La Guardia Civil detiene al alcalde de Aledo en una redada anticorrupción

LAVERDAD/Murcia* : El alcalde de Aledo, Simón Alcaraz, ha sido arrestado en el marco de una gran operación anticorrupción desarrollada esta mañana en varios puntos de la Región por agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). Junto a él también habrían sido detenidos, entre otros, la secretaria municipal de este Ayuntamiento y el exjefe municipal del departamento de planeamiento del Consistorio de Murcia, el arquitecto Joaquín Peñalver. Las actuaciones podrían estar relacionadas con el llamado 'caso Biblioteca', que investiga una presunta trama de corrupción en Librilla por delitos de cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos que la Benemérita comenzó a investigar en 2007 en dicho municipio y que ahora tiene ramificaciones en la localidad vecina de Aledo.
Los agentes registraban además, desde las 8 de la mañana, la Secretaría General de la Consejería de Presidencia, situada en el Palacio de San Esteban, donde han solicitado diversa información a la correspondiente al periodo 2003-2007, y dependencias de la Consejería de Sanidad. Concretamente, según confirman fuentes de este departamento, se habría procedido a registrar las instalaciones del Servicio de Obras y Contratación, situado dentro de la Secretaría General Técnica. De hecho, un alto funcionario de dicho servicio se encontraría detenido.

Desde el Gobierno regional se asegura que esta actuación policial no tiene nada que ver con la gestión del Ejecutivo autonómico sino que se circunscribe únicamente a lo acontecido en Librilla. Según aseguran las mismas fuentes, uno de los implicados en dicha investigación podría haber sido detenido de nuevo. Se trataría, por tanto, de un asunto que tiene que ver con presuntas irregularidades de funcionarios, y no de políticos.
Parte de las diligencias están declaradas secretas por el juez que instruye el caso, el titular del Juzgado de Instrucción número Seis de Murcia, Andrés Carrillo, y están siendo seguidas por el fiscal anticorrupción, Pablo Lozano.
Los registros que se llevan a cabo hoy fueron solicitados por la Guardia Civil hace un mes al considerarlos necesarios para el esclarecimiento de los hechos que se investigan, han indicado las fuentes.
La consejera Sanidad muestra su "total colaboración"
La Consejera de Sanidad, Maria Angeles Palacios, ha declarado que su departamento está en "total colaboración con la justicia" respecto al registro de esta mañana. La consejera ha añadido que en un primer momento el secretario general iba acompañando a los agentes para llevarles a los funcionarios que podían facilitar cada documento solicitado, "y allí están todos los funcionarios colaborando como no podía ser de otra manera con la justicia".
Respecto a qué documentación están pidiendo, Palacios ha precisado que cree que "le corresponde en este caso a la Guardia Civil decir qué están pidiendo o qué necesitan, no somos nosotros quien" para decirlo.
Por su parte, el consejero de Presidencia, acudía esta mañana a la Consejería que dirige y dio instrucciones al secretario general, a la vicesecretaria general y a los funcionarios para que se pusieran a disposición de los agentes, que solicitaban diversa documentación, parte de la cual se encontraba además en los servicios económico e informático de la Consejería.
En algún caso y al tratarse de documentación que databa de hacía varios años, los agentes tuvieron que ser acompañados por la vicesecretaria de Presidencia al Centro de Documentación, donde se encontraba almacenada.
Campos ha mantenido informado desde primera hora al presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, quién, según el consejero, expresó su deseo de que se facilitara la máxima colaboración a la UCO.
El consejero indicó que aunque las diligencias judiciales son secretas, se trata de la investigación abierta en 2008 que intenta determinar la existencia de un entramado de empresas que podrían haber tenido relación con algunos funcionarios para favorecer en su actuación a algún municipio.
Anunció también que si el Gobierno regional tuviera que personarse en estas actuaciones para exigir responsabilidades, lo haría, pero que tiene que aguardar primero a que concluya la investigación judicial y a que la administración conozca el contenido de la documentación que analiza el juzgado de instrucción.
De lo que se desprende por ahora, apuntó que podría obedecer la investigación a intereses particulares de determinadas personas que han tenido trato o relación con la administración "desde una pura pertenencia como funcionario, o en su caso en las relaciones contractuales que pueden haberse instrumentado como medio comisivo delictivo para obtener un beneficio de tipo económico".
"Somos los primeros interesados en que a través de las actuaciones judiciales se aclare el tema", añadió, y subrayó que esperan que pronto se aclaren los hechos y que los ciudadanos tengan información puntual de lo que ha ocurrido.
La Guardia Civil también ha solicitado un Expediente de Información Reservada de la Comunidad Autónoma cuando tuvieron lugar las primeras detenciones del caso "Biblioteca" reactivado años después por el juzgado, expediente que, según Campos, concluyó cuando era consejero de Presidencia, Fernando de la Cierva.
La consejería de Presidencia abrió en abril de 2007 un procedimiento de información reservada para aclarar supuestas irregularidades atribuidas a su entonces responsable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios, José Luis Cano, implicado en la trama y ya fallecido.
Según informaron fuentes de la Consejería en noviembre de 2008, "no detectó irregularidades administrativas" en su actividad en el procedimiento de carácter interno abierto a Cano.
El PSRM-PSOE afirmó el 18 de noviembre de 2008 que Cano se encargaba desde su función pública de captar la contratación de proyectos de planeamiento y de obra pública de Librilla , pero también de Aledo y de Caravaca de la Cruz.


