reconocen que la transformación de la zona no ha producido todavía un “tejido social dinámico”.

Quizás el motivo de la inexistencia de este tejido tiene que ver más con el hecho de que los espacios no son producidos por urbanistas y políticos, sino por la gente que lo ocupa y lo usa. A no ser, claro está, y como se ha intentado demostrar con los párrafos precedentes, que lo que haya detrás no sea más que una operación inmobiliaria de grandes dimensiones que únicamente persiga el enriquecimiento de las empresas del sector en base a la recalificación y venta del suelo urbano. Operaciones que, como ha señalado estos días la Sindicatura de Cuentas de Catalunya evidencian, además, numerosas irregularidades a través de incumplimientos de la normativa en la contratación pública, en la elección de patrocinadores, en la planificación real de necesidades, etc.

Durante el experimento, en esa tarde calorosa de julio, fuimos testigos de cómo esos espacios, señalados como emblemáticos, comprometidos, icónicos, encantadores, íntimos y placenteros por la propaganda oficial, se encontraban ocupados por skaters que aprovechan el inmenso vacío para hacer piruetas y carreras, personas sin techo ni hogar, o nómadas urbanos según el discurso oficial, que bostezaban en las pocas sombras de la plaza, y esporádicos grupos de vecinos de los populares barrios cercanos que celebraban picnics, algo que, para poder realizarse, no hubiera necesitado de una inversión tan millonaria. En definitiva, el Parc del Fòrum se convierte, estos días, en una plaza sin gente tomada por gente sin plaza.

* Observatori d’Antropologia del Confl(OACU), Jose Mansilla y Giuseppe Aricó (OACU)

* Diagonal - 23.7.14
Foto: Barcelona, Forum de las Culturas - G.Aricó

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Valencia.- Anticorrupción investiga adjudicaciones en 2009 a residencias de la familia Cotino

Siguen las noticias de corrupción en la C.Valenciana. Ahora la fiscalía está investigando unas adjudicaciones residenciales concedidas a familiares por el exconsejero 'popular' de Bienestar Social, J.Cotino, actual presidente de las Cortes valencianas. En estas concesiones irregulares de obras está implicado también el omnipresente empresario alicantino E.Ortiz, imputado en los casos 'Gürtel' y 'Brugal'. Como se ve un asunto gravísimo en el que está imputado uno de los capos 'populares' y que, en su día, ya dio que hablar al pedirse su dimisión como presidente de las Corts. La justicia lo dejó pasar entonces y ahora hay que esperar que actúe con mayor diligencia y llegue hasta el final de esta actividad urbanística mafiosa.
"ELPAÍS* : La Fiscalía Anticorrupción de Valencia investiga desde el pasado 16 de julio unas adjudicaciones por valor de 15 millones de euros concedidas en 2009 por la consejería de Bienestar Social, que entonces presidía Juan Cotino, actual presidente de las Cortes, a la empresa Centros Residenciales Savia. Esta sociedad estaba participada por Sedesa, vinculada a la familia Cotino a través de su sobrino Vicente. El ministerio público, que recibió a principios de julio una denuncia del grupo parlamentario de Esquerra Unida (EU), cree que estos contratos públicos podrían ser constitutivos de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

EU aportó con su denuncia los expedientes de las adjudicaciones, así como las transcripciones de unas conversaciones mantenidas en agosto de 2009 por Vicente Cotino y el empresario Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal y en el caso Gürtel. En ellas, el sobrino del dirigente popular lamenta la destitución de su tío al frente de Bienestar, ocurrida un día antes: “Coño, era una consejería que me estaba adjudicando obras que tengo que dejar de licitar”. La revelación de esta conversación el pasado mes de junio provocó una avalancha de peticiones de la oposición al presidente del Parlamento valenciano para que dimitiera de su puesto. Cotino respondió por aquel entonces que nunca había “metido la mano” en la caja ni dejado que nadie lo hiciera. También aseguró que nunca hizo adjudicaciones a empresas de su familia desde ninguno de los cargos que ha ocupado.

En el momento de producirse las concesiones investigadas por la Fiscalía Anticorrupción, las plazas para personas mayores en geriátricos subvencionadas por la Generalitat estaban limitadas al 33%. Poco antes de salir de la Consejería de Bienestar, en 2009, Juan Cotino eliminó ese techo, ampliándolo al 66% de las plazas primero, y llegando, más tarde, a comprometerse con el sector a subvencionar el 100% de las plazas de ancianos en situación de dependencia. Ya en 2010, con el político popular fuera del departamento, el estado de las finanzas valencianas hacía evidente que esto sería imposible.

Según la denuncia de EU, gracias a las decisiones adoptadas por Cotino, el Grupo Savia multiplicó casi por tres las 716 plazas subvencionadas que tenía en 2006 y pasó de poseer 13 centros a 21 en 2009.

EU pide llegar hasta el final

Tras dar a conocer la resolución de Fiscalía, la diputada autonómica de EU Esther López Barceló se mostró satisfecha por la apertura de diligencias. Barceló espera que “se llegue hasta el final” y que se depuren todas las responsabilidades penales y políticas. Éstas últimas, en su opinión, “tendrían que haberse asumido ya por parte del señor Cotino, quien tendría que haber abandonado hace mucho tiempo su cargo como presidente de las Corts”.

“El mismo proceso de concesión de plazas subvencionadas se ha repetido en 2013, siendo ya la nueva consejera Asunción Sánchez Zaplana, ha aumentado la cantidad a 22 millones de euros y de nuevo recayendo muchas de las adjudicaciones en las empresas vinculadas a la familia Cotino”, añadió la parlamentaria a través del comunicado. Barceló cree que los valencianos necesitan “una limpieza” de sus instituciones, ya que hechos como este “dan la imagen de una Administración al servicio de una red clientelar y familiar”.

La primera —y, al cierre de esta edición, única— reacción por parte de la Generalitat la dio el consejero de Sanidad, Manuel Llombart, que recordó que aún no hay ningún proceso abierto, aunque admitió que al Consell “le precupa cualquier cosa investigada por la Fiscalía”. Según él, sin embargo, lo único que hay es una información llegada a las manos de la Fiscalía Anticorrupción, que “tiene la obligación de verla”.


* El País - GUILLERMO HILDEBRANDT - 24.7.14
Foto: Valencia, Cotino en las Corts - abc

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Madrid.- Patrimonio Nacional exige al Museo del Prado que le devuelva sus obras maestras

Asunto controvertido este de los bienes y obras de arte públicas, y de los entes encargados de su custodia y mantenimiento. Sin duda tiene más de cuestiones jurídicas especializadas que de efectividad práctica. Además se trata de obras de arte pertenecientes al pueblo español y que dos organismos públicos se estén tirando los trastos a la cabeza, suena más a política de salón e intereses inconfesables. La guerra librada por los presidentes de ambas instituciones públicas no debe ser tratada simplistamente, sino que debería servir de acicate para la mejora de la conservación de estas obras maestras del arte universal, con vistas a nuevas adquisiciones y a necesarias actividades culturales de difusión.
"ELCONFIDENCIAL* : Patrimonio Nacional declara la guerra al Museo Nacional del Prado. Tal y como ha podido saber este periódico, Miguel Zugaza, director del museo, acaba de recibir una carta firmada por el presidente de Patrimonio Nacional, José Rodríguez-Spiteri Palazuelo, en la que le reclama las obras maestras cuya cesión a la pinacoteca regularizó la institución que preside en 1998, y que allí descansan desde 1936. Hablamos de piezas esenciales de la historia de la pintura y fundamentales para el prestigio museográfico del Prado: El descendimiento de la cruz, de Roger Van der Weyden, de 1435; El jardín de las delicias, del Bosco, de 1500; La mesa de los siete pecados capitales, también del Bosco; y El lavatorio, de Tintoretto, de 1548. Las dos primeras figuran entre las 15 pinturas capitales en la página web del museo.

El origen del movimiento está en la inauguración del nuevo Museo de las Colecciones Reales, en 2016. José Luis Díez, nombrado director del museo, quiere lo mejor de sus fondos para enseñar en la institución de la que es responsable. En este periódico, que adelantó su nombramiento, también le preguntamos en la primera entrevista concedida tras su nombramiento acerca de estas obras en depósito y él no negó el regreso de las pinturas.

Entonces, recién llegado a su despacho directamente del Prado (era el antiguo responsable de pintura del siglo XIX allí) aclaró que, cuando diseñaran el plan museológico, tomarían una decisión. “En tanto que las piezas funcionen para ese discurso será cuando descendamos al detalle de la selección de las piezas. No me planteo ninguna actuación que no sea contar con las colecciones propias”, aseguró tajante.

Hoy ya sabemos cuáles quiere, porque –además– figuran en la nueva página web de Patrimonio Nacional, en la que por primera vez se ha incluido un capítulo dedicado a las colecciones reales. Dentro de él aparece una selección de 25 obras en las que se han incluido las piezas de la polémica. El Confidencial ha podido saber que la creación de la web ha sido un empeño personal de José Luis Díez nada más aterrizar en su despacho y ha estado especialmente preocupado por incluir las cuatro pinturas con cuatro nuevas fichas museográficas, distintas a lo que se puede leer de ellas en la web del Prado.

