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ELPAÍS* : La de la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela es la historia de un doble desfase, arquitectónico y presupuestario. Las previsiones de la Xunta de Galicia, establecidas en 1999, con Fraga en el poder, consignaron un complejo cultural de 60.000 metros cuadrados, un coste de 108,2 millones de euros y 12 trimestres de obras. Once años más tarde, la Ciudad de la Cultura, diseñada por el arquitecto estadounidense Peter Eisenman, ocupa 148.000 metros cuadrados en las faldas del monte Gaiás, ha consumido casi 400 millones de euros de los presupuestos autonómicos y ha generado interminables polémicas entre los partidos políticos. Los Príncipes de Asturias viajan este martes a Galicia para oficiar la ceremonia inaugural de unas instalaciones inconclusas: en realidad, solo la Biblioteca de Galicia y el Archivo comenzarán a funcionar con regularidad. El museo de historia y patrimonio de la comunidad, un centro de artes escénicas y el controvertido Centro de Arte Internacional deberán esperar.
"La de Eisenman era una idea buenísima", hace memoria el arquitecto catalán José Llinas Carmona, "pero sufrió muchas modificaciones con el tiempo". Llinas Carmona formó parte del jurado del concurso que en agosto de 1999 otorgó por mayoría absoluta a Eisenman, teórico y apóstol de la deconstrucción, la responsabilidad de levantar, según exigía el plan sectorial redactado por el Gobierno autónomo, "un complejo edificatorio de uso predominantemente cultural" en una colina a las afueras de Santiago de Compostela.
De aquel tribunal, compuesto por prestigiosos profesionales y pensadores del hecho arquitectónico, además de por cargos políticos de la Xunta de Manuel Fraga, solo trascendió el voto contrario del profesor de Austin Wilfried Wang. En la comisión parlamentaria creada después de que la coalición entre socialistas y nacionalistas del BNG asumiese el Gobierno, Wang llegó a hablar del "miedo a Fraga" que sentía el jurado y que por ello escogieron el proyecto de Eisenman. "Solo había que comparar planos para darse cuenta de que era demasiado grande", declaró entonces.
Luis Fernández Galiano, también en el grupo de expertos que tomó la decisión, recuerda las objeciones de Wang. "Fue el único que advirtió que el coste de la obra podría dispararse", señala, "a Wang le gustan las formas prismáticas, siempre más baratas de construir que las formas redondeadas, es cierto... y también es cierto que el proyecto se hipertrofió", añade Galiano, "porque la propietaria, la Administración, lo hizo crecer y fue aumentando elementos".
Pero el arquitecto con oficina en Madrid defiende la silueta curva, inspirada en una concha de vieira, que domina la línea del cielo oriental de la capital gallega. "Era un proyecto topográfico, que se adaptaba muy bien a la colina", considera. Y no olvida que a finales del siglo pasado la economía occidental podía permitirse financiar obras de semejante envergadura. El ejemplo del Guggenheim bilbaíno y sus efectos resultaba demasiado atractivo. A la construcción de la Ciudad de la Cultura había optado el star system de la arquitectura mundial: Rem Koolhas, Jean Nouvel, Ricardo Bofill o Dominique Perrault. "Era otro momento en el mundo", admite. Pero Fernández Galiano insiste en la necesidad de "grandes consensos políticos para este tipo de obras" y cree que "dentro de 50 años se sentirán orgullosos de haberla construido".
Andrés Fernández Albalat, fundador del Colexio de Arquitectos de Galicia, representó la cuota gallega en aquel tribunal. Y asegura que también se opuso a refrendar los planes de Eisenman, pese a que únicamente se supo de la postura de Wilfried Wang. "La evolución que sufrió la obra es una consecuencia directa del proyecto de Peter Eisenman; el presupuesto se ha disparado y eso no es de recibo en arquitectura", afirma.
La Ciudad de la Cultura, cuya dirección de obra corre a cargo del arquitecto Andrés Perea, cuanta, para 2011, con menos de 34 millones de euros. La Xunta de Galicia busca fórmulas para que el capital privado ayude a sostener la infraestructura.
