El Consell de Mallorca reúne a los alcaldes para explicarles la amnistía urbanística

La presidenta del Consell de Mallorca, M.Salom, ha convocado a alcaldes y técnicos de Urbanismo de la isla para tratar de explicar lo inexplicable, es decir la amnistía urbanística en suelo rústico. Después de lo que ha sufrido la isla por culpa del urbanismo depredador y salvaje, que su máxima representante política, del PP, anuncie este cambio en el reglamento de la Ley de Suelo parece un mal chiste. Macabro y, desde luego, prevaricador. Legalizar sin más las infracciones urbanísticas equivale a decir que todo se ha olvidado y que nadie es responsable de las atrocidades cometidas en el Territorio. Algo muy peligroso por los antecedentes y agravios comparativos creados, y ante lo que la justicia, sin duda, debería decir más que palabras.
"DIARIODEMALLORCA* : La presidenta del Consell, Maria Salom, convocó ayer a más de un centenar de personas, entre alcaldes, concejales y técnicos de Urbanismo de todos los ayuntamientos de la isla, para presentarles el reglamento que desarrolla la Ley del Suelo, la norma que ejecutará la amnistía urbanística en suelo rústico. La presidenta apuntó que el nuevo documento tiene el objetivo de "aclarar y simplificar las normativas urbanísticas de Mallorca".

La institución insular se había comprometido a organizar una jornada informativa del nuevo reglamento antes de que el pleno del Consell lo aprobase inicialmente, lo que tendrá lugar mañana día 24.

Maria Salom dio cuenta de los pasos que ha dado el Consell con la Ley Suelo. De una parte, explicó que ya se puede poner en marcha el mecanismo previsto en esta ley para legalizar las infracciones urbanísticas prescritas en suelo rústico común y en suelo rústico protegido antes de 1991, una vez publicado el acuerdo de pleno en el BOIB. "Legalizaciones que sólo podrán aplicarse en los casos en que la disciplina urbanística ya no puede actuar, ni con sanciones ni con demolición", remarcó Salom.


* Diario de Mallorca - 23.7.14
Foto: Palma, Consell Insular - wikipedia.org

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El juez imputa al excoordinador de Urbanismo de Torredembarra

Otro municipio catalán bajo la acusación de corrupción: en Torredembarra (Tarragona), gobernado por CiU, las ilegalidades se multiplican y por fin parece que la justicia se ha dignado a actuar contra el excoordinador de Urbanismo, J.Vila, por delitos contra la administración pública. En el fondo hay un cúmulo de contrataciones de obras y facturas irregulares realizadas por el ayuntamiento de la localidad. Lo que no se entiende es que no haya más responsable municipales de esto, aunque seis concejales y el propio alcalde ya fueran imputados hace poco tiempo, tras registro policial del ayuntamiento. Solo esperar que la justicia actúe con más decisión en este claro ejemplo de corrupción urbanística.
"LAVANGUARDIA* : El titular del juzgado nº1 de El Vendrell (Tarragona) ha imputado al excoordinador de Urbanismo de Torredembarra, arquitecto y exdiputado de CiU, Jaume Vila, por un presunto delito contra la administración pública, según fuentes próximas al caso. Vila supervisó las obras del aparcamiento municipal de Filadors y, al parecer, también cobró más de 22.000 euros en facturas autorizadas directamente por el exalcalde Daniel Masagué (CiU) entre julio del 2009 y febrero del 2010.

El grupo municipal del PSC ya llevó estas facturas al Tribunal de Cuentas al sospechar que eran injustificadas y esta institución dictaminó que los trabajos se habían realizado, aunque cuestionó el procedimiento administrativo.
El juez investiga, bajo secreto de sumario, un cúmulo de contratos presuntamente irregulares del Ayuntamiento de Torredembarra.

En el marco de esta investigación, el pasado 26 de junio, la Guardia Civil registró el consistorio durante catorce horas y detuvo al alcalde, a seis concejales del equipo de gobierno municipal y a un empresario local.
Posteriormente, el juez ha imputado al empresario Jordi S., cuya empresa había construido el aparcamiento de Filadors, así como a la interventora municipal.

La actuación judicial ha generado un terremoto político en Torredembarra, ya que seis e sus diecisiete concejales están imputados y su alcalde dimitió desde la cárcel el pasado 9 de julio -aunque posteriormente, el día 14, el juez lo dejó en libertad sin fianza-.

El pasado lunes, el pleno municipal tenía previsto nombrar al socialista Enric Granjel como alcalde de transición hasta las elecciones, pero no alcanzó los nueve votos necesarios y se presentó como candidato, por sorpresa, Pere Font (CiU), que resultó elegido sin ningún voto a favor, ni siquiera el suyo, ya que pertenece a la lista más votada en las elecciones.

Se da el caso que el contrato de Jaume Vila vencía el pasado 30 de junio y ya no se ha renovado, por lo que ya no ocupa el cargo de coordinador de Urbanismo.

La oposición intenta buscar salidas a la frágil gobernabilidad del municipio, con una junta de gobierno formada por el propio Font, la única concejala de CiU no imputada, Rosa Maria Guasch, y otro concejal de CiU, imputado en la misma causa.


* La Vanguardia - EFE - 21.7.14
Foto: Torredembarra (Tarragona), guardia civil registra ayto - ACN




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Imputado el alcalde de El Ejido por un pelotazo urbanístico en 2002

Este grave asunto de El Ejido (Almería) sería otro más de corrupción urbanística realizado por un alcalde del PP (y de otros partidos) de un gran municipio, como ha habido tantos en todo el país en los últimos años. Pero llama la atención que la justicia actúe 12 años (doce) más tarde, cuando las consecuencias de la ilegalidad están ya casi caducadas, no solo penalmente, que también, sino sobre todo urbanísticamente: por el enorme tiempo transcurrido desde que se dio el pelotazo por altos miembros del ayuntamiento de la localidad. Como ya hemos remarcado en muchas ocasiones: 'la justicia para ser justa debe ser diligente', algo que no sucede en este caso, dado que el prevaricador, además, ha ascendido al mando del gobierno municipal. Realmente triste y vergonzoso, una vez más.
"ELPAÍS* : El juez FJ.Domínguez, titular del Juzgado de Instrucción 2 de El Ejido ha imputado al alcalde del municipio almeriense, Francisco Góngora (PP), por blanqueo de capitales, tráfico de influencias, falsedad en documento público y un delito contra la Hacienda pública. Góngora cometió presuntamente estos delitos cuando ejerció como concejal de Urbanismo, con Juan Enciso como alcalde, regidor detenido en la Operación Poniente. Los hechos se remontan al año 2000, cuando la firma Agrícola Euro Alpujarra, de la que Góngora era socio, compró unos terrenos municipales. Estos suelos se recalificaron dos años después.

Mientras que Agrícola Euro Alpujarra efectuó la compra por 300.000 euros, solo dos años después esta sociedad suscribió un contrato privado para la venta por 1,5 millones de esos terrenos con otra mercantil, Murgi Edificaciones, con un beneficio de 1,2 millones. Pero esa compraventa no se escrituró hasta 2007, casualmente el mismo día que la sociedad vendedora compraba a la sociedad compradora unos locales en el Bulevar de El Ejido a bajo precio.

La revalorización de los terrenos fue del 500% en un plazo inferior a cuatro años. Y aunque la escritura pública de compraventa no se firma hasta agosto de 2007, en ella se reconoce haber percibido 400.000 euros el 10 de noviembre de 2004. Este importe coincide con el facilitado en el documento privado de compra-venta pero, por el contrario, en la escritura elevada a público, el importe total que figura de la operación ronda los 900.000 euros. Es decir, unos 600.000 euros menos del precio real reflejado en el contrato privado. De este modo, se ocultó a la Agencia Tributaria un pago del impuesto de sociedades por 296.072 euros nunca abonado, según el auto del magistrado del pasado lunes.

Junto al alcalde están imputados su hermano José Gabriel Góngora Cara, su padre Gabriel Góngora Peralta, su socio y amigo Serafín López Pizarro y el representante de Agrícola Euro-Alpujarra SL. El juez les impone una fianza de 2.368.576 euros que los imputados habrán de abonar en un plazo de 10 días. De lo contrario, se decretará el embargo de bienes “suficientes” para cubrir dichas responsabilidades.

En el auto, el juez requiere al administrador de Agrícola Euro-Alpujarra y Murgi Edificaciones para que aporten los contratos originales de compraventa de 2004 y 2007. Asimismo solicita la asistencia de un agente de la propiedad y de un arquitecto “para la valoración de los inmuebles transmitidos según el precio de mercado existente en la fecha de la transacción”. El magistrado también ordena que la policía judicial averigüe los precios de venta declarados en escritura pública para inmuebles de características “análogas” a los que Góngora y sus familiares y amigos compraron y vendieron en aquel entonces.

La investigación al regidor estuvo a punto de ser archivada, pero la pasada primavera la Audiencia de Almería echó por tierra un auto de la juez sustituta Juana María Gómez Olivar. La Audiencia ordenó “continuar la investigación” al entender que los delitos no habían prescrito, tal y como la juez estimó. La denuncia había sido interpuesta por el Partido de Almería (PAL) [escindido del PP y liderado por Enciso]. Los magistrados Juan Ruiz-Rico, Rafael García Laraña y José María Contreras dejaron claro que la jueza sustituta de El Ejido no había practicado “diligencias de averiguación de los hechos objeto de denuncia”.

La entonces instructora de las diligencias que siguieron a la denuncia presentada por el PAL, Gómez Olivar, consideró que los que interponen la denuncia (el partido PAL) “no pueden personarse en la causa ya que el denunciante no resulta perjudicado por la comisión de esos delitos, por lo que la acción penal ejercitada por el PAL es la acción popular, y para ejercitar esa acción se exige sea mediante querella. Además se exige la prestación de fianza conforme a lo establecido en el artículo 280 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".


* El País - MARÍA JOSÉ LÓPEZ DÍAZ - 22.7.14
Foto: El Ejido (Almería), ayuntamiento - costatropicalinformacion.info

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Cataluña.- Acampadas en la calle presionan para lograr 'daciones en pago' en las hipotecas

Continúa el tema del fraude de las hipotecas de viviendas realizado por los Bancos engañando a multitud de ciudadanos. La 'dación en pago' es una solución que funciona en muchos países de nuestro entorno y que aquí, a pesar de las iniciativas ciudadanas, ha sido frenada por partidos políticos que, a su vez, son deudores bancarios. En todo el país ha sido el PP el que ha encabezado la negativa política, pero con el acompañamiento de otros partidos nacionalistas, como por ejemplo CiU en Cataluña. Ahora la PAH ha salido allí a la calle acompañando a la gente defraudada por Bancos y Cajas estafadores.
"LAMAREA* : “En tu puerta me quedaré hasta que la dación me des”. Tras más de 40 días y varios chubascos, ha quedado diluida la tinta roja sobre la banda de plástico que da la bienvenida a los clientes de Bankia. Desde el día en el que un interlocutor del banco dijo a Mireia que la entidad no le concedería la dación en pago, la joven -que actualmente hace malabares entre los trabajos de activista y madre- tuvo claro que de la entrada del banco en la rambla de Vilanova i la Geltrú no se movería hasta conseguir su derecho a vivir libre de una deuda que no puede pagar.

