El Ayuntamiento de Madrid valora en 19 millones la Caja Mágica, que costó 300

Los grandes fastos que iban a suceder en Madrid pocos años atrás llevó a su inepto alcalde, R.Gallardón, a realizar enormes obras faraónicas por toda la ciudad que, como más tarde se ha visto, han generado la mayor deuda existente entre todas las capitales españolas o europeas. El fraude económico es de tanta repercusión que habrán de pasar varias generaciones para lograr un cierto equilibrio presupuestario. Sin embargo por estos hechos criminales no ha sido imputado todavía el exalcalde y le han permitido, incluso, ser ministro 'carca' de Justicia. La sociedad municipal encargada de perpetrar esta inmensa ruina, Madridec, quebró en 2013, dejando para el Ayuntamiento las deudas de la Caja Mágica y las obras inacabadas del Centro Acuático, el Centro de Convenciones y alguna más. Todo un 'muerto' para los madrileños.
"ELPAÍS* : El exalcalde de la capital Alberto Ruiz-Gallardon (Partido Popular, 2003-2011) encomendó a la empresa pública Madrid Espacios y Congresos (Madridec) la construcción de algunas de sus obras más emblemáticas, puesto que su deuda no computaba como municipal en el registro del Banco de España. Tres de esas grandes infraestructuras han resultado ruinosas, hasta el punto de que el valor económico que el Ayuntamiento les atribuye es muy inferior al coste de la obra, según un informe de la Intervención General, fechado el pasado 12 de marzo.

La Caja Mágica, la única acabada, fue presupuestada en 140 millones de euros y terminó costando 294. El Ayuntamiento le otorga sin embargo un valor de 19 millones. En el Centro Acuático, un esqueleto junto a La Peineta, se han invertido 54,5 millones; la tasación privada encargada por el Ayuntamiento valora la construcción en 19 millones. El frustrado Centro de Convenciones, un agujero junto al paseo de la Castellana, ha costado 82,8 millones. El Ayuntamiento asigna a la parcela un valor de 25,7 millones, frente a los 79 millones en los que valoró el suelo Madridec. Esta empresa pública quebró en 2013, ocasionando una pérdida de 118,3 millones al Ayuntamiento.

Quiebra y disolución. Madridec, cuya actividad principal era, según el Ministerio de Hacienda, la explotación de instalaciones inmobiliarias, quebró y fue disuelta el 31 de diciembre de 2013.

El Ayuntamiento (gobernado por el PP desde 1991) aseguró que su viabilidad se vio “comprometida por el importante esfuerzo inversor en infraestructuras”.

118 millones de pérdidas. Al quebrar Madridec, el Ayuntamiento asumió su deuda, infraestructuras y proyectos inacabados. Se apuntó unas pérdidas totales de 118,3 millones de euros, que según fuentes municipales responden a la aplicación de criterios contables diferentes entre el Ayuntamiento y la empresa pública. Al traspasar los bienes inmuebles se revisó su valoración, lo que supuso una minoración patrimonial de 86,6 millones de euros.

Centro Acuático. Madridec asumió la construcción del Centro Acuático en 2006. Ubicado junto al estadio de La Peineta, debía tener aforo para 15.000 espectadores para albergar las pruebas de natación de unos Juegos Olímpicos que nunca llegaron. Su presupuesto inicial fue de 136,7 millones, pero en abril de 2011, cuando se decidió la “suspensión temporal de la obra” por “las circunstancias económicas y las políticas de recorte de gasto”, ya se había elevado a 192,5 millones (un 41%).

En total, el Ayuntamiento heredó un conjunto de contratos vigentes que ascienden a 181,3 millones de euros. La alcaldesa, Ana Botella, ha insistido en que la obra no se concluirá como estaba proyectada, por lo que los contratos tendrán que modificarse o cancelarse, previo acuerdo o pago de compensaciones.

Madridec invirtió en total 54,5 millones de euros de dinero público en la construcción del Centro Acuático. Sin embargo, su valor de mercado asciende ahora a 23,5 millones (19 millones por la construcción y 4,4 millones por el suelo), según la tasación realizada para el Ayuntamiento por Gestión de Valoraciones y Tasaciones SA.

En su informe, la Intervención cuantifica una provisión de 92,3 millones para “adecuar la contabilidad municipal a los datos del balance de la empresa” pública. Considera que la minusvalía es “puramente contable” dado que el carácter público del inmueble (es decir, como no se va a vender, no se podrá comprobar que vale mucho menos de lo que costó).

El ‘agujero de la Castellana’. El Ayuntamiento cedió a Madridec en diciembre de 2010 la parcela junto al paseo de la Castellana, a la altura de las cuatro torres, en la que planeaba construir el Centro Internacional de Convenciones. Tan sólo se han realizado las obras correspondientes a la estructura bajo rasante; el proyecto como tal se ha abandonado, y el gobierno municipal planea licitar en breve la parcela para darle un uso comercial.

El valor del suelo que figuraba en los libros de Madridec asciende a 79 millones de euros; el Ayuntamiento se ha adscrito la parcela con un valor de 25,7 millones. La inversión total llevada a cabo asciende, según el informe de la Intervención, a 82,8 millones.

La Caja Mágica. Inaugurada en 2009 en el distrito de Usera, era la “joya de la corona” del proyecto olímpico. La obra se inició en 2006 con un presupuesto de 139,8 millones. El coste final ascendió a 294 millones. Tras varios intentos frustrados de explotación (albergó incluso una escudería de fórmula 1), Madridec admitió: “No logra la cuota de mercado que le correspondería, está en un lugar inconveniente y su mantenimiento es carísimo”.

El informe de la Intervención cifra en 213 millones la inversión realizada por Madridec (el resto habría corrido a cargo del Ayuntamiento), pero valora la infraestructura construida en 19,2 millones porque es “el valor neto registrado en el momento de la cesión”. El suelo, según estaba inscrito en los libros de contabilidad de la empresa, vale 28 millones.

“Si se vendiera, sería a precio de mercado”

El Ayuntamiento ha explicado a EL PAÍS que el informe de la Intervención “concilia el balance” de Madridec con la contabilidad municipal, “explicando de dónde viene la diferencia” entre el patrimonio que supuestamente debería recibir con el que realmente le llega. Según fuentes del área de Hacienda, esa diferencia “proviene, en líneas generales, de un tratamiento contable diferente”.

Así, las pérdidas que refleja la Intervención por la quiebra de Madridec no serían “una minusvalía patrimonial propiamente dicha, sino minusvalía contable”.

Respecto a la revisión a la baja del valor de los inmuebles, se debe, según a estas fuentes, a que el Ayuntamiento está obligado legalmente a “contabilizar su precio de adquisición original y no el valor que viene recogido en el balance de la sociedad”. Hay que precisar sin embargo que la Caja Mágica, el Centro Acuático y el Centro de Convenciones no fueron adquiridos sino construidos directamente por Madridec.

Las fuentes municipales citadas aseguran, por su parte, que “si en un futuro alguno de estos inmuebles pudiera enajenarse, se valoraría a precios de mercado, y entonces afloraría la pérdida o el beneficio que corresponde”. Pero el Ayuntamiento ya tiene la tasación de mercado de al menos uno de ellos y es indicativa: el Centro Acuático vale 19 millones aunque, inacabado como está, ya ha costado 54,5 millones.

El Ayuntamiento niega que se haya producido “ninguna operación de cirugía financiera”. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia ha detectado “incumplimientos de los principios contables” en la empresa pública.

Los magistrados anularon el año pasado el expediente de regulación de empleo aprobado en 2012 por Madridec, antes de su quiebra, al “desconfiar” de las cuentas aportadas por los responsables de la empresa. A su juicio, “no expresan su imagen real de la situación” y adolecen de “contradicciones sin resolver”. Según el tribunal, “el Ayuntamiento realizó una serie de operaciones de cesiones y adscripciones a Madridec de determinados bienes de propiedad municipal, registrándolos por los valores contables y no por los valores razonables”.

El concejal socialista Gabriel Calles asegura: “Si Madridec fuese una empresa privada, sus accionistas llevarían ante los tribunales por responsabilidad patrimonial al PP de Ana Botella, o de Alberto Ruiz-Gallardón. Esto no puede quedar en una reprimenda. Tienen que explicar por qué llevan años malvendiendo el patrimonio de los madrileños”, asegura el edil. El Grupo Municipal Socialista, que dirige Jaime Lissavetzky, “lleva meses exigiendo explicaciones. Ante este informe demoledor, deben asumir responsabilidades”, añade Calles.


* El País - Bruno García Gallo - 25.1.15
Foto: Madrid, centro Acuático sin acabar - elpais

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Lerma.- Turismo exige a una constructora de Gürtel pagar la rehabilitación de una obra estrella de Aznar

El largo camino recorrido por el Palacio Ducal de Lerma no ha terminado todavía. Las obras de rehabilitación para ser reconvertido en Parador de Turismo acabaron en 2003, bajo proyecto del gobierno Aznar, del arquitecto 'popular' Pío Gª.Escudero y de la Junta de Castilla y León, pero ya en 2007 comenzó a tener problemas en su conservación. La constructora 'Hispánica', con fuertes relaciones con la trama mafiosa Gürtel, fue acusada por Turismo de graves perjuicios en el tejado y otras partes del edificio y, por lo tanto, a su correcta reposición, algo que todavía está pendiente de suceder, lamentablemente.
"ELDIARIO* : Uno de los proyectos estrella de José María Aznar se está cayendo a pedazos. Se trata del Palacio Ducal de Lerma (Burgos), que alberga un Parador de Turismo impulsado por el dirigente conservador cuando presidía la Junta de Castilla y León y cuyas obras se materializaron en su etapa en La Moncloa. Las obras se adjudicaron a la constructora Hispánica, famosa por sus implicaciones en la trama Gürtel y la aparición de su dueño en los papeles de Bárcenas, y han sido objeto de críticas por parte de Turespaña desde poco después de que se inaugurara el establecimiento hotelero.

El Ministerio de Industria exige a la empresa que presidía Alfonso García Pozuelo, que aparece como presunto donante ilegal del PP en las anotaciones de Luis Bárcenas, el pago del casi millón de euros que costará la rehabilitación del tejado del Palacio Ducal de Lerma y que el Gobierno ha adjudicado a Acciona después de rechazar dos ofertas por ser desproporcionadamente bajas.

El concurso para realizar estas obras está avalado por el Consejo de Estado, que dio la razón a Turespaña en sus quejas por "vicios ocultos en la ejecución de las obras de rehabilitación y acondicionamiento para Parador de Turismo" de ese edificio, que se adjudicaron a Hispánica en octubre de 1999.

La idea de convertir ese espacio en un establecimiento hotelero fue de Aznar en sus tiempos al frente del Gobierno regional, según Efe, y lo hizo realidad tres años después de llegar a La Moncloa. Su interés le llevó incluso a visitar las obras en abril de 2002. El presupuesto inicial para ese proyecto fue de 916 millones de pesetas (5,5 millones de euros), pero poco después de que el expresidente viajara a Lerma tuvo que ampliarse. El coste total superó los 6,6 millones de euros.

Peligro para clientes y peatones

Los problemas comenzaron tan solo seis meses después de la inauguración, a la que asistieron el entonces ministro de Economía, Rodrigo Rato, y el presidente de la comunidad, Juan Vicente Herrera. Un informe realizado por los servicios técnicos de Turespaña señaló que tan solo medio año después de "la entrada en funcionamiento del parador comenzaron a desprenderse losas de pizarra del tejado, precipitándose en algunos casos sobre el suelo desde gran altura".

En un estudio realizado en 2007, el departamento dependiente del ministerio que dirige José Manuel Soria alertaba de que la "rotura y caída" de partes de la bovedilla y el "desprendimiento de losas de pizarra, cornisa o remates de la cubierta suponen un riesgo para los ocupantes del parador y viandantes de sus alrededores".

