EUROPAPRESS/GranCanaria* : El juez del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia nº5 de Telde decidió hoy mantener la imputación por un presunto delito de tráfico de influencias y por negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos al ex concejal de Urbanismo y actual portavoz de Nueva Canarias en el Ayuntamiento grancanario, Ildefonso Jiménez, que prestó declaración dentro del denominado 'Caso La Mareta'.
Además de Jiménez también comparecieron como imputados el anterior responsable de la Gerencia de Urbanismo, Juan Manuel Cabrera, y el empresario de la sociedad Parque Comercial y de Ocio La Mareta, filial de Urbagest, Julián Gómez del Castillo, a quienes el juez les mantiene también las imputaciones por presunto tráfico de influencias y por negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, "a resultas de las diligencias de investigación actualmente en curso", según informa el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en un comunicado.
Las diligencias fueron instruidas a raíz de la denuncia interpuesta por el anterior grupo de gobierno del PP y AFV-Ciuca, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas cercanas a este caso, relacionado con la concesión a citada entidad de los derechos de superficie de las parcelas 1 y 2 de la zona de La Mareta.
El Consistorio presentó durante el anterior mandato local la denuncia en los juzgados de Telde y en la Fiscalía Anticorrupción contra Jiménez --actual edil de Patrimonio--, Cabrera y Julián Gómez debido a la aparición de documentos con anotaciones de Cabrera.
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO COMERCIAL
Entre la documentación de la denuncia figura un fax remitido el 23 de agosto de 2002 desde las dependencias municipales a un teléfono de Madrid en el que presuntamente se facilitaba a Gómez del Castillo información que debía aportar en el pliego de condiciones para optar al concurso de adjudicación de un proyecto urbanístico en este área, que afectaba a las dos parcelas citadas, con un total de 136.000 metros cuadrados, según las mismas fuentes.
El proyecto consistía en la construcción de un centro comercial con boleras, salas de cines y locales de ocio, así como una residencia geriátrica, y fue adjudicado a dicha entidad en la legislatura local presidida entonces por Coalición Canaria tres días antes de celebrarse las elecciones locales del año 2003, aunque finalmente se anuló la concesión en noviembre ya que el representante de la empresa no cumplió con los plazos previstos para abonar las cantidades.
Según fuentes consultadas por Europa Press el edil del Consistorio de Telde Ildefonso Jiménez, el empresario Julián Gómez del Castillo, y el ex asesor municipal de Urbanismo, Juan Manuel Cabrera, se negaron a responder a las preguntas del abogado de la acusación.
* Europa Press - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 18 Jul 2008
Foto: Telde, registro caso Faycán - Teldeactualidad
El juez mantiene imputado al ex edil de Urbanismo de Telde por negociaciones prohibidas
La CHJ recurre el desarrollo de El Torreón en Segorbe por la falta de recursos hídricos
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LEVANTE/Castelló* : El Ayuntamiento de Segorbe ha anunciado que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha interpuesto un contencioso, ante el Tribunal de Justicia de la Comunitat Valenciana, contra el acuerdo de la Conselleria de Territorio en el que aprobaba el desarrollo del sector II, zona conocida como el Torrejón, porque consideran que no hay agua suficiente para abastecer a las 651 viviendas que se prevén construir, según explicó ayer el alcalde, Rafael Calvo.
Esta decisión, se ampara, según Calvo, en que la CHJ dice que no tiene constancia de que el ayuntamiento haya solicitado el informe que avale la suficiencia de recursos hídricos. Sin embargo, tanto el concejal de Urbanismo, Ángel Berga, como el alcalde aseguran que en dos ocasiones -la última fue el 7 de de enero de 2008- el ayuntamiento ha pedido a la confederación el informe sobre el sector II.
Berga ha recordado que el 13 de septiembre de 2006 se aprobó el documento de homologación que se remitió a las administraciones competentes para que dijeran "en qué puede adolecer o si el sector está bien". Todas emitieron su informe, según Berga, "excepto la CHJ que, no sabe no contesta", y a quien solicitaban 125.000 metros cúbicos de caudal anual de agua para esas viviendas.
Con el paso del tiempo, la Comisión Territorial de Urbanismo, con todos los expedientes excepto el de la confederación, insta al consistorio de Segorbe a que haga este informe técnico sobre el caudal del agua para saber "las necesidades del sector", comenta Berga.
El estudio, realizado por Facsa, refleja que "Segorbe tiene 1.552.594 metros cúbicos de consumo y tenemos una reserva de agua para toda la población de 2.100.000 metros cúbicos. Se ve que tenemos un margen de 650.000 metros cúbicos al año para el crecimiento que se había previsto en el PGOU", explica Berga. En este sentido, Calvo matiza que en el informe de reducción del caudal de agua, remitido por el ente central hace algunos meses, la confederación hidrográfica reconoce que hay más que suficiente en la reserva.
* Levante-EMV - Rosa Piquer, Segorbe - 19 de julio de 2008
Foto: localización. Imagen de los terrenos en los que se quiere construir.
rosa piquer, levante-emv.com
Alocén se suma a la irracionalidad urbanística
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Ecologistas en Acción* de Guadalajara y más de 200 ciudadanos, han presentado alegaciones al desproporcionado e insostenible Documento de Avance del Plan de Ordenación Muncipal de Alocén para los próximos años, propuesto por el Ayuntamiento. La propuesta es triplicar el suelo urbanizable con una previsión de crecimiento poblacional de más de un 800%.
Ecologistas en Acción alega, entre otras cosas, que 955 hectáreas de su término municipal están incluidas en la Red Natura 2000 (Lugar de Interés Comunitario —LIC— y Zona de Especial Protección para las Aves —ZEPA— "Sierra de Altomira"). Este espacio protegido es muy sensible a cualquier ampliación de habitantes por el factor humano de carga que representa. El término municipal es zona de dispersión y nidificación de especies como el águila real, águila perdicera, halcón peregrino, lechuza campestre o búho real entre otros.
Asimismo se pretende construir en una pendiente, un lugar de alto valor paisajistico, en zona de huertos, en medio de una crisis inmobiliaria (de hecho en la actualidad quedan por vender tres chalés de una urbanización que se construyó en el año 1.992 con financiación de Caja Guadalajara y que acabó en un cierto descalabro económico. Hay en venta al menos tres casas de segunda mano, más otras tres de nueva planta. Además, recientemente, se han sumado a la oferta doce viviendas unifamiliares construidas en antiguos terrenos de la urbanización antes citada y propiedad, en su día, de Caja Guadalajara).
El POM propuesto incumpliría a su vez la Ley estatal del Suelo 8/2007, de 28 de mayo. El proyecto incumpliría, de llevarse a cabo su promoción, los siguientes artículos:
- Los puntos 1 y 2 del articulo 2: “Principio de desarrollo territorial y urbano sostenible”;
- Los epígrafes a) y b) del articulo 4: “Derechos de los ciudadanos”;
- Los epígrafes a) y b) del articulo 10: “Criterios básicos de utilización del suelo”;
- El punto 1 del articulo 13:” Utilización del suelo rural”;
- El epígrafe a) del punto 1 del articulo 22: “Valoración en el suelo rural”;
- Y, la Disposición Transitoria cuarta “Criterios mínimos de sostenibilidad”
Ecologistas en Acción denuncia públicamente que la LOTAU no justifica un Plan de Ordenación Municipal si no se han promovido más de 50 viviendas o 5.000 metros cuadrados por año en los últimos cuatro años, por lo que, de acuerdo con lo previsto en el Art.. 24.5 del TRLOTAU debería haberse dotado de un Plan de Delimitación de suelo Urbano (PDSU). Téngase en cuenta que estamos hablando de un municipio donde realmente viven durante todo el año no más de una treintena de personas, por más que figuren censadas 184 personas, muchas de ellas atraídas por las bonificaciones fiscales que concede el Ayuntamiento a los que se empadronan.
