Las ramificaciones del grave caso delictivo Pujol en Cataluña (y en varios paraísos fiscales) están todavía sin concluir. Además los familiares directos del jefe del clan, el president de la Generalitat durante 24 años, siguen dando nuevas noticias complementarias. Así, el hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, recibió numerosas comisiones de empresas constructoras amigas a cambio de concesiones y favores políticos. Según datos de la propia Generalitat estos pagos podrían haber llegado en solo 5 años a 875 millones de euros para la construcción de infraestructuras. Copisa y Comsa están entre las más beneficiadas por las concesiones y ambas están relacionadas con CiU y la alta burguesía catalana. Pero evidentemente hay otras empresas constructoras de ámbito nacional también beneficiadas, como ACS, Ferrovial, FCC, etc. El asunto es de una importancia política enorme si se tiene en cuenta que CiU, y su expresidente, han sido durante decenios los adalides de la lucha contra la corrupción en Cataluña. Pura hipocresía, como estamos viendo.
"ELCONFIDENCIAL* : La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ya ha enviado al juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, un exhaustivo informe que detalla el presunto cobro de comisiones ilegales por parte de Jordi Pujol Ferrusola, el hijo mayor del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley. Los expertos en delitos económicos de la Policía describen al instructor del caso cómo el primogénito del clan utilizó tres sociedades instrumentales para emitir facturas falsas por servicios inexistentes que habrían ascendido a 12,2 millones de euros. La investigación judicial se centra por ahora en la actividad de Jordi Pujol Jr. y su esposa Mercé Gironés, pero las pesquisas policiales también señalan a las empresas que alimentaron durante años la trama tejida por el clan a cambios de presuntos favores políticos.
Los focos se centran en dos grandes grupos constructores controlados por familias de la burguesía catalana que crecieron a la sombra de los diferentes Gobiernos de Jordi Pujol y que han logrado consolidar su hegemonía en la comunidad pese a la presión de otros gigantes de ámbito nacional. Según cálculos de El Confidencial basados en datos oficiales de la propia Generalitat, tras el presunto cobro de comisiones ilegales por parte de estas dos corporaciones familiares se esconde un negocio que ascendió en sólo cinco años (2008-2012) a un total de 875 millones de euros en contratos públicos para la construcción de infraestructuras. Con todo, la investigación de la UDEF se remonta hasta el año 2000 y afecta también a muchas otras compañías familiares de menor tamaño. Los pagos habría servido para amañar un volumen aún mayor de contratos.
Grupo Comsa-Emte
La UDEF concluye que este grupo constructor, propiedad de la familia Sumarroca, pagó entre 2008 y 2009 a Project Marketing Cat, una de las sociedades instrumentales controladas por Jordi Pujol Ferrusola, 154.048 euros por falsos servicios de consultoría. Los agentes recuerdan que la corporación está controlada por “Carles Sumarroca Coixet, que desde antaño ha tenido vínculos con el expresidente de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol Soley, pudiendo acreditar que las sociedades que gravitan en torno a Carles Sumarroca tienen fuertes ingresos provenientes de negocios de ámbito público”.
Los vínculos de Comsa-Emte se han prolongado en el tiempo con los actuales dirigentes de CiU. El hijo de Carlos Sumarroca Coixet, Carlos Sumarroca Coixet, se encuentra, por ejemplo, entre los 13 miembros del Consejo Asesor de Endesa en Cataluña gracias al apoyo de Convergencia. La UDEF mantiene que los pagos podrían ser mayores porque sus agentes no han podido localizar toda la información que buscaban. Emte no facilitó las facturas emitidas a otras dos empresas vinculadas con la trama de Jordi Pujol Jr. alegando que “dado el tiempo transcurrido no las guardaban”.
Estos negocios ocultos hasta la fecha permitírían quizá explicar la facilidad de Comsa-Emte para lograr contratos de las diferentes administraciones catalanas. Entre 2008 y 2012, el grupo de la familia Sumarroca fue en dos ejercicios el que acaparó la mayor cantidad de gasto en infraestructuras de la Generalitat, según las estadísticas oficiales. En esos cinco años, el clan cercano a la familia Pujol acumuló una cifra de negocios en contratos públicos por un valor total de 500,18 millones de euros.
Grupo Copisa
El segundo gran grupo señalado por la investigación de la Policía sobre las presuntas actividades ilícitas del mayor de los siete hijos del expresidente Pujol es el Grupo Copisa, controlado por la familia Cornadó, también fuertemente vinculada con CiU. Los investigadores concluyen que dos de las sociedades instrumentales de Jordi Pujol Jr., Project Marketing Cat e Inicitiatives Marketing e Inversions, facturaron igualmente a una decena de sociedades de este grupo de construcción por servicios fantasma.
