Jerez.- La Junta deja en el limbo al 73% de las viviendas ilegales de la zona rural

ANDALUCÍAINFO* : El decreto promovido por la Junta de Andalucía hace apenas una semana para la regularización de las viviendas ilegales deja en el limbo al 73 por ciento de las construcciones del término municipal que se encuentran en esta situación, según un informe elaborado por la Delegación municipal de Urbanismo que ayer presentó Antonio Saldaña.
El municipio cuenta en la actualidad con algo más de 1.500 viviendas ilegales. La mitad de ellas se encuentra ya en proceso de regularización, al haber sido incluidas por el PGOU en las áreas calificadas como Hábitat Rural Diseminado, una figura que ahora incorpora el decreto de rango autonómico.
Quedaría por regularizar la situación de otras 870 viviendas, de las cuales sólo 33 pueden legalizarse al amparo de dicho decreto, que permite la normalización de las edificaciones aisladas siempre y cuando reúnan una serie de requisitos.

Otras 204 viviendas estarían en condiciones de ser legalizadas por la misma causa anterior. En 82 de estos casos debería demostrarse que han prescrito los plazos para la protección de la legalidad; mientras que en los 122 restantes habría que analizar la compatibilidad entre considerar la zona como huertos familiares y legalizar al mismo tiempo las viviendas.

Las 33 viviendas que podrían legalizarse acogiéndose al decreto están situadas en la zona de El Mayorazgo. Las otras 204 que en el mejor de los casos podrían beneficiarse de esta nueva normativa están distribuidas entre el entorno de la Cartuja, Los Cejos, los alrededores de la barriada rural de La Inmaculada, Mesas de Santiago y El Palomar.

El informe de la Delegación de Urbanismo constata que las 633 viviendas restantes que se encuentran en situación de ilegalidad no podrían beneficiarse de este decreto. Hasta 381 viviendas se encuentran ubicadas en vías pecuarias y fueron construidas con posterioridad a 1975, por lo que no pueden acogerse a los beneficios de este decreto.

A esta cifra deben sumarse las 168 viviendas cuyo origen parte de una parcelación urbanística ilegal; así como las 84 que se levantaron sobre suelos de especial protección o inundables. El decreto no contempla la legalización en ninguno de estos casos.

El Gobierno local llevará al próximo Pleno una moción encaminada a propiciar que el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía vayan “de la mano” en la búsqueda de soluciones a uno de los problemas históricos del término municipal de Jerez.


* Andalucía Información - Francisco C. Aleu - 17.1.12
Foto: Jerez, inundaciones feb 2010- elperiodico.com

.................................... Leer más...

El alcalde de Oroso y tres exconcejales declararán en el Juzgado de Ordes

ELCORREOGALLEGO/A Coruña* : El alcalde de Oroso, Manuel Mirás, y tres exconcejales de este Concello, Carlos Noya, Manuel Cendán y Manuel Suárez, tuvieron que declarar en el Juzgado de Instrucción 1 de Ordes el pasado jueves 12 de enero. Estaban citados "para prestar declaración" en las diligencias previas de un procedimiento abierto por unas irregularidades urbanísticas.
La denuncia fue interpuesta por el Partido Galeguista porque un edificio de la calle Portiño ocupa, según explica el abogado de la acusación, un trozo de "zona verde" y tiene "más altura de la permitida en algunos puntos". Y también porque "en Sigüeiro se construyó un túnel que une dos garajes privados en lo que era una calle pública".
Según el letrado de la acusación, "la licencia de ambas obras es del año 1999" cuando era alcalde el popular Eugenio Neira. Pero en abril de 2002 este regidor sufrió una moción de censura y Manuel Mirás se convirtió en el nuevo alcalde con el apoyo de dos trásfugas, los ex ediles Manuel Cendán y Manuel Suárez. Según este abogado, "con Mirás en el gobierno local se dio la licencia de primera ocupación". Es decir, "le dieron viso de legalidad a obras que eran absolutamente irregulares".

Mirás Franqueira, explica, sin embargo, que la jueza Sandra María Iglesias solo le preguntó por el edificio de la rúa Portiño. Y que este inmueble "cuenta con una licencia del año 1999, fecha en la que yo no tenía ninguna responsabilidad de gobierno en el Concello".

