Aunque parezca exagerado el titular, todo lo contrario, está perfectamente señalado lo que lleva ya bastantes años sucediendo en este país: el saqueo continuo y deliberado de todos los bienes importantes que posee. Y esto abarca desde la rentables empresas públicas mal privatizadas, hasta el apoyo a una banca internacional a costa de los pequeños ahorradores, pasando por la venta de los mejores terrenos y paisajes, que debían estar protegidos, a inversores sin escrúpulos, dejando todo un reguero de comisionistas políticos que se han beneficiado de su influencia en el poder absoluto. Ahora, parece que ya reconoce todo el mundo este saqueo sistemático al país (hasta la justicia y los medios), cuando ya es tarde, pero hay que recordar que hasta hace poco tiempo éramos cuatro locos lo que clamábamos en el desierto contra esta situación vergonzosa y delictiva. Así se ha hecho la historia, lamentablemente.
"ZURIÑE ORTIZ DE LATIERRO* : En la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada tienen el convencimiento personal y la certeza profesional de que «no entran todos los que deben». Chorizos en la cárcel, quieren decir, aunque aquí no se habla así. Andan desbordados. A finales de los años noventa su entonces fiscal jefe, Carlos Jiménez Villarejo, mostraba cabizbajo a unos periodistas cajas donde se pudrían los casos: «No damos abasto». España digería aún platos tan indigestos como Rumasa, Kio, Filesa, Roldán, Urralburu, Juan Guerra, Banesto...
Entonces solo eran 5 fiscales adscritos a esta sección especializada en combatir las corruptelas más complejas; hoy son 20, más otros 23 distribuidos por las comunidades, 29 profesionales de apoyo y 38 funcionarios de la Agencia Tributaria, del órgano de control de la gestión económico-financiera del sector público, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Parece que les van a hacer falta más efectivos. En 2013, esta Fiscalía presentó el doble de denuncias o querellas que el año anterior. Y el balance de 2014 va a ser arrebatadamente depravado. ¿Nos descomponemos? «Los casos han aumentado mucho, muchísimo. Pero no porque haya mucha más corrupción sino porque se conoce más. Nosotros llegamos más y vosotros lo difundís más. Esto no es de ayer», esbozan fuentes judiciales.
No lo es, pero este mismo jueves, mientras los exdirectivos de Bankia y Caja Madrid Rodrigo Rato, Miguel Blesa e Ildefonso Sánchez Barcoj respondían ante el juez por el escándalo de las tarjetas opacas, la Guardia Civil detenía al alcalde de Alcanar (Tarragona), Alfons Montserrat (Esquerra Republicana) y al edil de urbanismo. Están acusados de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y alteración de concursos públicos. Y en la Fiscalía Anticorrupción declaraba el presidente del Levante, Quico Catalán, en calidad de testigo, por el presunto amaño de un Levante-Zaragoza jugado en 2011.
Un día antes trascendía la imputación de siete personas en A Coruña por el presunto desvío de 20 millones en subvenciones y adjudicaciones públicas relacionadas con la formación de autónomos. La Operación Zeta se ha llevado por delante al director general de Trabajo de la Xunta, Odilo Martiñá. Tomen aire. Este martes, la Guardia Civil detenía a cuatro farmacéuticos y precintaba las tres boticas que regentaban en Zaragoza por pertenecer a una presunta red nacional de exportación ilegal de medicamentos. Van por los 17 imputados.
El mismo martes, Teodoro Montes, el antiguo alto cargo de la Junta de Andalucía que denunció graves irregularidades en la concesión de cursos de formación, aseguraba que patronal y sindicatos cobraban comisiones de hasta un 20% por subcontratar estos servicios; y que en un cursillo medicaron a discapacitados para soportar el calor. En Valencia tampoco andan sobrados de escrúpulos: el Tribunal Supremo acaba de confirmar la condena de 5 años de prisión para José María Vicent Carrión, exadministrador del Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados. Se había llevado 180.000 euros.
Son noticias de esta semana, pero muchas han pasado desapercibidas en un país desmoralizado ante tantísimo mangoneo, rematado por el escándalo de las tarjetas negras que salpica a todo el arco político y sindical. Algunos entran, sí. Como lo hagan todos, van a tener que inaugurar más cárceles.
BANCA
Un centenar de imputados
El 'clan de la Visa' no parece superable, pero lo es. Tarjetas de crédito fantasmas a las que 83 de los 86 directivos y consejeros de Caja Madrid y Bankia cargaron gastos personales -comilonas, fiestas en clubs, cacerías, compras en supermercados...- por valor de 15,5 millones de euros entre 1999 y 2012. El caso daba el jueves sus primeros pasos en la Audiencia Nacional con las declaraciones de Rato, Blesa y Sánchez Barcoj. Las dimisiones se acercan a la veintena, pero el vicepresidente de José María Aznar no ha entregado el carné del partido. Fuentes del PP apuntan que en el equipo de Rajoy «hay voluntad» de expulsarlo. Otra cosa es que lo hagan ahora: «Sería hacer un juicio paralelo».