* El País - 8.01.11
Foto: Panorámica de la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela, con la biblioteca y el archivo de Galicia, situada en el monte Gaiás.- elpais
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LAOPINIÓN/Málaga* : Más de 4.800 metros de dunas se prolongan a lo largo del litoral de Marbella. De toda esta extensión, unos 1.600 metros tienen la declaración de monumento natural. Son los espacios de Cabopino-Artola y Las Adelfas. Es decir, apenas un tercio del cordón dunar de la ciudad está protegido. El resto está en peligro. «Todos comparten los mismos valores ambientales. Su fauna y su rica diversidad de plantas acomodadas en suelos arenosos, secos y salinos», explicó Javier De Luis, miembro de Ecologistas en Acción y concejal no adscrito a ningún grupo político en el Ayuntamiento de Marbella. El edil solicita que la totalidad del complejo dunar se proteja mediante esta declaración, recogida en el artículo 10 del decreto 225/1999 de regulación y desarrollo de la figura de monumento natural de Andalucía. Para ello, es necesario que el Ayuntamiento de la ciudad elabore una memoria técnica sobre estos espacios y la remita a la Junta de Andalucía. A esta última institución le compete la declaración de monumento natural, según explicó.
Siete espacios
De Luis considera que los espacios dunares de las playas de El Pinillo, Los Monteros, Los Alicates, El Barronal de la Morera y la playa junto a la residencia Tiempo Libre merecen esta designación. Del mismo modo, las ubicadas en el Coto de los Dolores y las del Hotel Don Carlos.
«Todas ellas muy castigadas por la acción urbanística y por unos usos tanto públicos como privados inadecuados y peligrosos para su conservación», advirtió el concejal de Marbella.
Las dunas más castigadas últimamente son las de El Barronal de la Morera. La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento autorizaron la construcción de 152 viviendas unifamiliares sobre 50.000 metros cuadrados del paraje.
La iniciativa urbanística cuenta con todos los informes técnicos y jurídicos favorables. Pero, por contra, existen informes de la Universidad de Málaga y la Sociedad Española de Ornitología que corroboran el valor medioambiental «incalculable» del espacio y exigen su protección.
* La Opinión Málaga - 7.01.11
Foto: Marbella, Ortofoto de las dunas del Barronal de la Morera, donde se construyen 152 viviendas.- La Opinión
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ELMUNDO/Pekín* : El sector inmobiliario chino continúa arrojando informaciones más que sorprendentes. La propietaria de un ático en el séptimo y último piso de un bloque de viviendas en la ciudad de Mianyang ha quedado aislada en su casa después de que una compañía de demolición destruyera las escaleras y gran parte de los cinco primeros niveles del edificio para forzarla a marcharse, según ha informado la prensa local. La vecina del ático, llamada Zhao Yanhong, se encontró con esta dantesca escena al despertarse, y aunque logró trabajosamente bajar a la calle pese a la ausencia de escaleras, tuvo que dejar todas sus pertenencias en el piso, que continúa en pie pero de forma muy precaria. Espectaculares fotos del bloque semiderruido -una de ellas aparece en la web Danwei.org sobre información en China- muestran que los dos últimos pisos siguen en pie, mientras gran parte de la fachada y el suelo de los inferiores ya no existe.
El incidente, portada en el diario 'Wuhan Morning Post', ha ocurrido en la provincia central de Sichuan, donde los obreros han tomado esta drástica medida para desalojar el inmueble, que acogía a los empleados de una fábrica estatal.
La factoría, dueña de los pisos, se declaró en bancarrota y vendió el bloque a otras empresas, pero varios inquilinos, Zhao entre ellos, se negaron a abandonar sus hogares tras alegar que no se les habían pagado las indemnizaciones adecuadas.
Este tipo de conflictos entre constructoras e inquilinos se repite día tras día en China y ha producido decenas de casos de demoliciones forzosas, protestas y enfrentamientos violentos, mientras el país vive una 'burbuja' inmobiliaria sin precedentes.
Organizaciones como China Human Rights Defenders denuncian los abusos que gobiernos locales y empresas constructoras en el país asiático cometen frecuentemente contra los propietarios de zonas donde quieren edificar, desde el impago de indemnizaciones hasta el uso de la violencia.
