Lamentan que el caso de la Ciudad del Golf de Ávila siga sin responsables

Ya lo decíamos en este blog hace pocos días tras las inauditas sentencias judiciales que no encontraban culpabilidad en ninguno de los intervinientes del delictivo caso de la Ciudad del Golf. Afortunadamente aun hay asociaciones independientes como Ecologistas en Acción o Centáurea que van a presentar un recurso de apelación ante la justicia. Hay que tener en cuenta que se pretendía construir nada menos que 1.600 viviendas, una zona hotelera y varios campos de golf en un pinar protegido de las Navas, es decir que el delito no es pequeño y, aunque se consiguiera paralizar su desarrollo final, el daño realizado por la tala de grandes árboles queda en el monte como una cicatriz desmesurada. No cabe duda que en este caso ha debido haber grandes presiones políticas para evitar la imputación de altos cargos de la Junta de Castilla y León, algo que, lamentablemente, no es la primera vez que ocurre.
"ECOLOGISTASENACCIÓN* : Tras siete años de investigación, la Justicia no halla ningún culpable de la recalificación urbanística y posterior tala parcial de un espacio natural protegido en Las Navas del Marques. Una vez más, como sucediera con las catástrofes del petrolero Prestige en Galicia y de la balsa de Boliden en el Parque Nacional de Doñana, parece que destruir la naturaleza en España sale gratis. Transcurridos siete años y medio desde que en septiembre de 2006 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declarara ilegal el proyecto de construir 1.600 viviendas, una zona hotelera y dos campos de golf en 215 hectáreas de la Red Natura 2000 en el municipio de Las Navas del Marqués (Ávila), afectando a un Área Crítica para la conservación de la Cigüeña Negra, especie en peligro de extinción, ninguno de los veinte imputados por los hechos ha sido hallado responsable de los mismos.

La sentencia del Juzgado de lo Penal nº 2 de Valladolid absuelve a los cinco altos cargos y técnicos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León que intervinieron en los informes y la Declaración de Impacto Ambiental del Plan Parcial “Ciudad del Golf”, al no observar “arbitrariedad en la actuación de los funcionarios públicos informantes” sino “discrepancia técnica, fundamentada y razonada”.

Por otro lado, sentencia la Juez “que ninguno de los acusados ha dictado resoluciones (no formaban parte del órgano decisorio) sino que informaron de los aspectos medioambientales que fueron sometidos a su consideración técnica”, sin que les resulte de aplicación el tipo penal de la prevaricación urbanística porque las actuaciones enjuiciadas son anteriores a la reforma del Código Penal de 2010, y por lo tanto sólo afecta a proyectos de edificación pero no a instrumentos de planeamiento urbanístico ilegales como el informado por los cargos de medio ambiente en el caso de la Ciudad del Golf.

En este sentido, es muy llamativo que ninguna de las personas que resolvieron la aprobación del plan urbanístico declarado ilegal, empezando por el Alcalde y el Secretario de Las Navas del Marqués, el ex-Delegado de la Junta y los restantes miembros de la Comisión de Urbanismo de Ávila, o la entonces Consejera de Medio Ambiente María Jesús Ruiz, hayan sido encontrados culpables o ni siquiera hayan sido enjuiciados por estos hechos, amparándose en que ellos hacían lo que informaban los técnicos.

Si los técnicos pueden informar lo que quieran sin responsabilidad alguna porque los que deciden son los políticos y los políticos eluden su responsabilidad porque de materias técnicas no entienden y se limitan a seguir lo que proponen los informes de los técnicos, Centaurea y Ecologistas en Acción consideran que el panorama resulta desolador y peligrosísimo para la conservación de la naturaleza.

Por todo ello, ambas asociaciones van a estudiar la interposición de un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Valladolid, y esperan que ésta sea también la opción barajada por la Fiscalía, ante una sentencia cuya argumentación no comparten, y que en opinión de los ecologistas alienta la impunidad de las autoridades y funcionarios que por adoptar resoluciones ilegales e informes sesgados han sido incluso promocionados en lugar de cesados, como es el claro caso del actual Director General de Medio Natural de la Junta de Castilla y León, José Ángel Arranz Sanz,.


