Anticorrupción pide más de 200 años de cárcel para el exalcalde de Alcaucín


Evidentemente no hay una correspondencia válida con la sentencia establecida hace unos días en el caso 'Malaya'. Si en Marbella se han ido 'de rositas' la mayoría de imputados y se ha impuesto una pena mínima para los capos de la mafia, en Alcaucín (Málaga), no muy lejos, quizás por ser más 'pobrecitos', la fiscalía solicita unas penas más ajustadas a la realidad de los delitos cometidos (los jueces las bajarán). Este es el triste fondo de una justicia que se rinde al poderoso mientras castiga al que no está a su altura. Lamentable como siempre.
"SUR* : La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado penas que sobrepasan los mil años de cárcel para los 49 imputados en la trama de corrupción urbanística destapada en el municipio de Alcaucín en 2008, encabezada por el exalcalde José Manuel Martín Alba, que se enfrenta a más de 200 años de cárcel. La mayoría de los imputados (27) son empresarios dedicados a la promoción urbanística, aunque también están acusados seis funcionarios municipales y de la Diputación Provincial de Málaga, entre ellos el exjefe del Servicio de Arquitectura del ente supramunicipal; siete arquitectos, además cuatro intermediarios y dos abogados o asesores urbanísticos y dos familiares del exregidor.

Según una nota remitida por la Fiscalía General del Estado, en el escrito de calificación se describen hechos acaecidos entre 1999 y 2010, en los que los acusados presuntamente cometieron 90 delitos de falsedad ideológica cometidos por autoridad o funcionario en documentos oficiales creados desde el Ayuntamiento de Alcaucín, la Diputación de Málaga y el catastro inmobiliario, que con frecuencia eran inducidos por los promotores beneficiados o sus representantes. También se imputan 19 delitos de falsedad en documento oficial cometidos por particulares, atribuidos a arquitectos que redactaban proyectos o documentos técnicos de contenido falaz destinados a expedientes municipales o catastrales. Igualmente la Fiscalía detalla la comisión de 10 delitos de falsedad por imprudencia grave, imputados exclusivamente al secretario municipal de Alcaucín; 62 delitos de prevaricación o prevaricación urbanística atribuidos al alcalde de Alcaucín por autorizar arbitrariamente parcelaciones o construcciones contrarias a la normativa urbanística, prescindiendo casi siempre de los preceptivos informes técnicos; 7 delitos de prevaricación urbanística por informes de arquitectos municipales o provinciales contrarios a la normativa urbanística; y 22 delitos contra la ordenación del territorio por construcciones ilegales.
Buena parte de dichas infracciones aparecen definidas como delitos continuados, englobando en cada caso los diversos documentos falsos, resoluciones arbitrarias o construcciones irregulares de cada trama, pues las diversas acciones responden a un mismo patrón o son fruto de conciertos delictivos entre autoridades, funcionarios, profesionales y promotores.
“Al tratarse de hechos anteriores a la reforma introducida en el Código Penal en 2010, han prescrito numerosos delitos contra la ordenación del territorio, falsedad y tráfico de influencias atribuidos a particulares”, explica el comunicado.
También se ha formulado acusación por 20 delitos de cohecho en su vertiente activa y pasiva, doce con fin delictivo y ocho para acto injusto; un delito de fraude; dos de malversación; diez de estafa; uno de estafa procesal; dos de blanqueo de capitales; seis de tráfico de influencias; uno de uso de información privilegiada; un delito de actividades prohibidas a funcionarios y otro intrusismo profesional.
Las pruebas básicas proceden de los registros practicados en febrero de 2009 en el Ayuntamiento de Alcaucín, en el Servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial de Málaga, en un estudio de arquitectura de Málaga y en un despacho de abogados de Alcaucín. Según el comunicado de la Fiscalía, hubo que profundizar en la investigación analizando de forma exhaustiva las bases de datos del Catastro y practicando, ya en 2012, nuevos registros en la Gerencia Territorial del Catastro y en el Patronato Provincial de Recaudación de la Diputación de Málaga.
Tan prolongada actividad delictiva, explica la nota, se sitúa en los años del auge urbanístico, que el caso de Alcaucín se tradujo en una creciente demanda de nuevas viviendas, impulsada por multitud de residentes extranjeros deseosos de establecerse en la Axarquía, lo cual desbordó la previsión de suelo urbanizable del planeamiento general aprobado en 1995. Ese fenómeno hizo que se multiplicaran las infracciones urbanísticas y que al mismo tiempo el Ayuntamiento no sólo hiciera dejación de sus responsabilidades en materia de disciplina urbanística, sino que tratara de solaparlas promoviendo nuevos instrumentos de planeamiento basados en un desmesurado aumento de suelo edificable, que finalmente no prosperaron gracias a nuevas normas de planeamiento supramunicipal con que la Junta de Andalucía neutralizó el riesgo de crecimiento incontrolado.
Construcciones clandestinas
Así fue como proliferaron las construcciones clandestinas, por un lado a base de viviendas unifamiliares aisladas en suelos rústicos, partiendo de parcelaciones prohibidas en la legislación urbanística; por otro mediante bloques de apartamentos en las zonas adyacentes a núcleos de población, que sistemáticamente se autorizaban en parcelas reservadas para viviendas unifamiliares o directamente sobre suelo no urbanizable, con el resultado caótico que se refleja en la calificación.
También se aprovecharon fallos del sistema, destacando en tal sentido tanto los numerosos informes técnicos emanados sin ningún control de la Diputación Provincial para encubrir las infracciones urbanísticas de mayor importancia, como la frecuente manipulación del Catastro Inmobiliario, siempre gracias a la colaboración de funcionarios. Esta última modalidad aprovechaba ciertas fisuras que permitían introducir subrepticiamente en las bases de datos catastrales edificaciones que no existían en la realidad, unas veces como viviendas diseminadas que todavía no estaban construidas y que sin embargo ya tributaban en el impuesto de bienes inmuebles; y otras con la fraudulenta inserción de casas en ruinas susceptibles de rehabilitación, que tampoco respondían a la realidad. Estas manipulaciones pasaban desapercibidas al no existir ningún mecanismo que pudiera detectarlas, y de esa forma se generaban unos derechos edificatorios o expectativas urbanísticas carentes de cualquier título legítimo. En muchos casos el resultado final fue la construcción de grandes residencias, impropias de terrenos de tan alto valor ecológico, que hoy pertenecen a terceros de buena fe.


