"Espero que de verdad se garantice la vivienda por ley"

PÚBLICO/PaísVasco* : "Espero que se garantice de verdad en la nueva Ley vasca de Vivienda el derecho a una casa". Urretxa Susilla Hernández tiene 33 años, vive en Sestao (Vizcaya) y, como miles de personas que en Euskadi carecen de recursos para acceder a la compra de una casa en el mercado libre, ha recibido con una mezcla de ilusión y prudencia la regulación que plantea el Gobierno vasco. El anteproyecto de la nueva Ley de Vivienda del Ejecutivo vasco ha suscitado la última semana todo tipo de reacciones sin dejar indiferente a nadie: ni a propietarios ya de una VPO, ni a aspirantes a serlo algún día, ni a los partidos. Con distintos matices, PNV, PP, Aralar, EA, EB y UPyD han criticado el texto desde un principio.

El articulado recoge medidas inéditas en Euskadi y en buena parte del Estado, como la expropiación de viviendas protegidas a quienes ganen el doble del máximo permitido durante tres años (el límite oscila entre 70.000 y 120.000 euros anuales), el establecimiento del "derecho subjetivo" por ley a una vivienda para las personas con menos recursos, la imposición de un canon sobre pisos privados deshabitados más de dos años, así como la posibilidad de que la Administración pueda obligar a sus propietarios a alquilarlos.

Urretxa Susilla espera, como otras 90.000 personas inscritas en el servicio vasco de vivienda (Etxebide), que la fortuna le sonría algún día con la adjudicación en venta o alquiler de un piso de protección pública. A sus 33 años vive con su novio en una casa alquilada por la que pagan 750 euros al mes en Sestao, un municipio fértil en los años de la industrialización, con los Altos Hornos de Vizcaya y el astillero de La Naval, y que, hoy por hoy, presenta la tasa de paro más alta de Euskadi (20%) y tiene 2.600 vecinos parados.

Urretxa Susilla, diplomada en Educación Social por la Universidad de Deusto, tuvo suerte hace dos meses, cuando recibió un contrato temporal del Ayuntamiento de Sestao para desarrollar un plan de intervención sociocultural.

"Llevo trabajando diez años en distintos sitios y siempre con contratos temporales. Creo que mi novio y yo podríamos tener una casa si saliera aprobada la nueva ley. Andaríamos ahí, ahí, en el límite, según nuestros ingresos. Depende de épocas", dice, en alusión al articulado inicial.

El anteproyecto plantea que la Administración garantice una vivienda en alquiler a las unidades familiares de dos miembros cuyos ingresos no superen los 12.000 euros al año. El límite de solicitantes individuales sería 9.000. "Y para las familias de tres miembros creo que deberían subir el límite de 15.000 a 20.000 euros o así", agrega Urretxa.

La entrada en vigor de esta ley, sin embargo, aún tendrá que esperar e, incluso, es muy posible que buena parte de las medidas planteadas no fructifiquen en última instancia. Nunca sería antes de 2012. El PP, socio preferente del Gobierno de Patxi López, ya le ha advertido de que no cuente con él para sacarla adelante. De mantener los conservadores esa posición, el Ejecutivo vasco se verá obligado a buscar el apoyo del PNV, cuya primera respuesta al borrador fue crítica, aunque no se cierra a negociar. El PNV ha avanzado que la idea del Ejecutivo "no aborda el problema de fondo, que es garantizar una vivienda a precio asequible a todos los ciudadanos". Le afea así su discurso sobre el "derecho subjetivo" a una casa, cuando "deja fuera a la gran mayoría de los demandantes de vivienda en Etxebide".

La respuesta de Ezker Batua marca de IU en Euskadi es similar. Según sus cálculos, el derecho subjetivo a la vivienda de este anteproyecto "deja fuera" a más de 50.000 personas inscritas en Etxebide: "No se plantea un verdadero derecho ciudadano de acceso a la vivienda, sino una medida asistencial para personas en riesgo de exclusión". Aralar, por su parte, cuestiona que el Ejecutivo no apuesta claramente por el alquiler ["dice que sólo el 40% será de alquiler"], y apuesta por un canon para las viviendas vacías así como su "arrendamiento forzoso".

El Departamento vasco de Vivienda interpreta estas respuestas como muestra de "voluntad" de los partidos para negociar. Además, ha abierto una vía de participación ciudadana para recoger nuevas aportaciones, como las de JoséAntonio Mosquera, de 33 años, separado, padre de una hija y que, en la actualidad, ha vuelto a casa de sus padres. Este hombre duda de que algún día pueda beneficiarse de esa ley: "Según las estimaciones básicas sí podría, pero la realidad final será que no". Cuenta que si llega a ganar 12.000 euros al año como técnico de informática es "todo un milagro": "Me contratan por tres meses, me mandan un mes al paro y vuelvo a trabajar tres meses. Así llevo cuatro años".

Así, su escepticismo sobre el sistema es total. "El Inem lo puede ver, pero no le sale de las narices. La Administración sólo ve esas cosas cuando voy a pedir ayudas para vivir", dice, sin confianza en la nueva Ley vasca de Vivienda. En su caso, además, se da la circunstancia de que cuando murió su padre, su madre decidió poner a su nombre también una casa que tienen en Galicia, de donde emigraron sus padres hace 40 años. "O sea, que soy propietario de una casa cuando realmente no lo soy", se queja.

