Peñíscola ya fue obligada a demoler los bloques de la playa en 2002 y en 2007

La larga playa de Peñíscola (Castellón) era un lugar idílico hace años, como atestigua el rodaje de la película 'El Cid', pero hoy lamentablemente está llena de horrorosos bloques de hormigón. En este enjambre se siguen cometiendo ilegalidades urbanísticas que, una vez más, se eternizan debido a unos procesos judiciales absolutamente desfasados y a una justicia que lo permite injustamente. Ya en el año 2002 y en 2007 el TSJCV instó a la demolición forzosa municipal de un complejo comercial en dos bloques del paseo marítimo. Al día de hoy ha vuelto a insistir en la demolición municipal, pero veremos que subterfugios se busca el Ayuntamiento para seguirse riendo de las sentencias y, de paso, de todos los ciudadanos que sufren este inacabable pelotazo urbanístico.
"LEVANTE* : El consistorio de Peñíscola ha recibido «con prudencia» la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV a raíz del incidente planteado por la comunidad de propietarios de la Urbanización Peñíscola Playa contra los acuerdos de la Junta de Gobierno Local del 13 de enero y de 20 de abril de 2011. En estas decisiones, se concedió a la empresa Morrongo Ocio SL y otros, una licencia de obras para legalizar dos bloques de locales comerciales en primera línea de costa. Pero, ahora estos mismos ahora deberán ser derribados tras décadas en un limbo jurídico. Se hallan afectadas entre siete y ocho actividades instaladas en el subsuelo de la urbanización.

En el año 2002, el TSJCV ya instó a la demolición forzosa de este complejo comercial situado en la avenida Papa Luna, por lo que se requirió al consistorio peñíscolano para que manifestara las medidas que había tomado para la ejecución de la sentencia. Un auto posterior de septiembre de 2007, fijó como fecha tope para su demolición el 20 de noviembre de 2007. En éste, se responsabilizaba directamente al alcalde de su cumplimiento con apercibimiento de multas de 600 euros cada quince días, pero algunos propietarios plantearon un recurso de reposición hasta el fallo judicial del pasado día 26 de febrero y que publicó Levante de Castelló.
El edil de Urbanismo, Romualdo Forner, señaló ayer el respeto del ayuntamiento de la localidad hacia el auto judicial, a la vez que recordó la existencia de terceros adquirentes de buena fe y los intentos del consistorio por legalizar lo legalizable en Junta de Gobierno y en base a informes técnicos. «Pasaron los años y nadie hizo nada ante la situación de este edificio pero ante una resolución que, además, es tan clara no podemos hacer nada más que obedecerla y hacerla cumplir ya que las instrucciones son tajantes», indicó Forner.
Así las cosas, antes de verano es más que probable que se hayan derribado los excesos de volúmenes construidos, las ocupaciones de espacios comunes y recuperado plazas de aparcamientos o verdes. Desde 1984 el complejo ha sufrido cambios, cierres en escaleras y algunos de sus propietarios han ejecutado obras ilegales que han elevado a cifras exageradas los aparentes excesos de volumen de estas construcciones.
La ruta a seguir
El TSJCV impone la ruta a seguir por parte de Peñíscola y, una vez sea firme la resolución comunicada esta misma semana a las partes, el ayuntamiento requerirá a los propietarios y titulares de actividades de estas construcciones para que en el plazo de dos meses desalojen los inmuebles cuyas licencias han sido afectadas. Además, el consistorio les instará a que presenten un proyecto de demolición que se ejecutará en el plazo de un mes desde que lo rectifique o apruebe el ayuntamiento.
Cabe señalar que, de no presentarse el proyecto en esos dos meses, será el consistorio de Peñíscola quien lo elabore en un mes para ser proceder a la demolición de los locales en dos meses desde la notificación. De incumplir el ayuntamiento este mandato, el TSJCV designa a la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Agua de forma subsidiaria y con las responsabilidades a que pudiera haber lugar. También condena solidariamente en costas a los demandados y con el 50 % al Ayuntamiento de Peñíscola.


* Levante - JORDI MAURA - 4.3.14
Foto: Peñíscola (Castelló), avance del ladrillo - levante

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El Supremo abre juicio oral a M.Zerolo, exalcalde de Sta.Cruz, por prevaricación

El senador de Coalición Canaria, Miguel Zerolo, exalcalde de Santa Cruz de Tenerife entre 1995-2011, vuelve a ser imputado por la justicia por prevaricación urbanística en el caso de unas obras municipales ilegales en 2003. Demasiados años han pasado y la lentitud y/o complicidad judicial han permitido a semejante personaje, típico ejemplo de la corrupción en las islas Canarias, que siguiera su actividad pública en el mayor grado posible sin ser penalizado. Ya en 2006 estuvo implicado por comisiones ilegales en el caso Fórum Filatélico, algo que él mismo reconoció; y desde luego el asunto más conocido es el pelotazo de Las Teresitas, que todavía está sin finalizar judicialmente y que también se está eternizando entre el papeleo y la desidia.
"CANARIASAHORA* : El Tribunal Supremo ha dictado auto de apertura de juicio oral por un posible delito de prevaricación contra el senador y exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo (CC), imputado en relación con unas obras que se realizaron en 2003 en un edificio municipal. El Ministerio Fiscal presentó una querella contra Zerolo que admitió el Supremo, que pidió el suplicatorio contra él y que le ha investigado. El instructor del caso, el magistrado Luciano Varela, ha dado por concluida ahora esa investigación y ha ordenado sentar en el banquillo a Zerolo, a su teniente alcalde y concejal, Guillermo Núñez, y al funcionario Joaquín Castro.

En el auto Varela señala que Zerolo pudo cometer prevaricación, es decir, dictar resoluciones conociendo que eran notoriamente contrarias a elementales normas relativas al régimen de contratación de obras por el Ayuntamiento.

Tanto el fiscal como el juez consideran que en 2003 Zerolo contrató de manera aparentemente irregular las obras de acondicionamiento del edificio central de las oficinas municipales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Lo hizo, según los indicios, sin el proyecto, ni el concurso público que exigen las leyes, sin prestar oídos a los reparos de los inspectores y siendo plenamente consciente de todo ello, según sospecha el juez.

Las acusaciones apuntan a que, en su condición de alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Zerolo no prestó oídos a los múltiples reparos formulados por los funcionarios en relación con la adjudicación de las citadas reformas a la empresa IMES SA, que era la que habitualmente trabajaba para el consistorio.

Y, por el contrario, los sorteó mediante un contrato de "mantenimiento" irregular.

Aunque las reformas previstas para las oficinas municipales y en el edificio de la antigua sede del Instituto de Enseñanza Secundaria Hermanos García Cabrera sobrepasaban con mucho este concepto de "mantenimiento", debido a que el coste de sus trabajos exigían un concurso para su adjudicación, el alcalde mantuvo ésta a IMES SA.

Así, en cuanto a los abonos de facturas a la empresa indicada, la Intervención presentó reparos a que en éstas se computaran todos los trabajos obviando las cantidades abonadas por cada uno de ellos, y señaló discrepancias entre el valor de factura y las unidades de obra realizadas.

Según las acusaciones de las que tendrá que responder en el juicio, el alcalde sorteó esos y otros reparos siendo plenamente consciente de la ilegalidad de su proceder, patente no solo porque lo decían los funcionarios de la Intervención, sino también porque cualquiera que estuviera habituado a la actuación municipal debía saberlo.


* El Diario/Canarias Ahora - EFE - 3.3.14
Foto: Santa Cruz de Tenerife, alcalde M.Zerolo en un juicio (archivo) - laprovincia.es



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