Relaciones congeladas

A pesar de que Zugaza niega esa carta y tener noticias al respecto, fuentes cercanas a presidencia de Patrimonio aseguran a El Confidencial la implicación del presidente en la decisión. Sin embargo, Patrimonio Nacional ha confirmado a este periódico la existencia de la carta. Además, esta institución indica en esa carta, como medida de presión para la devolución y actualización de los préstamos, que a partir de este momento las relaciones quedan congeladas entre ambas instituciones.

La primera víctima colateral de esta disposición es la exposición Bernini y España, que tiene fecha de inauguración el próximo octubre, comisariada por Delfín Rodríguez Ruiz. El catedrático de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid trabajaba en el montaje de la que será la primera muestra temporal en este país de uno de los artistas más influyentes del siglo XVII cuando se enteró de la negación de Patrimonio del préstamo de obras capitales para su discurso museográfico. Este punto sí lo confirma Miguel Zugaza a este periódico, pero ha preferido no detallar el motivo.

Esto puede desatar una guerra mucho mayor a la que libró el Prado cuando reclamó al Museo Reina Sofía –para el frustrado proyecto de ampliación en el Salón de Reinos– el Guernica de Picasso. La diferencia en este caso es que los cuadros pertenecen a Patrimonio Nacional y llegaron por primera vez al Prado en 1936, cuando la Junta Delegada de Incautación, Protección y Conservación del Tesoro Artístico Nacional del Gobierno de la República las trasladó al museo para impedir su destrucción durante la Guerra Civil. Más adelante, en 1943, se firmó un decreto que establecía el “depósito temporal”. En 1998 se renovaron los depósitos y ordenaron la cesión mediante acta de regularización.

José Luis Díez ha diseñado una estructura de museo que “no es una acumulación de piezas, sino una selección de la excelencia de las colecciones”. La web ya anuncia las 25 mejores. “No se trata de tener un modelo enciclopédico como puede ser el diseño del Prado, donde ves toda la evolución de Ribera como pintor”, explicaba el director a este periódico. “Esto ayudará a entender los gustos coleccionistas de los monarcas”.

Esas “excelencias” estarán ordenadas por reinados, desde los Austria a los Borbones. La primera obra será una de Juan de Flandes y la última el retrato real de Antonio López. Desde un retrato de Isabel la Católica a la familia de Juan Carlos I, con la presencia de Roger Van der Weyden, El Bosco y Tintoretto. Esto supone una descapitalización de patrimonio para El Prado.

En la primera planta se presentará el gusto artístico de la casa Austria, en la segunda planta Borbones y la tercera irán ubicadas las temporales, con una sala de 1.600 metros cuadrados diáfanos, tal y como nos comentó el director. “El visitante recorrerá el mecenazgo de los reinados y, al tiempo, la Historia de España”, añadió. Si el éxodo de obras se consuma, también podría sumarse a la partida La Anunciación, sublime obra de Fray Angélico perteneciente al Monasterio de las Descalzas Reales, que ingresó en el museo en 1861.


* El Confidencial - Peio H. Riaño - 24.7.14
Foto: Museo del Prado: Jardin de las Delicias por El Bosco

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Segovia.- El TSJ anula las nuevas normas urbanísticas de La Lastrilla

El urbanismo descontrolado y la especulación que existe en el entorno de la ciudad de Segovia ha permitido Normas Urbanísticas como las ahora anuladas en el municipio de La Lastrilla. Claramente fuera de lugar el crecimiento desmesurado que se preveía para esta pequeña población, quintuplicando irregularmente el número de sus habitantes. Algo que, por lo demás, es un caso bastante habitual en la zona de influencia de las capitales, el realizar estas operaciones territoriales salvajes, con un tipo de construcciones, además, que no suelen tener los standards adecuados para un urbanismo de calidad.
"ECOLOGISTAS* : En una sentencia, de fecha 13 de junio de 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado las nuevas normas urbanísticas de La Lastrilla. Esas normas habrían permitido quintuplicar la población del municipio, ya que hacían posible la construcción de 6.128 viviendas (correspondiente a unos 19.000 habitantes) en una población que en la actualidad tiene sólo 3.562 habitantes censados. Las normas anuladas ampliaban el suelo urbanizable más allá de la vía de circunvalación SG-20, algo que consideraba inadecuado Ecologistas en Acción, pero que también era juzgado como erróneo por la Dirección General de Medio Natural de la Junta de Castilla y León, en un informe elaborado en abril de 2010.

Este planeamiento urbanístico, fuertemente expansivo, fue aprobado con el voto en contra de la oposición municipal, que argumentó que no existían las infraestructuras necesarias por lo que “los problemas de abastecimiento de agua se agudizarían”.

La Confederación Hidrográfica del Duero, en un documento fechado el 15 de noviembre de 2010, informaba desfavorablemente las nuevas normas urbanísticas “al no tener garantizado el suministro de los recursos hídricos”. La CHD hacía notar que, en el momento de elaborar ese informe, se estaban elaborando las nuevas normas urbanísticas de todos los municipios que componen la Mancomunidad de La Atalaya: San Cristobal de Segovia (unas 1.800 viviendas), las de Tres Casas (más de 700 viviendas), las de Palazuelos (más de 9.000) y las de La Lastrilla (más de 5.000). El informe de la CDH concluía, textualmente:

“Por la tanto, entre los 4 municipios se prevén construir más de 17.000 viviendas, que con un índice de ocupación media de 3 hab/viv supondrían un incremento poblacional de más de 51.000 habitantes. Puesto que con Ia concesión vigente y con Io que se encuentra en tramitación se podría abastecer a un máximo de 21.435 habitantes, este Organismo de cuenca no puede garantizar la disponibilidad de recursos hídricos para los mencionados planeamientos generales, entre los que se encuentran las Normas Urbanísticas de La Lastrilla”.

La decisión de presentar unos planes urbanísticos faraónicos ha acabado por volverse contra sus inspiradores y promotores. Si los municipios hubieran optado por hacer unas previsiones urbanísticas más realistas, el veredicto de la CHD habría sido otro. Ha sido, por tanto, la ambición desmedida, el afán por crear cantidades crecientes de suelo urbanizable, a todas luces innecesario, la que ha acabado por hacer inviables los planes.

En la actualidad, el número total de habitantes de los cuatro municipios que componen la Mancomunidad de la Atalaya (datos del padrón de 2013) es de 12.163. De acuerdo con la CHD, las concesiones de agua de la Mancomunidad permitirían abastecer a 21.435 habitantes, cifra que haría posible un cómodo crecimiento de los cuatro municipios. Sin embargo, como hemos visto, los planes urbanísticos presentados por los ayuntamientos contenían unas pretensiones totales de crecimiento de 51.000 habitantes. Una cifra que no sólo no resulta realista, sino que supera sustancialmente las concesiones de agua con que cuenta la Mancomunidad. Y precisamente este hecho es el que ha motivado la actual resolución judicial.

La anulación de las normas de La Lastrilla hace que vuelvan a estar vigentes las normas de 1999, que también contenían gran cantidad de suelo urbano y urbanizable, aún sin desarrollar. Según los datos contenidos en la “Ficha Municipal 2012”, en esa fecha el municipio contaba con 1.409 parcelas urbanas, de las que sólo 807 (51%) se encontraban edificadas, siendo las restantes 602 (49%) solares. Además, según la misma fuente, del total de 1.045 viviendas existentes en el municipio, 210 se encontraban vacías. Por otra parte, la población total del municipio ha experimentado un crecimiento moderado en los últimos años, pasando de 3.137 habitantes en 2008 a 3.562 en 2013 (menos de 100 nuevos habitantes / año).

Ante este conjunto de datos, Ecologistas en Acción de Segovia se ha dirigido al Ayuntamiento de La Lastrilla solicitando que se elabore un nuevo plan que sea acorde con el tamaño y características del municipio y que incluya unas dotaciones de suelo urbanizable razonables. La asociación ha solicitado al municipio que los terrenos urbanizables no superen, en ningún caso, el cinturón de la SG-20.

La sentencia ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo.


* Ecologistas en Acción - 10.7.14
Foto: La Lastrilla (Segovia) - lalastrilla

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“Robé, sí, pero poquito”

Acostumbrados a la creciente corrupción urbanística político - financiera de España, a veces pasamos por alto lo que ocurre en países como México, donde también la corrupción es enorme, como demuestran las estadísticas y la opinión mayoritaria de la población que sufre, lamentablemente, esta terrible lacra social. La confesión del alcalde mexicano de San Blas (en la costa del Pacífico), y otros escándalos, reflejan los pocos logros anticorrupción obtenidos en el país hermano.
"ELPAÍS* : A Hilario Ramírez Villanueva, dueño de una empaquetadora de mangos, le gusta pasearse por el pueblo de San Blas, en la costa del Pacífico, con sombrero vaquero y la camisa desabrochada hasta el ombligo. Así iba la tarde del 8 de junio en que, ante unos 50 vecinos, más bien aburridos por el acto electoral de su exalcalde, soltó la frase que ha entrado en la historia pequeña de México. Subido a un escenario y micrófono en mano, disparó: “Me han criticado porque me gusta mucho el dinero. ¿Y a quién no le gusta? [Y también dicen] que le robé a la presidencia. Pues sí le robé, sí le robé, sí le robé, pero poquito, porque estaba bien pobre; fue nomás una rasuradita”.