* La Verdad - 18.10.11
Foto: Aledo (Murcia) - regmurcia.com

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Valencia.- Bellver declara al tribunal que no sabía que el Jardín de Monforte tuviera protección

LEVANTE* : El concejal de Urbanismo de Valencia y diputado autonómico, Jorge Bellver, aseguró al tribunal que lo juzga desde ayer por prevaricación que desconocía que el Jardín de Monforte estuviera protegido. Bellver se enfrenta a ocho años y medio de inhabilitación por autorizar las obras del aparcamiento del Jardín de Monforte sin el preceptivo informe de la Dirección General de Patrimonio. El concejal se escudó en los técnicos e insistió en que no había "ni un solo problema". En el caso también están acusados el secretario municipal Pedro García y los técnicos Juan Casañ, Juan Antonio Altés y María José Gasull. Los cuatro funcionarios negaron haber recibido presiones de Bellver o del Ayuntamiento de Valencia para agilizar el expediente y coincidieron en que consideran que no hacía falta el informe de Patrimonio.
Según el fiscal, el permiso de Patrimonio que los cinco procesados obviaron era necesario porque el Jardín de Monforte está declarado Bien de Interés Cultural -BIC- desde la década de los noventa. El fiscal y el juez que instruyó el caso llegaron a la conclusión de que los imputados eran conscientes de de que obraban de forma irregular -hecho que castiga el delito de cohecho- porque en otros expedientes de actuaciones similares sí que se pidió la autorización a la Conselleria de Cultura. El ejemplo más claro, según el fiscal y el juez instructor, son las obras de la Clínica Quirón, que están en el mismo entorno BIC.

El concejal explicó que rubricó la aprobación del proyecto el 24 de junio de 2004 sin que los técnicos le advirtieran de que había que pedir ningún informe a Cultura. El edil insistió en que se limitaba a firmar los informes favorables que le remitían los técnicos municipales. "Yo estampo mi firma a nueve mil resoluciones al año y busco la garantía de que todo esté bien. Todos los informes de todas las áreas que intervinieron en el expediente eran favorables y si el secretario pone su firma yo estampo la mía. Firmé porque no había ni un solo problema".
El concejal añadió que la construcción del aparcamiento fue acordada por todos los grupos municipales en la Comisión de Urbanismo y que "la única discusión fue por el número de plazas. Nadie puso ninguna objeción".

El fiscal trató de hacer ver durante su interrogatorio que Bellver sí que sabía que el informe de Patrimonio era necesario por el precedente de la ampliación de la Clínica Quirón. Bellver apuntó que no recordaba exactamente otros expedientes y reiteró que desconocía que el Jardín de Monforte estuviera protegido.

Los cuatro funcionarios que declararon como acusados respaldaron la versión de Jorge Bellver. El secretario municipal Pedro García Rabasa admitió que sí sabía que el Jardín de Monforte estaba protegido. García Rabasa -como el resto de imputados- defendió que "esa protección no afecta al subsuelo y por tanto no era necesario pedir el informe de Cultura para construir el aparcamiento. El secretario municipal indicó que en el caso de las obras de la clínica Quirón sí que se solicitó el informe porque "era una construcción en altura".