Rato acapara los focos, pero rozan el centenar los banqueros imputados por escándalos financieros. Les investigan por salidas a Bolsa fallidas, pensiones millonarias, apropiación indebida y créditos e inversiones irregulares. Hay nombres ilustres: Ángel Acebes, exministro del Interior y exconsejero de Banco Financiero y de Ahorros (BFA); José Luis Olivas (PP), expresidente de la Generalitat Valenciana y de Bancaja...
La Audiencia Nacional, que cogió las riendas de la delincuencia con corbata y olor a Chanel tras el cese del terrorismo, ha puesto fianzas que superan los 70 millones de euros a las nueve entidades financieras investigadas.
Solo el 'caso Bankia' -mucho más amplio que el escándalo de las tarjetas- acumula 51 imputados y 50 testigos. En este proceso se trata de averiguar si los directivos manipularon información antes de la salida a Bolsa y cómo fue la estampida de Rato, que desembocó en la caída de la entidad y la petición del rescate financiero del país.
El resto de las causas contra el saqueo de las cajas de ahorros sigue su curso. Solo ha finalizado uno: en mayo condenaban a dos años de cárcel al director de Caixa Penedès, Ricard Pagès, y un año a cada uno de sus tres principales directivos. No pisarán la cárcel. Al menos han devuelto 28 millones de euros.
POLÍTICA
El inacabable ERE andaluz
«Los políticos de segunda fila que saquean las arcas públicas y los banqueros que desvían la riqueza financiera hacia su bolsillo o hacia la quiebra que al final tenemos que pagar todos han dejado el país más doblado que muchos años de terrorismo», escribía hace un par de años el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Todo el país andaba escandalizado. «He pedido que banqueros y políticos corruptos sean excomulgados», se atrevía Luis Rodríguez Patiño, un cura de Lugo. Acaba de dictarse la sentencia del 'caso Malaya', la mayor corruptela en el seno de un ayuntamiento español, la primera disolución de un consistorio en la democracia. Algunos han entrado en el calabozo: el exasesor de Urbanismo Juan Antonio Roca (cumple 11 años), la exalcaldesa Marisol Yagüe (6), Julián Muñoz (2, aunque acumula 22 por otros delitos)... Les cayó la mitad de la pena que pedía el fiscal.
En este submundo de excesos y nepotismo, habitado por políticos embriagados por el poder y el dinero, cuesta visualizar al austero Jordi Pujol. El hombre que iba de padre de la patria, que se erigía como el emblema de la honestidad civil y la rectitud política, confesaba en julio un fraude fiscal continuado desde 1980, cuando murió su padre, Florenci Pujol, que le dejó supuestamente una herencia en exclusiva para sus hijos. El juez Ruz ha acumulado indicios de enriquecimiento ilícito que implican a Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del expresident, y ponen bajo sospecha la gestión de los gobiernos de CiU durante 23 años. Pujol ha dejado de ser 'molt honorable' y seis de sus siete hijos están acusados de usar su apellido en beneficio propio.
Valencia es particular por los numerosos políticos sobornados, aunque son contados los que duermen a la sombra. En los últimos meses han sido condenados tres dirigentes populares. Pedro Ángel Hernández Mateo, exalcalde de Torrevieja y diputado autonómico, entró a la cárcel este verano tras agotar todas las instancias, incluido el indulto. En ello anda Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón, 4 años de cárcel por delitos fiscales. La Audiencia de la provincia donde reinó no lo meterá entre rejas hasta que Rajoy decida sobre la medida de gracia. Al veterano exconsejero y parlamentario autonómico Rafael Blasco le han caído 8 años por fraude en ayudas al desarrollo. Pero ha pagado una fianza de 200.000 euros y evitado por ahora el pijama de rayas.
El 'caso de los ERE' andaluces es paradigmático por los mil millones de euros de fraude (1.217 millones según el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas), los 227 imputados -20 de ellos recién incorporados al proceso-, dos expresidentes andaluces 'preimputados' -los socialistas Chaves y Griñán- y la exministra de ZP Magdalena Álvarez en la cuerda floja. El último encarcelado, Eduardo Pascual, supuesto financiero de la trama, salió en junio.