Le robé pero poquito. La frase, captada en un vídeo y colgada en Youtube, recorrió como una descarga eléctrica el espinazo del país norteamericano desatando primero la risa, luego el escándalo y ahora, más de un mes después, el desencanto: el candidato independiente Ramírez se ha proclamado alcalde con el 40% de los votos. “Como verá, no me fue tan mal. Y es que ellos saben que eso de robar no es cierto, que yo soy un hombre del pueblo, que yo me dedico al bien, que ayudo a los pobres, que hay pocos como yo”, se ufana Ramírez en conversación con este periódico. A diferencia de cuando ganó en 2008, que acudió a la toma de posesión a lomos de un purasangre valorado en 250.000 dólares, esta vez el empaquetador de mangos celebró su victoria repartiendo billetes de 20, 50 y 100 pesos a quien se le acercó. Lo conociese o no. Una imagen que, para muchos mexicanos, representa el triunfo de la degradación política.

“Es un personaje terrible que habla de nosotros y de la permisividad que hay con determinadas conductas. Hemos avanzado legalmente, pero nos falta acabar con la impunidad. Sin castigo no hay rendición de cuentas. Y aquí, de momento, quien persigue realmente es la justicia estadounidense, parece que tengamos un outsourcing [subcontrata] judicial con ellos”, afirma Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano de Competitividad. Su opinión expresa un sentimiento muy extendido y que se ancla en una experiencia que se vive con especial amargura en el ámbito público, donde uno de cada siete mexicanos confiesa haber sufrido esta lacra. El resultado es una fuerte pérdida de confianza en la autoridad, como demuestra, según el Instituto Nacional de Estadística, que la población ponga en la cúspide de la corrupción a la policía (90%), los políticos (84,4%) y el ministerio público (78,4%).

Las promesas para acabar con este deterioro han sido casi tantas como los silencios que las han seguido. La última y más sonora llegó en noviembre de 2012 con el anuncio de crear una Comisión Nacional Anticorrupción destinada a eliminar las purulencias del aparato administrativo. Casi dos años después, la iniciativa sigue congelada en el Congreso y sin que figure en la agenda de los partidos, absorbidos en la reforma de la energía y las telecomunicaciones.

Donde sí se ha registrado algún avance es en el combate cuerpo a cuerpo. Con los nuevos aires que soplan en México, personajes que antiguamente eran intocables han empezado a caer. La primera en ser fulminada esta legislatura fue Elba Esther Gordillo, líder del poderoso Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La Maestra, como se la conocía, fue encarcelada en 2013 bajo la acusación de malversar 200 millones de dólares. La detención de esta compradora compulsiva capaz de llevarse de una tacada 10 pares de zapatos de Jimmy Choo o diamantes por valor de 350.000 dólares en Tiffany, se entendió como una señal del presidente Enrique Peña Nieto. Tras ella ha venido una cascada de altos cargos. Los hay de todos los colores. “No hay un partido anticorrupción, todos están afectados. Incluso el PAN, que tenía fama de incorruptible, la ha perdido tras su paso por el poder”, señala Pardinas.

En el ramillete de caídos, destacan, por el peso que les otorga el sistema federal mexicano, los gobernadores. Y entre ellos brilla como una perla negra Tomás Yarrington, que llegó a postularse en el PRI como aspirante a la presidencia de México. Este antiguo gobernador de Tamaulipas, un Estado fronterizo con Texas, se dio a la fuga después de que la justicia estadounidense ordenase su captura por fraude bancario, lavado de dinero negro, cobro de sobornos del cártel del Golfo e incluso contrabando de cocaína. Desde el limbo del prófugo, el elegante Yarrington, que se presenta como un “enamorado de su país”, ha abierto recientemente una página de Facebook en la que defiende su inocencia y se declara víctima de una persecución política.

En el vecino Estado de Coahuila también gozan de la experiencia de un gobernador en fuga. Se trata de Jorge Torres, nuevamente del PRI, buscado por blanqueo de dinero, y cuyo rostro, antaño poderoso, acaba de ser colgado en las páginas de la DEA, la agencia antidroga estadounidense, junto con una variopinta gama de fugitivos malencarados. La recompensa, se indica, es negociable.

A otros no les ha dado tiempo a escaparse. En la levantisca Michoacán, cuna de las autodefensas, el priísta Jesús Reyna, secretario de Gobernación y que fuera mandatario interino en 2013, durante la etapa más virulenta del enfrentamiento con los narcos, ha sido encarcelado por sus nexos con el cártel de Los Caballeros Templarios, al que supuestamente combatía. Y su jefe durante años, el gobernador electo Fausto Vallejo, ha renunciado hace pocas semanas alegando “motivos de salud” justo cuando se destaparon los supuestos vínculos de su hijo con dicha organización criminal.

La lista es larga y alcanza en una escalera descendente a amplios espacios de la administración. Los periódicos destapan casi a diario nuevos casos. Los ceses están a la orden del día. Pero la insatisfacción sigue ahí. “México ha avanzado mucho en temas de transparencia, se han descubierto asuntos que antes permanecían ocultos. Ahora se habla de ellos, se publican, pero falta el siguiente paso, porque la impunidad sigue ahí. Se necesita una amenaza de sanción creíble. Se destituye, se inhabilita, se imponen multas, pero rara vez se condena a prisión”, explica Eduardo Bohórquez, director en México de Transparency International, organismo que sitúa al país en el puesto 106 (de 177) del Índice de Percepción de la Corrupción, a la altura de Níger.

Las soluciones pasan, según los analistas, por un fortalecimiento de los aparatos de justicia y la generación de un régimen punitivo creíble. Ese es el camino, señalan, para recuperar la deteriorada confianza en los políticos. Un estamento que, en palabras del recién elegido alcalde de San Blas, Hilario Ramírez, está representado por “chupadores que se han olvidado del pueblo”. No como él, que ya ha anunciado para su próximo cumpleaños, el 22 de febrero de 2015, una gigantesca fiesta con actuación de la muy popular Banda El Recodo, el sacrificio de 50 reses y el reparto de 50.000 cartones de cerveza. Exactamente cinco por cada habitante de su pueblo. Es su forma “honrada” de hacer política.


* El País - JAN MARTÍNEZ AHRENS México 20 JUL 2014
Foto: Hilario Ramírez Villanueva en una imagen de Youtube.

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Málaga.- La cúpula de Urbanismo, bajo sospecha por una reclasificación de suelo en Churriana

Las ilegalidades en el urbanismo malagueño no se acaban solo en la famosa Costa del Sol, sino que en la propia capital son moneda corriente de clanes especuladores y mafias de todo tipo que tienen gran influencia en el ayuntamiento 'popular' de la capital. Una reclasificación en el barrio de Churriana ha hecho saltar los resortes de la Guardia Civil que está investigando este importante pelotazo urbanístico. Incluso ha habido la detención de uno de los propietarios mafiosos del suelo, al que se le ha requisado un gran arsenal de armas. Otra evidencia más de cómo se actúa por estos lugares malagueños cercanos a la costa.
LAOPINIÓN* : La Guardia Civil mantiene desde hace semanas una amplia investigación centrada especialmente sobre los responsables de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga en relación con la reclasificación para urbanizable de más de 300.0000 metros cuadrados de suelo de la Sierra de Churriana, considerados por la Junta de Andalucía como suelo no urbanizable de especial protección.

Uno de los beneficiarios de dicha reclasificación es L. A. F. B., con quien el Ayuntamiento tiene firmado un convenio urbanístico sobre dichos suelos, que se encuentra en prisión después que los agentes de la Benemérita, en el transcurso de las investigaciones, le hallaran en posesión del mayor arsenal de armas localizado hasta la fecha en España, según adelantó La Opinión de Málaga en su edición del pasado sábado.

El hallazgo del arsenal de armas fue un hecho inesperado ya que desde un principio la investigación de la Guardia Civil, a través del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza), se ha centrado en las posibles irregularidades de la decisión de la Gerencia de Urbanismo de reclasificar más de 300.000 metros cuadrados de suelo de la sierra de Churriana, pese a tratarse de una zona calificada de especial protección

Convenio urbanístico Pese a ello, la Guardia Civil investiga por qué con ocasión de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Málaga, los responsables de Urbanismo firmaron el 11 de octubre de 2012 un convenio urbanístico de gestión por el que reclasificaban un sector de la sierra de Churriana llamado El Albaricocal, con más de 367.890 metros cuadrados para permitir a sus propietarios la construcción de un hotel de baja densidad (tres plantas).

El convenio fue firmado por el empresario ahora detenido y en prisión L. A. F. B., en representación de un ciudadano finlandés y varias personas más. Las investigaciones del Seprona, con el apoyo del Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) han llevado a la detención y encarcelamiento de L. A. F. B. tras descubrirse el gran depósito de armas que tenía ocultos en Rincón de la Victoria.

En compensación por la reclasificación los propietarios cedían al Ayuntamiento 56.957 metros cuadrados de suelo que, en este caso, sí es calificado de especial protección.

El suelo del Albaricocal, como el del resto de la sierra de Churriana, está considerado por la Junta de Andalucía como suelo no urbanizable de especial protección y así está calificado en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM). Para salvar este escollo, el Ayuntamiento acordó el convenio urbanístico con los propietarios del suelo y lo consideró de interés general. De esta forma, según estipula el convenio, se «conjuga el interés municipal de obtener los 56.900 metros de manera gratuita, con el interés de la propiedad de desarrollarlo en condiciones económicas que lo hagan viable».