Franqueira añade que "desde que entré en la Alcaldía de Oroso todas las diligencias que se otorgaron se hicieron con la mayor transparencia del mundo y con arreglo a la legislación vigente y con los informes técnicos y jurídicos al efecto". Y recuerda que "fue precisamente mi gobierno el que puso orden en el urbanismo de Oroso, quien aprobó un Plan Xeral y quien creó una oficina técnica de urbanismo".

El alcalde considera, también, que esta denuncia "forma parte de la campaña de persecución y acoso continuo contra mi persona que desde hace diez años sigue Siverio Mirás y por la que tiene incluso diligencias judiciales abiertas". Y lamenta que el portavoz del PP, José Manuel Balado, "se sume a Siverio".

En cuanto a los exediles que también declararon ante la jueza, éstos también señalaron a este semanario que "esas obras se licitaron en 1999". Si bien, y según testimonio del abogado de la acusación, a las preguntas de la magistrada aseguraron que "no recordaban nada".


* El Correo Gallego - 17.1.12
Foto: Oroso (A Coruña), concello - wikipedia.org

.................................... Leer más...

Sevilla.- La revisión encubierta del PGOU

DIARIODESEVILLA* : El gobierno municipal ha iniciado de forma discreta una ronda de contactos con algunos agentes económicos para alterar el planeamiento urbanístico de Sevilla. La participación de entidades ciudadanas y sociales es nula.
El gobierno municipal que preside desde hace ya siete meses Juan Ignacio Zoido (PP) considera que el Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla (PGOU), el documento que regula la evolución urbana de la ciudad hispalense durante los próximos quince años, aprobado hace apenas un lustro tras un largo proceso de gestación técnica y después de una amplia campaña pública de participación ciudadana, es un obstáculo para sus planes políticos inmediatos.
No sólo lo ha sugerido de forma expresa -aunque siempre con argumentos suaves, en positivo- durante la campaña electoral que le permitió lograr la mayoría absoluta en las pasadas elecciones locales, sino que su discurso político durante su primer medio año de gobierno ha hecho especial hincapié en la necesidad de modificarlo "todo lo que sea necesario" con la excusa -para algunos una mera coartada- de "incentivar la actividad económica y empleo". Una lectura bastante simplista y parcial de las profundas repercusiones jurídicas y políticas que tendría tocar la nuez del máximo documento urbanístico de Sevilla.

El proceso de cambio del Plan General, sin embargo, ya está en marcha. Sólo que no se trata de una revisión pública, sino encubierta. La agenda de los cambios no sólo ha empezado a ejecutarse porque el ejecutivo de Zoido esté negociando en secreto -sin luz y sin taquígrafos- diversos acuerdos de recalificación urbanística con empresas concretas (Ikea, Altadis) o entidades privadas (Betis, Sevilla FC), sino porque incluso ha iniciado un proceso secreto (no reconocido públicamente) de consultas técnicas con determinados agentes económicos y empresariales de la ciudad para preparar el camino de lo que será una probable revisión sustancial del Plan. Un proceso que, en todo caso, no está previsto que se acometa a fondo hasta después de las elecciones regionales que se convocarán en marzo.

La decisión del PP de desmontar el Plan General se incluye en la hoja de ruta que un alto cargo de la Gerencia de Urbanismo -uno de los que han sobrevivido al cambio de gobierno en el Ayuntamiento- elaboró para el actual alcalde casi un año antes de ganar las elecciones. En dicho documento interno, una guía secreta en la que se explica toda la estrategia de gobierno del PP para la Gerencia, y cuyas principales propuestas han comenzado a convertirse ya en realidad, se aboga de forma rotunda por iniciar una revisión oficiosa del Plan General a pesar de que éste apenas si ha cumplido el ecuador de su teórico periodo de vigencia.

El documento interno del PP obvia un factor importante: muchas de las operaciones previstas en el PGOU están sin desarrollar por falta de inversión pública y de colaboración privada. Consecuencia en buena medida de la crisis. Esta falta de ejecución del Plan General no responde a que sus criterios de ordenación sean incorrectos o hayan quedado superados por el tiempo, sino sencillamente a que no cuenta con la gestión adecuada. Una misión de dependía en exclusiva del trabajo de los servicios de la Gerencia de Urbanismo, que es el brazo ejecutor de la política urbanística.

