El Supremo anula el plan urbanístico de González Panero en Boadilla

Boadilla (Madrid) fue durante años uno de los centros de corrupción de la trama Gürtel, al menos mientras estuvo al frente del Ayuntamiento el 'popular' G.Panero. Una de las mayores ilegalidades cometidas fue el aprobar el Plan General en 2002, que iba a construir desaforadamente en el municipio hasta doblar la población y que recibió el visto bueno de la cómplice Comunidad. Todo ello preparado para favorecer a empresas de la trama corrupta, naturalmente. Lo que no es fácil de explicar es que la justicia haya tardado 13 años (trece) en anular este Plan urbanístico mafioso 'de libro'.
"ELPAÍS* : El Tribunal Supremo ha anulado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Boadilla del Monte aprobado en 2002 por la corporación municipal del entonces alcalde, Arturo González Panero (PP). Panero, conocido como El Albondiguilla en las conversaciones de la red Gürtel, desempeñó el cargo entre 1999 y 2009, cuando dimitió por su imputación por supuestas adjudicaciones irregulares a empresas de la trama de corrupción.

La sección cinco de la sala de lo contencioso aprecia en su fallo, del pasado 3 de marzo, que hubo un defecto de forma que inhabilita el desarrollo urbano ideado por el exregidor, que pretendía doblar la población de la localidad, hasta las 85.000 personas, y al que la Comunidad de Madrid dio el visto bueno en 2012.

El defecto de forma que terminó por tumbar el plan urbanístico de 2002 fue la falta de documentación sobre convenios urbanísticos que reclamaba el PSOE y que no estaba en el primer acuerdo de aprobación provisional de 2001, y que se facilitó esa legislatura, señalan desde el Ayuntamiento.

Consciente de las sombras sobre la viabilidad del PGOU, Antonio González Terol, alcalde desde 2011 y también del PP, ha dedicado la legislatura a diseñar, en previsión de la sentencia del Supremo, un nuevo plan que garantice la seguridad jurídica del urbanismo del municipio, que ahora mismo cuenta con 49.300 habitantes.

Anticipándose a los acontecimientos, el pleno municipal aprobó a finales del pasado marzo un nuevo PGOU —la previsión es que el Ejecutivo autonómico de Ignacio González (también del PP) lo sancione antes de las elecciones autonómicas y municipales del 24 de mayo— que corrige el eliminado, incluyendo más zonas protegidas y limitando la expansión de ladrillo que imaginó González Panero. En concreto, no reclasifica suelo rústico ni incrementa el número de viviendas del municipio o la edificabilidad máxima prevista en el plan anterior.

“Nos hemos olvidado de épocas anteriores: el techo de población no alcanzará los 70.000 habitantes”, afirma Miguel Ángel Ruiz, concejal de Urbanismo. La previsión es que la población de Boadilla no supere ese techo en los próximos 15 años. El motivo es que el plan impide la creación de nuevos desarrollos urbanísticos y se limita a consolidar los ya existentes, “necesarios para seguir creciendo en servicios y multiplicar la oferta comercial”, según el Ayuntamiento.

El PGOU recientemente aprobado por Boadilla también eliminaría la incertidumbre que pudiera generar la anulación del vigente hasta ahora entre los vecinos e inversores de Boadilla, ya que ello impediría la concesión de licencias para nuevas viviendas (también las de protección oficial) u obras por parte de las empresas, una situación que habría paralizado el desarrollo normal del municipio. “Lejos de entender que el PGOU estaba vigente, hace tres años iniciamos la elaboración de un nuevo plan urbanístico para, en caso de que se anulase el anterior, tener otro que diera seguridad jurídica al municipio”, apuntan desde la concejalía de Urbanismo.

El Consistorio esgrime que interpuso diferentes recursos ante el Supremo para, entre otras razones, postergar su decisión y ganar tiempo a fin de crear el nuevo plan. Este fue sometido por primera vez a información pública hace un año: el Ayuntamiento ha aceptado casi un centenar de sugerencias de vecinos, el 70% de las recibidas, para su elaboración.

Por tipos de suelo, Boadilla dispondrá de 24,6 millones de metros cuadrados de suelo urbano, de los que un millón son urbanizables y 21,6 millones son no urbanizables protegidos. El futuro plan general no agota el suelo urbanizable de la localidad, ya que en la zona sur de la Ciudad Financiera quedan 1,5 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable no sectorizado, de los que el 70% son propiedad del Ayuntamiento; se han reservado para futuros equipamientos.

El nuevo plan aumentará la protección medioambiental de zonas de valor ecológico que hasta ahora no estaban preservadas. Los grupos ecologistas reconocen esta mejora, aunque creen que podría ser mayor. “Hemos aprovechado para proteger mucho más el monte, quitando zonas que antes eran urbanizables y que hemos protegido como monte”, señala Miguel Ángel Ruiz. El edil de Urbanismo destaca la protección de la finca de la finca La Milagrosa, así como el entorno del Palacio del Infante Don Luis, edificio en rehabilitación, “para favorecer la adecuada conservación del patrimonio histórico”.


* El País - José Marcos - 22.4.15
Foto: Boadilla (Madrid), el exalcalde Arturo_Gonzalez_Panero y el actual Juan_Siguero (archivo) - elpais.com

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Imputado el alcalde de Sant Jaume de Llierca por delito urbanístico

El urbanismo ilegal en Cataluña casi siempre ha estado sometido al control de gobiernos nacionalistas, ya sea con CiU o, últimamente, con ERC. En el municipio de S.Jaume de Llierca (Girona) el alcalde de Esquerra, F.Puig, ha sido imputado por un desahucio con derribo no justificado a fin de favorecer los intereses de una gran empresa. La corrupción urbanística aparece también en partidos que dicen perseguirla, y es que resulta difícil sustraerse a las grandes comisiones que hay en estos asuntos, donde unos pocos sacan beneficio rápidamente y sin mucho esfuerzo.
"ELPAÍS* : El alcalde de Sant Jaume de Llierca y presidente de ERC en la Garrotxa, Ferran Puig, acudió este lunes a declarar a los Juzgados de Olot como imputado por un presunto delito urbanístico. Una vecina de la localidad que fue desahuciada le ha denunciado por la entrada ilegal en la vivienda, por derribarla sin autorización y por corrupción urbanística, por favorecer los intereses de una gran empresa saltándose la legalidad.

Puig, que niega las acusaciones, asegura que hacía muchos años que la casa debía derribarse, que era de propiedad municipal y mantiene que todo se hizo de acuerdo con la ley.

La denunciante, representada por el bufete Montoliu Advocats, asegura haber vivido en esta casa desde siempre. Su padre cultivaba la tierra y al fallecer este, ella siguió ocupándola con las mismas tareas. Considera por ello que tiene “unos derechos adquiridos”. Además, critica que la echaron con una orden judicial caducada —fuera del periodo de días establecidos por el juzgado— y simplemente para favorecer los intereses de la empresa Indebe Tavil, que decidió instalarse en la zona. Además, mantiene que a pesar de que las licencias de obras mayores siempre las concedía la junta de gobierno local, en este caso fue el alcalde quien lo hizo y que cuando la orden de desahucio y de derribo se ejecutó todavía no era firme.

Por su parte Puig, que es alcalde desde el 2011, ha defendido que actuó de acuerdo con la legalidad. Recuerda que la masía que se derribó era de propiedad municipal, que la denunciante la ocupaba sin pagar nada, y que además carecía de cédula de habitabilidad. Según Puig, el Consistorio hizo un planeamiento parcial del sector, y la masía quedó en una zona verde de un polígono, en la que no podía haber ninguna edificación. La denunciante, sabía esta situación desde el 2001, afirma, y posteriormente con el plan parcial de 2007 se le volvió a insistir, pero no tomó ninguna medida al respecto. Puig asegura que en abril del año pasado el juzgado contencioso número 2 de Girona autorizó la entrada en la masía, y en uso de esta autorización el 12 de mayo se desalojó y el 13 hizo derribarla de urgencia por el peligro que representaba. Está convencido de que la causa quedará archivada.

Además de Puig también declararon en el juzgado, en este caso en calidad de testigos, un antiguo alcalde de la localidad y el propietario de la empresa por la que supuestamente se modificó el planeamiento urbanístico.

La Federación de ERC en Girona no quiso valorar ayer el caso y, por lo tanto, no aclaró si permitirá que Ferran Puig siga encabezando la lista del partido en Sant Jaume de Llierca. En numerosas ocasiones la dirección de ERC ha asegurado que trabaja para mantener los municipios “limpios de corrupción”. El líder del partido, Oriol Junqueras, ha abogado por tomar decisiones drásticas ante la más mínima sospecha de mala práctica. “Las personas sobre las que haya una sombra de duda, aunque haya riesgo de ser injustos, deben dar un paso al lado”, ha afirmado el líder de ERC en numerosas ocasiones.


* El País - Marta Rodríguez - 20.4.15
Foto: Sant Jaume de Llierca (Girona) - bedandbreakfast

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Imputado por delito urbanístico el alcalde de Boborás

El urbanismo en la provincia de Ourense, feudo durante años del cacique 'popular' Baltar, ha sido siempre conflictivo. Inhabilitado el capo el pasado año siguen quedando sus obras ilegales en numerosas localidades. En Boborás, el alcalde del PP, C.Caamaño, está acusado de certificar la existencia de una falsa casa para así poder legalizar otra vivienda de su propiedad. Pero no es la primera vez que se le imputa por delito urbanístico, ya que hace poco se le acusaba de desobediencia judicial al no ejecutar una orden de derribo. Como se ve, la reincidencia es la norma en algunos alcaldes.
"ELPAÍS* : Cipriano Caamaño, alcalde y candidato a la reelección en Boborás por el PP, suma dos imputaciones relacionadas con supuestos delitos urbanísticos. El regidor declaró el mes pasado en el juzgado de O Carballiño imputado por un supuesto delito de desobediencia: la Fiscalía de Urbanismo de Ourense lo denunció por no ejecutar una orden de demolición, emitida por el propio Ayuntamiento que preside, de una vivienda levantada sin autorización en un núcleo declarado Bien de Interés Cultural. El mismo juzgado lo cita ahora por otra causa, imputado por los supuestos delitos contra la ordenación del territorio, falsedad en documento público y tráfico de influencias.

La demanda sobre la que Caamaño tendrá que responder ante el juez el próximo día 23 fue presentada por un particular y los grupos de oposición (Moveboborás, PSOE y BNG), con una investigación de oficio de la Fiscalía. Lo acusan de manipular el planeamiento urbanístico certificando una vivienda que no existía para “poder legalizar así” otra de su propiedad. El particular sostiene que en los planos oficiales de 2010 figuraba en una parcela de su propiedad una edificación tradicional “que jamás existió, ni siquiera en tiempos pretéritos”. Según su denuncia, el alcalde se “inventó” la vivienda para poder justificar la ampliación del núcleo rural de A Almuzara e incluir ahí la parcela de su propiedad, lo que le permitiría legalizar una vivienda suya.