* El Mundo - Efe - 7.01.11
Foto: Mianyang, imagen publicada en el diario 'Wuhan Morning Post'
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SUR/Málaga* : La medida, que podría aprobarse en el próximo pleno, posibilitará consolidar casas con varios años de antigüedad. El Ayuntamiento de Coín tiene previsto aprobar en breve un plan especial para la regularización del diseminado que podría afectar a la mayoría de las viviendas del término municipal situadas en suelo rústico. Con esta medida, en la que el departamento de Urbanismo viene trabajando desde hace tiempo, el equipo de gobierno pretende ofrecer una solución definitiva al problema de la construcción en el campo, donde existen numerosas casas que, hoy por hoy, se encuentran fuera de ordenación.
El alcalde, Gabriel Clavijo, explicó que la propuesta implica regular una situación muy complicada y que se remonta siglos atrás a la época de la tradicional huerta coineña, cuando numerosas familias edificaron su hogar en las tierras de labor que cultivaban. Este plan especial, para el cual se espera contar con el consenso de todos los grupos políticos, podría abarcar unas dos mil viviendas dispersas y emplazadas en diferentes diseminados del término de Coín.
La aplicación de esta medida se ha venido retrasando debido a los trámites que el Ayuntamiento ha tenido que completar previamente para adaptar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Una vez terminada la adaptación del planeamiento a la LOUA, el Consistorio anunció la aprobación de este plan, que podría recibir luz verde en el pleno de la corporación de este mismo mes.
Nuevo marco normativo
De esta forma, se daría respuesta a numerosos vecinos de la localidad que llevan años exigiendo la regularización de sus casas, algunas de las cuales se construyeron incluso antes de que entraran en vigor las actuales leyes de ordenación del territorio.
Según informaron desde el Ayuntamiento, con esta iniciativa se persigue disponer de un instrumento legal con el que realizar modificaciones de elementos y afrontar la situación real de las construcciones en el campo. «Esta decisión supone en la práctica la elaboración de un censo en el que se prevé que figuren cerca de dos mil viviendas, lo que posibilitará la prestación de servicios en la zona del diseminado y la consolidación de urbanizaciones blandas que legalicen la situación de la mayor parte de estas construcciones», agregaron fuentes del gobierno municipal.
En cuanto a los plazos, en el Ayuntamiento quieren que, una vez aprobado este plan especial, en un periodo no superior a un año exista un marco normativo para estos inmuebles, una vez que se cuantifique el número exacto y se analice cada caso. En este sentido, no todas las casas podrán regularizarse, ya que habrá que dejar fuera al menos aquellas edificadas en suelo de especial protección, conforme a la ley de 1997.
* Sur - 8.01.11
Foto: Vista del término municipal de Coín en la que se aprecian varias casas edificadas en suelo no urbanizable.- sur
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ELPAÍS* : El juez Juli Solaz, encargado de investigar el saqueo del Palau de la Música, pasará en los próximos días a ocupar un puesto en la Audiencia de Barcelona y abandonará el Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona dejando empantanado el caso. Todavía no ha resuelto la petición presentada hace dos meses por la fiscalía y el Consorcio del Palau para abrir una pieza separada para investigar las supuestas comisiones pagadas a Convergència Democràtica (CDC) por la constructora Ferrovial, compañía que siempre ha negado los pagos. El informe de la Agencia Tributaria entregado al juez el 3 de agosto constata que CDC se embolsó 5,9 millones de euros en comisiones ilegales de hasta el 4% de las obras públicas adjudicadas por los Gobiernos de Jordi Pujol desde el año 2000.
Según los peritos, el Palau de la Música se quedaba con entre el 0,5% y el 1,5% del importe de las obras, y el resto iba a parar a las arcas de CDC, tanto en efectivo como a través de la Fundación Ramon Trias Fargas.
La fiscalía y el consorcio solicitaron a principios de noviembre la apertura de una pieza separada para investigar esas comisiones, así como la imputación del entonces tesorero de CDC, Daniel Osácar, y del secretario de Inmigración del partido, Àngel Colom. Artur Mas reaccionó de manera airada a la petición del fiscal asegurando que escondía un interés electoralista e ignorando que ese escrito se debía presentar en el plazo de 10 días que otorgó el juez a las partes para que realizasen sus peticiones.
