Cataluña tiene 450.000 pisos vacíos y 230.000 familias sin vivienda

En Cataluña, como en el resto de la costa mediterránea, la burbuja inmobiliaria de pasados años llevó a la construcción indiscriminada de viviendas e infraestructuras de todo tipo, quedando el paisaje desolado cuando estalló la crisis-estafa que aun sigue afectando a gran parte del Territorio. Existen 450.000 viviendas vacías producto de esta grave circunstancia, pero solo el 2% del total de los inmuebles residenciales catalanes son de alquiler social, lo que demuestra la falta de rigor y la especulación urbanística propiciada por el gobierno autonómico durante los últimos 15 años, al menos. Del total, unos 100.000 pisos vacíos están en manos de las entidades bancarias (incluyendo los del Sareb, el banco malo), y deberían salir ya al mercado en buenas condiciones (alquiler social, etc) para beneficio de las familias que no tienen casa ni posibilidades económicas actualmente.
"ELPAÍS* : En Cataluña hay 450.000 pisos vacíos. Y 231.000 familias que necesitan una vivienda asequible. Es decir, el número de inmuebles desocupados duplica el de hogares con necesidad de un techo. Estas cifras forman parte de la radiografía sobre el alquiler social en Cataluña, que ayer presentó la Mesa del Tercer Sector.

Àngels Guiteras, presidenta de la entidad, se quejó una vez más del atraso en políticas de vivienda social. Solo el 2% del total de parque de pisos se dedica a este fin, mientras que la media europea es 13 puntos superior.

El informe fue realizado por Carme Trilla, jefa del Servicio de Mediación en la Vivienda de Cáritas Diocesana de Barcelona, y Tere Bermúdez, encargada del programa Sin hogar ni vivienda de la misma ONG. Los cálculos de ambas expertas muestran que unos 100.000 pisos vacíos están en manos de las entidades bancarias (incluyendo los del Sareb, el banco malo), otros 80.000 son inmuebles de nueva construcción que el mercado no ha podido absorber y la gran mayoría, unos 270.000, son propiedad de particulares que no les dan uso.

De otro lado, Trilla y Bermúdez utilizan dos métodos para establecer cuántas unidades familiares, por su situación económica o porque su hogar no cumple con las normas mínimas de habitabilidad, serían el objetivo de las políticas de alquiler asequible. Ambas maneras, sin embargo, dan un número similar: alrededor de 231.000. Ambas investigadoras aceptan la dificultad de realizar estos cálculos.

La primera estimación se hace de acuerdo a una detección de necesidades. Se tienen en cuenta, por ejemplo, las 50.000 familias que han sido desahuciadas de su vivienda en los últimos cinco años (50.000, según las cifras del Consejo General del Poder Judicial), los registrados en las listas de pisos protegidos de la Generalitat (69.000) y unas 65.000 familias en riesgo de exclusión social. “Cinco de cada mil ciudadanos tiene algún tipo de problemática de mal alojamiento. Según las cifras de 2009, las últimas disponibles, serían unas 37.000 personas sin techo, sin vivienda, con una casa insegura o inadecuada”, explica Trilla. El cálculo también incluye una demanda oculta de 10.000 familias.

La segunda estimación fue realizada siguiendo los estándares europeos. Se parte de la meta de un 15% del total del parque de vivienda dedicado a alquiler asequible y se le resta la oferta disponible. Así, Cataluña debería tener 440.000 viviendas de alquiler público, pero solo cuenta con 60.000, y otras 150.000 de un parque privado con rentas reducidas. Por tanto, el déficit es de 230.000.

Trilla aseguró que “es una evidencia que no dispondremos en los próximos años de un parque de vivienda capaz de absorber esta demanda sino adoptamos soluciones radicales”. Una de estas podría sería multar los pisos vacíos, algo que ya han puesto en marcha varios ayuntamientos. El de Barcelona, por ejemplo, aprobó la medida en enero pero aún no ha impuesto ninguna multa. Aún no ha desarrollado el reglamento para imponer las sanciones. Una portavoz municipal explica que igualmente se trabaja con las entidades bancarias para poder lograr la cesión de pisos y se han comprado algunas promociones de Regesa para alquile asequible. Santa Coloma de Gramanet y Terrassa, con normativas similares, sí han puesto multas de hasta 5.000 euros.

La Mesa del Tercer Sector pidió hacer “una utilización decidida” de estos pisos vacíos y potenciar fórmulas público privadas de gestión. Se trataría de que entidades sin ánimo de lucro o especializadas en vivienda social gestionen y que las diferentes Administraciones regulen.


* El País - CAMILO S. BAQUERO - 14.10.14
Foto: Viviendas públicas en El Prat del Llobregat. / CARLES RIBAS