Llanes.- El urbanismo local, un mar de dudas

LNE/Asturias* : La reciente anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Llanes ha dejado tras de sí un mar de dudas. Las autoridades municipales han insistido en que no habrá derribos y en que el urbanismo local volverá a su cauce con las normas provisionales que el Gobierno del Principado ha prometido aprobar antes de tres meses. En contraposición a esos mensajes tranquilizadores, algunos juristas han manifestado serias dudas sobre el futuro urbanístico inmediato del concejo, e incluso sobre la posibilidad de que todo los que se ha construido en los últimos veinticinco años pueda ser legalizado con un nuevo Plan General. «No todo podrá ser legalizado», insistieron varios abogados consultados por este periódico. El asunto es sumamente complicado, porque en Llanes han sido anulados por los tribunales de justicia los tres últimos planes de urbanismo, los aprobados en 2002, 1992 y 1986. Además, el anterior, de 1976, el primero de carácter municipal, fue derogado diez años más tarde por el Gobierno del Principado. Así que Llanes carece en la actualidad de planeamiento urbanístico municipal, y sólo pueden aplicarse las leyes y normas generales, regionales y estatales.

Esta situación, única en España, genera una duda: ¿en qué situación quedan las construcciones que se han levantado en el concejo de Llanes en los últimos veinticinco años?

No hay unanimidad. De los cinco juristas con los que ha hablado LA NUEVA ESPAÑA uno ha asegurado que los planeamientos anulados por los tribunales de justicia, salvo, quizás, el de 1986, sí han estado plenamente vigentes desde su aprobación hasta su anulación definitiva por parte del Tribunal Supremo. De este modo, la mayor parte de las construcciones ejecutadas en Llanes en el último cuarto de siglo tuvo en su momento un amparo jurídico que, aunque luego se demostrara que incumplía las normas vigentes, sería «suficiente» para que «ningún juez se atreviera a ordenar derribos». Claro que este jurista habla de «la mayor parte» de las edificaciones, no de todas. La duda recae en aquellas actuaciones urbanísticas ejecutadas, por ejemplo, a menos de 200 metros de la línea costera, o en zonas en las que no se haya demostrado su condición de suelo urbano. En estos casos «sí podría haber problemas», si se denuncian las actuaciones concretas ante los tribunales.

Los otros cuatro juristas consultados hablan de un escenario mucho más problemático. A su entender, todas las construcciones realizadas en el concejo llanisco en los últimos veinticinco años están, tras la sentencia del Supremo, en situación «alegal», en una especie de «limbo» jurídico, sin un planeamiento urbanístico que las ampare.

La mayor parte de esas construcciones «alegales» podrán ser «legalizadas» cuando se apruebe un nuevo Plan General -las autoridades locales estiman que será dentro de un año, como máximo-. Pero los cuatro juristas creen que «no será posible legalizarlo todo». Los argumentos son similares a las del abogado que se oponía al término «alegal»: será imposible legalizar aquellas actuaciones urbanísticas que no puedan conseguir amparo jurídico por asuntos como la invasión de suelo protegido o de protección de Costas o la ampliación injustificada de suelos urbanos, por ejemplo.



* LNE - 22.02.11
Foto: Llanes (Asturias), vista general - elcomercio