España tiene abiertas más de 1.700 causas por corrupción con más de medio millar de imputados y apenas una veintena en el calabozo. Andalucía y Valencia son las comunidades con más casos abiertos. Y Baleares, la región con más políticos entre rejas: el expresidente autonómico Jaume Matas, la expresidenta del Parlamento María Antonia Munar, exconselleres, exconcejales... Pero Murcia lidera el ránking por metro cuadrado: el 57% de sus municipios figuran en el mapa de las presuntas corruptelas, si bien esta provincia es una de las que menos municipios posee de España, con solo 45 términos municipales. Por disparar para arriba, tres consejeros de anteriores gobiernos del expresidente popular Ramón Luis Valcárcel están imputados por la supuesta recalificación de terrenos protegidos para la macrourbanización Novo Carthago. Uno de ellos, Joaquín Bascuñana, es en la actualidad delegado del Gobierno.
Son nombres que no suenan tanto como los de Francisco Correa o Luis Bárcenas. Están alejados del centro. Pero brotan por decenas. En esta España turbia, donde ha perdido eficacia el argumento, cierto, de que la mayoría de los cargos públicos son honrados, no hay oasis. Según el último informe del Consejo General del Poder Judicial, ni una sola comunidad autónoma puede arrojar la primera piedra. Todas tienen alguna causa de corrupción política o económica de especial complejidad. Las tres más 'limpias' son La Rioja (4), Euskadi (12) y Navarra (12). La estadística, del año pasado, no incluye los procesos que están en el Tribunal Supremo. En la Fiscalía Anticorrupción lo terminan admitiendo: «Hay más casos porque investigamos más, pero también es cierto que a más cargos públicos, más tentaciones».
EMPRESA
El precio de denunciar
Francho Chabier Mayayo volvió este jueves a trabajar después de un año de baja por ansiedad. El que fuera asistente de la dirección de obra del mayor centro logístico de Europa, la plataforma Plaza de Zaragoza, fue recibido en las oficinas mañas de Acciona con un «vete de vacaciones». Pero como no se lo han pedido por escrito, no se las coge. «No hago nada. Me han puesto en la sala de juntas con un ordenador sin internet. Nadie me habla». Este delineante de 44 años y alcalde socialista de Lobera de Onsella, 25 habitantes en invierno, denunció en Anticorrupción uno de los mayores escándalos de la última década. Afecta al anterior Gobierno aragonés del socialista Marcelino Iglesias.
Pero acusar a tu empresa puede salir muy caro. Francho Chabier elaboraba las facturas que su compañía, en una UTE con un constructor local, pasaba a la empresa pública que gestionaba el superpolígono. Un día su jefe de Acciona le dijo «que cargara un 20% más por unos trabajos que no se habían hecho». Siguieron más órdenes para inflar las minutas, «pero yo hacía copias y al cajón». El taco, hermoso, ha acabado en Anticorrupción, donde calculan que los directivos de Acciona y los gestores de Plaza saquearon más de 100 millones de euros del erario público. Mayayo dice que avisó al PSOE, a Javier Lambán, secretario regional del partido: «Tres veces». Y que le dieron el mismo portazo que en su empresa. Lambán, respaldado por Pedro Sánchez, lo niega. Acciona rechaza haber cometido irregularidades y recuerda que son directivos concretos los imputados. El principal encausado es José María Jordán, el jefe de Francho Chabier. La empresa le ha pagado la fianza de 6 millones impuesta por el juez, y enviado a Brasil con un puesto directivo. «A mí me han acosado, amenazado con romperme la cara», lamenta.
- ¿Lo volvería a denunciar?
- Por supuesto. Veo lógico denunciar una cosa sangrante. Son mis valores.
Gerardo Díaz Ferrán hace tiempo que los olvidó. En diciembre de 2012 salía detenido de su chalé. A punto de cumplir los 70, el expresidente de la patronal CEOE era arrestado por escaquearse de sus acreedores ocultando buena parte de sus bienes y por blanquear unos cuantos euros. Debe más de 410 millones a algunas de las principales entidades bancarias intervenidas por el Gobierno. El gran patrón -cuñado de Arturo Fernández, exvicepresidente de los empresarios, recién cesado por el bochornoso caso de la tarjetas- ha sido declarado culpable de la quiebra de Viajes Marsans. En su celda de Soto del Real va acumulando penas.
Grandes fortunas y empresas concentran casi el 72% del fraude fiscal total del país, lo que supone una pérdida recaudatoria de más de 42.000 millones de euros anuales. Por poner un ejemplo, 200 empresarios españoles han utilizado los servicios de la red del chino Gao Ping -también hay 9 policías implicados- para blanquear el dinero que tienen oculto en paraísos fiscales. Los jueces, eso sí, castigan con más dureza: 144 personas permanecen encarceladas por delito fiscal frente a las 82 de 2012.