* Sur - MONTSE MARTÍN - 9.10.13
Foto: Alcaucín (Málaga), denuncia  viviendas en suelo rústico -  E. GUZMÁN (Sur).

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Desarticulan una nueva trama de delitos urbanísticos en la Costa del Sol

Una nueva mafia urbanística en la Costa del Sol, esta vez en Benalmádena (Málaga). Los implicados en la llamada operación 'Mina' tenían como objetivo la autorización de licencias ilegales para numerosas construcciones del casco urbano. En ella, de momento, están imputados funcionarios y técnicos del ayuntamiento y la Junta, sin que todavía se sepa si hay políticos detrás, aunque dada la naturaleza de los delitos urbanísticos cometidos, no sería nada descabellado afirmarlo. Parece obvio que alguien tendría que dar el visto bueno a la delincuencia establecida.
"TERRA* : La Guardia Civil ha desarticulado una trama relacionada con la supuesta tramitación irregular de licencias municipales para la construcción de edificaciones en el casco urbano de Benalmádena y con la adjudicación ilícita de obras correspondientes al plan FEIL 2009 en el citado municipio. Los autores de la supuesta trama son trece personas, diez de ellas imputadas por delitos urbanísticos, dos detenidas por adjudicación y contrataciones ilícitas de obras y un imputado por un supuesto delito de prevaricación por omisión.

En el marco de la operación denominada "Mina" también se ha practicado un registro domiciliario en la vivienda de uno de los detenidos y se ha procedido a la inmovilización de alrededor de treinta propiedades, nueve vehículos y se han bloqueado varias cuentas.

La operación se ha desarrollado en dos fases, en la primera (en 2009) fueron imputadas diez personas entre las que se encuentran técnicos y funcionarios del Ayuntamiento de Benalmádena y de la Junta de Andalucía.

Supuestamente estos imputados tuvieron una "directa implicación" en la tramitación irregular de determinados expedientes urbanísticos para la construcción de edificios en el casco urbano de Benalmádena.

En la segunda fase se ha procedido a la detención de dos personas, un arquitecto técnico del Ayuntamiento y un ingeniero independiente.

Supuestamente el concejal delegado de urbanismo, que ocupaba cartera en el año 2009, daba el visto bueno por lo que ha sido imputado por prevaricación por omisión.

La investigación comenzó a finales de 2009 cuando se detectó una edificación que podía ser ilegal en una zona verde.

La promotora de esta edificación además de que no cumplía con los requisitos preceptivos para su construcción, había iniciado los trámites oportunos de legalización ante el Ayuntamiento de Benalmádena para proceder a su venta como apartahotel, lo que le proporcionaría ciertos beneficios fiscales.

Además, luego se detectó una segunda edificación en cuya ejecución no se había respetado la altura máxima de edificabilidad planteada en el PGOU para la zona.

Paralelamente a los dos casos anteriores se detectaron presuntas irregularidades en la adjudicación de las obras del plan FEIL 2009, lo que unido a las construcciones irregulares llevó a la Guardia Civil a iniciar la operación "Mina".

Una vez analizada los documentos de los expedientes relativos a las construcciones supuestamente irregulares, se pudo comprobar que existían informes "claramente contradictorios" y "la implicación de responsables del Área de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento y técnicos de la Junta de Andalucía".

Estas personas presuntamente habrían omitido su actuación a efectos de ordenar la paralización de las obras y en la emisión de informes favorables por el Delegado Provincial de Medio Ambiente.

También se detectó "la falta de un procedimiento administrativo transparente" para la realización de las actuaciones, ya que se adjudicaron aproximadamente el 80 por ciento de las mismas a un mismo gabinete de ingeniería, sin concurso previo.

De la misma forma se realizaron fraccionamientos intencionados en algunos de los contratos para "trampear" la legislación vigente, repitiendo ciertos conceptos para provocar pagos extraordinarios e incluso duplicando determinadas facturas para que se liquidaran dos veces.

Todas estas irregularidades llevaron a los agentes a la confirmación de la supuesta connivencia del técnico municipal y del ingeniero independiente para lucrarse.


* Terra Noticias - EFE - 27.9.13
Foto: Benalmádena, ayuntamiento - uma



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