Con 19 años, una vida entera para disfrutar de su hogar y la idea que comprar un piso era “echar el dinero en una hucha”, Mireia se hipotecó en 2007. “Los dos teníamos trabajo fijo y cobrábamos, dentro de todo, bien. Fue quedarme embarazada y me echaron de Mercadona. Manuel trabajaba en la construcción, y su trabajo también se fue a pique. Y hace ya dos años que no podemos pagar la hipoteca”. El mismo tiempo que tiene Eneko, quien ya ha ido mamando la convicción del ‘sí, se puede’, explica orgullosa.

Hoy, una preocupación principal de Mireia es evitar que el banco embargue el 30% de las dos pensiones contributivas que suman entre los cuatro avalistas que Bankia exigió para concederle el préstamo. Como en la mayoría de casos, fueron los padres de la pareja, sobre quienes hay el riesgo que recaiga la deuda que sigue a la pérdida del piso. “Bankia me ofreció la dación en pago cuando vio que no podría pagar la hipoteca. Me dijeron que todo estaba solucionado y me engañaron. Me ocultaron que, si quería firmar el acuerdo, tenía que ser con una deuda de 60.000 euros”. Ofreciendo el parking y el trastero, quedó en la mitad, aunque el problema no disminuyó proporcionalmente: “Tampoco puedo pagar 30.000. Lo que quieren estos avariciosos es conseguir el dinero de los avalistas”, asegura Mireia.

En agosto, Manuel, que por ahora “va haciendo algún remiendo que le va saliendo”, empezará a cobrar la ayuda de 426 euros y será su única fuente de ingresos. Activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y de otras organizaciones de la comarca dan cuerpo al campamento que reclama junto a la pareja, desde el seis de junio, una solución para esta familia del pueblo costero de Sant Pere de Ribes (al lado de Vilanova). El apoyo de vecinos y comercios contribuye a que el desgaste de la protesta sea menor. “Si necesitamos una ducha, cargar los teléfonos, ir al lavabo, cualquier cosa, la gente nos ayuda. Incluso nos traen comida de los bares”, comenta una activista. “¡Y una cosa importante!”, añade, irónico, otro miembro de la PAH: “¡Hemos generado puestos de trabajo con la acampada!”. Se refiere al refuerzo de seguridad y de limpieza del banco.

Las semanas de presión han resultado en una rebaja de la deuda, actualmente fijada por Bankia en 16.000 euros. Pero el objetivo de la acampada, irrenunciable, permanece pendiente. Para conseguirlo, cada día procuran trasladar al interior de la oficina bancaria la reivindicación. “Me ven con el megáfono y ya cierran”, bromea Mireia, y no duda de que la estrategia dará sus frutos: “40, 50, 100 días. Me da igual. Acabaran bajando a 0. No les quedará otra. Les va a salir más caro tenerme aquí todos los días que quitarme la deuda, porque casi cada día han tenido que cerrar unas horas. Y días enteros también lo hemos conseguido”.

Mientras que los portavoces de la PAH Garraf aseguran que Bankia mantiene enrocado el caso y remarca que es una postura habitual en las peticiones de dación en pago y quita de deuda, la regidora de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú, Blanca Albà, reconoce a la entidad bancaria una amplia voluntad de negociación, actitud que opone a la de la PAH en el territorio: “Bankia ha presentado diversas propuestas, ha tenido mucho interés en llegar a un acuerdo. Nosotros las hemos conocido todas y hemos mediado. Pero los usuarios solo aceptan la dación en pago y, por lo tanto, no hay negociación posible”.

Mireia está convencida de que conseguir que la entidad bancaria le retire la deuda y no afecte a los ingresos de sus padres y suegros es un pulso, para el cual se siente con mucha fuerza a pesar de encontrarse en una posición similar a la de David contra Goliat. “Es la única manera de tener un futuro tranquilo y poder ofrecer a Eneko todo lo que necesite”. He aquí la fuente de energía inagotable que compensa el desgaste emocional.

A pesar de que las PAH han conseguido centenares de daciones en pago, Vanesa Valiño, directora del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), apunta que no es suficiente y que debe tenerse en cuenta, además, que hay personas que no llegan a las plataformas. “Lo que tenemos que exigir es seguridad jurídica; que la dación en pago no dependa de estar vinculado a una plataforma, sino que, por ley, tengamos un mecanismo que nos permita deshacernos de una deuda que contrajimos en un momento en el que pensábamos que la podríamos afrontar”.

La presión a pie de calle es la única vía que ha permitido paliar el golpe maestro del negocio bancario entorno al derecho a la vivienda, bajo una descarada connivencia gubernamental. “Mucho defender a los no nacidos pero una vez la familia está formada, a la calle, que malviva, y que la criatura sea carne de cañón para mañana. Yo no quiero un país de asaltadores para mi nieto. Y por esto estoy aquí”, hace constar Ramón, portavoz de la PAH Garraf, que espera resolver el caso de Mireia y su familia en forma de nuevo pequeño gran logro del patrimonio inmaterial de las PAH.

Cinco años de solidaridades y acción directa han ejercido de oposición a una ley que no cuenta con mecanismos de segunda oportunidad paras las familias sobreendeudadas: “No hay país de Europa que no incluya medidas para limpiar la deuda contraída para acceder a la vivienda, porque al mismo sistema económico le interesa que la gente pueda dejar de ser usuaria de servicios sociales y vuelva a ser consumidora”, explica Valiño.

Los grupos de la PAH tienen claro que la presión contra todas las entidades bancarias socialmente irresponsables debe intensificarse. “Conseguirlo depende mucho de las personas afectadas, con casos estancados. Hay motivos para hacer acciones contundentes y falta que digan ‘sí, estamos dispuestas’”, reivindica Jordi, portavoz de la PAH Osona, una comarca del interior de Cataluña en la que hace un mes que una acampada presiona al BBVA para que dé respuesta a cinco familias en dificultades. Mireia comparte el diagnóstico y, concluye, con firmeza: “Hay gente a la que le da pena que estemos aquí acampados, cuando lo que debería darle pena son las personas que, en mi situación, se quedan en casa”.

De la acampada contra el BBVA a potenciar la alternativa bancaria

“El banco no ha movido ni un milímetro su posición, como estrategia de desgaste. Pero, al contrario de lo que buscan, nosotros vamos subiendo el nivel de la reivindicación”, asegura Jordi. La acampada de la plaza Fra Bernadí de Manlleu, iniciada más de treinta días atrás para reclamar diversas daciones en pago, cancelaciones de deuda y alquiler social (que no supere el 30% de los ingresos de la unidad familiar) , ha sido la chispa para encender una campaña de boicot contra el BBVA.

La intención de la PAH Osona es trascender el apoyo a las cinco familias afectadas y potenciar la banca ética en Cataluña, de manera unitaria. Según explica el portavoz, la iniciativa cuenta con el apoyo explicitado de Procés Constituent, CUP, ICV y los sindicatos. “En la próxima reunión de PAH catalanas se pondrá la idea encima de la mesa, para que pase a ser una campaña en la que todo el mundo aparque las siglas para trasformar el modelo bancario, ya que el problema no son las hipotecas, sino el uso que hacen los bancos de nuestro dinero”, sintetiza Jordi.

En paralelo al inicio de la campaña, los activistas de la PAH prosiguen la acampada. “Nos han dejado claro que la deuda es calderilla para ellos -poco más de 50.000 euros entre los cinco casos-, cantidad que se acabaran gastando en el refuerzo de seguridad”, explica Jordi para concluir que, “si no aflojan y mantienen una deuda sí o sí, es para dejarnos claro que ellos marcan las reglas”.

Guillem, portavoz de la PAH Barcelona, coincide en que cada vez los bancos ceden menos a las peticiones de las plataformas. “Es un escándalo cómo la dejadez y parálisis del Govern de la Generalitat, como la del Gobierno estatal, nos deja solos batallando contra gigantes y se lavan las manos cuando hay población a la que se le vulneran los derechos a diario”, denuncia.

El derecho a la vivienda en Cataluña, vía ILP

Entre 2008 y 2013 se iniciaron 98.000 procedimientos de ejecución hipotecaria en Cataluña. “Estamos batiendo récords”, exclama Valiño al respecto, y remarca: “En muchos casos, además de la pérdida del inmueble, implica que perdure una deuda impagable sobre las familias”. Un escenario al que debe añadirse la dificultad, mucho menos visible, de hacer frente al precio del alquiler.

Según datos del Consejo General del Poder Judicial, de los más de 16.000 desahucios que se consumaron el 2013 en Cataluña, el 67% fueron por incapacidad de pago del alquiler. La explicación la encontramos en el paupérrimo parque de alquiler social del país. Sólo representa un 1% del total, una cifra irrisoria en los países del entorno europeo, que rondan el 18%. En Francia, por debajo de un 20% se considera insuficiente y, en el caso holandés, la cifra se eleva hasta el 40% del parque de vivienda.

La tríada promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de Medidas Urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional y a la pobreza energética (Plataformes d’Afectats per la Hipoteca de Catalunya, Aliança contra la Pobresa Energètica y Observatori DESC) denuncian que en Cataluña hay 448.356 pisos vacios, que representan el 13% del parque total de vivienda. Muchos de ellos, en manos de entidades financieras rescatadas con dinero público.

Para corregir la situación, han llevado la ILP al Parlament de Catalunya, en un segundo intento de forzar, a través de esta vía de proposición legislativa, que la ley ampare, de manera efectiva, los derechos humanos ligados a la vivienda. Se espera la admisión a trámite de la Mesa en los próximos días, para empezar el proceso y conseguir, según el calendario previsto, 50.000 firmas en cuatro meses a partir de septiembre. Un objetivo que parece muy asumible recordando el precedente de ILP de medidas de mínimos ante la emergencia habitacional presentada, y desvirtuada, en el Congreso de los Diputados. 400.000 de las 1,4 millones de firmas se recogieron en Cataluña.

En esa ocasión, el Gobierno español menospreció la voluntad expresada y aprobó una Ley cosmética (Ley 1/2013 de Medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social) que no ha enmendado los estragos de perder la vivienda y cargar con una deuda tras quedarse sin techo. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en el primer trimestre de este año, se han iniciado más de 32.500 procesos de ejecución hipotecaria, un incremento del 19,5% respecto al mismo trimestre de 2013. Cataluña, junto a Andalucía y el País Valenciano, son los territorios con mayor número de casos.

