Arona.- El juez imputa por prevaricación a una quincena de concejales y exediles

ELDÍA/Tenerife* : El Juzgado de 1ª Instancia nº4 de Arona cita a 15 concejales y exconcejales del Ayuntamiento aronero para tomarles declaración, en calidad de imputados, en el marco de las diligencias previas abiertas en el conocido como caso Arona 2. El mismo se ciñe a la tramitación y aprobación del Plan General de Ordenación (PGO), en el que el magistrado Evaristo González entiende que pudo producirse un delito de prevaricación.
El juez cita a Antonio Sosa, María Candelaria Padrón, Miguel Ángel Méndez, Jesús Ramón García Hernández, Antonio Miguel García Marichal (actual consejero de Innovación del Cabildo), Francisco Toledo, Manuel Reverón, Marta Melo, Clara María Pérez, Ángel David Herrera González, Dácil García Marcelino (todos formaron parte del gobierno municipal anterior con CC), Pedro Antonio Cabeza González (CAN-CCN), José Agustín Sierra Fumero y José Esteban Alayón González (también ediles del PP en el periodo 2007-2011) y Águeda Fumero (actual diputada nacional del PP y concejal en el mandato anterior).

En la misma providencia, el magistrado juez pide a la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias que aporte la relación de asistentes a la reunión que tenía por objeto determinar si la documentación presentada por la Corporación aronera subsanaba las deficiencias detectadas en el planeamiento, una reunión que mantuvieron sus representantes, así como los del Ayuntamiento de Arona y redactores del Plan General.

Además, el juez también decidió citar a Manuela Melo, jefa de los Servicios Jurídicos del consistorio, en calidad de testigo. Cabe recordar que su informe advertía de que el PGO había sufrido alteraciones ajenas a las deficiencias detectadas.

Los concejales y exconcejales tendrán que declarar ante el magistrado juez del Juzgado de Primera Instancia número cuatro de Arona los días 6 y 7 del próximo mes de febrero de 2013, mientras que la funcionaria lo hará el día 8 del mismo mes.

Cabe recordar que en este asunto también hay otros imputados, hasta configurar una lista de 25, entre los que se encuentran el alcalde de Arona, José Alberto González Reverón; Sebastián Martín, Juan José Alayón, Alfonso Barroso Armas (todos de CC), Félix Sierra (PP), Manuel Barrios, Daniel Martín y José Luis González (CAN-CCN).

Cuestión de procedimiento

Mientras la actual diputada nacional (concejal del PP durante el mandato anterior en Arona), Águeda Fumero, optó por mantener silencio al respecto de esta citación, desde el actual gobierno municipal su portavoz, Antonio Luis Sosa Carballo (edil de Urbanismo de 2007 a 2011), también convocado por el juez en calidad de imputado, explicó que "se trata de algo que sabíamos que estaba ahí y lo que queremos ahora es que se clarifique cuanto antes esta situación a fin de que las cosas queden zanjadas de una vez por todas".


* El Día - 9.11.12
Foto: Arona (Tenerife), ayuntamiento - picasaweb.google.com

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El Puerto.- Siete años después por fin se celebra el juicio por la urbanización ilegal del pinar de Coig

BAHÍADECÁDIZ* : El lunes día 12 se va a celebrar “por fin” en el Juzgado de lo Penal nº4 de Cádiz el juicio contra ex responsables del Ayuntamiento de El Puerto por la construcción ilegal de una urbanización en el pinar de Coig. En esta causa están procesados el exalcalde Hernán Díaz y el que fuera su concejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez.
El pinar de Coig es un bosque de alto valor ecológico protegido como Sistema General de Espacios Libres (SGEL) tanto en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como en el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Bahía de Cádiz, y que debería haberse expropiado y adecuado como parque público por el Ayuntamiento. “Pero a partir del año 2000 se inició una operación especulativa a gran escala procediéndose a la parcelación y urbanización del pinar, con el pleno consentimiento y apoyo de los máximos responsables municipales, que llegaron a autorizar la instalación de la red municipal de agua potable y la instalación de la red eléctrica en esta urbanización ilegal”, señalan desde Ecologistas en Acción.

En marzo de 2005, este colectivo conservacionista, ante la inacción del Consistorio a pesar de las reiteradas denuncias presentadas, denunció estos hechos a la Fiscalía. “Por ello tuvimos que soportar la reacción violenta de algunos de los propietarios de esta urbanización ilegal que, instigados por Hernán Díaz y Juan Carlos Rodríguez, nos amenazaron y agredieron en numerosas ocasiones, incluso se empapeló El Puerto con la foto de la casa de uno de los miembros de Ecologistas firmante de la denuncia, amenazando con quemarla”, se recuerda.

El fiscal pide dos años de prisión para Hernán Díaz y Juan Carlos Rodríguez por un delito continuado de prevaricación urbanística. Ecologistas en Acción por su parte solicita para cada imputado las penas de tres años de cárcel, por el delito continuado de prevaricación urbanística, y la de dos años y multa de 24 meses a razón de 300 euros por día-multa, por el delito contra el medio ambiente. Este grupo, según señala en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, solicita también, de conformidad con lo establecido en el artículo 109 del Código Penal, “la obligación de ‘reparar los daños y perjuicios por ellos causados’, siendo éste el fin primordial de la responsabilidad civil derivada del delito medioambiental”. Ambas acusaciones solicitan asimismo inhabilitación de nueve años para cada uno de ellos.

Este caso destapó la trama de corrupción que se extendió en El Puerto bajo el Gobierno local de Independientes Portuenses (IP), liderados por Hernán Díaz, que contó en dos legislaturas con el apoyo PSOE. La mayoría de los partidos políticos han apoyado en estos años a los promotores y propietarios de esta urbanización ilegal, “llegando el pleno –con el voto de PP, PA, PSOE e IP- a pedir la legalización de esta urbanización ilegal y su oposición a los derribos”.

Ecologistas muestra su satisfacción al comprobar que un caso denunciado hace más de siete años llegue a término, al comprobarse la veracidad de la misma, “que hemos mantenido a pesar de las enorme presiones que hemos sufrido por denunciar unos hechos delictivos”. Y advierte de que seguirá defendiendo que se proceda a la demolición de la totalidad de esta urbanización ilegal y se restaure el pinar de Coig para parque público, según prescribe el PGOU y el POT de la Bahía de Cádiz.


* Diario Bahía de Cádiz - 11.11.12
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz), viviendas ilegales del Pinar de Coig - diariodecadiz.com

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