SINDICATOS
El «asco» de Pedro Sánchez
Lo que se pregunta el país, por enésima vez sorprendido, es de dónde han salido los 1,4 millones de euros que el histórico sindicalista de UGT José Ángel Fernández Villa ha sacado tras una amnistía fiscal. Los llevó en fajos al banco. El ex secretario general de la federación estatal de mineros de UGT, Antón Saavedra, dice que de los Fondos Mineros: «Y aún no ha salido ni el 5% de lo que va a salir». Fernández Villa fue el auténtico hombre fuerte del socialismo asturiano durante un cuarto de siglo. El partido le va a expulsar. Pedro Sánchez siente «asco y vergüenza».
Después de que la juez Mercedes Alaya pusiera ceros a la supuesta tajada que UGT y CC OO obtuvieron de los ERE fraudulentos de Andalucía -7,6 millones-, parecíamos vacunados ante el mangoneo sindical. Pero nos han vuelto a escandalizar: Francisco Baquero, consejero por CC OO en Bankia, destinó la mayor parte de los 266.400 euros de su tarjeta black a mobiliario del hogar, electrodomésticos y restaurantes de lujo. José Ricardo Martínez, suspendido de UGT, fundió 12.750 euros en el Corte Inglés en un mes.
DEPORTE
Los líos del Barça
La que parece que no se da por aludida es la aristocracia que controla el mundo del fútbol. Quizás, el caso más hiriente sea el de José María del Nido, expresidente del Sevilla, condenado a 7 años por robar dinero público en el Ayuntamiento de Marbella. La mayoría de los presidentes de los clubes de Primera División, además de los de la Liga y la Real Federación Española de Fútbol, lanzaron una llamada conjunta para que se le concediera un indulto. Al final, le vimos ingresar en Sevilla I. A pie, con chándal y gorra roja, mimetizado en el ambiente.
El Barça también se la juega en los tribunales. Messi debe responder por haber defraudado 4,1 millones del IRPF. El fichaje de Neymar, que según el club costó 57 millones de euros y según la documentación incorporada al sumario pudo alcanzar los 86, está bajo la lupa judicial tras la imputación del expresidente Sandro Rosell.
La Fiscalía Anticorrupción sospecha que la delantera azulgrana no es la única que quiere meter goles. El 3 de octubre citaba a declarar a 20 jugadores que intervinieron en un partido entre el Levante y el Zaragoza, en 2011. Cree que hubo amaño y apuestas ilegales en un duelo en el que el equipo aragonés ganó y mantuvo la categoría. Otro suplemento especial merecería la deuda al fisco de los equipos de fútbol: ronda los 564 millones y no los 482 que informó la Liga Profesional. Pero seguiremos yendo a los estadios y comprando camisetas. Este sistema sigue intacto.
JUECES
Las vacaciones de Dívar
En el Consejo General del Poder Judicial tienen más vergüenza. En junio de 2012 dimitía su presidente, Carlos Dívar, al destaparse un escándalo de pretendida malversación de caudales públicos a raíz de una serie de viajes que realizó a Marbella, no justificados y pagados con dinero público. Finalmente la Fiscalía no los consideró delictivos, pero quedó muy tocado ante la opinión pública.
Jueces y fiscales están siendo los héroes en estos años de recesión y putrefacción. Les ha costado borrar la pésima imagen ganada por casos como el del exjuez Estevill, condenado, en 2006, a 9 años de prisión por extorsionar a banqueros y empresarios. Pero parece que queda alguna oveja negra. La Policía investiga desde hace meses una red corrupta que opera en concursos de acreedores de empresas en quiebra: sospecha que abogados, economistas, peritos y administradores concursales actúan en connivencia con jueces de lo mercantil.
MONARQUÍA
Las primeras cabezas
Después de tanta carroña, hemos desarrollado unas tragaderas legendarias. Pero en esto llegó el 'caso Nóos' con la imputación de Iñaki Urdangarin. Luego la de su esposa, la infanta Cristina, días después de la entronización de su hermano. Las primeras palabras oficiales que ha escuchado del fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, no pueden ser más elocuentes: «La corrupción pública y política daña seriamente la imagen de la función pública y su erario y mina la credibilidad del sistema democrático», proclamó el mes pasado en la apertura del año judicial. Felipe VI toma nota, aunque no se lo están poniendo fácil. A principios de mes, Rafael Spottorno renunciaba a ser su consejero privado por el escándalo de las tarjetas fantasma de Caja Madrid, que en su caso incluía el cargo de unos pintorescos masajes. En La Zarzuela «sigue trabajando» Carlos García Revenga, extesorero de Nóos y secretario de las infantas. Hace un mes se anunció su cese y que le pagarían hasta fin de año. Pero, de momento, «no hay ninguna novedad y aún no se ha fijado la fecha de su salida», confirman en la Casa Real.
* LA Verdad - ZO - 27.10.14
Foto: Viñeta ayuntamiento
Saqueo a España
en
3.11.14
por UrbanismoPatasArriba
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