Dos rampas y una escalera
Pedro García Rabasa reiteró que en su opinión las obras del aparcamiento eran subterráneas porque solo se ven desde la superficie las rampas y una escalera. El secretario aseguró que el Ayuntamiento de Valencia cumple las normas. "La táctica del ayuntamiento nunca ha sido la de desobedecer. A veces hemos cometido errores y los hemos corregido", declaró al tribunal García Rabasa. El técnico puntualizó que la única intervención de Bellver en el expediente "fue la de firmar la resolución".

El secretario municipal destacó que el ayuntamiento "no tenía ningún interés en no pedir el informe de Cultura". A preguntas de si fue presionado, Rabasa subrayó que "jamás" ha recibido instrucciones para agilizar algún expediente de forma irregular. Además, precisó que la autorización de Patrimonio es un trámite más ya que "la Conselleria de Cultura nunca ha denegado ninguna autorización de un aparcamiento". "El expediente pasó como uno más. Nadie indicó que se estuviera haciendo mal. Ningún funcionario ni ningún grupo político advirtió nada", concluyó.

María José Gasull, aparejadora del servicio de Planeamiento, declaró que hizo el informe del aparcamiento y pensó que no había problemas. La aparejadora alegó que no era competencia suya alertar sobre la necesidad del informe de Patrimonio y coincidió con el resto de acusados en que Jorge Bellver no le hizo ninguna indicación.
Juan Antonio Altés, director del área de Planeamiento, insistió en que no hubo ninguna irregularidad. "La protección corresponde al jardín. El entorno -que es donde está situado el aparcamiento- no estaba protegido", sentenció.

Diez testigos
La Fiscalía inició la investigación contra Bellver tras recibir una denuncia de la asociación de vecinos Cercle Obert de Benicalap. El colectivo vecinal reacción después de que el Ayuntamiento de Valencia decidiera derribar parte del muro que protege al Jardín de Monforte para sustituirlo por una verja de hierro alegando la necesidad de la aireación de las especies arbóreas. El nivel freático obligó a las empresas constructoras a envolver el garaje en un cajón que provoca la humedad en el jardín y ocasiona serios daños en las plantas. Cercle Obert descubrió en ese momento que para la construcción no se había pedido el informe de Patrimonio. El juicio continuará hoy con la declaración de diez testigos.


* Levante - 18.10.11
Foto: El concejal Jorge Bellver, durante su declaración en el banquillo de los acusados.- levante

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Marbella.- Un empresario admite que pagó a la trama de sobornos de Roca

ELPAÍS/Málaga* : El empresario burgalés Ismael Pérez Peña, hasta ahora un personaje secundario del caso Malaya, ha dado un verdadero vuelco al juicio sobre la gran trama de corrupción en Marbella (Málaga). Pérez Peña, empresario del sector del automóvil, admitió al inicio de la vista oral que pagó un total de 180.100 euros en septiembre de 2005 a la llamada caja única de Juan Antonio Roca, el supuesto cerebro del saqueo marbellí a cambio de que se le adjudicara el servicio de retirada de vehículos de la vía pública previa subida de las tarifas de la grúa municipal. El empresario también confesó que en enero de ese año entregó gratis a la entonces alcaldesa Marisol Yagüe cuatro vehículos: un Toyota RAV4, un Kia Sorento, un BMW 120 y un Lexus RX 300.
Han tenido que pasar 98 sesiones del juicio —que se inició el 27 de septiembre de 2010— para que alguno de los 95 procesados, admita haber cometido alguno de los delitos que le imputa el fiscal anticorrupción, Juan Carlos López Caballero. Sin embargo, Pérez Peña no ha hecho su confesión gratis. La declaración de culpabilidad es el fruto de un acuerdo de conformidad con la fiscalía por la que, a cambio de admitir su culpa, obtiene una sustanciosa rebaja en la condena. El empresario se enfrentaba a una petición fiscal de 11 años de prisión y multas que totalizaban 608.400 euros por delitos de cohecho, alteración de precios en concursos y subastas públicas, falsedad documental y malversación de caudales.

