ELPAÍS/Alicante* : "Como empiecen a investigar se va armar la de Dios", admitió un concejal del Centro Liberal de Orihuela en una de las grabaciones, realizadas por el empresario Ángel Fenoll, con las se inició hace cinco años la investigación del caso Brugal , basada en una presunta trama de corrupción vinculada al negocio de la basura en el sur de Alicante. Ahora el juez, tras un complejo proceso, cita como imputadas a otras 39 personas, entre ellas la alcaldesa, Mónica Lorente, el ex alcalde José Manuel Medina y varios concejales, tanto del PP como la oposición, en la anterior legislatura. En el mismo caso Brugal, pero por otro asunto, hay otros 15 imputados, entre ellos el presidente de la Diputación de Alicante, del PP.
Las grabaciones iniciales recogen sendas conversaciones, del 25 de octubre de 2005 y del 23 de febrero de 2006, entre el empresario Ángel Fenoll y el concejal del Centro Liberal Jesús Ferrández. En un pasaje de la charla, el edil confiesa al industrial que una de las mercantiles aspirantes al concurso, la firma Urbaser, estaría dispuesta a ofrecer tres millones de euros en pago de comisiones por la adjudicación. El presunto reparto sería así: dos millones para el entonces alcalde, José Manuel Medina, del PP, y el concejal Antonio Franco, del mismo partido, y uno para Ferrández y el edil del PSPV, Isidro Hernández. Este último dimitió un mes después de trascender a la opinión pública el supuesto soborno.
Supuesto soborno
En la cinta, Ferrández admite que conoció la oferta de Urbaser en otra conversación con el constructor José Antonio Rodríguez Belmonte, propietario, entre otras, de la constructora San Antonio. Fenoll, que aspiraba a la contrata, difundió la grabación el 21 de marzo de 2006, un día después de que la mesa de contratación del Ayuntamiento de Orihuela (86.164 habitantes) iniciara los trámites para la adjudicación. Los técnicos puntuaron en primer lugar la oferta de Urbaser y la de Fenoll quedó en tercera posición.
La grabación original con la que se inició la investigación de esta rama del caso Brugal, sobre la adjudicación de la contrata de limpieza en Orihuela, recoge un supuesto soborno. La grabación, publicada por este periódico el 7 de junio de 2007, arranca con un explícito intercambio de comentarios entre los dos protagonistas de la cinta (el industrial Ángel Fenoll y el portavoz del Centro Liberal de Orihuela, Jesús Ferrández) eliminado de las copias que el propio Fenoll facilitó a los medios de comunicación el 21 de marzo de 2006. El preámbulo del encuentro entre los dos, celebrado en un restaurante de la localidad murciana de Abanilla, fue como sigue:
Ángel Fenoll. Ahora, entramos un poco en la materia.
Jesús Ferrández. No hay prisa.
Á. F. Toma, para que no se me olvide, esto es para...
J. F. Para gastos generales.
Á. F. Eso, para gastos generales.
Este fue el inicio de la conversación entre el industrial y político, que se prolongó hora y media y en la que, aparte de las referencias a un supuesto intento de soborno por parte de una de las mercantiles aspirantes a la contrata de la basura, la firma Urbaser, el concejal Ferrández informa a Fenoll de una auditoría sobre la gestión urbanística en el Ayuntamiento de Orihuela. Durante el encuentro, Fenoll y Ferrández también pactan una supuesta colaboración del primero en la campaña electoral del segundo.
J. F. Te voy a decir una cosa, y no se lo digas a nadie. Lo utilizas cuando quieras. Esta mañana han empezado una auditoría en el Ayuntamiento, y han empezado por Urbanismo.
Á. F. ¿Los de Hacienda?
J. F. No, el Tribunal de Cuentas. Y Medina [alcalde de Orihuela, del PP] estaba que se cagaba en los pantalones.
Á. F . Y eso puede ser jodido.
J. F. Como empiecen a investigar se va armar la de Dios.
Las referencias al urbanismo siguen así:
J. F. Si yo veo fisuras también te lo digo. Nada más que mangoneemos un poco y cogiendo un par de PAU de cuatro millones de metros cuadrados, ni basuras ni la puta madre que los parió.