La polémica no llegó a más porque Solaz se encargó de hacer bajar el suflé. Hasta después de las elecciones del 29 de noviembre, no se pronunció sobre esas peticiones, y cuando lo hizo, anunció que tampoco decidiría nada hasta que declarasen de nuevo Fèlix Millet y Jordi Montull.
Tras el triunfo electoral de CiU y días antes de que Mas fuera investido presidente de la Generalitat, Daniel Osácar, de 75 años, renunció al cargo de tesorero. Los dos saqueadores confesos, por su parte, acudieron al juzgado el 14 de diciembre y se negaron a declarar. Era la segunda vez que Solaz les citaba en casi año y medio de una instrucción que en este tiempo ha generado gran polémica social, no solo por la decisión del juez de dejar libres y sin fianza a Millet y Montull, sino por la parsimonia y el poco interés que siempre mostró en investigar unos hechos que convulsionaron a la sociedad catalana. Solaz tardó mes y medio en admitir la querella del fiscal y ordenar a los Mossos que registrasen el Palau, y tres meses en imputar a Millet y Montull.
La marcha de Solaz se hará efectiva cuando se publique su nombramiento en el Boletín Oficial del Estado. Antes de irse, es muy probable que el próximo día 17 tome declaración como imputada a Elisabet Barberà, la ex secretaria personal de Millet.
El nuevo destino del juez será la Sección 22 de la Audiencia de Barcelona, que preside su amigo Joan Francesc Uría, otro juez de instrucción que cambió de destino hace unos meses. La Sección 22 es un tribunal de reciente creación y, por tanto, sin casos pendientes. Es un tribunal de la jurisdicción penal que celebra todo tipo de juicios, pero que está especializado en recursos de apelación y vistas relacionadas con la violencia sexista.
* El País - 7.01.11
Foto: Barcelona, Palau de la música - educastur.es
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CARME MIRALLES-GUASCH* : Los transportes privatizados en Gran Bretaña no funcionan. No funcionan con la eficacia, seguridad y garantía que un país de su categoría necesita. Y en especial los transportes de uso colectivo, los trenes y los aeropuertos. Gran Bretaña, con la mejor y más extensa red de ferrocarril del mundo, admirado y copiado en muchos países a principios del siglo XX, es hoy un lugar donde las inclemencias meteorológicas ganan la partida. Como en el siglo XIX, cuando un viaje tenía un alto grado de incertidumbre, pues no había ni la técnica ni la sabiduría para superar las voluntades climatológicas. ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo de estas últimas décadas para que las infraestructuras aeroportuarias no garanticen los desplazamientos y para que los trenes no funcionen? ¿Qué razones han llevado a que miles de ciudadanos estén durmiendo en los aeropuertos británicos? La respuesta no está en la climatología sino en la gestión privada de estos. Y, una vez más, la situación de los miles de ciudadanos que no han podido pasar las navidades con sus familiares nos indica de forma clara y contundente que la gestión privada no es más eficaz en estos servicios.
Al contrario, demuestran que las infraestructuras de transporte no pueden ser objeto de privatizaciones masivas. No pueden estar organizadas por la ley de la oferta y la demanda. Son servicios en donde, al ser monopolios, la libre competencia no existe.
La nieve actúa como espejo que muestra la acumulación de decisiones erróneas por parte de una administración pública que ha llegado a privatizar buena parte de sus infraestructuras de transportes. Al tener unos ingresos extraordinarios, esta medida les permitió en su día bajar impuestos, aunque la contrapartida, como se ha hecho evidente, ha sido bajar la calidad de los servicios de transporte, hasta el punto que no pueden dar respuesta a las necesidades de una sociedad del siglo XXI.
Privatizar no es garantía de eficiencia cuando a la cuenta de resultados no se le pueden imputar los gastos reales que requiere un aeropuerto en invierno, pues estos no permitirían tener los beneficios esperados.
Eso sí, los altos directivos tienen primas de más de un millón de euros.
* Profesora de Geografía Urbana
* Público - Del Consejo Editorial - 5.01.11
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