Tras el pacto con el fiscal, Pérez Peña acepta que ha cometido los delitos, pero el fiscal solicita que se apliquen las penas en su grado más bajo y solo deberá pagar 222.500 euros. Los dos años y tres meses de cárcel que se le reclaman ahora son sustituibles por multas. El empresario, de 67 años, estuvo tres meses y medio en prisión preventiva tras su detención en la Operación Malaya en marzo de 2006.

Pérez Peña eludirá la prisión, pero su testimonio inculpatorio afecta a gran cantidad de procesados en la trama, empezando por el propio Roca, y da aún más fuerza a una de las pruebas principales: la contabilidad privada de Roca, en la que se consignó el pago de 180.100 euros del empresario. Se trata del primer empresario que admite haber pagado sobornos a la trama supuestamente encabezada por Roca.

Aunque la cantidad entregada a Roca por Pérez Peña —180.100 euros— es muy pequeña en comparación con las que, según el fiscal, le dieron promotores con grandes intereses inmobiliarios en Marbella, como Andrés Liétor, Carlos Sánchez, José Ávila Rojas o Jesús Ruiz Casado, que suman 33 millones, su confesión afecta a numerosos imputados, que deberán adaptar su estrategia de defensa. Entre ellos figuran las ex ediles Marisol Yagüe e Isabel García Marcos, los exempleados de Roca Óscar Benavente o Jaime Hachuel, o los abogados del gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta-Soriano Pastor, que gestionaba gran parte de las sociedades tras las que el exasesor urbanístico marbellí ocultaba su patrimonio.

El episodio más relevante de Pérez Peña en el caso Malaya ocurrió en enero de 2006, dos meses antes de que estallara la operación. Ese mes, el empresario, que durante los años del gilismo alquiló al Ayuntamiento de Marbella gran parte de los vehículos del parque móvil municipal, entre ellos los de la Policía Local, se reunió con Juan Antonio Roca en el hotel Villamagna de Madrid. El poderoso asesor urbanístico marbellí le solicitó un préstamo de tres millones de euros en dinero negro. Pérez Peña le convenció de que no disponía de tanto dinero en b y acordó con él dejarle dos millones.

El 30 de enero de 2006, según la fiscalía, Óscar Benavente y Jaime Hachuel, empleados de confianza de Roca, se presentaron en las oficinas de Ismael Pérez Peña en Getafe (Madrid). Allí, el hijo del empresario les entregó el maletín con el dinero. Sin embargo, a la salida de la empresa, la policía local de Getafe interceptó el vehículo e intervino los dos millones de euros.

Según la Fiscalía, para justificar la procedencia del dinero, Pérez Peña se puso en contacto con uno de los abogados de confianza de Roca, el también imputado Francisco Soriano Zurita. La estrategia que pactaron ambos fue presentar una querella contra los agentes que intervinieron los fondos, para saber si existían escuchas telefónicas en el entorno de Roca y crear un contrato ficticio de compraventa de unos inmuebles. Para ello el hijo de Pérez Peña pidió a un empresario conocido suyo, Carmelo Armenta, que firmara un contrato por el que una de sus sociedades adquiría tres chalets en Cala D'Or (Mallorca) a la sociedad Gracia y Noguera, propiedad de Roca y representada por Benavente.

Carmelo Armenta ha reconocido ante el tribunal que ese contrato no era real y también recibió una rebaja en la petición de pena.

Yagüe niega haber recibido los coches

Pérez Peña afirmó que el pago de los 180.100 euros a cambio de obtener la adjudicación del servicio de grúa municipal y de que se la agilizara el pago de 1,5 millones de euros que el Ayuntamiento le adeudaba le fue “requerido” por Roca y por la exalcaldesa Marisol Yagüe. A la exregidora también confesó haberle entregado gratis tres coches —un Toyota RAV4 para la alcaldesa, un Kia Sorento para la pareja de esta y un BMW 120 diesel para su hijo mayor—.

La exalcaldesa gilista recibió estos coches a través del fallecido edil Victoriano Rodríguez. Yagüe, que ayer declaró visiblemente alterada, afirmó que “casi ni conocía” a Pérez Peña. “¿Regalarme? ¿Por qué? No creo que la gente vaya regalando coches por las buenas”, afirmó Yagüe. Según la exregidora, el exedil andalucista Carlos Fernández, huido de la justicia, y expulsado por Yagüe del equipo de gobierno es el verdadero artífice de que se destapara el caso Malaya.“Carlos Fernández hablaría lo que fuera y aquí estamos todos por la venganza de Carlos Fernández; mira como no lo han encontrado”, dijo.