Á. F. Es verdad.
J. F. ¿De qué estamos hablando? Se pueden ganar miles de millones con un PAU de tres millones de metros cuadrados.
Las referencias a la campaña electoral de Ferrández fueron estas:
J. F. Que sí, Ángel, que te estoy diciendo que sí, que sin problemas. Yo lo que quiero te lo digo con franqueza: yo no quiero dinero, quiero una buena campaña electoral, fíjate qué sencillo.
Á. F. Yo te digo que tengas confianza al 100%... una campaña al estilo americano.
* El País - 18.08.10
Foto: Ángel Fenoll sale de declarar ante la policía el pasado mes de julio.- elpais.com
Orihuela.- "Como empiecen a investigar se va a armar la de Dios"
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El País Valenciano ya cuenta con su “Manhattan”
ENRIC LLOPIS* : Cullera es un municipio turístico del litoral valenciano de unos 24.000 habitantes. Apacible durante el invierno, bulle en verano por la presencia masiva de turistas que buscan el sol y la playa para pasar sus vacaciones. Esta pequeña localidad situada en la desembocadura del río Júcar ha cobrado protagonismo esta semana por la aprobación de un macroproyecto urbanístico, conocido popularmente como “Manhattan”, que no sólo cambiará su fisonomía, sino que pone negro sobre blanco los delirios del urbanismo valenciano de la última década. 33 torres de 25 alturas, dos hoteles de 40 pisos, un nuevo puerto deportivo (justificado en su día por la celebración en Valencia de la Copa del América), un palacio de congresos, 5.000 viviendas y todas las infraestructuras previstas en la legislación urbanística conforman un megaproyecto de sostenibilidad más que cuestionable. En total, está prevista la urbanización de 600.000 m2 de suelo.
El alcalde de Cullera, Ernesto Sanjuán (PP), defiende la iniciativa con el argumento de convertir al municipio en un “referente turístico”. En este contexto se inscribe, para el jefe del consistorio, el proyecto de nuevo puerto deportivo con capacidad para cerca de 800 amarres y un moderno club náutico. Está previsto, incluso, que en un futuro el municipio triplique sus plazas hoteleras.
La actuación no sólo causa asombro por sus dimensiones. De hecho, supone la construcción de una ciudad nueva dentro de otra ya existente y al menos duplicar la población. Tampoco por las cifras, aunque los costes de urbanización rondarán los 92 millones de euros. Ni porque se apruebe en un contexto de crisis inmobiliaria, que sacude especialmente a territorios como el país valenciano abonados al monocultivo del ladrillo. Ni por sustituir un modelo urbanístico de tipo compacto, característico de la ciudad mediterránea, por la implantación de rascacielos.
Lo que llama poderosamente la atención es la mínima contestación política que el Plan Parcial Bega-Puerto (denominación oficial del Manhattan) ha tenido en el consistorio, donde ha sido aprobado (en un pleno extraordinario) con los votos del PP –que cuenta con mayoría absoluta- mientras que el PSPV-PSOE ha decidido abstenerse (una “abstención crítica”, según sus portavoces). Tan sólo Alternativa Progresista de Cullera-Izquierda Unida ha votado en contra del plan urbanístico.
La historia del “Manhattan” es larga. Arranca con la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Cullera, en 1995, donde ya se establecía el desarrollo urbanístico de la zona. Quince años después, y tras superar diferentes recursos ante los tribunales, la primera teniente de alcalde y portavoz del PP en el Ayuntamiento ha anunciado que “si todo va a buen ritmo, el proyecto se pondrá en marcha a principios de 2011”.
Algo parece tener Cullera, sin embargo, para aparecer de modo permanente en el punto de mira de la megalomanía urbanística, ya que el “Manhattan” no constituye un caso singular. Planean sobre el municipio desde el año 2006 otras dos actuaciones (“Marenyet” y “Brosquil”) que supondrán la urbanización de casi diez millones de metros cuadrados para la construcción de 14.000 viviendas y varios campos de golf.