Sin embargo, la calificación de la Junta como suelo no urbanizable de especial protección supone que todo el suelo del Albaricocal debía haber sido cedido gratis.

La investigación urbanística del Seprona para delimitar que la actuación de la Gerencia de Urbanismo podría suponer un delito contra la ordenación del territorio se inició el año pasado a raíz de las denuncias formuladas por varios pequeños propietarios de la sierra que remitieron a la Fiscalía sus sospechas de que se estaba actuando sobre suelos considerados como zona verde protegida.

La Fiscalía de Medio Ambiente puso las denuncias en manos del Seprona, que desde entonces viene investigando. En una primera actuación el Seprona detuvo a una docena de personas. Entre ellos había dos empleados del servicio de Inspección Urbanística de la Gerencia de Urbanismo, que fueron expedientados por el Ayuntamiento de Málaga, y un agente del Grupo de Medio Ambiente de la Policía Local de Málaga, que fue apartado del servicio. En los últimos días han sido detenidas varias personas y la titular del juzgado de instrucción 12 ha enviado a prisión al menos a una de ellas, L. A. F. B. como responsable del arsenal de armas encontrado.


* La Opinión - 23.7.14
Foto: Vista aérea de la zona del Albaricocal, en Churriana, que fue reclasificada por el Ayuntamiento de Málaga.- La Opinión

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C.Valenciana.- Diseños de ciudad que desafían la ley

A estas alturas poco se puede añadir sobre una Comunidad como la valenciana que, claramente, se ha situado en cabeza de la corrupción urbanística en España. El panorama que han dejado los especuladores del Territorio es desolador y lo peor es que es muy difícil la vuelta atrás, con lo que estos desmanes quedarán para generaciones futuras que echarán en cara a los dirigentes actuales, con toda la razón, cómo fue posible que este salvajismo, añadido de corrupción, quedaran impunes. A continuación unos ejemplos de cómo algunos tribunales y ciertas normas cuestionan proyectos como el Tram de Castellón o la remodelación del Cabanyal en Valencia por atentar contra el patrimonio.
ELPAÍS* : La reciente sentencia que ha ratificado la anulación del paso del Tram (un proyecto de transporte público en plataforma reservada que prevé conectar la Universidad Jaume I con el Grau) por medio del parque Ribalta de Castellón por vulnerar la ley de patrimonio cultural valenciano hizo estallar a la consejera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig. "Todos los proyectos estratégicos se han sacado gracias al esfuerzo del PP, nunca hemos encontrado la colaboración. Todo ha acabado recurrido en los tribunales, absolutamente todo", dijo exaltada durante la rueda de prensa en la que ofreció la solución del Consell y el Ayuntamiento de Castellón para esquivar la sentencia y que el Tram sí atraviese el parque declarado Bien de Interés Cultural.

La justicia ha sido implacable con el urbanismo diseñado para la ciudad de Castellón. No solo el Tram. Los tribunales han anulado los proyectos estratégicos previstos en la ciudad. El más importante, el PAI Mestrets, el gran plan para la ciudad. Hasta la fecha, varias sentencias han tumbado el proyecto que preveía levantar más de 6.000 viviendas en una zona de masets tradicionales (previo desalojo de sus vecinos y derribo de las viviendas). Este programa se hizo pensando también para construir el Centro de Convenciones de Santiago Calatrava y la sede de la VIU de Frank Gehry. Varios fallos lo han anulado.

Por anular, en Castellón está abolido hasta el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) redactado en el año 2000. Hasta tres veces se lo ha tenido que decir el Tribunal Supremo al Ayuntamiento. La obcecación del equipo de gobierno para sortear la anulación con modificaciones puntuales obtuvo el tirón de orejas del Supremo y del Tribunal Superior de Justicia. El primero acusó de haber hecho “un simulacro” del cumplimiento del fallo. El segundo urgió al Consistorio a "dejar de persistir" en la aprobación de un plan que es nulo y que se pusiera manos a la obra para la redacción de un nuevo PGOU. En ello están.

La sentencia contra el Tram ha hecho a la oposición recordar otra, la que declaró ilegal el Auditorio de Castellón cuando ya estaba construido. Entonces, el PP retó al PSPV a pedir la ejecución del fallo que implicaba la demolición del edificio, que siguió en pie. La jugada se repite, pero en esta ocasión la oposición sí se plantea pedir la ejecución si Consell y Ayuntamiento persisten en que los trolebuses circulen por mitad del Ribalta.

"Los políticos pelean por lanzar hacia adelante proyectos en la ciudad sin atender adecuadamente algunos requerimientos judiciales", explica Jaime Prior, presidente del Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón. Prior apunta que esta problemática es el resultado de que la denominada "voluntad política" haya suplantado progresivamente al criterio técnico profesional y científico en la praxis del diseño de las ciudades. Este punto de inflexión en la relación entre el técnico y el político, explica, ha sido clave para llegar a la situación actual en la Comunidad Valenciana, con un urbanismo frenado a golpe de sentencia judicial. La Jaume I también ha criticado en un informe la "política de hechos consumados" en la plataforma del Tram.

En Valencia hay casos parecidos como el del Cabanyal. Aprobado en 2001, el plan urbanístico diseñado por el Consistorio para este barrio sigue sin ejecutarse 13 años después. Pensado para prolongar la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar, a costa del derribo de 1.600 casas del barrio —la mayoría desprotegidas ad hoc—, el proyecto ha sido combatido en los tribunales por los vecinos y luego por una orden del Ministerio de Cultura de 2009, que los suspendió definitivamente porque expoliaba el patrimonio del antiguo Poble Nou de la Mar. La peculiar trama urbana en retícula del barrio marinero, heredada de las alineaciones de las antiguas barracas, era barrida por la prolongación de la avenida.

El Ayuntamiento de Valencia, su gran valedor, y la Generalitat sacaron toda su artillería legal para invalidar la orden pero al día de hoy no han podido. En estos momentos, el Gobierno local, que preside la popular Rita Barberá, tiene una modificación del plan con vistas a ejecutar la prolongación. Pero sus detractores ya advierten, con los escasos datos que tienen a mano, que continua el expolio.

La antigua Tabacalera de Valencia es otro proyecto que se consumó con serías objeciones al derribo de varias de sus naves. El Tribunal Supremo anuló hace justo un año el fallo del Tribunal Superior de Justicia valenciano que avalaba las demoliciones ordenadas por el Consistorio, y le obligó a revisar la operación.

La historia es sencilla. El Consistorio inició en 2005 una operación urbanística para desproteger las naves laterales y traseras de la antigua fábrica pese a su valor patrimonial y a los informes en contra del Consell Valencià de Cultura (CVC), el Colegio de Arquitectos o la Real Academia de Bellas Artes.

El Gobierno municipal firmó con la sociedad Guadalmedina, dueña de Tabacalera, un convenio de permuta por el que el Ayuntamiento recibía una compensación económica de 14,3 millones de euros, además del inmuelbe, hoy sede municipal. La constructora recibió a cambio los solares libres —y recalificados— de las naves derribadas, donde había previstas 320 viviendas, así como un edificio de titularidad municipal en la plaza de América.

Los socialistas calificaron la operación de pelotazo — y la denunció ante la Fiscalía por entender que pudo cometerse prevaricación. El caso no prosperó. La plataforma vecinal Salvem Tabacalera la recurrió ante el TSJ, que la avaló. Los vecinos apelaron al Tribunal Supremo y en julio de 2013 éste exigió al TSJ valenciano que consultase con expertos sobre el valor patrimonial del antiguo complejo fabril, hoy mutilado. Le pidió también que comprobase si la ciudad perdió. como denunciaron socialistas y vecinos, dinero con la valoración por debajo de mercado del suelo entregado a Guadalmedina.


* El País - LORENA ORTEGA / CRISTINA VÁZQUEZ - 20.7.14
Foto: Uno de los Tram que ya circulan por la capital de La Plana. / ÀNGEL SÁNCHEZ

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El Consell de Mallorca reúne a los alcaldes para explicarles la amnistía urbanística

La presidenta del Consell de Mallorca, M.Salom, ha convocado a alcaldes y técnicos de Urbanismo de la isla para tratar de explicar lo inexplicable, es decir la amnistía urbanística en suelo rústico. Después de lo que ha sufrido la isla por culpa del urbanismo depredador y salvaje, que su máxima representante política, del PP, anuncie este cambio en el reglamento de la Ley de Suelo parece un mal chiste. Macabro y, desde luego, prevaricador. Legalizar sin más las infracciones urbanísticas equivale a decir que todo se ha olvidado y que nadie es responsable de las atrocidades cometidas en el Territorio. Algo muy peligroso por los antecedentes y agravios comparativos creados, y ante lo que la justicia, sin duda, debería decir más que palabras.
"DIARIODEMALLORCA* : La presidenta del Consell, Maria Salom, convocó ayer a más de un centenar de personas, entre alcaldes, concejales y técnicos de Urbanismo de todos los ayuntamientos de la isla, para presentarles el reglamento que desarrolla la Ley del Suelo, la norma que ejecutará la amnistía urbanística en suelo rústico. La presidenta apuntó que el nuevo documento tiene el objetivo de "aclarar y simplificar las normativas urbanísticas de Mallorca".