Un nuevo informe de los técnicos de Turismo, respaldado por un "especialista en la materia", constataron tres años después que el tejado de pizarra del edificio se encontraba en "estado de grave deterioro por mala ejecución", es decir, que el problema partía de las obras realizadas por la constructora Hispánica. De hecho, los técnicos entendían que "la única solución viable era el levantamiento de la cubierta y su nueva ejecución".

Uso de materiales inadecuados

Sin embargo, la compañía de García Pozuelo, que solo se mostró dispuesta a hacer "reparaciones puntuales", aseguró que los problemas se debían a la falta de mantenimiento de la cubierta. Así, Hispánica propuso que el Estado la contratara para realizar el mantenimiento (consistente en dos visitas al año) por 3.700 euros más IVA. También ofreció reparar la pizarra de "zonas puntuales" de la cubierta y acusó del mal estado a "intervenciones de terceras empresas ajenas" y al daño producido por el viento.

Turismo aceptó la propuesta, por un importe de 23.324 euros, y dio el visto bueno a las obras en junio de 2011. Tan solo un mes y medio después, se produjeron nuevos desprendimientos.

Los servicios técnicos de Turismo concluyeron en 2013 que las obras puntuales no habían sido suficientes para subsanar los daños del tejado del palacio y advirtieron de que su estado era de "grave deterioro". Pese a que Hispánica insistió en la falta de mantenimiento, un informe de Turespaña fue tajante: los desperfectos se debían a la utilización de materiales inadecuados y a la incorrecta ejecución generalizada de las obras.

Hispánica debe pagar

A partir de esa resolución, el organismo público procedió a abrir un expediente a Hispánica para que se hiciera cargo de la rehabilitación completa de la cubierta o que, en caso de no ejecutar un proyecto de forma voluntaria, se hiciera cargo de los gastos, daños y perjuicios originados. El Consejo de Estado avaló esa decisión en febrero del año pasado.

La rehabilitación de la cubierta salió a concurso y Acciona fue la adjudicataria del proyecto por valor de 646.925 euros. El Parador de Lerma está ahora cubierto por andamios mientras se solucionan los "vicios ocultos" de las obras.

El ministerio ha iniciado un expediente para "reclamar a la constructora la cantidad" que se derive de la rehabilitación, según han confirmado fuentes oficiales de Turismo a eldiario.es, aunque está a la espera de que la medida sea respaldada de nuevo por el Consejo de Estado.


* El Diario - Irene Castro - 18.1.15
Foto: José María Aznar, acompañado de Juan Vicente Herrera, atiende las explicaciones de los técnicos durante la visita que realizó a las obras de rehabilitación del Palacio Ducal de Lerma en abril de 2002. / Federico Vélez (Efe)

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Burriana.- El fiasco del urbanismo de golf y playa

La ignorancia en el tema urbanístico y las barbaridades cometidas en la costa continúan teniendo su poso en el pensamiento colectivo de muchos individuos que consideran, todavía, el turismo salvaje como la 'gallina de los huevos de oro'. Así se desprende de la opinión en muchas zonas costeras privilegiadas para una agricultura de calidad, como por ejemplo Burriana (Castellón), que prefieren el 'pelotazo' rápido y abusivo del territorio antes que el cultivo clásico debidamente modernizado. El enorme PAI Sant Gregori Golf se presentó en 2000. Era un proyecto de casi 7.000 viviendas para 15.000 residentes y un campo de golf de 27 hoyos. La justicia lo anuló acertadamente y ahora los terrenos están extrañamente improductivos. Demasiados intereses económicos hay por el medio.
"ELPAÍS* : “Esto hubiera sido muy bueno si se hubiera sacado adelante porque con la naranja no ganamos para nada, al contrario”. Un vecino de Burriana habla así del PAI Sant Gregori Golf de Burriana, el segundo proyecto urbanístico con campo de golf más grande de la provincia de Castellón después de Marina d'Or Golf (anulado por los tribunales) y el quinto de toda la Comunidad Valenciana.

Lo dice mientras mira delante de sí una vasta extensión de terrenos ahora abandonados que años atrás ocupaban cultivos, hasta que el ladrillo se fijó en estos 2,5 millones de metros cuadrados a lo largo de una franja de dos kilómetros de la costa norte de Burriana. “Entre los que vendieron su terreno y los que están esperando a que se construya, está todo abandonado”, dice. Él está justo en el límite del PAI, donde los naranjos vuelven a resurgir.

El PAI Sant Gregori Golf se presentó en 2000. Era un proyecto de casi 7.000 viviendas para 15.000 residentes (Burriana tiene 35.000 habitantes) y un campo de golf de 27 hoyos. Fue de los primeros de los 12 grandes proyectos de golf anunciados para la provincia de Castellón y en los que el expresidente de la Diputación, Carlos Fabra, basó su estrategia turística para justificar el aeropuerto. Ninguno se ha ejecutado. El alcalde de Burriana, José Ramón Calpe (PP), recalca que Sant Gregori es el que está “en mejores condiciones de toda la Comunidad Valenciana” para echar a andar porque finalizó en 2011 todo el proceso administrativo y las obras podrían iniciarse de forma inmediata. Pero el proyecto ha estallado.

La urbanizadora Golf Sant Gregori, SA se ha declarado en concurso voluntario de acreedores y ha solicitado al juzgado la liquidación. A la sociedad formada por Bankia (70%) y Urbanizadora Vistamar, del grupo G&C (30%), le ha explotado la burbuja inmobiliaria tras quince años de tramitación que les abocó a tener que iniciar las obras en el peor momento. La devaluación del suelo y la devolución de los terrenos que habían sido adquiridos por la Sareb, el banco malo, han supuesto un golpe definitivo. Los terrenos de la sociedad estaban valorados en 29,7 millones pero ahora valen unos seis. La sociedad tiene unos activos de 14,3 millones y un pasivo de 42,6 millones. Es la quiebra. Algunos vecinos que adelantaron 2,8 millones en pagos por cuotas de urbanización podrían perderlo todo. Ante esta situación, el Ayuntamiento va a iniciar el expediente de resolución con la urbanizadora alegando “incumplimientos reiterados”.

Es la historia de la crisis. Cuando en 2009 la antigua Bancaja entró en la sociedad como socio mayoritario todos pensaban que esto suponía garantizar la viabilidad del PAI. Pero ha sido todo lo contrario. La urbanizadora es ahora una sociedad integrada en BFA —matriz de Bankia— y en 2012 se acordó traspasar los activos al banco malo. Los terrenos y solares estaban valorados en 29,7 millones de euros pero, tal y como consta en los datos del Registro Mercantil, Golf Sant Gregori tuvo que bajar su valor en 24 millones, fijando un precio de venta en 5,6. El problema vino después. En 2013, la Sareb vio que los activos traspasados estaban hipotecados por varias entidades, así que los terrenos se devolvieron.

Ahora la urbanizadora tiene los terrenos (un 20% del total) pero con ese deterioro de 24 millones y con una deuda de 31,6 millones por los créditos que se pidieron con garantía hipotecaria sobre los solares. La deuda total actual es de 42,6 millones.

Para intentar salvar la situación, la empresa llegó a un acuerdo con sus acreedores financieros para paralizar el pago de la deuda a cambio de lograr del Ayuntamiento la suspensión del PAI durante dos años. Pero llegó el concurso y el consistorio ha optado por abrir expediente de resolución y buscar otra salida que pasa por la gestión directa o por la búsqueda de un nuevo urbanizador. “El presupuesto de obra supera los cien millones, el ayuntamiento se colapsaría si asumiera el programa”, reconoce Calpe.

El regidor reunirá a los propietarios afectados (unos 300 que tienen cerca de la mitad de los terrenos) para abordar posibles salidas. De no encontrarlas, el Ayuntamiento podría enfrentarse a un verdadero conflicto. Además, la rescisión implica, como consta en un informe municipal del pasado año, la cancelación de la programación. Lo mismo ha hecho Torreblanca con el PAI Doña Blanca Golf, de casi dos millones de metros cuadrados y 4.500 viviendas. Eran los únicos dos proyectos de golf de la provincia que habían anunciado el inicio de las obras.

En Burriana, el sueño de golf y playa es solo un espejismo del que queda una majestuosa maqueta en el Ayuntamiento de Burriana. En la parte real quedan los solares abandonados y las viviendas diseminadas que había en la zona okupadas.


* El País - Lorena Ortega - 19.1.15
Foto: Maqueta del proyecto urbanístico Sant Gregori Golf expuesta en el Ayuntamiento de Burriana. / ÁNGEL SÁNCHEZ

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Totana.- Duras críticas vecinales al Plan de Urbanismo

La iniciativa ciudadana en el Urbanismo de todo el país es cada vez más habitual, afortunadamente. Grupos de vecinos o afectados directamente por planes urbanísticos especuladores hacen patente su disconformidad, mediante Plataformas o asociaciones que vienen a cumplir el antiguo papel de los partidos políticos, cada vez más enfangados en sus intereses electoralistas poco claros. Ahora es en la localidad murciana de Totana donde se ha creado una coordinadora vecinal para 'vigilar' el proceso de las más de 11.000 alegaciones presentadas contra el nuevo Plan General de Urbanismo. Según parece poco se ha avanzado allí contra la corrupción urbanística y continúan mandando los mismos de siempre con sus evidentes intereses económicos.
"LAOPINIÓN* : Un grupo de vecinos lanzó ayer la coordinadora 'Otro plan urbanístico es posible', para denunciar la «expropiación» que llevará a cabo el ayuntamiento de Totana con el Plan General de Ordenación Urbana, pues beneficia «a los convenios urbanísticos originarios de la época corrupta» y amenaza tanto al campo como al casco urbano del municipio.

Según expuso la portavoz de este colectivo ciudadano, Marcela Crespo, el objetivo es informar a los vecinos de lo que está ocurriendo e invitarlos a participar en la coordinadora.

Este grupo de personas, «afectadas y preocupadas por otro nuevo abuso del Gobierno municipal», exige al Partido Popular que aclare «las consecuencias que tendrán los cambios producidos en el casco urbano». Según Marcela, el nuevo Plan contempla que los edificios construidos en esta zona no podrán tener más de dos plantas y deja «en un vacío jurídico» a aquellos edificados con anterioridad y que tienen más, ya que «habrá problemas a la hora de tasarlos o pedir una hipoteca». «Les hemos pedido que expliquen si la medida tiene carácter retroactivo pero no responden y no nos fiamos». Por otro lado, la coordinadora denuncia la falta de transparencia y la «intencionada mala fecha» en la que se ha aprobado el Plan, que, según informa la portavoz, ha recibido hasta 11.500 alegaciones, y añade que seguirán de cerca todo el proceso y si finalmente sale adelante «tomaremos medidas legales».


* La Opinión de Murcia - R.Martínez - 18.1.15
Foto: Totana, críticas vecinales - laopinion

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El concejal de Urbanismo de Yaiza, nuevo imputado en el caso Stratvs

Todavía continúa el proceso judicial del caso Stratvs, por la concesión de multitud de licencias ilegales en Playa Blanca, dentro del municipio de Yaiza (Lanzarote). Cuando ya se cumplen 10 años (diez) de la enorme corrupción urbanística fomentada por el exalcalde JF.Reyes (CC-PNL), junto a otros imputados, el caso parece que llega, por fin, a su conclusión. Ahora se suma también al grupo el actual concejal de Urbanismo que, extrañamente, había conseguido sortear la ley. Resulta vergonzoso que la justicia tarde tanto, una vez más, cuando los capos prevaricadores se han hecho mientras tanto de oro, disfrutando de bienes ilícitos y, además, el territorio haya quedado marcado para siempre por el salvajismo interesado de individuos sin escrúpulos.
"LAVOZDELANZAROTE* : El concejal de Urbanismo de Yaiza, José Antonio Rodríguez, acaba de sumarse a la lista de imputados en el caso Stratvs. En la recta final de la instrucción, la juez Silvia Muñoz ha acordado citarle a declarar el próximo 2 de febrero, para que responda por dos presuntos delitos de prevaricación urbanística, tanto por su participación en el expediente que autorizó la bodega, como por un supuesto incumplimiento de su deber de actuar ante las “actividades que venían desarrollándose ilegalmente” en Stratvs.