* Ecologistas en Acción de Guadalajara - 16 de julio 2008
Foto: Alocen (Guadalajara) - ecologistasenaccion.org
La Vila: El TSJ anula la legalización del Atrium porque es contraria al interés público
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ELPAÍS/Alicante* : El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha dado un nuevo varapalo al proceso de legalización del hotel Atrium Beach de La Vila Joiosa, al anular el Plan de Reforma Interior de Mejora (PRIM), la herramienta de planeamiento con la que se legalizó su exceso de volumen.
El TSJ considera que el Ayuntamiento de La Vila, gobernado entonces por el PP, "antepuso los intereses particulares de Hotel Luna [empresa promotora del Atrium] a los intereses generales del municipio", explicó ayer el abogado del concejal de Iniciativa Independiente, Pedro Lloret, autor del recurso.
El PRIM aprobado el 21 de julio de 2005 contemplaba varias medidas compensatorias por la infracción urbanística: la cesión de 21.000 metros cuadrados de suelo al municipio, abonar 1,5 millones de euros para obras públicas en la zona de la Cala, demoler 14.000 metros cuadrados de la estructura y una sanción de 12 millones de euros. A cambio, el Consistorio otorgó una nueva licencia al hotel. Aunque el PRIM está anulado por esta nueva sentencia del TSJ -cabe recurso de casación- la licencia es válida, según manifestaron los servicios jurídicos de Hotel Luna, ya que "se otorgó sobre la base del planeamiento vigente en aquel momento". Por lo tanto, es "válida, firme y no se puede recurrir". Hotel Luna se apresuró ayer a pedir el "reintegro" de las cantidades aportadas. La empresa podría pedir al Ayuntamiento una indemnización por el lucro cesante superior a 100 millones de euros.
Esta sentencia del TSJ contraria a la actuación del Consistorio se suma a la que hace pocos días anuló la sanción de 12 millones de euros, debido en este caso a que la notificación le llegó a la empresa cuando el expediente había caducado.
* ELPAIS.com - SERGI CASTILLO - Benidorm - 18/07/2008
Foto: La Vila_Joiosa (Alicante) - elpais.com
Imputada en la trama de Estepona la hija del presidente del Senado
ELPAÍS/Málaga* : La juez que investiga la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga) formalizó ayer la imputación por cohecho y prevaricación a Patricia Rojo, hija del presidente del Senado, Javier Rojo, que es coordinadora del área municipal de Urbanismo.
La juez no ha adoptado ninguna medida cautelar contra Patricia Rojo, a quien ayer tomó declaración durante una hora. A la salida del juzgado, ni Rojo ni su abogado quisieron hacer comentario alguno a la prensa.
Abogada de profesión, Patricia Rojo fue contratada por el ex alcalde socialista Antonio Barrientos en su primer mandato (2003-07), en el que gobernó en coalición con el Partido Estepona (PES), fundado por ex dirigentes del Grupo Independiente Liberal (GIL). Barrientos encomendó a Rojo la gerencia municipal de Urbanismo. Cuando la policía realizó las detenciones y los registros de la operación Astapa el pasado 17 de junio, registró el despacho de Rojo. Pocos días después, la coordinadora de Urbanismo fue citada a declarar a comisaría imputada por delitos de cohecho y prevaricación, que ayer fueron ratificados por la juez instructora, Isabel Conejo.
Justo un mes después de la detención de Barrientos, el pleno de Estepona eligió ayer nuevo alcalde al también socialista David Valadez, que recibió los apoyos de seis de los siete concejales que le quedan al PSOE -la edil María Miralles no acudió al pleno-, y los cuatro votos de los otros partidos que formaban la coalición de gobierno, dos del PA, uno de IU, y otro de Estepona 07. También votó a favor el edil imputado en la trama y expulsado del PSOE Francisco Zamorano.
Valadez, de 31 años, fue uno de los concejales que informó a la ejecutiva provincial del PSOE de las presuntas irregularidades del equipo de gobierno. En la anterior legislatura, se enfrentó a Barrientos, que llegó a destituirle como portavoz del grupo municipal socialista cuando se negó a asistir a un pleno para aprobar un convenio urbanístico. Ayer anunció que su primera medida será reducir "considerablemente" el sueldo de alcalde, que Barrientos fijó en 97.210 euros anuales, el sexto más alto de España.
La elección de Valadez fue sorprendente y su candidatura se decidió minutos antes del pleno. En principio, el PSOE se había inclinado por el hasta ahora concejal de Urbanismo Rafael Duarte. Pero ayer la juez también se ratificó en imputarle delitos de prevaricación, cohecho y omisión del deber de denunciar. La dirección del PSOE, que a diferencia de los otros ediles imputados mantiene su confianza en Duarte, prefirió "no correr riesgos", por lo que, a petición del propio edil, optó por retirar su candidatura.
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Estepona - 18/07/2008
Foto: estepona_ayuntamiento - andaluciarustica.com
Madrid: Naturaleza acosada
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ADN/Madrid* : Un informe alerta de la amenaza urbanística. El crecimiento urbano ahoga el medio ambiente. Un estudio sobre los Espacios Naturales Protegidos desvela que "están al borde del desastre". El motivo: la dinámica "que une urbanización, autovías y centros comerciales".
La Comunidad tiene diez espacios naturales con protección jurídica. Son 368.296 hectáreas, el 13% del territorio. Ecologistas en Acción ha repasado ocho de ellos (Parques Regionales del Curso Medio del Guadarrama, del Jarama y Manzanares y de la Cuenca Alta del Manzanares, Parque Natural de las Cumbres, Circo y Lagunas de Peñalara, Soto de Henares, Reserva de El Regajal-Mar de Ontígola, Pinar del Abantos y Laguna de San Juan) y su diagnóstico no es nada halagüeño: la presión de las infraestructuras y el abandono de su cuidado los degradan de forma alarmante.
La Consejería de Medio Ambiente no se contuvo y acusó a los ecologistas de mentir: "El informe aporta datos falsos y presentan un panorama apocalíptico e irreal".
Hoy cruzan suelo protegido ocho autovías o autopistas, dos líneas del AVE, 25 carreteras ordinarias, cuatro vías de cercanías y una de metro, según el documento. Además, la M-61 tocará la Cuenca Alta del Manzanares, y la futura unión entre la A-6 y la M-505 afectará al Parque del Guadarrama "con un informe negativo de Medio Ambiente", dice Jesús Sánchez, de Ecologistas. La Consejería afirma que la configuración norte-sur de muchos parques "obliga a que sean atravesados por infraestructuras". Las vías dan servicio a los nuevos ensanches urbanísticos. El estudio denuncia que en el Parque de la Cuenca Alta del Manzanares "la edificación excede el suelo permitido, con la aquiesciencia de la Consejería". "Por ejemplo, en Manzanares el Real ya se ha agotado el terreno urbanizable". El ejecutivo reitera que "se cumple la legislación medioambiental".
"Carrera de locos"
Al mismo tiempo, los ecologistas explicaron estar en "una carrera de locos" contra la Consejería de Transportes por la M-501. "Nosotros por conseguir los 496.000 euros de fianza que paren las obras y ellos por terminar la vía en agosto". Ayer, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid emitió una nueva sentencia que declaraba ilegal este desdoblamiento.
MARIPOSAS EN GRAVE PELIGRO
En la Reserva Natural de El Regajal-Mar de Ontígola proliferan especies de mariposas exclusivas. La Consejería de Medio Ambiente tiene allí un centro de cría y estudio de nivel mundial. Sin embargo, la basura se ha acumulado alrededor del humedal llamado Mar Chico. Además, cartelones publicitarios se erigen en el cerro Pinar de los Frailes. Todo ello "amenaza de muerte" las 629 hectáreas de este espacio y, por lo tanto, la riqueza de lepidópteros de este entorno.