* El País - FERNANDO J. PÉREZ - 17 OCT 2011
Foto: Juan Antonio Roca, esta mañana en la sesión del juicio del 'caso Malaya'. / JULIÁN ROJAS

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'Guerra' en Granada: el proyecto de un ascensor para subir a la Alhambra divide a la ciudad

ELCONFIDENCIAL* : Otro proyecto polémico en Andalucía. Si la Torre Pelli de Cajasol en la isla sevillana de la Cartuja peligra la condición del casco histórico de Sevilla como Patrimonio Mundial de la Humanidad, el proyecto de un ascensor para subir a la Alhambra parece correr idéntica suerte. El plan, obra del alcalde popular de Granada, José Torres Hurtado, prevé la construcción de esta infraestructura mecánica para subir al monumento más visitado de España.
El proyecto, que costaría 4,5 millones de euros, contempla la construcción de túneles –uno de ellos de hasta siete metros de diámetro– y un elevador desde el Paseo de los Tristes hasta el conjunto histórico-artístico. Torres Hurtado, eelegado del Gobierno en Andalucía, ya ha mostrado los planos y lo considera fundamental para ayudar a los comerciantes y hosteleros de Granada. Este gremio se queja que la mayoría de los turistas –los cruceristas que llegan al Puerto de Málaga, ejemplifican– de Granada sólo lo hacen a la Alhambra y luego se vuelven a la Costa del Sol sin pasar por el centro. “Con este sistema aumentarían nuestras ventas”, señala el presidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, Carlos Navarro, también partidario de reabrir una antigua aspiración granadina: plantear un teleférico entre Granada y Sierra Nevada.

La dirección del Patronato de la Alhambra, formado por el Ayuntamiento de Granada, el Ministerio de Cultura, y la Junta de Andalucía (que deja la voz a su responsable), muestra su rechazo al proyecto y recuerda que para pudiera salir adelante habría que cambiar la legislación. También que peligraría el Patrimonio Mundial de la Humanidad con la inevitable pérdida de prestigio para el emblemático monumento.

María del Mar Villafranca, directora del Patronato de la Alhambra y el Generalife, ofrece algunas soluciones. “Si se trata de mejorar la comunicación de la ciudad con la Alhambra se podrían autobuses eléctricos y otras formas de acceso a través del barrio del Realejo o la restauración de la Cuesta de los Chinos, que siempre es la vía más directa”, cuenta Villafranca a El Confidencial.

2,1 millones de visitantes y subiendo…

El Patronato niega que el monumento no esté en uno de sus mejores momentos. El año pasado lo visitaron 2,1 millones de personas; el crecimiento este año es del 8,6%. A estos datos habría que sumar otras cifras que podrían desmontar la teoría de la huida de Granada tras visitar el Palacio nazarí: dos tercios de los turistas que visitan la Alhambra pernoctan en Granada y lo hacen una media de 2,6 noches.

Por segunda vez este mes el próximo 26 de octubre se reunirá una comisión mixta de técnicos que analizará con detalle la viabilidad técnica y detallar cómo sería la construcción del ascensor y los túneles. Villafranca ya ha dado la alerta a la Unesco y Víctor Fernández Salinas, secretario general de Icomos (Comité Español del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios), ONG dependiente de Unesco, explica a este diario por qué rechaza la idea del primer edil granadino, alcalde desde 2003 (el pasado mes de mayo ganó por tercer vez por mayoría absoluta) y que llevaba el proyecto del ascensor en su programa electoral.

“Hay que pensar mucho donde se invierte el dinero y a dónde nos han llevado las obras megalómanas y fuera de escala; cuando se hace una obra tiene que tener un significado. Confiamos en la sensatez del Ayuntamiento. Se trata de una de las colinas sagradas no de España, sino del planeta. Hay que actuar con mucha prudencia”, señala Fernández.

