C.Valenciana.- El mandato de las manos negras

ELPAÍS/Reportaje* : Decenas de Ayuntamientos, en los juzgados por supuestas tramas ligadas al urbanismo y la basura.
-Intermediario: ¿Qué pisos quieres?
-Ripoll: "Dos de distinto ascensor, D. y E".
Este breve pasaje de una de una conversación, recogida en el sumario del caso Brugal, entre el empresario Rafael Gregori y el presidente de la Diputación de Alicante y líder provincial del PP, José Joaquín Ripoll, es, quizás, el máximo exponente del grado de supuesta corrupción que ha incubado en las instituciones locales y provinciales valencianas en este mandato. Los jueces han destapado un sinfín de supuestas tramas corruptas integradas por cargos públicos y empresarios, cuyo nexo eran el urbanismo y las contratas, básicamente la basura. Los delitos más comunes son cohecho y tráfico de influencias. El poder que algunos protagonistas de las tramas se arrogaban era absoluto. En otro pasaje de las escuchas del caso Brugal, el promotor Enrique Ortiz se jactaba ante uno de sus empleados de ser "la única mano negra" en Alicante. La síntesis de estos escándalos, con entramados rayanos en la novela negra, es más de 30 Ayuntamientos en los juzgados, con la guinda de la Diputación de Alicante, y centenares de imputados, acusados o implicados, entre ellos unos 50 cargos públicos.

La primera trama que saltó a la palestra fue la supuestamente pergeñada por el exalcalde de Polop Juan Cano, del PP, presunto cerebro de un complot, urdido en un club de alterne, para asesinar a Alejandro Ponsoda, su antecesor en el cargo, en octubre de 2007. Tras dos años de pesquisas fueron arrestadas y encarceladas siete personas, incluido Cano, por su implicación en el crimen. La investigación mantuvo que el móvil del asesinato fue el urbanismo. Los agentes también aportaron al juzgado una serie de datos sobre una supuesta trama urbanística, igualmente liderada por Cano. Los acusados están en libertad con fianza y la trama urbanística, que el juez desglosó en una pieza separada, se reduce a una permuta de suelo, propiedad de Cano, con una promotora.

Al caso Polop le sucedió la trama de los 300 chalés ilegales en la huerta del municipio de Llíber. La investigación sostiene que el Ayuntamiento, entonces gobernado por José Más, del PP, concedía licencias ilegales a cambio de suculentas sumas, más de 2,5 millones de euros.

El urbanismo planea como primer móvil de otro escándalo que ha puesto en jaque a los dos alcaldes del PP en Alicante, el exregidor Luis Díaz Alperi y sucesora, Sonia Castedo. Ambos, junto a otras 19 personas, están acusados por el fiscal Anticorrupción de Alicante de supuesto trato de favor al promotor local Enrique Ortiz en la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad. Esta causa, aún bajo secreto del sumario, es una de las piezas más destacadas del sumario del caso Brugal. El escándalo surgió en la recta final del trámite del PGOU, que el Gobierno local del PP comenzó hace 11 años. El documento sancionado por el Consistorio está a la espera del visto bueno del Consell.

Las contratas de las basuras han puesto bajo sospecha la gestión de Ripoll en la Diputación de Alicante. El juez sostiene que el dirigente popular entregó la contrata de la planta de la basura del plan Zonal de La Vega Baja a una UTE integrada por Ortiz y Cespa a cambio de dos pisos o su equivalente en metálico, un millón de euros.

Otro Ayuntamiento sacudido por el caso Brugal ha sido el de Orihuela. La investigación mantiene que el Consistorio, presidido por Mónica Lorente, del PP, amañó la contrata de la basura para beneficiar al industrial Ángel Fenoll, hegemónico en este sector en La Vega Baja. Por estos hechos fueron arrestados y están imputados tres ediles del PP.

En la provincia de Valencia, el mayor escándalo trascendió en el verano de 2010. Emarsa, sociedad que gestionaba desde hacía décadas la depuradora de Pinedo, inicia un proceso de disolución dejando tras de sí un agujero económico que, según los socialistas, asciende a 16 millones. El escándalo ha alcanzado también a otros municipios como Zarra, Montroi y Olocau.