* ADN - Raúl Rejón - 17.07.2008
Foto: madrid M30 - A.Ferreras (El País)
El Derrumbe: miles de Torres Gemelas
ANTONIO MAIRA* : Por responsabilidad directa de nuestro equipo neoliberal: El Pacto del Ladrillo Fijo -formado por los sucesivos del gobiernos del bipartito (PP, PSOE y sus aliados en los gobiernos autonómicos)-; que han creado un Sistema de Alternancia Perfecta dentro de la mal llamada “Transición Española”, se acaba de caer la primera parte de un tinglado económico cuyos gestores evalúan en decenas –o centenas- de miles de millones de euros.
El sector inmobiliario en quiebra y el sector bancario con terribles “agujeros negros”. Gobierno, PP, instituciones empresariales, Falsimedia y los equipos económicos institucionales y privados –todos los responsables del desastre- recomiendan un ajuste neoliberal duro, mientras los sindicatos “sistémicos” reparten ungüentos y bendiciones o, sencillamente, desaparecen en el polvo de los primeros derrumbes. "Felicitamos" a González, Aznar, Zapatero y Rajoy y expresamos, con profundo dolor (por las terribles consecuencias que le esperan), nuestro deseo de que el pueblo español –trabajadores y subtrabajadores en general; especialmente las mujeres, los parados y semiparados, los jubilados y los “jóvenes menores de cuarenta años”-; consigan remover los escombros y construir un país totalmente nuevo. En “Leer más”: primeras noticias de una información que ampliaremos inmediatamente y "El Gran Encubrimiento: Durante más de un año nadie sabe nada de la crisis".
* inSurGente.org - 15 julio 2008
Investigan la conexión de ´Malaya´ con la trama urbanística manchega
LAOPINIÓN/Málaga* : El ´caso Malaya´ estalló el 30 de marzo de 2006 en Marbella. Desde entonces han sido procesadas 86 personas, detenidas más de 100 y se han intervenido bienes de todo tipo por un valor superior a los 2.400 millones de euros, según los cálculos del Ministerio del Interior. Pero, tras dos años y tres meses de instrucción, la investigación sigue dando sorpresas, algunas de ellas desagradables para los implicados.
No en vano, en una providencia firmada por el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la localidad, Óscar Pérez Corrales, el magistrado ordena investigar la relación entre algunos de los imputados en la trama marbellí "con los casos de corrupción inmobiliaria de Castilla La Mancha".
El escrito, al que tuvo acceso este periódico, está fechado el 15 de julio de 2008, y en él se da cuenta de un CD y un escrito anónimo recibido por el fiscal Anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero, que contiene información que "vincula a algún imputado en el ´caso Malaya´ con los casos de corrupción inmobiliaria en Castilla La Mancha", por lo que el magistrado decidió remitir el CD a la Comisaría Provincial para que el grupo III de Blanqueo de la Unidad contra las Drogas y el Crimen Organizado (Udyco) investigue esta relación. En concreto, el instructor les insta a que estudien "si la información contenida fuera de relevancia para las presentes actuaciones".
Además de la providencia de Óscar Pérez Corrales, comunicada a las partes ayer mismo, este periódico ha tenido acceso al oficio remitido por la Fiscalía al magistrado el pasado 11 de julio, en el que el mismo acusador público afirma haber recibido un CD "junto con un escrito sin firma" en el que se alude a las vinculaciones de determinados encausados en ´Malaya´ con esos casos -en plural- de corrupción inmobiliaria en Castilla La Mancha, enunciado que repite el informador anónimo en un escueto documento que consta de dos líneas escritas a ordenador.
Ahora serán los investigadores los que establezcan qué grado de veracidad tienen las informaciones contenidas en ese CD y con qué casos concretos que se instruyen actualmente en la autonomía vecina están relacionados los imputados de ´Malaya´ a los que se hace referencia.
Algunas partes expresaron ya ayer su "sorpresa" por la relevancia de esta información, al tiempo que consideraron "improcedente" que un juzgado de Instrucción de Marbella investigue algo que ocurre a tantos kilómetros de la localidad. "Debería remitirse, como se ha dicho varias veces, esta pieza separada al juzgado Decano que corresponda y que éste lo turne a su vez a otra sede. Pero, vamos, aquí ya estamos hablando de un caso que es clara competencia de la Audiencia Nacional", dice un letrado.
Esta reflexión puede ser cierta. De hecho, los delitos investigados en ´Malaya´ afectan a varias provincias: hay piezas separadas en los juzgados de la Palma del Condado (Huelva) y San Javier (Murcia), además de en Marbella, y se han producido registros e intervenciones policiales en otras zonas del país (por ejemplo, en Madrid, Mallorca y Cádiz). El lunes se celebra el primer juicio salido directamente de la investigación ´Malaya´ y los investigadores siguen teniendo por delante una intensa labor.
* La Opinión de Málaga - JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA - 17 de julio de 2008
Foto: Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es
El GOB acusa al Govern de actuar con la misma política ambiental que el PP
DIARIODEMALLORCA/Palma* : El Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) ha denunciado que el actual Govern actúa conforme a las políticas territoriales y ambientales iniciadas por el Partido Popular en la legislatura anterior.
Los ecologistas han manifestado su decepción ante la gestión del Ejecutivo en materia ambiental en un informe que, bajo el título "Mallorca, un toc d´alerta", pretende hacer balance del primer año de legislatura del equipo de gobierno de Antich.
La organización critica en este documento el "exagerado crecimiento de la construcción" en Balears que, según su criterio, no responde a las necesidades reales de vivienda en Mallorca. Los ecologistas reiteran también su oposición a la reciente Modificación del Plan Territorial de Mallorca, que mantiene las polémicas Áreas de Reconversión Territorial (ART).
El GOB también cuestiona la gestión de espacios naturales por parte del Ejecutivo autonómico, al que acusan de "seguir la línea marcada por el Partido Popular" por lo que se refiere a su protección. Las áreas que más preocupan a los ecologistas son la Península de Llevant, Cala d´Hort y la zona de Son Bosc, apunto de convertirse en un campo de golf.
En materia de transporte, la institución se muestra preocupada ante la posible construcción del segundo cinturón y las ampliaciones del puerto de Palma y del Aeropuerto de Son Sant Joan.
Asimismo, los ecologistas tratan en su informe la construcción de polígonos industriales, la actividad de las canteras, la construcción de infraestructuras energéticas y la gestión del agua y de los residuos sólidos en las islas.
* Diario de Mallorca - PAU PALANCO. PALMA - 17 de julio de 2008
Foto: El GOB ya convocó manifestaciones el año pasado contra la política territorial del PP. / D. Martínez, diariodemallorca.es
La Galicia del galpón con yacusi
LAVOZDEGALICIA* : El vecino quiere construir un galpón. Pero el suelo es rústico. No se puede edificar. No se puede dar licencia. Pero el concejal encuentra la solución. Y le dice al vecino: «Ti vai facendo». El edil acaba de inventarse una nueva fórmula: la licencia verbal. Ese permiso inexistente convierte al vecino en un infractor y potencial delincuente urbanístico.
Ya nada será igual desde entonces y el permiso hablado del concejal acabará convirtiéndose en un chalé de 2.000 metros cuadrados, con tres alturas, piscina y yacusi.
Es un ejemplo real registrado en Galicia y que salió a relucir ayer en una nueva jornada del curso de verano Nuevas formas de delincuencia, que organiza la UNED con el patrocinio del Gabinete de Estudios de Seguridad Interior (GESI) del Ministerio del Interior. Se hablaba de los delitos urbanísticos e inmobiliarios y de la respuesta policial ante esos hechos. Antonio Roma Valdés, fiscal del Tribunal Superior de Xustiza especializado en urbanismo, destacó de todas formas que la situación de Galicia está muy alejada de los escándalos detectado en el sur de España, aunque reconoció que se detectaron zonas de la comunidad en la que los chalés «aparecen» sin que nadie se hubiese dado cuenta anteriormente de su construcción.
