El juez procesa al alcalde de Montroi y 18 personas por los chalés ilegales

Nuevo caso de corrupción urbanística, esta vez en la localidad valenciana de Montroi donde han sido procesadas 19 personas: el alcalde de Montroi; el ex primer edil; cinco promotores y constructores; un delinenante; un abogado, dos notarios; un oficial de notario; un registrador de la propiedad; un arquitecto; dos arquitectos técnicos; un ingeniero técnico; y dos intérpretes. La causa son las obras de construcción de un total de 114 viviendas unifamiliares, de las que 62 se encuentran ubicadas en la urbanización de Las Palomas, por contravención de las disposiciones reguladoras de la Ordenación del Territorio. Con esta urbanización ilegal se pretendía estafar a ciudadanos, la mayoría extranjeros. Es decir, una auténtica trama de corrupción mafiosa encabezada por el propio alcalde, lo que demuestra la gravedad del asunto y el poco control, también, de la Generalitat valenciana.
"ELPAÍS* : El juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Picassent ha procesado al alcalde de Montroi, Antonio Polo, del PSPV, al exalcalde Francisco Javier Carrión, y a otras 17 personas más acusadas de la construcción y venta de chalés en suelo no urbanizable, mayoritariamente a extranjeros. En lugar de un campo de golf o de un lago, tal y como se prometía, algunas viviendas se edificaron sobre viales o caminos agrícolas y no disponían ni de luz ni agua potable.

Así consta en un auto de incoación de palo, con fecha 29 de septiembre, en el que el juez da por concluidas las diligencias de investigación y abre un procedimiento abreviado. Da un plazo de 20 días a las acusaciones para solicitar la apertura de juicio o el sobreseimiento de la causa.

En total, en la causa hay 19 procesados: el alcalde de Montroi; el ex primer edil; cinco promotores y constructores; un delinenante; un abogado, dos notarios; un oficial de notario; un registrador de la propiedad; un arquitecto; dos arquitectos técnicos; un ingeniero técnico; y dos intérpretes. Inicialmente también estaba imputado otro promotor sobre el que se le ha sobreseido el procedimiento al haber fallecido.

El juez estima que los hechos investigados; sobre los que hay cerca de 200 víctimas, pueden ser constitutivos de delitos contra la ordenación del territorio; de cohecho; de prevaricación; de omisión del deber de promover la persecución de delitos; de deslealtad profesional; de estafa; de falsedad de documento público; de falsificación de certificación; y de intrusismo.

La investigación de la causa se ha centrado en la construcción de viviendas unifamiliares aisladas y en suelo no urbanizable o rústico en las partidas de Las Palomas; Pla Galán; Los Corrales; L'Hospitalet; y Les Valletes. Las viviendas carecían de autorización y estaban ejecutadas al margen de los procedimientos legalmente establecidos.

En concreto, de las diligencias practicadas se ha constatado la existencias de indicios razonables de delito en la ejecución de las obras de construcción de un total de 114 viviendas unifamiliares, de las que 62 se encuentran ubicadas en la urbanización de Las Palomas, por contravención de las disposiciones reguladoras de la ordenación del territorio.

A los ciudadanos, mayoritariamente extranjeros, se les vendía la propiedad exclusiva de una parcela, perfectamente identificada y aparentemente independiente y delimitada por cuatro puntos cardinales, cuya concreta ubicación se mostraba según un plano particular de la urbanización ya terminada y completamente parcelada.

Para la construcción de las viviendas se exhibían unos modelos de edificación estandarizados. Se presentaban las villas con las dotaciones y servicios públicos esenciales, valiéndose además de un centro comercial, una comisaria de policía y un hotel que ni siquiera consta que se hubieran proyectado.

Sin embargo, en realidad, las fincas rústicas de las que derivan las parcelas eran indivisibles y no habrían sido objeto de procedimiento previo alguno, pues seguirían formando parte de la finca registral. Carecían de la preceptiva licencia de parcelación o de la declaración de innecesariedad municipal.

Como consecuencia, ni todos los perjudicados tienen vivienda, ni todos los que la tienen lograron que la misma se correspondiese con la que aparecía documentada en el contrato privado; ni que en el caso de que se llegara a escriturar éste, los derechos derivados de la adquisición tampoco se corresponderían con lo contratado, y ello a pesar de las importantes cantidades desembolsadas.


* El País - 123.10.14
Foto:  Montroi (Valencia), urbanización Els Mallars - levante



2 comentarios :

Vicente jose Gimeno dijo...

¡Por los rabos de pasa!, ¿Como pueden ocurrir esas cosas? que miren a ver si el delineante, tiene el titulo, que hay mucho aficionado suelto, y no hacen mas que "chapuzas", en cuanto a lo "ediles", que les hagan un riguroso examen para saber quienes tienen el nivel escolar suficiente, para desentrañar este misterio, y que miren si en Consistorio, hay algún xenófobo, que tenga manía a los extranjeros, por que dá que pensar, que estó es un "pelotazo" de "campanario".

Blogger dijo...

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