La institución insular se había comprometido a organizar una jornada informativa del nuevo reglamento antes de que el pleno del Consell lo aprobase inicialmente, lo que tendrá lugar mañana día 24.

Maria Salom dio cuenta de los pasos que ha dado el Consell con la Ley Suelo. De una parte, explicó que ya se puede poner en marcha el mecanismo previsto en esta ley para legalizar las infracciones urbanísticas prescritas en suelo rústico común y en suelo rústico protegido antes de 1991, una vez publicado el acuerdo de pleno en el BOIB. "Legalizaciones que sólo podrán aplicarse en los casos en que la disciplina urbanística ya no puede actuar, ni con sanciones ni con demolición", remarcó Salom.


* Diario de Mallorca - 23.7.14
Foto: Palma, Consell Insular - wikipedia.org

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El juez imputa al excoordinador de Urbanismo de Torredembarra

Otro municipio catalán bajo la acusación de corrupción: en Torredembarra (Tarragona), gobernado por CiU, las ilegalidades se multiplican y por fin parece que la justicia se ha dignado a actuar contra el excoordinador de Urbanismo, J.Vila, por delitos contra la administración pública. En el fondo hay un cúmulo de contrataciones de obras y facturas irregulares realizadas por el ayuntamiento de la localidad. Lo que no se entiende es que no haya más responsable municipales de esto, aunque seis concejales y el propio alcalde ya fueran imputados hace poco tiempo, tras registro policial del ayuntamiento. Solo esperar que la justicia actúe con más decisión en este claro ejemplo de corrupción urbanística.
"LAVANGUARDIA* : El titular del juzgado nº1 de El Vendrell (Tarragona) ha imputado al excoordinador de Urbanismo de Torredembarra, arquitecto y exdiputado de CiU, Jaume Vila, por un presunto delito contra la administración pública, según fuentes próximas al caso. Vila supervisó las obras del aparcamiento municipal de Filadors y, al parecer, también cobró más de 22.000 euros en facturas autorizadas directamente por el exalcalde Daniel Masagué (CiU) entre julio del 2009 y febrero del 2010.

El grupo municipal del PSC ya llevó estas facturas al Tribunal de Cuentas al sospechar que eran injustificadas y esta institución dictaminó que los trabajos se habían realizado, aunque cuestionó el procedimiento administrativo.
El juez investiga, bajo secreto de sumario, un cúmulo de contratos presuntamente irregulares del Ayuntamiento de Torredembarra.

En el marco de esta investigación, el pasado 26 de junio, la Guardia Civil registró el consistorio durante catorce horas y detuvo al alcalde, a seis concejales del equipo de gobierno municipal y a un empresario local.
Posteriormente, el juez ha imputado al empresario Jordi S., cuya empresa había construido el aparcamiento de Filadors, así como a la interventora municipal.

La actuación judicial ha generado un terremoto político en Torredembarra, ya que seis e sus diecisiete concejales están imputados y su alcalde dimitió desde la cárcel el pasado 9 de julio -aunque posteriormente, el día 14, el juez lo dejó en libertad sin fianza-.

El pasado lunes, el pleno municipal tenía previsto nombrar al socialista Enric Granjel como alcalde de transición hasta las elecciones, pero no alcanzó los nueve votos necesarios y se presentó como candidato, por sorpresa, Pere Font (CiU), que resultó elegido sin ningún voto a favor, ni siquiera el suyo, ya que pertenece a la lista más votada en las elecciones.

Se da el caso que el contrato de Jaume Vila vencía el pasado 30 de junio y ya no se ha renovado, por lo que ya no ocupa el cargo de coordinador de Urbanismo.

La oposición intenta buscar salidas a la frágil gobernabilidad del municipio, con una junta de gobierno formada por el propio Font, la única concejala de CiU no imputada, Rosa Maria Guasch, y otro concejal de CiU, imputado en la misma causa.


* La Vanguardia - EFE - 21.7.14
Foto: Torredembarra (Tarragona), guardia civil registra ayto - ACN




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Imputado el alcalde de El Ejido por un pelotazo urbanístico en 2002

Este grave asunto de El Ejido (Almería) sería otro más de corrupción urbanística realizado por un alcalde del PP (y de otros partidos) de un gran municipio, como ha habido tantos en todo el país en los últimos años. Pero llama la atención que la justicia actúe 12 años (doce) más tarde, cuando las consecuencias de la ilegalidad están ya casi caducadas, no solo penalmente, que también, sino sobre todo urbanísticamente: por el enorme tiempo transcurrido desde que se dio el pelotazo por altos miembros del ayuntamiento de la localidad. Como ya hemos remarcado en muchas ocasiones: 'la justicia para ser justa debe ser diligente', algo que no sucede en este caso, dado que el prevaricador, además, ha ascendido al mando del gobierno municipal. Realmente triste y vergonzoso, una vez más.
"ELPAÍS* : El juez FJ.Domínguez, titular del Juzgado de Instrucción 2 de El Ejido ha imputado al alcalde del municipio almeriense, Francisco Góngora (PP), por blanqueo de capitales, tráfico de influencias, falsedad en documento público y un delito contra la Hacienda pública. Góngora cometió presuntamente estos delitos cuando ejerció como concejal de Urbanismo, con Juan Enciso como alcalde, regidor detenido en la Operación Poniente. Los hechos se remontan al año 2000, cuando la firma Agrícola Euro Alpujarra, de la que Góngora era socio, compró unos terrenos municipales. Estos suelos se recalificaron dos años después.

Mientras que Agrícola Euro Alpujarra efectuó la compra por 300.000 euros, solo dos años después esta sociedad suscribió un contrato privado para la venta por 1,5 millones de esos terrenos con otra mercantil, Murgi Edificaciones, con un beneficio de 1,2 millones. Pero esa compraventa no se escrituró hasta 2007, casualmente el mismo día que la sociedad vendedora compraba a la sociedad compradora unos locales en el Bulevar de El Ejido a bajo precio.

La revalorización de los terrenos fue del 500% en un plazo inferior a cuatro años. Y aunque la escritura pública de compraventa no se firma hasta agosto de 2007, en ella se reconoce haber percibido 400.000 euros el 10 de noviembre de 2004. Este importe coincide con el facilitado en el documento privado de compra-venta pero, por el contrario, en la escritura elevada a público, el importe total que figura de la operación ronda los 900.000 euros. Es decir, unos 600.000 euros menos del precio real reflejado en el contrato privado. De este modo, se ocultó a la Agencia Tributaria un pago del impuesto de sociedades por 296.072 euros nunca abonado, según el auto del magistrado del pasado lunes.

Junto al alcalde están imputados su hermano José Gabriel Góngora Cara, su padre Gabriel Góngora Peralta, su socio y amigo Serafín López Pizarro y el representante de Agrícola Euro-Alpujarra SL. El juez les impone una fianza de 2.368.576 euros que los imputados habrán de abonar en un plazo de 10 días. De lo contrario, se decretará el embargo de bienes “suficientes” para cubrir dichas responsabilidades.

En el auto, el juez requiere al administrador de Agrícola Euro-Alpujarra y Murgi Edificaciones para que aporten los contratos originales de compraventa de 2004 y 2007. Asimismo solicita la asistencia de un agente de la propiedad y de un arquitecto “para la valoración de los inmuebles transmitidos según el precio de mercado existente en la fecha de la transacción”. El magistrado también ordena que la policía judicial averigüe los precios de venta declarados en escritura pública para inmuebles de características “análogas” a los que Góngora y sus familiares y amigos compraron y vendieron en aquel entonces.

La investigación al regidor estuvo a punto de ser archivada, pero la pasada primavera la Audiencia de Almería echó por tierra un auto de la juez sustituta Juana María Gómez Olivar. La Audiencia ordenó “continuar la investigación” al entender que los delitos no habían prescrito, tal y como la juez estimó. La denuncia había sido interpuesta por el Partido de Almería (PAL) [escindido del PP y liderado por Enciso]. Los magistrados Juan Ruiz-Rico, Rafael García Laraña y José María Contreras dejaron claro que la jueza sustituta de El Ejido no había practicado “diligencias de averiguación de los hechos objeto de denuncia”.

La entonces instructora de las diligencias que siguieron a la denuncia presentada por el PAL, Gómez Olivar, consideró que los que interponen la denuncia (el partido PAL) “no pueden personarse en la causa ya que el denunciante no resulta perjudicado por la comisión de esos delitos, por lo que la acción penal ejercitada por el PAL es la acción popular, y para ejercitar esa acción se exige sea mediante querella. Además se exige la prestación de fianza conforme a lo establecido en el artículo 280 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".