Este especialista recordó además otro tipo de permiso municipal que se utiliza en algunos casos. Se trata de la licencia condicionada, instrumento que se emplea cuando para realizar la obra se necesita la autorización de otros organismos, como consellerías o ministerios. Entonces, el ayuntamiento permite que se inicien las obras. El problema llega al cabo de los meses, cuando alguno de los otros organismos informan negativamente la licencia y la edificación está concluida. La única solución entonces es la demolición.
Hipólito Pérez Novo, director de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, apuntó que la Xunta ejecutó en los dos últimos años más de 800 expedientes por infracciones urbanísticas cometidas en la comunidad. Se hizo por medio del Plan de Inspección Urbanística, que tramitó en el 2006 y en el 2007 un total de 384 expedientes informativos sobre irregularidades urbanísticas, y se han tramitado 168 asuntos de reposición a la legalidad.
En dos años, 800 expedientes
El citado plan autonómico también impugnó en esos dos años 194 licencias urbanísticas por infringir el ordenamiento jurídico. En total, se tramitaron más de 800 expedientes por irregularidades. Llaman la atención las sanciones impuestas por la Xunta por infracciones urbanísticas consideradas muy graves y que superaron los cinco millones de euros en solo dos años. Además, se pagaron multas por más de un millón de euros que se destinaron a cumplir las órdenes de derribo dictadas por la Xunta de alrededor de 40 edificaciones.
* La Voz de Galicia - José Manuel Pan - 17.07.2008
Foto: Galicia, ría_de_Arosa - Luis M. Bugallo Sánchez - wikipedia.org
El Ayuntamiento de Alicante permite una industria tóxica sin licencia
ELPAÍS* : El Ayuntamiento de Alicante, que preside Luis Díaz Alperi, del PP, consiente la actividad de una fábrica de lacados de aluminios, instalada en la partida de Agua Amarga, al sur de la ciudad, que no cuenta con licencia municipal y cuyos vertidos son tóxicos, según un informe pericial.
La carencia de la licencia de actividad de la fábrica está recogida en un informe del asesor jurídico del Consistorio firmado el pasado día 2. Los vertidos de la instalación a un pozo ciego también son objeto de una investigación judicial a raíz de una denuncia de Ecologistas en Acción del País Valenciano y motivo de un expediente sancionador de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
La industria Eurocolor Acabados Metálicos, S A, fue clausurada mediante un decreto de la concejal de Urbanismo, Sonia Castedo, el 6 de noviembre de 2007. El decreto incluía la denegación de la licencia de actividad y la suspensión inmediata de su funcionamiento. Esa orden fue revocada el 24 de enero de este año mediante otro decreto de un departamento municipal de rango inferior, la Gerencia Municipal de Urbanismo. Este negociado justificó la resolución en "la importancia de los prejuicios que pudieran causar con el cese de la actividad". El decreto de la Gerencia se produjo dos días después de que la empresa activase la vía de lo contencioso-administrativo. Sin embargo, el supuesto perjuicio que alega la firma es cuestionado por el asesor jurídico del Ayuntamiento en un escrito remitido al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 3. El letrado asegura que la empresa no ha acreditado "los gravísimos" perjuicios que le ocasionaría el cese. El informe también subraya que Eurocolor "nunca dispuso de licencia" para la actividad que pretende realizar.
La toxicidad de los vertidos, que la fábrica realiza a un pozo, dado que carece de red de alcantarillado para sus aguas residuales, se recoge en un informe pericial realizado por el Instituto de Medicina Legal de la Universitat de València para el juzgado que instruye la denuncia de los ecologistas. "La inyección directa de las aguas depuradas de la empresa Eurocolor constituye una mala solución técnica y un grave riesgo para el equilibrio de los sistemas naturales y la salud de las personas", concluye el estudio.
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 17/07/2008
Foto: Alicante, vista - J.Navarro, diarioinformacion.com
Amplían otra vez la querella contra el alcalde de Arona
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CANARIAS7/Tenerife* : El alcalde de Arona se enfrenta a una nueva ampliación de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción en 2007. El abogado Felipe Campos ha llevado al Juzgado 23 nuevas licencias concedidas supuestamente de manera irregular entre febrero y junio del presente año.
El abogado Felipe Campos ha presentado en los Juzgados de Arona una segunda ampliación de la denuncia por prevaricación y delitos continuados contra la ordenación del territorio contra el alcalde del municipio, el nacionalista José Alberto González Reverón, y los nuevos concejales del grupo de gobierno. La denuncia recoge 23 nuevas licencias concedidas supuestamente de manera ilegal que se suman a las casi 300 que ya investiga el juez Nelson Díaz Frías y por las que están imputados el alcalde y siete concejales del anterior grupo de gobierno municipal.
Las 23 nuevas denuncias corresponden a otras tantas licencias concedidas entre febrero y junio de este año que, como en las 300 anteriores, tienen informes jurídicos negativos. Felipe Campos denuncia además que la comisión de gobierno local ha concedido licencias de primera ocupación a construcciones cuyas licencias de obra mayor «son presuntamente delictivas y están dentro de la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción en febrero de 2007».
En abril
Felipe Campos ya presentó una primera ampliación a la denuncia el pasado mes de abril, donde incorporaba más de 50 nuevas licencias a su juicios ilegales concedidas entre enero y diciembre de 2007 a las 217 licencias y los 79 contratos supuestamente irregulares denunciadas por la fiscal María Farnés Martínez. La mayoría de esas licencias las concedió el grupo de gobierno «cuando ya estaban todos imputados».
El abogado hace especial hincapié en que con al ampliación anterior y con la ahora presentada ya no sólo están involucrado el anterior equipo de gobierno, sino que también los está el nuevo, que salió de las urnas en mayo de 2007-
En la nueva denuncia, Campos alude asimismo a un funcionario municipal «que ha aparecido ahora y que se presta para dar cobertura legal a las licencias concedidas de manera irregular». El abogado considera que a este funcionario «se le tiene también que imputar» y sale además en defensa de la jurista municipal que «durante años ha mantenido su criterio y ha elaborado infames jurídicos desfavorables a las licencias que luego ha concedido el grupo de gobierno y que han sido, en la mayoría de los casos, la base de la querella presentada por la Fiscal Anticorrupción».
El conocido como caso Arona ha llevado ya a cuatro personas a prisión, aunque todas están en la calle en libertad bajo fianza, y mantiene imputados al alcalde y a los siete concejales del anterior equipo de gobierno. Los ediles están imputados por prevaricación y corrupción urbanística continuada.
* Canarias 7 - R.R.
Santa Cruz de Tenerife - 17 julio 2008
Foto: Arona (Tenerife), ayuntamiento - coralia, picasaweb.google.com
Sanidad y ladrillos
MONCHO ALPUENTE* : Un banco es un lugar en el que te prestan un paraguas cuando hace sol y te lo quitan cuando llueve. Este impecable axioma de la ley de Murphy me viene a la cabeza mientras leo un dossier preparado por la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública de Madrid (CAS) sobre los nuevos hospitales y los nuevos convenios sanitarios de la Comunidad. El Gobierno del PP -informan- ha aprobado introducir la gestión privada en todos los hospitales y centros sanitarios públicos.
Los enfermos ya no serán pacientes, aunque necesitarán grandes dosis de esa virtud heroica, sino clientes, y ya se sabe que para las empresas privadas hay clientes que no se quieren ver ni en radiografía; enfermos crónicos y personas mayores generan más gastos que beneficios, y los beneficios son la única razón de ser de estas empresas. El paraguas de la sanidad pública ya estaba agujereado, aunque muchos de sus agujeros habían sido creados o ampliados por el Gobierno de Esperanza Aguirre, para vender, y vendernos, al mejor postor, su nuevo modelo sanitario.