José Antonio (Tato) Rodríguez fue durante años concejal de Urbanismo bajo la Alcaldía de José Francisco Reyes, cuando se concedieron decenas de licencias ilegales, especialmente en Playa Blanca. Ahora, sigue ocupando ese mismo cargo en virtud del pacto entre Nueva Canarias y el PIL, con Gladys Acuña como alcaldesa. Pese a que ha sido responsable del área de Urbanismo en Yaiza en las dos últimas décadas, hasta ahora Rodríguez no había tenido que responder ante los tribunales en ninguna de las causas penales abiertas, ya que quien firmaba esas licencias ilegales era el alcalde. Sin embargo, en el caso Stratvs, el nombre del concejal sí ha aparecido en el expediente.

Concretamente, José Antonio Rodríguez firmó un decreto el 28 de junio de 2005, ejerciendo de alcalde accidental en reemplazo de Reyes. Y con ese decreto autorizó una prórroga de la licencia, así como la transferencia de la misma a una de las empresas de Juan Francisco Rosa, que hasta ese momento no había figurado como solicitante de los permisos.

Presunto delito por omisión

Además, atendiendo la solicitud del fiscal Ignacio Stampa, la juez también imputa a Rodríguez otro presunto delito de prevaricación urbanística por “omisión”. Concretamente, la providencia de la juez se refiere a la “arbitraria ausencia de medidas como concejal de Urbanismo respecto a las actividades que venían desarrollándose ilegalmente en el complejo Stratvs”.

El delito por omisión está recogido en el artículo 11 del Código Penal, que castiga a quienes teniendo obligación de actuar, no lo hacen, y a quienes, con esa inacción, causan igualmente un efecto perjudicial en el “bien jurídicamente protegido”.

Junto a José Antonio Rodríguez, en la causa hay ya una veintena de imputados, entre los que se encuentran tanto el ex alcalde José Francisco Reyes como la actual alcaldesa, Gladys Acuña, que fue quien otorgó la licencia de apertura a la bodega. También están imputados otros tres concejales que entonces constituían la Junta de Gobierno (Juan Lorenzo Tavío, Evaristo García y Leonardo Rodríguez). Además, entre otros hay imputados técnicos tanto del Cabildo de Lanzarote como del Gobierno de Canarias, así como el propio Juan Francisco Rosa.


* La Voz de Lanzarote - Isabel Lusarreta - 21.1.15
Foto: Yaiza (Lanzarote), playa Blanca - laprovincia.es

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Benimaclet: participación vecinal contra el urbanismo de la casta valenciana

El barrio de Benimaclet en Valencia siempre ha sido muy activo a nivel de iniciativas vecinales y, ahora, no podía ser menos ante el grado de abandono en que se encuentra debido a la nefasta gestión urbanística de la alcaldesa R.Barberá. Para ello han presentado un concurso de ideas como “estrategia pionera de participación ciudadana en el ámbito del planeamiento urbano”, y como alternativa al plan municipal especulativo que amenaza con destruir muchas hectáreas de huerta de alto valor ambiental y social.
"ELDIARIO* : La Asociación de Vecinos de Benimaclet ha decidido pasar a la acción para superar los proyectos urbanísticos del ayuntamiento para el barrio, “que prometen felicidad ciudadana y beneficio económico, pero que pocas veces responden a las necesidades reales”. Para ello, ha convocado un concurso de ideas que, entre otras cosas, ayude a superar la transición entre Valencia y su huerta alrededor de los huertos urbanos del barrio, ejemplo de iniciativa de la sociedad civil al margen del poder político.

El concurso se presenta como una “estrategia pionera de participación ciudadana en el ámbito del planeamiento urbano”. Ha sido organizado por los vecinos y varios expertos (abogados, arquitectos, profesores de urbanismo de la Universitat Politècnica de València) y surge ante la parálisis en el barrio -una actuación urbanística (PAI) prevista desde hace 20 años ha sido finalmente aparcada- y la nueva planificación urbanística impulsada por el gobierno de Rita Barberá, que amenaza cientos de hectáreas de huerta.

La asociación, sin embargo, cree en el valor de este patrimonio, “un paisaje agrícola, milenario y de regadío tradicional, único en Europa”. Por ello, los vecinos de este barrio de 30.000 habitantes quieren “anticiparse al planeamiento de manera participativa para decidir un futuro compatible con la huerta”.

Su iniciativa “aspira a convertirse en un referente para la ciudad de Valencia, se plantea un modelo participativo sobre cómo gestionar los restos de la crisis inmobiliaria, y se genera una respuesta desde la sociedad civil que pone en duda los procesos urbanísticos y especulativos” que han contribuido a la actual crisis económica, moral y social que sufre España.

David Estal, arquitecto y secretario del concurso, valora positivamente la iniciativa vecinal. “Es urbanismo participativo porque es una convocatòria promocionada de una entidad con 40 años de historia que ante la incapacidad de la administración para resolver equilibradamente la transición de la ciudad con la huerta, más allá de una clasificación de suelo que responde a intereses particulares y reparto de beneficios, decide anticiparse e implicarse mostrando un abanico de propuestas”.

Estal, colaborador de eldiario.es, cree que el concurso puede ser un referente. “Contagia entusiasmo sobre aquello que no está solucionado por parte de la planificación ortodoxa y que deriva en descampados”. El jueves 8 a las 19.30 horas se presenta un proyecto que pretende definir cómo es y como quieren los vecinos de que sea Benimaclet.


* El Diario - Voro Maroto - 8.1.15
Foto: Varios vecinos trabajan en un huerto abandonado de Benimaclet.- eldiario

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Indicios de malversación en cinco contratos del AVE firmados en 2012 por más de 15 millones

Si el faraónico proyecto del AVE ya es cuestionable por sí mismo, al haberse demostrado que casi todas las líneas son deficitarias y han causado un daño irreparable a la Ordenación Territorial, el que, además, exista una tremenda malversación de fondos públicos con adjudicaciones fraudulentas, es de 'apaga y vámonos'. La justicia analizará 5 contratos del AVE adjudicados por ADIF en 2012 al hallarse indicios de malversación. La obra ilegalmente abonada supera los 15 millones. Tales irregularidades se suman a las que ya investigaba la Fiscalía Anticorrupción (una presunta trama que regaló seis millones a constructores) y el Tribunal de Cuentas (unos sobreprecios del 230% que ocasionaron 415 millones injustificados).
"FRANCISCO MERCADO* : De los más de 70 millones de sobrecostes hallados en obras de infraestructuras ejecutadas por organismos dependientes de Fomento a lo largo de 2012, cinco contratos por valor de más de 15 millones acabarán en los tribunales al apreciarse serios indicios de malversación. Es una cifra (15,3 millones) casi idéntica a lo gastado con las ilegales tarjetas black de Caja Madrid, 15,5 millones. El ente adjudicador en todos los casos fue ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), organismo dependiente del ministerio de Fomento.

La denuncia está en fase de tramitación, según han confirmado fuentes jurídicas conocedoras del caso. La conducta delictiva que se desprende en estos contratos sospechosos encajan plenamente en el artículo 432 del código penal sobre el delito de malversación:

1. La autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, sustrajere o consintiere que un tercero, con igual ánimo, sustraiga los caudales o efectos públicos que tenga a su cargo por razón de sus funciones, incurrirá en la pena de prisión de tres a seis años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a diez años.
2. Se impondrá la pena de prisión de cuatro a ocho años y la de inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años si la malversación revistiera especial gravedad atendiendo al valor de las cantidades sustraídas y al daño o entorpecimiento producido al servicio público. Las mismas penas se aplicarán si las cosas malversadas hubieran sido declaradas de valor histórico o artístico, o si se tratara de efectos destinados a aliviar alguna calamidad pública.
3. Cuando la sustracción no alcance la cantidad de 4.000 euros, se impondrán las penas de multa superior a dos y hasta cuatro meses, prisión de seis meses a tres años y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de hasta tres años.

Los detalles de los cinco contratos bajo sospecha de malversación adjudicados por Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), organismo dependiente de Fomento, son los siguientes:

-Tramo Colada de la Buena Vida (Ave a Murcia). El contrato principal fue adjudicado el 30 de enero de 2009 por 41,7 millones. El plazo de ejecución ha sido prorrogado dos veces hasta sumar 24 meses de retraso. Sin embargo, tuvo premio: el 26 de octubre de 2012 se le añadió un contrato por obras complementarias por otros 7,4 millones más. Esto suponía un 18% del precio del contrato principal. Y otros seis meses más de plazo para realizar la obra. Adif alegó que dio tal contrato al constructor ya contratado para "adelantar la solución a dos afecciones que el proyecto iba a causar en Beniel (Murcia) como eran la permeabilidad y los impactos acústicos".

El Tribunal de Cuentas desnuda tal argumentación. "No puede afirmarse que siendo obras necesarias, e incluso siendo necesario adelantarlas, se deban a una circunstancia sobrevenida e imprevista pues la existencia del núcleo urbano de Beniel ya se conocía al redactarse el proyecto". Beniel no era la Atlántida. Estaba en el mapa. Nadie lo puso ahí para que el constructor chocara con el pueblo. ¿Qué hace ahí Beniel? Y, por ello, no ve razonable que el mismo contratista cope el proyecto y su posterior corrección. A juicio de los auditores, no está justificada la adjudicación directa de tal contrato bis.

-Tramo Ponts-Borrasa (AVE a Francia). El contrato principal fue adjudicado el 29 de junio de 2007 por 23,5 millones. Fue prorrogado tres veces hasta sumar 18 meses adicionales. Casi igual duración que el plazo de ejecución inicial: 20 meses. Pero doblar el tiempo pactado aquí también tuvo una distinción: el 16 de julio de 2012 se le contrata por otros 4,2 millones, un 18% del precio inicial, y otros 12 meses para acabar la obra. Adif alegó que había que ejecutar obras complementarias como estabilizar la ribera del río Fluviá o rehabilitación de viales. El Tribunal de Cuentas es meridiano: no ve por qué tales obras son inseparables del contrato inicial ni por qué son necesarias para su perfeccionamiento.

-Tramo Arrazúa/Ubarrundia (AVE de Euskadi): El contrato inicial fue aprobado en 2007 por 19 millones. Cinco años después, se firmó un contrato extra el 2 de junio de 2012 por 2,2 millones. Tal mordida suponía un 16% del monto del contrato inicial y otros tres meses extra para rematar la obra. Adif alegó que, oh sorpresa, el proyecto exigía unas voladuras especiales porque, cinco años después, habían descubierto que la AP1 y una línea eléctrica estaban cerca de la obra. ¿Quién ha dejado ahí una autopista? Pero el Tribunal de Cuentas, que nuevamente parece manejar mejores mapas, afirma que esas "circunstancias ya eran conocidas cuando se aprobó el proyecto". En este caso, además, por unos cambios de medición se añadieron otros 290.000 euros en favor del contratista. Esto suponía adicionar un valor equiparable al 13% del presupuesto original de adjudicación. La ley sólo permite variaciones hasta un tope del 10%.