No es de extrañar, por tanto, que este municipio turístico situado a 40 kilómetros de Valencia aparezca en un lugar destacado dentro de un estudio de Ecologistas en Acción, presentado recientemente, que localiza doce “puntos negros” en el litoral valenciano, amenazados por vertidos incontrolados, escasa protección del territorio o construcciones en zonas sensibles de la costa.
Las organizaciones ecologistas no lo han tenido difícil para escoger Cullera como un buen ejemplo de los desmanes de la actividad urbanística en el País Valenciano, y también en el estado español, durante los últimos años. Dos fotografías de este municipio –una actual y otra anterior a los procesos intensivos de construcción- ilustran el informe de Greenpeace “Destrucción a toda costa” de 2010.
El documento de los conservacionistas subraya con cifras un argumento central. Más allá de los casos particulares, el País Valenciano ha vivido en la última década una alarmante dependencia del ladrillo ligada a la especulación inmobiliaria y la depredación del territorio. Cada kilómetro cuadrado del País Valenciano recibió en 2004 una media de 288 toneladas de cemento, una cantidad cinco veces superior a la media europea, según Greenpeace.
“La situación de asfixia y artificialización se refleja directamente en el estado de las costas valencianas, con problemas de erosión cada vez más severos. En 2005, los niveles de urbanización de la franja costera eran elevados, con un 33% de su primer kilómetro de litoral ocupado por el cemento”.
“La tendencia general observada entonces en la costa era la de continuar construyendo, a través de la desclasificación de suelo agrícola, transformando miles de hectáreas de cultivos a hormigón. De igual forma, se constataba q ue una vez agotada la primera línea de playa, la presión urbanística se traslada hacia el interior (…) Poco o nada se ha hecho para intentar revertir el problema”, añade el informe.
* Rebelión - Opinión - 18.08.10
Foto: Cullera (Valencia), maqueta del Manhattan del Xúquer - Vicent Pastor (levante-emv.com)
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Bilbao.- El Canal amenaza con retrasar el plan de Zorrozaurre si la negociación no progresa
ELCORREO* : Pedirán la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior tras el verano si el Consistorio no reactiva un diálogo que ven «atascado». Tras cinco meses de tira y afloja, las negociaciones entre vecinos de la asociación El Canal y el Ayuntamiento de Bilbao, propiciadas por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) -que en marzo impugnó el plan de Zorrozaurre a instancias de la plataforma ciudadana- «están atascadas». Esta afirmación discrepa de las declaraciones de la edil de Urbanismo, Julia Madrazo, que el lunes manifestó que se percibía «voluntad» de solucionar el problema.
Sin embargo, los líderes de la agrupación -su presidente, Ismael Redondo y los responsables Txus Ureta e Imanol Arnaiz- lo ven de otra forma: destacan que su «firme voluntad de formalizar un acuerdo valedor de los intereses de San Ignacio» se ha dado de bruces con el Consistorio, a pesar de que, según recuerdan, desistieron antes de las vacaciones del recurso que habían interpuesto contra la licencia de obras de la nueva clínica del IMQ a modo de prueba de buena voluntad. «Está enrocado en el no», insisten los portavoces, que centran sus críticas en el equipo de gobierno local, a pesar de que en la Comisión Gestora, responsable del macroproyecto, también están presentes el Gobierno vasco, el Puerto y promotores privados.
En este sentido, acusan al gabinete de Azkuna de parecer «más proclive a los intereses de los constructores que a las necesidades de los ciudadanos» y de considerar al movimiento vecinal como «el enemigo». Un escenario muy poco propicio para que salgan adelante las mejoras que El Canal demanda para el barrio -concretamente, para la zona que discurre entre la curva de Elorrieta y la parte baja de Sarriko- a cambio de retirar su oposición al plan.