En la cabecera del informe de la CAS figura el falso cartel de una falsa película titulada Piratas de la Sanidad Pública, protagonizada por Esperanza Aguirre, que aparece acompañada por el renegado Lamela y el constructor Florentino Pérez. Cambios de última hora sustituyeron a Lamela, el que tomó al abordaje el Severo Ochoa, por Güemes, mucho más fotogénico. La presencia del galáctico Pérez no es gratuita; nada sale gratis cuando se trata con estos tiburones de aguas cálidas. Al olor de la sangre, estos escualos, a la desbandada por la explosión de la burbuja del ladrillo, se ceban ahora en la depauperada salud pública, construyen hospitales y los gestionan con indisimulado afán de lucro. Están en su derecho, derecho que les concedió la ley estatal 15/97, votada por todos los grupos parlamentarios salvo IU y BNG. El pasado 21 de mayo, Izquierda Unida presentó ante la mesa del Congreso una proposición de ley que impediría la cesión de centros y servicios sanitarios a empresas con ánimo de lucro. Pero los zorros ya están a cargo del gallinero y se resistirán a ser desalojados.
Sabedores de que el cazadero inmobiliario que esquilmaban a conciencia, mala conciencia, estaba a punto de agotarse, los babélicos constructores de imperios de hormigón cambiaron ladrillos por enfermos y urbanizaciones por hospitales, y se supone que tratarán el nuevo negocio con la misma sensibilidad con la que trataron el anterior, una sensibilidad de cemento armado. Empresas como Dragados, Sacyr, Acciona, Begar-Ploder, FCC-C Madrid, Hispánica o Apax Partners edifican nuevos hospitales y gestionan los antiguos. En Aranjuez, Coslada, Vallecas, Arganda, Coslada, Valdemoro, Parla o Majadahonda, la Comunidad de Madrid ha hipotecado, con una auténtica hipoteca basura, la salud de los madrileños durante los próximos 30 años. Durante ese tiempo, los madrileños pagaremos el alquiler de los hospitales privados, privados de camas, de pruebas diagnósticas que vayan más allá del saque usted la lengua y hasta de papel higiénico. Si está usted buscando una oportunidad para morirse en Madrid, hágalo ahora, después le resultará mucho más incómodo, caro y doloroso. Sigo leyendo el dossier de la CAS y me corrijo: en el caso de pacientes privados o de otras áreas, no se limitará el acceso a pruebas diagnósticas o intervenciones, sino todo lo contrario, con el fin de aumentar los beneficios.
Las camas han vuelto a los pasillos del hospital público La Paz, titulaba este diario ayer. Con el nuevo modelo sanitario madrileño, las camas desaparecerán probablemente de los pasillos, y de las habitaciones, también, pero se supone que las de los pasillos las quitarán antes cuando reduzcan, como está previsto, el número de camas por habitante para optimizar el servicio. Una optimización perfecta era la que mostraba la película Cuando el destino nos alcance. En el filme, a los ancianos que se presentaban como candidatos a la muerte voluntaria les ofrecían un placentero viaje virtual de despedida antes de reciclar sus cuerpos en proteínas para alimentar a una humanidad desnutrida y famélica. Sólo una minoría de privilegiados, la de los gestores del sistema, vivía en mejores condiciones. Pero al menos, en el filme, la que gestionaba la muerte y el reciclado era una empresa pública.
* ELPAIS.com - Opinión - 16/07/2008
Julián Muñoz: «Yo firmaba lo que me decía Jesús Gil, nunca leí un papel»
IDEAL* : Si hay que creer en su palabra, el mayor error de Julián Muñoz -ex alcalde de Marbella, novio de Isabel Pantoja y recluso de la penitenciaria de Alhaurín- fue fiarse del difunto Jesús Gil y Gil, que también fue regidor de la citada localidad malagueña y otras muchas cosas. Al menos ese es el mensaje que traslada machaconamente cada vez que tiene que comparecer ante un juez, algo que ocurre con inusitada frecuencia en los últimos tiempos.
Ayer, Muñoz estuvo en la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Granada, pero no como imputado -que es lo usual-, sino como testigo. Una de las partes personadas en el juicio que se sigue contra José Ávila Rojas quería escuchar lo que tenía que decir Muñoz sobre las dos operaciones de compraventa de fincas que han llevado al constructor granadino al banquillo, toda vez que dichos tratos tuvieron lugar en Marbella. Ávila Rojas está acusado de un presunto fraude al fisco que ascendería a varios millones de euros. La Fiscalía reclama para él una pena de ocho años de cárcel.
Famélico
El ex alcalde marbellí no aportó nada al juicio. Muñoz se presentó como una marioneta de Jesús Gil y Gil en materia urbanística. Así que no tenía ni idea del contenido de los convenios que afectaban a las propiedades de Ávila Rojas objeto del pleito. Admitió que su firma y rúbrica figuraban en los citados documentos, pero reiteró que ignoraba por completo lo que decían.
Es lo que sucedía siempre, según su testimonio. Muñoz firmó unos 700 convenios urbanísticos pero nunca leyó ni la letra pequeña ni la grande. Él se limitaba a firmar lo que Gil y Gil le ponía delante. «Jamás he gestionado un convenio urbanístico. Yo firmaba lo que me decían Jesús Gil o Urbanismo, nunca leí un papel. Preguntaba si todo estaba bien y firmaba», declaró.
Muñoz, que dijo conocer superficialmente a Ávilas Rojas y cuyo aspecto es famélico, no se salió del guión. Durante los diez minutos que duró su comparecencia, repitió una y otra vez el mismo mensaje.
Antes que Muñoz, prestó testimonio el constructor cordobés Rafael Gómez Sánchez, 'Sandokán', que participó en una de las dos compraventas de Ávila Rojas que están bajo sospecha. 'Sandokán' tampoco dijo gran cosa.
Ávila Rojas, 'Sandokán' y Julián Muñoz están involucrados en el 'caso Malaya', que pretende señalar a los culpables del saqueo que sufrió el Ayuntamiento de Marbella durante años.
* Ideal - Granada - 16.07.08 -C. MORÁN
Foto: marbella banus - malagaweb
Alcoy: Sin precedentes
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INFORMACIÓN* : El polémico proyecto del Ayuntamiento de Alcoy para construir un hotel en pleno corazón de la Font Roja, junto al santuario, contrasta abiertamente con lo que se ha hecho en las últimas décadas en el resto de espacios protegidos de la Comunidad. La presión urbanística es una amenaza para más parques naturales, pero en ningún otro existe un establecimiento de grandes dimensiones como el que aquí se plantea, con la única excepción de los dos grandes hoteles de El Saler, dentro de la Albufera de Valencia, construidos antes de la declaración del parque.
La intención del equipo de gobierno de Alcoy de levantar un hotel de gran capacidad junto al santuario de la Font Roja ha desatado una fuerte polémica en toda la comarca acerca de la idoneidad de un establecimiento de este tipo en pleno corazón del parque natural. Mientras el PP alcoyano defiende que la ubicación propuesta atraería a un mayor número de turistas, los contrarios al proyecto han denunciado el impacto que tendrían los edificios de nueva construcción con las 55 habitaciones, 10 plazas de albergue, un "spa" con piscina cubierta, cafeterías y restaurantes y un aparcamiento subterráneo. Además, critican que se opte por una solución sin apenas precedentes en la Comunidad.
En ningún otro parque natural de todo el territorio autonómico existe un complejo hotelero como el que se prevé en la Font Roja o, de haberlo, se trata de construcciones anteriores a la protección de estos espacios. Así, el único lugar donde se levantan establecimientos de gran similitud es El Saler, dentro del parque natural de la Albufera de Valencia, donde el parador de turismo y un cercano hotel suman 330 habitaciones. No obstante, los dos son anteriores a la catalogación de este lugar como parque natural, en 1986.
Hay que tener en cuenta además que estos hoteles se hallan en una zona de urbanización consolidada, al igual que otro de 48 habitaciones ubicado en el casco urbano de la pedanía de Mareny de Vilxes. En la zona existe también algún establecimiento más, pero todos ellos también dentro de núcleos urbanos como El Saler o El Perellonet.