“Cumplir con todos los requisitos, tanto sociales como económicos, que prevé la Ley del PP es muy difícil y, a la práctica, pocas personas pueden acogerse a ella”, explica Valiño, a la luz de las cifras. Para la directora del Observatorio DESC no hay duda de que ha sido un engaño: “La mejor prueba es que las entidades financieras aceptaron las medidas de buen grado. Si hubiera supuesto un perjuicio para sus cuentas, la ley hubiera generado rebotes en lugar de una bienvenida”.

Aprobar la ILP, a modo de segundo asalto, superaría la situación actual en la que cada dación en pago es una batalla que “sudan” las PAH catalanas. “Pedimos soluciones globales porqué los problemas no son puntuales, sino que existe una emergencia habitacional generalizada”, defiende Guillem, quien resume la esencia de la propuesta de ley presentada: “En realidad, pedimos una segunda oportunidad para las familias”.

Sin dejar las acciones cara a cara en las sedes bancarias, la ILP puede abrir un frente de presión sobre las instituciones, “las que tienen la obligación de proteger a las personas y garantizarnos los derechos”, recuerda el portavoz. Si así fuera, Mireia respiraría tranquila. “Lo que estoy deseando es que esto se acabe para pasarme el día echando currículos. Para lo que sea. No se me caen los anillos por hacer ningún trabajo. Y volver a empezar. Primero, en casa de mi madre y después, en un piso de alquiler”. La experiencia le ha roto los esquemas de partida: “No volvería a hipotecarme en la vida”.


* La Marea - Meritxell Rigol - 21.7.14
Foto: PAH, manifestación Barcelona 16F - EFE

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El ladrillo pudo con Sanxenxo

Muchas veces hemos hablado en este blog del lamentable urbanismo del municipio pontevedrés de Sanxenxo; la politización del mismo, con la multitud de ilegalidades cometidas, ha hecho posible una tremenda degradación territorial en cuanto a sus condiciones de habitabilidad. Mientras crece la lista de imputados por estos delitos urbanísticos, las arcas públicas del mayor centro turístico de las Rías Baixas se hunden por el lastre de la construcción. Zona habitual de poderes fácticos mafiosos, desde el contrabando hasta el ladrillo, ha sucumbido a su propia idiosincrasia delictiva. Todo ello permitido por unas administraciones 'populares' cómplices que nunca han estado a la altura de las circunstancias, manejando, eso sí, la utilización perversa de unos electores poco comprometidos con su municipio.
"ELPAÍS* : Con 17.500 habitantes y una población flotante que alcanza picos de hasta 100.000 veraneantes cada año, Sanxenxo acusa el desplome de la construcción como ningún otro ayuntamiento gallego; un sector que fue un auténtico maná para la economía local y el gran pelotazo para los promotores inmobiliarios desde comienzos de la pasada década. Pero además de las arcas vacías por los efectos de la burbuja inmobiliaria, el mayor centro turístico de las Rías Baixas afronta varios procesos judiciales por la concesión de licencias bajo sospecha que ya cuentan con 17 imputados, entre miembros de la cúpula política y técnica de la recién desaparecida Xerencia de Urbanismo, y varias constructoras.

Indicios de delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio se derivan de las denuncias presentadas por particulares que tienen sus raíces en luchas internas dentro del PP local, que acabaron en una escisión del partido antes de las últimas elecciones municipales.

Los disidentes se integraron en la formación Sanxenxo Agrupación Liberal (SAL), contrarios a la elección como candidata de la actual alcaldesa popular, Catalina González, que oficialmente ya anunció su retirada del próximo cartel electoral. González les acusó públicamente de promover el calvario judicial en el que está imputada junto a Encarnación Rivas, actual secretaria general de Urbanismo de la Xunta y que dirigió esta área municipal durante los últimos años del gobierno del anterior regidor, Telmo Martín.

A la investigación que arrancó en 2012 se sumaron la semana pasada otros dos implicados después de que el caso haya tomado nueva forma con las diligencias divididas en cinco procedimientos distintos, tantos como el número de licencias urbanísticas que se han denunciado.

Alejado de la presión mediática que tomó el caso, el juez de Cambados, Juan Carlos Hermo, que heredó las pesquisas el pasado año, acaba de añadir a la lista de imputados a Juan Lorenzo Ramírez, último gerente de Urbanismo y actual responsable del servicio jurídico del Ayuntamiento por presunta prevaricación y tráfico de influencias en el polémico expediente de la calle Progreso, por el que han pasado por el juzgado varios testigos.

En estas diligencias que se centran en los dos bloques de viviendas edificadas por la constructora Balboa y Chan, en pleno casco urbano de la ciudad, está imputada Encarnación Rivas por presunta prevaricación, delito que podría ampliarse a otro de posible cohecho en su etapa al frente de la Xerencia de Urbanismo, entre 2004 a 2006.

El juez también acaba de imputar un supuesto delito contra la ordenación del territorio a la arquitecta de las obras de unos chalés en Bascuas, Elena L.F. —la segunda pieza judicial— que promovió la constructora Caneleiro Inversión, SL, y donde también está involucrada la alcaldesa por presunta prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

Una tercera investigación apunta a la concesión y posterior anulación de la licencia a las empresas Ferro Mesego y Promociones Inmobiliarias Lucasor para construir unos chalés en Dorrón, polémicas obras dada su ubicación y proximidad al cementerio de la parroquia de A Torre. Los dos restantes procedimientos se refieren a la construcción y reformas realizadas en la vivienda del arquitecto técnico municipal, Pablo Guio, y a la legalización de una construcción frente a la playa de Montalvo. Guio y su antecesor en el cargo, Rafael Vázquez Abal, también exgerente municipal de Urbanismo, solicitaron comparecer de nuevo ante el juez para ampliar su declaración del pasado diciembre.

En este momento procesal nadie se atreve a afirmar que la fase de citaciones e imputaciones haya terminado. El rumbo de las diligencias está en manos del juez que ha ampliado las pesquisas sobre algunos expedientes y no ha decidido todavía en qué situación quedará cada imputado; si amplia o rebaja los delitos, incluso si finalmente libera del proceso a alguno de los implicados.

El presupuesto en caída libre

El desplome de la construcción en Sanxenxo se ha llevado por delante la Xerencia de Urbanismo que se creó en 2003 como un órgano independiente que gestionaba las licencias de obras cuando el sector ya se había convertido el principal recurso de este pequeño Ayuntamiento costero. Su volumen de recaudación llegó a superar a algunos consistorios mayores de su entorno, como el de Pontevedra.

El departamento urbanístico se cerró hace dos meses con unos resultados deficitarios derivados de la crisis y con la mayoría de sus técnicos en distintas etapas imputados por varios delitos. Atrás quedaron las épocas de las excavadoras y las grúas, cuando las promociones inmobiliarias se contaban por centenares.

Aunque Sanxenxo siempre fue un imán para las constructoras, el bum alcanzó su punto máximo de 2005 a 2007, cuando se visaron más de 400 proyectos y los ingresos superaron los seis millones de euros. Los números y la recaudación cayeron en picado a partir de 2008 para gestionar apenas medio centenar de licencias, obras menores que generaron poco más de cien mil euros para las arcas públicas.

El presupuesto del Ayuntamiento también se encuentra en caída libre. De los 114 millones de euros que gestionó en 2007 (el segundo mayor de la provincia después de Vigo) pasó a 36 en 2012 para bajar a 31 en 2013, el mismo que se ha prorrogado para este ejercicio.

Aun así, la oferta inmobiliaria de Sanxenxo sigue siendo un gran tirón para la economía local, muy superior a otros centros de veraneo, mientras amplía sus fronteras al turismo hacia zonas menos masificadas de la costa. Los alquileres, por ejemplo, son con mucho de los más elevados de la provincia y el sector servicios continúa generando mucho empleo estacional.


* El País - ELISA LOIS - 19.7.14
Foto: Vista de la playa de Silgar, en el centro de Sanxenxo. / XURXO LOBATO

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Por fin, la nueva ley de Urbanismo valenciana

La conflictiva Comunidad Valenciana, en cuanto a urbanismo salvaje y corrupto se refiere, se acaba de dotar de un nuevo instrumento de planificación urbanística que, si bien supone un avance respecto a lo que había hasta el momento, tampoco termina de expresar correctamente todos los problemas existentes en la Ordenación Territorial. Por ejemplo en cuanto a los imprescindibles informes de Evaluación Ambiental que continuarán en el limbo de las competencias municipales y/o autonómicas, con lo que puede suponer de retraso en la coordinación de numerosos Planes. Y todo esto contando con la complicidad de unas administraciones tantas veces puestas en la picota urbanística por su declarada corrupción.
"GERARDO ROGER* : Por fin, las Cortes Valencianas procedieron el pasado 17 a aprobar la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (en adelante LOTUP), texto legal que viene a sustituir el insufrible y contradictorio marasmo legislativo preexistente en la Comunitat desde mediados de la década del 2000 y que aún solo por eso, debe ser celebrada su promulgación.

Pero es que, además, debe señalarse en su haber el esfuerzo de concertación llevado a cabo no solo entre las instituciones públicas y privadas responsables o aplicadoras del urbanismo valenciano, sino también con los partidos políticos con representación parlamentaria y más en concreto, entre los dos partidos mayoritarios, lo que ha permitido la conformación de un texto en su gran medida consensuado, lo que le confiere una cierta característica de estabilidad nada desdeñable y más aún, en la procelosa época económica en que nos encontramos.

Con respecto a los aspectos normativos de carácter positivo que recoge, cabría destacar como más trascendentes, la desagregación de los planes generales en dos planes, el estructural y el pormenorizado, lo que contribuirá indudablemente a racionalizar y aclarar los ámbitos competenciales entre Ayuntamientos y Generalitat. También a la agilización de las revisiones de los mismos, así como la regulación de los procedimientos de información pública con la introducción de medidas de control público y social que permitirán acotar los eventuales procesos especulativos y de corrupción. Y finalmente, la disposición de instrumentos jurídico-urbanísticos de intervención sostenible en la ciudad consolidada, único espacio capaz de recuperar la actividad urbanística y la generación de empleo a corto y medio plazo a través de la rehabilitación y regeneración urbanas. Una parte que, por cierto, se vió mejorada en el proceso de participación pública al que se sometieron los borradores de la ley y en la tramitación parlamentaria.

Sin embargo, en mi opinión, la LOTUP aún presenta algunas carencias o deficiencias que demandan su reajuste, bien mediante sencillas modificaciones puntuales de la ley o bien mediante su desarrollo reglamentario, lo que permitirá disponer de un texto legal final solvente y adecuado a la realidad socioeconómica en la que nos encontramos inmersos.