-Tramo Palencia-León. (AVE Palencia-León). Fue adjudicado por 2,1 millones el 15 de febrero de 2012. El contrato incluye "la indebida convalidación de actuaciones ya ejecutadas por valor de 350.000 euros, que fue autorizada el 13 de septiembre de 2011 por el presidente de la Entidad sin que conste en el expediente el motivo por el que no pudo formalizarse el contrato correspondiente a estas alturas".

-Tramo Cerponzs-Portela. (AVE del proyecto atlántico). Fue otorgado el 5 de octubre de 2012 por 1,2 millones de euros. El contrato incluye actuaciones variadas. Como mantenimiento en servicio de la estación de Portela, mejora de accesibilidad y recuperación de la fuente de los Peregrinos del Camino de Santiago. Pero ni el apóstol logra cubrir de legalidad tales obras, ya que se ejecutaron "sin que en ningún momento se acredite su relación con la obra principal, ausencia especialmente significativa en relación con la actuaciones destinadas a la recuperación de la fuente de los Peregrinos y tampoco existe motivación sobre lo imprevisto de su origen ni sobre lo necesario de su ejecución".

El AVE es un goteo continuo de contratos y actuaciones que han acabado en la justicia por sospechas de corrupción. Las obras del AVE a su paso por Barcelona están bajo pesquisas judiciales. Un juzgado de Barcelona investiga si responsables de ADIF (la empresa pública que gestiona las infraestructuras ferroviarias), malversaron seis millones de euros a favor de una constructora. La Operación Yogui, que está bajo secreto de sumario, estalló este lunes en Madrid y Barcelona con nueve detenidos entre funcionarios de Adif y trabajadores de la empresa Corsan, que en 2008 fue adjudicataria.Están acusados de malversación de caudales públicos, cohecho y falsificación de documento.

Sobreprecio de 6 millones

La investigación se centra en averiguar si funcionarios de Adif certificaron obras de Corsan —que ganó el concurso por casi 68 millones sobre un precio de licitación de 98— por un importe muy superior al de los trabajos que realmente ejecutaron entre 2008 y 2011. Gracias a ese “ilícito sobreprecio”, según la Fiscalía Anticorrupción, la empresa se benefició ilegalmente de unos seis millones de euros procedentes de las arcas públicas. A cambio de avalar ese fraude, “cualificados funcionarios” de Adif recibieron dádivas y dinero de los directivos de la contratista. Para obtener pruebas documentales de todo ello, los agentes registraron por orden judicial las sedes de Adif y de la adjudicataria en ambas ciudades, y detuvieron también a empleados de la ingeniería Inocsa, que debía controlar la ejecución de las obras. El tramo afectado estaba situado junto a la estación de la Sagrera, al norte de la ciudad de Barcelona.

Por otro lado, el Tribunal de Cuentas tras concluir en abril de 2013 su informe de fiscalización de las principales contrataciones relacionadas con la construcción de la línea férrea AVE Madrid-Barcelona (desarrolladas entre 2002 y 2009), detectó unas anomalías tan graves, con incrementos del precio de hasta el 230% y unos desembolsos injustificados de 415 millones de euros, que abrió una investigación interna que aún no consta que haya concluido. Las irregularidades detectadas por dicho organismo supervisor en las obras del AVE Madrid-Barcelona son distintas de las que investiga la fiscalía anticorrupción y que han propiciado ya una decena de detenciones. Se resumen en los dos siguientes aspectos.

Por un lado, se detectó un incremento en el precio del contrato para la construcción de la Plataforma en el tramo Hospitalet-La Torrassa de 247 millones de euros, lo que representa un incremento del 230% del precio de adjudicación del contrato.

En segundo lugar, so pretexto de que se detectaran deficiencias en el proyecto para la construcción de tres tramos (Castellbisbal-Papiol, Hospitalet-Can Tunis y La Torrassa-Sants), se modificaron los contratos primitivos firmados con la Administración. Estos añadidos o modificados supusieron unos gastos adicionales de 18,2 millones en el primer tramo, 23,7 millones en el segundo y 126 millones en el tercero. El Tribunal de Cuentas no logró acreditar que la Administración, la empresa ADIF dependiente de Fomento, hubiera exigido responsabilidad alguna a ninguno de los contratistas.

Restitución a las arcas públicas

Ante la envergadura de este malgasto y descontrol en el pago de las obras, los hechos fueron puestos en conocimiento de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas. En la actualidad, años después de abrirse las pesquisas, el asunto está aún en fase de investigación para determinar las circunstancias en las que se produjeron los sobrecostes, la identidad de sus presuntos responsables y el importe de los perjuicios que pudieran haber sufrido los caudales públicos. Estos datos son el paso previo para poder ejercitar acciones y exigir su restitución a las arcas públicas.

Si, por añadidura, se advirtiera algún indicio penal en el curso de esta investigación interna del Tribunal de Cuentas, se pondría en manos de la justicia ordinaria. Pero la naturaleza de la documentación que maneja suele generar que este escenario no se produzca. Los datos que obran en poder del Tribunal de Cuentas solo permiten detectar que la Administración no ejerce los controles exigibles, que no justifica los contratos o alzas que abona, pero no puede adentrarse en las marañas que frecuentemente esconden tales mecanismos: el supuesto regalo de dinero público, una parte del cual luego presuntamente devuelven las constructoras con cohechos. Y este campo es el que investiga la Fiscalía Anticorrupción.

Cuando estalló este escándalo ADIF, bajo mandato ya del PP, culpó al PSOE de los sobrecostes. "En 2008, cuando se estaba llevando el AVE a Barcelona… el gobierno de entonces tenía prisa por acabar y quería cumplir los plazos, hubo muchos problemas… se tiró mucho de la obra complementaria y de la obra de emergencia", explicó el responsable de Adif. Pero en 2012, cuando se han producido los cinco contratos bajo sospecha de malversación, ya gobernaba el PP. Ana Pastor, actual titular de Fomento, siempre ha proclamado su voluntad de erradicar toda suerte de tramas o corruptelas que pudieran anidar en su ministerio. Este diario solicitó, sin éxito, la versión de Fomento.


* Voz Pópuli - FM - 17.1.15
Foto: AVE - vozpopuli

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Andalucía.- Las viviendas ilegales ya se pueden regularizar en 82 municipios

Lo que nos temíamos está sucediendo finalmente: la Junta de Andalucía pretende regularizar (legalizar) los cientos de miles de viviendas ilegales existentes en la Comunidad. No todos los casos son iguales, evidentemente, pero al final lo que queda es una sensación de impunidad, de que aquí vale todo, alarmante. Los agravios comparativos que esta medida puede generar son numerosos y viene a decir que da igual saltarse las Leyes de Ordenación Territoriales porque al final: 'borrón y cuenta nueva'. El precedente que una medida como esta va a representar es igualmente bochornoso y delictivo. Como se ha comentado hay casuísticas diferentes, pero que se legalicen viviendas en suelo no urbanizable clama al cielo y parece una medida electoralista muy peligrosa sin pies ni cabeza.
"ELPAÍS* : 4.500 casas ilegales de Conil tienen más cerca su regularización. Esta semana este ayuntamiento del litoral gaditano hacía pública su incorporación al decreto de la Junta, aprobado en 2012, que daba luz verde a solucionar un problema enquistado en numerosos pueblos de Andalucía, el de la existencia de más de un cuarto de millón de viviendas sin licencia. 332 municipios (el 42,83%) han respondido a la llamada del Gobierno andaluz.

De esos, 82 ya tienen el avance aprobado, de forma que los dueños pueden ya tramitar el papeleo para que sus casas dejen el limbo legal en el que han estado tantos años. No obstante, queda mucho trabajo por delante. De hecho, unas 25.000 casas siguen esperando la reforma anunciada por Susana Díaz el pasado año, la que permitirá también dar cobertura a edificaciones construidas en suelos no urbanizables.

En 2012 la Junta de Andalucía decidió actuar para tratar de poner orden a tres décadas de urbanismo descontrolado. Todo un reguero de casas, urbanizaciones enteras, habían crecido en la comunidad sin control alguno. Al margen de las actuaciones judiciales, estas construcciones avanzaron sin problema y movieron mucho dinero e intereses. La administración dejó hacer. Pero la situación se complicó cuando muchos propietarios de esas casas demandaron una legalización que les permitiera acceder sin barreras a servicios básicos como la luz, el agua o el alcantarillado. Algunos dueños sabían de la irregularidad de sus viviendas. Otros, muchos extranjeros, compraron sin saber que su casa no tenía licencia. Y no lo sabían porque pagaban impuestos municipales creyendo que eso daba validez a su nuevo hogar.

El decreto de 2012 reflejaba una doble situación. Por un lado, muchas de esas casas ilegales se encontraban en zonas que la renovación de los planes generales de ordenación de cada municipio iban a hacer urbanos. Otras, en cambio, estaban en terrenos que, por su ubicación o características, jamás serían urbanizables. El proceso se encuentra en una primera fase de tramitación. Son los ayuntamientos, a petición de los interesados, los que tienen que poner en marcha el proceso. La Consejería de Medio Ambiente viene animando a los consistorios a poner mayor interés para realizar un diagnóstico de su municipio y dar la respuesta idónea. Cada gobierno municipal debe definir qué viviendas irregulares se encuentran en sus asentamientos urbanísticos, con qué hábitos rurales diseminados cuentan y, por último, cuáles son las edificaciones aisladas cuya reconducción debe venir de la mano de la declaración de asimilado a fuera de ordenación (AFO).

“Estamos atendiendo un problema general de Andalucía aunque deben ser los ayuntamientos los que completen todo este proceso”, asegura Nieves Masegosa, secretaria general de Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente. 332 municipios ya han superado esta primera fase. 201 han comunicado a la Junta que el decreto es innecesario en su territorio, fundamentalmente, porque no tienen este problema. 49 tienen el avance en trámite y 82 ya lo tienen aprobado. En estos últimos es donde los propietarios ya pueden tramitar sus regularizaciones, que se deben hacer cumpliendo una serie de requisitos y, dependiendo de la situación de su vivienda, aguardar al plan general para acogerse a una solución conjunta de su urbanización o bien, en el caso de ser un AFO, buscar su solución individual.

En ninguno de los casos al propietario le saldrá gratis la legalización y llegada de servicios básicos. Por provincias, Almería es la que más ha avanzado en la aplicación del decreto. 84 de sus 102 ayuntamientos han superado esta fase. En Cádiz, son 18; en Córdoba, 28; en Granada, 44; en Huelva, 25; en Jaén, 45; en Málaga, 47; y en Sevilla, 41.

La medida de la Junta trató de dar respuesta a todos los casos, aunque la lentitud y dificultad con la que avanzó el proceso en los dos primeros años llevó a la Junta a plantear una reforma, cuya fase de audiencia acabó el 7 de enero. “Ahora se revisarán las alegaciones, se aprobará en Consejo de Gobierno y se elevará al Consejo Consultivo”, detalla Nieves Masegosa. La reforma, anunciada el pasado año por Susana Díaz, provocó una de tantas fricciones en su pacto de gobierno con IU, que rechazaba dar más facilidades a los propietarios de viviendas ilegales. Sin embargo, el Gobierno andaluz terminó haciendo entender que lo que se trataba de dar respuesta a casos que el decreto no había tenido en cuenta.

El primer decreto permitía la regularización de las casas siempre que no tuvieran ningún proceso judicial abierto, no se encontrara en zonas inundables o de especial protección y tuviesen más de seis años, tiempo en el que la irregularidad urbanística prescribe. Pero ese documento no daba salida a unas 25.000 casas, la mayoría de Málaga y Almería, que se ubicaban en parcelaciones de suelos no urbanizables, donde esa prescripción no se podía producir. El cambio permitirá que esas casas, muchas en manos de extranjeros, puedan tener agua, luz y registro oficial.