Los denunciantes ya habían acudido al contencioso para reclamar la anulación del núcleo tradicional de A Almuzara en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) aprobado en 2011. El pasado mayo, el Tribunal Superior de Xustiza estimó la demanda parcialmente y anuló los límites de núcleo tradicional sentenciando que el tope establecido “resulta ilegal ante la inexistencia manifiesta de la construcción primitiva” certificada por el regidor en 1999. En 2008, Caamaño y su esposa construyeron “sobre suelo rústico” una vivienda que, sostienen los denunciantes, quedó legalizada “con la manipulación” del PXOM.

La denuncia acusa además al regidor de falsear el año de edificación de su vivienda, ya que la dio de alta con fecha de 1999, pese a que fue edificada “a partir de 2008”. El mismo día de la aprobación del PXOM, Caamaño legalizó por decreto su vivienda.


* El País - Cristina Huete - 14.4.15
Foto: Boborás (Ourense) - laregion

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La iglesia inmatriculó la Catedral de Sevilla en el año 2010 por 30 euros

La Iglesia se ha acogido a una Ley de 1946 para realizar numerosas inmatriculaciones en el Registro de la Propiedad; aunque ya haya sido derogada esta Ley las anteriormente hechas quedarán impunes, con lo que ha conseguido poner a su nombre una ingente cantidad de edificaciones y espacios urbanos. Esta situación anómala se ha logrado gracias a unos partidos políticos cómplices que lo han permitido (PP sobre todo). Hay casos sangrantes en todo el país que así no pasarán a dominio público como deberían, es el ejemplo de la Mezquita de Córdoba o la Catedral de Sevilla, que reciben cada año a millones de visitantes con lo que eso significa de ingresos extra. Pero también existen asociaciones y plataformas que están luchando y pretenden llevar el 'delito' a instancias europeas.
"ELDIARIO* : La Catedral de Sevilla, y la Giralda, fueron inmatriculadas a nombre de la iglesia católica en el año 2010. El coste para las arcas eclesiásticas: 30 euros. Como la Mezquita de Córdoba cuatro años antes. Como multitud de bienes inmuebles registrados por el clero en todo el país merced a la potestad de la ley hipotecaria franquista de 1946 que medio siglo más tarde actualizara el primer Gobierno de José María Aznar.

Cada año, el templo sevillano recibe más de un millón de visitantes que generan, tras pasar por taquilla, unos ingresos cercanos a los 9 millones de euros.

Nadie preguntó si el espacio debe ser público o no. Nada obliga ese extremo. En todo caso, las diócesis tienen la potestad, por ser iglesia, de certificar que el bien inscrito le pertenece. Además, con la exención de pago sobre el impuesto de Transmisiones Patrimoniales, por ejemplo, entre otros beneficios.

Estas situaciones serían imposibles en otros países. Es el caso de Francia, donde la Ley de Separación de la Iglesia y el Estado de 1905 fija, entre otras premisas, que todos los edificios religiosos son públicos. Del pueblo. Pero sí ocurre en España, donde la iglesia pudo registrar la Giralda, según la documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia. "La República no reconoce, no paga, ni subsidia religión alguna", reza el texto legal francés que ampara el laicismo del Estado.

Para el Arzobispado de Sevilla, el acto de inmatriculación "se acoge al derecho y a la obligación que establece la ley para dejar las cosas en condiciones". No hay movimiento alguno cuestionable, entienden. En aquel momento, el Arzobispo de Sevilla era Juan José Asenjo, que inmatriculó la Mezquita (y otras fincas) cuando era Obispo en Córdoba. Organizaciones laicas, contrarias a estos episodios, indican que este beneficio a la iglesia contraviene los artículos 14 y 16 de la Constitución Española, relativos al principio de igualdad y no discriminación y a la aconfesionalidad del Estado.

¿Qué significa inmatricular?

Como la organización Europa Laica, que estima en más de 5.000 las propiedades inscritas por la iglesia bajo este sistema en toda España. Caso de la finca urbana formada (así aparece) por La Santa, Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral de Sevilla, por la Parroquia del Sagrario de la Catedral y, añade, Dependencias Anexas. En total, casi 23.000 metros cuadrados. El Registro de la Propiedad de Sevilla recoge, a fecha de uno de febrero del año 2010, el "pleno dominio por título de inmatriculación en virtud del artículo 206" a nombre del "Excelentísimo Cabildo de la Santa Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral de Sevilla".

¿Y quién expide la certificación sobre la propiedad de la Catedral y la Giralda para justificar la inmatriculación? La propia Archidiócesis de Sevilla. La inmatriculación es el acceso o ingreso de una finca al Registro de la Propiedad. La primera inscripción de dominio de la finca. Un privilegio que las diferentes diócesis poseen por el artículo 206 de la ley hipotecaria que elaboró el régimen franquista en 1946 y actualizó el primer Gobierno presidido por José María Aznar (PP). Desde 1998, y a partir de esta modificación, quedó revocada la prohibición expresa de inmatricular templos dedicados al culto católico. La iglesia, desde entonces, ha incorporado miles de fincas e inmuebles a su patrimonio oficial.

Para hacerlo, a la iglesia le basta con un documento elaborado desde la propia institución religiosa. La ley hipotecaria de 1946 equipara, para esto, al fedatario eclesiástico con un notario público. De ahí que en el caso de la Catedral y la Giralda será la Archidiócesis hispalense quien certifica la propiedad. La reforma de la ley hipotecaria, tras su publicación el pasado 1 de abril, prohíbe esta facultad. Aunque el nuevo proyecto de Ley Hipotecaria y del Catastro aprobado en marzo en el Congreso de los Diputados consolida, no obstante, las apropiaciones ejecutadas hasta ahora al carecer la norma de carácter retroactivo.

La iglesia también ha estado exenta de publicitar estas acciones. Esto provoca que en la mayoría de casos hayan transcurrido los dos años de carencia que tiene una primera inscripción sin que sea recurrida. Según fuentes del Arzobispado sevillano, "el Cabildo de la Catedral es el que ha hecho efectiva la inmatriculación de la Catedral". Así, "la Diócesis de Sevilla ha ido efectuando inmatriculaciones de los templos y de las propiedades a su nombre", aunque la institución no precisa a qué número ascienden los inmuebles totales.

"Lo que ha hecho" la iglesia en Sevilla, "y todas las diócesis españolas", precisan, "es atenerse a la ley". "Hay una normativa que establecía que había que hacer en un plazo de tiempo las inmatriculaciones, no solamente la Iglesia Católica sino cualquier propietario, su registro oportuno, y es lo que ha hecho la iglesia", mantienen las mismas fuentes. El Arzobispado de Sevilla "se acoge al derecho y a la obligación que establece la ley para dejar las cosas en condiciones".

Inscripción de bajo coste

En el Registro de la Propiedad de Sevilla indican que las "bonificaciones" que tenga la propia iglesia para la inmatriculación de fincas "van por ley y son iguales en cualquier sitio". Por lo tanto, si la Mezquita de Córdoba quedó registrada en 2006 por 30 euros, "debe ser la misma cantidad en el resto de casos", refieren. Los archivos señalan que la iglesia alegó la "exención" de cargas por el "pago de la liquidación o liquidaciones complementarias que en su caso puedan girarse por el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados". Circunstancia que afecta durante cinco años y cumple el próximo 30 de abril. No ocurre lo mismo, apuntan, si el registro lo efectúa "una particular o una empresa". En este caso, el coste varía en función del tamaño y valor catastral de la finca.

Sobre estas cuestiones han surgido en los últimos años numerosos pronunciamientos, sobre todo a raíz de la polémica surgida por el templo cordobés. Como el profesor de Derecho Civil y vicedecano de Investigación y Calidad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra, Luis Javier Arrieta, experto en inmatriculaciones, que indicó que mientras "nadie justifique un mejor derecho" sobre la propiedad registrada, "el asiento de la iglesia subsistirá".

No existe un dato público de la cifra alcanzada por los registros de la iglesia pero Arrieta entiende que no es "descabellado hablar de miles de fincas registradas" por las instituciones eclesiásticas desde 1998. "Todos los asientos registrales son impugnables si se consideran erróneos o inexactos" aunque, puntualiza, "quien piense que es el propietario puede demandar y solicitar" su cancelación pero habría que examinar la historia del Derecho Civil en la Edad Media "porque no es admisible aludir a la imprescriptibilidad del dominio público justificándola tan sólo en la normativa actual".

Por su parte, desde las Comunidades Cristianas Populares han reprobado "todas las inmatriculaciones que la jerarquía está realizando sobre iglesias, capillas, ermitas" y otros bienes "sobre las que anteriormente no tenía derecho de propiedad". Esta actitud "escandaliza a todos los cristianos" y prueban, insistieron, "un celo de propiedad excesiva o de rapiña por parte de nuestra jerarquía".

No hay "norma legal" que beneficie a la iglesia

"No existe norma legal que contemple una posible reducción o bonificación para los bienes inscritos o inmatriculados a favor de la iglesia", según el Colegio de Registradores de España. Pero, de hecho, el primer registro de bienes inmuebles se hace a bajo coste para las arcas eclesiásticas. En el caso de las empresas o inscripciones personales, "las inmatriculaciones no tienen un coste fijo, sino que el mismo variará en función del valor de la finca o derecho".

El arancel de los derechos de los registradores de la propiedad está aprobado por el Real Decreto 1427/89. El número 2.1 de la tasa "contempla una escala gradual para el cálculo del coste derivado de las inscripciones". Tramos "o escalas correspondientes" que se aplican según el tipo de inmueble a registrar. No hay una cuantía fija y pueden sumarse conceptos como "el asiento de presentación" (6 euros), "las notas de afección fiscal" (cuya práctica devenga 3 euros) o los costes de publicación del edicto.

Por ejemplo, por la inscripción, anotación o cancelación de una finca o derecho cuyo valor no exceda de 6.010,12 euros está fijada la cantidad de 24,04 euros. Por el exceso hasta 30.050,61 euros, 1,74 por 1.000. Así, en escala hasta 0,20 por 1.000 cuando el valor supere 601.012,10 euros.

Existen reducciones "en función del tipo de derecho a inscribir". Ahora bien, indica el Colegio de Registradores, "y centrándonos en las inmatriculaciones, debe señalarse que el arancel no contempla reducción expresa para este tipo de inscripciones". También hay bonificaciones de un 50% del derecho "cuando legalmente resulten obligados al pago" que repercuten en las administraciones públicas, partidos políticos y organizaciones sindicales.


* El Diario - Juan Miguel Baquero - 19.4.15
Foto: La Catedral de Sevilla. / J.M.B.