La UDEF concluye que esos documentos solo pretendían blanquear el pago de comisiones ilegales por gestiones de Jordi Pujol Jr. ante la administración catalana y se apoya en el hecho de que Copisa no pudo aportar documentos “en los que de forma fehaciente se dejara constancia de trabajo alguno real como pudieran ser correos electrónicos, justificaciones de la experiencia de Jordi Pujol Ferrusola en cada una de las materias, gastos, informes de avance…”.
Los investigadores subrayan que la relación del hijo del expresidente con el grupo Copisa era tan fluida que había un alto directivo de la corporación que actuaba de enlace. Se trata de Xavier Tauler Ferre, consejero delegado del Grupo. Jordi Pujol Ferrusola se ponía en contacto con él y éste a su vez redirigía “oportunamente la llamada al representante de la sociedad [de su propio grupo] que correspondiera”.
Esos fluidos contactos habrían dado como resultado una suculenta recompensa para el grupo de la familia Cornadó. Según los datos de la propia Generalitat, el Grupo Copisa logró sólo en el periodo 2008-2012 adjudicaciones de la administración autonómica por valor de 375,03 millones de euros, convirtiéndose en uno de los principales contratistas de Cataluña. En 2012, un ejercicio de fuertes recortes de gasto público, Copisa se alzó como el primer proveedor de obra pública de Cataluña.
Las otras familias del caso Pujol
La UDEF también apunta a otras empresas catalanas como colaboradoras necesarias de los cobros ilegales que habrían nutrido durante décadas las cuentas bancarias en paraísos fiscales de Jordi Pujol Ferrusola. De hecho, el juez Ruz ha pedido información sobre 17 supuestos clientes del primogénito del clan, pero los investigadores sólo han rastreado una parte.
Entre los que ya han sido analizados se encuentran, además de Comsa-Emte y Copisa, otras firmas de menor tamaño como la compañía Aglomerats Girona S.A., propiedad del empresario Esteban Ayats Domenech. La Policía implica a esta empresa, que ya fue investigada en 2011 por el amaño de contratos en la provincia de Gerona, en un pelotazo urbanístico que reportó a la mujer de Jordi Pujol Jr., Mercé Gironés, unas ganancias de 4,8 millones de euros. Los agentes sospechan que la operación sirvió para encubrir el blanqueo de fondos procedentes de comisiones.
Las firmas Famguega y Life Mataró, ambas vinculadas con la familia Guerrero Kandler, también son señaladas como responsables de pagos fraudulentos a la trama de Pujol Ferrusola. Ambas se dedican al negocio inmobiliario. Aunque no captaron contratos de obra pública, sí se habrían beneficiado de decisiones administrativas de la Generalitat. Los investigadores detallan en concreto el abono de una factura con fecha de 19/11/2007 por importe de 479.984,09 euros que supuestamente habría servido para remunerar servicios de consultoría prestados por el mayor del clan Pujol. Sin embargo, en la documentación aportada por los propietarios del grupo "no queda clara la realidad del trabajo efectivo que prestó Jordi Pujol Ferrusola". Eso no impidió el pago de esa factura y de otras tres por importes de 759.800 euros, 379.900 euros y 379.900 euros en el plazo de un solo mes. Igual que en los otros casos, la UDEF considera que esas facturas se utilizaron para tapar el pago de comisiones.
La otra familia que asoma en la investigación judicial es la propietaria de los únicos tres casinos que durante décadas han tenido licencia para operar en Cataluña. Se trata de la familia Suqué. El juez Ruz ha pedido a la UDEF que investiguen los presuntos pagos que habría realizado este otro clan fuertemente vinculado también con los Pujol a las sociedades instrumentales que manejaba el primogénito del expresidente catalán. Los Suqué habrían realizado esas contribuciones a través de la firma Inverama SL. Los expertos en delitos económicos de la Policía aún no han diseccionado esta otra relación.
* El Confidencia - José Mª Olmo - 30.8.14
Foto: Total adjudicaciones obras Generalitat en 2008 - elconfidencial
Los constructores catalanes del caso Pujol: un negocio de 875 millones en cinco años
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Baleares.- El jefe que hizo su ley de Costas
El número de caciques que han gobernado un territorio a su antojo, por encima incluso de las leyes, es espectacular en este país. En Baleares, el ingeniero Antonio Garau fue uno de ellos, y todo viene, naturalmente, de la época franquista que aún está demasiado cerca, también en Urbanismo y en Ordenación Territorial. Este individuo, que ha resultado hasta famoso en su tierra, hizo lo que vino en gana hasta bien entrada la democracia en todas las cuestiones costeras, fijando lo privado y el dominio público, zonas marítimo-terrestres, de protección y servidumbres, amojonando 1.000 km de costa en Baleares, haciendo paseos, explotaciones de playas, etc. Fue jefe de Costas de 1964 a 1991 y bajo su dictador mandato se cometieron las mayores atrocidades urbanísticas que todavía padecen las islas. Nadie le replicó ni le ordenó nada diferente, no se atrevían, y aquí hay que culpar también a los ministros de Fomento y a la misma justicia que permitieron esas barbaridades. Así nació el Urbanismo salvaje en un territorio privilegiado de la costa mediterránea.