El PP, sin embargo, no es partidario de gestionar bien el Plan existente, sino que aboga por modificarlo en base a un inconcreto programa en favor del empleo que ni siquiera ha sido capaz de poner por escrito. Con independencia de lo etéreo de su posición política, lo cierto es que la mayoría absoluta con la que Zoido cuenta en el Pleno le permitiría iniciar una revisión del planeamiento urbanístico de Sevilla. ¿Por qué no lo hace directamente de forma abierta y sin recurrir a subterfugios?

Fundamentalmente por una cuestión táctica. Los planes son otros. Responden a otros intereses. Una revisión ortodoxa del Plan General obligaría al alcalde a reabrir de nuevo -apenas cinco años después de haber concluido este mismo proceso- un debate público sobre el modelo urbano de Sevilla. Una discusión que debería ser, en términos políticos, abierta a todos los sectores. Esto es: en ella participarían entidades ciudadanas, vecinales, agentes económicos e inversores. Todos, en principio, en una teórica igualdad de condiciones. Por otro lado está el factor tiempo: el PGOU vigente tardó casi cinco años en redactarse desde su primer impulso político. Hablamos de un proceso reglado: hay que convocar mesas públicas de participación, aprobar un Avance y someter el nuevo documento conforme vaya superando sus distintas etapas administrativas a votaciones en Pleno. La última -la legalmente trascendente- no depende además del gobierno local, sino de la Junta de Andalucía.

Este proceso, además de difícilmente justificable -el Plan vigente es demasiado reciente-, está lleno de obstáculos. Podría prolongarse incluso más allá del mandato municipal. Demasiado complicado. Zoido apuesta por otra fórmula. Así se explica con meridiana claridad en la hoja de ruta del PP elaborada para gobernar la Gerencia de Urbanismo, redactada por el alto cargo de este organismo municipal que asesora al alcalde. En dicho informe, cuyas propuestas son justo las que viene aplicando el actual gobierno desde hace siete meses, se propone "abrir directamente una ronda de contactos con las entidades empresariales y sociales [ni vecinales ni ciudadanas] en orden a recibir sus aportaciones para la modificación del PGOU". Y se añade: "Con esto se logra participación, transparencia y una legitimidad incontestable, al tiempo que llenamos de gestión una época demasiado temprana [el arranque del mandato municipal] para estar haciendo obras".

Los contactos comenzaron el pasado verano. En secreto. El gobierno local comenzó así a orillar cualquier posibilidad de ir a una revisión ortodoxa porque tal decisión le obligaría a cumplir con la llamada cuota social. No es lo que se quiere: los contactos, hasta ahora discretos, se están concertando por ahora únicamente con determinados lobbies económicos y agentes urbanísticos. Sin luz y sin taquígrafos. En dichos encuentros el equipo directivo de Zoido en Urbanismo plantea a sus interlocutores su análisis sobre el PGOU y les insta a que propongan cambios. No se están cerrando todavía acuerdos concretos, pero sí se les anima a formular ideas sin dar cuenta a nadie.

Uno de los interlocutores privilegiados es Gaesco, la asociación empresarial de constructores de Sevilla. Este verano organizó un foro (restringido) monográfico con la dirección de Urbanismo del PP para tratar todas estas cuestiones. Desde entonces, Gaesco ha pasado a defender con vehemencia la nueva política urbanística del Ayuntamiento. Un cambio de posición significativo con respecto a la etapa política anterior.


* Diario de Sevilla - CARLOS MÁRMOL - 18.1.12
Foto: Sevilla, ayuntamiento - sevilla5.com

.................................... Leer más...

SICAV, paraíso fiscal

INFORMACIÓNPORLAVERDAD* : Los que tienen más de 2.404.048€ pueden tributar solo un 1%.
Hoy os traemos un “detallito sin importancia” acerca del sistema económico, que debería ser suficiente para que el pueblo se levantase y metiese en la carcel a todos los políticos del planeta.
En el artículo se nombra a Guillermo Rocafort, autor del libro “SICAV, paraiso fiscal” que es un personaje muy escorado a la derecha. Aclaramos que “Información por la Verdad” no se alinea ni con la izquierda ni con la derecha ni con ninguna ideología partidista existente, tan solo aportamos información lo más verídica posible a nuestro entender, con la finalidad de que la gente deje de una vez de ver la televisión y salga a la calle a señalar y, ya que se pone uno, a coger de los pelos a la élite. Desde el cariño, por supuesto…
La SICAV es un híbrido de inversión a caballo entre una sociedad anónima y un fondo de inversión con la particularidad de que tributa al 1% en el Impuesto de Sociedades. Este vehículo de inversión, que exige un capital mínimo de 2,4 millones de euros y 100 partícipes o accionistas, es el favorito de los ricos y famosos.