En este sentido y entre otras, se echa en falta una regulación más precisa de los procedimientos de tramitación de las evaluaciones ambientales estratégicas que respete de forma más adecuada las competencias urbanísticas de los Ayuntamientos y de la Generalitat y que no generen retrasos impropios y conflictivos en la aprobación del planeamiento, así como a la adopción de medidas más acordes a la realidad socio-urbanística en los procesos de regularización de los núcleos urbanos generados al margen del planeamiento, o la rigidez expuesta en la regulación de los porcentajes de participación pública en las plusvalías por parte de la Administración, hurtándose la posibilidad que ofrece la legislación estatal de suelo de su adecuación a la rentabilidad económica de las actuaciones urbanizadoras.

En fin, la LOTUP, como cualquier otro instrumento legal, presenta luces y sombras y estas últimas pueden (y deben) ser subsanadas mediante los procedimientos previstos para ello pero que y en cualquier caso, su promulgación debe ser bienvenida por lo que supone de indudable mejora sobre el maremágnum legal anterior y las posibilidades que ofrece para acometer, de una vez por todas, la tan demandada y necesaria recuperación de la actividad urbanística desde la disposición de explícitos criterios de equilibrio y sostenibilidad socioeconómica y también y a ser posible, de la desactivación de la "mala reputación" del urbanismo valenciano, en muchos casos "ganada a pulso" y que tanto daño ha hecho a la imagen de la Comunitat Valenciana. Ojalá se consiga.

* Gerardo Roger Fernández, Arquitecto y Profesor de Urbanismo del Instituto Pascual Madoz de la Universidad Carlos III.

* El País - 20.7.14
Foto: Valencia, cortes valencianas - tourist

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La PAH lanza una ILP catalana contra los desahucios y la pobreza energética

Ha transcurrido ya más de un año desde que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) reclamara con una iniciativa popular (ILP) en el Congreso, la dación en pago en las hipotecas. Con nulos resultados como se sabe, por la oposición entre otros del PP mayoritario. Ahora acusan también a la Generalitat de CiU de ser cómplice de la trágica situación catalana ya que tiene bastantes competencias transferidas y debería cambiar urgentemente su política de vivienda y energética. Para ello han solicitado una nueva iniciativa popular en el Parlament de Cataluña para lo que son necesarias 50.000 firmas (algo, como ya se vio, bastante sencillo de conseguir).
"ELPAÍS* : Un año después de que el Partido Popular rechazara en el Congreso la iniciativa legislativa popular (ILP) que reclamaba la dación en pago, diversos colectivos encabezados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) vuelven a la carga con una idea similar de ámbito catalán. Este jueves la han presentado a las puertas del Parlament y después la han registrado en la cámara, como paso previo a lograr las 50.000 firmas necesarias para que se debata. El texto de la ILP propone un paquete de medidas urgentes para paliar lo que se define como "emergencia habitacional, social y de pobreza energética". Es decir, las situaciones de las personas que pierden la vivienda y no pueden afrontar el pago de los servicios básicos de luz, agua y gas.

El Gobierno de CiU siempre ha argumentado que sus competencias son limitadas y que es la legislación española la que maniata a la Generalitat para afrontar el problema. De ahí que la ILP se haya cuidado de evitar la petición de cambios legislativos o medias políticas que escapan al Ejecutivo de Artur Mas.

Así, la ILP propone que los ciudadanos que no puedan pagar la hipoteca se les permita acogerse a un procedimiento extrajudicial para saldar la deuda. En otro apartado se sugiere que las familias en situación de vulnerabilidad que no puedan afrontar el alquiler de una vivienda que sea propiedad de las entidades financieras o bien las familias que hayan conseguido la dación en pago puedan seguir viviendo en el inmueble en régimen de alquiler social durante un mínimo de cinco años. También se propone que esas personas puedan beneficiarse de ayudas para evitar el desahucio y que las administraciones públicas garantices su realojo.

Cataluña es una de las comunidades más afectadas por la crisis económica en la que, según el Instituto de Estadística de Cataluña existen más de 200.000 hogares con todos los miembros en paro y en 95.000 de ellos no entra ningún ingreso. El año pasado se iniciaron en Cataluña 98.040 procedimientos de ejecución hipotecaria. El 67% de los 16.008 desahucios que se materializaron el año pasado fueron por imago del alquiler.

En cuanto a la pobreza energética, la ILP propone que las administraciones garanticen el acceso a los suministros de luz, agua y gas durante un mínimo de tres años a las personas vulnerables y que en caso de que no puedan ser cubiertos, se hagan cargo de su pago las empresas suministradoras.

El incremento del 60% del recibo de la luz desde 2008 y del agua de un 66% desde entonces ha hecho aumentar la pobreza energética, aseguran los impulsores de la ILP, de manera que durante 2011, un total de 193.000 hogares catalanes (un 6,9% del total) no pudieron asumir el gasto de mantener una vivienda a la temperatura adecuada.

Finalmente la ILP propone el alquiler forzoso en favor de las personas vulnerables durante un mínimo de cinco años de aquellas viviendas que sean propiedad de la banca y que estén infrautilizados durante un mínimo de dos años. La medida se aplicará de forma preferente en el caso de las entidades que hayan recibido ayudas públicas.

Después de registrarse la ILP en el Parlament, ahora debe ser aceptada por la Mesa, como paso previo a la recogida de firmas. Se da por seguro que se cubrirán con creces las exigencias, pues del millón y medio de firmas recogidas hace dos años con la ILP de ámbito español, una tercera parte presentaron desde Cataluña. Ahora basta con 50.00 firmas.


* El País - Pere Ríos - 10.7.14
Foto: Miembros de la Plataforma de afectados por la Hipoteca (PAH) se concentran mientras se presenta en el Parlament una nueva Iniciativa Legislativa Popular (ILP). / TONI GARRIGA (EFE)

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Madrid.- El centro de alzhéimer de Latina acabado en 2012 permanece abandonado

Este caso más que de despilfarro del alcalde-faraón Gallardón es un grave hecho delictivo debido a recortes injustificados de la política municipal en el ayuntamiento de Madrid. Dos años y medio lleva terminado y abandonado este centro de alzhéimer indispensable para un distrito tan poblado como La Latina, con más de 56.000 personas mayores de 65 años. La situación es trágica, pero el ayuntamiento de A.Botella no tiene presupuestado ni un euro para su puesta en funcionamiento, parece que les da igual lo que ocurra con los mayores de este barrio humilde del sur madrileño, mientras tengan atención otros barrios de su cuerda, más solventes económicante hablando. Vergonzosa discriminación.
"ELPAÍS* : Los rastrojos se acumulan en la verja metálica que rodea al edificio. Nadie se preocupa de quitarlos. Nadie lava sus paredes de las pintadas que rompen su monocromático tono gris. Nadie recoge los cristales que cayeron al suelo cuando unos intrusos invadieron el local. Nadie en el Ayuntamiento parece reparar en la gran mole que construyeron para albergar a enfermos de alzhéimer. Ni siquiera los tres millones que invirtió en su día el entonces alcalde Alberto Ruiz-Gallardón parecen ser motivo suficiente para dar sentido a una gestión económica que la oposición municipal considera “deplorable” y responder a las expectativas de las familias por las que impulsaron el proyecto.

El centro de la calle Alhambra se encuentra a pocos pasos del metro Laguna, pero el sonido del bullicio no alcanza a este lugar. Lleva más de dos años abandonado, desde que terminó de construirse a finales de 2011. No solo carece de personal y equipamiento por falta de disponibilidad presupuestaria, sino que ni siquiera tiene agua y electricidad porque el área sobre el que está levantado no ha acabado de urbanizarse. “La única intervención municipal —revela Jaime Lissavetzky, portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento— ha consistido en precintarlo con planchas metálicas para evitar que invadan de nuevo el edificio”.

El inmueble fue recepcionado en enero de 2012, y el área de Hacienda lo traspasó al distrito que, según fuentes municipales, era el encargado de velar por su seguridad y mantenimiento, pero actos vandálicos lo han destrozado. “¿Cómo es posible que esta alcaldesa que presume de ofrecer los mejores servicios sociales, se gaste tres millones de euros de los ciudadanos en una infraestructura que mantiene cerrada sin dar servicio a la gente que tanto lo necesita?”, cuestiona Lissavetzky.

Gallardón se comprometió a construir el centro en noviembre de 2006. Explicó que el distrito de la Latina, el segundo con mayor número de habitantes, después de Carabanchel, contaba con 54.000 personas mayores de 65 años y 13.000 que habían superado los 80, "edad en la que los indicadores de deterioro cognitivo aumentan considerablemente". Ahora hay 31.234 que han superado los 75 y cuya prevalencia de demencia se estima en un 12,5% hasta los 84 años y en un 27,7% a partir de entonces, según la Fundación Alzheimer España.

Paloma Herrero lleva 10 años conviviendo con la enfermedad de su madre. Siendo testigo de la pérdida progresiva de memoria, los ataques de ira y las escapadas nocturnas sin rumbo. “Tengo una pesadilla recurrente en la que ella está en medio de un campo, en una parada de autobús, en el aeropuerto... Siempre sola. Perdida”, revela Herrero con un nudo en la garganta que le impide continuar. Ella, como muchos otros vecinos de la zona, contaba con la puesta en marcha del centro para intentar retrasar lo inevitable. “Nosotros solos no podíamos. Me la llevé a casa, pero se escapó. No quería salir fuera de su entorno porque se desconcertaba aún más”, relata. Durante tres años, su marido y ella se turnaron para acompañar a la mujer, que dentro de poco cumplirá 88 años. Le daban de comer, la bañaban y le administraban las medicinas. “Pero llega un punto en el que necesitas ayuda cualificada. Ella no quería que contratáramos a nadie y, a falta de otra opción, empezamos a buscar residencias”, explica. Tiene claro que “un centro especializado en su barrio de siempre habría sido mejor para ella”.

La directora de uno de los centros de alzhéimer de Madrid ratifica las palabras de Herrero. “En fases iniciales se puede cuidar al enfermo en casa, pero llega un momento en el que resulta complicado porque son pacientes que requieren atenciones muy específicas. Aquí podemos desarrollar terapias no farmacológicas para intentar conservar las capacidades que aún mantienen”.

Los vecinos del barrio Los Cármenes tendrán que seguir esperando. Fuentes municipales aseguran que las obras de acondicionamiento comenzarán en el último trimestre de este año. Y una vez urbanizado, aseguran, arreglarán los desperfectos y determinarán el futuro uso del inmueble. “Me parece una infamia total que se haya construido el centro para luego abandonarlo de este modo”, juzga Herrero. “Tener a alguien con alzhéimer es algo terrorífico. Solo se entiende cuando lo vives”. Y remata su discurso con una reflexión: “Ahora vivimos más, ¿pero en qué condiciones?”.