Ante esta situación, la asociación, que en las últimas semanas ha preferido guardar silencio sobre la marcha de sus contactos con las instituciones, ha decidido advertir públicamente de que, en caso de no llegar a un acuerdo en septiembre o octubre, «pediríamos la ejecución de la sentencia», maniobra que, a su entender, retrasaría el comienzo de las obras en la futura isla de Zorrozaurre, previsto para 2013. «Buscaríamos todos los resquicios legales que nos permitan oponernos al plan», avisan. Y su desafío va más allá: además de «mantener y ampliar el contencioso judicial», aprovecharían la proximidad de las elecciones municipales para ir «calle por calle, e incluso y puerta a puerta» explicando cómo la operación, que, según ellos, responde a «la cultura del pelotazo», afectará «negativamente» al barrio.
Pese a sus temores de que el plan de Zorrozaurre cause estragos en la otra orilla del canal de Deusto, la asociación considera «imprescindible» la regeneración de la zona, ya que San Ignacio ha soportado la actividad portuaria durante 50 años. «Ahora bien, un plan que ignora a los barrios que lo rodean y les traslada tráficos, ruidos y saturación de servicios, difícilmente es bueno para Bilbao y sus vecindarios», aclaran. Además, para salir al paso de las acusaciones de que están retrasando la marcha del macroproyecto, los portavoces apuntan que «la Comisión Gestora y el Ayuntamiento son los únicos responsables de la aprobación y elaboración de un plan anulado». Y también sostienen que no tienen nada contra Idom e IMQ, las dos compañías que se implantarán en la zona -vistas como un motor económico-, si bien dejan caer que ambas «van a recibir jugosas plusvalías por su asentamiento en el enclave, sin ninguna contrapartida de entidad».
Parón por el mes de agosto
En cuanto al papel que han jugado los distintos partidos políticos en todo el proceso -desde la aparición de las primeras protestas ciudadanas hace tres años hasta el actual bloqueo negociador-, los responsables ciudadanos cargan especialmente contra los integrantes del equipo de Gobierno, PNV e IU. «Tienen muchos recelos respecto al movimiento vecinal, y eso hace difícil acordar algo con ellos. Además, el PNV tiene una visión muy clara del mapa electoral de la ciudad, lo que resulta determinante en sus decisiones».
«Sólo se han sentado a negociar con nosotros cuando no han tenido más remedio y, además, han trasladado al PSE la responsabilidad del acuerdo», critican. Y los socialistas les han dejado un regusto agridulce. Aunque admiten que han hecho un esfuerzo por dar cabida a sus reivindicaciones, lo que quedó patente con la eliminación de los rellenos cuando Patxi López llegó a Ajuria Enea, «quizá les falta un esfuerzo final» para pedirle al Consistorio y la Comisión Gestora «un plan realista y ejecutable» que no penalice a San Ignacio. Del resto de grupos señalan que «con el PP siempre hemos tenido las puertas abiertas y que Aralar ha sido muy comprensiva con nuestras reivindicaciones».
Por su parte, fuentes municipales achacaron ayer el parón de los contactos al mes de agosto -lo que no será obstáculo, sin embargo, para aprobar el viernes en un pleno extraordinario la modificación del PGOU en Zorrozaurre- y manifestaron que siguen viendo la negociación con afán de avanzar.
REIVINDICACIONES DE LOS VECINOS EN LA NEGOCIACIÓN
Demandas de El Canal que ya han sido aceptadas durante los contactos. Según los vecinos, hay acuerdo para rehabilitar la zona de acceso al antiguo depósito franco, conocida como 'paseo de colesterol', obra que correría a cargo del Gobierno vasco. También les han concedido crear una zona verde de 4.000 metros cuadrados a continuación del depósito franco y limitar de cuatro a dos carriles el tráfico del futuro puente entre la isla y San Ignacio, prolongando la calle Islas Baleares.
Mejoras de su acuerdo de mínimos que han sido denegadas. Otra zona verde a continuación del nuevo puente de la calle Islas Baleares, lo que supone liberar entre 50 a 70 metros de frente de la antigua zona portuaria, «menos de un centímetro por habitante de San Ignacio». También demandan un solo carril en todo el trazado de Zarandoa, que en su tramo de San Ignacio tiene dos, lo que genera «excesos de velocidad en una zona llena de niños». Además, reivindican que las parcelas privadas donde vaya edificación sean transitables al público para que no se conviertan en una zona insegura ni en una barrera entre San Ignacio y el frente de agua y el parque. Por último, reclaman un punto clave: que lo acordado se plasme en un convenio urbanístico, único instrumento que les da seguridad jurídica y que supone la principal negativa del Consistorio, afirman los vecinos. «Nuestra experiencia nos hace ser muy precavidos», añaden.