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El urbanismo también es feminista

Un tema de actualidad y bastante controvertido: ¿hasta qué punto debe hablarse de un urbanismo feminista? Hay varias convocatorias en este sentido y que dicen que es necesaria una perspectiva de género también en el campo de la Ordenación del Territorio. Sin quitar valor a estas iniciativas 'feministas' que pueden ayudar en parte a la mejor comprensión del Urbanismo, considero algo redundante la proposición ya que para hablar de un auténtico Urbanismo se deben tener en cuenta todos los puntos de vista de la sociedad, ya sean de género, de edad o de condición social. No obstante, todo lo que sea mejorar esta comprensión general, dados los tiempos confusos que vivimos, bienvenida sea.
"ELDIARIO* : Una jornadas sobre urbanismo y género las unió hace más de una década. Eran arquitectas y sociólogas y se dieron cuenta que tenían un interés común por repensar las ciudades para que favorezcan una sociedad igualitaria y sin discriminación.

La primera norma aprobada por el Gobierno tripartito catalán -formado por PSOE, ERC e IC-LV -, la ley de Barrios, les dio su nombre, Col.lectiu Punt 6 y desde entonces no han parado de trabajar con talleres, guías, docencias, investigaciones y proyectos para lograr ciudades más inclusivas en las que las propias personas que las habitan se convierten en las especialistas de los espacios que las rodean.

“La ley de Barrios fue una normativa pionera porque por primera vez se ponían en marcha medidas que unían las propuestas sociales y las urbanas”, explica la arquitecta Roser Casanovas, integrante del colectivo junto a Adriana Ciocoletto, Marta Fonseca, Blanca Gutiérrez, Zaida Muxi y Sara Ortiz. La norma tenía ocho puntos básicos a desarrollar, el sexto se llamaba “equidad”. “Era un punto que incluía la perspectiva de género en todas los ámbitos y de ahí nuestro nombre”, señala Casanovas, quien subraya que “aprovechando una administración favorable a las políticas de género empezamos a trabajar y a investigar”.

Durante casi seis años, a través de unos talleres organizados por el Instituto Catalán de la Mujer, recorrieron la comunidad de punta a punta y se reunieron con más de 1.000 mujeres -en municipios de menos de 100.000 habitantes, aunque también en algún barrio de Barcelona- que les permitió documentarse y visualizar de qué forma se relacionan con el entorno y si este les favorece o por el contrario les discrimina. “Trabajamos sobre seis variables que incluían desde la participación, la percepción de seguridad o la movilidad”, señala la arquitecta.

Entornos rurales y urbanos

Había unas necesidades comunes pero con características diferentes dependiendo de si las mujeres vivían en el entorno rural o urbano. “El problema para las que vivían en pueblos pequeños era cómo llegar a los núcleos mas grandes y ocurría casi siempre que ninguna tenía carnet de conducir por lo que dependían de otras personas para desplazarse”, explica. En las ciudades más grandes la problemática también estaba en la movilidad pero centrada en el funcionamiento de los transportes públicos. “Las mujeres son las que siguen encargándose de los cuidados en gran medida, por lo que muchas veces, sea porque hay que dejar en el colegio al niño o llevarle al médico, muchas entran a trabajar más tarde de las nueve, cuando la frecuencia de los transportes ya es menor y por tanto deben emplear más tiempo en llegar al trabajo”, subraya.

Con la información que acumularon, elaboraron una guía que sirviera de herramienta para empoderar a las mujeres. Bajo el nombre Mujeres Trabajando. Guía de reconocimiento urbano con perspectiva de género, el texto ofrece una serie de propuestas para darse cuenta de cómo es el entorno en el que habitan. “El objetivo principal es dar visibilidad a las mujeres en la construcción y la transformación de los barrios y las poblaciones”, recoge el texto.

La llegada de CIU al Gobierno catalán dejó sin financiación la Ley de Barrios pero Punt 6 siguió trabajando con la puesta en marcha de talleres, realización de otros proyectos, consultorías urbanas o el trabajo desde la docencia. “Algunas de nosotras trabaja desde la Universidad para tratar de cambiar las enseñanzas en las que muchas veces se pierde la escala pequeña, en cómo afecta un proyecto urbanístico a las personas”, explica. Y continúa: “Nos enseñan que la arquitectura es neutra pero no es cierto, nada lo es, y no se pueden aplicar los mismos proyectos en un sitio que en otro”.

De ahí que uno de su ejes de trabajo sea la participación comunitaria para que las personas que usan los espacios públicos, ya sea una plaza, un centro cívico o un parque, se conviertan en los diseñadores de sus propios entornos. A través de “marchas exploratorias”, “itinerarios reivindicativos” o “mapeos comunitarios” propician que los habitantes sean conscientes y partícipes del entorno en el que se mueven. “En algunas salidas dejamos que sean los propios vecinos quienes cuenten qué tiene de especial una plaza, o que una asociación señale el problema del barrio, y al final se dan cuenta de que ellos son los que mejor conocen el lugar en el que viven”, explica la arquitecta.


* El Diario - María Muñoz - 8.4.15
Foto: Una de las actividades realizadas por Punt 6. / Diego Yriarte

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Palma.- ARCA recurrirá la demolición de Can Bibiloni y estudia acciones judiciales

La acción especulativa sigue en activo en buena parte de las ciudades del país; los atentados contra el Patrimonio urbano son generalizados desde hace años para obtener una rentabilidad económica, por encima de otros valores públicos. Así ocurre en Palma de Mallorca con el histórico edificio 'Can Bibiloni' que el Ayuntamiento 'popular' pretende derribar. Ante el silencio cómplice del Consell Balear, la asociación ciudadana ARCA va a recurrir por todos los medios posibles esta decisión arbitraria que supone una nueva fechoría contra el Patrimonio monumental.
"DIARIOMALLORCA* : La asociación proteccionista ARCA recurrirá la demolición de Can Bibiloni. Lo hará por la vía administrativa, aunque también estudia acciones judiciales para preservar este vestigio industrial del Eixample construido por el arquitecto Gaspar Bennazar en 1928. La entidad denuncia que los actuales políticos "gobiernan de espaldas al patrimonio" y que los técnicos municipales han mostrado "insensibilidad" hacia un bien de gran valor histórico y arquitectónico.

No entienden ni perdonan "que se permita la destrucción de Can Bibiloni en pleno siglo XXI" y manifiestan su estupefacción y la de los ciudadanos por dicha decisión, aprobada el martes por la gerencia de Urbanismo, que concedió la licencia de obras para construir un nuevo edificio en el solar de la calle Aragó que ocupa el inmueble de Bennazar. ARCA tratará de impedirlo con el citado recurso administrativo y la posible vía judicial. Asimismo, anunció ayer que se pondrá en contacto con el departamento de Patrimonio del Consell de Mallorca, debido a que en marzo recomendó al Ayuntamiento que estudie la inclusión del inmueble en el catálogo municipal de los elementos de interés histórico, arquitectónico y patrimonial de Palma. Sin embargo, Cort no hizo caso a la petición.

"El patrimonio industrial de esta ciudad se cobrará una nueva víctima para añadir a un largo listado", tal como ejemplifican recordando la fábrica Coromines, el hostal Arxiduc, Olis Batle y el Pont del Tren, también obra de Gaspar Bennazar y por el que hubo una enorme movilización ciudadana.

La asociación proteccionista lamenta además que quienes construirán el nuevo edificio han sido "incapaces de integrar un elemento histórico de la ciudad, la fachada de Can Bibiloni, en su proyecto". ARCA se cuestiona "qué puede esperar la ciudadanía si quienes están al frente de la sociedad y la economía no quieren o no saben respetar la historia de Palma. Y priman los intereses privados frente a los públicos".

Más críticas

La demolición de Can Bibiloni también fue muy criticada por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma y los grupos del PSOE y Més. Los socialistas denunciaron el martes que Cort ha hecho caso omiso al Consell y el grupo ecosoberanista anunció ayer que presentará un recurso contra el derribo, al igual que la entidad ARCA. "El PP ha optado por autorizar de forma exprés y precipitada la demolición, sin querer estudiar seriamente los argumentos a favor de la catalogación y protección", tal como destacó el portavoz del grupo Més, Antoni Verger.

La federación de vecinos hizo hincapié en la contradicción de que Cort promueva que Palma sea Patrimonio de la Humanidad y destruya su patrimonio.


* Diario de Mallorca - Raquel Galán - 16.4.15
Foto: El inmueble proyectado por el arquitecto Gaspar Bennazar se encuentra al principio de la calle Aragó.- diariodemallorca

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La alcaldesa de Rota suma su tercer procesamiento judicial

Un caso de corrupción flagrante el de la alcaldesa 'popular' de Rota (Cádiz), E.Corrales; en apenas un mes ha sido procesada tres veces por delitos urbanísticos. Similar al caso de S.Castedo en Alicante, por ejemplo, la alcaldesa favorecía ilegalmente a un constructor amiguete en convenios urbanísticos adjudicados a dedo, vulnerando a sabiendas la Normativa existente. Lejos de achantarse y dimitir inmediatamente, o ser cesada, continúa actualmente con su actividad delictiva y pretende seguir en el cargo a pesar de los procesamientos judiciales. Hay políticos que tienen la cara más dura que el cemento armado.
"ELPAÍS* : Primero fue el caso Horas Extra. Después el caso Uniformes. Y ahora el caso Convenios. Con este último, la alcaldesa de Rota (Cádiz), Eva Corrales (PP), y su socio de gobierno, Lorenzo Sánchez (Roteños Unidos), suman su tercer procesamiento judicial en apenas un mes. A pesar de ello su partido la respalda y ella mantiene su decisión de liderar la candidatura a la alcaldía de su ciudad el próximo 24 de mayo.

En el nuevo auto de acusación, la juez atribuye a Sánchez y Corrales la comisión de “graves irregularidades” en la adjudicación de contratos de obras a un empresario de la localidad. Entre los demás imputados, está también el secretario del Ayuntamiento.

“En el ejercicio de sus cargos, y con la colaboración de los demás imputados, Eva Corrales y Lorenzo Sánchez celebraron diversos negocios jurídicos y convenios urbanísticos con las empresas del también imputado Felipe Castellano, vulnerando de forma flagrante y a sabiendas la normativa urbanística y reguladora de las entidades locales, con el fin de beneficiar tanto a Felipe Castellano como a Lorenzo Sánchez”, resume la juez en su auto.

La actuación fraudulenta consistía, según la juez, en firmar convenios urbanísticos en los que se obligaba al Ayuntamiento a entregar sumas de dinero procedente de subvenciones a las empresas de Castellano. Las cantidades se devolvían en otro convenio mediante la adjudicación de obras públicas sin licitación. Esos convenios eran promovidos por Sánchez, entonces alcalde, y por Corrales, como delegada de Planeamiento antes de asumir en 2010 la alcaldía. Necesitaron para ellos de técnicos como el secretario del Ayuntamiento de Rota, al que la juez acusa de ocultar a sabiendas irregularidades. Los tres convenios, con un montante de cuatro millones de euros, necesitaban para su aprobación informes que no se presentaron pero, a pesar de ello, salieron adelante.