Al margen de esto, el único hotel de gran capacidad de la Comunidad ubicado en un parque natural es el Balneario de Fuente Podrida, en las Hoces del Cabriel. Cuenta con 24 habitaciones y 37 chalés de hasta 8 plazas. No obstante, también se trata de una instalación construida hace muchos años -y la declaración de parque natural de este enclave es muy reciente-, que además es mucho menos agresiva con el entorno que otros establecimientos de costa. Otra diferencia de Fuente Podrida respecto a la Font Roja es que está junto a una carretera nacional, con lo que tampoco la accesibilidad al hotel supone apenas impacto sobre el parque.
Pequeños hoteles urbanos
En el resto de espacios naturales de la Comunidad no hay hoteles dentro de los límites de protección o, si los hay, son de muy poca capacidad, como los existentes en la Tinença de Benifassà, al norte de Castellón. El resto son establecimientos situados fuera de los perímetros protegidos, generalmente en los cascos urbanos de las poblaciones del entorno. Para buscar un ejemplo de esto no hay que irse muy lejos, ya que ése es el alojamiento que se encuentra en las proximidades de la Sierra de Mariola, en municipios como Agres o Bocairent.
Tampoco consta la existencia de proyectos parecidos al de Alcoy en el resto de la Comunidad en curso en este momento, salvo el anunciado hace unos días en Benicàssim (Castellón), dentro del parque del Desert de les Palmes. Ahora bien, en este caso se trata de rehabilitar una masía ya existente y acondicionarla como un pequeño alojamiento, por lo que parece que no se trata de la misma opción que la planteada en la Font Roja. Pese a todo, apenas han trascendido datos sobre ese proyecto hasta el momento, por lo que se desconoce la envergadura exacta del establecimiento que se trataría de montar.
Hay que aclarar, de todos modos, que son varios los parques naturales de la Comunidad que soportan una gran presión urbanística en su entorno. Así, las Lagunas de La Mata y Torrevieja están completamente cercadas de edificaciones, lo mismo que el Montgó y el Peñón de Ifach. Otro espacio protegido, el humedal litoral del Prat de Cabanes-Torreblanca, en Castellón, podría también quedar casi rodeado en el futuro por los macroproyectos previstos en sus inmediaciones. Eso sí, aun cuando la afección de estos planes sobre el medio natural sería muy elevada, el perímetro del parque ha sido respetado.
Todos estos factores dan al proyecto hotelero de la Font Roja una especial singularidad y hacen que choque contra lo que se ha hecho hasta ahora en el resto de la Comunidad. La Generalitat, como administración competente sobre los espacios naturales, tendrá la última palabra sobre la autorización para llevar el plan a cabo.
Pocos ejemplos y en espacios muy extensos
En el resto de España sí hay más de un ejemplo de hotel de gran capacidad ubicado en el interior de un espacio natural protegido. Ahora bien, por lo general están en parques de mucha extensión, y rara vez se encuentran en zonas de campo abierto como el santuario de la Font Roja. Un caso ilustrativo es la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, en Jaén, donde hay decenas de plazas hoteleras, pero casi todas concentradas en núcleos de población como Arroyofrío, Burunchel o Coto Ríos, lo que alivia la sensación de masificación. Además, el parque es 100 veces mayor que la Font Roja.
Otros recintos son antiguos, construidos antes de que se protegiera el espacio, como el Parador Nacional de Gredos, en Ávila, o el complejo existente en el nacimiento del Llobregat, al norte de la provincia de Barcelona. No obstante, la opción más frecuente es también la del establecimiento situado en algún núcleo urbano del entorno del parque.
* Información - A. TERUEL - 16 de julio de 2008
Foto: Vista del parque natural de la Font Roja, donde el Ayuntamiento de Alcoy proyecta un controvertido hotel- JUANI RUZ, diarioinformacion.com
Un empresario es condenado a 2 años de prisión por construir un hotel en un parque natural de La Gomera
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LAPROVINCIA* : La asociación ecologista Tagaragunche informó de que el empresario afincado en La Gomera, Antonio Pérez, ha sido condenado a la pena de dos años de prisión por un delito contra la ordenación del territorio por la construcción de un hotel en un parque natural en la zona de Enchereda, en San Sebastián de La Gomera.
En un comunicado, los ecologistas aseguran que así se recoge en la sentencia dictada por el Juzgado Penal número 4 de Santa Cruz de Tenerife.
Destacan que la condena incluye además inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo, multa de 15 meses con cuota diaria de 6 euros, inhabilitación especial para profesión u oficio por dos años, demolición de las obras ejecutadas sin licencia, y restauración del equilibrio ecológico perturbado.
Tagaragunche explica que el caso judicial se inició en 2006 con una denuncia de Ben Magec-Ecologistas en Acción ante la Fiscalía de Medioambiente de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
La denuncia fue interpuesta por la construcción de un hotel presuntamente ilegal en el interior del parque natural de Majona, en la zona conocida como Casas de Enchereda.
Añaden los ecologistas que la Fiscalía abrió una investigación y constató que Antonio Pérez, a través de una empresa denominada Enchereda Agrícola S.L., estaba construyendo un establecimiento turístico de forma ilegal.
Recuerdan que el plan rector del parque establece que las Casas de Enchereda se localizan dentro de la zona de uso general del espacio protegido, en la cual sólo es posible la construcción de equipamientos y servicios relacionados con el uso público y la gestión del parque.
Destacan que está prohibido el uso turístico alojativo, excepto en las edificaciones tradicionales rurales existentes y subraya que en las obras denunciadas no se llevó a cabo una rehabilitación, sino el derribo de parte de las construcciones preexistentes y la construcción de nueva planta.
Los ecologistas apuntan que el "caso Enchereda" ha estado unido a algunas determinaciones adoptadas por el Cabildo de La Gomera, y aún no aclaradas, en relación a la compra de la finca.
Señalan que Tagaragunche instó al Cabildo y a la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias para que ejercieran su derecho de tanteo y retracto para adquirir la finca de Enchereda, de cara a su futura incorporación al Parque Nacional de Garajonay.
Agregan que sin embargo, el Cabildo gomero "incomprensiblemente" jamás ejerció su derecho de preferencia de compra "a pesar de que era notorio que la finca reunía suficientes condiciones para ser merecedora de incorporarse al Parque Nacional de Garajonay".
En su opinión, algunas declaraciones y movimientos del Cabildo de La Gomera parecían más encaminadas a tratar de buscar una fórmula para legalizar las obras y favorecer al empresario que a velar por los intereses generales y por el cumplimiento de la ley.
La finca de Enchereda es una de las fincas privadas más grandes de La Gomera, localizada entre los municipios de San Sebastián y Hermigua, y limita con la parte Este del Parque Nacional de Garajonay.
Conserva manifestaciones de monteverde canario, con comunidades vegetales muy singulares y numerosas poblaciones de especies endémicas y amenazadas, así como valores paisajísticos y una variada muestra de hábitats.
La finca se encuentra en el interior del Parque Natural de Majona, que constituye un ejemplo de paisajes abruptos, con grandes barrancos y acantilados de notable interés geomorfológico.
Entre sus barrancos destaca el de Majona, que da nombre al parque, en cuya cabecera se encuentra la finca de Enchereda.
* La Provincia - EFE - SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA - 15.07.2008
Foto: Imagen de la finca de Enchereda, en la isla de La Gomera. CARLOS FERNÁNDEZ - EFE
La Fiscalía completa el asedio a los campos de golf en la Rioja alavesa
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ELPAÍS* : La Fiscalía de Álava denunció el pasado viernes a los ex alcaldes de Laguardia César García Olano y Javier San Pedro, ambos del PP, por la comisión de presuntas irregularidades en la gestión del polémico proyecto de campo de golf y urbanización. En las conclusiones de una investigación que ha llevado durante seis meses la unidad de delitos económicos de la Ertzaintza, el fiscal jefe, Josu Izaguirre, acusa a los ex ediles por utilización de información privilegiada, negociaciones prohibidas a los funcionarios y tráfico de influencias.
