Los terrenos, de más de 46.000 metros cuadrados, fueron adquiridos en 2005 por la empresa municipal Altos del Sur, presidida por Morilla, a una cementera que los vendió por 350.000 euros con la condición de que fueran dedicados exclusivamente a VPO. A principios de 2006, en un concurso público, los suelos fueron adjudicados por 430.000 euros a Mozampro XXI –en aquel momento propiedad de un amigo del alcalde, el cantante Tate Montoya– a pesar de que la oferta de la otra empresa que se presentó, PyM, ascendía a 812.000 euros y pedía precios más bajos para los futuros compradores de las viviendas (86.135 euros frente a los 89.950 de Mozampro XXI).
Consumada la adjudicación, el alcalde, con el visto bueno de su sucesor –que era secretario de Altos del Sur y actualmente es alcalde en funciones– permitió la escrituración saltándose el pliego de condiciones, que exigía antes de formalizar la escritura pública la entrega de las licencias de obras, un proyecto de reparcelación y el inicio de las obras de urbanización. Es aquí donde el Ministerio Público pone el foco. En 2007, Montoya vendió Mozampro XXI por casi 1,4 millones de euros y sin ninguna casa levantada. Y ahí es donde se consumó el pelotazo, según AMA-Morón, con unos beneficios de un millón.
“Es un pelotazo con una gran repercusión social porque los terrenos siguen ahí igual, son un solar, y los ciudadanos continúan sin la posibilidad de acceder a una vivienda digna”, denuncia Isidoro Albarreal, de AMA-Morón, que ha presentado a la Fiscalía múltiples escritos con abundante documentación. “Queremos que se investigue también la supuesta vinculación entre ese pelotazo y la financiación del cortijo que se construyó por las mismas fechas el alcalde y que además era ilegal”, añade.
Financiación irregular
Morilla ha llegado incluso a presentar una denuncia por una supuesta falta de injurias por la difusión de panfletos en los que se insinuaba una presunta financiación irregular de su cortijo: “Para esta obra que vale más de 700.000 euros, el señor Morilla pidió una licencia de obras de remodelación cuyo presupuesto era de 54.750 euros”, rezaban los panfletos.
Pero ante su incomparecencia el día del juicio oral, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Morón no sólo absolvió al denunciado, sino que dedujo testimonio y dio traslado de los hechos al Ministerio Público por un supuesto delito de prevaricación.
El cortijo
La mujer de Morilla pidió una licencia para sustituir la cubierta de dos viviendas en su finca en 2004. Pero las obras traspasaron la mera rehabilitación: las casas fueron ampliadas y una de ellas incluso fue demolida y vuelta a construir con una superficie de 442 m2. Además, se realizó otra construcción de 46 m2 junto a la piscina. Tras las denuncias de AMA-Morón, la Fiscalía constató no sólo un “claro exceso sobre la licencia, sino que lo alzado no es legalizable, aun en el caso de que se hubiera pedido licencia para ello”. No obstante, la Fiscalía archivó el caso porque había prescrito.
* Público - 13.05.11
Foto: Morón de la Frontera (Sevilla) - todopueblos.com
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