La juez ha comprobado que el empresario era beneficiado por las adjudicaciones directas sin competencia mientras que Lorenzo Sánchez también obtenía rédito al contratar las empresas de Felipe Castellano con compañías de su entorno o dirigidas directamente por él, aunque estuviesen al nombre de su mujer y la de otro exedil Ismael Puyana, igualmente imputado. Estas empresas facturaron de Felipe Castellano más de medio millón de euros.

El auto atribuye los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos a Corrales y Sánchez y suma el de cohecho para el exalcalde. Esta resolución es recurrible. Si no prospera ese recurso, será la tercera vez que Eva Corrales y Lorenzo Sánchez tengan que sentarse en el banquillo por irregularidades en su gestión. Ya fueron juzgados y esperan sentencia del caso Horas Extra, y esperan la fecha del juicio por el caso Uniformes. El PSOE ha lamentado que ambos, con tres acusaciones en curso, sigan liderando sus respectivas listas a las alcaldías, a pesar de los graves delitos a los que se enfrentan.


* El País - PEDRO ESPINOSA - 15.4.15
Foto: Rota (Cádiz), alcaldesa Corrales - google

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La alcaldesa de Madrid rebaja 45 veces el alquiler de suelo público para un proyecto de centro comercial

Que muchos alcaldes actúan según intereses económicos antes que sociales, es algo fácil de comprobar en casos como éste de Madrid, donde su alcaldesa, A.Botella, rebaja el precio del suelo público a un nuevo macrocentro comercial y turístico junto al río y el Mercado de Legazpi, después de haber exigido hace poco otro precio de alquiler 45 veces más alto para un Centro Social dedicado a la tercera edad. Las necesidades del barrio van más en este último sentido, como señalan los vecinos, pero el pelotazo urbanístico está ya en marcha y de poco vale el sentido común y las protestas ante los negocios 'ilícitos' del Ayuntamiento del PP.
"ELDIARIO* : El Ayuntamiento de Madrid, aún gobernado por Ana Botella, le ha rebajado 45 veces el precio de alquiler de suelo público para equipamientos a un proyecto para construir un complejo comercial de 17.600 m2 y un aparcamiento de otros 34.000 respecto al canon exigido a otras iniciativas de carácter social que solicitaron terreno destinado a dotaciones públicas.

Este macroproyecto, impulsado por una promotora privada denominada Adripabel, se sitúa en la nueva zona de atracción de la capital. A la espalda del parque lineal nacido en la ribera del río Manzanares tras el soterramiento de la autovía de circunvalación interna M-30, en pleno Madrid-Río y espalda con espalda con el polo cultural de vanguardia Matadero. De hecho, se cede un antiguo mercado para utilizarlo tras su rehabilitación. La superficie total, con aparcamiento y zonas deportivas, suma 59.350 m2. Y el canon de partida que se plantea pagar a las arcas públicas es de 60.000 euros anuales. El alquiler sale a 0,083 euros al mes por cada metro cuadrado. La cesión se alargaría cuatro décadas.

Todo este plan ya ha sido públicamente bendecido por el Ayuntamiento madrileño. En contraste –aunque sin luces–, hace tan solo un año, el equipo de Botella trazó una línea roja infranqueable para facilitar suelo a un proyecto calificado por el propio Consistorio como "equipamiento de bienestar social" impulsado en la misma zona de la ciudad. A pesar de esta calificación otorgada por los técnicos municipales, a la iniciativa se le pidió un canon nunca inferior al 5% del valor del suelo recogido en la Ponencia Catastral del Ministerio de Hacienda, según han manifestado a eldiario.es implicados en ese expediente.

¿Eso es mucho dinero? Esta ponencia no es más que una valoración en euros que realiza el ministerio según la zona de la ciudad. Para este caso, continúan estas fuentes, Hacienda marcaba un precio de casi 900 euros por m2. Es decir, el Ayuntamiento no se bajaba de los 3,72 euros por metro y mes para admitir el equipamiento de iniciativa ciudadana. Las parcelas alrededor del Mercado de Legazpi, núcleo del macrocentro comercial, tienen esos precios, de acuerdo con el catálogo del catastro. El precio del suelo para viviendas de protección oficial en Madrid sale, de media, a un euro el m2.

¿Consecuencia? El centro comercial, mercado gourmet y la zona deportiva arrancan con un canon 45 veces más barato. De hecho, el equipamiento social planeado –pensado para la autonomía de personas mayores– quedó abortado, ya que, al no tratarse de una actividad lucrativa, la amortización de ese dinero resulta imposible. Si al futuro espacio de gestión privada se le resta el aparcamiento de 34.000 metros, el precio aún sería de 0,16 euros: 23 veces más económico.

"Es bueno para la ciudad"

La fijación del canon es prerrogativa municipal. La propia alcaldesa, Ana Botella, ha apostado por el proyecto comercial y lo justifica, dado que, según ella, "es bueno para Madrid. Se invertirán 50 millones de euros, se crearán mil puestos de trabajo y aportará un mercado público, una biblioteca pública y un centro deportivo municipal". Lo cierto es que al mercado se le ha puesto la etiqueta de turístico, al centro deportivo se le añade el carácter de spa y la biblioteca será "gastronómica".

En estos procesos de adjudicación de suelo denominado como dotacional (para equipamientos), una vez establecido ese canon y el proyecto para el que se libera el terreno público, el Ayuntamiento convoca una subasta para que cualquier promotor pueda optar a desarrollarlo (mejorando el dinero del alquiler, ofreciendo condiciones adicionales...). Por eso Botella ha subrayado que esta operación es un "proyecto abierto, espero que concurran muchas ofertas". Aunque el promotor de la idea merecería una indemnización si su puja no es la ganadora por su papel de diseñador.


* El Diario - Raúl Rejón - 9.4.15
Foto: Vista aérea de la zona del proyecto según el visor de Google

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El fiscal de Medio Ambiente investiga el restaurante del alcalde de Teulada

Un caso más de los cientos que existen en las costas del país, donde chiringuitos y otras construcciones han invadido delictivamente la zona de protección marítimo-terrestre, sin que las autoridades se hayan atrevido a derribos beneficiosos para todos, en la gran mayoría de los casos. En esta playa del municipio alicantino de Teulada el autor y propietario de realizar obras de ampliación en su restaurante es, además, el propio alcalde 'popular' que, lógicamente, es el primero que debería hacer cumplir la Ley. Pero no solo ha actuado ilegalmente sino que ha conseguido, gracias a su influencia política, que la Generalitat Valenciana haga caso omiso del delito urbanístico. Como se ve, un caso de corrupción 'de libro'.
"ELPAÍS* : El fiscal de sala del Tribunal Supremo y coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, AntonioVercher, solicita la licencia de apertura y obra del restaurante de la familia del alcalde del municipio alicantino de Teulada-Moraira, Antoni Joan Bertomeu, del Partido Popular. Situado en la playa de L'Ampolla, El Castillo ocupa las zonas de servidumbre de tránsito y protección, según un informe de Costas de junio de 2013 al que la Generalitat Valenciana ha hecho caso omiso pese a ser competente en la materia y existir una denuncia contra el establecimiento.

La apertura de diligencias informativas por parte de la Fiscalía en Madrid ocurrió el pasado enero, después de que la Generalitat renunciara también a investigar una denuncia de Ecologistas en Acción efectuada el verano de 2014 por distintas obras presuntamente ilegales en este local del que Bertomeu es copropietario. Lo que era un chiringuito con casi medio siglo de antigüedad es hoy un espacio consolidado que ha ganado volumen a base de pequeñas obras. Los trabajos realizados datan al menos de 2007, año en que el alcalde era todavía concejal de Urbanismo.

Ecologistas en Acción entregó el pasado julio al servicio de Aeropuertos y Costas de la dirección valenciana de Transporte y Logística un reportaje fotográfico de los años 2007, 2013 y 2014. Adjunto iba el informe del Servicio Provincial de Costas, en el que consta la invasión de las dos zonas de servidumbre. La respuesta de la Generalitat fue que en las imágenes no eran apreciables las diferencias del estado anterior y actual. Instaba incluso a que fueran los ecologistas quienes ampliaran la investigación, advirtiendo de que si en un plazo de 10 días no había respuesta no se incoaría el expediente abierto. En el enunciado de la carta, el nombre de El Castillo era sustuido por el de El Campillo.

La Ley de Costas establece que la competencia en las zonas de servidumbre de protección y tránsito recae en las comunidades autónomas. En estos espacios, según la ley, excepcionalmente se pueden autorizar edificaciones de "excepcional importancia" y siempre que su ubicación sea conveniente en el litoral por razones económicas. En cualquier caso, no podrán localizarse en zonas de servidumbre correspondientes a tramos de zonas húmedas o playas, caso de El Castillo.

Aunque el local se ubica en un terreno de la familia del alcalde Bertomeu, los propietarios tienen la obligación de ceder una zona de paso a los viandantes. El establecimiento está tan pegado a la playa que desde el mismo restaurante se puede pisar la arena si se sale por el lado del mar. Más que un quiosco o puesto de bebidas al aire libre, tal es la definición de la Real Academia de la Lengua, el lugar tiene un parecido más acorde al concepto de restaurante, de espacio cerrado y con una estructura sólida.

Desde el Ayuntamiento informan que en sus inicios lo gestionó la madre del alcalde, y hoy lo hace un hermano de este. Antoni Joan Bertomeu accedió a la alcaldía en 2009 sustituyendo a mitad de legislatura a José Ciscar, hoy vicepresidente de la Generalitat y presidente provincial del PP, dando el salto desde el área de Urbanismo. Estos días el todavía regidor es un ejemplo raro dentro de su partido. El PP ha mantenido a todos sus alcaldes como candidatos, salvo en su caso. Presuntamente, porque está llamado a ser diputado autonómico.

Un secretario municipal bajo sospecha

La Fiscalía, además del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, investigan también al secretario municipal de Teulada-Moraria, Simeón García García. El fiscal admitió el pasado 27 de febrero una denuncia por posible malversación de caudales públicos por el convenio que convirtió a García en secretario municipal del vecino pueblo de Benissa. El funcionario se habría subido el sueldo por encima de lo legal, al mismo tiempo que presuntamente se redujo sus horas de trabajo en un convenio que él mismo debió de informar.
La denuncia tiene relevancia en el contexto del funcionariado público, que ha visto sus sueldos congelados e incrementada su jornada laboral. En el escrito se presume que la Generalitat no tiene conocimiento del convenio, ya que en tal caso habría de haberlo suspendido. Lo que se denuncia es que García debería haber completado su horario en el consistorio de Teulada y, posteriormente, haberse dedicado al de Benissa. Por su labor extra debería haber cobrado el 30% del sueldo percibido en Teulada y, obviamente, haber trabajado más horas. En cambio, apunta la denuncia, el secretario municipal cobra por su tiempo en Benissa el 50% del sueldo del secretario estipulado en esa localidad, mientras resta horas a su labor en Teulada.


