Bilbao.- El Canal amenaza con retrasar el plan de Zorrozaurre si la negociación no progresa

ELCORREO* : Pedirán la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior tras el verano si el Consistorio no reactiva un diálogo que ven «atascado». Tras cinco meses de tira y afloja, las negociaciones entre vecinos de la asociación El Canal y el Ayuntamiento de Bilbao, propiciadas por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) -que en marzo impugnó el plan de Zorrozaurre a instancias de la plataforma ciudadana- «están atascadas». Esta afirmación discrepa de las declaraciones de la edil de Urbanismo, Julia Madrazo, que el lunes manifestó que se percibía «voluntad» de solucionar el problema.

Sin embargo, los líderes de la agrupación -su presidente, Ismael Redondo y los responsables Txus Ureta e Imanol Arnaiz- lo ven de otra forma: destacan que su «firme voluntad de formalizar un acuerdo valedor de los intereses de San Ignacio» se ha dado de bruces con el Consistorio, a pesar de que, según recuerdan, desistieron antes de las vacaciones del recurso que habían interpuesto contra la licencia de obras de la nueva clínica del IMQ a modo de prueba de buena voluntad. «Está enrocado en el no», insisten los portavoces, que centran sus críticas en el equipo de gobierno local, a pesar de que en la Comisión Gestora, responsable del macroproyecto, también están presentes el Gobierno vasco, el Puerto y promotores privados.
En este sentido, acusan al gabinete de Azkuna de parecer «más proclive a los intereses de los constructores que a las necesidades de los ciudadanos» y de considerar al movimiento vecinal como «el enemigo». Un escenario muy poco propicio para que salgan adelante las mejoras que El Canal demanda para el barrio -concretamente, para la zona que discurre entre la curva de Elorrieta y la parte baja de Sarriko- a cambio de retirar su oposición al plan.
Ante esta situación, la asociación, que en las últimas semanas ha preferido guardar silencio sobre la marcha de sus contactos con las instituciones, ha decidido advertir públicamente de que, en caso de no llegar a un acuerdo en septiembre o octubre, «pediríamos la ejecución de la sentencia», maniobra que, a su entender, retrasaría el comienzo de las obras en la futura isla de Zorrozaurre, previsto para 2013. «Buscaríamos todos los resquicios legales que nos permitan oponernos al plan», avisan. Y su desafío va más allá: además de «mantener y ampliar el contencioso judicial», aprovecharían la proximidad de las elecciones municipales para ir «calle por calle, e incluso y puerta a puerta» explicando cómo la operación, que, según ellos, responde a «la cultura del pelotazo», afectará «negativamente» al barrio.
Pese a sus temores de que el plan de Zorrozaurre cause estragos en la otra orilla del canal de Deusto, la asociación considera «imprescindible» la regeneración de la zona, ya que San Ignacio ha soportado la actividad portuaria durante 50 años. «Ahora bien, un plan que ignora a los barrios que lo rodean y les traslada tráficos, ruidos y saturación de servicios, difícilmente es bueno para Bilbao y sus vecindarios», aclaran. Además, para salir al paso de las acusaciones de que están retrasando la marcha del macroproyecto, los portavoces apuntan que «la Comisión Gestora y el Ayuntamiento son los únicos responsables de la aprobación y elaboración de un plan anulado». Y también sostienen que no tienen nada contra Idom e IMQ, las dos compañías que se implantarán en la zona -vistas como un motor económico-, si bien dejan caer que ambas «van a recibir jugosas plusvalías por su asentamiento en el enclave, sin ninguna contrapartida de entidad».
Parón por el mes de agosto
En cuanto al papel que han jugado los distintos partidos políticos en todo el proceso -desde la aparición de las primeras protestas ciudadanas hace tres años hasta el actual bloqueo negociador-, los responsables ciudadanos cargan especialmente contra los integrantes del equipo de Gobierno, PNV e IU. «Tienen muchos recelos respecto al movimiento vecinal, y eso hace difícil acordar algo con ellos. Además, el PNV tiene una visión muy clara del mapa electoral de la ciudad, lo que resulta determinante en sus decisiones».
«Sólo se han sentado a negociar con nosotros cuando no han tenido más remedio y, además, han trasladado al PSE la responsabilidad del acuerdo», critican. Y los socialistas les han dejado un regusto agridulce. Aunque admiten que han hecho un esfuerzo por dar cabida a sus reivindicaciones, lo que quedó patente con la eliminación de los rellenos cuando Patxi López llegó a Ajuria Enea, «quizá les falta un esfuerzo final» para pedirle al Consistorio y la Comisión Gestora «un plan realista y ejecutable» que no penalice a San Ignacio. Del resto de grupos señalan que «con el PP siempre hemos tenido las puertas abiertas y que Aralar ha sido muy comprensiva con nuestras reivindicaciones».
Por su parte, fuentes municipales achacaron ayer el parón de los contactos al mes de agosto -lo que no será obstáculo, sin embargo, para aprobar el viernes en un pleno extraordinario la modificación del PGOU en Zorrozaurre- y manifestaron que siguen viendo la negociación con afán de avanzar.

REIVINDICACIONES DE LOS VECINOS EN LA NEGOCIACIÓN
Demandas de El Canal que ya han sido aceptadas durante los contactos. Según los vecinos, hay acuerdo para rehabilitar la zona de acceso al antiguo depósito franco, conocida como 'paseo de colesterol', obra que correría a cargo del Gobierno vasco. También les han concedido crear una zona verde de 4.000 metros cuadrados a continuación del depósito franco y limitar de cuatro a dos carriles el tráfico del futuro puente entre la isla y San Ignacio, prolongando la calle Islas Baleares.
Mejoras de su acuerdo de mínimos que han sido denegadas. Otra zona verde a continuación del nuevo puente de la calle Islas Baleares, lo que supone liberar entre 50 a 70 metros de frente de la antigua zona portuaria, «menos de un centímetro por habitante de San Ignacio». También demandan un solo carril en todo el trazado de Zarandoa, que en su tramo de San Ignacio tiene dos, lo que genera «excesos de velocidad en una zona llena de niños». Además, reivindican que las parcelas privadas donde vaya edificación sean transitables al público para que no se conviertan en una zona insegura ni en una barrera entre San Ignacio y el frente de agua y el parque. Por último, reclaman un punto clave: que lo acordado se plasme en un convenio urbanístico, único instrumento que les da seguridad jurídica y que supone la principal negativa del Consistorio, afirman los vecinos. «Nuestra experiencia nos hace ser muy precavidos», añaden.





* El Correo - 18.08.10
Foto: Responsables de la asociación de vecinos, junto al canal de Deusto - elcorreo.com