Conil ha sido el último municipio en comunicar públicamente su incorporación al decreto. Abre así, según los cálculos municipales, a poner orden a 4.500 viviendas. “Es para tranquilidad de muchos vecinos que van a poder escritura sus casas”, explica el alcalde de IU, Juan Bermúdez. Al igual que otros ayuntamientos, Conil ha tenido que aprobar dos ordenanzas. Una para identificar las casas fuera de ordenación y otra para iniciar el proceso de regularización. Las puertas municipales están abiertas para que los dueños acudan a sus oficinas y presenten un certificado para registrar la propiedad y empezar a pedir la luz, el agua o el alcantarillado. 443 ayuntamientos siguen sin aplicar en Andalucía este decreto.

Un baño y 35 metros cuadrados

Cada ayuntamiento debe elaborar una ordenanza que, además de abrir el proceso a la identificación de los asentamientos, establezca las características mínimas que debe reunir una casa para ser considerada como tal. Las que no lo cumplan no pueden sumarse a esta iniciativa. En el caso de Conil, las viviendas no pueden medir menos de 35 metros cuadrados y deben incluir, como mínimo, una estancia que realice las funciones de estar y descanso, un equipo de cocina y un cuarto de baño independiente. Las habitaciones no pueden estar situadas en un sótano. El aseo no puede servir de paso obligado al resto de estancias. Todas las habitaciones deben tener iluminación natural, salvo el baño o despensas. Ninguna casa susceptible de legalizar puede tener una altura inferior de 2,40 metros. Son características que impone cada ayuntamiento atendiendo a sus criterios. En Andújar (Jaén) por ejemplo su ordenanza es algo más flexible. Las casas no pueden ser inferiores a 30 metros cuadrados ni tener una altura menor de 1’90 metros. También Andújar exige, como mínimo, un cuarto de baño completo.


* El País - Pedro Espinosa - 18.1.15
Foto: Una vista de viviendas ilegales en Alcaucín (Málaga). / GARCÍA-SANTOS

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C.Valenciana.- El PP tiene medio centenar de imputados en cargos municipales

La corrupción urbanística entre los gobernantes del PP de la C.Valenciana es tan elevada que valdría titularla como aquella película del genial Berlanga: "Todos a la Cárcel". Algunos han caído ya ante la presión ciudadana, pero otros se resisten a abandonar su poltrona con lo que son poco creíbles las palabras de los dirigentes del partido acerca de una regeneración democrática. El resultado final lo pagan los propios vecinos de los municipios afectados que ven como sus localidades resultan perjudicadas urbanísticamente y no se satisface el principio de 'bien común' en su calidad cotidiana de vida. La lista de imputados es larga y a continuación solo se nombran los más conocidos.
"ELPAÍS* : La salida de los dos últimos imputados que resistían en las Cortes Valencianas le valió al presidente autonómico, Alberto Fabra, para sacar pecho por limpiar el Parlamento de diputados involucrados en causas de corrupción. El partido ha llegado a tener en el hemiciclo a 10 de sus miembros bajo acusación. “Tenía el compromiso de no tener imputados y no ha sido nada fácil”, dijo Fabra. La línea roja que ha aplicado en las Cortes se desdibuja cuando se desciende al ámbito municipal.

Once alcaldes del PP permanecen como cargo público pese a estar imputados en diferentes causas, no todas por delitos relacionados con la corrupción. Otros 40 concejales conservan sus puestos bajo la misma condición al verse envueltos en alguna causa o por haber avalado con su votación en pleno decisiones del partido que ahora investigan los jueces.

El PP se ha deshecho en Alicante de Sonia Castedo, que ha dimitido por sus imputaciones en los casos de corrupción urbanística Brugal y Rabassa. Otro gran caso, el de Emarsa, forzó en su día la dimisión del que fuera alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo. En Castellón, el alcalde Alfonso Bataller respira tranquilo tras archivarse su imputación en Gürtel. No está inculpado pero no puede descartarse que vuelva a estarlo Alfonso Grau, el vicealcalde de Valencia, por el caso Nóos, después de que el juez José Castro haya admitido a trámite el recurso de los socialistas reclamando su imputación.

En Alicante, el foco de la Justicia apunta al actual alcalde interino, Andrés Llorens, procesado en un juicio por la concesión de unas obras después de estar acabadas. El fiscal jefe pide tres años de prisión y nueve de inhabilitación por falsedad documental y prevaricación. El edil de Hacienda, Juan Seva, está a la espera de sentencia por la ruina del club de baloncesto Lucentum, del que el Ayuntamiento es socio mayoritario.

En Novelda continúa al frente de la alcaldía la popular Milagrosa Martínez, apartada de las Cortes, y para la que la fiscalía solicita 11 años de cárcel por su implicación en una de las piezas del caso Gürtel. Martínez llegó a ser consejera y presidenta del parlamento valenciano.

El caso Brugal ha sido el detonante de múltiples causas que se han esparcido por toda la provincia alicantina. En Orihuela, los dos últimos alcaldes del PP, José Manuel Medina y Mónica Lorente, están imputados por supuestas irregularidades en la adjudicación de la contrata de residuos. Esta última mantiene su puesto de diputada provincial y concejal en el Consistorio. Lorente se enfrenta a tres casos, dos de ellos del Brugal. La mitad de la bancada municipal del PP de Orihuela está imputada en alguna causa (seis de 12). La edil se niega a dimitir y su desafío a las líneas rojas de Fabra fue avalado por la alcaldesa de Elda, Adela Pedrosa, que defendió que la imputación no era motivo suficiente para ser excluido de las listas.

El negocio de la basura ha acabado también en Torrevieja con encausados. El concejal de Urbanismo, Francisco Moreno Suárez, está pendiente de la apertura de juicio oral por permitir el uso de la planta de transferencias de basuras sin licencia. Otros dos ediles están en el ojo del huracán por el abuso de los teléfonos móviles municipales. Están imputados además el alcalde y el equipo de gobierno por presunto delito electoral. En La Nucía, el alcalde y todo su equipo están inculpados por pagar sueldos a quienes aprobaron una oposición anulada por el Tribunal de Justicia.

La provincia de Valencia cuenta, por su parte, con otros dos alcaldes imputados: el de Cullera, Ernesto Sanjuán (por autorizar el castillo de fuegos artificiales que desató un incendio) y la de Paterna, Elena Martínez (por irregularidades en la promoción de la Zona Franca), informa Ignacio Zafra.

En Castellón aparecen encausados cinco alcaldes. Francisco Martínez, regidor de la Vall d’Alba, es investigado por delitos relacionados con la corrupción tras descubrirse que, como diputado provincial, proyectó una depuradora en Borriol sobre terrenos familiares por los que iba a recibir 51.000 euros. Martínez fue destituido de forma fulminante como número dos de la Diputación en base a la doctrina Moliner (no habrá imputados por delitos de corrupción en los que se sospeche que pudo haber enriquecimiento personal en uso de su cargo), y tuvo que abandonar la institución provincial tras ser imputado, pero sigue de alcalde.

El alcalde de La Vall d’Uixó, Óscar Clavell, es objeto de una querella de la fiscalía por presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude. Ejercía de alcalde accidental cuando autorizó el pago 706.789 euros a la empresa adjudicataria del servicio de limpieza y basuras a pesar de que los informes técnicos eran contrarios.

La alcaldesa de Benicàssim y diputada provincial, Susana Marqués, está imputada (junto a sus ocho ediles) por presunta prevaricación al pagar con fondos públicos la deuda de una sociedad de capital mixto. El regidor de Nules, Mario García, y el delegado de Urbanismo, tienen una causa abierta por presunta prevaricación al permitir edificaciones irregulares en una zona de protección especial.

El último alcalde que se suma a la lista es Rafael Calvo, regidor de Segorbe y tesorero del PP valenciano. Calvo acudió a declarar en diciembre por un presunto delito de prevaricación administrativa o desobediencia a la autoridad judicial por la aprobación de una ordenanza taurina que otorgaba los cadafales sin licitación previa. Junto a él está imputado el equipo de gobierno, entre ellos, Miguel Barrachina, vicepresidente provincial y secretario general del PP en Castellón.

Los barones provinciales de Alicante y Castellón, José Ciscar y Javier Moliner, ya han anunciado que apartarán a los imputados. El de Valencia, Alfonso Rus, ha manifestado en varias ocasiones que la imputación no es motivo de dimisión.


* El País - LORENA ORTEGA / RUBÉN ESQUITINO - 10.1.15
Foto: Valencia, Diputación - newslacostera.com

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Un polígono industrial fallido hunde las arcas del Ayuntamiento de O Pino

Continúan los municipios hundidos en la deuda por la especulación urbanística de sus gobernantes. Ahora es en el coruñés de O Pino donde se pagaron unos justiprecios ridículos por la expropiación de unos terrenos en lo que iba ser un gran polígono industrial. La tristemente conocida constructora 'Fadesa' era la beneficiaria de la operación ilegal, como más de 12 años (doce) más tarde ha sentenciado el tribunal de justicia, que obliga a estas alturas al Ayuntamiento a pagar el precio real de los terrenos no abonado en su día. Como se ve una serie de despropósitos urbanísticos que ahora deberán sufrir los vecinos del pueblo.
"ELPAÍS* : El desarrollo de suelo industrial de un millón de metros cuadrados que promovió el Ayuntamiento de O Pino (A Coruña) en 2003 ha quedado en un mero proyecto pero además ruinoso. En un fallo inapelable, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) obliga ahora al gobierno municipal a pagar casi dos millones de euros (con costas e intereses de demora) a propietarios que recurrieron el justiprecio de las expropiaciones acordadas hace diez años para que la empresa Fadesa Inmobiliaria ejecutase el polígono industrial.

Después de un largo proceso judicial para los afectados, y mientras Fadesa se declaraba en concurso de acreedores, la justicia ha ido fallando a favor de los propietarios y ha desestimado el precio del metro cuadrado que dieron los técnicos municipales. El tribunal ha aceptado la propuesta del Xurado de Expropiación de Galicia que triplica la valoración del suelo expropiado que había acordado el Ayuntamiento en 2006.

Este pago inaplazable para el gobierno de O Pino, tras conocerse la sentencia de ejecución definitiva en octubre pasado, representa apenas un 1% de las expropiaciones que reclaman otros propietarios. Un escenario económicamente inasumible para el Ayuntamiento cuyo presupuesto es de 2,8 millones y que le llevaría a una situación de bancarrota.

De hecho, los beneficiarios de la sentencia del TSXG son propietarios de solo 70.000 metros cuadrados de un terreno en litigio que alcanza el millón de metros. Los restantes dueños reclamaron en su día el justiprecio pero no se admitió por extemporánea por lo que han promovido otra reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento que está en trámite de resolución en los tribunales.

El gran fiasco nació en 2002, cuando el pleno acordó incorporar al proyecto de Plan General que se estaba diseñando un sector para suelo industrial en terrenos de las parroquias de Castrofeito y Pereira, en las inmediaciones del aeropuerto santiagués de Lavacolla. Un año después se aprobó el planeamiento urbanístico que ya contemplaba el sistema de expropiación del suelo delimitado para uso industrial y comercial en el polígono. Las razones, en palabras del alcalde, el popular Manuel Taboada, eran que “la expropiación garantizaría de un modo más eficaz la urgente realización del polígono”.

En 2004 se cerró el acuerdo municipal para adjudicar el contrato para redacción y ejecución del plan parcial del polígono industrial a la entidad Fadesa Inmobiliaria, la única empresa que se presentó a concurso. Poco después vendrían los primeros problemas para el Ayuntamiento, cuando los propietarios de los terrenos interpusieron recursos de reposición contra la valoración de las expropiaciones de seis euros por metro cuadrado.