Los discapacitados y #laalhambranoesungruyer

Internet se ha convertido en terrero propicio para que se expresen los contrarios a la iniciativa del alcalde Torres. En Twitter funciona con éxito el hashtag #laalhambranoesungruyer y en el grupo de Facebook, plagado de contrarios al proyecto, también surgen voces como la de Loreto Blázquez que reconocen que la medida podría beneficiar al colectivo de discapacitados.

En esta misma red social la granadina Beatriz Aguilera lamenta que los políticos se escuden en el informe de los especialistas para lograr su propósito. “Digo yo que si se ha construido un eurotúnel perforar la ladera de la Alhambra debe ser pan comido. Ahora bien, si de perforar se trata por mí que continúen con las perforaciones para las obras del metro (paradas) y que convierten la ciudad en un gran queso gruyere. ¿Necesario? No, no y no. Personalmente creo que el impacto visual está garantizado. Yo seguiré subiendo por la Cuesta de Gomérez respirando bosque”.

Los blogueros también se han animado. Es el caso del periodista Juan José Ibáñez, más conocido en Twitter como @bomarzo. En su bitácora Retabillo Granadino se fija en la Alhambra como escenario de ensueño. “Es un espacio único, que aparece inalterado desde hace decenas de años, cientos de años. El paisaje apenas ha cambiado desde que los románticos franceses la visitaran y la grabaran para la posteridad. Y esa es parte de su riqueza, de su valor, valor que la convirtió en Patrimonio de la Humanidad” y que ahora podría perder por culpa de un ascensor…


* El Confidencial - Agustín Rivera 17/10/2011
Foto: Granada, Alhambra - google

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Valencia.- Diez años de aparcamiento fantasma

ElPAÍS* : La falta de aparcamientos en el céntrico barrio de Velluters es una de las quejas más habituales entre los vecinos del barrio. Por eso califican de insólito que la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia mantengan cerrado al público durante casi una década el aparcamiento de la calle de Viriato. De 292 plazas, el garaje está bloqueado, pendiente de un cambio de planeamiento solicitado por la Generalitat para poder vender las plazas. El trámite sigue sin aprobarse pasados dos años. Mientras tanto, las instalaciones se deterioran. El Grupo Municipal Socialista en el Consistorio ya ha cifrado en "cinco millones de euros el coste que tiene para las arcas públicas" mantener la infraestructura sin abrirla a los vecinos.
El Ayuntamiento de Valencia cambió en 2009 a petición de la Consejería de Hacienda el plan de reforma interior de Velluters para facilitar la venta de las plazas que, en principio, solo podían otorgarse en régimen de concesión por una serie de años y previo pago de un canon. El aparcamiento se acabó en febrero de 2003 bajo una plaza pública -y el subsuelo también lo es en tanto no se desafecte-, por lo que sin un cambio de planeamiento no es posible la venta en propiedad de las plazas. El expediente está en manos de la Consejería de Territorio.

Los residentes insisten al Ayuntamiento en que se pongan a su disposición estas plazas. Según cálculos de profesionales, si las plazas hubieran salido a precios asequibles, por ejemplo, 70 euros al mes de alquiler por los casi 10 años transcurridos, se habrían podido recaudar 2,4 millones de euros. En caso de venta, a precio de vivienda protegida, se recogerían unos 5,2 millones de euros.

Mientras, sigue en el aire la intención del Ayuntamiento que gobierna la alcaldesa Rita Barberá de arbitrar una solución. En concreto, el anuncio del concejal de Urbanismo de Valencia, Jorge Bellver, que en noviembre de 2009 aseguró que las 292 plazas iban a ser adjudicadas en breve por la Consejería de Hacienda. Y hasta la fecha. Dos años después, el aparcamiento sigue cerrado y los vecinos de uno de los barrios más céntricos de la ciudad de Valencia se quejan de problemas de estacionamiento en la zona.

Para colmo, los vecinos han denunciado que de forma ilegal algunos vehículos estacionan en el aparcamiento cerrado "sin que exista autorización oficial alguna", subraya el Grupo Municipal Socialista de Valencia. "Lo más lamentable es que el garaje presenta desperfectos y daños como goteras, humedades y charcos de agua permanentes en el suelo", describen los socialistas.