* El País - MARÍA JOSÉ LÓPEZ DÍAZ - 22.7.14
Foto: El Ejido (Almería), ayuntamiento - costatropicalinformacion.info

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Cataluña.- Acampadas en la calle presionan para lograr 'daciones en pago' en las hipotecas

Continúa el tema del fraude de las hipotecas de viviendas realizado por los Bancos engañando a multitud de ciudadanos. La 'dación en pago' es una solución que funciona en muchos países de nuestro entorno y que aquí, a pesar de las iniciativas ciudadanas, ha sido frenada por partidos políticos que, a su vez, son deudores bancarios. En todo el país ha sido el PP el que ha encabezado la negativa política, pero con el acompañamiento de otros partidos nacionalistas, como por ejemplo CiU en Cataluña. Ahora la PAH ha salido allí a la calle acompañando a la gente defraudada por Bancos y Cajas estafadores.
"LAMAREA* : “En tu puerta me quedaré hasta que la dación me des”. Tras más de 40 días y varios chubascos, ha quedado diluida la tinta roja sobre la banda de plástico que da la bienvenida a los clientes de Bankia. Desde el día en el que un interlocutor del banco dijo a Mireia que la entidad no le concedería la dación en pago, la joven -que actualmente hace malabares entre los trabajos de activista y madre- tuvo claro que de la entrada del banco en la rambla de Vilanova i la Geltrú no se movería hasta conseguir su derecho a vivir libre de una deuda que no puede pagar.

Con 19 años, una vida entera para disfrutar de su hogar y la idea que comprar un piso era “echar el dinero en una hucha”, Mireia se hipotecó en 2007. “Los dos teníamos trabajo fijo y cobrábamos, dentro de todo, bien. Fue quedarme embarazada y me echaron de Mercadona. Manuel trabajaba en la construcción, y su trabajo también se fue a pique. Y hace ya dos años que no podemos pagar la hipoteca”. El mismo tiempo que tiene Eneko, quien ya ha ido mamando la convicción del ‘sí, se puede’, explica orgullosa.

Hoy, una preocupación principal de Mireia es evitar que el banco embargue el 30% de las dos pensiones contributivas que suman entre los cuatro avalistas que Bankia exigió para concederle el préstamo. Como en la mayoría de casos, fueron los padres de la pareja, sobre quienes hay el riesgo que recaiga la deuda que sigue a la pérdida del piso. “Bankia me ofreció la dación en pago cuando vio que no podría pagar la hipoteca. Me dijeron que todo estaba solucionado y me engañaron. Me ocultaron que, si quería firmar el acuerdo, tenía que ser con una deuda de 60.000 euros”. Ofreciendo el parking y el trastero, quedó en la mitad, aunque el problema no disminuyó proporcionalmente: “Tampoco puedo pagar 30.000. Lo que quieren estos avariciosos es conseguir el dinero de los avalistas”, asegura Mireia.

En agosto, Manuel, que por ahora “va haciendo algún remiendo que le va saliendo”, empezará a cobrar la ayuda de 426 euros y será su única fuente de ingresos. Activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y de otras organizaciones de la comarca dan cuerpo al campamento que reclama junto a la pareja, desde el seis de junio, una solución para esta familia del pueblo costero de Sant Pere de Ribes (al lado de Vilanova). El apoyo de vecinos y comercios contribuye a que el desgaste de la protesta sea menor. “Si necesitamos una ducha, cargar los teléfonos, ir al lavabo, cualquier cosa, la gente nos ayuda. Incluso nos traen comida de los bares”, comenta una activista. “¡Y una cosa importante!”, añade, irónico, otro miembro de la PAH: “¡Hemos generado puestos de trabajo con la acampada!”. Se refiere al refuerzo de seguridad y de limpieza del banco.

Las semanas de presión han resultado en una rebaja de la deuda, actualmente fijada por Bankia en 16.000 euros. Pero el objetivo de la acampada, irrenunciable, permanece pendiente. Para conseguirlo, cada día procuran trasladar al interior de la oficina bancaria la reivindicación. “Me ven con el megáfono y ya cierran”, bromea Mireia, y no duda de que la estrategia dará sus frutos: “40, 50, 100 días. Me da igual. Acabaran bajando a 0. No les quedará otra. Les va a salir más caro tenerme aquí todos los días que quitarme la deuda, porque casi cada día han tenido que cerrar unas horas. Y días enteros también lo hemos conseguido”.

Mientras que los portavoces de la PAH Garraf aseguran que Bankia mantiene enrocado el caso y remarca que es una postura habitual en las peticiones de dación en pago y quita de deuda, la regidora de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú, Blanca Albà, reconoce a la entidad bancaria una amplia voluntad de negociación, actitud que opone a la de la PAH en el territorio: “Bankia ha presentado diversas propuestas, ha tenido mucho interés en llegar a un acuerdo. Nosotros las hemos conocido todas y hemos mediado. Pero los usuarios solo aceptan la dación en pago y, por lo tanto, no hay negociación posible”.

Mireia está convencida de que conseguir que la entidad bancaria le retire la deuda y no afecte a los ingresos de sus padres y suegros es un pulso, para el cual se siente con mucha fuerza a pesar de encontrarse en una posición similar a la de David contra Goliat. “Es la única manera de tener un futuro tranquilo y poder ofrecer a Eneko todo lo que necesite”. He aquí la fuente de energía inagotable que compensa el desgaste emocional.

A pesar de que las PAH han conseguido centenares de daciones en pago, Vanesa Valiño, directora del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), apunta que no es suficiente y que debe tenerse en cuenta, además, que hay personas que no llegan a las plataformas. “Lo que tenemos que exigir es seguridad jurídica; que la dación en pago no dependa de estar vinculado a una plataforma, sino que, por ley, tengamos un mecanismo que nos permita deshacernos de una deuda que contrajimos en un momento en el que pensábamos que la podríamos afrontar”.

La presión a pie de calle es la única vía que ha permitido paliar el golpe maestro del negocio bancario entorno al derecho a la vivienda, bajo una descarada connivencia gubernamental. “Mucho defender a los no nacidos pero una vez la familia está formada, a la calle, que malviva, y que la criatura sea carne de cañón para mañana. Yo no quiero un país de asaltadores para mi nieto. Y por esto estoy aquí”, hace constar Ramón, portavoz de la PAH Garraf, que espera resolver el caso de Mireia y su familia en forma de nuevo pequeño gran logro del patrimonio inmaterial de las PAH.

Cinco años de solidaridades y acción directa han ejercido de oposición a una ley que no cuenta con mecanismos de segunda oportunidad paras las familias sobreendeudadas: “No hay país de Europa que no incluya medidas para limpiar la deuda contraída para acceder a la vivienda, porque al mismo sistema económico le interesa que la gente pueda dejar de ser usuaria de servicios sociales y vuelva a ser consumidora”, explica Valiño.

Los grupos de la PAH tienen claro que la presión contra todas las entidades bancarias socialmente irresponsables debe intensificarse. “Conseguirlo depende mucho de las personas afectadas, con casos estancados. Hay motivos para hacer acciones contundentes y falta que digan ‘sí, estamos dispuestas’”, reivindica Jordi, portavoz de la PAH Osona, una comarca del interior de Cataluña en la que hace un mes que una acampada presiona al BBVA para que dé respuesta a cinco familias en dificultades. Mireia comparte el diagnóstico y, concluye, con firmeza: “Hay gente a la que le da pena que estemos aquí acampados, cuando lo que debería darle pena son las personas que, en mi situación, se quedan en casa”.

De la acampada contra el BBVA a potenciar la alternativa bancaria

“El banco no ha movido ni un milímetro su posición, como estrategia de desgaste. Pero, al contrario de lo que buscan, nosotros vamos subiendo el nivel de la reivindicación”, asegura Jordi. La acampada de la plaza Fra Bernadí de Manlleu, iniciada más de treinta días atrás para reclamar diversas daciones en pago, cancelaciones de deuda y alquiler social (que no supere el 30% de los ingresos de la unidad familiar) , ha sido la chispa para encender una campaña de boicot contra el BBVA.

La intención de la PAH Osona es trascender el apoyo a las cinco familias afectadas y potenciar la banca ética en Cataluña, de manera unitaria. Según explica el portavoz, la iniciativa cuenta con el apoyo explicitado de Procés Constituent, CUP, ICV y los sindicatos. “En la próxima reunión de PAH catalanas se pondrá la idea encima de la mesa, para que pase a ser una campaña en la que todo el mundo aparque las siglas para trasformar el modelo bancario, ya que el problema no son las hipotecas, sino el uso que hacen los bancos de nuestro dinero”, sintetiza Jordi.

En paralelo al inicio de la campaña, los activistas de la PAH prosiguen la acampada. “Nos han dejado claro que la deuda es calderilla para ellos -poco más de 50.000 euros entre los cinco casos-, cantidad que se acabaran gastando en el refuerzo de seguridad”, explica Jordi para concluir que, “si no aflojan y mantienen una deuda sí o sí, es para dejarnos claro que ellos marcan las reglas”.

Guillem, portavoz de la PAH Barcelona, coincide en que cada vez los bancos ceden menos a las peticiones de las plataformas. “Es un escándalo cómo la dejadez y parálisis del Govern de la Generalitat, como la del Gobierno estatal, nos deja solos batallando contra gigantes y se lavan las manos cuando hay población a la que se le vulneran los derechos a diario”, denuncia.

El derecho a la vivienda en Cataluña, vía ILP

Entre 2008 y 2013 se iniciaron 98.000 procedimientos de ejecución hipotecaria en Cataluña. “Estamos batiendo récords”, exclama Valiño al respecto, y remarca: “En muchos casos, además de la pérdida del inmueble, implica que perdure una deuda impagable sobre las familias”. Un escenario al que debe añadirse la dificultad, mucho menos visible, de hacer frente al precio del alquiler.