Este trámite fue resuelto con un acuerdo de la alcaldía por el que se rechazaron más del 90% de los escritos que impugnaban el precio fijado por metro cuadrado, alegando que eran “extemporáneos”, por lo que no se remitieron los expedientes al Xurado de Expropiación de Galicia. Al final solo se admitió a trámite la oposición de cinco propietarios que acabaron ganando la batalla al Ayuntamiento.

El arquitecto contratado por el Ayuntamiento para valorar los terrenos, Pablo Martín Fernández Castro, emitió seis meses después un informe favorable a sustituir el aval —que como garantía obligatoria debía prestar Fadesa en cumplimiento del pliego del concurso— por una carga hipotecaria, y tasaba el valor del suelo urbanizado en el citado polígono a 100,53 euros, dieciséis veces más.

Este mismo técnico, que también emitió los informes favorables al proyecto de expropiación y urbanización, fue nombrado arquitecto municipal en diciembre de 2009. Contra el alcalde y el arquitecto se abrieron diligencias en el juzgado de Arzúa por una denuncia contra la actuación de ambos en la fijación del justiprecio y por las obras de mejora ofertadas en el concurso de saneamiento y abastecimiento de Pereira y Castrofeito. Manuel Taboada y Pablo Martín tendrán que declarar de nuevo en el juzgado el 15 de febrero por esta causa.

Pagar por Fadesa

El juzgado de lo mercantil de A Coruña, en un auto de 24 de julio de 2008, declaró en concurso de acreedores a Martinsa-Fadesa, por lo que la construcción del polígono industrial de O Pino se vino abajo, dejando los terrenos como estaban y aparcando todos sus compromisos de obras de mejora por valor de 1,6 millones en las parroquias limítrofes. Personada al igual que el Ayuntamiento en el contencioso por el justiprecio de los terrenos, el tribunal dejó claro quién tendría que pagar los platos rotos.
“Debe ser la Administración expropiante, el Ayuntamiento de O Pino, la que asuma el pago en calidad de responsable subsidiario y sin perjuicio de los derechos que adquiera si paga por otro”, dice el fallo de la Sala presidida por el magistrado Ignacio Aranguren Pérez. “Porque no podemos olvidar que es el Ayuntamiento la Administración que expropia y no puede rehuir su obligación de pagar en defecto de aquel [Fadesa], justificándolo al amparo de una situación concursal de la beneficiaria que, como hemos visto, cualquiera que sea su futuro, nulo efecto debe producir para los afectados, más allá del retraso evidente en el cobro del justiprecio”, añade el tribunal.
Concluye la sentencia firme subrayando que el Ayuntamiento” es el garante porque tiene en todo momento el control del procedimiento expropiatorio: decide expropiar, lo hace por el procedimiento de urgencia y decide ejecutar el proyecto”.


* El País - Elisa Lois - 16.1.15
Foto: Estado en el que se encuentran actualmente los terrenos donde se iba a construir el polígono industrial de O Pino. / OSCAR CORRAL

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Fiscalía pide imputar al jefe de Urbanismo de Alicante en Brugal

El jefe de Urbanismo de Alicante, JL.Ortuño, ha sido uno de los capos en los casos de corrupción en los que está inmersa la ciudad bajo el mandato de la 'popular', recién cesada, S.Castedo. Es pieza clave en el caso 'Brugal' y, en concreto, en el Plan Rabassa por favorecer al mafioso empresario E.Ortiz. Y es que, evidentemente, toda corrupción urbanística tiene que tener detrás a unos técnicos (políticos) que avalen y den vía libre a la especulación más salvaje del territorio. No obstante, una vez más, hay que constatar la tardanza judicial inexplicable ya que se trata de un importante asunto urbano de hace ahora 5 años (cinco).
"ELPAÍS* : El fiscal Anticorrupción Felipe Briones pidió ayer la imputación en el caso Rabassa, una de las investigaciones del caso Brugal, por tráfico de influencias y prevaricación del jefe de servicio del Urbanismo de Alicante, José Luis Ortuño. El fiscal le considera “cooperador necesario” en la supuesta trama de intereses que se habría orquestado desde el Consistorio para favorecer al empresario Enrique Ortiz en la actuación urbanística del barrio de Rabassa, donde se pretendió la construcción de más de 13.000 viviendas y la implantación de una macrotienda Ikea.

El escrito presentado por el ministerio fiscal, basado en el informe policial de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional, establece que Ortuño fue el técnico que dio luz verde a la construcción del plan urbanístico impulsado por el constructor y la exalcaldesa Sonia Castedo, también imputada por prevaricación y tráfico de influencias junto al Gerente de Urbanismo, Enrique Sanus y la jefa de los servicios jurídicos de Urbanismo, Isabel Campos.

Ortuño entró como primer testigo del caso en el juzgado de instrucción número 6 de Alicante y salió con un pie en la imputación después de que el juez Juan Carlos Cerón suspendiera su declaración para tomar en consideración el escrito del fiscal. La imputación cerraría el círculo de la supuesta trama para favorecer a Ortiz desde las dependencias de Urbanismo. Sin la firma de Ortuño, sostiene el fiscal, no hubiera sido posible modificar el diseño del área de Rabassa para encajar la tienda de Ikea.

En el informe policial se constata que en enero de 2010 existió una voluntad por sacar adelante un proyecto que estaba suspendido por el Tribunal Superior de Justicia valenciano al no tener garantizadas ni el agua para las miles de viviendas previstas, además de haber sido elaborado al margen del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad.

Rabassa ha sido la tumba política de Castedo, que declarará el próximo día 16. En los inicios del proyecto, que se remontan hasta el 2008, el plan iba a albergar esta macrourbanización contra la que se movilizaron asociaciones medioambientales y hasta se creó una plataforma ciudadana. Desde el Ayuntamiento se intentó endulzar el proyecto anunciando que de esas 13.500 viviendas, 8.000 serían de protección oficial.

La policía, a lo largo de toda la investigación, ha sospechado que el proyecto urbanístico era una pantalla para instalar Ikea en Rabassa. En los anexos del informe policial constaba un contrato firmado por la multinacional sueca con Ortiz para que este cobrara una una suma superior a los 90 millones por la instalación de una tienda de muebles contra la que también se ha expresado el comercio local. Según se entiende en las escuchas policiales que sostienen el caso, Ortiz cobró esa cantidad.

El caso Rabassa es una pieza separada de la instrucción que lleva a cabo otro juzgado alicantino, centrado en una investigación sobre la totalidad del urbanismo alicantino. Ambas causas nacen con el caso Brugal, que proviene de unas supuestas corruptelas en Orihuela entorno a la gestión de la basura y que llegaron hasta el urbanismo de Alicante.


* El País - RUBÉN ESQUITINO - 9.1.15
Foto: Alicante, ayuntamiento - wikipedia.org

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El exfiscal Villarejo dice que la justicia es “complaciente” con la corrupción

El exfiscal general Anticorrupción entre 1995-2003, que fue cesado por Aznar, tiene una larga trayectoria en la lucha contra la corrupción en este país, sus opiniones son, por lo tanto, certeras e instructivas desde su posición apartada ya de cargos laborales. Ha criticado innumerables veces la complicidad y debilidad judicial con la creciente corrupción, como ha vuelto a hacer días pasados sobre el asunto mafioso de la familia Pujol en Cataluña. El caso del vaciado delictivo y la quiebra de Banca Catalana es uno de los más turbios ocurridos durante el mandato del expresident.
"ELPAÍS* : "Culpables, millonarios, e impunes". El exfiscal Carlos Jiménez Villarejo ha hecho suyo este viernes en el Parlament el título de un escrito jurídico reciente para describir la corrupción política y económica y sus consecuencias. "El poder judicial es complaciente y débil" con esas prácticas, ha asegurado el que fuera fiscal jefe de Cataluña y de la Fiscalía Anticorrupción, durante su intervención en la comisión que investiga el fraude fiscal de Jordi Pujol.

Villarejo ha recordado la ristra de asuntos de corrupción que ha investigado durante su carrera profesional, muchos de ellos vinculados al Gobierno de la Generalitat gobernada por Jordi Pujol, y ha dicho que la Fiscalía General del Estado vetó las investigaciones. El motivo era el "blindaje político", según sus palabras, que imperaba entonces entre el PSOE y CiU, socios políticos en el Congreso bajo el Gobierno de Felipe González.

"¿Jordi Pujol es un corrupto?", le ha preguntado el diputado de ICV Marc Vidal al exfiscal. "¿Cómo podemos calificar si no a Jordi Pujol que después de producir la quiebra de Banca Catalana con su gestión ocupó la Generalitat durante 23 años y se rodeó de personas que no eran un ejemplo de limpieza de la función pública?", ha respondido Jiménez Villarejo.

A renglón seguido se ha referido al caso Pretoria, que está a punto de sentar en el banquillo al exconsejero de Economía Macià Alavedra o a Lluís Prenafeta, exsecretario general de la Presidencia. O al caso de los avales de la CARIC para la reconversión industrial a fondo perdidos otorgados por la Generalitat, o las incompatibilidades profesionales que afectaron a Prenafeta.

Villarejo, que fue el fiscal que interrogó a Pujol tras la querella por el caso Banca Catalana, ha reiterado lo que ya dijo su compañero cuando acudió al Parlament: que Jordi Pujol cometió delito por contribuir al vaciado patrimonial de la entidad bancaria con una caja B, de espaldas a los accionistas y al Banco de España.

Pese a ello, el exfiscal ha denunciado la "actitud comprensiva" que tuvieron los jueces con esa actividad delictiva de Jordi Pujol, pues consideraron que el vaciado de Banca Catalana que protagonizaron los 24 directivos de la entidad, no fue sino un "desajuste contable".

"Los magistrados sabían perfectamente lo que hacían, incluso los que no se miraron el sumario", ha insistido Villarejo. "No tuvieron la más mínima curiosidad por saber qué fue de aquel proceso", ha dicho el exfiscal de los jueces para referirse a la actitud que tuvieron con el caso Banca Catalana. El exfiscal ha recordado que se prepararon copias con un resumen de la causa y que un grupo de jueces que no ha cuantificado, ni siquiera recogieron esos documentos. El Pleno de la Audiencia Territorial exculpó al presidente de la Generalitat por 33 votos contra ocho en noviembre de 1986.

Diversos diputados le han preguntado a Villarejo si existía relación entre la fortuna oculta por Jordi Pujol y su gestión como directivo de Banca Catalana. "No tengo elementos ni para negarlo ni para afirmarlo", ha respondido el exfiscal, si bien al cabo de una hora ha recomendado la lectura del sumario del caso para conocer al detalle el enriquecimiento que benefició al expresidente de la Generalitat y al resto de directivos.

La comparecencia de Villarejo ha durado más de tres horas y ha finalizado con una dura intervención de la diputada de CiU Mertixell Borràs, sobre la trayectoria profesional del exfiscal y que ha concluido afeándole que rechaza el derecho a decidir. Borràs ha llegado a preguntar al exfiscal porqué no dimitió de su cargo cuando la Fiscalía del Estado le vetó el recurso contra la exculpación de Jordi Pujol por el caso Banca Catalana, e incluso porqué no se querelló contra los jueces por prevaricación.

El exfiscal ha respondido que siempre ha intentado mantener la coherencia profesional, que pensaba continuar en la fiscalía porque pensaba que era la mejor manera de servir a los intereses de los ciudadanos en múltiples frentes y que "nunca, nadie", durante su carrera profesional ha cuestionado su trabajo.