* El País - MARÍA LILLO - 25.6.14
Foto: Un centro de alzhéimer abandonado en la calle Alhambra de Madrid. / CARLOS ROSILLO

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Galicia.- Una firma acusada de corrupción es la tercera con más obras municipales

La corrupción se extiende como mancha de aceite por todas las ciudades y organismos 'populares' gallegos. No hay provincia ni ayuntamiento que se salve de este saqueo continuo a las arcas públicas. Un ejemplo clarificador de esto es el de esta constructora gallega, Eiriña, que estando acusada en el grave caso de la 'Operación Patos' es una de las mayores beneficiadas de contratas de obras en la provincia de Pontevedra, Santiago ciudad, etc. ¿Como es posible que las administraciones actúen tan descaradamente?... Pues sencillamente por la impunidad existente en cometer ilegalidades urbanísticas, sabedores de que la justicia no actuará o, cuando lo haga, ya será demasiado tarde para rectificar un proyecto o una obra terminada. Vergonzoso.
"ELPAÍS* : La caída del sector de la construcción con la crisis ha supuesto que solo la renqueante obra pública permita respirar mínimamente a las empresas del ramo, circunstancia que ha favorecido a Eiriña SL, la sociedad en el centro de la Operación Patos, que investiga supuestos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias en la adjudicación de contratos públicos que estalló el pasado febrero y que también afecta a Cespa, filial de Ferrovial. La constructora ocupó en 2013 el tercer lugar entre las adjudicatarias de obra pública de las Administraciones locales gallegas con casi cinco millones de euros, según la clasificación elaborada por la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de A Coruña (Apecco).

El informe de Apecco detalla los contratos por los que pujó Eiriña, entre los que se cuenta alguno de los que son objeto de pesquisas por el Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo y por el que están imputados su administrador, Enrique Alonso, militante del PP y padre de la edil viguesa del mismo partido Alexia Alonso, así como su director general y el exedil de obras de Nigrán José Álvarez. La Diputación de Pontevedra y los Ayuntamientos de Pontevedra, Santiago y Vigo son los licitadores de los contratos en ese ejercicio.

El Ayuntamiento pontevedrés es la mayor fuente de ingresos públicos para Eiriña en 2013, con dos millones de euros adjudicados de los cuales la mitad proceden de las obras de rehabilitación integral de la avenida de Lugo y 676.000 de trabajos con el mismo fin en la calle Santa Clara, ambos requeridos durante los registros judiciales de febrero. Completa la cuenta una reparación de viales en Figueirido.

La segunda gran benefactora es a escasa distancia la Diputación de Pontevedra, con 1,85 millones adjudicados por trabajos entre los que destaca la obra más jugosa de las que recibió Eiriña en el pasado ejercicio: 1,24 millones para el campo de fútbol de Coia, en Vigo, que también figura en la lista roja del juzgado. Los demás trabajos son por obras en una carretera de Meis, saneamientos en Poio y Nigrán y un puente sobre un arroyo en A Estrada.

En tercer y cuarto lugar se sitúan, respectivamente, los Ayuntamientos de Santiago y Vigo, con 672.000 y 440.000 euros, respectivamente. En el caso de Compostela el importe corresponde a una única adjudicación, también entre las judicialmente controvertidas, correspondiente a las obras de excavación arqueológica y restauración del Castillo de A Rocha Forte. El Ayuntamiento vigués, por su parte, adjudicó a la compañía tres contratos, dos en Zamáns para obras en una iglesia y un paso sobre un arroyo y otro para humanizar la calle Ferreiros.

La constructora Eiriña también logró un pequeño contrato de la Administración central como fueron los 31.700 euros para un puesto de control en el Puerto de Vigo que no computa para el ránking local, en el que solo es precedida por dos empresas. Lidera la lista Civisglobal, SL con 9,8 millones, de los que el grueso son los 8,77 que consigue del Ayuntamiento de Vigo para la construcción, gestión y explotación del complejo deportivo de Navia y la omnipresente Covsa, que acumula en el ejercicio 32 contratos distintos repartidos por la comunid
ad por un montante total de 6,1 millones de euros.


* El País - VÍCTOR HONORATO - 8.7.14
Foto: Agentes requisan expedientes de obras en la Diputación de Pontevedra en febrero pasado. / LALO R. VILLAR

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El Supremo ratifica un fallo que anula el PXOM de Melón

Se siguen sucediendo los escándalos urbanísticos en la provincia de Ourense, feudo del cacique 'popular' Baltar. La justicia reitera la suspensión del Plan General de Melón, aprobado en 2008. Demasiado tiempo para que no hayan ocurrido más desgracias en el urbanismo del municipio, pero esta es la forma habitual de actuar de los políticos prevaricadores y de los jueces y fiscales lentos con las resoluciones urbanísticas, que afectan a todos los habitantes y recursos de una población.
"LAREGIÓN* : La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación presentado por el Concello de Melón contra la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de 24 de noviembre de 2011 en la que, estimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por un particular, José Rodríguez Quintela, se anula la Orden de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes de la Xunta de Galicia (ahora Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras) de 1 de agosto de 2008 por la que se dio aprobación definitiva al Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) del Ayuntamiento de Melón.

En consecuencia, ha quedado anulado un proyecto de ordenación urbanística iniciado hace más de siete años, y que fue denunciado por un particular, pero contando con el respaldo de un grupo de vecinos del municipio.

El Supremo afirma que la sentencia recurrida explica de manera suficiente las razones por las que considera contraria a derecho la determinación del Plan Xeral que contempla las obras de finalización del polideportivo municipal como dotación deportiva, señalando que tal determinación es nula al existir una orden de demolición confirmada por sentencia firme. "El Ayuntamiento podrá discrepar de esa razón dada por la sala de instancia; pero es indudable que la sentencia está motivada en este punto", señala el Supremo.


* La Región - 11.7.14
Foto: Melon (Ourense) - enlapuestadelsol


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Los afectados por la venta de viviendas públicas de Madrid intentan que un juzgado pare sus desahucios

Los tejemanejes del gobierno 'popular' de Madrid en cuestión de vivienda son ya conocidos. Su alergia (interesada) a todo lo que huela a vivienda social o pública es escandalosa. Y como no podía ser menos esto continúa con el inefable presidente de la Comunidad, I.González, al que le llueven las irregularidades urbanísticas cometidas. Es el caso de las antiguas viviendas públicas del IVIMA que, el susodicho, vendió a un 'fondo buitre' internacional. Los afectados por el desahucio que anunció el fondo de inversiones han llevado el asunto al juzgado junto a la demanda existente ya por delito de malversación de caudales públicos y prevaricación continuada del Instituto de la Vivienda. Veremos como actúa, una vez más, la politizada y débil justicia.
"ELDIARIO* : Los inquilinos de los, antiguamente, pisos públicos del Insituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid tratan de que un juzgado paralice los desahucios que esperan a la vuelta de la esquina tras la venta por parte del Gobierno de Ignacio González de sus casas al fondo de inversiones Goldman Sachs-Azora.

Agrupados en la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA, se han personado como acusación popular en el caso contra la antigua gerente del insituto Ana Gomendio por delito de malversación de caudales públicos y prevaricación continuada, denunciado por un grupo de diputados regionales socialistas. El pasado sábado se ha celebrado su primera asamblea.

"La idea es pedir medidas cautelares en el juzgado nº48 de Plaza de Castilla para que se paren los alzamientos", explica a eldiario.es su portavoz, Enrique Villalobos. Además de los inquilinos que no pueden hacer frente a alquileres, "se están echando encima cada vez más fechas de vencimiento para las viviendas del Plan Joven que incluían alquiler con derecho de compra", cuenta. Esto significa que la nueva dueña de las casa, el fondo de Goldman Sachs mediante la empresa Encasa Cibeles podrá poner el precio que desee a las promociones ya que una modificiación legal aprobada por el PP en Madrid así lo permite. Cada promoción tiene sus propios plazos, no es un proceso simultáneo para todas las viviendas.

"El cambio de dueño es perjudicial para los inquilinos"

Los vecinos no tuvieron derecho a tratar de comprar los pisos cuando el IVIMA los sacó a subasta. El precio medio por el que el fondo se llevó 2.395 casas fue de 68.000 euros cada una para una operación que inyectó 201 millones de euros al Gobierno regional. El IVIMA les ha negado la condición de parte interesada por "no verse afectada su condición jurídica ya que la condición arrendatídica permanece con las mismas condiciones que antes de la venta", expuso.

En este sentido, la Defensora del Pueblo ha considerado recientemente que "el cambio de la figura del arrendador –dueño– de una entidad pública a otra privada resulta perjudicial para los adjudicatarios de una vivienda de protección pública". Esto justifica su "condición de interesados en el proceso de autorización de la venta", concluye la defensoría.

Pero el tiempo corre en contra de los inquilinos. "El colectivo cae presa del desánimo", cuenta Villalobos. Muchos de los que viven en estas casas son grupos desfavorecidos, al menos en lo económico, por lo que sus alquileres tenían precio reducido. "Algunos no quieren pasar por un desahucio y todo lo que ello conlleva por lo que prefieren marcharse sin más", describe el portavoz.

Este asunto de la renta reducida también ha sido objeto de análisis por parte de la Defensora, quien ve peligros en traspasar estas casas a una entidad puramente privada. El IVIMA aduce que Goldman Sachs debe respetar la reducción por el periodo de su validez: dos años. Pero, contrapone la defensora, "a partir de su venta las casas dejan de ser del IVIMA" con lo que ya no existe obligación de aplicar la norma de ayuda económica. Resultado: el alquiler quedaría encarecido automáticamente a los dos años.

Los abogados de la asociación podrán, al ser acusación popular, participar en el interrogatorio de la antigua gerente Gomendio el próximo 3 de septiembre. "Nos parece que se ha retrasado mucho", creen en la asociación. De todas maneras "los análisis que ha aportado la Defensora del Pueblo nos apoyan mucho a la hora de acudir al juzgado porque se sustentan en los mismos argumentos que han estado utilizando nuestros asesores legales", remata Villalobos.


* El Diario - Raúl Rejón - 6.7.14
Foto: Madrid, viviendas IVIMA - diagonal

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Girona.- Asociaciones denuncian a la Comisión de Urbanismo por incumplir un fallo del TS sobre Vidreres

En la provincia de Girona, tradicionalmente feudo de CiU, se sigue practicando un urbanismo partidista, a pesar de la fuerte influencia de las asociaciones ciudadanas. Es el caso de Vidreres donde varias de estas asociaciones han denunciado al Comisión Provincial de Urbanismo por incumplimiento de una sentencia judicial de hace 3 años por reclasificación ilegal de suelo industrial. Es de todos conocido el partidismo de estas Comisiones de Urbanismo que suelen actuar al margen de la ley, obedeciendo únicamente consignas políticas partidistas. Algo que debería ser modificado en todo el país cuanto antes, ya que, lamentablemente, no ejercen la necesaria función técnica independiente.
LAINFORMACIÓN* : La Asociación Naturalistes de Girona (ANG) y la Plataforma Salvem el Pla de Vidreres han denunciado a la Comisión Provincial de Urbanismo de Girona ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por haber incumplido "reiteradamente" una sentencia del Tribunal Supremo (TS) de noviembre de 2011 que le obligaba a reclasificar el sector SUS-10 de un polígono de Vidreres como suelo no urbanizable.

La denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, destaca que han pasado más de dos años desde la sentencia del TS y recuerda que en este periodo de tiempo la Comisión de Urbanismo no ha tramitado ni aprobado definitivamente el expediente de modificación para desclasificar el polígono de Vidreres y calificar los terrenos como suelo no urbanizable de valor agrícola.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la ANG, Enric Cortiñas, ha explicado que la Comisión de Urbanismo está dilatando el proceso de desclasificación del sector urbanístico SUS-10 del municipio de Vidreres (Girona), porque "tiene interés" en encontrar una alternativa para los terrenos afectados.

El Ayuntamiento tramitó, hace más de un año, una modificación puntual de su Plan General de Ordenación Urbana para ejecutar la sentencia del TS, aunque la Comisión de Urbanismo ha dejado este asunto encima de la mesa.

Cortiñas ha puesto de relieve que había interés en aprobar "un plan que no respetaba la normativa" para este polígono de Vidreres, y ha añadido que la Comisión de Urbanismo mantiene negociaciones con los promotores del sector SUS-10, donde se preveían grandes expectativas de beneficio, según él.

Asimismo, ha destacado que la reclasificación de los terrenos no obliga a la administración a pagar a los propietarios por los beneficios esperados, y ha recordado que la indemnización por este caso de Vidreres "no sería significativa", porque no se ha llevado a cabo ninguna construcción en el polígono afectado.


* La Información - EP - 13.6.14
Foto: Vidreres - ayuntamiento



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El Santander pagó 96 millones al arquitecto de Boadilla que dibujó la Ciudad Financiera

Era algo cantado y lo sabía casi todo el mundo, menos la justicia que ha tardado en enterarse +10 años. Así cómo se puede funcionar en este país tan atrasado. El desgraciadamente famoso arquitecto L.Arnáiz, del PP, que redactó el Plan general de Boadilla (Madrid), estuvo involucrado en el pelotazo urbanístico de la Ciudad Financiera del Banco Santander. Se ve que a Botín le da lo mismo unos que otros, los tiene en la palma de la mano y es el auténtico ministro de Urbanismo de este país, como se demostrado en numerosas ocasiones.
"ELCONFIDENCIAL* : El pasado siempre vuelve. Diez años después, una causa que parecía enterrada toma cuerpo de forma indirecta. El juzgado de Instrucción nº35 de Madrid ha dado con un hilo que lleva a una madeja superior en la que el Banco Santander aparece como protagonista de tres operaciones inmobiliarias por importe de 96 millones de euros con Leopoldo Arnáiz, el arquitecto contratado por Boadilla del Monte para desarrollar el PGOU que reclasificó los terrenos adquiridos por el banco para su complejo financiero.

Una transacción vinculada a esas operaciones entre empresas pantalla y administradas por testaferros ha terminado con el arquitecto imputado por blanqueo de capitales tras ser delatado por un apoderado.
“Se trata de constituir una sociedad que se va a dedicar a comprar unos terrenos en Boadilla del Monte que son del Banco Santander y tú vas a ser el administrador si te interesa”. Con esta frase, el abogado Constantino Díaz González empezó su relato ante el titular del juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, en el que compareció en condición de imputado por fraude fiscal junto a su esposa. En su intención por eludir responsabilidades, destacando su condición de hombre de paja de una de las sociedades infractoras (Beltraex Nexo), el testimonio de este letrado de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) del Ayuntamiento de Madrid terminó destapando una trama superior.

“Los socios dirigían esta sociedad, si quiere le digo el nombre de los socios, señoría. Están unos arquitectos bastante importantes que son los hermanos Arnáiz, Leopoldo Arnáiz y Juan Arnáiz”. Trece minutos de declaración bastaron para apuntar al entramado societario vinculado al arquitecto Leopoldo Arnáiz Eguren, burgalés de 64 años, a través del cual canalizó los pagos recibidos del Banco Santander, a pesar de que este conocido urbanista fuera contratado por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte para diseñar su plan urbanístico, el mismo que reclasificó los terrenos adquiridos por el Banco Santander en este municipio madrileño para levantar la Ciudad Financiera.

El juzgado número 35 de Madrid trabaja con las pruebas que demuestran la relación existente entre el Banco Santander y el arquitecto que cambió la utilidad urbanística de las más de 230 hectáreas compradas anteriormente a precio de suelo rústico. Esa vinculación, por la que Arnáiz ya fue denunciado e imputado en 2001, dio pie al conocido como caso Ciudad Financiera, del que fue absuelto en octubre de 2010. Sin embargo, esta nueva derivada judicial ha tenido acceso a nuevas pruebas, entre otras las aportadas por su antigua socia Rosa Llano, prima del testaferro delator, imputada también por blanqueo de capitales en la causa que se resuelve en este juzgado.

Sobre este punto, un portavoz oficial del Banco Santander prefierió no hacer declaraciones, al considerar que se trata de una causa sub iúdice, en la que además ya han participado como testigos las personas de la entidad que han sido requeridas por la juez. Del mismo modo, un responsable de Arnáiz Consultores evitó manifestarse sobre este asunto en concreto, un caso que además considera ya viejo y que todavía está pendiente de resolverse en los juzgados.

El caso que ahora se dirime en el 35 se remonta a una inspección rutinaria de la Agencia Tributaria, que detectó ciertas irregularidades en Beltraex Nexo, empresa tapadera de Leopoldo Arnáiz. Creada en 2002, esta sociedad vendió meses después, en febrero de 2003, sus acciones a otra empresa, Fersa Gestión, administrada por Félix Ruiz Salinas (otro testaferro) y controlada a su vez por otra firma (Gloser) vinculada al urbanista. En esa transmisión de acciones, tanto el vendedor como el comprador defraudaron 811.000 euros, según el Ministerio de Hacienda, delito que dio lugar a la denuncia de mayo de 2009 que inicia toda la causa posterior, con Constantino Díaz y Félix Ruiz imputados por fraude fiscal.

Préstamos en efectivo y facturas al Banco Santander

La investigación de Hacienda también detectó que durante 2003 Beltraex Nexo ingresó en efectivo dos préstamos de 1,26 millones de euros, “aparentemente sin causa justificada”, según reza el último auto de la Audiencia, y emitió cuatro facturas por valor de 1,9 millones a una filial del Banco Santander llamada Cezosa, la sociedad creada por la entidad para comprar los terrenos que albergan su Ciudad Financiera. A Hacienda no le cuadraron esas facturas tan importantes para una empresa sin empleados, emitidas por unos trabajos de asesoría urbanística. A partir de ese punto, la Abogacía del Estado y la Fiscalía de Delitos Económicos se personaron en la causa y Constantino Díaz se sintió acorralado.

Según recoge el sumario del caso, el 2 de febrero de 2010, delante de juez, el testaferro explicó que los trabajos facturados los hizo “la familia Arnáiz”, unos “arquitectos muy importantes” que gestionaban “un gran grupo societario”. Constantino tiró de la manta y señaló también a su prima, la empresaria Rosa Llano, a quien responsabilizó de meterle en este lío. Este testimonio dio pie para que el urbanista y su exsocia fueran imputados y llamados a declarar. El arquitecto burgalés se negó en primera instancia, pero su antigua colaboradora descubrió ante la juez la guerra judicial que mantenía con Arnáiz, a quien había denunciado en 2009 en tres juzgados (el 4 y el 11 de lo Mercantil y el 39 de Instrucción) por un delito societario y para impugnar las cuentas de ocho empresas donde compartían intereses, aunque eran administradas por testaferros.

Antes de llegar al Banco Santander y a su Ciudad Financiera, el juzgado número 35 de Madrid descubrió el verdadero sentido dentro de la trama de Beltraex Nexo, en la que Constantino Díaz, aunque era el administrador, sólo tenía el 0,0083% de las acciones. El 74% de la sociedad era de Leopoldo Arnáiz; un 10% de su hermano Alfonso; otro 4,99% de otro hermano, Juan; y el 10% restante de Rosa Llano, la denunciante en las otras causas. La empresaria se había querellado porque la sociedad, controlada por el arquitecto, había realizado unas operaciones sin que ella como socia minoritaria tuviera voz ni voto.

Esa pelea entre socios por las operaciones de Beltraex Nexo lleva a la juez hasta la Ciudad Financiera. La sociedad pantalla pagó 3,1 millones de euros para comprar tres parcelas propiedad de Cezosa, la filial de suelo del Banco Santander, entre 2003 y 2006. Estas parcelas sumaban 26.600 metros cuadrados y eran restos de la nueva sede corporativa de la entidad. Todo cambió en 2008, cuando Beltraex revendió esas tres parcelas por 2,2 millones a Gamavila, sociedad que entonces administraba Carlos Serrano Altimiras, otro testaferro de Leopoldo Arnáiz imputado por estafa en otro juzgado de Madrid, y que ahora lleva su hermano Juan. Esa nueva sociedad pantalla estaba a su vez participada por Gamayalde Sociedad Consultora, de la que el urbanista de Boadilla del Monte llegó a controlar el 90% del capital, pero donde su exsocia ya no participaba.

El traspaso de activos tenía un sentido. Gamavila no se quedó con las tres parcelas. Dos de ellas (números 22.445 y 22.439 del Área Boadilla Sur) fueron vendidas en mayo y septiembre de 2008 al propio Banco Santander, su dueño original, por 18,6 millones de euros (a Beltraex le costaron 1,8 millones). Mientras, en la tercera parcela (finca 22.444), Gamavila construyó un edificio (Alhambra), que en mayo de 2012 fue vendido a otra empresa filial, Santander Global Facilities, por 77,6 millones. En total, a través del entramado de sociedades pantalla, Leopoldo Arnáiz facturó 96 millones al Banco Santander con tres operaciones de activos que antes fueron de la entidad.


* El Confidencial - C.Hernanz/DM.Moreno - 15.7.14
Foto: Arnáiz y el Santander- elconfidencial

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La Plataforma contra la Especulación de Candeleda critica la política urbanística municipal

Conocida es la intensa actividad de esta plataforma ciudadana en Candeleda (Ávila) en favor de su municipio y contra los ataques urbanísticos salvajes del equipo de gobierno del ayuntamiento. Ahora ha criticado la política del alcalde de la localidad en esta materia con motivo de su intervención en la apertura de una exposición sobre 'El proceso de construcción de la presa del Rosarito.
"ÁVILARED* : Por eso hablan de la “incoherencia” del alcalde, José María Monforte, cuando en esa inauguración destacó los valores ambientales de Candeleda cuando “lleva a cabo una política urbanística de alto impacto”. En este sentido lamentan que “se están autorizando viviendas en el espacio de protección del embalse de Rosarito, a pocos metros de la lámina de agua, y en donde existen tendidos de electrificación aéreos, infraestructuras que son una de las primeras causas de mortandad en aves”.

