El fiscal de Medio Ambiente investiga el restaurante del alcalde de Teulada

Un caso más de los cientos que existen en las costas del país, donde chiringuitos y otras construcciones han invadido delictivamente la zona de protección marítimo-terrestre, sin que las autoridades se hayan atrevido a derribos beneficiosos para todos, en la gran mayoría de los casos. En esta playa del municipio alicantino de Teulada el autor y propietario de realizar obras de ampliación en su restaurante es, además, el propio alcalde 'popular' que, lógicamente, es el primero que debería hacer cumplir la Ley. Pero no solo ha actuado ilegalmente sino que ha conseguido, gracias a su influencia política, que la Generalitat Valenciana haga caso omiso del delito urbanístico. Como se ve, un caso de corrupción 'de libro'.
"ELPAÍS* : El fiscal de sala del Tribunal Supremo y coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, AntonioVercher, solicita la licencia de apertura y obra del restaurante de la familia del alcalde del municipio alicantino de Teulada-Moraira, Antoni Joan Bertomeu, del Partido Popular. Situado en la playa de L'Ampolla, El Castillo ocupa las zonas de servidumbre de tránsito y protección, según un informe de Costas de junio de 2013 al que la Generalitat Valenciana ha hecho caso omiso pese a ser competente en la materia y existir una denuncia contra el establecimiento.

La apertura de diligencias informativas por parte de la Fiscalía en Madrid ocurrió el pasado enero, después de que la Generalitat renunciara también a investigar una denuncia de Ecologistas en Acción efectuada el verano de 2014 por distintas obras presuntamente ilegales en este local del que Bertomeu es copropietario. Lo que era un chiringuito con casi medio siglo de antigüedad es hoy un espacio consolidado que ha ganado volumen a base de pequeñas obras. Los trabajos realizados datan al menos de 2007, año en que el alcalde era todavía concejal de Urbanismo.

Ecologistas en Acción entregó el pasado julio al servicio de Aeropuertos y Costas de la dirección valenciana de Transporte y Logística un reportaje fotográfico de los años 2007, 2013 y 2014. Adjunto iba el informe del Servicio Provincial de Costas, en el que consta la invasión de las dos zonas de servidumbre. La respuesta de la Generalitat fue que en las imágenes no eran apreciables las diferencias del estado anterior y actual. Instaba incluso a que fueran los ecologistas quienes ampliaran la investigación, advirtiendo de que si en un plazo de 10 días no había respuesta no se incoaría el expediente abierto. En el enunciado de la carta, el nombre de El Castillo era sustuido por el de El Campillo.

La Ley de Costas establece que la competencia en las zonas de servidumbre de protección y tránsito recae en las comunidades autónomas. En estos espacios, según la ley, excepcionalmente se pueden autorizar edificaciones de "excepcional importancia" y siempre que su ubicación sea conveniente en el litoral por razones económicas. En cualquier caso, no podrán localizarse en zonas de servidumbre correspondientes a tramos de zonas húmedas o playas, caso de El Castillo.

Aunque el local se ubica en un terreno de la familia del alcalde Bertomeu, los propietarios tienen la obligación de ceder una zona de paso a los viandantes. El establecimiento está tan pegado a la playa que desde el mismo restaurante se puede pisar la arena si se sale por el lado del mar. Más que un quiosco o puesto de bebidas al aire libre, tal es la definición de la Real Academia de la Lengua, el lugar tiene un parecido más acorde al concepto de restaurante, de espacio cerrado y con una estructura sólida.

Desde el Ayuntamiento informan que en sus inicios lo gestionó la madre del alcalde, y hoy lo hace un hermano de este. Antoni Joan Bertomeu accedió a la alcaldía en 2009 sustituyendo a mitad de legislatura a José Ciscar, hoy vicepresidente de la Generalitat y presidente provincial del PP, dando el salto desde el área de Urbanismo. Estos días el todavía regidor es un ejemplo raro dentro de su partido. El PP ha mantenido a todos sus alcaldes como candidatos, salvo en su caso. Presuntamente, porque está llamado a ser diputado autonómico.

Un secretario municipal bajo sospecha

La Fiscalía, además del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, investigan también al secretario municipal de Teulada-Moraria, Simeón García García. El fiscal admitió el pasado 27 de febrero una denuncia por posible malversación de caudales públicos por el convenio que convirtió a García en secretario municipal del vecino pueblo de Benissa. El funcionario se habría subido el sueldo por encima de lo legal, al mismo tiempo que presuntamente se redujo sus horas de trabajo en un convenio que él mismo debió de informar.
La denuncia tiene relevancia en el contexto del funcionariado público, que ha visto sus sueldos congelados e incrementada su jornada laboral. En el escrito se presume que la Generalitat no tiene conocimiento del convenio, ya que en tal caso habría de haberlo suspendido. Lo que se denuncia es que García debería haber completado su horario en el consistorio de Teulada y, posteriormente, haberse dedicado al de Benissa. Por su labor extra debería haber cobrado el 30% del sueldo percibido en Teulada y, obviamente, haber trabajado más horas. En cambio, apunta la denuncia, el secretario municipal cobra por su tiempo en Benissa el 50% del sueldo del secretario estipulado en esa localidad, mientras resta horas a su labor en Teulada.


* El País - RUBÉN ESQUITINO - 11.4.15
Foto: Espacios que el restaurante del alcalde ha ido ganando en la playa de L’Ampolla, en Teulada - Ecologistas en Acción

1 comentarios :

Blogger dijo...

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