* El País - Pere Ríos - 16.1.15
Foto: Jordi pujol, banca catalana- news

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Valencia.- Salvar el Cabanyal: objetivo a punto

El largo culebrón del barrio marinero del Cabanyal no termina de concluir satisfactoriamente para los vecinos, que llevan luchando años por conseguir mantenerlo en pie y lograr una rehabilitación integral del Ayuntamiento valenciano de la predadora 'popular' R.Barberá. Es todo un ejemplo (malo) de cómo los políticos se desentienden a la hora de la verdad de los ciudadanos concienciados con sus barrios y monumentos. A pesar de las últimas sentencias judiciales favorables, parece que todavía queda algún fleco legal y los vecinos están ya hartos de la 'burrocracia' lamentable de este caso sin fin que ya lleva 16 años de triste actualidad urbanística.
"DIAGONAL* : Como una victoria vecinal costosa, pero todavía no consumada. Así es como Maribel Domenech, portavoz de la plataforma vecinal Sal­vem el Cabanyal, nos presenta el estado actual del histórico barrio valenciano en su pugna contra la actuación predadora del Ayuntamiento.

Maribel nos espera en el Mont Blanch, un clásico bar de la calle Mediterráneo. También nos acompaña Lidia Aparicio, fotógrafa y vecina del barrio. Entre la tensión por la próxima respuesta a las cerca de 30.000 alegaciones de los vecinos contra el nuevo plan urbanístico se cuela el agradecimiento. “Ha habido un apoyo aplastante por parte de gente de todo el territorio, que son conscientes del carácter patrimonial del distrito”, dice Maribel.

Mientras iniciamos el itinerario por el barrio, Maribel se niega a dar una mirada negativa de la situación. “La destrucción conviene a los especuladores, que son los que han hecho esto”, afirma señalando un muro en el que se han pintado franjas diagonales marrones. El Consistorio comenzó marcando de esta manera solares municipales en desuso –explica Maribel– para acabar pintando de manera ilegítima inclu­so espacios privados. Es­tig­ma­tizar un barrio es un primer paso para justificar una modificación tan agresiva como la propuesta hace ya 16 años.

Las viviendas de la calle Me­dite­rráneo con Amparo Gui­llem son las que están en mayor peligro urbanístico. Unas viviendas con fachadas desiguales en altura y en apariencia externa, pero con la anchura original propia de las antiguas barracas. “Estas facha­das tienen un Nivel de Pro­tección 2 y además son Bien de Interés Cultu­ral –señala Maribel–. El Ayunta­miento pretende ignorar la normativa para favorecer la especulación y construir edificios altos”, señala Maribel. Esta singularidad visual, resistente al paso de los años y de unas administraciones desinteresadas, aporta cohesión al barrio.

La rehabilitación no entra dentro de los planes de la alcaldía, en los que sólo cabe el derribo y la construcción desde cero. “La II Gue­rra Mundial nos ha enseñado muchas cosas, entre ellas que todo se puede reconstruir”. Algo que tienen en cuenta los propios vecinos, que han comenzado a rehabilitar los solares marcados con franjas marrones como zonas de juego infantil para llevar la contraria a la Administración, que insiste en el deterioro como excusa para la intervención. Una estrategia de revitalización que ha forzado en algunos casos la actuación de las autoridades para reparar los daños forzados por su propia inacción.
Los propios vecinos han comenzado a rehabilitar los solares marcados con franjas por el Consistorio

Mientras se suceden fachadas singulares, la portavoz de Salvem el Cabanyal recuerda que el Institut Ceràmic de Castelló considera este barrio un museo vivo. “Rita [Bar­berá] creyó que la gente se iba a plegar a su deseo de construir cerca de 1.400 viviendas nuevas. Pensó que las familias iban a vender servilmente sus casas… y en 16 años sólo ha conseguido comprar 400 viviendas voluntariamente. Esa cifra dice que el barrio no quiere la ampliación urbanística de la avenida Blasco Ibáñez”.

La conexión con el mar

Maribel nos lleva a un punto neurálgico del Cabanyal: el formado por la intersección de cuatro edificios emblemáticos. Uno es la Casa dels Bous (Casa de los Toros), testigo mudo de la lucha de los vecinos, que lograron que el Ayuntamiento desincrustara una farola que se había clavado literalmente sobre el tejado de este edificio protegido. Otro es la Llotja dels Pescadors, todo un símbolo arquitectónico que contiene uno de los pocos dúplex conservados desde el siglo XIX. Los otros dos edificios de esta intersección son la Fábrica de Gel y la Casa dels Pescadors. Este centro neurálgico explica por sí mismo la importancia del Caba­nyal como conexión de una ciudad con el mar. Una conexión que se podría facilitar no acudiendo a planes agresivos, sino “permeabilizando el barrio mediante obras respetuosas”, agrega Maribel. Pequeñas remodelaciones como la altura de determinadas aceras, porque, como afirma nuestra guía, “en el Cabanyal no queremos morir de éxito como en el barrio de Russafa o la misma Barcelona”.

Pese a todo, los vecinos consideran que han ganado: tras 16 años, el poder local, grandes bufetes de abogados y cantidades ingentes de dinero puestos a disposición de quienes pretendían expandir la avenida Blasco Ibáñez no han logrado su propósito. La sentencia del Tribunal Supremo del 24 de junio de 2014 dio la razón final a los vecinos y dio por terminado el proceso jurídico iniciado en 1999.


* Diagonal - José Manuel Martín Corvillo - 27.12.14
Foto: Valencia, barrio del Cabanyal - S.CARREGUÍ, elpais.com



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Medina del Campo.- La Fundación Simón Ruiz quiere vender el antiguo hospital al no poderlo mantener

Realmente lamentable es el estado del Patrimonio histórico-artístico en la mayor parte de Castilla y León, una comunidad donde existe la mayor concentración de monumentos del país. Los casos de abandono institucional son innumerables, y aquí ya hemos hablado anteriormente de Medina del Campo, una localidad con alguno de los BIC más notables, como la única y perdida Casa Blanca, un palacete renacentista campestre sin parangón... o el gran Hospital de Simón Ruíz, otro ejemplo renacentista a semejanza de unos pocos italianos. El enorme edificio de ladrillo se va viniendo abajo, trozo a trozo, sin que las autoridades competentes de la Junta, ni otras administraciones, hagan nada al respecto. Triste espectáculo de lo mejor de nuestra historia.
"NORTECASTILLA* : «Desesperados y muy entristecidos». Este es el estado de ánimo en el que se encuentran los patronos de la Fundación Simón Ruiz de Medina del Campo, quienes a última hora de la mañana de ayer mantuvieron una reunión de urgencia para abordar el reciente derrumbe de la espadaña de la capilla funeraria del patio de la antigua huerta del inmueble.

Los patronos, «angustiados» ante la posible caída de más partes del edificio –«el tejado norte está fatal»–, ven como una posibilidad para su mantenimiento integral su venta o alquiler. Se trata, dicen, de un inmueble único. «Tan solo hay cuatro edificios de estas características en Europa, sobre todo en la zona de Milán». La venta o el alquiler son las dos opciones que los patrones ven más plausibles, pero tampoco tienen mucha fe en ellas, ya que para que el Simón Ruiz pueda ser vendido deberían pedir autorización al protectorado y registro de Fundaciones, un ente dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicio Sociales e Igualdad.

Los únicos fondos que la Fundación Simón Ruiz posee son los alquileres del arrendamiento de las tierras que el banquero dejó en herencia. Estos alquileres están destinados en su totalidad a mantener la labor social que desde hace años realizan con niños con discapacidad en Medina. «No tenemos dinero para afrontar ningún tipo de rehabilitación, ni parcial ni integral, del Simón Ruiz», comentan los patronos, quienes puntualizan que ni siquiera pueden encargar un estudio completo a un arquitecto para que determine el estado en el que se encuentra el inmueble.

Ante este problema grave de fondos, los patronos ya se han puesto en contacto con todas las administraciones públicas (Ministerios y Junta de Castilla y León) y con multitud de entidades privadas para ver si «brindan su ayuda» para «no perder este edificio, único en España».

Además de mandar varias misivas a las administraciones públicas, el patronato ha lanzado un llamamiento para ver si algún arquitecto, de manera desinteresada (sin retribución alguna), puede elaborar un exhaustivo informe sobre el estado en el que se encuentra este inmueble (que incluye el hospital, la iglesia y la ermita), catalogado en 1991 como Bien de Interés Cultural.

«Hemos llamado a mil puertas de manera constante y nadie nos ofrece ayuda alguna», comentan los patronos, quienes destacan que el único proyecto en firme que había sobre el Simón Ruiz fue un plan impulsado por varios empresarios de la localidad, quienes en el año 2004 quisieron recuperar el edificio creando un hotel. «Al final no se pudo poner en marcha porque Patrimonio no dio su beneplácito. Desde entonces no hemos tenido más ofertas».

La semana pasada, la Asociación de Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio de Valladolid y la Asociación de Amigos del Museo y del Patrimonio de Medina del Campo criticaron la «dejación de funciones» de los patronos de la fundación. Estos, indignados, aseguraron ayer que «en ningún momento» han desatendido la conservación el Simón Ruiz.«Constantemente estamos buscando soluciones, pero no tenemos fondos para hacer frente a ninguna rehabilitación, ya que con el presupuesto que tenemos, ni en 300 años pagaríamos la rehabilitación integral del edificio».

Tal es la situación, que la propia Fundación asegura no tener dinero «ni para limpiar la iglesia ni para arreglar la tapia, por lo que tuvo que ser reparada por el Ayuntamiento de Medina del Campo». Otro de los puntos que quisieron dejar claro desde el Patronato de la Fundación Simón Ruiz es que «tanto con la anterior corporación municipal como con la actual, cada proyecto inversor que entraba en el Ayuntamiento intentaba reservar partidas para el Simón Ruiz, para irlo rehabilitando poco a poco, pero ninguna terminó por llegar».


* El Norte de Castilla - Víctor Vela - 22.11.14
Foto: Medina del Campo, ruinas hospital de Simón Ruiz - F.Jiménez

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Murcia.- El 'sheriff' del urbanismo local cuyo poder se contaba en 'naranjitos'

Es ya conocida la enorme corrupción urbanística de la ciudad y la Región de Murcia, cuando el presidente autonómico del PP, Valcárcel, arrasaba con sus decisiones especuladoras. Hoy, en vez de estar en la cárcel, como su propio nombre indica, está apoltronado en el Parlamento europeo, dirigiendo desde la sombra el destino de esta autonomía abandonada urbanísticamente. Otra figura capital que ejerció este desastre hace años fue el Gerente de Urbanismo, J.Peñalver, que desde su alto cargo controlaba ilegalmente cualquier actividad en la ciudad, estando actualmente imputado en varios casos de corrupción como 'Umbra' o 'Barraca'.
"LAVERDAD* : Entre el 15 de enero de 1999 y marzo del 2006, que fue la larga época en la que ejerció como jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo, Joaquín Peñalver se erigió supuestamente en el 'sheriff' de todo el urbanismo municipal. Prácticamente no era posible poner un ladrillo en Murcia sin que éste lo autorizara.

El alto funcionario murciano, que es uno de los principales imputados en los casos 'Barraca' y 'Umbra' de supuesta corrupción, llegó a ser acusado por el fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, de haber logrado monopolizar prácticamente todos los proyectos urbanísticos de la ciudad a través del despacho Peñalver Arquitectos y Asociados, que dirigían su padre, su hermano y su propia esposa.

En concreto, el fiscal le imputa haber estado «ejerciendo actividades privadas, incluidas las de carácter profesional» en ese despacho, pese a estar sometido al régimen de incompatibilidades, y haber intervenido como técnico municipal en expedientes en los que su propia esposa tenía intereses personales. Una cuestión, esta última, que Joaquín Peñalver ni siquiera se esforzó en negar cuando declaró como imputado en el Juzgado de Instrucción número 4 de Murcia.