De capital público y con un consejo de administración formado por alcaldes y concejales del área metropolitana de Valencia, la gestión de Emarsa está bajo sospecha desde el verano de 2010 en que comenzó su proceso de disolución. Los socialistas, que son minoría en el consejo, pusieron al descubierto una gestión plagada de irregularidades, despilfarro y presuntas estafas. Directivos que cobraban más que el presidente del Gobierno español, empresas que se embolsaron hasta 15 millones de euros por trabajos que la oposición sospecha que no se realizaron, contratos blindados a una empresa de lodos, y pagos a una empresa de azafatas, al frente de la cual estaba la mujer de uno de los directivos. Y en el capítulo de implicaciones políticas destaca la vinculación de varios directivos de Emarsa con el PP, partido al que pertenece el expresidente de Emarsa y alcalde de Manises, Enrique Crespo.

El Ayuntamiento de Valencia también ha tenido su particular escándalo, el de Los Jardines de Monforte. El caso se ha saldado con la imputación por presunta prevaricación del concejal delegado de Urbanismo de la capital, Jorge Bellver. El edil desoyó la orden de la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat y autorizó un aparcamiento sin el informe del organismo autonómico. Las empresas que ganaron el concurso del aparcamiento fueron Secopsa y Enrique Ortiz. Bellver ha sido ascendido en la lista municipal e incluido por primera vez en la candidatura autonómica del partido.

LISTADO DE LOS ESCÁNDALOS MUNICIPALES DE MAYOR ENVERGADURA

- Caso Polop. Fue la primera trama, con tintes de novela negra, que saltó a la palestra. La policía arrestó a siete personas, entre ellas el exalcalde Juan Cano, del PP, como inductor del asesinato de su predecesor, Alejandro Ponsoda. El móvil, según la investigación, fue el urbanismo. El juzgado abrió una pieza separada para investigar la trama urbanística.

- PGOU de Alicante. El sumario del caso Brugal incluye una pieza separada que investiga un supuesto trato de favor del Ayuntamiento de Alicante al promotor Enrique Ortiz en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El fiscal acusa al promotor y los dos alcaldes del PP, el exregidor Luis Díaz Alperi y su sucesora, Sonia Castedo, de cohecho y tráfico de influencias. El nuevo PGOU está pendiente de la aprobación del Consell.

- Planta de basura de La Vega Baja. Es la pieza principal del caso Brugal e investiga un supuesto soborno al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, por parte de los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll por la contrata de la planta de basura de La Vega Baja.

- Contrata de basura de Orihuela. Tercera pata de caso Brugal. Indaga el supuesto amaño de la contrata de la basura del municipio de Orihuela para adjudicarla al empresario Ángel Fenoll. Por estos hechos fueron arrestados y están imputados tres ediles del PP.

- Caso Emarsa. Escándalo que afecta a la firma Emarsa, encargada de la gestión de la depuradora de Pinedo (Valencia). El juzgado investiga trabajos no realizados por 15 millones de euros.

- Jardines de Monforte. El juez ha imputado al concejal del PP de Valencia Jorge Bellver por autorizar un aparcamiento en los Jardines de Monforte sin permiso de Patrimonio. La obra fue adjudicada a Ortiz. El edil opta a la reelección y ha sido incluido en la lista autonómica del PP.

- Instituciones afectadas e implicados.

Las supuestas tramas corruptas afectan a unos 30 Ayuntamientos, con la guinda de la Diputación de Alicante. Hay centenares de imputados, acusados o implicados, entre ellos unos 50 cargos públicos.


* El País - 30.04.11
Foto: Alicante, registro policial en Diputación - diarioinformacion.com

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Llanes.- La cruz del urbanismo

LNE/Asturias* : El urbanismo llanisco volvió ayer, una vez más, al Tribunal Supremo. Fue un mero trámite, dado que el asunto de debate, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), ya está definitivamente anulado desde hace tres meses; así que las consecuencias de esta nueva sentencia, que se conocerá dentro de unos meses, no pasarán de ser otro aviso para el futuro. El Supremo votó ayer sobre el recurso presentado por el Gobierno del Principado y el Ayuntamiento de Llanes contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que, el 30 de mayo de 2008, anuló el PGOU tras un recurso de la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL). Fue la misma sala del Supremo que ya se pronunció, en sentencia firme, el pasado mes de enero sobre otro recurso presentado por Andecha Astur. El Supremo, entonces, ratificó la anulación del planeamiento, decidida hace cuatro años por el TSJA, lo que dejó al concejo en una situación única en España: sin planeamiento municipal por la anulación en los tribunales de justicia de los tres últimos planeamientos y la derogación del anterior por el Principado.