* El Correo - 18.08.10
Foto: Responsables de la asociación de vecinos, junto al canal de Deusto - elcorreo.com
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Palma.- ´Queremos que mejoren Can Pastilla, no que la derriben´
DIARIODEMALLORCA* : Los vecinos afectados por los 91 derribos en la calle de Sant Antoni de la Platja de Can Pastilla prevén movilizarse en contra de la decisión del Ayuntamiento. De momento, tienen previsto entrevistarse hoy con el Defensor del Ciudadano de Palma y mañana se reunirán en asamblea para explicar cuál es el plan municipal. El portavoz de los vecinos, Llorenç Balaguer, tuvo trabajo ayer para responder a los numerosos vecinos que se le acercaron en busca de información. Ellos se enteraron a través de Internet y lo comprobaron con la publicación del plan en el BOIB, pero aún no son conscientes todos los habitantes de las 91 viviendas. "Queremos que nos arreglen las calles y que mejoren Can Pastilla, no que derriben nuestras casas", afirmó Balaguer, quien protesta por el cambio de planes del Ayuntamiento al respecto de la reforma de la Playa de Palma.
Él recuerda que Adriaan Geuze y su equipo de West 8 fueron los "ganadores de un concurso de ideas a nivel internacional". Por ello, no entiende que ahora "otra persona que no ganó en ese concurso modifique el plan inicial". "El bulevar este se lo han sacado de la manga", añade disgustado.
Como alternativa a su residencia actual, Balaguer dice que el Consistorio tiene la intención de enviarles a unos pisos "a cincuenta metros de la autopista, junto a unas casas abandonadas". Además, muchas de las viviendas afectadas son casas bajas con jardín que mantienen "el carácter mediterráneo del barrio", según el portavoz vecinal.
Respecto a la falta de comunicación por parte del Consorcio de la Playa de Palma –los responsables del proyecto de reforma–, Balaguer protesta por la actitud de los que le atendieron. "En la oficina del Consorcio te tratan muy amablemente, pero te hablan como si fueras subnormal y te dicen lo guapo que quedará el bulevar", asegura.
Otra de las afectadas, Carme Huguet, dice que se siente "muy herida" y que no tiene otra casa donde ir a vivir. "Yo no quiero vivir donde ellos me digan, sino donde yo quiera", afirma. Rodrigo Sanmartín y Miguel Amengual coinciden en que el nuevo bulevar será de "utilidad cero". "La gente se pasea por la playa, los turistas no irán por el bulevar", razona Amengual. Pero la petición más común de los vecinos es que Cort mejore el barrio. Así lo expresa Pilar Barceló: "Que arreglen el paseo y que lo mantengan bien, que ahora está todo sucio".
* Diario de Mallorca - 17.08.10
Foto: Palma, aérea Can Pastilla - laterooms.com
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Indignación de los vecinos por los destrozos en Puerto de Mazarrón
LAVERDAD/Murcia* : Cerca de 1.000 personas se manifestaron espontáneamente ayer por la tarde a lo largo de la Vía Axial de Puerto de Mazarrón para exigir al Ayuntamiento mayor calidad en los servicios al grito de «Bahía se inunda, la casa se derrumba». Los vecinos cortaron el tráfico de la principal arteria del Puerto. La indignación vecinal se desató después de que, por la mañana, las lluvias volvieron a provocar el caos en Ordenación Bahía. Los vecinos marcharon hasta plaza Toneleros, donde intentaron cortar también el tráfico. Persuadidos por la Policía Local, los ciudadanos volver sobre sus pasos y continuaron con la pacífica protesta por la Vía Axial. La reivindicación se repetirá mañana a partir de las 11 de la mañana en la plaza del Ayuntamiento de Mazarrón.
