Miño: Todo por los terrenos

LARA GRAÑA/ A Coruña* : El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) falló, en 2006, a favor de los afectados por las expropiaciones que el Concello de Miño llevó a cabo para que la entonces Fadesa acometiera su macrourbanización. Obra que ha quedado a medio hacer y que ocupa unos terrenos que se pagaron, en su día, a seis euros el metro cuadrado. Tanto el concello como la compañía inmobiliaria, hoy Martinsa-Fadesa, interpusieron un recurso de casación contra dicha sentencia del TSXG aludiendo a que esta tenía fallos de “claridad, falta de motivación” o que incurría en una “infracción de jurisprudencia estatal”. Su recurso no tuvo en cuenta, como le acaba de recordar el Supremo, que son las comunidades autónomas las que tienen competencia sobre materia urbanística y que, por tanto, lo que falló en 2006 el TSXG es perfectamente válido y ha de acatarse.

Dicen los tribunales que la concesión de dichos terrenos, articulada a través de un convenio firmado por Fadesa Inmobiliaria y el concello –antes, por cierto, de la aprobación de un Plan Xeral y sin plan parcial de obra–, es nula. Que las expropiaciones se hicieron de manera ilegal porque “se produce la falta de información pública y la citación a los propietarios”, que no tuvieron opción a que sus propiedades dejaran de ser suyas por mandato municipal. ¿Qué implica esto? Que hay una urbanización que se mira en el espejo de la de la inhóspita ciudad fantasma de Seseña –de Paco El Pocero–, que se edificó sobre terrenos expropiados de manera ilícita. Que la concesión de estos queda anulada.

No se puede demoler lo ya construido y devolver a los dueños sus propiedades tal y como ellos las tenían antes de que les fueran desposeídas, por lo que deberán ser indemnizados. Pese a que Fadesa había abonado entonces a seis euros cada metro cuadrado de los más de un millón que ocupa la urbanización, otro fallo judicial elevó esta cifra a más de 25 euros. Ahora, y con las leyes en la mano, el Concello de Miño tendrá que desembolsar un 25% adicional. En cifras redondas, este ayuntamiento debe abonar a los afectados unos siete millones de euros procedentes, claro está, de las arcas públicas. Se dará la circunstancia de que los expropiados, habitantes del municipio, recibirán dinero que ellos mismos sufragan con sus impuestos.

¿Y por qué ha de ser Miño el que ponga el dinero sobre la mesa? Porque fue el Ejecutivo municipal, en una sesión plenaria, el que decidió que las propiedades de la zona de Perbes-San Xoán de Vilanova tenían que ser carne de recalificación y urbanización.

Ha vuelto a pasar lo que se ha venido repitiendo en muchas localidades españolas. Expropiaciones que, a posteriori, fueron calificadas como ilegales o nulas una vez que sobre ellas ya había veinte chalés, catorce adosados, dos pistas de tenis y una parcela con un pequeño parque infantil. Y, al final, es el contribuyente el que repara, como siempre, aquel acuerdo plenario que prometió una vez mucho progreso para una localidad gallega.


* Lara Graña, xornalista



* Xornal - Opinión - 29.07.10