Esta situación obliga a aplicar leyes generales, estatales y regionales en el concejo, hasta que se redacte un nuevo planeamiento. Y deja al Ayuntamiento prácticamente sin competencias urbanísticas: será la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio (CUOTA) la que tenga en sus manos la mayor parte de las decisiones en esta materia.

El recurso de Avall contra el PGOU llanisco fue aún más allá que el de Andecha Astur, dado que además de la aprobación definitiva del planeamiento el colectivo vecinal recurrió la aprobación del texto definitivo. El TSJA ya dio la razón a Avall en 2008 y anuló explícitamente el PGOU, así como todos los planes parciales y todos los crecimientos en los núcleos que se transformaron de rurales a urbanos, como Barru o Poo, e incluso los crecimientos de los núcleos que ya eran urbanos, pero que los hicieron crecer sin justificar debidamente.

El TSJA, en un severo varapalo al Ayuntamiento y al Principado, criticó entonces con dureza que se hubieran incorporado al planeamiento planes parciales ya anulados junto al plan urbanístico anterior (el de 1992) una vez finalizado el período de información pública, lo que impidió a los ciudadanos emitir opiniones sobre los mismos. Entre las actuaciones urbanísticas que se incorporaron ilegalmente al PGOU están las de La Talá, La Huertona y el polígono industrial de Posada.

Pero los recursos de Avall y Andecha Astur no son los únicos: ha habido también varias anulaciones parciales. Así, un particular recurrió la recalificación de suelos aprobada por el Ayuntamiento -y bendecida por el Principado- en la localidad de Buelna. También en este caso los jueces dieron la razón al recurrente y anularon la ampliación del núcleo rural de Buelna, al no haber justificado debidamente el equipo redactor la recalificación de terrenos. También anularon los tribunales de justicia la ampliación del núcleo urbano de Niembru, lo que ha provocado la orden de derribo de un chalé en construcción, así como el plan parcial de La Talá, una de las «perlas» del modelo urbanístico elegido hace dos décadas por las autoridades locales, con el que se pretendían levantar unas 500 viviendas en el extremo occidental de la villa de Llanes.

La delicada situación urbanística del municipio llevó al Principado a anunciar unas normas provisionales para el concejo, que iban a ser redactadas en tres meses, para presentarlas justo antes de las elecciones del 22 de mayo. La propuesta fue cuestionada por todos los expertos en la materia consultados por este periódico, al considerar inaplicable la normativa elegida por el Principado en el caso de Llanes. Finalmente, el ejecutivo regional dio marcha atrás y anunció que en el concejo se aplicarán las normas estatales y regionales vigentes.


* LNE - 28.04.11
Foto: Llanes (Asturias), vista general - elcomercio

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Gondomar otorga una treintena de licencias al margen de la secretaria

FARODEVIGO* : El gobierno de Gondomar confía en la justicia y tiene muy claro que la investigación de la Fiscalía de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del área de Vigo sobre el veto a la secretaria municipal y a la técnica de administración general de Urbanismo en relación a asuntos urbanísticos quedará en nada. De hecho, la oficina de Urbanismo del Ayuntamiento ha concedido ya una treintena de licencias al margen de ambas funcionarias, aunque ello pueda suponer, como denunció el BNG ante el fiscal, un presunto delito de prevaricación. Tanto el alcalde, el popular Martín Urgal, como el concejal de Urbanismo, Alfonso De Lis, aseguran que todos los permisos otorgados "se ajustan perfectamente a la legalidad" e incluso anuncian que se tramitarán otros veinte pendientes "en caso de que también cumplan con la normativa urbanística en vigor, las normas subsidiarias recuperadas".