* El País - RUBÉN ESQUITINO - 11.4.15
Foto: Espacios que el restaurante del alcalde ha ido ganando en la playa de L’Ampolla, en Teulada - Ecologistas en Acción

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Imputan al ex alcalde de Cómpeta por autorizar 15 chalés en una parcela rústica

Continúan saliendo casos de viviendas ilegales en la Axarquía malagueña, una zona donde la permisividad municipal ha permitido los delitos reiterados contra la Ordenación del Territorio, alterando gravemente el paisaje y los recursos municipales. En Cómpeta, el exalcalde L.López es imputado de nuevo, cuando ha sido ya juzgado y sentenciado anteriormente en varias ocasiones relacionadas con el urbanismo ilegal. La justicia por fin ha actuado pero se ve que algunos no aprenden nunca.
"MÁLAGAHOY* : El ex alcalde de Cómpeta Leovigildo López volverá a sentarse en el banquillo por un caso relacionado con el urbanismo ilegal y por el que se enfrenta a tres meses de prisión, 21 meses de multa y 19 años de inhabilitación por dar licencia para construir una urbanización de 15 viviendas unifamiliares.

El juicio está previsto que se celebre en el Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga el próximo 28 de abril y junto a él se sentarán el promotor de la obra y el arquitecto municipal.

Los tres están acusados por los presuntos delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación por una licencia supuestamente concedida en 2003 para construir una urbanización en una finca de casi 1.800 metros cuadrados en terreno rústico situado en el paraje conocido como Pagolasalara.

Sin embargo, en el escrito de acusación de la Fiscalía de Málaga, se hace constar que el ex alcalde previo acuerdo con el constructor supuestamente autorizó la segregación de la parcela en cuestión de la finca matriz como urbana tal y como se refleja en la escritura pública. Por ello, el fiscal destaca que hubo "connivencia" entre ambos para calificar como urbana una parcela que no lo era mediante un procedimiento que califica como "burdo".

Así pues, el promotor pidió en mayo de 2003 licencia de obra para construir las 15 viviendas adosadas, más una planta de almacén y otra de garaje, para lo que presentó en el Ayuntamiento un proyecto básico. El arquitecto municipal emitió un informe técnico favorable, sujeto a varias condiciones que consistían en modificar la altura máxima permitida y presentar un proyecto de ejecución.

El escrito de acusación subraya que la comisión de gobierno del Consistorio se abstuvo de aprobar la licencia municipal ante los condicionantes exigidos por el arquitecto, si bien añade que presuntamente el ex alcalde resolvió por sí mismo la autorización de licencia "conociendo la verdadera naturaleza del suelo y sin contar el acuerdo de la comisión".

Los 15 chalés supuestamente ilegales, que fueron vendidos y habitados en su totalidad, son objeto además de un procedimiento contencioso-administrativo aún pendiente de resolver por la denuncia interpuesta por vecinos de la zona, ya que presuntamente la urbanización de ese suelo supuso la invasión de parte de un carril de circunvalación de dominio público.

Por todos estos hechos, el fiscal pide para el promotor de la obra la pena de seis meses de prisión, una multa de doce meses e inhabilitación de un año para cargo relacionado con la construcción como autor de un presunto delito contra la ordenación del territorio, y 15 meses de multa y la inhabilitación de cargo público de siete años como cooperador necesario de un delito de prevaricación.

En cuanto al arquitecto municipal y el ex alcalde, la pena que pide el ministerio público es para cada uno de tres meses de prisión, multa de seis meses e inhabilitación de 12 años como cómplices de un delito urbanístico. Mientras que se enfrentan a otros 15 meses de multa y siete de inhabilitación como responsables de un presunto delito de prevaricación.

López, que fue alcalde de Cómpeta durante 16 años hasta 2007, ha sido juzgado en numerosas ocasiones por delitos urbanísticos y cuenta con dos sentencias firmes por delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación. La primera fue en 2008 y en ella fue condenado a siete años de inhabilitación para empleo y cargo público y a doce meses de multa por un delito de prevaricación urbanística.


* Málaga Hoy - Raquel Garrido - 13.4.15
Foto: Cómpeta (Málaga) - buscarural.com

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Espacio Vecinal Arganzuela denuncia 'graves incoherencias' en Mercado Legazpi de Madrid

Otra vez nos encontramos con el urbanismo monetario del gobierno 'popular' del Ayuntamiento de Madrid, dirigido por la conflictiva alcaldesa, A.Botella, que pretende aprovechar sus últimos días políticos para realizar las mayores atrocidades urbanas. El mercado de Legazpi es un emblema de los antiguos espacios de uso público, bien asentados en su barrio; pero ahora se pretende hacer un centro comercial privado que los propios vecinos y asociaciones no desean, dadas las numerosas carencias sociales y de equipamientos en la zona. Para ello han presentado un informe de alegaciones al Ayuntamiento; aunque vista la negativa a la participación ciudadana desde el principio del conflicto, es difícil que ahora sea atendido por los altos cargos municipales.
"EFE* : Representantes de los colectivos y vecinos del Espacio Vecinal Arganzuela (EVA) han depositado hoy sus alegaciones al estudio de viabilidad del Ayuntamiento para la construcción y explotación del Mercado de Frutas y Verduras, en el que ven "graves incoherencias". Según ha informado este colectivo, las "líneas rojas" que fundamentan el informe, desarrollado en trece motivos, analizan pilares esenciales tales como el arquitectónico, el jurídico, el social, el presupuestario, el medioambiental y el arqueológico.

El escrito de alegaciones, que ha sido elaborado por un comité de expertos en arquitectura, medio ambiente, economía, urbanismo, movilidad, abogados y miembros del Colegio de Arqueología, también destaca un "incumplimiento de los requisitos mínimos de transparencia y accesibilidad que establece la ley".

En este sentido, EVA ha informado que "hasta en tres ocasiones se solicitó acceso a dicha documentación sin que fuera facilitada por el Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública", en lo que considera "una actitud deliberadamente entorpecedora del proceso".

Han asegurado al respecto que el Ayuntamiento "no cedió hasta el 17 de marzo, cuando el plazo de presentación de alegaciones finaliza este viernes 20 de marzo", y que finalmente los vecinos tuvieron acceso al documento "previo pago de la una cantidad que asciende a 108,04 euros".

"Parece que la tan traída y llevada transparencia de las instituciones también nos tiene que costar dinero", ha afirmado Israel Prados, vecino y miembro de EVA.

En opinión de este colectivo, "la premeditada confusión y desproporción entre el uso dotacional del Mercado (actividades encaminadas a satisfacer las necesidades básicas de la población) y el uso de servicios terciarios (actividades lucrativas, propias de la empresa privada y bajo las 'leyes de mercado') pone de manifiesto la intención de transformar un edificio de uso dotacional de la Administración pública en un macrocentro comercial de titularidad privada".

Los expertos del Espacio Vecinal Arganzuela están convencidos de que estos hechos pueden ser constitutivos de un "claro supuesto de fraude de ley".

Los expertos de EVA también se han quedado sorprendidos, ha dicho el colectivo en un comunicado, "al descubrir que el proyecto está repleto de textos plagiados de otros proyectos similares".

"En el texto abunda el copia y pega. Más allá del tema de la propiedad intelectual lo inquietante es que despoja de credibilidad al proyecto técnico acercándose más bien a un modus operandi", ha declarado Ángel Lomas, perteneciente a la asamblea EVA.


* Finanzas - EFE - 20.3.15
Foto: Madrid, mercado Legazpi - vozpopuli

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Málaga.- Urbanismo con tintes eclesiásticos

La Iglesia Católica continúa siendo la mayor propietaria de edificios y espacios urbanísticos en este país. Últimamente se está viendo al registrar privadamente bienes que vecinos y asociaciones consideran comunitarios. Su poder es desorbitado; además, el favoritismo que mantiene gobierno tras gobierno es llamativo en todos los aspectos, incluido el apartado de impuestos y subvenciones públicas. En Málaga, el Ayuntamiento ha cedido una treintena de parcelas a cofradías para casas hermandad. La conexión con la Iglesia se extiende a ayudas para rehabilitar edificios, algo que excede de lo habitual para casos de Patrimonio monumental.
"MÁLAGAHOY* : Que una obra como la del Metro, en la que se han invertido más de 600 millones de euros desde el inicio de los trabajos hace ahora poco menos de nueve años, planifique hasta el último detalle de su calendario con el objetivo de no afectar el desarrollo normal de la Semana Santa a su paso por la Alameda Principal es fiel reflejo del respeto-deferencia con la que, en general, todas las administraciones públicas afrontan su relación con esta tradición.

Pero el suburbano sólo es un actor más en un escenario en el que se cuentan por decenas los movimientos de los estamentos públicos, en especial del Ayuntamiento de la ciudad, en favor de los colectivos cofrades.

Sin entrar en valoraciones sobre la idoneidad o no de esos vínculos, las actuaciones constatan este favorable comportamiento de lo institucional hacia lo religioso, siendo el mundo cofrade parte indivisible del mismo. Datos oficiales manejados por el propio Consistorio elevan a más de 120.000 metros cuadrados de suelo municipal cedidos a diferentes confesiones religiosas desde 1995. De entre todas, destacan los acuerdos con el Obispado para la apertura de centros parroquiales. Esta institución se ha beneficiado de los derechos de superficie y concesiones demaniales de más de 80.000 metros cuadrados desde 1998.

Esta conexión con la Iglesia Católica se extiende en el capítulo de subvenciones otorgadas para la rehabilitación de inmuebles. Un documento municipal, titulado Pluralismo religioso en Málaga: Un Ejemplo de Convivencia y Diversidad, cifra en casi 5,9 millones de euros lo aportado en esta materia desde la Oficina de Rehabilitación del Centro Histórico hasta el año 2013. A esa cifra, en el último año y pocos meses pueden agregarse casi 200.000 euros más correspondientes a otros convenios de intervención.

Entre ellas, por ejemplo, un acuerdo, por 70.586 euros, con la Provincia Agustiniana Maritense, para rehabilitar la fachada trasera de su iglesia conventual de San Agustín; otro con el Obispado por 53.012 euros para la rehabilitación del Palacio Episcopal, cifra que se sumó a otros 45.486 ya aportados meses antes. A modo de comparación sirva como referencia que entre 1998 y 2014, según las estadísticas municipales, salieron de las arcas públicas casi 82 millones en subvenciones para la rehabilitación de edificios, ya estuviesen situados en el casco histórico o en las barriadas.

En el caso concreto de las organizaciones cofrades, son casi una treintena las cesiones a coste cero de suelo acordadas en las dos últimas décadas. La entrega de estos espacios no tiene otro fin que el de que esos colectivos puedan construir en los mismos sus sedes o casas hermandad. La suma de todas estas piezas suponen más de 7.000 metros cuadrados. A este premio, que se traducen en concesiones demaniales por un plazo de hasta 75 años, cabe añadir un beneficio posterior, consistente en la aplicación de bonificaciones del 50% en el ICIO a aquellas "construcciones promovidas por cofradías y hermandades agrupadas para construir sus respectivas sedes". Esta circunstancia que iguala a estos colectivos con las construcciones, instalaciones y obras realizadas o promovidas total o parcialmente por el Ayuntamiento y/o cualquiera de sus organismos autónomos.