Esta denuncia se suma a la investigación que ya atiende un juzgado de Vitoria por un posible delito de soborno a un concejal de EA para que cambiara su criterio y votara a favor de ese proyecto urbanístico, rompiendo el empate que se producía en el seno de la corporación.
La denuncia por el proyecto de Laguardia se suma a la presentada la semana pasada por varios delitos sobre contra el ex alcalde de Labastida Ignacio Gil Orive (PP) y los promotores del campo de golf de esta otra localidad de la Rioja alavesa, que incluye la construcción de 750 viviendas. La investigación comenzó después de que la comisaría de la Ertzaintza en Laguardia presentara sendos informes escritos en los que se indicaban presuntas irregularidades en la tramitación de los dos campos de golf que se estaba llevando a cabo en esta localidad y en Labastida.
Las conclusiones del fiscal confirman lo que era vox pópuli en la zona desde que la firma Rioja Golf Resorts impulsó un campo de 18 hoyos, junto a una urbanización de medio centenar de chalés en dos millones de metros cuadrados, a la sombra de la sierra de Cantabria. Así, el fiscal afirma que García Olano, que ejerció de alcalde entre 1999 y 2003, trabajó durante ese periodo también como intermediario en la compraventa de terrenos ubicados en la zona prevista para el proyecto urbanístico. "Intervino, cuando menso, en dos transacciones llevadas a cabo a favor de Cotos de San Lucas, SL y Proconsol Viñas Álava, SLU", apunta.
García Olano, "con la información de que disponía derivada del ejercicio de su cargo", realizó transacciones de fincas rústicas que, con posterioridad a su venta, recibieron la calificación de urbanizables.
César García Olano se volvió a presentar como cabeza de lista del PP al Ayuntamiento de Laguardia en las pasadas elecciones de 2007. Su formación se quedó a un concejal de la mayoría, con cuatro ediles. El PNV obtuvo cuatro, y EA, uno. Estos dos partidos se mostraron en contra del proyecto de campo de golf, lo que provocó el presunto intento de soborno al edil de EA. Pues bien, García Olano ha seguido manteniendo su interés por el proyecto "de manera insistente", "a pesar de dicha actividad de intermediación", apunta el fiscal.
También está empeñado en este proyecto el que fue alcalde de la localidad en el periodo 2003-2007, Javier San Pedro. El fiscal recoge en su investigación que San Pedro cuenta con tres fincas de 23.000 metros cuadrados en la zona, ya calificadas como urbanizables. A pesar de ello, "ha intervenido en diversos acuerdos referidos al proyecto y adoptados por distintos órganos del Ayuntamiento, al menos, en siete ocasiones". Y siempre ha votado a favor, sin abstenerse en ningún momento, como debería haber hecho al ser parte afectada.
El fiscal jefe de Vitoria, Josu Izaguirre, espera que el juez decano designe en breve el juzgado que continuará con el asunto. En la denuncia correspondiente a Labastida, la tramitación le ha correspondido al Juzgado de Instrucción número 1. Si son admitidas a trámite, los jueces deberán citar a declarar en calidad de imputados a los denunciados y a partir de ahí, se iniciará la investigación judicial correspondiente.
El PP sale en defensa de sus cargos acusados
Con su flamante cargo de secretario general del PP del País Vasco, Iñaki Oyarzabal salió ayer en defensa de los tres ex alcaldes de la Rioja alavesa acusados de diversos delitos por el fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre. Pese a no haber podido conocer el contenido de la denuncia del ministerio público, consideró las acusaciones como "inconsistentes", en una reacción calcada de la que mantuvo hace una semana el dirigente alavés del PP, Javier de Andrés, despreciando las investigaciones de la fiscalía en el caso de Labastida.
Lo cierto es que estas denuncias vinculadas a los campos de golf de Laguardia y Labastida son las más graves que han recaído sobre un cargo público alavés desde el inicio de la democracia. Pero Oyarzabal reivindicó la presunción de inocencia de sus afiliados y su trabajo, afirmando que los tres ex alcaldes son "los artífices del éxito de la Rioja alavesa en los últimos años". "Han actuado siempre de buena fe y dentro de la legalidad", señaló. También recordó que, por el momento, los juzgados no se han pronunciado sobre la admisión a trámite de la denuncia planteada por el fiscal jefe.
Cronología
- 2002. El proyecto inicial abarcaba un millón de metros cuadrados con un campo de 18 hoyos y 100 viviendas. Comienza la compra de terrenos.
- 2005. El alcalde San Pedro (PP), con suelo en la zona, lo amplía a dos millones de m2 y 750 viviendas.
- Invierno de 2007. Intento de soborno al edil Gregorio López Gonzalo (EA).
- Febrero 2007. La Fiscalía abre una investigación sobre la compraventa de tierras.
* ELPAIS.com - TXEMA G. CRESPO - Vitoria - 16/07/2008
Foto: Laguardia (Álava) - elciego.es
Martinsa como síntoma
ELPAÍS/Editorial* : La convulsión inmobiliaria que temían el Gobierno y los mercados ha llegado en forma de suspensión de pagos de Martinsa-Fadesa, el mayor grupo promotor español por volumen de activos. Aspectos anecdóticos aparte -el concurso de acreedores o suspensión de pagos es el mayor de la historia económica española-, este desastre se explica por la profunda recesión que está sufriendo el mercado inmobiliario español después de dos décadas de burbuja inmobiliaria, durante las cuales las compañías se han lanzado a una endiablada espiral de endeudamiento y exceso de construcción.
Creían estar ante la fiesta interminable, pero se han encontrado con las dificultades de las instituciones financieras para mantener el flujo necesario de préstamos en una coyuntura de estrangulamiento casi universal de la liquidez.
No sería de justicia tratar con distancia las causas de este cataclismo inmobiliario. Es necesario aproximarse al catálogo de despropósitos que han cometido las inmobiliarias para entender las razones de este crash inmobiliario. Una de las causas más próximas hay que buscarla en la falta de prudencia con que se han gestionado los negocios del ladrillo. No eran pocos los responsables de promotoras y constructoras -entre otros, el propio presidente de Martinsa, Fernando Martín- que negaban, después del inquietante verano de 2007, que los precios de los activos inmobiliarios fueran a desplomarse o que hubiera en ciernes una contracción del mercado. Con esta falta de perspicacia y operaciones indigeribles, como la compra de Fadesa, no es de extrañar que Martinsa, con unos activos de más de 10.000 millones de euros y una deuda que se aproxima a los 7.000 millones, hiciera mal sus cálculos y se encontrara con que ahora no puede obtener un crédito de 150 millones. Los acreedores financieros han examinado las cuentas de Martinsa y han dictaminado que no genera ingresos suficientes para respaldar nuevos préstamos. Es un análisis riguroso del mercado que debería haberse aplicado durante los 10 años de vacas gordas; otro gallo cantaría ahora.
La otra fuente de inquietud que se manifiesta en esta crisis es la penosa situación del mercado financiero. La restricción anormal del crédito puede suponer el golpe de gracia para negocios sostenidos en activos inflados por la especulación, como sería el caso de Martinsa, pero también asfixiará la financiación regular de las empresas solventes.
En este punto exacto surge la responsabilidad del Ejecutivo. No se trata de que el sector público socorra a las inmobiliarias, por más que pueda haber muchas empresas tan enfermas como Martinsa. Las reglas de juego exigen que se paguen los excesos de oferta y de precios. Pero la Administración debe reconocer la gravedad de la crisis. Y una de las mejores formas de hacerlo es examinar cómo se puede corregir la sequía del crédito. Para que no paguen justos por pecadores inmobiliarios.