Urgal reiteró ayer que no tiene "ningún miedo a la Fiscalía", que ha requerido al Ayuntamiento el expediente correspondiente a la primera licencia concedida sin la supervisión de la secretaria y la técnica de Urbanismo. "No estoy haciendo ninguna barbaridad, sino todo lo contrario. Las licencias tienen informes favorables del arquitecto municipal y del abogado privado contratado por el Ayuntamiento" para suplir las tareas de las mencionadas funcionarias, desde que fueron apartadas de los expedientes urbanísticos el pasado febrero.
Para el regidor, la concesión de licencias en estas circunstancias es un acto de valentía. "A veces hay que echarle valor a la vida por el bien común. Para mí sería mucho más fácil dejarlo estar y no conceder permisos, pero es que con cada licencia colocamos a dos o tres albañiles y damos de comer a sus familias", recalcó Urgal.

La sombra de Carlos Silva

Cuando se le pregunta sobre el precedente del exalcalde popular Carlos Silva, inhabilitado por prevaricación, también por la concesión de licencias con el Plan Xeral anulado, Urgal recuerda que "Silva fue juzgado inicialmente por 300 permisos y finalmente condenado por solo uno". Tampoco teme que las licencias sean anuladas en el futuro, porque en el proceso de Silva solo fue suprimida una de ellas, precisamente la que lo inhabilitó.
El concejal de Urbanismo se expresa en similares términos. Alfonso De Lis manifiesta su deseo de que la Fiscalía aclare el asunto e incluso ha ordenado a su departamento que remita toda la documentación requerida para asegurarse de que "recibe todo el expediente". El edil también se declara sereno. "Ojalá todos mis problemas fueran este", subraya. Su objetivo, insiste, es dinamizar la economía gondomareña y la concesión de licencias supone "que al menos dos constructoras no echen a la calle a sus trabajadores y que varios negocios inicien su actividad".


* Faro de Vigo - 30.04.11
Foto: Gondomar (Pontevedra) - aedru.org

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El presidente de la Audiencia critica el ritmo «insostenible» del juicio del 'caso Malaya'

SUR/Marbella* : El juicio del 'caso Malaya' pesa como una losa en la Audiencia de Málaga. Su celebración ha requerido un notable esfuerzo con un importante despliegue de medios materiales y sobre todo humanos, que está prolongándose en el tiempo, lo que está provocando que otras necesidades estén desatendidas. El presidente de la Audiencia Provincial de Málaga, Francisco Arroyo Fiestas, aprovechó ayer la presentación de la memoria de este tribunal, para criticar la duración de la vista oral, cuyo ritmo llegó a calificar de «insostenible desde el punto de vista organizativo».
Arroyo recordó que las previsiones eran que el macrojuicio sobre la trama de corrupción en Marbella que terminara a finales de este año, sin embargo la vista todavía no ha llegado a su ecuador. No obstante se mostró confiado en que se pueda acelerar en los próximos meses, aunque reconoció que su ritmo no depende de él sino que lo marca el tribunal, los abogados y el fiscal.