Sin embargo, a pesar de estas realidades, en el seno de las cofradías no se tiene la percepción de ser un colectivo "privilegiado" por el Ayuntamiento. "Yo no diría que sea un privilegio; en muchos casos son suelos que llevan muchos años sin uso y hay que recordar que las cofradías damos mucha vida a los barrios y que nuestros salones sociales suelen emplearse también para actos que no son ni cofrades", valoró Eduardo Pastor, presidente de la Agrupación de Cofradías de la ciudad.

A su juicio, más allá de la estación de penitencia que celebran las cofradías, la Semana Santa genera un impacto que beneficia, por ejemplo, a los empresarios. "Es razonable que haya estas concesiones por parte del Ayuntamiento y que disfruten los vecinos, los parroquianos; las cofradías hacen una labor importante", afirmó, al tiempo que añadió: "Ganamos todos; en ningún caso hay un privilegio". Pastor recordó que con las últimas cesiones firmadas todas las agrupaciones tienen ya parcelas para sus casas hermandad. Aunque no en todos los casos con cesiones municipales. Sobre ello, indicó que muchas optaron por comprar el solar donde se asientan.

Junto a estos terrenos, son habituales las cesiones de locales por parte del Ayuntamiento a estas mismas entidades, si bien esta hoja de ruta beneficia en los mismos términos a numerosos colectivos sociales y de vecinos. La puesta a disposición de estos espacios públicos está regulada desde finales del año pasado por una ordenanza específica que, en la línea de lo que ocurre con las subvenciones, obliga a exponer a la libre concurrencia la cesión de los mismos. No obstante, como admite la directora general de Derechos Sociales, Ruth Sarabia, esta normativa no rige sobre las concesiones demaniales que suelen solicitar las cofradías a la Gerencia de Urbanismo para la cesión de suelos.

Entre los convenios de cesión de parcelas municipales más recientes en el tiempo se encuentran los suscritos con la Cofradía del Sagrado Descendimiento, que ha permitido a esta entidad instalar su casa hermandad en parte de las dependencias del Hospital Noble. La ocupación del inmueble ha obligado a trasladar de su asentamiento tradicional a varias delegaciones municipales, con el consiguiente gasto añadido de adecuación de las nuevas instalaciones.

En la última semana la Junta de Gobierno Local dio luz verde a otras dos concesiones demaniales en favor de Dulce Nombre y Mediadora, ambas por 75 años. Una senda que ya se siguió el año pasado para ceder a las Cofradías Fusionadas 590 metros cuadrados en la nueva Plaza de Camas para la construcción de su hermandad.

A lo largo del último año, en lo relativo a locales, el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) acordó la cesión de uso de dos espacios comerciales en la promoción de VPO de Divina Pastora, de 186 metros, a la Archicofradía de María Auxiliadora, y a la antigua cofradía del Santísimo Cristo del Perdón, en Soliva. Este mismo departamento concedió una subvención de 30.000 euros a la Hermandad del Prendimiento para rehabilitar la fachada de su sede.

Otros acuerdos alcanzados por el Ayuntamiento con otras religiones trajo consigo, por ejemplo, la venta de una parcela en la calle Ingeniero de la Torre Acosta para la construcción de la Mezquita, con 3.828 metros de superficie; a los Testigos de Jehová, se les vendió en 1993 una parcela de 1.700 metros junto al arroyo Jaboneros, a la que se sumó el derecho de superficie en 2003 sobre un solar de 8.000 metros en La Roca. La Comunidad Israelita en Málaga recibió un derecho de superficie sobre un solar de 430 metros cuadrados en plena judería para un centro comunitario y una sinagoga (el proyecto sigue sin arrancar). La Iglesia Evangélica de Filadelfia dispone de dos derechos de superficie sobre sendas fincas en la plaza San Cruz, de 1.445 metros para un centro de rehabilitación de drogadictos, y la calle Pizarro, de 179 metros, para templo.


* Málaga Hoy - Sebastián Sánchez - 5.4.15
Foto: Málaga, arzobispado - malagahoy

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Madrid adjudicó a un primo político de Aguirre un proyecto para hacer un centro hípico y hotelero

A poco que se escarbe algo en las ilegalidades urbanísticas de la Comunidad de Madrid aparece el nombre de la expresidenta E.Aguirre o sus allegados. Así la Comunidad otorgó en 2011 la conversión de una finca en terreno protegido en complejo de ocio a una sociedad de la que es administrador único Alonso Mencos Valdés, primo del marido de Aguirre. A pesar de no contar con autorización medioambiental, la empresa allanó un terreno con flora protegida y se celebró en 2014 una boda de la familia Mencos. Todo ello, evidentemente, con la complicidad autonómica del gobierno 'popular' que permitió numerosas irregularidades en la actuación.
"ELDIARIO* : La Comunidad de Madrid tiene adjudicada desde 2011 la explotación de una finca de su propiedad a una unión de empresas (UTE) cuyo administrador único es primo político de la que era entonces presidenta regional Esperanza Aguirre. La empresa pública Gedesma –dependiente de la Consejería de Medio Ambiente– fue la encargada de licitar y adjudicar la conversión de unas 600 hectáreas de regadío junto al río Tajo en Aranjuez en un centro hípico y un complejo hotelero.

La única opción que se presentó a ese concurso fue la del Grupo de Ocio Sotomayor. En un primer momento, el administrador de la sociedad era Juan José Sainz Sainz. Pero a los cinco meses, según el Registro Mercantil, esa figura la tomó Alonso Carmelo Mencos Valdés, primo del marido de Esperanza Aguirre, Fernando Ramírez de Haro Valdés.

Mencos Valdés aparece, también, a la cabeza de una de las empresas que conformaron la UTE a la que el Gobierno regional madrileño encomendó el proyecto, Lighthorse Ventures S.L. El proyecto del Ejecutivo entonces presidido por Esperanza Aguirre, era "crear, gestionar y mantener los usos recreativo, cultural, turístico, y agropecuario de la finca" Dehesa de Sotomayor. El macroproyecto se localiza en una finca de unas 600 hectáreas y está pendiente de la Declaración de Impacto Ambiental. El estudio de impacto presentado por la contratista incluye cuadras para un millar de caballos, aparcamientos, y un complejo hotelero a base de cabañas (96 bungalows, 26 de ellos con carácter de suite). Además de la escuela hípica, se ha planificado una zona de "eventos y entrenamiento" en la que habría que construir tres pistas, una tribuna para jurados y un graderío.

Ocio de Sotomayor fue la única opción sobre la que tuvo que decidir Gedesma. La apertura de ofertas se realizó el 4 de enero de 2011. La UTE aseguró que haría una inversión de 15,3 millones de euros. Por la ocupación del terreno, la Comunidad de Madrid le pide a estas empresas un canon de 30.000 euros anuales. Es un precio casi de saldo. Ese suelo está clasificado con la más alta capacidad agrológica de la Comunidad de Madrid. Es de clase 2 según el catálogo oficial. El Índice de Canones Arrendamientos Rústicos del Ministerio de Agricultura, recoge un precio medio del terreno para regadío en Madrid en 2011 de de 232 euros por hectárea. A Ocio de Sotomayor le sale por a unos 47 euros.

Además, el contrato firmado por la empresa pública y la privada establece que el canon se difiera: "A abonar a Gedesma desde el comienzo del cuarto año a partir de la formalización del contrato".Es decir, la gestora privada lleva cuatro años en el terreno sin pagar nada.

La adjudicación se firmó el 16 de febrero de 2011. El Registro Mercantil indica que la "constitución" del grupo se hizo el 7 de marzo de aquel año. Entre esa fecha y el 8 de agosto, al frente se colocó Sainz Sainz. A partir de entonces ya es Mencos Valdés el administrador: medio año después de que la empresa pública eligiera su socio para este proyecto.

La lista de las sociedes que se aliaron para gestionar la privatización del terreno se completa con Gesindicta SL, Garozco Obras y Construcciones, y La Cococha.

Mª Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción, considera que este terreno debería consevarse para "el uso público en lugar de destinarse a un proyecto que beneficiaría a pocos y que, además, es de dudosa rentabilidad económica y tiene un alto coste medioambiental". Su organización forma parte de una plataforma que pide la reversión del contrato que se firmó con Ocio de Sotomayor.

Uso privado

Además de no estar pagando renta y, a pesar de no contar con el visto bueno de la Consejería de Medio Ambiente para realizar las infraestructuras del complejo, la contratista sí que ha llevado a cabo trabajos en ese terreno. Adecuaciones para celebraciones particulares como una boda de la familia Mencos.

Se da la circunstancia de que dentro de la finca se levanta la Casa de la Monta, las caballerizas de la yeguada real construidas por Carlos III. De hecho, Gedesma quería que la empresa ganadora del concurso afrontara su "rehabilitación". Al final se cambió el compromiso por su "recuperación de uso histórico". Así que en febrero de 2014, la empresa procedió a una "roturación" y allanamiento de 20.000 m2 del terreno colindante con esa edificación.

Lo que ocurre es que la finca está inscrita en la Red Natura 2000 de espacios protegidos por la Unión Europea. Posee las figuras de Zona de Especial Protección de Aves y Lugar de Interés Comunitario. Entre otras cosas porque allí crece una arbusto exclusivo y endémico: el pítano ( Vella pseudocytisus). Sus únicas poblaciones mundiales son esta finca y otra en Granada. Esos trabajos se llevaron, presuntamente, ejemplares de pítano. De manera que el juzgado de Instrucción nº 2 de Aranjuez está investigando los hechos.

Con todo, ese suelo allanado y la casa sirvieron para celebrar una boda privada. Según ha denunciado también judicialmente el Partido Socialista en Aranjuez, "tres autobuses y vehículos particulares se congregaron en la finca, aparcando en los terrenos roturados". El Ayuntamiento abrió un expediente sancionador al no haber dado licencia para tal acto pero lo detuvo al haber un proceso judicial en marcha.

El último capítulo del uso privativo de esta finca del patrimonio público ha sido la constitución en septiembre de 2014 de la empresa Innovación y Desarrollo en el Medio Natural Sotomayor. Dedicada a la "apertura de lineas de investigación, innovación y divulgación de los ámbitos de actuación propios de los asociados", como miembro del comité de dirección figura: Alonso Carmelo Mencos Valdés. Para domicilio de esta empresa ya se ha especificado "Casa de la Monta-Dehesa de Sotomayor".