El cineasta Pedro Almodóvar, la presentadora de televisión Ana Rosa Quintana y el ex jugador del Real Madrid, Fernando Morientes, no necesitan tener su dinero en un paraíso fiscal, porque lo tienen aquí en España, y sólo tributan el 1% por él, a diferencia de lo que le sucede a cualquier otro español.
No son los únicos, ya que personajes de la élite financiera como la ex ministra socialista Mercedes Cabrera, el directivo del Málaga Fernando Hierro o la mediática familia Polanco también. Y todo legalmente, sin tener que llevarse el dinero fuera de España ¿Cómo lo hacen?
SICAV, PARAÍSO FISCAL
Para no pagar por su dinero nada más que el 1% sólo tienen que invertirlo en una SICAV (Sociedades de Inversión Colectiva de Capital Variable), siglas que ocultan un auténtico paraíso fiscal legal en España, que no puede ser controlado por la Agencia Tributaria, y para lo que únicamente se necesita un capital mínimo de 2.404.048 euros.

Con este mecanismo legal, las grandes fortunas españolas, la élite financiera, no necesita llevarse su dinero al extranjero, ni evadirlo, porque aquí, en España puede tenerlo cómodamente, y retirarlo y usarlo cuando quieran, como si de un banco se tratase, y sin que su actividad pueda ser fiscalizada por el Ministerio de Hacienda. Así lo explica en su libro “SICAV, paraíso fiscal” el profesor de Derecho y Economía en la Universidad Autónoma y Carlos III, Guillermo Rocafort.
Tal y como desvela en su libro el profesor Guillermo Rocafort, algunos destacados progresistas que se han caracterizado por apoyar proyectos socialistas, cuando no comunistas, como Pedro Almodóvar, cuya SICAV está gestionada nada menos que por la Banca March, o la ex ministra de Cultura Mercedes Cabrera y la presentadora de televisión Ana Rosa Quintana, que se ha hecho célebremente famosa por sus discursos moralizantes en la televisión, no pagan como los demás.
El profesor Rocafort ha señalado a Diario El Aguijón que “una gran parte de las élites financieras y de las grandes fortunas españolas tienen su dinero invertido en SICAV, y por tanto en un limbo seguro, fuera del alcance y supervisión de la Agencia Tributaria y pagando lo mínimo, mientras que el resto de los ciudadanos ve cómo le suben sus impuestos y paga una media de 35 veces más que esta nueva aristocracia del dinero que puede acceder a estos paraísos fiscales encubiertos”.El dinero invertido en las SICAV, y que en algunas ocasiones son constituidas por hombres de paja a los que en el argot financiero se les denomina “mariachis”, está únicamente controlado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, uno de cuyos vicepresidentes, Carlos Arenillas -y marido de la ex ministra socialista del PSOE Mercedes Cabrera- era a la vez, y en una claro conflictos de intereses, tal y como señala el autor, propietario de la SICAV Tagomago, constituida junto con el ex Secretario de Estado de Economía David Vergara.
Algo que el autor del libro ha señalado gráficamente a Diario El Aguijón como “si pones a las zorras a guardar las gallinas”. Rocafort señala en su libro que “llama la atención que fue este –en referencia a Carlos Arenillas- cuando ejercía sus funciones descritas, que la CNMV paró en 2005 la ofensiva de Hacienda contra las SICAV de manera fulminante”.
El debate ha sido abierto por este polémico libro editado por la editorial Rambla, y por la exposición del profesor Guillermo Rocafort, en un momento en que la clase media y la mayoría de los trabajadores ven cómo se le suben sus impuestos y la crisis hace mella en su economía. Pero no todos, pagaremos la crisis igual, o al menos eso parece…

Autora: Ana Burrieza.
Fuente: Diario el aguijon


* Información por la Verdad - Opinión - 16.1.12
Viñeta por Manel F.

.................................... Leer más...