En ese sentido, el presidente de la Audiencia dijo que la única manera de avanzar más rápido es «acelerar los interrogatorios y concentrarse en las pruebas que sean importantes, desechando las que ya son innecesarias, además de una mayor coordinación entre la Fiscalía Anticorrupción y los abogados».
Para que la Sección Primera de la Audiencia pudiera celebrar 'Malaya' fue necesario desplazar magistrados de otras secciones y de la provincia. Arroyo aseguró que esta medida estaba prevista para un plazo «razonable» de un año y «tenemos desatendidas otras necesidades con el fin de que 'Malaya' funcione a pleno rendimiento».
Pese a estas desatenciones que está provocando la envergadura de 'Malaya', Arroyo Fiestas asegura que las medidas «se mantendrán», pero lo deseable sería que el procedimiento «se activara un poco más de lo que está».
Tras recordar que además de 'Malaya', la Audiencia de Málaga ha celebrado en paralelo otros macroprocesos, como el 'caso Minutas', y 'Ballena Blanca', además de estar preparada ya para otros como el del 'caso Troya' (en septiembre) y 'Nilo' (en noviembre), alabó el «esfuerzo realizado por magistrados, secretarios, fiscales y funcionarios» que han intervenido en ellos.
«Muchos no creían que esto pudiera ver la luz y sin embargo el esfuerzo, la ilusión, el optimismo y un alto grado de organización lo han hecho posible», destacó.
Edificios dignos
Francisco Arroyo se refirió ayer a los juzgados de la Costa del Sol, especialmente Marbella, para los que reclamó edificios judiciales «dignos y representativos de las funciones que realizan». Se refirió a la crisis y a que en esta coyuntura económica la industria que «más prospera es la turística», por lo que subrayó la necesidad de «atender en condiciones a los ciudadanos extranjeros que nos visitan». A su juicio, los juzgados de Marbella, a pesar de «la profesionalidad de las personas que trabajan en ellos», no reúnen las condiciones para dar la imagen de un país de la Unión Europea.
«Cuando llega un extranjero que no conoce esos profesionales y ve ese edificio, sinceramente, su nivel de confianza en los tribunales españoles se queda bajo cero», aseguró Arroyo, quien dijo que esta es la impresión que le han traslado los representantes del cuerpo consular de Málaga. «Ellos son los primeros que me han hecho ver cuál es la imagen que tienen la Justicia para los ciudadanos extranjeros. Cuando llegan allí se sienten inseguros y asombrados con un edificio con estanterías desvencijadas, paredes sucias y papeles por los suelos, más propio del Tercer Mundo, que de un país de la Unión Europea».
Para el presidente de la Audiencia es necesario que el Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía abandonen posturas partidistas y «aúnen posturas» para construir una edificación judicial «digna». En ese sentido, destacó el compromiso de la nueva delegada del Gobierno andaluz, Remedios Martel, para poner en marcha un proyecto de edificio judicial.


* Sur - 29.04.11
Foto: Marbella, sumario caso Malaya - malagahoy.es

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Centenares de manifestantes critican la privatización de suelo escolar en Valencia

ELPAÍS* : Más de 300 manifestantes salieron ayer a la calle en el barrio valenciano de Campanar para criticar la última recalificación de suelo escolar decidida por el Gobierno local. El Ayuntamiento, presidido por Rita Barberá, aprobó en febrero pasado ceder una parcela de 13.000 m2 a la Universidad Católica y las asociaciones de madres y padres (AMPA) pusieron el grito en el cielo. Ayer se movilizaron y avisan de más concentraciones antes de elecciones."En el colegio de mis hijos, el CEIP Giner de los Ríos, ya hay tres barracones", explicaba ayer una de las madres de la AMPA. "En cada uno hay 25 niños y están apelotonados" continuó, "por no hablar de los baños, que se inundan cada dos por tres, o del servicio de comedor, que no da para todos". De hecho, el centro decidió que los niños con los padres empleados tendrían preferencia sobre los demás en el comedor: "Así están las cosas".

Un puñado de pancartas mostraba el sentir de la reunión. "Ensenyament públic i de qualitat; No als barracons, escola ja; No a la requalificació" o "Per l'escola en valencià" eran los lemas de algunas. Los manifestantes recibieron el apoyo del concejal socialista Juan Soto y del escritor Alfons Cervera, vecino del barrio. Se juntaron en la vieja plaza de la Iglesia, donde Campanar apenas rebasa las dos alturas, se comieron la mona de Pascua y salieron al ritmo de la música de una pequeña orquesta.

Esta protesta abunda en las críticas vertidas por la comunidad educativa desde el principio de la legislatura. En Valencia y los pueblos de la provincia faltan escuelas públicas. En Campanar, los tres colegios públicos del distrito no dan abasto, lo mismo que ocurre en Russafa, Malilla o Patraix. En los pueblos pasa lo mismo. En Montserrat, el Ayuntamiento prometió un nuevo centro para el año que viene y a estas alturas ni siquiera están licitadas las obras. En Náquera sucede otro tanto.

Un representante de la Plataforma per l'Ensenyament, convocante de la marcha de ayer, comentó que van a tratar de coordinarse "con otros barrios de cara al próximo acto. La semana que viene", señaló, "hablaremos con todos los agentes educativos posibles para lanzar nuestra próxima acción, en 15 o 20 días". Justo antes de las elecciones del 22 de mayo.