* El Diario - Raúl Rejón - 8.4.15
Foto: La casa de la Monta en la finca de Sotomayor. /Grama

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El Supremo ordena revisar absolución cúpula de Urbanismo de Barcelona en 'Caso Palau'

Con la justicia urbanística seguimos a vueltas: junto a su tardanza excesiva, cuando ya está realizada la ilegalidad, hay que hablar de una debilidad en las penas, a veces cómplice con los propios delincuentes. En el 'caso Palau' de Barcelona (saqueo del Palacio de la Música y pago de comisiones ilegales a CDC) lo vemos claramente: el Supremo anula una sentencia tardía de la Audiencia de Barcelona que, además, no apreciaba delito en la cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento. Es evidente, según señala el Supremo, que se juzgó mal y tarde, y no se tuvieron en cuenta multitud de hechos contrarios al sentido del fallo de la sentencia, es decir que el Ayuntamiento estaba implicado gravemente en la corrupción urbanística.
"LAVANGUARDIA* : El Supremo ha anulado la sentencia de la Audiencia de Barcelona en el caso Palau y le ha ordenado que dicte una nueva resolución, porque, como dice el fiscal, en su fallo excluyó de manera inmotivada pruebas incriminatorias, en especial contra la cúpula de Urbanismo de Barcelona en aquel momento.

Existe una "ingente prueba documental" en el caso que permite al fiscal, dice el Supremo, un relato de los hechos contrario al sentido del fallo de la sentencia anulada. Dicha prueba ha sido excluida sin justificación ni valoración alguna, reprocha el Supremo a la Audiencia de Barcelona.

Este tribunal debería haber motivado y justificado la exclusión de esta prueba y, al no hacerlo, vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva, añade el Supremo.

En concreto, la sentencia del Supremo se refiere a la documentación sobre la tramitación del Plan de Mejora Urbana.
Además, alude a la "omisión grave" que cometió la Audiencia de Barcelona al no haberse pronunciado sobre la acusación del fiscal relativa a la existencia de un acuerdo previo entre los acusados para la firma de los convenios municipales sin publicidad.

La Audiencia de Barcelona deberá ahora dictar una nueva sentencia, cuyo fallo no vendrá determinado por el Supremo, aunque el alto tribunal apunta a una revisión de las pruebas acusatorias.

El tribunal de Barcelona condenó a un año a los exresponsables del Palau de la Música Fèlix Millet y Jordi Montull por tráfico de influencias, pero absolvió a la antigua cúpula de Urbanismo de Barcelona.

Millet y Montull fueron condenados por irregularidades en la tramitación urbanística de un hotel de lujo junto a la entidad cultural y recurrieron ante el Supremo contra aquella sentencia, pidiendo su absolución.

Ahora el Supremo ha anulado la sentencia, tras acoger el recurso de la Fiscalía, mientras que ha rechazado los de la acusación particular en nombre de una fundación, de la acción popular ejercida por una asociación de vecinos de Barcelona y de los condenados.

La Fiscalía discrepó de la absolución de la antigua cúpula de Urbanismo de Barcelona y de la leve condena con que la Audiencia ha castigado a los saqueadores confesos del Palau, para quienes el ministerio público pedía diez años de prisión.

La sentencia condenó a Millet y Montull, además de a un año de cárcel, al pago de multas de 3,6 millones y 900.000 euros, respectivamente, por los delitos de tráfico de influencias y ofrecimiento de realizar tráfico de influencias.


* La Vanguardia - EFE - 23.3.15
Foto: Barcelona, Millet y Montull imputados caso Palau - elpais.com

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El exalcalde del PP de Las Rozas y su equipo, al banquillo por la Ciudad del Fútbol

En este Blog ya se han publicado anteriormente los detalles sobre este pelotazo urbanístico en la localidad de Las Rozas, próxima a Madrid. Todo viene de 1998 en que fue aprobado por el gobierno 'popular' del Ayuntamiento el proyecto de la Ciudad del Fútbol. En 2007 fue sentenciada en contra por un Tribunal de justicia, cuando ya estaba construida, a pesar de lo cual el Ayuntamiento mantuvo su ilegalidad. Ahora, por fin, la Fiscalía los lleva al banquillo acusándolos de prevaricación y desobediencia reiterada por conceder terrenos públicos a la Real Federación Española de Fútbol para levantar el macrocomplejo deportivo donde entrena La Roja. La tardanza judicial ha sido pasmosa, como llevamos repitiendo aquí, este grave caso urbanístico lo demuestra a las claras.
"ELCONFIDENCIAL* : Los próximos 14, 15 y 16 de abril la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) celebrará el juicio contra los ocho miembros del Ejecutivo municipal de Las Rozas acusados de los delitos de prevaricación y desobediencia en el caso de la Ciudad del Fútbol, situada en dicha localidad madrileña. En concreto, se trata del exalcalde y actual diputado regional de Madrid Bonifacio de Santiago y otros siete concejales –todos ellos del PP–, entre los que se encuentran dos que aún forman parte del equipo de Gobierno.

La Fiscalía solicita para ellos entre siete y nueve años de inhabilitación para cargo público por acordar la prórroga del uso de las instalaciones a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) “pese a tener conocimiento” –reza literalmente el escrito de acusación– de que un auto de 2009 del TSJM “había anulado la autorización provisional acordada por la Junta de Gobierno el 24 de junio de 2008”.

El Ministerio Público argumenta que el mencionado acuerdo del Ejecutivo municipal era “nulo” y “contravenía la sentencia 1474/2004 (…) que requería de nuevo al alcalde" y le advertía de que podía "incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial”. A pesar de este ultimátum, continúa en su escrito de acusación, “la situación de autorización provisional de uso a favor de la Real Federación Española de Fútbol se mantuvo hasta la presentación de la denuncia por el fiscal el 10 de octubre de 2013”.

Según la Fiscalía, todos los miembros del equipo de Gobierno decidieron desobedecer durante años la sentencia que los obligaba a rectificar la concesión de 120.000 metros cuadrados de suelo municipal a la RFEF. Según indicó la magistrada de la Sala Civil y Penal del TSJM Susana Polo en su auto de transformación en procedimiento abreviado dictado el pasado diciembre, “los imputados actuaron con desprecio a las decisiones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, pasando por encima de la ley, con la finalidad de seguir beneficiando a la Real Federación Española de Fútbol”.

El Ayuntamiento cedió la parcela donde hoy se levanta el macrocomplejo deportivo donde entrena la Selección Española en 1998. La decisión del traspaso tomada por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de las Rozas pasó por alto que se trataba de terrenos de dominio público y que, por lo tanto, no se podía entregar la propiedad, como había ocurrido. Los grupos municipales de PSOE e IU interpusieron un recurso contencioso-administrativo y los tribunales les dieron la razón en 2004 mediante sentencia que se tornó firme tres años después, una vez que las instalaciones deportivas ya estaban construidas.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM ordenó al Ayuntamiento ejecutar la resolución y exigió a la Federación que evitara hacer contratos o transmisiones del suelo. Sin embargo, el Gobierno local ignoró el mandamiento judicial y concedió a la Federación una autorización provisional para el uso de la finca.
Además de De Santiago, los próximos 14, 15 y 16 de abril también se sentarán en el banquillo de los acusados los ediles Francisco Javier Espadas, Isabel Grañeda, Gema Matamoros, Juan Ramón Ruiz, José Luis Álvarez, Antonio Garde y Pedro Núñez Morgades.


* El Confidencial - Roberto R.Ballesteros - 8.4.15
Foto: Las Rozas (Madrid), ciudad del fútbol aérea - diariogol

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El urbanismo en tiempos de Google: los reyes de internet invaden las ciudades

Las sedes de las grandes empresas que dominan internet se construyen como islas tecnológicas de aparente sostenibilidad, mientras los habitantes de los municipios donde se ubican continúan con su vida sorteando los problemas de tráfico, contaminación y desequilibrio social que provocan. ¿Es compatible su idea de urbanismo individualista con el desarrollo de las ciudades?
"LUCÍA CABALLERO* : Google llegó a Mountain View en 1999 para instalarse como una ‘startup’ más del floreciente Valle del Silicio. Probablemente, pocos paisanos repararon en aquellos primeros 40 trabajadores, acomodados en una oficina corriente. Hoy, los dominios del gigante en el municipio californiano cuentan con unos 80 edificios, entre alquileres y propiedades, que ocupan casi 70.000 metros cuadrados.

Googleplex, este complejo que constituye el cuartel general de la compañía, es un reflejo material de su hegemonía en internet: una isla tecnológica diseñada para satisfacer las necesidades de una comunidad muy particular. Una especie de gueto que “agrava los grandes problemas de la ciudad: la segregación espacial, el desequilibrio social y económico, la falta de relaciones entre personas y el transporte masivo”, explica a HojaDeRouter.com Jon Aguirre, arquitecto de la oficina de innovación urbana Paisaje Transversal.

Sin embargo, para una empresa multimillonaria en constante crecimiento, esto no es suficiente. La compañía dirigida por Larry Page ha anunciado recientemente que quiere ampliar su particular imperio en cuatro de las localizaciones donde ya tiene oficinas.

Google no se anda con nimiedades. Pretende edificar una serie de construcciones en forma de bloque; ligeras y móviles, que abarcarán más de 23.000 metros cuadrados y darán cabida a 10.000 nuevos trabajadores. El diseño del arquitecto danés Bjarke Ingels y la firma londinense Heatherwick Studio aboga por la sostenibilidad: se integrará en el entorno urbano y natural, fomentando la creación de negocios locales. ¿Dejará entonces de ser una isla tecnológica para conectarse con el mundo que le rodea?

“No es una cuestión de que Google proponga una manera de hacer urbanismo, sino de su propuesta y cómo pretende llevarla a cabo”, asegura Aguirre. Las grandes corporaciones, ya hablemos de bancos o tecnológicas, “tienen un papel importante en la construcción de la ciudad, el problema viene cuando no hay un equilibrio”.

Las multinacionales tienden a promover su propia idea de urbe, encauzada a retroalimentar su ya patente liderazgo, sin prestar demasiada atención a los agentes afectados por sus iniciativas. No hace falta cruzar el charco para ver esta realidad. Aguirre pone como ejemplo la ciudad financiera del Banco Santander en Boadilla del Monte y el Distrito Telefónica en Las Tablas. En contraposición a sus ideas egocéntricas, “el territorio debería edificarse desde la convergencia de la ciudadanía, la administración pública y el sector privado”, señala.

LUCHA DE GIGANTES

El plan de ‘la gran G’ es uno de los muchos que han recibido en el Ayuntamiento de Mountain View, que busca propuestas para desarrollar nuevos proyectos urbanísticos al norte de la autopista 101. Entre los requisitos figura la contribución al desarrollo de la comunidad local, de ahí el sospechoso alarde de sensibilidad social por parte de Google.

Su solicitud tiene que competir con las del resto de gigantes instalados en la localidad por un suelo cada vez más cotizado. Según los informes que las autoridades han hecho públicos, harían falta unos 557 kilómetros cuadrados para dar cabida a todas los proyectos, frente a los 232 que ofrece la administración.