Según datos del Consejo General del Poder Judicial, de los más de 16.000 desahucios que se consumaron el 2013 en Cataluña, el 67% fueron por incapacidad de pago del alquiler. La explicación la encontramos en el paupérrimo parque de alquiler social del país. Sólo representa un 1% del total, una cifra irrisoria en los países del entorno europeo, que rondan el 18%. En Francia, por debajo de un 20% se considera insuficiente y, en el caso holandés, la cifra se eleva hasta el 40% del parque de vivienda.

La tríada promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de Medidas Urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional y a la pobreza energética (Plataformes d’Afectats per la Hipoteca de Catalunya, Aliança contra la Pobresa Energètica y Observatori DESC) denuncian que en Cataluña hay 448.356 pisos vacios, que representan el 13% del parque total de vivienda. Muchos de ellos, en manos de entidades financieras rescatadas con dinero público.

Para corregir la situación, han llevado la ILP al Parlament de Catalunya, en un segundo intento de forzar, a través de esta vía de proposición legislativa, que la ley ampare, de manera efectiva, los derechos humanos ligados a la vivienda. Se espera la admisión a trámite de la Mesa en los próximos días, para empezar el proceso y conseguir, según el calendario previsto, 50.000 firmas en cuatro meses a partir de septiembre. Un objetivo que parece muy asumible recordando el precedente de ILP de medidas de mínimos ante la emergencia habitacional presentada, y desvirtuada, en el Congreso de los Diputados. 400.000 de las 1,4 millones de firmas se recogieron en Cataluña.

En esa ocasión, el Gobierno español menospreció la voluntad expresada y aprobó una Ley cosmética (Ley 1/2013 de Medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social) que no ha enmendado los estragos de perder la vivienda y cargar con una deuda tras quedarse sin techo. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en el primer trimestre de este año, se han iniciado más de 32.500 procesos de ejecución hipotecaria, un incremento del 19,5% respecto al mismo trimestre de 2013. Cataluña, junto a Andalucía y el País Valenciano, son los territorios con mayor número de casos.

“Cumplir con todos los requisitos, tanto sociales como económicos, que prevé la Ley del PP es muy difícil y, a la práctica, pocas personas pueden acogerse a ella”, explica Valiño, a la luz de las cifras. Para la directora del Observatorio DESC no hay duda de que ha sido un engaño: “La mejor prueba es que las entidades financieras aceptaron las medidas de buen grado. Si hubiera supuesto un perjuicio para sus cuentas, la ley hubiera generado rebotes en lugar de una bienvenida”.

Aprobar la ILP, a modo de segundo asalto, superaría la situación actual en la que cada dación en pago es una batalla que “sudan” las PAH catalanas. “Pedimos soluciones globales porqué los problemas no son puntuales, sino que existe una emergencia habitacional generalizada”, defiende Guillem, quien resume la esencia de la propuesta de ley presentada: “En realidad, pedimos una segunda oportunidad para las familias”.

Sin dejar las acciones cara a cara en las sedes bancarias, la ILP puede abrir un frente de presión sobre las instituciones, “las que tienen la obligación de proteger a las personas y garantizarnos los derechos”, recuerda el portavoz. Si así fuera, Mireia respiraría tranquila. “Lo que estoy deseando es que esto se acabe para pasarme el día echando currículos. Para lo que sea. No se me caen los anillos por hacer ningún trabajo. Y volver a empezar. Primero, en casa de mi madre y después, en un piso de alquiler”. La experiencia le ha roto los esquemas de partida: “No volvería a hipotecarme en la vida”.


* La Marea - Meritxell Rigol - 21.7.14
Foto: PAH, manifestación Barcelona 16F - EFE

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El ladrillo pudo con Sanxenxo

Muchas veces hemos hablado en este blog del lamentable urbanismo del municipio pontevedrés de Sanxenxo; la politización del mismo, con la multitud de ilegalidades cometidas, ha hecho posible una tremenda degradación territorial en cuanto a sus condiciones de habitabilidad. Mientras crece la lista de imputados por estos delitos urbanísticos, las arcas públicas del mayor centro turístico de las Rías Baixas se hunden por el lastre de la construcción. Zona habitual de poderes fácticos mafiosos, desde el contrabando hasta el ladrillo, ha sucumbido a su propia idiosincrasia delictiva. Todo ello permitido por unas administraciones 'populares' cómplices que nunca han estado a la altura de las circunstancias, manejando, eso sí, la utilización perversa de unos electores poco comprometidos con su municipio.
"ELPAÍS* : Con 17.500 habitantes y una población flotante que alcanza picos de hasta 100.000 veraneantes cada año, Sanxenxo acusa el desplome de la construcción como ningún otro ayuntamiento gallego; un sector que fue un auténtico maná para la economía local y el gran pelotazo para los promotores inmobiliarios desde comienzos de la pasada década. Pero además de las arcas vacías por los efectos de la burbuja inmobiliaria, el mayor centro turístico de las Rías Baixas afronta varios procesos judiciales por la concesión de licencias bajo sospecha que ya cuentan con 17 imputados, entre miembros de la cúpula política y técnica de la recién desaparecida Xerencia de Urbanismo, y varias constructoras.

Indicios de delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio se derivan de las denuncias presentadas por particulares que tienen sus raíces en luchas internas dentro del PP local, que acabaron en una escisión del partido antes de las últimas elecciones municipales.

Los disidentes se integraron en la formación Sanxenxo Agrupación Liberal (SAL), contrarios a la elección como candidata de la actual alcaldesa popular, Catalina González, que oficialmente ya anunció su retirada del próximo cartel electoral. González les acusó públicamente de promover el calvario judicial en el que está imputada junto a Encarnación Rivas, actual secretaria general de Urbanismo de la Xunta y que dirigió esta área municipal durante los últimos años del gobierno del anterior regidor, Telmo Martín.

A la investigación que arrancó en 2012 se sumaron la semana pasada otros dos implicados después de que el caso haya tomado nueva forma con las diligencias divididas en cinco procedimientos distintos, tantos como el número de licencias urbanísticas que se han denunciado.

Alejado de la presión mediática que tomó el caso, el juez de Cambados, Juan Carlos Hermo, que heredó las pesquisas el pasado año, acaba de añadir a la lista de imputados a Juan Lorenzo Ramírez, último gerente de Urbanismo y actual responsable del servicio jurídico del Ayuntamiento por presunta prevaricación y tráfico de influencias en el polémico expediente de la calle Progreso, por el que han pasado por el juzgado varios testigos.

En estas diligencias que se centran en los dos bloques de viviendas edificadas por la constructora Balboa y Chan, en pleno casco urbano de la ciudad, está imputada Encarnación Rivas por presunta prevaricación, delito que podría ampliarse a otro de posible cohecho en su etapa al frente de la Xerencia de Urbanismo, entre 2004 a 2006.

El juez también acaba de imputar un supuesto delito contra la ordenación del territorio a la arquitecta de las obras de unos chalés en Bascuas, Elena L.F. —la segunda pieza judicial— que promovió la constructora Caneleiro Inversión, SL, y donde también está involucrada la alcaldesa por presunta prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

Una tercera investigación apunta a la concesión y posterior anulación de la licencia a las empresas Ferro Mesego y Promociones Inmobiliarias Lucasor para construir unos chalés en Dorrón, polémicas obras dada su ubicación y proximidad al cementerio de la parroquia de A Torre. Los dos restantes procedimientos se refieren a la construcción y reformas realizadas en la vivienda del arquitecto técnico municipal, Pablo Guio, y a la legalización de una construcción frente a la playa de Montalvo. Guio y su antecesor en el cargo, Rafael Vázquez Abal, también exgerente municipal de Urbanismo, solicitaron comparecer de nuevo ante el juez para ampliar su declaración del pasado diciembre.

En este momento procesal nadie se atreve a afirmar que la fase de citaciones e imputaciones haya terminado. El rumbo de las diligencias está en manos del juez que ha ampliado las pesquisas sobre algunos expedientes y no ha decidido todavía en qué situación quedará cada imputado; si amplia o rebaja los delitos, incluso si finalmente libera del proceso a alguno de los implicados.

El presupuesto en caída libre

El desplome de la construcción en Sanxenxo se ha llevado por delante la Xerencia de Urbanismo que se creó en 2003 como un órgano independiente que gestionaba las licencias de obras cuando el sector ya se había convertido el principal recurso de este pequeño Ayuntamiento costero. Su volumen de recaudación llegó a superar a algunos consistorios mayores de su entorno, como el de Pontevedra.

El departamento urbanístico se cerró hace dos meses con unos resultados deficitarios derivados de la crisis y con la mayoría de sus técnicos en distintas etapas imputados por varios delitos. Atrás quedaron las épocas de las excavadoras y las grúas, cuando las promociones inmobiliarias se contaban por centenares.

Aunque Sanxenxo siempre fue un imán para las constructoras, el bum alcanzó su punto máximo de 2005 a 2007, cuando se visaron más de 400 proyectos y los ingresos superaron los seis millones de euros. Los números y la recaudación cayeron en picado a partir de 2008 para gestionar apenas medio centenar de licencias, obras menores que generaron poco más de cien mil euros para las arcas públicas.