Pronto se cumplirán los 10 años de garantía de la obra, "sin que la Generalitat haya exigido a la empresa que lo construyó la reparación de estos daños". "Por la desidia de las Administraciones municipal y autonómica la reparación podría costarnos muy cara", añade el PSPV. Su grupo pedirá en un próximo pleno municipal que se pongan a disposición de los residentes estos 292 aparcamientos, al menos en régimen de alquiler.

El concejal socialista Vicent Sarrià insistió ayer en denunciar que el embrollo del aparcamiento de Velluters es "un ejemplo más de la mala gestión, en este caso, con la responsabilidad compartida entre el Ayuntamiento y la Generalitat".

Para Sarrià, mantener la infraestructura cerrada no solo repercute negativamente en las arcas públicas, puesto que el Ayuntamiento ha dejado de ingresar una importante suma de dinero, sino que "los vecinos de Velluters tiene que aparcar donde pueden". Además, afecta al entorno urbano puesto que "se puede comprobar cómo no se pueden plantar árboles porque los coches los destrozan".

Sarrià también recuerda que el aparcamiento se engloba en el complejo sociocultural del Conservatorio Superior de Música de Valencia y "recibió financiación europea, así como todo tipo de facilidades por parte del Ayuntamiento para que la Consejería de Hacienda pudiera vender las plazas".


* El País - CRISTINA VÁZQUEZ - Valencia - 17/10/2011
Foto: Un hombre pasa ante la entrada cerrada del aparcamiento de Velluters en Valencia.- elpais

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15-O, primera protesta global

ROBERTO MONTOYA* : La revuelta trasnacional ya está aquí. El sábado se escuchó su grito de América a Asia y Oceanía, de Europa a África y Oriente Medio: ¡Basta ya! La revolución ética, la protesta de los indignados, la demanda de una democracia real, tomó cuerpo y se hizo sentir en todo el mundo. A la convocatoria se sumaron un total de 951 ciudades de 82 países distintos. En algunos casos fueron sólo unas centenas de personas, en la mayoría, miles, decenas de miles y hasta centenares de miles en algunos países europeos. A causa de los distintos husos horarios, las primeras movilizaciones empezaron en Tokio, Sidney y Hong Kong. Cuando la Argentina se desperezaba ayer sábado, ya había decenas de miles de personas en las calles de Berlín, de Lisboa, Amsterdam, Roma –donde un grupo minoritario protagonizó algunos incidentes violentos al intentar incendiar el Ministerio de Defensa– y numerosas otras capitales y ciudades europeas. En la city londinense Julian Assange, cara visible de Wikileaks, habría aparecido con una máscara de Anonymus, el conocido grupo de hackers.
En numerosos sitios de Europa, así como en Estados Unidos, muchos de los manifestantes estaban acampados en plazas desde la noche anterior. En vísperas del 15-O los indignados de Occupy Wall Street lograron evitar que la policía los desalojara del neoyorquino Zuccotti Park –rebautizado Plaza de la Libertad– después de que más de 300.000 personas firmaran peticiones para detener el desalojo. Ayer fueron decenas de miles los que salieron a la calle en Nueva York, Washington y muchas otras ciudades de Estados Unidos.
En España, uno de los platos fuertes de la jornada, con concentraciones en 60 de sus ciudades y cientos de miles de personas protestando, seis marchas partieron por la mañana desde pueblos de la periferia y barrios de Madrid, para converger por la tarde en la mítica plaza de Cibeles, en pleno centro, e iniciar luego la manifestación que terminó, como no podía ser de otra manera, en la mítica Puerta del Sol, donde se originó todo este movimiento hace ayer exactamente cinco meses, el 15 de mayo, el 15-M.

¿Qué gritaban, qué coreaban, qué banderas enarbolaban personas de tantas nacionalidades, razas y edades diferentes en esta protesta global? “¡Especuladores a la cárcel!”, “¡No somos mercancía en manos de políticos y banqueros!”, “¡No estamos llamando a la puerta, la estamos tirando!”, “Precarios del mundo, no tenemos nada que perder, excepto las cadenas!”, “Yo no voté a los mercados ni al FMI”, “Estoy buscando mis derechos, ¿alguien los ha visto?”.