LinkedIn, por su parte, ha planteado la construcción de seis oficinas, acompañadas de un teatro y un club deportivo, todo ello englobado en un proyecto que ha bautizado como Shoreline Commons y que también parece fomentar la integración con la comunidad externa a sus dominios. Paradójicamente, la idea corresponde a los mismos arquitectos que han diseñado la ampliación de Googleplex.

Pertenezcan a quien pertenezcan, las nuevas oficinas contribuirán a empeorar el tráfico en la caótica 101, por donde circulan cada día los autobuses que llevan a los trabajadores de Google al complejo corporativo. La mayoría de sus aproximadamente 15.000 empleados viven fuera de Mountain View. “La zona de la bahía de San Francisco necesita un plan regional para solucionar sus problemas de transporte, del que estas empresas se han desentendido creando redes de movilidad privadas solo para su plantilla”, critica Alexandra Lange, experta en diseño urbano y autora de 'The Dot-Com City: Silicon Valley Urbanism' (La ciudad 'puntocom': el urbanismo de Silicon Valley).

Google y LinkedIn no son las únicas empresas de internet con grandes pretensiones urbanísticas, ni Mountain View el único municipio de lo que conocemos como Silicon Valley en proceso de colonización. Facebook se expande por Menlo Park y Apple también se ha embarcado en la construcción de un nuevo campus en Cupertino, después de que su proyecto fuera aprobado en noviembre del pasado año por las autoridades de la localidad. El diseño del edificio - 260.000 m2 dispuestos en forma de 'donut' y cuatro plantas - ha corrido a cargo del afamado arquitecto Norman Foster.

Los de la manzana mordida presumen de la sostenibilidad de la construcción y de su eficiencia energética, y aseguran que toda la potencia provendrá de fuentes renovables. Según Tim Cook, máximo responsable de la compañía, ocuparán las nuevas oficinas en 2016.

ALIADOS IMPRESCINDIBLES

Hay precedentes de propuestas rechazadas por demasiado ambiciosas, pero ¿qué ayuntamiento querría deshacerse de Facebook, Apple, Google o Linkedin? “Estas empresas pagan grandes impuestos en sus ciudades, así que los gobernantes no quieren disgustarles para que no se marchen”, afirma Lange.

Su poder económico les convierte en “un agente con una fuerte personalidad y capacidad de impacto público, por lo que disfrutan de un trato preferente”, indica Manuel Fernández, investigador y consultor en políticas urbanas. Los complejos donde se instalan sus sedes “tienen una capacidad enorme de modificar la realidad de los espacios que ocupan”.

El alcalde de San Francisco ha querido aprovechar este potencial de cambio con una estrategia diferente: revitalizar el barrio de Mid Market. Allí se ubican desde 2012 las oficinas de Twitter, entre otras ‘startups’, en un intento por convertir una zona desfavorecida en un centro empresarial. Según Fernández, el desarrollo suburbano de Apple y Google convive actualmente con esta otra tendencia: “la vuelta a las ciudades como espacios de actividad económica e industrial”.

Una corriente que también se aprecia en el proyecto Downtown de Las Vegas, donde “las empresas se han trasladado al centro para crear oportunidades de innovación y ‘coworking”, explica el urbanista y escritor Leo Hollis. En 2009, el fundador de Zappos, Tony Shieh, invirtió 200 millones de dólares en propiedades de esta zona para construir lo que, según él, sería “la capital del mundo del coworking”.

Pese a que ambas ideas parecen positivas, Hollis no las ve con buenos ojos. “Es una cuestión de gentrificación”, asevera. Los precios de las viviendas aumentan y “ la innovación puede repeler a la comunidad que existía previamente en esa área”. Para evitarlo, las compañías con sede en San Francisco trabajan para que los habitantes del barrio se sientan integrados, incluso les abren las puertas de sus oficinas una vez a la semana. Fernández cree que su estrategia funciona: “si contribuyen a mejorar su entorno, van a repercutir positivamente en su propia actividad”.

Esa es precisamente una de las funciones del urbanismo: acabar con los desequilibrios sociales. Para ello, deben brindarse oportunidades no solo a las élites intelectuales, sino también a los menos preparados o quienes proceden de entornos con pocas opciones. No obstante, ¿hasta qué punto pueden los gigantes de internet crear puestos de trabajo para personas poco cualificadas?

“El problema es la elitización del empleo”, indica el arquitecto de Paisaje Transversal. Los trabajadores de estas empresas son personas “con recursos, que habrían encontrado un puesto en otro sitio”. Quienes no cumplen los requisitos quedan excluidos. Un fenómeno especialmente acusado en las afueras o suburbios, donde más desigualdades existen, y donde se localizan las aparatosas sedes de las tecnológicas.

Aunque se comienza a percibir cierto interés por la sociedad en que se incluyen, aún no sabemos si Apple, Google, Facebook y compañía podrán contribuir a su bienestar. La solución pasa porque aporten su conocimiento y recursos para “ dar respuesta a las necesidades reales de la ciudad”, afirma Aguirre, y no solo para alimentar las ambiciones de sus directivos. El impacto medioambiental, económico y social que continúan generando no puede salvarse con construcciones megalómanas ni garantías de eficiencia energética.


* El Diario - LC - 6.4.15
Foto: Sede de Google en Mountain View - Robbie Shade

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Suspende pagos un hotel de lujo al que la Xunta dio cuatro millones

Los despilfarros públicos abarcan todo el territorio y así lo demuestra este nuevo caso en Galicia: el Palacio de Sober, donde la Xunta 'popular' concedió 4 millones para el establecimiento de un hotel de lujo. El propio presidente Feijoo se implicó en el proyecto como modelo turístico, asistiendo en 2010 a la inauguración, pero ni con ese apoyo el negocio salió adelante y desde el verano de 2014 permanece cerrado el conjunto. Por supuesto, ningún responsable político ha dado explicaciones ni ha sido acusado por el dispendio delictivo.
"ELPAÍS* : Pretendía ser una referencia del turismo de lujo en la Galicia interior, un hotel con balneario, helipuerto y suites que podían costar hasta 750 euros por noche. El propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, asistió a su inauguración, en octubre de 2010, en el municipio lucense de Sober, al tiempo que su Gobierno se volcaba con el proyecto, para el que movilizó cerca de cuatro millones de euros entre créditos y ayudas.

La iniciativa, en plena crisis, nunca acabó de arrancar y ha acabado en fiasco total después de que la empresa propietaria haya solicitado en un juzgado de Madrid el concurso de acreedores.

La compañía promotora del hotel, la madrileña Alvaher 98, había adquirido el considerado mayor pazo de Galicia en 2007 a los padres de la actual delegada de la Xunta en Lugo y entonces alcaldesa de Sober, Raquel Arias. Ellos lo habían comprado, junto a una finca de 4.000 metros cuadrados, en los años noventa, cuando llevaba medio siglo deshabitado. En el proyecto del hotel, según los datos facilitados en su día por sus promotores, se invirtieron 7,8 millones de euros, de los cuales casi cuatro los aportó la Xunta: el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) gestionó un crédito de 2,5 millones del Banco Europeo de Inversiones, al tiempo que la empresa recibía otros 887.000 euros de incentivos a la inversión y 418.000 de fondos regionales del Ministerio de Economía tramitados por el Gobierno autónomo.

Los problemas surgieron al poco de su apertura . “Fue un proyecto mal parido desde el principio”, señalaron ayer los diputados socialistas Juan Carlos González Santín y Vicente Docasar, que anunciaron que exigirán explicaciones a la Xunta en el Parlamento. La constructora subcontratada para remodelar el edificio se quejó de retrasos en los pagos, un práctica que pronto empezaron a sufrir también los 36 empleados y proveedores de la comarca.

A comienzos de 2013, la empresa solicitó un ERE temporal presentado como un intento de salvar las dificultades. Pero desde el verano de 2014, el establecimiento ya permaneció cerrado. Según los socialistas lucenses, solo quedan cuatro trabajadores dedicados a mantenimiento y seguridad. “Es el momento de que el presidente Feijóo dé la cara, porque esto fue una apuesta personal suya y de la delegada de la Xunta”, señalaron los diputados del PSdeG.


* El País - 4.4.15
Foto: Hotel Palacio de Sober / NACHO GÓMEZ

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Documental "Corrupción: el Organismo nocivo" (trailer V.O.S.E.)


Muchas veces, tras el estallido continúo de casos de corrupción en España en los últimos años, nos hemos hecho una pregunta: ¿Pero es que nadie se dio cuenta? En el documental "Corrupción: el organismo nocivo" tiene la respuesta.

Sí, algunos técnicos al menos, sí estaban ahí. Interventores de ayuntamientos, arquitectos municipales, directores de planeamiento, inspectores de cursos de formación manifestaron donde fue preciso que aquello -aquel hotel, este edificio, aquella recalificación, ese contrato…- no se podía hacer.

Ahora que, como decía el exministro Miguel Sebastián, “nos quitaron la música de la fiesta”, este documental pone cara a aquellos que siempre tuvieron una conducta ejemplar. Maite Carol fue una de esas personas. Fue interventora del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet entre el 2006 y el 2010, cuando se vio envuelto en el caso Pretoria. Advirtió que algo que pretendía hacer el Ayuntamiento era ilegal, pero pensó que simplemente se habían equivocado: “La sorpresa llega cuando elaboro el expediente y no solo no lo paran sino que lo leen detenidamente, en voz alta, y lo rompen delante de mi cara”, entonces empezó su Vía Crucis. “Decían que estaba obsesionada, loca. Y cuando estalla el caso, la voz institucional decía que todo eso había pasado porque nadie había levantado la voz, que cómo iban a saber eso su había una interventora”, relata Maite, que además fue sustituida en su cargo, “me sentía muy sola pero me sentí especialmente sola después, porque en el momento que estalla el caso, en vez de apoyarme fue justo al contrario”.

Otro protagonista del documental es Fernando. Ha sido economista e interventor en varios ayuntamientos españoles y ahora mismo ejerce como interventor en el de Orihuela. Tiene 30 años a sus espaldas trabajando en la administración y ha denunciado un sin fin de irregularidades y delitos. Asegura que la corrupción en las instituciones no es cosa del pasado: “Esto sigue ocurriendo día a día. Se sigue saqueando, se llevan comisiones y se conceden contratos desmesurados en muchos ayuntamientos”, así que concluye sin tapujos y siguiendo con la idea del título del documental que “en este momento la corrupción en nuestro país ha alcanzado la metástasis total”.

“No existe un Estado de derecho frente a la corrupción, sólo somos individuos aislados los que luchamos contra ella”, dice rotundo Fernando que afirma que en la Transición se eliminaron los controlesinternos y externos a la administración y se le ha desprovisto de medios judiciales: "No hay elementos preventivos contra este cáncer de la corrupción. Tampoco hay elementos curativos ni quirúrgicos". Se pone él como ejemplo tras afirmar que los casos que estamos viendo ahora en los juzgados son casos de 10 años: "El lunes pasado declaré en mi tercer juicio por un informe mío de 2003".


* Cadena SER - 1.4.15

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