Por ello, la plataforma llama la atención sobre “la falta de rigor” que muestran tanto el Ayuntamiento de Candeleda, como la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en cuanto a la aplicación de políticas territoriales acordes con la Ley de Urbanismo de Castilla y León y su Reglamento.

Autorización masiva
Llaman la atención sobre la "autorización masiva" de la construcción de viviendas "en suelo rústico y suelo de protección natural, incluido en muchas ocasiones en espacios de la Red Natura 2000 y con hábitats de interés prioritario, sin tan siquiera pasar el trámite de Evaluación de Impacto Ambiental”.

La Ley de Urbanismo de Castilla y León y su Reglamento, según la plataforma, establecen que la construcción en suelo rústico y de protección natural, “es un uso excepcional y no una constante", sin olvidar que “la aplicación de la normativa urbanística regional prevalece sobre el planeamiento municipal vigente en virtud del principio de jerarquía normativa".

La acumulación de proyectos en estas zonas, dado su elevado valor ambiental, supone "una afección negativa sobre la calidad, la estructura y las funciones específicas necesarias para la conservación de hábitats y especies, debido a la discontinuidad que las construcciones, los residuos y las infraestructuras que las acompañan introducen en el espacio natural".


* Avila Red - 4.7.14
Foto: Candeleda (Avila), vista

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La exalcaldesa de Plasencia es condenada a 2 años y 6 meses de prisión por fraude urbanístico

El mismo fraude urbanístico que se repite día tras día en todos los municipios y administraciones del país: el fraccionamiento de una contrata de obras para así evitar el concurso público y poder adjudicarlas a los amiguetes de turno que, lógicamente, pagarán sus debidas comisiones a los altos cargos políticos. Un delito demasiado conocido como para que la justicia no haya tomado cartas en el asunto y actúe de 'motu propio' contra este sistema de corrupción urbanístico tan escandaloso. Ahora ha sucedido en Plasencia, pero lo que sale a luz es lo mínimo de la lamentable realidad actual en todo el país.
"20MINUTOS* : El Juzgado de lo Penal de Plasencia (Cáceres) ha condenado a la exalcaldesa de Plasencia y actual edil del Grupo Socialista, Elia María Blanco, a dos años y seis meses de prisión, además de a ocho años de inhabilitación por un delito continuado de fraude en adjudicaciones de obras públicas.

Según la sentencia, contra la que se puede interponer recurso de apelación en el plazo de diez días, la alcaldesa ha sido condenada, además, a diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación. De igual forma, la titular del juzgado ha condenado, con idénticas penas, al constructor placentino José Antonio Romero Vega. Además de Blanco y Romero, se sentaron en el banquillo, como acusados por el denominado caso Plasencia, los concejales Francisco Barbancho (PSOE) y Mónica García (PREx-CREx) y los exediles socialistas Enrique Tornero, Blas Raimundo y Pablo Sánchez del Mazo. En este sentido, Barbancho y Tornero han sido condenados a nueve años y seis meses de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación y a dos años y tres meses de cárcel, así como a siete años y seis meses de inhabilitación, por un delito continuado de fraude, cada uno.

El exconcejal Blas Raimundo será inhabilitado durante un periodo de siete años por prevaricación y ha sido condenado a un año de prisión y seis años de inhabilitación por fraude.

Por lo que respecta a los dos últimos imputados, la edil regionalista Mónica García y el exconcejal Sánchez del Mazo, la titular del Juzgado de lo Penal ha condenado a la primera a nueve años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación, y a Del Mazo, a ocho años de inhabilitación por idéntico delito.
En cuanto a la responsabilidad civil de los condenados, la magistrada ha condenado a Elia Blanco, Francisco Barbancho y José Antonio Romero a que de forma conjunta y solidaria indemnicen al Ayuntamiento placentino por el exceso facturado en las obras del estacionamiento de La Isla con 42.304,28 euros. Por la misma obra también deberá responder de forma solidariamente, pero solo por la mitad (26.459,24 euros), el exedil Blas Raimundo. También ha condenado a Blanco, Barbancho, Romero y Enrique Tornero a que indemnicen de forma conjunta y solidaria al Consistorio los excesos facturados en las obras de la pista de autocross y motocross (11.697,70 euros); de la piscina climatizada (17.425,46 euros), y del mantenimiento de la Ciudad Deportiva.

El 15 de septiembre de 2011, el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Plasencia dictó un auto de apertura de procedimiento penal abreviado contra los siete condenados por entender que tuvieron una actuación que podía ser constitutiva de delito.

Irregularidades en fondos públicos

La actuación judicial tiene su origen en una investigación iniciada por el Grupo Municipal Popular al comienzo de la pasada legislatura en torno a posibles irregularidades en el manejo de fondos municipales, que tienen que ver con el fraccionamiento del importe de siete obras públicas para poder adjudicarlas directamente al constructor condenado y evitar así la licitación pública. Hasta el momento, ya han confirmado que recurrirán la sentencia ante la Audiencia Provincial Elia María Blanco, José Antonio Romero, Enrique Tornero y Mónica García.

Ésta última también ha anunciado que abandonará su acta de concejal en el próximo pleno que celebre el Ayuntamiento de Plasencia, una decisión que, según han indicado fuentes socialistas, también habría tomado ya la exalcaldesa y actual edil Elia Blanco, para quien el fallo es "absolutamente injusto". Por su parte Francisco Barbancho, Blas Raimundo y Pablo Sánchez han declarado, tras recoger el fallo, que deben estudiar la sentencia con sus abogados antes de pronunciarse sobre posibles recursos.


* 20 Minutos - EFE - 14.07.14
Foto: Ayuntamiento Plasencia - viajar

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El TSJ condena al ayuntamiento de Valencia por rehabilitar Tabacalera con dinero para vivienda social

Casi nada sorprende ya en el corrupto ayuntamiento valenciano, gobernado por la 'popular' R.Barberá. Otra vez más es condenado por la práctica ilegal de dedicar el dinero destinado para vivienda sociales, algo urgente y necesario, en otras obras y proyectos. En este caso en la rehabilitación del edificio de Tabacalera para sede del nuevo Ayuntamiento. Es decir, doblemente delictivo, pero sin duda, como hizo Gallardón en Madrid, más aparente en ese urbanismo falso y de cartón piedra que tanto gusta a la fallera alcaldesa DªRita. Otro ejemplo más de lo que es un despilfarro delictivo en un ayuntamiento y que debería tener mayores consecuencias judiciales que solo la reposición del dinero público escamoteado.
"LEVANTE* : El gobierno de Rita Barberá ha vuelto a recibir otro varapalo judicial por la operación de Tabacalera. El Tribunal Superior de Justicia valenciano ha anulado el acuerdo plenario de mayo de 2008 del Ayuntamiento de Valencia por el que se destinaron 7,8 millones de euros procedentes de la enajenación de suelo municipal a la rehabilitación de la antigua fábrica, reconvertida en nuevo ayuntamiento.

El tribunal desestima así el recurso interpuesto por el consistorio y valida la sentencia del juzgado contencioso-administrativo número 4, que estimó el recurso del PSPV de la ciudad contra el citado acuerdo anulándolo.

El ayuntamiento tendrá ahora que restituir esos casi ocho millones de euros y destinarlos a la construcción de vivienda protegida en cumplimiento de la ley urbanística valenciana. El TSJ no condena en costas al consistorio al entender que la normativa ha sido objeto recientemente de una modificación que relaja la exigencia de destinar necesariamente el patrimonio municipal del suelo a hacer vivienda protegida.

En su demanda, el PSPV impugnó la decisión del gobierno del PP de destinar los ingresos por la venta de suelo a rehabilitar la Tabacalera, la plaza Redonda y el Mercado Central. De ellos, 7,8 millones de euros procedentes del PMS se destinaron al proyecto de rehabilitación de la Tabacalera en vez de a la promoción de vivienda pública.

El ayuntamiento alegó que en la ciudad está cubierta la demanda de vivienda barata y que la rehabilitación también cumplía fines de interés sociales.

El concejal socialista Vicent Sarrià aseguró ayer que la sentencia evidencia que la gestión del PP se caracteriza por «el despilfarro de los recursos públicos y las malas prácticas que mantienen el urbanismo de la ciudad bajo sospecha». El portavoz de EU, Amadeu Sanchis, se sumó a esta crítica.

La operacion de la Tabacalera está además pendiente de una revisión por parte del TSJ de las valoraciones que se hicieron en la permuta y de los derribos.


* Levante - 5.7.14
Foto: Valencia, Tabacalera pelotazo - el pais



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Cataluña.- Los escándalos económicos acechan de nuevo a las entidades municipalistas

Como ejemplo de lo que sucede en los municipios catalanes, tenemos las propias entidades supramunicipales privadas, dependientes de CiU y del PSOE originalmente, que han sido acusadas por irregularidades de todo tipo, sobre todo económicas basadas en un urbanismo ilegal, que demuestra a las claras la delictiva actividad de estos entes que se superponen injustificadamente a los ayuntamientos catalanes. Las dos asociaciones municipalistas: FMC y ACM, además, se financian básicamente de dinero procedente de presupuestos públicos, algo que es delictivo dado que pertenecen al derecho privado y solo sirve para que funcionen como mafias políticas al servicio de intereses partidistas.
"ELPAÍS* : Hace dos años, la Federación de Municipios de Cataluña (FMC) y la Asociación Catalana de Municipios (ACM), eran una desconocidas más allá del ámbito político. Ambas han saltado a la prensa por escándalos económicos: la ACM por el supuesto saqueo de 900.000 euros por parte de Josep Maria Matas y Xavier Solà, ex secretario y el ex jefe de los servicios jurídicos, respectivamente —la Fiscalía Anticorrupción pide cinco años y medio de cárcel para ambos.

Desde que se reveló el sumario del caso Mercurio de corrupción urbanística en Sabadell a final de 20103, pero especialmente esta semana, la FMC la que se está en el punto de mira de los jueces por el presunto pago de 300.000 euros en sobresueldos irregulares a 40 alcaldes en 2011 y 2012. Ambas son entidades de derecho privado, pero ambas se nutren básicamente de dinero público.

Estos escándalos han hecho que hasta los propios ediles, que son los que integran los órganos de gobierno, cuestionen la honorabilidad de estos organismos. “Si la FMC es la entidad donde preguntamos cómo debemos hacer las cosas, vamos bien”, espetaba el viernes con indignación no contenida el alcalde de Mataró, Joan Mora (CiU), perceptor de sobresueldo. Su enfado se refiere al “error técnico”, así se define en la FMC la tramitación de los importes fijos —entre 255 y 1.989 euros brutos mensuales— que cobran los directivos, cuando el concepto tendría que ser el de dietas justificadas. El estallido del caso supuso el cese del gestor de la FMC, el secretario Adolfo Moreno, un hombre colocado allí por Manuel Bustos, ex alcalde socialista de Sabadell y expresidente de la FMC, implicado en el caso Mercurio.

