Las viviendas que no están aptas para ser habitadas ya son más de siete, puesto que se le han sumado otras nueve, a cuyos antiguos habitantes les paga el alquiler el Ayuntamiento de Viveiro. El alcalde, el socialista Melchor Roel, pide para ellas el mismo acuerdo que para las primeras en deteriorarse: la compra de un piso alternativo por el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS). El edificio señalado como culpable, mientras, sigue creciendo, a pesar de que dos sentencias culparon a la promotora y al arquitecto de los daños y condenaron a la aseguradora a indemnizar a los afectados. Pero los fallos están recurridos, y los vecinos no han cobrado.
Durante el bipartito, la Xunta desembolsó 890.680 euros para la compra de siete viviendas. Es un fondo de adelanto, a la espera de que se agote la vía judicial. En cambio, las ayudas económicas para las reparaciones no se hacen efectivas. La Xunta se desentiende, alegando el tipo de hábitat y la inexistencia de una figura de protección en O Celeiriño. El alcalde discrepa de la interpretación del IGVS, y los vecinos lamentan que lo único que avance sea el edificio al que culpan.
Tres años llevan los vecinos de O Celeiriño (Viveiro) entre grúas, edificios apuntalados, cascotes y promesas de indemnizaciones y reformas que no acaban de llegar. Los edificios de otras tres calles de nombre sugerente ?Atalaia, Golondrina y Amargura? se agrietaron, en el mejor de los casos, o quedaron inutilizables por alto riesgo de derrumbe, en el peor, en el otoño de 2008, y así siguen. La perforación del subsuelo para levantar un bloque de pisos fue letal para los frágiles cimientos del barrio, ubicado a escasos 20 metros de la playa urbana de Celeiro. La Xunta del bipartito compró entonces siete viviendas para las familias que no podrían volver a las suyas y se comprometió a subvencionar con un máximo de 30.000 euros la reforma de cada casa afectada.
De la segunda promesa los vecinos no han vuelto a saber nada y la primera se cumplió a medias, porque durante los tres años que han transcurrido desde la crisis de 2008, algunas viviendas que en principio no habían sufrido daños irreparables se han deteriorado tanto que el Gobierno municipal, en manos del socialista Melchor Roel, ya pide para las familias perjudicadas el mismo trato que las siete primeras: la compra por parte del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) de un piso alternativo para nueve familias que ahora mismo viven de alquiler, pagado por el Ayuntamiento. Al principio eran 22, pero 12 de ellos han vuelto a sus casas. Mientras, el edificio de 37 viviendas al que todos señalaron como culpable del desastre sigue creciendo en la parte baja de O Celeiriño, a pesar de las dos sentencias que culpan a la promotora y al arquitecto de los daños en el barrio y condenan a la aseguradora a indemnizar a los afectados. Ambas están recurridas por la empresa.
En su día, la Xunta bipartita adelantó 890.680 euros para la compra de las siete viviendas, a la espera de que se dilucidase la responsabilidad de la empresa constructora y, por lo tanto, las compensaciones económicas. Pero del resto, las subvenciones para reformas, Vivenda se desentiende alegando el tipo de hábitat y la inexistencia de una figura de protección en O Celeiriño. "La anterior Consellería de Vivenda indicó que esas viviendas podrían rehabilitarse a través de las ayudas de Cédula de Rehabilitación, creando una expectativa que no podría cumplir, ya que esas ayudas van dirigidas exclusivamente a viviendas rurales y viviendas situadas en conjuntos históricos", sostienen fuentes del departamento. Tal argumento no conforma en absoluto al alcalde, que recuerda que la clasificación de O Celeiriño era la misma cuando la Administración autonómica contrajo el compromiso y que el único error achacable al convenio es que la cantidad máxima de la subvención, de 30.000 euros por vivienda, es la fijada para casco histórico, condición que no cumple el barrio.
"Aquí lo único que continuó fue la obra". La que habla es Dolores Prieto, que regresó a la vivienda de la calle Golondrina, propiedad de la familia de su marido, pocos días después de ser desalojada, a pesar de que los daños en las viviendas contiguas dejaron la suya sin agua ni luz. En febrero, una sentencia del juzgado de instrucción número 1 de Viveiro daba la razón a su familia y fijaba en 77.000 euros la indemnización que la promotora Inmo Xerión, el arquitecto director de la obra y la aseguradora debían pagar por los desperfectos ocasionados en el inmueble. Según el fallo, la técnica para excavar el solar donde se iban a construir los garajes no fue la adecuada y la empresa asumía con la obra un riesgo previsible. O Celeiriño, un empinado enclave marinero, perdía el suelo que lo sostenía ?arena y materiales poco consistentes? desde hacía más de una década, pero eso no evitó que prosperara el proyecto de Inmo Xerión para construir en la base del barrio un edificio de 37 viviendas. Todo lo contrario, el inmueble fue concebido como una suerte de tapón que, acabado, aguantaría el barrio en peligro. Cuando las paredes empezaron a mostrar las primeras grietas y se ordenaron los primeros desalojos, la obra quedó paralizada durante 15 meses, pero en marzo de 2010 el Ayuntamiento dio de nuevo el visto bueno al proyecto y los trabajos continuaron. Con la condición, eso sí, de que al alcanzar el edificio la altura de la calle Atalaia, la principal de O Celeiriño, se derribaran las viviendas en ruinas, que serían cedidas al consistorio municipal para dotación de equipamientos públicos. Pero por el momento, con el inmueble levantado, las demoliciones solo han sido parciales.
Con la calle Atalaia cortada por las obras en el edificio, la vida en O Celeiriño no es fácil para los que continúan viviendo entre grietas, pero tampoco para el resto. Para salir del barrio hay que dar la vuelta por calles secundarias, siempre a pie, porque no puede entrar el tráfico rodado. Tampoco, claro, una ambulancia, aun en caso de urgencia. "El barrio está hecho un asco. No hay el mínimo progreso", se queja Dolores. Durante la campaña electoral, el alcalde denunció que la Xunta del PP había abandonado el barrio, aunque Medio Ambiente alega que "hizo todo lo que estaba en sus manos". "La responsabilidad es exclusivamente de la empresa que realizó los trabajos en una obra de carácter privado", señalan fuentes del departamento. El Ayuntamiento tiene hasta el 2 de octubre para presentar una denuncia contra los promotores por los perjuicios causados. Reclamará, adelanta Roel, dos millones de euros en compensación por los gastos provocados por el desastre. Mientras, O Celeiriño espera.
* El País - DIANA MANDIÁ - Santiago - 25/07/2011
Foto: Viveiro (Lugo) - elcorreogallego.es
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