Los lemas, estribillos y pancartas que se vieron ayer en las cientos de manifestaciones que tuvieron lugar en todo el mundo, eran tan variadas como las personas que las portaban o gritaban, pero todas tenían algo en común: reflejaban el hartazgo de millones de personas frente a las injusticias de un sistema neoliberal donde los mercados financieros, el FMI, el Banco Central Europeo, el Banco Mundial, la gran banca, las grandes multinacionales, grandes especuladores y agencias de calificación de riesgo, condicionan a su antojo la vida de los ciudadanos de a pie. Con la complicidad, claro, de tantos de los gobiernos y dirigentes políticos de turno, que se arrodillan ante ellos.

“Los poderes establecidos actúan en beneficio de unos pocos, desoyendo la voluntad de la gran mayoría, sin importarles los costos humanos o ecológicos que tengamos que pagar. Hay que poner fin a esta intolerable situación.” Ése es uno de los pasajes del manifiesto que gracias a la fluidez de las redes sociales elaboraron conjuntamente para la jornada de ayer las distintas partes de esta gran red contestataria y potencialmente anticapitalista.

Una de las patas donde se trabajó en ese documento –traducido a 18 idiomas y accesible en http://15october.net– fue en Bruselas. Durante una semana convergieron en la capital de Bélgica y sede de la Unión Europea y de la OTAN, cientos de indignados, que a pesar de sufrir la represión policial, llegaron tras marchar desde Madrid, Barcelona y Toulouse, en recorridos de hasta 1.200 kilómetros.

Es uno de los fenómenos de este movimiento. Sin medios, sin apoyos institucionales –todo lo contrario, hostigados por los poderes públicos– miles de jóvenes y no tan jóvenes vienen logrando movilizarse, traspasar las fronteras virtual y físicamente para reunirse, para intercambiar experiencias, lanzar iniciativas comunes, de una forma que hasta ahora no han logrado ni siquiera las poderosas confederaciones sindicales, con tantos recursos a su alcance… pero tan domesticadas, tan burocratizadas.

La propia izquierda tradicional europea se ha visto desbordada y, de hecho, cuestionada por toda esta corriente alternativa, sin llegar a comprender cómo un movimiento asambleario como éste es capaz de limar y superar las rencillas internas para consensuar documentos y actividades colectivas, algo que ellos son incapaces de hacer. Tras el recelo inicial, muchos partidos han intentado capitalizar políticamente toda esta protesta, pero tanto el 15-M español como los distintos movimientos similares, son conscientes de que uno de sus capitales principales y diferenciadores es precisamente su independencia.

Supone por una parte una limitación –al menos por ahora– al no poder pesar de una manera más decisiva en el escenario político, sobre todo en situaciones preelectorales como la que se vive en España, pero por otro lado le permite solidificarse y extenderse.

A pesar de que el 15-M español, como otros movimientos similares en otros países, no ha nacido de la nada, sino que es la conjunción de luchas llevadas a cabo durante años por miles de activistas en frentes muy variados, a las que sólo en los últimos meses se han sumado muchísimas más personas, no deja de ser un fenómeno nuevo, que necesita su tiempo para madurar.

Desde que estalló en 2008 en Estados Unidos la actual crisis del sistema financiero capitalista, propagándose por todas las economías europeas enlazadas –con menores repercusiones en América latina y otras zonas del mundo– los gobiernos de esos países desarrollados han justificado los durísimos recortes de los derechos sociales y laborales que han impuesto, por la necesidad de “calmar a los mercados”.

Los mercados financieros, los grandes inversores internacionales, los grandes especuladores, se han convertido así cada vez más en los dueños de la situación. Entes que el ciudadano no ha elegido, han pasado de hecho a condicionar la política económica, laboral y social de gobiernos supuestamente soberanos.

La protesta del 15-O rechaza frontalmente esa lógica, que sólo ha traído desempleo y pobreza. Es un cuestionamiento al sistema económico, al sistema político, a los grandes sindicatos; se trata de otra forma de hacer política, de otra forma de participación ciudadana, de un rechazo del poder monopolista de los medios de comunicación, de otra justicia, el germen de algo nuevo. De ahí que el fenómeno de los indignados se haya convertido para tantas personas en una esperanza de que sí es posible cambiar las cosas, de que otro mundo es posible.

Fuente: http://sur.elargentino.com/notas/15-o-primera-protesta-global


* Rebelión - Miradas al Sur - 17.10.11

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