El presupuesto del Ayuntamiento también se encuentra en caída libre. De los 114 millones de euros que gestionó en 2007 (el segundo mayor de la provincia después de Vigo) pasó a 36 en 2012 para bajar a 31 en 2013, el mismo que se ha prorrogado para este ejercicio.

Aun así, la oferta inmobiliaria de Sanxenxo sigue siendo un gran tirón para la economía local, muy superior a otros centros de veraneo, mientras amplía sus fronteras al turismo hacia zonas menos masificadas de la costa. Los alquileres, por ejemplo, son con mucho de los más elevados de la provincia y el sector servicios continúa generando mucho empleo estacional.


* El País - ELISA LOIS - 19.7.14
Foto: Vista de la playa de Silgar, en el centro de Sanxenxo. / XURXO LOBATO

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Por fin, la nueva ley de Urbanismo valenciana

La conflictiva Comunidad Valenciana, en cuanto a urbanismo salvaje y corrupto se refiere, se acaba de dotar de un nuevo instrumento de planificación urbanística que, si bien supone un avance respecto a lo que había hasta el momento, tampoco termina de expresar correctamente todos los problemas existentes en la Ordenación Territorial. Por ejemplo en cuanto a los imprescindibles informes de Evaluación Ambiental que continuarán en el limbo de las competencias municipales y/o autonómicas, con lo que puede suponer de retraso en la coordinación de numerosos Planes. Y todo esto contando con la complicidad de unas administraciones tantas veces puestas en la picota urbanística por su declarada corrupción.
"GERARDO ROGER* : Por fin, las Cortes Valencianas procedieron el pasado 17 a aprobar la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (en adelante LOTUP), texto legal que viene a sustituir el insufrible y contradictorio marasmo legislativo preexistente en la Comunitat desde mediados de la década del 2000 y que aún solo por eso, debe ser celebrada su promulgación.

Pero es que, además, debe señalarse en su haber el esfuerzo de concertación llevado a cabo no solo entre las instituciones públicas y privadas responsables o aplicadoras del urbanismo valenciano, sino también con los partidos políticos con representación parlamentaria y más en concreto, entre los dos partidos mayoritarios, lo que ha permitido la conformación de un texto en su gran medida consensuado, lo que le confiere una cierta característica de estabilidad nada desdeñable y más aún, en la procelosa época económica en que nos encontramos.

Con respecto a los aspectos normativos de carácter positivo que recoge, cabría destacar como más trascendentes, la desagregación de los planes generales en dos planes, el estructural y el pormenorizado, lo que contribuirá indudablemente a racionalizar y aclarar los ámbitos competenciales entre Ayuntamientos y Generalitat. También a la agilización de las revisiones de los mismos, así como la regulación de los procedimientos de información pública con la introducción de medidas de control público y social que permitirán acotar los eventuales procesos especulativos y de corrupción. Y finalmente, la disposición de instrumentos jurídico-urbanísticos de intervención sostenible en la ciudad consolidada, único espacio capaz de recuperar la actividad urbanística y la generación de empleo a corto y medio plazo a través de la rehabilitación y regeneración urbanas. Una parte que, por cierto, se vió mejorada en el proceso de participación pública al que se sometieron los borradores de la ley y en la tramitación parlamentaria.

Sin embargo, en mi opinión, la LOTUP aún presenta algunas carencias o deficiencias que demandan su reajuste, bien mediante sencillas modificaciones puntuales de la ley o bien mediante su desarrollo reglamentario, lo que permitirá disponer de un texto legal final solvente y adecuado a la realidad socioeconómica en la que nos encontramos inmersos.

En este sentido y entre otras, se echa en falta una regulación más precisa de los procedimientos de tramitación de las evaluaciones ambientales estratégicas que respete de forma más adecuada las competencias urbanísticas de los Ayuntamientos y de la Generalitat y que no generen retrasos impropios y conflictivos en la aprobación del planeamiento, así como a la adopción de medidas más acordes a la realidad socio-urbanística en los procesos de regularización de los núcleos urbanos generados al margen del planeamiento, o la rigidez expuesta en la regulación de los porcentajes de participación pública en las plusvalías por parte de la Administración, hurtándose la posibilidad que ofrece la legislación estatal de suelo de su adecuación a la rentabilidad económica de las actuaciones urbanizadoras.

En fin, la LOTUP, como cualquier otro instrumento legal, presenta luces y sombras y estas últimas pueden (y deben) ser subsanadas mediante los procedimientos previstos para ello pero que y en cualquier caso, su promulgación debe ser bienvenida por lo que supone de indudable mejora sobre el maremágnum legal anterior y las posibilidades que ofrece para acometer, de una vez por todas, la tan demandada y necesaria recuperación de la actividad urbanística desde la disposición de explícitos criterios de equilibrio y sostenibilidad socioeconómica y también y a ser posible, de la desactivación de la "mala reputación" del urbanismo valenciano, en muchos casos "ganada a pulso" y que tanto daño ha hecho a la imagen de la Comunitat Valenciana. Ojalá se consiga.

* Gerardo Roger Fernández, Arquitecto y Profesor de Urbanismo del Instituto Pascual Madoz de la Universidad Carlos III.

* El País - 20.7.14
Foto: Valencia, cortes valencianas - tourist

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La PAH lanza una ILP catalana contra los desahucios y la pobreza energética

Ha transcurrido ya más de un año desde que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) reclamara con una iniciativa popular (ILP) en el Congreso, la dación en pago en las hipotecas. Con nulos resultados como se sabe, por la oposición entre otros del PP mayoritario. Ahora acusan también a la Generalitat de CiU de ser cómplice de la trágica situación catalana ya que tiene bastantes competencias transferidas y debería cambiar urgentemente su política de vivienda y energética. Para ello han solicitado una nueva iniciativa popular en el Parlament de Cataluña para lo que son necesarias 50.000 firmas (algo, como ya se vio, bastante sencillo de conseguir).
"ELPAÍS* : Un año después de que el Partido Popular rechazara en el Congreso la iniciativa legislativa popular (ILP) que reclamaba la dación en pago, diversos colectivos encabezados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) vuelven a la carga con una idea similar de ámbito catalán. Este jueves la han presentado a las puertas del Parlament y después la han registrado en la cámara, como paso previo a lograr las 50.000 firmas necesarias para que se debata. El texto de la ILP propone un paquete de medidas urgentes para paliar lo que se define como "emergencia habitacional, social y de pobreza energética". Es decir, las situaciones de las personas que pierden la vivienda y no pueden afrontar el pago de los servicios básicos de luz, agua y gas.

El Gobierno de CiU siempre ha argumentado que sus competencias son limitadas y que es la legislación española la que maniata a la Generalitat para afrontar el problema. De ahí que la ILP se haya cuidado de evitar la petición de cambios legislativos o medias políticas que escapan al Ejecutivo de Artur Mas.

Así, la ILP propone que los ciudadanos que no puedan pagar la hipoteca se les permita acogerse a un procedimiento extrajudicial para saldar la deuda. En otro apartado se sugiere que las familias en situación de vulnerabilidad que no puedan afrontar el alquiler de una vivienda que sea propiedad de las entidades financieras o bien las familias que hayan conseguido la dación en pago puedan seguir viviendo en el inmueble en régimen de alquiler social durante un mínimo de cinco años. También se propone que esas personas puedan beneficiarse de ayudas para evitar el desahucio y que las administraciones públicas garantices su realojo.

Cataluña es una de las comunidades más afectadas por la crisis económica en la que, según el Instituto de Estadística de Cataluña existen más de 200.000 hogares con todos los miembros en paro y en 95.000 de ellos no entra ningún ingreso. El año pasado se iniciaron en Cataluña 98.040 procedimientos de ejecución hipotecaria. El 67% de los 16.008 desahucios que se materializaron el año pasado fueron por imago del alquiler.

En cuanto a la pobreza energética, la ILP propone que las administraciones garanticen el acceso a los suministros de luz, agua y gas durante un mínimo de tres años a las personas vulnerables y que en caso de que no puedan ser cubiertos, se hagan cargo de su pago las empresas suministradoras.

El incremento del 60% del recibo de la luz desde 2008 y del agua de un 66% desde entonces ha hecho aumentar la pobreza energética, aseguran los impulsores de la ILP, de manera que durante 2011, un total de 193.000 hogares catalanes (un 6,9% del total) no pudieron asumir el gasto de mantener una vivienda a la temperatura adecuada.

Finalmente la ILP propone el alquiler forzoso en favor de las personas vulnerables durante un mínimo de cinco años de aquellas viviendas que sean propiedad de la banca y que estén infrautilizados durante un mínimo de dos años. La medida se aplicará de forma preferente en el caso de las entidades que hayan recibido ayudas públicas.

Después de registrarse la ILP en el Parlament, ahora debe ser aceptada por la Mesa, como paso previo a la recogida de firmas. Se da por seguro que se cubrirán con creces las exigencias, pues del millón y medio de firmas recogidas hace dos años con la ILP de ámbito español, una tercera parte presentaron desde Cataluña. Ahora basta con 50.00 firmas.


* El País - Pere Ríos - 10.7.14
Foto: Miembros de la Plataforma de afectados por la Hipoteca (PAH) se concentran mientras se presenta en el Parlament una nueva Iniciativa Legislativa Popular (ILP). / TONI GARRIGA (EFE)

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