Pero, ¿qué son las entidades municipalistas? ¿Cómo funcionan? ¿Hay control de sus cuentas? Ambas nacieron en 1981 y pronto se convirtieron en contrapoder político. La FMC quedó vinculada al Partit dels Socialistes (PSC) y la ACM a Convergència i Unió (CiU). A partir de 2011 sus órganos de gobierno se hicieron más plurales y se equilibraron las fuerzas. Ahora hay un acuerdo político entre los partidos y las sillas de los órganos de gobierno de las dos asociaciones se reparten según los resultados electorales en los municipios asociados.

La función de las asociaciones es representar y defender los intereses locales ante la Generalitat y el Gobierno central. “Es como el sindicato de los municipios”, resume Josep Maria Freixanet, alcalde de Olost (ERC). “Cuando se tramita una ley, los vicepresidentes de la FMC son los responsables de defender los intereses de los municipios. Después estamos los responsables de las sectoriales”, explica Jordi San José, alcalde de Sant Feliu de Llobregat (ICV), responsable de los temas de Urbanismo y Educación en la FMC. Freixanet explica que casi cada mes participa en la comisión entre los municipios y el Departamento de Enseñanza donde se tratan temas como las becas comedor, las guarderías, las escuelas de música, etc. La FMC ha sido guerrera en los recortes de la Generalitat a estos centros. El edil de Olost también participa en el Consejo Escolar de Cataluña, el Consejo de la FP (que prepara la nueva ley catalana de este tipo de estudios). Esto lo lleva a recoger uno o varios días a la semana el cerca de centenar de kilómetros desde su pueblo a Barcelona.

La alcaldesa de l'Hospitalet, la socialista Núria Marín, tiene reservado un día a la semana para sus responsabilidades en el área económica en la FMC, explican desde su entorno. Así, le ha tocado batallar contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, norma rechazada por los ayuntamientos, ya que permite arrebatar a los municipios pequeños servicios que no se consideren eficientes.

En este ámbito, y en muchos otros, ambas asociaciones ofrecen asesoramiento administrativo y jurídico a los ayuntamientos y organizan cursos de formación para técnicos y cargos políticos. La ACM también se ofrece como central de compras, para conseguir contratos más económicos de suministros y materiales.

Pero estos servicios no son gratis. Para acceder a ellos, los municipios pagan una cuota anual, cuyo importe varía según el tamaño. Por ejemplo, Mataró (124.000 habitantes) ha destinado este año 23.453 euros a la FMC y 19.019 a la AMC. En cambio, Santa Eulàlia de Ronçana (7.000 habitantes) aporta 1.490 euros a la ACM y 1.243 a la FMC, según su presupuesto de 2013. Otras Administraciones participan también en la financiación. La Diputación de Barcelona ha inyectado este año 260.000 euros a cada una de las entidades y la Generalitat, 300.000.

La FMC, con 673 municipios adheridos de los más de 940 que tiene Cataluña, tiene este año un presupuesto de 2,5 millones. De sus ingresos, 1,3 millones proceden de las cuotas y 357.000 euros, de lo que pagan los entes locales por cursos y seminarios. El resto viene de subvenciones y publicaciones. Teniendo en cuenta los tres primeros conceptos —la FMC no detalla la procedencia de las subvenciones—, se deduce que al menos el 86% de su presupuesto procede de fondos públicos. Respecto a los gastos, 1,1 millones se destinan a gasto de personal. Destaca el importe para organizar cursos (casi 284.000 euros), la aportación a entidades y las provisiones (más de 200.000 euros en ambos casos). También cuenta con una partida de 45.000 euros para desplazamientos. Desde 2013, la FMC ya no paga las polémicas dietas fijas; los alcaldes deben justificar el gasto para poderlo cobrar.

La AMC, con un millar de asociados, maneja 3,5 millones, de los que la mitad son cuotas de las Administraciones y el resto, prestación de servicios e ingresos de explotación. En el apartado de gastos, destina casi la mitad del presupuesto a personal. La AMC paga indemnizaciones, con un importe igual para todos, por asistir a las reuniones de la ejecutiva.

El hecho de que ambas sean asociaciones privadas, pese a financiarse con dinero público, les permite sortear la lupa de la Sindicatura de Cuentas. Sí presentan las cuentas a la Generalitat y al Registro Mercantil, aunque no con mucha celeridad. Las últimas cuentas que la FMC ha presentado al Registro Mercantil corresponden a 2009, según comprobó este diario esta semana.

El escándalo sobre el saqueo de la ACM y la polémica sobre la opacidad que las envolvía ha llevado a las dos entidades a aplicar desde hace dos años más medidas de control, como auditorías internas, y también han avanzado en transparencia, publicando sus presupuestos y liquidaciones –aunque con pocos detalles- en sus páginas web.


* El País - IVANNA VALLESPÍN - 6.7.14
Foto: Mataró (Barcelona), ayuntamiento - viajes



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Ourense.- Licitadas obras por 1,5 millones para acabar el asilo ilegal de un clan del PP

La provincia de Ourense y su Diputación, como ya se ha repetido numerosas veces, era el feudo natural del cacique 'popular' Baltar y sigue dando que hablar por la cantidad de ilegalidades urbanísticas cometidas. En la aldea de Chandrexa de Queixa, con el gobierno de uno de los alcaldes PP de Baltar, se levantó ilegalmente una construcción de 4 plantas, fuera de normativa, para un asilo de ancianos. La Xunta de Feijóo salvó injustamente el derribo del edificio y ahora lo gestionará, además, la empresa del mismo exalcalde del PP. Como se ve todo un rosario de actividades urbanísticas delictivas que no hacen sino ejemplificar cómo se ha ido actuando en la Galicia interior, todo a golpe de caciquismo ancestral, basándose en la actual infraestructura de intereses que posee el partido popular en la zona. Algo que, como siempre, la justicia no ha sabido cortar de raíz por su debilidad, y complicidad por tanto, con las tramas urbanísticas mafiosas.
"ELPAÍS* : El asilo ilegal de 2.500 metros cuadrados promovido por el jubilado exbarón popular José Luis Baltar para la empresa del que entonces era uno de sus alcaldes, levantado por la constructora de otro exregidor del PP en una aldea de 70 habitantes y sobre el que pesaba una orden de derribo perdonada por la Xunta de Alberto Nuñez Feijóo, se salva de todos sus males gracias a las maniobras del partido en tres Administraciones. El remate de la obra acaba de salir a licitación por 1,5 millones de euros tras evitar la piqueta y recibir fondos de todos los organismos controlados por los populares.

El edificio, una mole de cuatro plantas ubicada en un idílico paisaje de alta montaña del municipio ourensano de Chandrexa de Queixa, permanece inconcluso, luciendo ladrillo, desde la pasada década. La Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU), dependiente de la Xunta, detalló en 2010 un rosario de ilegalidades, concluyó que no era legalizable y ordenó su inmediata demolición. Dos años después y contraviniendo su propia decisión, la agencia urbanística del Gobierno de Feijóo perdonó el derribo.

Ahora y tras haber consumido 662.000 euros en tiempos de Baltar padre, el dinero para el asilo ilegal vuelve a brotar desde las arcas públicas controladas por los conservadores. El Ayuntamiento de Chandrexa (PP) ha sacado a licitación a través de la Diputación de Ourense (PP) el remate del edificio y la urbanización de su entorno con un plazo de ejecución de 20 meses. La génesis del dinero está en un convenio firmado por Feijóo y el exministro Miguel Arias Cañete en el que la Xunta incluyó decenas de propuestas que serían sufragadas mediante un plan para el desarrollo rural.

Al hacerse pública la lista de obras bendecidas por ese convenio con el asilo ilegal entre ellas, la Consellería de Benestar aseguró a este diario que desconocía la situación del edificio y matizó que la adjudicación de fondos no era definitiva ya que podía ser revisada. Pero lo que se revisó casi de inmediato fue la orden de derribo. La APLU tumbó la demolición y despejó el camino del asilo el mismo día del mes de junio de 2012 que este diario publicó la concesión de 1,6 millones a un asilo con orden de derribo por parte de la Xunta y el Gobierno central. En noviembre de 2013, la residencia recibió autorización administrativa de Benestar, y en abril de este mismo año, la consellería y el Ayuntamiento ratificaron el asilo mediante otro convenio.

Tras la retahíla de irregularidades descrita por la APLU en las sucesivas inspecciones de los técnicos y en las respuestas a las alegaciones formuladas por el propio alcalde, el Ayuntamiento redactó un plan especial de dotaciones e infraestructuras para que el inconcluso edificio quedase bajo el paraguas de la ley y de esta forma “fuese considerado viable desde el punto de vista urbanístico por parte de la agencia”. El nuevo proyecto que acaba de salir a licitación incluye trucos como la construcción de un talud de terreno junto a la planta baja “consiguiéndose así que a efectos legales esta planta compute como sótano” y la cuarta planta no quede fuera de ordenación, ya que la normativa vigente solo permite levantar tres.

La obra lleva casi tres lustros peleando contra sus propias irregularidades. En 2001, el pleno acordó su construcción. Desde entonces, las Administraciones populares han tejido un guante a medida del asilo que, según un acuerdo de 2000, fue ideado para ser cedido gratuitamente a la Fundación Valdegodos, propiedad de la familia Candal, que ostenta la alcaldía de Vilamartín de Valdeorras desde la dictadura y que es propietaria de esta sociedad dedicada a los geriátricos. El Ayuntamiento incluso ordenó transformar las habitaciones individuales en dobles. Un insignificante cambio en los planos del proyecto que multiplicará los ingresos de los dueños del negocio.

Rosario de irregularidades

A pesar de que la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU) certificó un rosario de ilegalidades no subsanables que implicaban la demolición del geriátrico, el 26 de junio de 2012, el mismo día que este diario publicó la adjudicación de más fondos públicos para el edificio ilegal, el subdirector de la APLU archivó la orden de derribo.
Dos años antes, los técnicos de la agencia habían concluido que la construcción se levantó sin autorización autonómica en suelo rústico incumpliendo la Ley de Suelo de 1997, duplicando la altura permitida, excediendo la ocupación máxima del terreno y sin la obligatoria previsión de aparcamientos. Los inspectores llegaron a dictaminar en sus informes que “no se adapta al ambiente en el que se encuentra” porque “rompe la harmonía del paisaje y desfigura la perspectiva del conjunto”. La agencia también impuso al Ayuntamiento de Chandrexa de Queixa multas coercitivas de 1.000 euros por incumplir la demolición que debía haber sido ejecutada en menos de tres meses.


* El País - PABLO TABOADA - 7.7.14
Foto: Residencia ilegal en Chandrexa de Queixa. / NACHO GÓMEZ

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