Para José Antonio, los beneficiados de la ley serían los inmigrantes recién llegados. "Tengo amigos inmigrantes. Vienen sin nada, sin pasado. ¡A qué puedo acceder yo!", se lamenta, con un ingreso anual inferior a 12.000 euros.
En primera persona

José Antonio Mosquera, técnico informático

José Antonio Mosquera, de 33 años y natural de Sestao, es padre de una hija, está separado y apenas gana 12.000 euros al año. "La realidad social no se plasma en las leyes. Yo estoy separado y, por desgracia, he tenido que volver a casa de mis padres".

Urretxa susilla, educadora social

Urretxa Susilla, de 33 años y natural de Sestao, vive con su novio en un piso de alquiler por el que pagan 750 euros al mes. "Pagamos 750 euros por el alquiler. Es mucho dinero para nuestra economía. Espero que la nueva ley salga adelante"



* Público - 31.01.11
Foto: Grúas sobre edificios en construcción en Bilbao - publico

4 comentarios :

El Menda dijo...

Dos consideraciones a la noticia:

1- Parece un poco absurdo que 33 años después de ser promulgada la Constitución, la administración dicte, o pretenda hacerlo, leyes para hacer cumplir uno de los derechos básicos recogidos en la misma.

¿Qué han estado haciendo antes? ¿Por qué han permitido las administraciones, los políticos, que se llegue a esta situación?

2- Parece ser que lo que más importanta a una buena parte de los ciudadanos es tener trabajo, vivienda, sanidad y educación de calidad, ¿qué han estado haciendo todos estos botarates, los políticos, estos últimos años, enfrascados en estupideces sobre competencias y autogobiernos, dejando sin solucionar problemas como el que aparece en este artículo, el acceso a la vivienda para los ciudadanos? ¿Es posible tomar medidas judiciales contra esta casta que ha preferido los juegos florales dialécticos a solucionar los problemas reales del ciudadano, que son derechos constitucionales?


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curval dijo...

Esto suscita muchos problemas. Es fácil hacer demagogia y más con asuntos tan vitales como los de la vivienda. El primero es el paro. Si no hay trabajo es mu difícil que una sociedad funcione. Segundo. Los políticos, más que solucionar problemas, los crean. La descomunal escalada de precios de la vivienda fue provocada porque un concejal de turno decidía por propia voluntad dónde, cómo y cuándo se construía (las más de las veces previo pago de suculentas comisiones, como el 3% en Cataluña). Es decir, nuevamente vemos cómo decisiones de políticos (de todos los partidos, en todos los lugares de lo que queda de España) actuaban de la misma manera. Ello provocó un descontrol en los mercados y, sobre todo, una BRUTAL INFLACIÓN, con el alza de precios porque si intervienes el mercado, restringes la libertad de mercado, éste reacciona. En Alemania, verbigracia, salvo en parques naturales y cauces fluviales, se puede construir en cualquier sitio, independientemente del político de turno. Eso provoca que, por ejemplo, un amigo mío se haya comprado al mes pasado un apartamento en el centro de Berlín, de 45 m2 por 60.000 euros. Este precio no lo encuentras ni en Tomelloso o Lepe, y perdónenme sus lugareños.

El Estado no es la solución, es el problema. Aplicar el sentido común, el menos común de los sentidos, o no aplicarlo provoca tasas de paro del 20%, bancarrotas y revoluciones civiles. O este país cambia, y si digo este país digo la mentalidad de los ciudadanos (cuando veo a la gente implorar a papá estado un piso, un trabajo o cualquier cosa es deprimente) o esto se acaba.


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lkjh dijo...

Lo que hay que cambiar es la ley hipotecaria..Intentar hacer una ley hipotecaria como existe en USA, Inglaterra etc etc que no abusa tanto de los particulares...La ley que existe aqui esta hecha para que el banco tenga siempre todas las de ganar..Porque a la gente no solo se les quita la vivienda sino que tambien encima tienen que seguir pagando..Y eso es tremendamente injusto..En USA por ejemplo te quitan la vivienda el banco y ya as liquidado tu deuda no tienes porque seguir pagando una vez que tu vivienda te la han quitado.Eso es la ley que tenemos en España una ley estupenda para los banqueros..Aqui hay que hacer vivienda de alquiler lo mismo que se hace en toda UE..Y es algo que tenemos que plantearnos todos..Se asumen menos riesgos y es mejor para muchos en las circustancias actuales...Y deben cambiar algunas leyes existentes actualmente..


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CriticoBedoya dijo...

El disfrute a una vivienda digna es un bien constitucional reconocido hace más 32 años y todavía sigue sin ser recogido debidamente en una Ley Orgánica que lo garantice.

Mi apoyo a estas organizaciones, plataformas, movimientos que se saben más sensibles a las necesidades sociales que a los criterios reales por los que se rige el Mercado y continúen removiendo los obstáculos que impiden ejercer este derecho básico.

Estos son los cambios que espera una sociedad para que avance.

No olvidarse de que las leyes quedan desfasadas, que van por detrás de los criterios de los políticos y que esos criterios no siempre coinciden con las necesidades básicas de los más desfavorecidos.


publico