El concejal de Servicios, Salvador Ardil, aseguró que el agua se evacuaría en cuatro o cinco horas, pero a las siete de la tarde parte de Bahía seguía inundada. Ardil también defendió que «el Ayuntamiento ha puesto a trabajar desde primera a todos sus efectivos y las bombas del colector de Bahía han funcionado correctamente durante toda la mañana». Unas declaraciones que se oponen a las de Vicente López, uno de los residentes fijos de la zona, quien aseguraba que «ni había gente, ni las bombas funcionaban porque yo mismo me he acercado a comprobar la situación y me he encontrado con un total abandono».
El concejal de Servicios recordó que el problema de Bahía «se debe a que en su momento permitieron que se construyese sobre una gran salina». Pero para Diego Carrasco, vecino de la calle Mar de Timor, la situación se ha agravado «desde el pasado invierno» y posiblemente «se debe a unas obras que han provocado el corte de una rambla que ya no lleva el agua hasta la rambla de Las Moreras, sino que desagua hasta Ordenación Bahía». Tanto es así que Carrasco sopesa denunciar al Ayuntamiento por permitir esta situación. Exige que se estudie la posible infracción urbanística que «provoca que el agua haya cambiado curso»
Lorca - Ramonete, aislada
La costa lorquina no se quedó al margen de la tormenta que sacudió a la vecina Águilas, y la pedanía de Ramonete y el poblado de Puntas de Calnegre quedaron totalmante aislados durante tres horas como consecuencia de la crecida de la rambla que impedía el paso de vehículos por las carreteras. Los equipos de Protección Civil destinados allí con motivo de la campaña estival para la vigilancia de las playas se encargaron de las labores de retirada de troncos, cañizo y piedras que el agua arrastró a su paso por el cauce hasta desembocar en el mar. Mientras, en Ramonete los agentes de la Policía Local atendían las llamadas desesperadas de los vecinos pidiendo ayuda porque el agua les estaba entrando en sus viviendas. Hasta allí se desplazó el alcalde, Francisco Jódar.
Totana - La tormenta deja 48 litros
En Totana cayeron 48 litros por metro cuadrado, informó el Centro Meteorológico de Guadalupe. La Policía Local informó de que solamente hubo que actuar para drenar algunos garajes y bajos inundados, pero no fue necesario cortar ninguna calle al tráfico. También llovió en Murcia (6,7 litros por metro cuadrado), en Caravaca (15,2), y en otros puntos de la Región, pero con mucha menor intensidad.
Los efectos de las lluvias - Ocho carreteras cortadas
La lluvia obligó a interrumpir el tráfico en las carreteras RM-D14 en Aguilas, la RM-D4 en Mazarrón durante parte de la jornada y la RM-E27 en Totana, a la altura de El Paretón. La Consejería de Obras Públicas cortó al tráfico otras seis carreteras secundarias en esta zona de la costa. A última horade la tarde todas las carreteras estaban de nuevo abiertas al tráfico, aunque Protección Civil seguía recomendando prudencia al volante.
* La Verdad - 18.08.10
Foto: Mazarrón (Murcia) - guiaplayas.es
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´El exceso de burocracia es el mayor semillero de la corrupción´
LAPROVINCIA/Arrecife* : Entrevista al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Alfonso Sabán:
-Ha dicho usted que "España es un semillero de corrupción".
-Eso lo dije en una presentación en la Universidad Menéndez Pelayo sobre un librito que escribí, y que curiosamente lo escribí en Lanzarote. La corrupción se produce por causas naturales. No necesita usted un tipo especialmente sinvergüenza. Eso no es así. Si usted produce unas ciertas circunstancias es indudable que los fenómenos corruptos vienen solos y la historia da la razón. En cuanto se genera mucha autoridad piramidal y sin control público está usted en el terreno de la corrupción. Eso ha pasado en España y ha pasado en muchos sitios. El mayor semillero de corrupción es el exceso de burocracia.
-¿Y cómo se manifiesta ese fenómeno?
-Si usted coloca cincuenta funcionarios que no hacen falta sucede que el funcionario innecesario se tiene que inventar un pretexto para su trabajo y ese pretexto al final se transforma en una nimiedad porque, en efecto, es innecesario. Pero esa nimiedad la trata de convertir en poder. En ese momento ya se crea la corrupción, que no es ni más ni menos que la utilización de los poderes públicos para fines privados. Todo esto da lugar a que el preboste de turno, al que no vamos a poner aquí nombres y apellidos, pueda ordenar que se firme lo que él quiera.