* ELPAIS.com - Editorial - 16/07/2008
El concejal del PP que impulsó las primarias, primer edil imputado en el Caso Guateque
ELCONFIDENCIAL/Madrid* : El juez del Juzgado de Instrucción nº32 de Madrid, Santiago Torres, ha abierto un nuevo procedimiento derivado del conocido como 'caso Guateque', tras haber recibido una denuncia sobre supuestas irregularidades cometidas por responsables de la Gerencia de Municipal de Urbanismo.
En el marco de este nuevo procedimiento, el juez ha citado a declarar el próximo día 29 de septiembre en calidad de imputado al concejal del PP Íñigo Henríquez de Luna Losada, técnico de la unidad de licencias de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid. Henríquez de Luna fue el principal impulsor de las primarias en el PP en las semanas previas al congreso del Partido Popular en Valencia.
También están citados como imputados Óscar Acero Fernández (jefe de la unidad de licencias de la Gerencia de Urbanismo), Fernando Ruiz Torrejón y Miguel Ángel García Jódar, técnico del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, también imputado en el 'caso Guateque'.
La denuncia de María Adelaida R.P. y Juan Mariano G.S. relata una serie de irregularidades cometidas, según ellos, por responsables de la Gerencia Municipal de Urbanismo en varias viviendas del edificio ubicado en la calle Juan Bravo de Madrid, donde residen.
Según afirman los denunciantes en las licencias concedidas a varios comercios de las plantas baja y primera de este edificio ha podido existir "trato de favor" o alguna circunstancia que pueda estar relacionada con el caso Guateque, que destapó una supuesta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid relacionada con la concesión de ese tipo de permisos a comercios de forma irregular.
El juez cita a Ceballos y a una veintena de imputados
El juez Santiago Torres ha llamado a declarar la próxima semana a tres testigos y a una veintena de imputados, en su mayoría funcionarios y empresarios, entre ellos el supuesto cabecilla de la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid, Victoriano Ceballos. El juez ha reservado tres jornadas, los próximos 22, 23 y 29 de julio para interrogar a un total de 22 imputados y tres testigos del caso.
Junto a Ceballos, quien prestará declaración el próximo 22 de julio, el juez ha llamado al técnico del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid Miguel Ángel García Jódar, y al jefe del departamento de Evaluación Ambiental, Joaquín Fernández de Castro.
La nueva ronda de declaraciones se produce tras el cotejo de parte de la documentación remitida al juez por la Guardia Civil, la transcripción de algunas de las conversaciones telefónicas intervenidas durante la operación y la petición expresa de algunos de los implicados en la trama de corrupción.
En su escrito, el juez también solicita al Ayuntamiento de Madrid que le remita los expedientes administrativos correspondientes a algunas de las licencias de apertura de comercios y negocios presuntamente concedidas de forma irregular. Los imputados deberán responder por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y actividades prohibidas para los funcionarios públicos.
Además de la toma de declaraciones, el titular del juzgado número 32 de Madrid ha citado para el próximo jueves 17 de julio a todas las partes personadas en el procedimiento a la reanudación de la audición de las intervenciones telefónicas judiciales practicadas durante la investigación del caso.
* El Confidencial - 15/07/2008
Foto: Madrid, nuevo edificio ayuntamiento - wikipedia.org
Lápiz rojo contra el urbanismo salvaje
ELPAÍS/Baleares* : "Es un disparate bloquear las licencias en Roca Llisa, la crema de las urbanizaciones de Ibiza, y convertir sus parcelas en rústicas". Así protesta uno de los cientos de propietarios afectados por el reciente veto político contra el desarrollismo dictado sobre 13 zonas urbanizables de la isla, una moratoria de tres años decidida para proteger el paisaje.
Su parcela, de 22.000 metros cuadrados, le costó 850.000 euros y tramitó la licencia para construir un chalé, junto a un campo de golf. "Ahora mi terreno edificable pasa a valer 6.000 euros, es decir, nada", protesta.
La izquierda de Ibiza en el Consell Insular, con mayoría del PSOE y los ecologistas de Eivissa pel Canvi, ha congelado la concesión de licencias en 13 urbanizaciones y áreas de parajes litorales y montañosos de gran valor ecológico y que tienen fuerte demanda residencial. Más de 400 hectáreas quedan marcadas con el lápiz rojo de la prohibición.
Además, para frenar que prosiga el urbanismo salvaje se impide en toda la isla la construcción de chalés en suelos urbanos que no cuenten con luz, agua, alcantarillas, aceras y calles asfaltadas.
"Queremos salvar 13 enclaves turísticos ahora que aún es posible. Y asegurar que no crecerán en la isla urbanizaciones sin los equipamientos elementales, que deben sufragar los promotores y que, al final, realmente asumen las Administraciones", razona el impulsor de la norma, Miquel Ramon, consejero del Territorio, de Izquierda Unida. La Norma Territorial Cautelar es temporal y regirá para poder revisar el Plan Territorial. "Las casas sueltas no han de devorar más pinares y las calas".
Entre los 13 enclaves salvados están por el momento 73,7 hectáreas en la costa de Santa Eulàlia, donde se frenan nuevos edificios que amenazan con devorar el monte en Cap Llibrell y Cap Martinet. En las inmediaciones está la citada Roca Llisa. "Hay muchos solares de Roca Llisa donde se concedían licencias de manera irregular, automáticamente. Por eso el mayor impacto inmobiliario de la moratoria afecta a este enclave", observa Ramon.
Suelo, licencias, casas, impuestos... una secuencia ligada a la financiación municipal. "Si Roca Llisa pasa a rústico allí se dejará de pagar el Impuestos de Bienes Inmuebles y el Ayuntamiento perderá millones". La voz es del asesor de unos propietarios. "Los dueños de los chalés y solares son ricos, viven fuera de la isla y no votan, y el Ayuntamiento les recargó el IBI".
Un ataque a la decisión nace desde la izquierda radical. "Es una norma cosmética por innecesaria. Suspende urbanizaciones que ya están declaradas suelo rústico", dice Neus Prats, portavoz de los activistas proteccionistas del Grupo de Estudios de la Naturaleza. En Ibiza y en Baleares gobierna el PSOE con Eivissa pel Canvi, que cuestionó el desarrollismo de la etapa del PP.
En Ibiza la protesta paró 120 viviendas en el litoral Punta Pedrera. Esta zona también ha quedado blindada por la moratoria. En Sant Josep fue preservado el desarrollo de Cala Comte y Cala Bassa, así como el área natural de Cap Llentrisca, Sa Talaiasa, en Cala d'Hort, de 115 hectáreas, que se ensancha. "En Cala d'Hort recuperamos la extensión marcada por el parque natural que el PP borró del mapa para hacer un campo de golf", recalca Ramon.
"Vendrá una parálisis total de la construcción", sentencia Pedro Palau, consejero portavoz del PP, que considera que se desencadenará "la especulación" y que las prohibiciones "agravarán la crisis económica". Palau, que fue presidente de Ibiza, tildó la moratoria de "bluf informativo" y acusó al PSOE-Eivissa pel Canvi de "pensar sólo en los grandes titulares".
La norma paró las máquinas que abrían caminos en el monte del Port de Benirràs y hollaron el paisaje porque el Ayuntamiento de Sant Joan, del PP, otorgó 11 licencias-exprés para esquivar la primera moratoria del Gobierno de Baleares. "Se estaba ejecutando una nueva explotación residencial en Ets Amunts d'Eivissa (Benirràs), de 14,6 hectáreas que ahora se preservan. Así recalcamos la efectividad de la norma", insiste el consejero, de IU.
Un experto en urbanismo de Baleares resume que la moratoria establece "nuevas exigencias para impedir la construcción que va más allá de lo que había dictado el Parlamento balear. Es relevante la exigencia de las dotaciones de servicios para las casas en terrenos urbanos".
En Ibiza, durante medio siglo, han nacido urbanizaciones al margen de toda normativa y calificación urbanística. Alguna de manera reciente. Ramon detalla: "C