* Ecologistas En Acción - 4.4.14
Foto: Navas del Marqués, tala Ciudad del Golf - aviladigital.com

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Valencia.- La nueva ley urbanística rebaja los requisitos para legalizar los chalés diseminados

Otra autonomía que lo fía todo a una nueva etapa de especulación urbanística. El Gobierno valenciano tiene totalmente interiorizado que sólo cabe fiar el futuro al ladrillo, a más ladrillo, claro. El Consell aprobó hace unos días la nueva Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, para que continúe su trámite parlamentario. Como no podía ser menos en una Comunidad hasta los topes de viviendas ilegales, se aprobaron medidas para facilitar su legalización, es decir otra corrupción urbanística más. Tras permitir la construcción de miles de diseminados ilegales, ahora, finalmente, ceden ante la presión y la injusticia y pretenden legalizarlo todo. De nuevo la ley del más pillo y de las turbias comisiones en dinero negro. Dada la complicidad judicial en estos procesos delictivos, hay que esperar poco de los tribunales y más de una ciudadanía indignada ante estos graves atentados al territorio.
"LEVANTE* : La nueva ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (Lotup) llamada a simplificar el galimatías urbanístico valenciano inició ayer su tramitación formal al ser aprobada por el pleno del Consell. En breve llegará a las Corts para su debate y posterior aprobación. La consellera de Territorio, Isabel Bonig, compareció en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell para explicar los detalles de la nueva «criatura» legislativa -esto ha sido como un embarazo-, admitió.

Bonig cumple así el compromiso público que hizo el 22 de agosto de 2011, cuando anunció la quinta purga urbanística que se intentaba desde 2007, y que se acogió con escepticismo, pero que ve la luz casi tres años después. El nuevo texto legal adelgaza el paquete de cinco leyes y dos reglamentos con 1.183 artículos, heredados de la etapa de Rafael Blasco, hasta 269 artículos.

Entre las novedades de la ley menos conocidas hasta ahora está la flexibilización de la normativa para legalizar los «diseminados», las urbanizaciones construidas en suelo rústico sin servicios mínimos como saneamiento, agua o luz. «Se ha buscado una solución para los diseminados en suelo no urbanizable común», basada en los cambios de la densidad exigida. «Si antes se requería 10 viviendas o más en un área de 100 metros cuadrados para legalizarlas, lo que generaba muchos problemas, ahora se reduce [el requisito] a tres viviendas o más en una hectárea (10.000 m2) para legalizarlas siempre que presenten un plan especial y un proyecto de urbanización que debe ejecutarse para evitar los impactos en el medio ambiente. Sólo entonces se les dará la licencia de legalización».

La concreción de esta nueva medida será competencia de los ayuntamientos. «Nosotros damos un instrumento legal para regularizar una situación que existe, pero es competencia que deben ejercer los ayuntamientos de acuerdo con los propietarios [de las viviendas]», respondió Bonig cuando fue preguntada sobre si la regularización de viviendas sería «voluntaria» o la conselleria iba a iniciar una «batida» de legalizaciones. El problema de los diseminados era una de las patatas calientes que debía afrontar la nueva ley para resolver la metástasis de chalés ilegales que se arrastra desde los años 60 y 70 y que supone un auténtico quebradero de cabeza en poblaciones como Llíria, Montroi (donde dos alcaldes acabaron imputados en una investigación que aún continúa) Montserrat, Ontinyent, la Marjaleria de Castelló, Llíber o Albalat de Tarongers, por citar sólo algunos ejemplos.

Para compensar esta manga ancha con las viviendas ilegales «de hecho», se va a endurecer la prescripción de las construcciones ilegales, para que el «hecho» se convierta en «derecho». Esta medida no ha gustado a algunos alcaldes, según admitió ayer la consellera. Cuando entre en vigor la nueva Lotup las ilegalidades urbanísticas ya no prescribirán a los cuatro años, sino a los quince. Se pretende atajar así la pillería muy extendida de ejecutar unas obras sin licencia y esperar, sin hacer ruido, durante un plazo de cuatro años para iniciar el proceso de legalización de una vivienda. Bonig también recordó que la ilegalidad en suelo protegido «no prescribe nunca».


* Levante - LAURA BALLESTER - 5.4.14
Foto: La nueva ley urbanística rebaja los requisitos para legalizar los chalés diseminados - levante

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