-No sé si lo conoce, pero existió un poeta local en Lanzarote, Víctor Fernández, que dejó dicho: "Si yo pongo en la alcaldía a mi medianero se hace en la alcaldía lo que yo quiero". ¿Se refiere a algo así?
-¡Por supuesto! Se me vienen a la cabeza tantas cosas.... Por ejemplo, en el mundo del turismo han sucedido cosas que dejan estupefacto. Hubo un decreto ley de una persona nefasta de la política nacional, Manuel Fraga. Sacó un decreto de infraestructuras turísticas que era una forma de evadir la legislación urbanística. Se permitía que se hicieran planes urbanísticos "de turismo" y eso quería decir que no estaban sometidos a ninguna legislación. Como si no tenían lavabo. Fue una causa muy importante del desastre que padecemos.
- ¿Considera que el código penal es lo suficientemente disuasorio para la corrupción? Muchas veces da la sensación de que alguien puede pensar que, aunque le pillen, puede salirle hasta rentable.
-Yo he pensado lo mismo. Pero hay que tener en cuenta que antes cualquier cosa relacionada con el medio ambiente, por ejemplo, no era ni pena. Se ha avanzado mucho. Las penas son flojas, pero le aporto algún elemento. Los elementos de prueba son muy flojos. Hay delitos en los que se va a condenas muy altas por elementos de prueba muy flojos, como los de violación. La corrupción es un delito de mucho malaje, que diría un andaluz. Porque eso de demostrar que se utiliza el poder público para beneficios privados... Pues hay gente que es muy bruta, pero otros, en cuanto te meten tres sociedades intermedias o una pantalla de un concurso, a ver cómo lo pruebas. Y hay otra cuestión. En el ámbito de las comunidades pequeñas la interferencia de intereses es constante. El centralismo lo pone Napoleón contra eso. A nosotros nos parece muy natural el movimiento autonómico, pero igual de natural fue el antiautonómico.
-¿Quiere decir que con mayor centralismo se habría evitado mucha corrupción? En el caso de los sitios costeros, como Canarias, el fenómeno ha ido ligado muchas veces a la concesión de licencias por parte de los ayuntamientos.
-Cuando se controlaba sí, pues podría haber cambiado el cuento. El problema está en saber qué instancia estatal podría haber controlado, por ejemplo, todo ese estallido urbanístico cuando se desbordó. Yo soy centralista en el sentido administrativo de la palabra. En la dialéctica entre los dos polos, considero que el centralismo controlado democráticamente es bueno si cuenta con servicios de inspección. Pero es que en España el gran problema es la falta de control de los poderes públicos sobre sus propios funcionarios. Lo que es inaudito en España, y eso es distinto a otros países con similar nivel de desarrollo, es la falta de responsabilidad de los funcionarios. Y los primeros los jueces, no crea que barro para casa.
-¿En qué sentido?
-En el de tener que responder por lo que hacen. Y ahora ha cambiado muchísimo. Pero mire usted, el servicio de inspección judicial sigue estando en manos de jueces. Claro, inspeccionan los colegas de los inspeccionados. ¿Pero qué es eso?
- ¿Y hasta qué punto este sistema viciado es una proyección de la sociedad española?
-Eso existe porque España es así. Hay sociedades muy concretas donde la corrupción no sólo se reproduce sino que se justifica plenamente.
- Usted fue asesor jurídico y promotor del primer Plan Insular de Lanzarote, el de 1991. ¿Qué líneas maestras trazaron y qué frutos ve ahora en la isla de aquel trabajo?
- Pues se consiguió algo tan importante como es la sensibilización de la sociedad. A partir de entonces se habló siempre de limitar la capacidad. A nadie se le habría ocurrido decir que se desclasificaría suelo y se hizo por una teoría que me inventé y que se aplica en la Ley del Suelo.
* La Provincia - 18.08.10
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