* El País - 29.04.11
Foto: Valencia, ayuntamiento - wikimedia.org

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Argentina.- El país no tiene estrategia contra el cambio climático

CLARÍN* : Lo asegura un estudio realizado por la Fundación Ambiente y Naturaleza, la UBA y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Faltan leyes y las que existen no se aplican. El cambio climático ya está afectando a la población y a los ecosistemas, con el retroceso de los glaciares, la reemergencia de enfermedades como el dengue o la mayor frecuencia de inundaciones, pero la Argentina sigue sin estar bien preparada para enfrentarlo o para al menos minimizar el impacto que se sufrirá. Lo afirma un informe de la organización Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que contó con apoyo para su elaboración de instituciones académicas: el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, las facultades de Derecho, de Arquitectura y Urbanismo, y la Maestría de Gestión Ambiental Metropolitana, de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. En el informe, que puede leerse en Internet ( www.farn.org.ar ) se advierte el estado de situación de los principales problemas ambientales relacionados con el cambio climático. “Lo que tenemos es un diagnóstico de la situación, pero no queremos quedarnos en la queja, sino que presentamos propuestas concretas para movilizar estos problemas que nos afectan a todos y a las futuras generaciones de argentinos”, dijo a Clarín María Eugenia Di Paola, directora ejecutiva de la FARN y especialista en derecho ambiental.

En el trabajo, se subraya que si bien el Congreso sancionó las leyes como las de preservación de los glaciares y sus áreas cercanas y la ley de bosques, aún no se están implementando en todo el territorio nacional.

En el caso de los glaciares, que en su mayoría están en retroceso según múltiples estudios científicos, hubo demoras en la reglamentación de la norma que fue sancionada en setiembre del año pasado. Recién en marzo, el Gobierno dispuso que el Conicet inicie el relevamiento de las zonas de glaciares y periglaciares. “Pero aún no definió las zonas prioritarias donde hay actividades humanas que pueden estar afectando a los glaciares, como la minería, ni tampoco empezó con las auditorías”, comentó Di Paola. Desde Greenpeace Argentina y más de 40 organizaciones ambientalistas se alertó el martes pasado que la empresa multinacional Barrick Gold y el gobierno de San Juan han presentado amparos judiciales para que no se aplique la ley de glaciares en esa provincia.

“Se oponen a la ley para que no los auditen y no se evalúe si están dañando a los glaciares cercanos. La misma empresa ya afectó glaciares del lado chileno y fue multada”, recordó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Cambio Climático de Greenpeace Argentina.

En cuanto a la ley de bosques, el informe de FARN advierte que aún continúan los desmontes ilegales. La Secretaría de Ambiente de la Nación acordó días atrás con las provincias la distribución de los fondos para controlar mejor los desmontes y compensar a los titulares de bosques nativos que realicen tareas de conservación. Sin embargo, “los fondos asignados para poner en marcha la ley de bosques son menores a la cantidad que fijó la norma”, resaltó Diego Moreno, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina. “El cumplimiento de la ley de bosques es crucial porque reducirá la deforestación, que es una de las fuentes de emisión de gases de invernadero, que conducen al cambio climático”, agregó.

Hay otros obstáculos en el cumplimiento de normas. Leyes como la de residuos industriales, la de gestión de aguas, la de residuos domiciliares y la de quema de pastizales no han sido reglamentadas, según se indica en el informe de FARN. Faltan también crear más áreas protegidas para preservar la diversidad de especies y ecosistemas y fortalecer las existentes.

Con respecto a la energía –que se usa en viviendas, industrias, y transporte, entre otros rubros– aún no se vislumbra un cambio que abandone la dependencia de la quema de combustible fósil (carbón, petróleo y gas natural). “Sabemos que el Gobierno elaboró un plan energético que llega hasta el 2030 e incluye decisiones sobre la controvertida energía nuclear, pero lo mantiene oculto. No brinda acceso a la información ni da participación a la ciudadanía en el plan”, sostuvo Di Paola. El informe revela también que falta una mayor planificación de la gestión de los ríos y sus cuencas, y que para enfrentar el colapso de la merluza en el mar argentino, se necesita planificación y transparencia del Gobierno y del sector privado.


* Nuestro Mar - Clarín - 23.04.11

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