La corrupción urbanística sigue creciendo de forma imparable en la Costa del Sol

A pesar del ejemplo significativo del 'caso Malaya', de corrupción urbanística en Marbella, los datos dicen que los delitos contra la Ordenación del Territorio siguen creciendo en la provincia de Málaga. Así en 2012 crecieron un 200% y en 2013 un 110%. Algo que debe tener su origen en la inalterable permisividad municipal y en la falta de mayor decisión judicial al sancionarlos, con lo que los delincuentes urbanísticos siguen pensando que merece la pena saltarse las laxas normativas existentes. Resultan indicativas del descontrol judicial las declaraciones del propio Fiscal General de Andalucía aduciendo que la corrupción urbanística no es todavía suficientemente combatida con la mayor eficacia. A estas alturas de la película dice esa insensatez nada menos que el mayor encargado de perseguir la delincuencia en Urbanismo. Así nos va.
"LAOPINIÓN* : Dicen los juristas que un macrocaso de corrupción siempre previene futuras conductas de idéntica naturaleza en el sector público. Si a tu compañero se le ha castigado duramente, tú te lo piensas más antes de meter la mano en la caja del dinero de todos. Sin embargo, la prevención general del Derecho Penal queda en agua de borrajas si se acude a la fría realidad estadística, que no engaña nunca: los delitos contra la Administración Pública, título del Código Penal que engloba los ilícitos típicos de la corrupción, han crecido un 109,6% entre 2012 y 2013 en Málaga, según los datos recogidos en la memoria de la Fiscalía General del Estado.

Pero es que, además, llueve sobre mojado, porque en 2012 este periódico ya informó de que estos ilícitos habían crecido un 200%. En 2013, se abrieron en los juzgados 239 diligencias previas relacionadas con estos ilícitos frente a los 114 de 2012. De esta forma, la prevaricación administrativa cae un ligero 3,7% hasta los 26 casos el pasado año; el cohecho o soborno, cuya primavera se alcanzó en Málaga durante el periodo en el que Juan Antonio Roca fue gerente de Urbanismo de Marbella, sube desde los siete casos a los nueve de 2013, es decir, un 28,7%, y la malversación de caudales, cuyos casos más representativos fueron Saqueo 1 y 2 de la época dorada de Gil, han crecido la friolera de un 71,4%, desde los siete hasta los doce procedimientos.

Todos estos datos se recogen en la memoria de la Fiscalía General del Estado relativa a 2013. Hay otros tipos cercanos a la naturaleza corrupta, tales como el blanqueo –ubicado en otro epígrafe del Código Penal–, de tal forma que en 2013 se abrieron en los juzgados 15 procesos frente a los nueve de 2012, lo que supone un incremento del 66,7%. En cuanto a los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, crecen un 28,6%, desde los 21 procedimientos hasta los 27, y los ilícitos contra la ordenación del territorio siguen cayendo en consonancia con el escaso pulso del ladrillo en la provincia, de tal forma que en 2013 hubo 97 casos de este tipo frente a los 173 de 2012, lo que se traduce en una caída del 43,9%.

La subida de 2012 superior al 200% en este tipo de delitos la explicó la Fiscalía General del Estado: en primer lugar, en la actividad administrativa se ventilan intereses económicos muy importantes y las decisiones sobre el suelo generan grandes beneficios; en segundo lugar, no hay en ese sector de la administración autoridades administrativas superiores con capacidad de sancionar a quienes actúan irregularmente. La respuesta Judicial suele llegar tarde y las ilegalidades se han consumado. En tercer lugar, el proceso de toma de decisiones es opaco.

De cualquier forma, muchos de estos procedimientos provienen de años anteriores, del boom de la construcción en la Costa del Sol, pero lo cierto es que se siguen repitiendo estas prácticas en el sector público, y más en una provincia en la que han sido llevados a juicio o están a punto de llegar a plenario trece grandes sumarios de esta naturaleza: Saqueo 1 y 2, Malaya, Minutas, Pantoja, El Pinillo, Fergocon y Goldfinger, todos ellos relacionados con Marbella; el caso Troya, ya juzgado, por corrupción en Alhaurín el Grande; Arcos, en Alcaucín y Astapa en Estepona, así como los procedimientos de Acinipo, en Ronda, y Casares.

El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, afirma en la memoria autonómica: «Los factores desencadenantes de la corrupción política y financiera se vinculan por el incumplimiento de la legalidad administrativa; la falta de desarrollo de labores de intervención en el uso de fondos públicos y la insuficiente fiscalización contable dando inmediato traslado al ministerio fiscal de todas aquellas irregularidades que sean detectadas y poniendo a disposición de los investigadores todos los antecedentes documentales que sean necesarios para la actuación de la jurisdicción penal, de la jurisdicción contable o de ambas jurisdicciones a la vez».

García Calderón, quien por cierto se queja de las dificultades informáticas para recoger los datos en Málaga, apunta que el fenómeno de la corrupción, «como forma de crimen organizado en sus manifestaciones más graves, no es todavía suficientemente conocido para ser combatido con la mayor eficacia y aún requiere un seguimiento adecuado y suficiente del resultado definitivo de la actuación institucional».

El jefe de los acusadores públicos andaluces llama la atención sobre la importancia de dar a conocer a la opinión pública datos tan esenciales como «el importe de los activos obtenidos o recuperados».

Por cierto, en las próximas semanas se conocerá la sentencia del caso Malaya que elabora actualmente Juan Saavedra, el ponente del Tribunal Supremo que se va a encargar de dar contestación a los recursos de casación interpuestos por las defensas de la mayor trama de corrupción de la historia judicial española.


* La Opinión Málaga - José Antonio Sau - 17.9.14
Foto: Una sesión del caso Malaya contra la corrupción en Marbella.- laopinion

1 comentarios :

Blogger dijo...

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