"ANDREU MANRESA* : El ingeniero Antonio Garau Mulet ha estado en la sala de máquinas del sistema familiar de Baleares SA. Ha sido un tapado aunque goza del privilegio de tener (en vida) calles en homenaje, a su nombre. Garau (Inca, 1928) organizó su régimen; controló absolutamente, durante décadas, los deslindes, obras, concesiones y negocios en la costa de las Baleares. A él se debe casi todo lo que se ve junto al mar, lo que se ha alzado.
Su poder nació en la dictadura de Franco y la transición con Suárez, y siguió con el socialista González. Se atribuye la armadura de la ley de Costas. Es prepotente, hábil pero desorganizado y de verbo atrabiliario, para tres personas que le tratan. Informó y otorgó la explotación de los yacimientos de oro sobre la arena y primera línea. Hizo paseos y decidió sobre la explotación de playas. Pautó 1.000 kilómetros de Baleares con mojones. Fijó lo privado y el dominio público, zonas marítimo-terrestres, de protección y servidumbres.
El mar acaba tierra adentro, donde alcanzaron las olas en los mayores temporales. La tierra queda recortada y una franja desierta guarda la memoria de la sal de marejadas equinocciales. Una muralla del horror, consentida, de miles de obras, besa el agua, corta el paso, impide vistas y se apropia del común.
Garau fue jefe de Costas de 1964 a 1991. Lo removió el exalcalde de Palma del PSOE, Ramon Aguiló, al ser delegado provincial de Obras Públicas. Aguiló en Diario de Mallorca lamenta hoy la “decidida, consentida e impulsada” gran destrucción de la costa por el Estado con sus “singulares virreyes coléricos”.
Nada se movió en calas, muelles, piscinas, embarcaderos, terrazas, chiringuitos, casetas y boyas que le fuera ajeno al ingeniero. Los deslindes en la playa de Muro facilitaron los últimos hoteles en un sistema dunar, un arenal virgen, en la Albufera. Un lacónico atentado. Sin cargo, se hizo director de Servicios Técnicos Jurídicos Europeos, el “mejor consulting” de costas y cooperó con Josep Melià I. Se asoció, en minoría, con el político Juan Verger, en la marina del puerto de Palma con el concesionario Juan Antonio Riutord, una amistad y negocios rotos, a la brava.
Es un litigante al frente de una saga. Polemista en Última Hora, pleiteó y ganó por una carta al director de otro diario donde se le acusó de actos fuera de ley. Debutó en la historia penal al reclamar ante un juez el pago de un soborno a un empresario, una dádiva vitalicia anual de 30.000 euros. El exhotelero y excontrabandista Jaime Moll le retribuyó por asesorías. Moll logró explotaciones playeras y mostró registros con la participación en su compañía de la esposa de Garau, un 2,5%. Durante 23 años, el negociante pagó una mordida al ingeniero. La fiscalía reclamó (en vano) cinco años de cárcel por cohecho, pero el delito caducó. Garau no cobrará más y debe retornar la dádiva.
Se estrenó en el Instituto Nacional de Industria, pasó por Gesa, Butano, una promotora y proyectó embalses. Organizó el paseo y el comercio en la arena de la playa de Palma, una concesión de 15 balnearios hasta 2023 que casi fue eterna. Coleccionó arte y lo puso en el mercado con amistades. Obsequió dibujos de Rivera Bagur como presidente del Fomento de Turismo (1972-79) y lanzó el Musical Mallorca. Logró, con su amigo editor Pedro Serra, que Joan Miró hiciera el cartel El sol de Mallorca. En 2011 se subastó en Londres, por 475.101, euros un miró de 1976, regalo del artista a la hija de Garau, Catalina.
El todopoderoso reformó y habitó la vivienda del faro de l’Avançada, en la Fortalesa de Pollença. Anfitrión de altos cargos, el director general de Costas Fernando Palao (1982-91) fue su protector. El aparato del PSOE tardó una década en derribar a Garau, quien para cobrar el cohecho a Moll fichó de abogado al diputado socialista Antonio Diéguez.
Presidente del Círculo de Bellas Artes —que pugnó con el Ayuntamiento Palma—, lideró la ONG de marginados Es Refugi de Jaume Santandreu y su presencia provocó la fractura de la cúpula. Investigado y desimputado en el caso Andratx, por sus solares de cala Llamp, Antonio Garau, ante el mar de Illetes, es del clan de amistades de la corrupta presa Maria Antònia Munar. Las calles a mayor gloria del jefe de Costas están en cala Bona, s’Estanyol y can Picafort, territorios de poder y negocio a la mallorquina.
* El País - Crónica - 24.8.14
Foto: Baleares, construcciones costa - Ecologistas en Acción
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