Según el fiscal, Peñalver tomaba parte en actividades urbanísticas «en las que luego debía intervenir el servicio de Planeamiento, del que era jefe». Además sostiene que el despacho profesional de su familia servía «de tapadera para la intervención de Joaquín Peñalver en actividades que le estaban vedadas por la normativa administrativa y penal, y asegurarse la participación en las ganancias de la empresa».

La firma Peñalver Arquitectos, según el Ministerio Público, «tenía como principal activo la presencia de aquél al frente del Servicio de Planeamiento Urbanístico, al que iban a ir, y fueron, una parte importante de sus proyectos urbanísticos para ser aprobados». Y llegó el despacho a adquirir tal magnitud y relevancia, que «un importante número de los proyectos urbanísticos del municipio aparecen firmado por socios, empleados o despachos de arquitectos colaboradores de Peñalver Arquitectos S.L.». Esos proyectos que luego llegaban a puñados a la Gerencia, y sobre los que el propio Peñalver tenía que informar, eran conocidos como los 'naranjitos' por el color de las carpetas.

Cuando, en junio de 2012, el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, fue interrogado como imputado por el 'caso Umbra', el fiscal Juan Pablo Lozano quiso conocer cómo era posible que Joaquín Peñalver hubiera atesorado durante años tanto poder, y hubiera cometido tal cúmulo de supuestas ilegalidades, sin que nadie le pidiera cuentas. En concreto, se interesó por conocer si el exconcejal Fernando Berberena, le planteó sus dudas sobre «la integridad» del jefe de Planeamiento.

Cámara insistió en que no había recibido «ningún tipo de denuncia sobre Peñalver», e hizo hincapié en que, de haber ocurrido así, habría actuado. Hoy, después de saberse que el alto funcionario participó en la compra de unos terrenos a su suegro por casi dos millones de euros, cabe preguntarse si lo habría hecho.


* La Verdad - RF - 30.12.14
Foto: Murcia, ayuntamiento - wikipedia.org

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Twitter, la nueva herramienta de planeamiento urbanístico de las ciudades

Es evidente que este fenómeno de planeamiento urbanístico está sucediendo a pasos agigantados, aunque desde las poltronas de los altos cargos no se quieran dar cuenta todavía del tema. No solo en Twitter, sino en el resto de redes sociales, blogs o webs más o menos conocidas. Esta característica ha venido a sustituir a las antiguas 'cartas al director' de la prensa escrita, pero, obviamente, con mucha mayor celeridad y un contraste de opiniones más rico e inmediato. Hay numerosos ejemplos de todo esto como los llamamientos ciudadanos para protestas o manifestaciones de tema urbanístico (Gamonal, ElCabanyal, CanVies, etc), así como por el intenso debate generado en las redes sobre temas que antes pasaban de soslayo y que ahora generan una participación imprescindible para la toma de decisiones.
"MUYINTERESANTE* : Las redes sociales han tomado un papel clave en la vida cotidiana, en ellas los usuarios comparten todas sus hazañas, desde lo que comen hasta lo que están viendo por la tele, pasando por las fotos de sus viajes y salidas.

Ahora, además de poder usarlas para contarle al mundo lo que estamos haciendo, viendo e incluso para expresar nuestras quejas, los hermanos Enrique y Vanesa Frías-Martínez le han dotado de un nuevo uso, elaborar los planes de urbanismo de las grandes ciudades. En sus declaraciones a la Agencia Sinc, cuentan que gracias a la opción de tuits geolocalizados se pueden extrapolar los datos que aportan los tuiteros sobre las actividades que hacen, y de este modo planificar de una forma ordenada y más concisa los lugares destinados al ocio.
Gracias a twitter, estos dos hermanos investigadores han diferenciado tres zonas en ciudades como Madrid, Londres y Manhattan: áreas residenciales, de negocios, de ocio diurno y ocio nocturno. Afirman que explotar esta faceta de Twitter ayuda a planear mejor los espacios destinados a cada actividad, mejorando los problemas de ruido, limpieza o seguridad necesarios en cada caso.

Los usuarios muestran en tiempo real lo que están haciendo y dónde, siguiendo el modelo que plantean Vanesa y Enrique la gestión de los planes urbanísticos sería más eficiente teniendo en cuenta los datos de esta red social, y, además, afirman que también reduciría costes al no necesitar de las encuestas tradicionales.


* Muy Interesante - EVA CIFUENTES - 29.12.14
Foto: Redes sociales - anfix

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Los errores urbanísticos amenazan a Sanxenxo con la bancarrota

El centro turístico por antonomasia de la provincia de Pontevedra, Sanxenxo, se encuentra en una deplorable situación urbanística y, como consecuencia, económicamente endeudado hasta las cejas. Los sucesivos gobiernos municipales del PP, tras un Plan General desastroso de la época del alcalde Telmo Martín, hoy diputado nacional, están ahora implicados en numerosas causas por delitos contra la Ordenación del Territorio. Al menos hay 19 imputados municipales que deberán pasar por el banquillo prontamente (es de esperar), entre ellos la actual alcaldesa. Derribos, indemnizaciones y expropiaciones pendientes son los motivos urbanísticos que asfixian las finanzas municipales, y lo harán aun durante decenios.
"ELPAÍS* : La política urbanística de Sanxenxo ha generado un lastre financiero insoportable para la ya debilitada economía municipal, 15 años después de la aprobación de un plan general cuyos patentes errores castigados por los tribunales crearon una de las mayores burbujas inmobiliarias en la costa gallega. El principal centro turístico de las Rías Baixas sigue acumulando un nivel de endeudamiento que hipotecará las arcas municipales hasta al menos la mitad de este milenio.

Con 19 imputados por dudosas licencias urbanísticas, entre los que se encuentran políticos (como la alcaldesa, Catalina González, del PP, y la actual secretaria de Urbanismo de la Xunta, Encarnación Rivas), técnicos y promotores, implicados en presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, contra la ordenación del territorio y la administración pública, el gobierno local tiene que acatar en el horizonte más inmediato la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que le obliga a expropiar una parcela de 3.000 metros cuadrados declarada zona verde en el centro urbano. La ejecución del fallo llega cuando el municipio ya está pagando por otros errores urbanísticos un millón de euros al año más intereses y debe afrontar otros casi cinco por indemnizaciones y derribos pendientes. El precio de la expropiación que se debate ahora en los tribunales podría ser la vuelta de tuerca para acabar estrangulando sus exiguos ingresos desde que la crisis obligó a cerrar la Xerencia de Urbanismo, creada para administrar la euforia de la época dorada del ladrillo, que llegó a multiplicar por cuatro el actual presupuesto municipal (de unos 30 millones). Este fallo judicial amenaza al Ayuntamiento desde 2008, cuando la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG admitió parcialmente la demanda de los propietarios de la parcela a partir de los planos del plan general aprobado en 2003 cuando era alcalde el hoy diputado nacional del PP Telmo Martín. El caso inicia su recta final después de que los dueños, los hermanos Rocafort, hayan presentado ante el Xurado de Expropiación de Galicia una tasación de 47 millones de euros basándose en los precios vigentes cuando el plan entró en vigor, al comienzo del bum.

Los propietarios intentaron anular el Plan de Ordenación que calificó como zona verde la parcela situada en la Rúa das Cunchas, en la segunda línea de la playa de Silgar, y exigieron que se les diera los mismos derechos de edificación que a las fincas colindantes. Uno de los motivos para impugnar el documento urbanístico fue la ausencia de un estudio financiero sobre las actuaciones previstas, además de un flagrante error que afectaba a la parcela en litigio: la empresa que elaboró el documento, Interurban, adscribió la finca en litigio a la zona de Canelas, en Portonovo, que se encuentra a dos kilómetros de distancia y con unas características de suelo diferentes. El TSXG enmendó ese error en 2008 y acordó que el Ayuntamiento debía expropiar la finca. Eso sí, “aun admitiendo como irregular la actuación de la Administración municipal demandada”, el tribunal desestimó la anulación del conjunto del plan de urbanismo que había sido aprobado cinco años antes. El Ayuntamiento ha intentado todos los recursos legales posibles para retrasar lo inevitable, pero el asunto está de nuevo en el TSXG, ahora para que la misma Sala de lo Contencioso determine el precio final de la expropiación. El consistorio esperó hasta el último momento para impugnar la tasación de los propietarios, mientras el Xurado de Expropiación estipulaba en 3.010.872 euros el valor de la parcela, a los que hay que sumar otro medio millón de euros hasta la fecha por los intereses acumulados.

Los propietarios han recurrido las estimaciones del Xurado de Expropiación y elevan notablemente sus exigencias basándose en los parámetros de edificabilidad de la parcela si esta se hubiese declarado urbanizable como las otras fincas colindantes. Además, los hermanos Rocafort señalan que Xurado ha reducido la superficie real a 1.750 metros cuadrados y les ha otorgado un valor de 1.800 euros por metro, cuando ellos defienden que el justiprecio debe ascender a 14.000 por metro. También el Ayuntamiento ha recurrido la tasación del Xurado. Mientras el caso se dirime en los tribunales, los intereses que van engordando la cuenta para la Administración municipal suman 100.000 euros al año.

El TSXG deberá dirimir estas diferencias sobre la superficie y los bienes a valorar, que, en ningún caso, serán inferiores a los tres millones, más intereses, que ya fijó el Xurado de Expropiación. Aunque el fallo judicial está aún en el aire, expertos consultados apuntan a que lo habitual en casos como este es que el finiquito esté muy por encima del que determina el Xurado y muy por debajo del que reclaman los propietarios. Las mismas fuentes señalan que, de mantenerse esa línea de actuación, la cifra final podría rondar los 10 millones de euros.



Agobiados por las deudas

El Ayuntamiento de Sanxenxo ha tenido que hacer muchos números para encajar otro de los errores más flagrantes de su anterior gobierno local: el pago de 3,8 millones de euros a tres constructoras y la censura de los tribunales a la decisión política, amparada en una cláusula de la Lei de Ordenación do Territorio, de que los promotores pagasen en dinero el coste de las viviendas públicas que estaban obligados a entregar a cambio de levantar dos grandes promociones inmobiliarias en Monte Faro.

Con 12 millones de deuda que ya arrastraba antes de ese último fallo judicial, el Ayuntamiento ha ido aumentando el lastre de los pelotazos urbanísticos en la misma medida que ha crecido su recurso a los préstamos bancarios. Y aún sigue enredado en otros procesos judiciales, como el de una parcela para una Ciudad Deportiva, que amenaza con acabar en otro quebranto económico para las arcas municipales. Un suma y sigue que ha puesto en bandeja los argumentos para una oposición (PSdeG, BNG y los independientes de SAL) que no ha hecho otra cosa que reaccionar con la calculadora en mano ante cada varapalo de los tribunales para echar cuentas de cuántos años estará endeudado el Ayuntamiento y qué porcentaje le saldrá a pagar a cada vecino.

Entretanto, un juez de Cambados ha pedido la ampliación de algunas pruebas documentales que obran ya en la causa abierta contra el gobierno local por licencias urbanísticas supuestamente ilegales. La Audiencia de Pontevedra tiene pendientes de resolver ocho recursos presentados contra el auto de imputación y contra el desglose de la causa en cinco piezas separadas. La alcaldesa, Catalina González, del PP —imputada junto a la que fuera responsable local de urbanismo y actual secretaria general de este departamento en la Xunta, Encarnación Rivas— afrontó esta etapa con una tesorería al borde de la quiebra y unos presupuestos prorrogados que han recortado los proyectos de inversión. González, que anunció su despedida hace unos meses, ha dado muestras de que ahora está reconsiderando esa decisión. Y en algunos círculos del PP se especula con la vuelta a la vida municipal del exalcalde y actual diputado Telmo Martín.



* El País - Elisa Lois - 3.1.15
Foto: Sanxenxo - mma

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